Las políticas punitivas diseñadas para proteger a las mujeres, ¿realmente reducen las violencias o las reproducen? Las organizaciones Intersecta, Balance, EQUIS Justicia para las Mujeres, Fondo Semillas, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y GIRE reflexionan al respecto en el libro Efectos inesperados. Feminismo y apuestas penales en México.
Esta publicación, conformada por 15 ensayos, coloca la mirada en los efectos contraproducentes de algunas políticas encaminadas a reducir la violencia de género, y busca detonar una discusión pública sobre cómo la lógica punitiva ha permeado en las políticas que se erigen para proteger los derechos de las mujeres y otros grupos históricamente discriminados, sin conducir a los resultados esperados en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Desde GIRE la reflexión se orienta a dos temas relacionados con los derechos reproductivos: violencia obstétrica y gestación por sustitución, en torno a los cuales se han implementado políticas cuyas consecuencias negativas han sido enfrentadas, precisamente, por aquellas personas cuyos derechos se buscaba garantizar.
Tipificar la violencia obstétrica como delito, ¿resuelve el problema?
Reconocer y nombrar la violencia obstétrica ha contribuido a verla como una forma específica de violencia institucional y de género que constituye una violación a los derechos humanos. Sin embargo, tipificarla como un delito transforma este problema social y estructural en un conflicto interpersonal entre víctima y victimario. Pese a ello, incluir la violencia obstétrica en los códigos penales ha sido parte de las estrategias punitivas promovidas por ciertos sectores del movimiento feminista y por el propio Estado.
En el acompañamiento de casos, GIRE ha detectado que la obtención de sanciones penales no cubre las expectativas de las sobrevivientes de violencia obstétrica. Ellas suelen estar interesadas en que el Estado reconozca las experiencias que vivieron, asuma la responsabilidad de sus acciones (por ejemplo, mediante disculpas públicas) y garantice que los actos constitutivos de este tipo de violencia no vuelvan a ocurrir.
Cuando se concibe a la justicia como la no repetición de un hecho que ocurre sistemáticamente, una sanción individual no es la respuesta. Las personas sobrevivientes de violencia obstétrica y los familiares de personas que murieron por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto o puerperio también tienen un gran interés por acabar con la violencia psicológica y emocional que ejerce el personal de salud y el personal administrativo o de trabajo social de los hospitales. En este sentido, la vía penal invisibiliza los procesos conciliatorios en los que se reconoce tanto la violencia sufrida como las alternativas con las que también se puede reparar a las personas sobrevivientes.
La responsabilidad penal no logra identificar el origen social que conduce a la violencia obstétrica: la cultura de abuso, el maltrato y conflicto ético en la formación médica y las condiciones de precariedad en las que se otorgan los servicios de salud. La violencia obstétrica requiere soluciones específicas y replanteos estructurales que tiendan a identificar y modificar este origen.
Prohibir la práctica de la gestación por sustitución, ¿es la solución?
El tema de la gestación por sustitución es motivo de debates acalorados entre los feminismos y tiende a ser muy polarizante. Por un lado se encuentra la postura que considera necesario prohibir esta práctica de manera absoluta, incluso mediante la penalización de las partes. Por otro están quienes piensan que hay reconocerla y regularla.
La experiencia internacional muestra que prohibir la gestación por sustitución, en lugar de proteger a las partes, favorece la criminalización de las personas más vulnerables involucradas en el acuerdo, además de que contribuye a que los derechos de niñas y niños que nacen a partir de esta práctica puedan violarse, y promueve la aparición de nuevos patrones de abuso.
En países como México, con sistemas de justicia deficientes y debilidades institucionales importantes, la prohibición, además de llevar a la criminalización de las partes en mayor situación de vulnerabilidad, fomenta que este servicio se ofrezca de manera clandestina, lo que implica un menor control por parte del Estado para mitigar riesgos y garantizar condiciones mínimas de consentimiento.
Se requiere una regulación clara en la materia, que reconozca las diversas complejidades de la práctica y que evite discriminar y vulnerar a las partes bajo el argumento de protegerlas. Estas consideraciones deben llevar a un compromiso por encontrar regulaciones domésticas e internacionales que garanticen que dichos acuerdos puedan ejercerse en las mejores condiciones posibles.
Efectos inesperados. Feminismo y apuestas penales en México analiza las paradojas de los procesos de justicia pensados para las mujeres, así como las instituciones y su reflejo punitivista. Al mostrar cómo las políticas penales han priorizado el castigo sobre la reparación integral y las medidas de no repetición, este libro busca cuestionar el punitivismo como respuesta común ante problemas de carácter social y estructural.
Imaginar otras formas de entender, construir y aplicar la justicia es uno de los objetivos de quienes colaboran en esta publicación. No se busca dar respuestas definitivas sobre la violencia, sino cuestionar la vía del castigo como la única posible e invitar a pensar nuevas formas de enfrentar las situaciones de violencia, desigualdad y falta de acceso a la justicia a fin de lograr reparación para las víctimas y personas sobrevivientes de violaciones a derechos humanos.