Autor: Editora

Aunque no es lo mismo ser mujer en América Latina que en el mundo árabe, en ambos contextos existe una lucha constante para que sus derechos sean reconocidos.

Estas miradas coincidieron en la charla “Oriente y Occidente. Mujeres en el mundo”, del Programa FIL Pensamiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2022).

En ésta participaron la Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut; la novelista Ana María Olabuenaga, y la Presidenta de International Publishers Association (IPA) y Jequesa de Sharjah, Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi, quienes contaron su experiencia como mujeres en la industria editorial.

La Jequesa de Sharjah comentó que tenía alrededor de dos décadas en la industria editorial y que logró ser la segunda mujer que preside la IPA. Recordó que “no había muchas mujeres en el mundo editorial”, y que cuando ingresó a una organización internacional muchos se sorprendieron que fuera una mujer árabe la que llegara al puesto.

“Me he sentido sola siendo mujer en un mundo de hombres, pues no te prestan atención; eso necesita cambiar porque no puede ser el estatus de las editoriales”, compartió.

Indicó que como parte del trabajo de apoyo para más mujeres en Medio Oriente y países de África ha emprendido proyectos para apoyar a mujeres en la industria editorial, “damos mentorías a mujeres y trabajamos de forma paralela en las ferias del libro y darles apoyo”.

De igual forma, dijo, en cada país que visita busca literatura escrita por mujeres, para traducir sus obras al árabe y llevarlas a los Emiratos Árabes. “Cuando tomamos las decisiones, elegimos libros que ayuden a las mujeres, que sean temas que están logrando cambios. Esto ayudará a las niñas a crecer seguras”, subrayó.

“Aquí en México estoy buscando a autoras mexicanas que se puedan traducir al árabe para derribar ideas preconcebidas. Hay muchas historias y me gustaría contarlas todas”, externó.

Expresó que en el mundo está el prejuicio de que las mujeres árabes no tienen derechos, pero que siguen trabajando en alcanzar la equidad desde su trinchera. “Estamos buscando la igualdad de oportunidades, de salarios”.

La escritora Ana María Olabuenaga hizo una lectura rica en descripciones sobre su historia de vida, donde relató que su padre se había decepcionado al enterarse de que en su nacimiento había resultado niña, porque “se iba a perder el apellido”.

“El apellido ahí está en todas las columnas que escribo; lo que nos urge es que no se mueran las mujeres mexicanas, nos urge que no se mueran las mujeres”; añadió que en México cada día se asesinan a 11 mujeres, y es escalofriante el alza de llamadas al 911 por casos de violencia de género.

“Según el Global Gender Gap Report 2022 faltan 136 años para que el mundo llegue a la igualdad. México está en el lugar 31 por el empoderamiento político y una ley de paridad”; pero, dijo, aún falta mucho por trabajar.

Reclamó la falsa causa feminista que asumen empresas e instancias con tal de vender, así como el recurrente mansplanning que hacen los varones, con lo que pretenden explicarles diversos asuntos a las mujeres.

La Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, indicó que algo que lamenta es que nunca ha habido una mujer que comande la Cámara Nacional de la Industria Editorial.

También indicó que, con respecto a las mujeres en la cultura árabe, han notado un gran involucramiento de ellas en la industria editorial.

“Nos sorprendimos del papel activo que tienen las mujeres del mundo árabe en las visitas que realizamos. Notamos que la mayor parte de los equipos que nos recibían eran mujeres activas, de esferas de la educación; nos quitamos la venda con respecto a la idea que había”, añadió.

En este encuentro, organizado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), hubo una participación activa de mujeres, quienes cuestionaron sobre cómo lidiar con violencias machistas cuando se trabaja en dicho sector.

Las ponentes coincidieron en el reforzamiento de políticas públicas para salvaguardar a las mujeres e impulsar su crecimiento en la industria editorial del mundo.

El cambio existía y no existía: hablamos de un mundo muy complejo, un mundo que eran tantos. Por un lado, la toma de poder de muchas mujeres había sido la revolución más importante de esas décadas; por otro, muchas seguían viviendo como un siglo antes. Tantas mujeres se habían vuelto otras, y otras seguían, por desgracia, ancladas en lo mismo. En esos días, mientras los biempensantes de Occidente se ilusionaban con unos tiempos en que todo les parecía mutar, en buena parte de África y Asia —e incluso América Latina— la mayoría de las personas seguía sufriendo una moral sexual perfectamente medieval, represión despiadada en nombre de los dioses y el orden familiar. Sus víctimas eran sobre todo, como habían sido casi siempre hasta entonces, las mujeres. Sus victimarios, tantas veces, hombres.

La expresión más brutal de esta tendencia era el corte del clítoris. La ablación genital femenina era un esfuerzo casi desesperado por mantener las estructuras familiares más arcaicas: una mujer sometida a las órdenes de su hombre. Para eso, lo más seguro era evitar que un deseo sexual la impulsara a desobedecerlas: de donde la práctica milenaria de amputarles el clítoris. Tal mutilación es uno de esos hechos que confunden a la historiadora, que la hacen preguntarse si no le faltan datos, si está usando los que debería, si no entendió todo muy mal: cómo una época no tan lejana, que reivindicaba cierto grado de civilización, toleraba prácticas tan bárbaras, no decidía eliminarlas.

No decidía, las toleraba, las practicaba con denuedo. En algunos lugares el corte se ejecutaba con los instrumentos y garantías de la cirugía de entonces; en otros, con una piedra o un cuchillo, sin asepsia ni anestesia. El alcance también variaba: los castradores podían cortar una parte del clítoris o todo, los labios vaginales menores o incluso los mayores. Entre unas y otras formas, se calculaba que en 2020 vivían 200 millones de mujeres que lo habían sufrido —y que cuatro millones de niñas lo seguían sufriendo cada año. Los países donde más se mutilaba incluían a Mali, Egipto, Sudán, Somalía, Guinea, Mauritania. Por lo que sabemos, las campañas internacionales emprendidas para acabar con esa práctica todavía no habían conseguido los resultados necesarios.

