En esta semana en que el trabajo del hogar remunerado ha merecido la atención de los tres poderes del Estado Mexicano y de la opinión pública, quiero hacer justicia a su historia de persistencia para disputarse su espacio como problema público.
Desde hace más de 40 años académicas y activistas feministas manifestaron masivamente que el trabajo doméstico como responsabilidad asignada exclusivamente a las mujeres, era una de las principales formas de opresión de nuestro género. Por años, esta denuncia olvidó tomar en cuenta a aquellas mujeres que se empleaban como trabajadoras remuneradas del hogar: mujeres que en su mayoría trabajan realizando las tareas “femeninas” dentro de los hogares bajo normalizadas condiciones de informalidad y salarios bajos, un empleo asociado a mujeres pobres, rurales e indígenas.
En México, desde hace casi dos décadas las trabajadoras del hogar se han organizado para desnormalizar esta situación de sus propias vidas y de la conciencia de las y los empleadores, de las feministas y de toda la sociedad. Gracias a su tenacidad, en los últimos años varias organizaciones y personas nos hemos unido a esta causa. En este trayecto las trabajadoras nos han enseñado a voltear a ver nuestros propios prejuicios y a identificar cómo la desigualdad de género y de clase está dentro de nuestras propias cocinas y habitaciones. Nos han ayudado a ver nuestros propios privilegios, a entender que podemos conciliar nuestra vida personal y laboral gracias a su trabajo y que esto sucede en muchas ocasiones a costa de que ellas tengan una precaria vida laboral y pobre vida personal.
Voluntades políticas alineadas
Después de años de trabajo conjunto entre organizaciones de trabajadoras, civiles y múltiples alianzas de la causa, esta semana el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo se han manifestado públicamente a favor de garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas.
El martes 4 de diciembre, legisladoras y legisladores de todas las fracciones parlamentarias presentaron una iniciativa para reformar las disposiciones discriminatorias que presenta la Ley Federal del Trabajo en perjuicio del sector; al día siguiente, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un amparo directo en el que declara discriminatorio excluir a las empleadas del hogar del régimen obligatorio de seguridad social y dicta al IMSS desarrollar un programa piloto que culmine en el diseño e implementación de un programa especial para el sector. Ese mismo día, Germán Martínez -nuevo titular del IMSS- y la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, dieron la bienvenida a la resolución de la Corte y declararon públicamente que comenzarán a trabajar para dar cumplimiento. Finalmente, el 7 de diciembre en su conferencia matutina, el presidente López Obrador celebró la disposición de la Corte de que se garanticen los todos derechos a las trabajadoras del hogar.
Parece que después de décadas de insistencia, por fin las voluntades políticas están alineadas, sin embargo no quitamos el dedo del renglón hasta ver materializados cambios sustantivos.
La opinión pública
En la opinión pública se reflejan algunas preocupaciones al respecto del tema: “yo tampoco tengo prestaciones laborales” o “ya no voy a poder pagarle” son los comentarios más frecuentes ante los cambios que esto representará sobre todo para quienes emplean trabajo del hogar.
¿Son las trabajadoras del hogar las únicas trabajadoras en esta situación de precariedad laboral? Por supuesto que no, la pérdida de prestaciones laborales es un grave problema en nuestro país. Todas las personas deberíamos poder acceder a estos derechos básicos que ellas demandan desde hace años, la diferencia con el caso de las trabajadoras del hogar es que la misma ley, por su profesión, les impide acceder a estos derechos, cuestión que no es lo mismo para todos los sectores de trabajadores y trabajadoras. Veamos a las trabajadoras del hogar como un sector organizando que reclama algo que todas deberíamos tener, aprendamos como ellas a desnormalizarnuestras situaciones de pérdida de derechos laborales.
¿Nuestro poder adquisitivo nos permitirá seguir contratando a una empleada del hogar? Depende. Depende de cómo se diseñen e implementen los mecanismos de afiliación a la seguridad social. En principio el mandato de la SCJN explica que el mecanismo debe ser accesible, claro y debe excusar a los patrones de estar inscritos al SAT. Depende también de los acuerdos a los que usted llegue con su trabajadora, es una oportunidad de dialogar sobre las necesidades y expectativas de la relación laboral, y no menos importante es también la oportunidad de preguntarse si realmente es necesario el trabajo doméstico remunerado en su casa, o quizá sea justo también pensar en redistribuir las tareas domésticas entre las y los integrantes de su hogar.
La transformación que sí necesitamos
“Todos los derechos para las trabajadoras del hogar” sí nos plantean una verdadera transformación social. En este momento en el que nos disputamos los discursos sobre lo que significa o no una transformación nacional, no nos debe quedar duda de que cambiar drásticamente las relaciones de desigualdad social y de género que se reproducen de manera casi invisible en millones de hogares en México, es una verdadera transformación que ataca directamente el clasismo, racismo y machismo más rancio de nuestra historia; significa atacar directamente una de las más profundas relaciones de desigualdad.
Estamos y hemos estado para señalar y acompañar el tránsito que deben dar las instituciones para garantizar derechos a este sector fuertemente feminizado, derechos que queremos ver convertidos en salarios dignos, prestaciones labores y la posibilidad de que millones de mujeres y familias en México puedan imaginar y desarrollar los proyectos de vida que deseen. Así es el país que queremos.
* Christian Mendoza Galán es Coordinadora del programa de Género y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del @ISBeauvoir.
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