Imelda, Alejandra y Silvia tienen en común que fueron mujeres liberadas de prisión a través de la amnistía y fueron víctimas de la violencia familiar, física o económica, así como de la pobreza, que derivó en la comisión de un delito por el que fueron sentenciadas.
En estos casos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) promovió el beneficio para estas mujeres y en breve espera obtener dos más, que están en análisis en el Poder Judicial mexiquense.
Silvia dormía con sus hijos y su nieta, cuando ésta última cayó de la cama y pese a que la llevó para su atención médica, nunca le informaron sobre las secuelas del golpe y posteriormente murió. Su hija la acusó de homicidio.
Alejandra sufrió durante 14 años, de manera constante y reiterada por parte de su cónyuge, violencia sicológica, física, sexual, patrimonial, vicaria e institucional; además de estar inmersa en un ciclo de violencia conocido como “síndrome de la mujer maltratada”. Sus hijos también eran violentados.
El 31 de mayo de 2015, cuando intentaba defenderse de dichas agresiones —su victimario portaba una navaja en la mano—, ella tomó un arma vieja y la lanzó a su atacante, momento en que se detonó el arma y mató al sujeto.
Imelda fue sentenciada por el delito de robo con violencia; sin embargo, quedó demostrado que a ella la detuvieron en un acto de discriminación por su condición de extrema pobreza, es la única responsable del cuidado de su hijo que nació con hidrocefalia y síndrome de West, no cuenta con apoyo y no tuvo una adecuada defensa.