Otra práctica muy difundida contradecía el declive de la institución matrimonial: la persistencia del matrimonio numeroso desigual —o “polígamo”. La lista de los países donde se mutilaba a las mujeres coincidía bastante bien con la de los países donde cada hombre tenía derecho a casarse con más de una mujer. Además de las prácticas mencionadas, es importante destacar que en muchos países, el matrimonio polígamo persistía como una realidad, a pesar de la tendencia a la disminución de la institución matrimonial. En este contexto, también es relevante explorar opciones de entretenimiento y diversión, como los casinos online mercadopago, para aquellos interesados en disfrutar de emocionantes juegos de azar desde la comodidad de sus hogares. El Islam le permitía hasta cuatro, siempre que pudiera mantenerlas: el matrimonio numeroso era, como tantas cosas entonces, un privilegio para ricos —en algunos países. En Europa, América, China y Oceanía la poligamia ya era ilegal y perseguida; en Rusia era ilegal pero la toleraban; en buena parte de África y Medio Oriente era perfectamente legal: en Burkina Faso, Mali o Nigeria un tercio de la población vivía en hogares polígamos. Y en varios sitios —India, Malasia, Filipinas— solo era legal cuando la practicaba un musulmán: otro ejemplo del conflicto —muy común en esos años— que se producía cuando los estados no se creían con derecho o capacidad para aplicar sus principios jurídicos y morales por sobre las elecciones religiosas de sus ciudadanos.

Lo mismo sucedía con otra imposición religiosa: el uso, decidido por el Islam, de esos paños que tapaban los pelos y las caras de las mujeres, e incluso sus cuerpos. La costumbre era antiquísima y, como la mutilación, olía a terror: el miedo de los hombres a lo que podían hacer sus mujeres, la capacidad de seducción de las mujeres como un arma tremenda que debían desactivar. Como sucede tantas veces, la debilidad se disfrazaba de supuesta demostración de fuerza. En cualquier caso, tras siglos de cumplir con esa norma, el contacto con sociedades más abiertas hizo que algunas mujeres musulmanas empezaran a rebelarse; muchas, no. En los países laicos de Europa, donde la población islamista había crecido tanto, la polémica no se resolvía: algunos estados prohibían el uso de esos paños en lugares públicos y chocaban con mujeres musulmanas que querían seguir su tradición y también con liberales que reclamaban el derecho de cada quien a actuar como se le cantara y acusaban a esos estados de coartar la libertad individual —mientras otros apoyaban la prohibición de esos tapujos como un modo de liberar a esas mujeres. Se discutía, una vez más, si un estado debía imponer sus convicciones o tolerar que cada quien mantuviera las suyas, por más que contradijeran sus principios básicos.

En la mayoría de los países musulmanes, en cambio, el debate era escaso: la obligación estaba clara y, por diversos medios —convicción, coerción, condena, escarnio público—, se forzaba a las mujeres a cumplirla. Lo mismo hacían, para mostrar su afinidad, los judíos más fanáticos.

Y, por fin, otra práctica que los ciudadanos de los países occidentales creían desterrada y, sin embargo, tenía gran arraigo eran los matrimonios arreglados. Dos siglos antes, esa manera de casarse era la más común en todo el mundo: el matrimonio como unidad de producción de niños y de bienes usaba los métodos más apropiados para cumplir sus metas (ver cap.4). En Occidente esa idea perdió fuerza frente a la ilusión amorosa, pero en ciertos países la lógica productiva —producir, al menos, descendencia conveniente— se mantuvo y los matrimonios seguían siendo determinados por los padres y los casamenteros. En la India, en esos días, más de la mitad de los matrimonios seguía ese proceso: entre los elementos que debían coincidir estaban la religión y la casta, el poder económico y los horóscopos. Las cifras indias mostraban que los matrimonios arreglados eran más sólidos que los espontáneos y que, tras un período de declive, esa certeza los había hecho crecer de nuevo. Numerosos textos de la época se emocionaban o se reían de ese momento peliagudo —a veces en la propia boda o en su víspera— en que una persona conoce a otra persona con la que va a pasar su vida.

Había, también, un caso extremo de matrimonios arreglados: los que incluían a niñas. Un estudio de 2018 mostraba que, en todo el mundo, una de cada cinco mujeres entre 20 y 24 años había sido casada antes de cumplir sus 18 —y que había, en total, unos 700 millones de mujeres casadas cuando niñas. La costumbre estaba declinando, pero seguía muy difundida en la India, el resto de Asia, buena parte de África y ciertos países de América Latina. En ellos, un cuarto de las mujeres habían sido casadas antes de cumplir 15 años. Esa premura tenía, entre otros, un motivo económico: en muchos matrimonios la familia del novio le pagaba a la familia de la novia un precio, en dinero o en ganado, para compensarla por lo que había gastado en criarla, ya que sería la familia del novio la que la usaría para parir, cocinar, lavar, limpiar, cuidar a los mayores. El precio, en general, bajaba a medida que la niña crecía y disminuía su tiempo de amortización; nadie quería perder plata, así que debían vender lo antes posible.

El machismo era, también, un problema de clase: por cuestiones de educación y de culturas, los más pobres solían serlo más que los más acomodados. Era otra forma de esa desigualdad que sufrían las más pobres —y también sus hombres: los victimarios eran, al mismo tiempo, víctimas de su propia violencia.

* * *

Esos bolsones de machismo extremo —esos lugares donde las mujeres seguían reducidas a esa subordinación que habían sufrido desde siempre— se contradecían con los avances que otras mujeres estaban consiguiendo en otros. En Europa y América —y también entre las nuevas clases medias asiáticas— las mujeres habían avanzado en serio en esos años. En muchos de ellos los movimientos feministas eran las organizaciones políticas más activas y exitosas.

Una característica central de ese movimiento fue que reunió sensibilidades políticas diversas. Había sectores que no concebían la liberación de las mujeres sin la liberación de los pobres, pero otros las desligaban sin dificultad, y así fue como militantes populares pudieron compartir reclamos con banqueras, empresarias con empleadas de limpieza, izquierdas y derechas, okupas y rentistas. El feminismo fue, quizá, la quintaesencia de los movimientos “identitarios” que proliferaron en esos años.

