Con el esquema de estancias infantiles que estuvo vigente hasta hace unas semanas, las mamás tenían hasta 18% más posibilidades de incorporarse a un empleo, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El programa tiene nuevo nombre y nuevas reglas de operación para evitar el desvío de dinero, denunciado por el gobierno federal. Sin embargo, organizaciones feministas y por los derechos de la infancia dudan que pueda tener el mismo éxito.
La incredulidad y la crítica parten no sólo de la reducción presupuestal a las guarderías. Las especialistas opinan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entiende el cuidado de la infancia como una responsabilidad de las mujeres.
Además, algunas mamás dudan que funcione la estrategia de entrega de recursos con la que ellas los recibirán directamente. “Conozco a muchas personas que no lo usarán” para ese fin, comenta Violeta Rojas. Sus dos hijos han asistido a esos centros de cuidado infantil.
Más cuidados, más ingresos
El jueves pasado desapareció el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Éste fue creado en 2007 y lo operaba la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia señalada por un desvío millonario de recursos públicos.
Lo sustituye el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Lo coordinará la nueva Secretaría del Bienestar.
Quienes tengan niños de entre 1 y 3 años recibirán 1,600 pesos cada dos meses. A los papás de niños con discapacidad de entre 1 y 5 años les otorgarán 3,600 pesos bimestrales.
En la última evaluación del anterior programa, el Coneval indica que las estancias infantiles promovían la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que les permitía mejorar sus ingresos.
En el documento “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, recuento de la evidencia de las evaluaciones 2007-2019”, señala también que al tener a sus hijos bajo el cuidado de alguien más, las mujeres podían trabajar seis horas más a la semana.
Aclara que uno de los “retos” del programa era la falta de seguimiento para saber la calidad de los empleos que conseguían las mamás beneficiarias. Pero estima que ellas aumentaban sus ingresos 2%, al pasar de un salario promedio de 2,812 a 2,865 pesos mensuales.
Y en sus hogares el ingreso promedio antes de entrar al programa era de 4,141 pesos. Después de incorporarse, subía en promedio a 5,312. Es decir,obtenían 28% más.
Rechazo al cambio
En el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) “estamos preocupadas. Lejos de fortalecer las estancias, (el gobierno federal) podría estar reduciendo su eficacia”, dice en entrevista Rebeca Ramos, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de la agrupación.
Para Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children México, los posibles desvíos de recursos reportados por el Ejecutivo federal se deben a la mala gestión institucional, la poca transparencia y la falta de rendición de cuentas.
En lugar de disminuir el dinero público para esos centros, afirma, el gobierno debió hacer “una reingeniería institucional” para garantizar el derecho de niñas y niños a recibir cuidados y educación inicial de calidad.
El trabajo de cuidados “es indispensable para el sostenimiento de la vida” y no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, han sostenido los integrantes de la asamblea consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Por otro lado, el discurso del gobierno federal, al señalar que los niños estarían mejor con sus abuelas, “refuerza la idea de que las mujeres tienen la obligación primaria de atender a los niños”, apunta Rebeca Ramos.
Las estancias infantiles no sólo posibilitan que las mujeres desarrollen una vida profesional, también les ayuda a lograr independencia económica o realizar otras metas, explica Rebeca Ramos.
Violeta Rojas, por ejemplo, trabajó y estudió mientras sus dos hijos eran atendidos en una estancia de la Sedesol. Además, esto le permitió tener movilidad, pues su hijo fue atendido en el Estado de México y cuando se mudó a Veracruz, allá inscribió a su hija.
Si detectaron actos de corrupción, como padrones inflados o estancias inexistentes a las que, sin embargo, se les otorgaban miles de pesos, pudieron haber mejorado la operatividad, opina Rebeca Ramos, de Gire.
En la nueva modalidad, advierte, no se puede asegurar que ese dinero lo utilicen para la educación de sus hijos. Se corre el riesgo de que sea usado para solventar otras necesidades.
Además, según Violeta Rojas, aunque las estancias eran subsidiadas por el gobierno, es frecuente que los papás beneficiados aporten cuotas extra para completar el pago de los servicios. “Yo primero pagaba 400 pesos con mi niño, luego terminé pagando 800 al mes”, puntualiza.
De esta manera, considera que el apoyo económico que recibirán los papás es insuficiente para costear las guarderías. Y sin presupuesto, el servicio que éstas otorgan se verá afectado, señala. “Hay un peligro real de que acaben cerrando”, advierte Rebeca Ramos, de Gire.
Toda la información e imágenes son de EL ECONOMISTA.
Link original: https://www.eleconomista.com.mx