Los códigos penales de al menos veinte países de África discriminan a las mujeres y las niñas en el matrimonio, el divorcio, los derechos a la propiedad y la custodia de menores de edad, según ha denunciado la ONG Equality Now.
«Aunque se han conseguido algunas reformas legales importantes, el progreso ha sido lento, inconsistente y obstaculizado por reveses, falta de voluntad política y una implementación débil», señala Equality Now en un comunicado.
Así, «los impactos de las leyes de familia discriminatorias pueden ser profundos, poner a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género, y dejarlas más dependientes y vulnerables, incluso restringiendo sus oportunidades económicas y reduciendo su poder de toma de decisiones», añade la organización.
Matrimonios infantiles
La organización ha observado esos problemas en los veinte países analizados: Argelia, Angola, Botsuana, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (RDC), Egipto, Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Gambia y Túnez.
Es «preocupante» que países como Camerún, Nigeria, Senegal, Sudán del Sur, Sudán y Tanzania “todavía permitan el matrimonio infantil”, mientras en Argelia, Angola, Botsuana, Burundi, Etiopía, Sudáfrica y Túnez “existen excepciones”, aunque la edad legal para contraer matrimonio son los 18 años, según la ONG, que defiende la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Además, la «violación conyugal» no está penada en Argelia, Kenia, Sudán y Gambia, y en el norte de Nigeria el código penal llega a admitir la agresión «correctiva» dentro del matrimonio.
Cambiar las leyes
Equality Now celebra que Costa de Marfil, Mozambique y Sudáfrica ya penalicen la violación conyugal, pero señala la necesidad de que se introduzcan campañas de concienciación, servicios de apoyo accesibles para las supervivientes y la aplicación efectiva de la ley.
Asimismo, advierte de «prácticas tradicionales dañinas, como la herencia de las viudas y el matrimonio por sustitución, que tratan a las mujeres como una propiedad«.
«Es especialmente preocupante que en la mayoría de los países donde los poderes judiciales nacionales y los órganos judiciales de la Unión Africana (UA) han pedido explícitamente reformas legales, los gobiernos no hayan implementado esos cambios», lamenta una de las autoras del informe, Esther Waweru.
«Para salvaguardar a las mujeres y las niñas, es imperativo que todas las naciones promulguen rápidamente marcos legislativos y políticos sólidos que se alineen con las obligaciones internacionales y regionales de derechos humanos», añade Waweru.