“Los movimientos identitarios son —en sentido estricto— la imaginación de una época sin imaginación. O sea: movimientos sin necesidad de imaginar proyectos por los cuales pelear porque su proyecto son sí mismos, es conseguir para los propios lo que ya tienen los ajenos. Los movimientos identitarios, en general, no pretenden reformular las estructuras de nuestras sociedades: no cuestionan la propiedad privada, la plusvalía, el reparto de las riquezas, las formas del poder. Defienden, contra los ataques de que son víctimas, a los que portan esa identidad.

“Así, el feminismo —digamos— no precisa imaginación: es la aplicación de la lógica natural al esquema social. No hay que inventar el cuerpo social que lo levanta: somos mujeres. No hay que crear estructuras de esperanza: tenemos que tener los mismos derechos que los hombres. No es imaginación, es pura lógica, justicia en construcción.

“Y es necesario y es urgente y es indiscutible: todo eso le permite esta potencia en una época impotente. Los movimientos de mujeres también son tributarios de la idea derechohumanista: defensas de la vida contra las agresiones que la amenazan, tanto por la violencia machista como por los abortos clandestinos como por las discriminaciones laborales, morales, religiosas. Gracias a esos disparadores, las vidas de millones de mujeres van cambiando”, escribió, en esos años, un observador sin muchas luces.

Pocas cosas mejoraron tanto en ese tiempo como la situación de las mujeres en los países ricos; en otros, mucho menos. La pelea feminista tenía, como otras, metas muy distintas según los lugares. En esos años las mujeres saudíes habían conseguido el derecho a manejar vehículos pero seguían dependiendo de un “guardián” hombre —primero su padre, después su hermano o su marido— para cualquier decisión importante. Al mismo tiempo muchas mujeres indias y chinas peleaban por el derecho a alimentarse en épocas de hambre, cuando los hombres seguían teniendo prioridad sobre la poca comida disponible (ver cap.8). En cambio las mujeres occidentales discutían sobre todo tres temas: igualdad de participación, derecho a decidir sobre sus cuerpos, protección contra la violencia.

Su presencia en la vida pública y laboral había aumentado mucho, en las décadas anteriores, apoyada por las cuotas que la hacían obligatoria y, en muchos países, ya no eran necesarias: el sentido común de la época alcanzaba. Sin embargo, no tantas gobernaban: una canciller de Alemania renunció aquel año tras una década en el poder europeo, una de Inglaterra renunció tras un mes en el poder británico, una de Finlandia se tambaleaba porque la habían visto bailando y una derechista italiana acababa de ganar sus elecciones; también gobernaban mujeres en Nueva Zelanda, Bangla Desh, Nepal, Namibia, Grecia, Túnez, Taiwán, Samoa, Dinamarca, Etiopía, Honduras, Singapur y una quincena de países más: era, probablemente, la cifra más alta de la historia —y, aún así, no llegaban a un sexto de las naciones del planeta. Las mujeres tampoco habían alcanzado todavía la mitad de los puestos dirigentes de las empresas, por ejemplo. En los países más avanzados solían ser entre 30 y 40 por ciento. Y en todos su salario medio seguía siendo inferior —por igual trabajo— al de los hombres.

El derecho al aborto era la expresión más acabada de la voluntad de muchas mujeres de manejar la concepción, de decidirla y no sufrirla. Era, estaba claro, una solución de emergencia cuando las otras soluciones no habían funcionado —y el mayor acceso a métodos de contracepción estaba consiguiendo reducir la cantidad de abortos en el mundo; aún así, millones lo reclamaban con fuerza en muchos sitios.

El aborto se había legalizado por primera vez un siglo antes, en la Rusia soviética, 1920, pero muchos países seguían reprimiéndolo. Estaba permitido en casi todos cuando había una razón de “fuerza mayor” —peligro para la salud de la madre, violación, incesto—; lo que dividía las aguas era si una mujer podía solicitarlo sin más explicaciones. Lo permitían un tercio de los países —la mayoría de Europa, Rusia, China, Australia, Argentina entre ellos— y lo prohibían los demás. Pero aún donde la ley lo permitía, muchas mujeres todavía tenían problemas para conseguirlo: médicos que se negaban a practicarlo por prejuicios religiosos, instituciones que remoloneaban, descalificaciones varias. El derecho al aborto se había convertido en una de las polémicas fuertes de la época —y en 2022 una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que volvió a hacerlo ilegal en su país después de medio siglo, calentó inesperadamente el conflicto. Así como otros reclamos eran transversales y reunían a mujeres de distintas clases, a partidos de diversas políticas, el aborto todavía funcionaba como un parteaguas: dividía a los partidos y sectores de “izquierda” —que lo apoyaban— y los de “derecha” que solían manifestarse en su contra.

La pelea por el derecho al aborto acompañaba el desarrollo de una idea que siempre había sido acallada: por primera vez, cantidad de mujeres manifestaban que no querían ser madres, que no les interesaba, que la maternidad no era la culminación de la femineidad. Era un quiebre importante: aunque muchas lo habían sentido a lo largo de la historia —e, incluso, habían actuado en consecuencia—, muy pocas se habían atrevido a proclamarlo.

Otro tema principal del feminismo era la pelea contra la violencia de género. Gracias a su combate se supo que en todo el mundo, cada año, una de cada diez mujeres era agredida física o sexualmente por un hombre cercano —y que, por supuesto, esas cifras variaban tanto según las regiones: en ninguna los ataques eran tan numerosos como en África. Se calculaba que aquel año había habido en el mundo unos 500.000 homicidios (ver cap.23). Solo una de cada seis víctimas había sido una mujer, pero el feminicidio era particularmente odioso porque los asesinos solían ser hombres que esas mujeres conocían —esposos, novios, exes, parientes, amigos, conocidos.

El feminismo convirtió esta plaga silenciada en un tema de debate del que se ocuparon las legislaciones de docenas de países. Y la opinión pública: el combate contra la forma primaria de esa violencia, el acoso sexual, tuvo en esos años una gran difusión.

