No más fake news contra mujeres

hoy en día, México, vive en un contexto grave de violencia estructural en contra de las mujeres. Según cifras oficiales más de 66% de las mujeres mexicanas, han sido víctimas de alguna forma de violencia; mismas que van desde abusos en el ambiente laboral o familiar hasta insultos, mensajes de odio o difamaciones realizadas a través de medios de comunicación o por redes sociales. Sin duda, esto se ha vuelto una gran problemática en nuestro país, por lo que resulta relevante destacar el trabajo legislativo que realizamos los diputados federales esta semana en aras de proteger a las mujeres mexicanas en este ámbito.

En primer lugar, en la sesión del martes 26 de noviembre, aprobamos, de manera unánime, un dictamen que por fin incorpora el concepto de “violencia digital” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entendiendo éste como cualquier acto de acoso, hostigamiento, amenazas, difusión de información falsa o cualquier otra acción cometida a través de las tecnologías de la información que atente en contra de la integridad, dignidad o vulnere algún derecho humano de las mexicanas.

Hoy, México tiene un gobierno que se ha empeñado en eliminar o disminuir programas de apoyos productivos y económicos para las mujeres, desapareciendo las estancias infantiles y destruyendo las fiscalías especiales que atienden delitos de violencia en contra de ellas. Por esa razón, esto es irrefutablemente un gran paso, ya que finalmente se está buscando la erradicación de una de las vertientes de violencia más comunes en nuestro país y de la cual más de 9 millones de mexicanas han sido víctimas, según cifras del Inegi.

Adicional a esto, en la sesión del jueves 28 de noviembre, a propuesta de mi compañera diputada María Lucero Saldaña Pérez, los grupos parlamentarios que formamos parte de la Cámara Baja pudimos conciliar nuestras diferencias para aprobar un dictamen con el que se establece en ley, el tipo penal de violencia política de género en aras de proteger el ejercicio de los derechos de las mujeres que se desempeñan en estos espacios.

Con esta aprobación, logramos que se impusiera una multa de hasta 400 días de salario mínimo y prisión de hasta tres años para aquel que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, candidatas o servidoras públicas en función. Mejor aún, se estableció que en caso de que un servidor público sea el que emita propaganda política en contra de la mujer o difunda noticias falsas a través de medios de comunicación, la pena podría duplicarse y éste sería destituido o inhabilitado de su cargo. En una época donde la guerra sucia es tan común en la arena electoral mexicana, esta reforma representa un aliento de aire fresco para nosotras las mujeres. Lo digo y lo sostengo, fomentar la participación de mujeres en la política tiene un gran efecto ¡fortalecer nuestra democracia!

Como diputada federal, pero especialmente como mujer, estoy convencida de que esto es un parteaguas para nuestro país y para quienes trabajamos en el sector público, ya que sólo así podremos regular conductas irresponsables en los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy, en la Legislatura de la Paridad de Género demostramos nuestra intención de que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trascienda del discurso a la vida diaria, ahora queda en manos del Senado y del Ejecutivo Federal que sea una realidad.