Los niños tienen derechos, sus tutores los deben procurar y el Estado garantizar, pero no siempre es así.
El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Además, el Estado deberá proveer a los tutores, custodios o ascendientes las herramientas para velar por los derechos de los niños. Sin embargo, los huérfanos por feminicidio se suelen encontrar ante otra realidad, de acuerdo un reportaje de Reporte Índigo.
De eso da luz el caso del sobrino de Sandra Soto. Su hermana, Serymar, fue asesinada por su prometido en Coahuila en enero de 2017. La occisa dejó tras de sí a su hijo, Romeo. Mientras el presunto feminicida enfrenta un proceso, el niño vive con sus abuelos, sin embargo, Sandra denuncia que las autoridades estatales no les han otorgado ninguna clase de apoyo económico.
Si bien los padres de Sandra y Serymar le dan al menor todo lo que necesita para cubrir sus necesidades, el dinero que se requiere para su salud y educación no son suficientes. Esta situación es la que llevó a la tía a interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y así exigir al gobierno de Coahuila el apoyo para Romeo, así como apoyo psicológico, el cual no recibió el menor pese a perder a su madre en un hecho de violencia.
La queja, señala Reporte Índigo, fue presentada en enero de este año. A tres meses, Sandra no ha recibido respuesta. Sin embargo, la tía, quien lleva un sitio dedicado a la denuncia de violencia de género, hizo público el documento que exige la garantía de los derechos de Romeo, lo cual derivó en el destape de otros 30 casos que se sumaron a su causa.
“Apoyo psicológico, económico, escolar, social o recreativo mínimo indispensable que le permita continuar su vida”, dice el documento con folio 7089/2018 ante la CNDH.
También exige que se indague la lenta o nula actuación del gobierno en sus tres niveles “encargados de velar por los derechos de los miles de niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales del delito de feminicidio en el caso particular del estado de Coahuila y a nivel nacional”.
Uno de los casos que se sumaron a la queja de Sandra es el del hijo de Fernanda Sánchez, presuntamente asesinada en 2014 por su propio marido. Ahora, el menor vive con su padre, situación que ha sido peleada por la madre de Fernanda, Magdalena Velarde, para conseguir la custodia.
“Ellos ni siquiera se interesan por la integridad de mi nieto, no está en buenas manos, no está bien cuidado, está recibiendo violencia porque siempre dicen que los niños dan lo que reciben y él da mucha violencia, siempre está a la defensiva, siempre agrede a la demás gente, tiene un amplio vocabulario, pero en groserías”, declaró Magdalena al medio.
La abuela del menor señala que ha solicitado que se investigue la violencia de la cual es su nieto. En una ocasión, relató, llevó al menor ante las autoridades por tres decenas de moretones que le encontró. Denuncia que las autoridades le dieron la espalda, que la tacharon como loca y como si su objetivo fuera culpar sin sustento a su yerno.
Actualmente no existe un registro en México que contabilice a los huérfanos de feminicidio, sin embargo, señala el medio, sí existen cifras tanto del Estado como de ONGs de cuántas mujeres mueren cada día y cuántas son víctimas de feminicidio. Según la ONU, siete mujeres mueren cada día por violencia feminicida y sus hijos, dice el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, quedan invisibilizados.
De acuerdo a María de la Luz Estrada Mendoza, de la ONG, los menores que pierden a su madre por la violencia de género necesitan programas que incluyan terapias individuales, apoyos económicos y proyectos para evitar que deje la escuela. Como ocurre con Romeo o el nieto de Magdalena, esas ayudas no siempre son garantizados.
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