Todo había empezado a mediados de la década anterior con el llamado #MeToo, la iniciativa de una actriz norteamericana que propuso, en las redes sociales del momento, que las mujeres que hubieran sido acosadas dejaran de callarlo y lo contaran. El efecto cascada fue inmediato: miles de casos que habían sido ignorados durante décadas salieron a la luz, con consecuencias varias. Así produjeron una conciencia y un cuidado que hicieron que los hombres abandonaran la presunción de que podían usar impunemente sus distintos poderes para conseguir sexo. Algunos sectores, sin embargo, se quejaron de que el movimiento también produjo una ola de puritanismo asustado en que tantas personas —hombres, sobre todo— se privaban de cualquier seducción por miedo de sobrepasar unos límites que no siempre les quedaban claros. En ciertos círculos del MundoRico, surgió la costumbre de firmar —en soporte digital o no— un acuerdo previo entre dos jóvenes que estuvieran por iniciar algún juego sexual: así quedaba claro que no había habido abuso.

Y, por otro lado, la catarata de denuncias causó gran cantidad de condenas sociales a los denunciados. Muchos las merecían; algunos, sin embargo, lamentaban que no hubiera ninguna instancia donde pudiesen defenderse, argumentar su inocencia: que bastaba la acusación para que fueran “cancelados”.

La idea de la “cancelación” fue central en este asunto: alguien sospechado de algún tipo de acoso o tropelía era forzado a dejar de hacer lo que había hecho de su vida social o laboral. El movimiento, por supuesto, tuvo más fuerza en Estados Unidos, donde se había originado, pero sus olas llegaron a la mayoría de los países ricos —y desarmaron muchas vidas. Y crearon, seguramente sin querer, una corriente moralista que tiñó, curiosa paradoja, aquellos tiempos que se habían imaginado más allá de la moral.

El movimiento de las cancelaciones se cruzaba, a veces, con uno característico de la época: lo llamaban “corrección política” y era la prohibición, muy MundoRico, de decir cosas que pudieran ofender a quienes las oían. Su voluntad de acabar con las agresiones a ciertos sectores vulnerables era perfectamente defendible, pero a menudo se excedía y terminaba por tratar a todos como si fueran criaturas indefensas que podían ser gravemente lesionadas por dos o tres palabras fuera de lugar. Era, en ese sentido, una época reaccionaria: reaccionaba contra ciertas libertades —de palabra, de gestos— en nombre de ciertos derechos o valores. Una época paternalista: se protegía a ciertos grupos o personas en la asunción de que no sabrían o podrían protegerse o que precisarían esa protección. Era lo que había hecho, durante tantos siglos, la religión cristiana.

Eso produjo efectos: era difícil decir nada porque no se sabía cómo lo tomaría algún otro; entonces muchos elegían callarse por si acaso. Otro efecto curioso fue la desnaturalización de los insultos: si, durante siglos, muchos de ellos, en muchos idiomas, referían al linaje —acusando, sobre todo, al insultado de descender de una “prostituta”— y a ciertas características sexuales, en ese nuevo clima este tipo de epítetos sonaba descentrado antes de sonar incomprensible.

En cualquier caso, fue también una época de transición en el tenor de los insultos. Por el momento solo se había producido esa incomodidad; todavía no aparecían los epítetos de nuevo tipo que se impondrían más adelante.

Junto con la variación de los insultos recrudeció el debate sobre ese tráfico que, durante siglos, se llamó “prostitución”: el hecho de que una mujer —más a menudo— o un hombre, ambos de carne y hueso, cobraran dinero por mantener algún tipo de intercambio sexual con un hombre —más a menudo— o una mujer. La práctica era ancestral —tanto que solían llamarla “el oficio más antiguo del mundo”— pero en esos años los sectores más progresistas, incluidos los diversos feminismos, la discutían con ardor: que si la libertad de usar tu cuerpo incluía la de venderlo o si vender tu cuerpo suponía tal humillación y sumisión al poder del dinero que no era una falsa libertad y debía erradicarse. Ya sabemos por qué vía tan inesperada se resolvió el asunto.

MARTÍN CAPARRÓS

En México las mujeres no han sido prioridad para el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. No solo se ha registrado violencia feminicida, también se incrementaron los índices de pobreza, hay un bajo acceso a la educación y las labores de cuidados no remuneradas continúan siendo relegadas a mujeres y niñas.

Pobreza ha aumentado 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2018 y 2020 el número de mujeres que experimentan pobreza aumentó de 27.1 a 29.1 millones, lo que representa un incremento del 42.6 al 44.4 por ciento a nivel nacional. Esto quiere decir que hasta el 2021, 44.4 por ciento de las mujeres en el país vivían en esta situación.

En general, respecto a las personas en situación de pobreza en México, hay 2.5 millones más mujeres que hombres. En este sentido, Coneval destaca que “la discriminación que viven ellas por el hecho de ser mujeres hace que tengan menos herramientas para salir de esta situación”.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020 el número de mujeres que experimentan pobreza aumentó de 27.1 a 29.1 millones, lo que representa un incremento del 42.6 al 44.4 por ciento a nivel nacional. Esto quiere decir que hasta el 2021, 44.4 por ciento de las mujeres en el país vivían en esta situación.

En general, respecto a las personas en situación de pobreza en México, hay 2.5 millones más mujeres que hombres. En este sentido, Coneval destaca que “la discriminación que viven ellas por el hecho de ser mujeres hace que tengan menos herramientas para salir de esta situación”.

Entidades no brindan condiciones para que mujeres se inserten en el mercado laboral 

El análisis #ConLupaDeGénero 2022, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que los estados de la República mexicana no brindan condiciones laborales óptimas para las mujeres, lo cual limita su independencia económica y frena el potencial del país.

Según el análisis, las entidades obtuvieron en promedio 43 de 100 puntos en la evaluación de 18 indicadores que miden las condiciones laborales para las mujeres, entre los que se encuentran: ingresos, participación de mujeres en puestos de liderazgo y políticas de flexibilidad que sean compatibles con sus necesidades.

“En estados como Colima, la tasa de participación económica femenina es de casi 56 por ciento, similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, hay entidades como Chiapas, cuya tasa (31 por ciento) es similar a la de Turquía”.

