Estas son algunas de las acciones específicas que activistas y organizaciones consideran que se deben implementar con la nueva alerta de género.
Por primera vez se decretó en México una alerta de género por la desaparición de mujeres, en siete municipios del Estado de México, aunque es la segunda llamada para esa entidad, después de la de 2015, por lo que activistas y familiares que impulsaron esta medida consideran que las acciones tomadas en el pasado no han sido efectivas.
Como prueba, la ONG I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos reveló datos obtenidos vía transparencia del bajo nivel de investigación y castigo que hay: solo se está investigando como desaparición forzada cometida por particulares 1 de los 4 mil 425 casos de personas no localizadas registrados entre agosto de 2014 y diciembre de 2018 (de los que alrededor de la mitad son mujeres), de acuerdo con información de la Fiscalía de la entidad.
Además, al 10 de junio de 2019, solo se han judicializado 11 carpetas de investigación que involucran a 13 víctimas, nueve de las cuales son mujeres. Se han otorgado seis órdenes de aprehensión contra 14 probables responsables de desaparición que abarcan a seis mujeres y un hombre. Y solo están vinculadas a proceso cuatro personas por cinco desapariciones, todas de ellas de mujeres —incluyendo una bebé de dos meses desaparecida con una mujer de 28 años—.
I(dh)eas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) expusieron este 3 de octubre, un día después de declarada la alerta, que para que haya resultados se necesitan acciones muy específicas, como vincular la información de desapariciones con otros delitos como la trata de personas, o invertir en la tecnología usada para investigar y, sobre todo, una evaluación de logros.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Edomex, Rodrigo Espeleta, reconoció en entrevista que una de las cosas que falta son recursos humanos y capacidad presupuestaria, pero que con esta nueva alerta se está a tiempo de pedir al Congreso local el dinero suficiente. Aseguró que desde 2015 si hay avances, como un mejor marco legal y unidades especializadas en búsqueda de personas, aunque falta trabajar factores como la masculinidad que genera violencia y la capacitación de funcionarios para atender el tema.
“Es un problema multifactorial, que así lo hemos atendido desde la primera alerta, pero lo que hace esta segunda alerta es poner los puntos sobre la íes de dónde tenemos que fortalecer para atender en específico el fenómeno de la desaparición”, señaló.
Estas son algunas de las acciones específicas que las activistas consideran que se deben implementar:
– Trazar una vinculación de delitos, ya que hasta ahora, denunciaron, se ha ignorado la relación de las desapariciones con la trata de personas y con los feminicidios. Ximena Ugarte, abogada del IMDHD, criticó que cuatro años después de la primera alerta de género todavía no se tienen registros confiables de la desaparición de mujeres, ya que no coinciden las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con las otorgadas por la Fiscalía del Estado, y no hay una secuencia de la violencia desde que empieza en el hogar o hay un ataque en el espacio público hasta cómo termina en un feminicidio, en muchos casos, y por lo tanto no se han encontrado los patrones de la delincuencia.
“Las mujeres, antes de ser asesinadas, fueron desaparecidas, pero pareciera que no existen. Así como también en el caso de algunas niñas que fueron violadas, antes estuvieron desaparecidas”, subrayó Elsa Arista, de Nos Queremos Vivas Neza.
-Mejorar los recursos tecnológicos de las autoridades que investigan los casos, ya que han detectado que se comparte información sensible por chats de teléfono.
“Que por lo menos tengan walkie talkies con circuito cerrado que permitan el aseguramiento de la información. O sea, se están traspasando datos súper sensibles de dónde puede estar la persona, dónde fue la última vez que la vieron, cuáles son los datos de geolocalización de la última llamada, ¡y eso se lo pasan por WhatsApp! Estamos ante redes criminales, y a veces del propio Estado, a ciertos niveles”, puntualizó Ugarte.
-Mejorar la capacitación de funcionarios, no solo en general en temas de violencia de género—y donde los capacitadores suelen ser hombres, según Ugarte—, sino mejorar las capacidades de quienes específicamente pueden estar involucradas con una investigación.
-Revisar y reclasificar delitos de los últimos cinco años, ya que antes no estaba tipificada la desaparición. Verónica Berber, abogada de I(dh)eas, explicó que muchos casos están archivados o solo como actas circunstanciadas de mujeres que fueron reportadas como no localizadas. Ahora, que ya se tiene una legislación que tipifica la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, y hay células de búsqueda municipales, fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos y Comisión Local de Búsqueda, se podrían tomar los casos para iniciar inmediatamente las investigaciones, que privilegien la idea de búsqueda en vida.
-Fortalecer unidades de análisis de contexto, crear planes de investigación para cada caso y que realmente se investiguen las desapariciones, ya que las familias denuncian que no se actúa. Laura Curiel, fundadora del colectivo Alondras y mamá de Daniela Mabel Sánchez, desaparecida en 2015, pidió mesas de trabajo de inmediato para que las autoridades integren a las familias en la investigación y las mantengan informadas, ya que no ven avances en sus casos. Y exigió que sea el Estado quien esté en la calle buscando a las desaparecidas, y no ellas como madres.
-Que la experiencia del Estado sea replicable en otras entidades, ya que se ha detectado un corredor de violencia contra las mujeres en Veracruz, con las tasas más altas de feminicidio; Puebla, de desapariciones; Tlaxcala, de trata de mujeres; y ahora Ciudad de México con alerta por los ataques en transporte y espacios públicos.
-Generar información no solo cuantitativa (cuántas unidades especializadas o personal hay) sino cualitativa, es decir, tener evaluaciones de cómo está funcionando en realidad. Berber explicó que ha habido críticas generalizadas a la figura de alerta de género respecto a que no ha funcionado, como si fuera culpa de las ONG que la proponen, cuando en realidad ha fallado el Estado. Así que esta vez, dijo, es importante establecer indicadores de resultados, ya que uno de los mandatos de la alerta es elaborar un programa de trabajo con cronograma.
La propia alerta estipula que en seis meses se deberá informar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de las acciones emprendidas para evitar la desaparición de mujeres en el Estado de México.
Con información de Eréndira Aquino
Toda la información e imágenes son de ANIMAL POLÍTICO.
Link original: https://www.animalpolitico.com/2019/