El ejercicio del gasto de un gobierno no es neutro al género. Un país tiene la posibilidad de disminuir o incrementar la desigualdad entre mujeres y hombres, escribe Wendy Figueroa.
En un país donde ocurren 10 feminicidios al día (ONU), diariamente 34 niñas son víctimas de violencias sexuales resultando embarazos no deseados (INMUJERES), es necesario contar con un Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF2020) con perspectiva de género. La Cámara de Diputadas y Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el PEF2020 y encaminar a México a una legislación con perspectiva de género, multiculturalidad y derechos humanos.
Nuestro país enfrenta una ola de violencias de género, en los nueve meses que van del año se han registrado más de 4 mil llamadas de emergencia de mujeres denunciando abuso sexual y 726 feminicidios en todo el país (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad), el 93% de los delitos quedan sin resolverse, incluidos los sexuales.
Por lo anterior resulta imprescindible que se apruebe un PEF2020 que etiquete y asigne recursos suficientes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, en todas las esferas públicas y privadas, a fin de atender las problemáticas que limitan la autonomía y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, como la inaccesibilidad a la salud reproductiva, la pobreza, violencias familiares y de género, entre otras.
No obstante, en el Paquete Económico 2020 presentado el 8 de septiembre a la Cámara de Diputadas/os, por parte de la Secretaría de Hacienda, se observa, desde una perspectiva de género y derechos humanos, que hay una insuficiencia de los recursos públicos destinados a prevenir, atender y solucionar las problemáticas de género que afectan a todas las mexicanas.
La invisibilidad de las desigualdades entre hombres y mujeres en la asignación presupuestaria para la implementación de políticas públicas de igualdad de género induce a diversas injusticias, exacerbando las brechas de desigualdad y las violencias contra las mujeres.
Por ende, la designación del presupuesto público de un país no sólo debería enfocarse en el sector económico, sino en el social, lo que refleja las prioridades de un gobierno en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y autonomía de las mujeres.
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