Sumado a lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hombres dedican en promedio 20 horas a la semana a los trabajos de cuidado no remunerados, mientras que las mujeres destinan 50 horas a estas tareas.

Por ello, el IMCO propone que, para que las mujeres logren insertarse en el mercado laboral se debe “avanzar hacia la aprobación y asignación de presupuesto para un Sistema Nacional de Cuidados asequible y de calidad, generar incentivos para que las empresas implementen políticas vida-trabajo para sus empleados, desarrollar habilidades en las niñas y mujeres para que mejoren sus oportunidades en el mercado laboral e incentivar la corresponsabilidad de cuidado en la primera infancia a través de permisos de paternidad extendidos”.

Violencia contra mujeres no da tregua

En México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, destacó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida.

Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), junio de 2022 alcanzó una cifra histórica al registrar un total de 368 asesinatos de mujeres: 281 clasificados como homicidios dolosos y 87 como feminicidio, cifra que no se había visto en los últimos siete años.

El dato más alto de la que se tenía conocimiento corresponde a agosto de 2021, con 271 homicidios dolosos de mujeres. Sin embargo, la violencia feminicida ha alcanzado récords aún más alarmantes.

En abril de 2022, López Obrador responsabilizó a la “pérdida de valores” por el incremento de violencia feminicida, pero en realidad este clima de inseguridad para las mujeres se debe a la impunidad que impera en muchos de los casos y mantiene a las víctimas lejos de la justicia, lo que además envía un mensaje de permisividad a los agresores amparados en un sistema misógino.

Miles de latinoamericanas salieron a las calles el viernes (25.11.2022) para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, un flagelo que acabó con la vida de más de 4.000 de ellas en la región el año pasado.

«El feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución», advirtió la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en un informe divulgado en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.

Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países latinoamericanos durante 2021, informa la Cepal, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. https://t.co/QXByejMtUM

— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 25, 2022

Al menos 4.473 mujeres fueron asesinadas en 2021, lo que equivale a 12 por día por cuestiones de género en América Central y el Caribe, según la Cepal. Las cifras «son inaceptables», dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la entidad.

Las mayores tasas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se registraron en Honduras, con 4,6 casos; República Dominicana (2,7 casos), El Salvador (2,4 casos), Bolivia (1,8 casos) y Brasil (1,7 casos).

Belice y Guyana presentaron las mayores tasas de feminicidio en el Caribe (3,5 y 2,0 por cada 100.000 mujeres, respectivamente).

En la capital de Chile miles de mujeres, pero también hombres,

#Latinoamérica comenzó a sancionar normas en materia de género en la primera década de los años 2000 a las que la @cepal_onu llamó “de primera generación sobre violencia doméstica o intrafamiliar”.#ViolenciaContraLasMujeres https://t.co/w7L67HVIMJ

— La Jornada (@lajornadaonline) November 25, 2022

se manifestaron en la noche desde la Biblioteca Nacional pidiendo protección ante los feminicidios.

En Ciudad de México cientos marcharon por la zona céntrica al grito de «¡Justicia, justicia!», desplegando grandes fotos de supuestos feminicidas y acosadores en un país donde 13 mujeres son asesinadas por día.

Cientos de mujeres se movilizaron bajo la lluvia en Bogotá y Medellín, en protesta contra la violencia que este año ha dejado 827 mujeres asesinadas en Colombia, 30 más que en todo 2021, según datos oficiales.

En Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega prohibió las manifestaciones desde 2018, las mujeres no pudieron marchar pero en redes sociales se reportaron 57 feminicidios durante el presente año. La violencia de género también se observa allí en el encarcelamiento de 22 mujeres opositoras, que son parte de los 219 presos políticos del régimen sandinista.

En lo que va del años 57 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista, según registro de Católicas por el Derecho a Decidir. Vivas y Libres Nos Queremos!. #25Noviembre pic.twitter.com/07vjAyFGzc

— MAM – Nicaragua (@mamnicaragua) November 25, 2022

En Buenos Aires centenares de mujeres se manifestaron frente al Palacio de Tribunales para «denunciar los femicidios y travesticidios» en Argentina, donde se registraron 307 asesinatos de mujeres en los últimos 12 meses.

También en Costa Rica hubo manifestaciones «por las que ya no están». Vestidas con pañuelos naranjas, las manifestantes criticaron la funesta cifra de 13 muertes calificadas como feminicidio en lo que va de 2022 en ese país, mientras en San Salvador unas 400 manifestantes exigieron «detener la violencia feminicida».

Se llamaban Debanhi Escobar, Michelle Nicolich, Francesca Flores, Susana Cáceres, María Belén Bernal, Adriana Pinzón, Luz María López y Blanca Arellano. Son solo algunos de los decenas de miles de casos que han puesto rostro este año a la pandemia en la sombra de los feminicidios, uno de los males endémicos de América Latina, y por el que este viernes marcharán mujeres en toda la región.

El asesinato de mujeres por su género es la máxima expresión de la violencia machista por la que cada año se pierden decenas de miles de vidas en la región. Es imposible saber cuántas exactamente porque solo algunos casos son contabilizados como feminicidios. De todas las muertes violentas de mujeres, solo entre el 30% y el 35% son clasificadas como feminicidios por las autoridades, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio de México, una tendencia que se replica en otros países. Según un informe recién publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2021 al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de Latinoamérica. Un incremento del 9,36% respecto al año pasado.

Lo que sí que se sabe es que la violencia de género tiene sus propias reglas comunes en toda la región: sucede de forma sistemática y persistente desde la intimidad de los hogares hasta los espacios públicos; se apuntala en la desigualdad y se alimenta de los prejuicios machistas aceptados en las sociedades y la impunidad. Tampoco conoce de fronteras, edades, nacionalidades ni clases sociales.

La ausencia de las mujeres asesinadas deja un vacío en sus familias, amigos y comunidades difícil de reparar que cobra fuerza cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada de duelo e indignación que saca a la sociedad a las calles para exigir justicia y una vida libre de violencias. De México a Argentina, pasando por Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, estos son algunos de los casos de feminicidio que han conmocionado a América Latina y lo que revelan de la situación en cada nación.

El ‘caso Debanhi’ y las autoridades que responsabilizan a las mujeres de sus propias muertes

El 9 de abril de 2022 Debanhi Escobar desapareció en una carretera de Monterrey, frente al motel Nueva Castilla, en el Estado de Nuevo León. Tras dos semanas de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una de las cisternas del establecimiento. La Fiscalía del Estado sugirió en una primera versión de los hechos que la joven se había caído en el tanque de agua, lo que desató la indignación de la familia, la sociedad y los colectivos feministas.

Resultaba insultante que las autoridades hicieran responsable a la joven de su propia muerte, una estrategia popular a la que recurren muchas fiscalías para tratar de resolver las muertes violentas de mujeres. Siete meses después del feminicidio, todavía no hay una sola persona detenida. Los padres desesperados encargaron una segunda autopsia que reveló que la joven fue asesinada y abusada sexualmente. Después de la incompetencia que mostraron las autoridades locales y la revictimización de la joven y su familia, la muerte está siendo investigada por la Fiscalía General de la República sin ningún avance hasta la fecha. El silencio después de tantos meses provocó la caída del fiscal del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.

El caso de Debanhi Escobar se ha convertido este año en un símbolo de la violencia machista en México, donde cada día son asesinadas 11 mujeres y el 95% de los delitos no se resuelve. De las casi 4.000 muertes violentas de mujeres que hubo en el país durante 2021, según datos oficiales, solo alrededor de 1.000 fueron investigadas como un delito de feminicidio. Menos del 2% de estos casos acabarán ante un juez, según las estadísticas.

Brasil y los crímenes mediáticos como el de Michelle Nicolich

Brasil tiene una famosa y ambiciosa ley para combatir la violencia contra las mujeres, la ley Maria da Penha, pero la inmensa mayoría de los feminicidios son todavía poco más que una pequeña noticia local. Raro es el caso que se convierte en asunto nacional. El debate gira más bien en torno a impersonales estadísticas y normas. Y, cuando tienen eco más allá de la nota policial, suele ser porque los protagonistas eran famosos o porque el crimen fue grabado por una cámara de seguridad. Es el caso de Michelle Nicolich, de 37 años, asesinada a tiros por su exmarido en São Paulo el pasado septiembre tras recoger a sus hijos de la guardería. El agresor y padre de los críos también mató al pequeño, de un año.

Que el crimen ocurriera en una reñida campaña electoral y que el agresor fuera coleccionista de armas —colectivo mimado por el Gobierno Bolsonaro— alimentó el debate público sobre el espectacular incremento de pistolas y fusiles en manos de civiles. Luego hubo un típico giro brasileño: el asesino tenía un Lula tatuado.

El año pasado, 1.341 brasileñas fueron asesinadas por ser mujeres en este país de 210 millones de habitantes. La cifra recopilada por el Anuario del Forum Brasileño de Seguridad Pública supone una caída mínima tras años de curva ascendente. El balance de esta ONG permite vislumbrar la disparidad regional con la que se aborda la violencia contra las mujeres. Un tercio de los asesinatos de brasileñas son tipificados como feminicidio a nivel nacional, pero oscila entre el 58% del Distrito Federal al 9% en el Estado de Ceará.

Franchesca Flores, asesinada a manos de su pareja en Chile

En Chile se registran 45 feminicidios este 2022 y cuatro suicidios feministas ―mujeres que tras denunciar múltiples violencias y no recibir apoyo de las autoridades, acaban por quitarse la vida― de acuerdo a la contabilización exhaustiva que lleva la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Las víctimas tenían distintas edades, desde los 17 a los 63 años. Como en Chile se ha registrado en los últimos años un fuerte aumento de la migración, entre las asesinadas hay varias extranjeras, provenientes de Colombia, Bolivia o Venezuela. Los feminicidios se producen en todos los contextos: dentro del matrimonio y perpetrado por desconocidos. No distingue nivel socioeconómico y sucede en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades. Como Frutono, un hermoso pueblo a un costado del lago Ranco, en el sur de Chile, donde el 1 de septiembre ocurrió un hecho monstruoso: Franchesca Flores Raillanca, de 40 años, que había dado a luz hacía menos de dos semanas a un niño, fue asesinada por su pareja de 23 años, policía. El hombre la mató frente a la criatura, de acuerdo a los relatos de los familiares y a los hechos expuestos por la Fiscalía. El cuerpo de Franchesca fue encontrado por su hijo mayor, un adolescente.

“Existe una mayor conciencia respecto de la violencia hacia las mujeres, el feminicidio se ha tipificado en la ley y hoy se habla de los asesinatos de mujeres por razones de género, pero las cifras se mantienen estables y esta situación nos alerta. Por lo tanto, no se puede seguir haciendo lo mismo”, explica Lorena Astudillo, feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la organización independiente que instaló el concepto de feminicidio en el país hasta más de dos décadas. En Chile, el feminicidio es castigado hasta con cadena perpetua y ya no solo en contextos de matrimonio, como ocurría hasta hace algunos años. “Pero la institucionalidad sigue insistiendo en castigar, cuando se hace necesario apuntar a la promoción de una vida libre de violencia. La raíz del problema es el machismo y las prácticas culturales que lo sostiene”, dice Astudillo desde Chile, un país que en 2018 tuvo una gran ola feminista y cuyo Gobierno actual, el del izquierdista Gabriel Boric, se declara feminista.

Susana Cáceres, el último feminicidio que ha conmocionado a Argentina

Casi la mitad de las mujeres de Argentina ha sufrido una o más formas de violencia por parte de alguna de sus parejas: física, psicológica, sexual, y/o económica. Es el dato que arroja la primera Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres publicada esta semana en el país sudamericano. Da cuenta de lo extendida que está y lo difícil que resulta erradicarla pese a los esfuerzos de los últimos años.

El feminicidio persiste sin grandes cambios desde la gran movilización social nacida en 2015 con el movimiento Ni Una Menos. En la última década, el total de mujeres asesinadas nunca ha descendido de 250. En 2021 hubo 251 feminicidios, uno cada 35 horas en promedio, según el registro de la Corte Suprema de Justicia. En el 88% de los casos, la víctima conocía al feminicida, y en el 39% convivía con él. Seis de cada diez eran su pareja o expareja.

“No cambió casi nada. Muchos hombres siguen sin entender que no es no”, asegura Adriana Herbas, prima de Susana Cáceres, quien apareció asesinada el pasado 18 de noviembre al borde de una carretera después de diez días de búsqueda. Cáceres, de 42 años y madre de cuatro hijos —la más pequeña una bebé de año y medio— sufrió una muerte muy violenta. Su cuerpo presentaba numerosos cortes, un traumatismo craneal, hematomas en el rostro y la zona cervical y signos de abuso sexual. “El acusado había sido denunciado por violencia de género y abuso sexual. Si la justicia hubiera actuado, esto no habría pasado”, lamenta Herbas al hablar sobre el último feminicidio que ha conmocionado a Argentina.

El año más sangriento de Ecuador y la muerte de María Belén Bernal

La última vez que se vio a María Belén Bernal, una abogada de 34 años, fue en la Escuela de Policía, ubicada al norte de Quito, la capital de Ecuador. Era pasada la medianoche del domingo 11 de septiembre, entró en su carro a ver a su esposo el teniente Germán Cáceres y no volvió a salir.

Fueron 10 días de búsqueda en los alrededores de la escuela de formación de policías, rodeada de quebradas, canteras y basurales donde caminó Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, para hallar el cuerpo de su hija. Una búsqueda tortuosa bajo una sombra de dudas que hasta la actualidad envuelve el caso de Bernal en el que se investiga a altos oficiales de la Policía Nacional de Ecuador por su actuación en la infracción de protocolos de ingreso de una civil al recinto policial, la búsqueda del cuerpo y permitir la huida de Cáceres, quien tuvo tiempo para dejar el cuerpo de María Belén entre matorrales, regresar a la escuela y jugar un partido de fútbol.

El caso de Bernal estremeció aún más la cifra de femicidios y muertes violentas por razón de género en Ecuador en su año más violento contra las mujeres: 345 entre enero y noviembre de 2022. En promedio, una mujer es asesinada cada día en el país sudamericano. Del total de ecuatorianas asesinadas, 70 han sido procesadas por la justicia como femicidios y 275 como otras muertes violentas; es decir, asesinatos, homicidios, sicariato y violación con muerte, según datos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Los femicidios y muertes violentas contra mujeres son los más altos desde que Ecuador empezó a registrarlos oficialmente en 2014, que desde entonces ya son 1.639, de los cuales solo el 42% de los casos ha recibido algún tipo de sentencia, los demás reposan en investigación o en juicios que no pueden continuar porque los femicidas han huido antes de ser procesados, como el caso de María Belén Bernal, que el teniente Germán Cáceres, aún no es hallado por la Policía.

La colombiana Adriana Pinzón: no fue homicidio fue feminicidio

Las mujeres en Colombia se toman las calles este 25N para recordar que ese espacio también es de ellas y para exigir justicia por los crímenes de los que son víctimas en la vía pública, pero también por los que ocurren de forma más silenciosa y solapada dentro de las casas.

La Fiscalía ha registrado 180 feminicidios durante este año, pero los colectivos feministas manejan cifras que doblan la oficial. Según el colectivo feminista Casa de la Mujer, han sido al menos 500 en este 2022. Colombia, a pesar de tener, desde 2015, una ley que contempla el femicinidio como delito autónomo, no ha logrado que en la práctica el género sea valorado como un factor clave en las investigaciones por asesinatos de mujeres. A muchos victimarios todavía los siguen acusando de homicidio simple y no por el delito de feminicidio, que tiene penas de entre 45 y 60 años sin posibilidad de rebaja. A Jonathan Torres, el asesino confeso de Adriana Pinzón, lo condenaron a 28 años de prisión por homicidio. La familia de la víctima, que también es su familia, reclama justicia y pide que la pena sea mayor.

Torres era cuñado de Adriana y según una de sus versiones, que fue tomada en cuenta por la Fiscalía, la mató porque quería robarla. Adriana, de 42 años, fue asesinada en su casa y su cuerpo fue arrojado a una vía, donde difícilmente la encontrarían. Gracias a una grabación de cámaras de seguridad, se supo que el pasado 7 de julio, el novio de su hermana había entrado a su vivienda. Después de cinco horas adentro, salió cargado de bolsas plásticas y un palo. Adriana fue reportada como desaparecida y casi un mes después fue encontrada descuartizada dentro de cuatro plásticos negros en una zanja de una vía de Zipaquirá, en el centro del país. Según la Fiscalía, la mujer fue apuñalada y murió asfixiada.

50 años para el asesino de Luz María López, la rara excepción de Guatemala

El feminicidio de Luz María López, una investigadora criminalística del Ministerio Público asesinada por su esposo, fue uno de los 652 crímenes violentos de mujeres registrados en Guatemala en 2021 y quizás el que más conmoción generó ese año en ese país centroamericano, la región con las tasas más altas de asesinatos de mujeres por motivos de género de América Latina. El cuerpo de la joven de 25 años, madre de una niña que en aquel momento tenía un año y nueve meses, fue hallado el 22 de enero del año pasado con signos de tortura en una alcantarilla cercana a su oficina dos días después de su desaparición.

Su caso se acaba de convertir también en una rara excepción y en un ejemplo de que, si hay voluntad, se puede combatir la impunidad que suele marcar los casos de feminicidio. El que fuera su esposo, Jorge Zea, fue condenado el mes pasado por un tribunal a 50 años de prisión por su asesinato, la pena máxima contemplada en ese país. Los jueces tuvieron en cuenta la saña con la que actuó el asesino, que estranguló y quemó a su pareja delante de su hija pequeña.

Pero la realidad para la mayoría de las víctimas de feminicidios es muy diferente en una región en la que, en muchos casos, ni siquiera se conocen los nombres de las mujeres asesinadas. Así lo denuncia Karla Campos, abogada de Pamela Molina, otra mujer “de escasos recursos” de 26 años asesinada solo un mes antes que López y que aún espera justicia. “Este 5 de diciembre se cumplen dos años de que ella desapareció y el Ministerio Público no tiene absolutamente nada. No ha investigado y la familia continúa buscando justicia (…) Ha sido un viacrucis”, relata. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una fundación en la que trabaja Campos que hace un recuento mensual con datos oficiales, en 2022 ya son 568 las mujeres que han sido víctimas de asesinatos violentos, lo que supone un aumento respecto a los dos años anteriores. Además, 47.687 mujeres han denunciado algún tipo de violencia en su contraen razón a su género y 6.762 de violación en lo que va de año.

Blanca Arellano, una mexicana víctima de un feminicidio brutal en Perú

Blanca Arellano, una mujer mexicana de 51 años, fue asesinada en Lima por un hombre al que conoció a través de una plataforma de videojuegos. La mujer viajó hasta Perú hace unas semanas para conocer al gamer con el que había compartido conversaciones en línea mientras jugaban.

Pero Juan Pablo Villafuerte, un estudiante de Medicina catorce años menor que ella, no tenía las mismas intenciones. El hombre está ahora detenido acusado de feminicidio y de tráfico de órganos en un país donde cada día 380 mujeres denuncian ser víctimas de violencia familiar y sexual. El cuerpo desmembrado de Arellano fue localizado en una playa sin rostro, huellas dactilares ni órganos, flotando en el mar a principios de noviembre. La familia de Blanca Arellano pudo reconocer su cuerpo por lo único que no pudieron arrebatarle: un anillo atlante.

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero de 2017 y octubre de 2022, 651 peruanas y 23 extranjeras murieron por el simple hecho de ser mujeres en Perú, a manos de sus parejas o exparejas. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, alrededor de 2.105 personas purgan condena en las cárceles peruanas por delitos vinculados a la violencia machista. Pero a menudo no se hace justicia: solo el 1% de las denuncias por feminicidio alcanza una sentencia en el mismo año de la denuncia y las organizaciones feministas exigen que instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía incorporen en sus investigaciones la perspectiva de género.

Las congregadas iban vestidas de negro con pancartas que rezaban, entre otros eslóganes, «Por un castigo acorde con el crimen». Luego, los manifestantes levantaron los puños y corearon consignas como «¡Reforzamiento de las penas! ¡Este crimen debe ser juzgado!», según recoge el diario An Nahar.

La manifestación tiene lugar después de que el colectivo por los Derechos de la Mujer Abaad denunciara que seis de cada diez mujeres víctimas de abusos sexuales optan por no presentar denuncia por temor a atentar contra el honor de su familia, según recoge Sky News.

El texto va acompañado de una encuesta en la que el 75 por ciento de las mujeres encuestadas cree que el abuso sexual es principalmente un ataque corporal y psicológico, mientras que el 71 por ciento de ellas enfatiza que la sociedad libanesa ve este tipo de delitos como un ataque al honor de la familia.

La directora de la organización, Guida Inati, insistió en la importancia de sacar este tipo de delitos de la estrecha visión social del «honor de la familia», y de luchar con fuerza contra este flagelo, según declaraciones recogidas por el ‘L’Orient le Jour’.

En este sentido, Inati anunció el lanzamiento de una campaña de 16 días a partir de este sábado para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, en constante coordinación con los bloques parlamentarios, para la reforma del código penal.

Casi un mes después de que Ariadna López fuera asesinada en un departamento de la colonia Roma sus amigas han gritado fuerte su nombre por las calles de Ciudad de México. “¡No estamos todas, falta Ari!” gritaban a pleno pulmón con los ojos llenos de lágrimas y la boca colmada de rabia. Entre las 15 chicas sujetan una enorme pancarta morada llena de girasoles amarillos. “Eran sus flores favoritas”, dice Adai Ruiz, de 27 años. “Este 25N salgo a la calle porque asesinaron a mi amiga, pero pudimos ser cualquiera de nosotras”, asegura.

Este viernes, 25 de noviembre, se conmemora el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en todo el mundo y México tiene motivos más que suficientes salir a las calles a gritar ¡basta! contra una violencia que se cobra la vida de 11 mujeres cada día. “Las mujeres en México tenemos miedo ya no podemos confiar ni en el taxista ni en el amigo… estamos cansadas, agotadas, tristes”, denuncia la joven. En el país también hubo manifestaciones en Oaxaca, Estado de México, Morelos, Yucatán, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala, entre otros Estados.

Desde 2018, 17.776 mujeres han sido asesinadas, de acuerdo a cifras oficiales, mientras que el 70% de las mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según cifras del INEGI. Pero más allá de las estadísticas, las amigas de “Ari”, como le decían con cariño, quieren honrar su memoria para que no se convierta en un caso más. “Aunque se haga justicia sigamos recordando siempre a Ariadna”, dice otra de sus amigas. El 2 de noviembre, cuando la chica llevaba dos días desaparecida, fueron las amigas las que reconocieron su cadáver a través de una publicación en redes sociales. Unos ciclistas habían encontrado su cuerpo en una carretera del Estado de Morelos y subieron fotos de sus tatuajes por si alguien la reconocía. Era ella, no había duda. La joven había ido a un bar con unos amigos y nunca más regresó.

Las dos últimas personas que la vieron con vida, Rautel ‘N’ y Vanessa ‘N’, se encuentran detenidas en prisión preventiva acusados del delito de feminicidio a la espera de un juicio. Unas imágenes del hombre cargando el cadáver de la joven en el estacionamiento de su casa fueron definitorias para dictar la orden de aprehensión en su contra. “Es y siempre será una integrante de mi familia y sé que todas las que estamos aquí la considerábamos una hermana”, dice una tercera amiga que viste una camiseta morada con la cara de su amiga y un girasol. “Vamos a luchar por ella hasta que la gente que le hizo lo que le hizo pague. Porque esos merecen estar refundidos en el infierno”, dice con rabia.

La manifestación transcurrió de manera pacifica en la mayoría del recorrido. Hubo algunos enfrentamientos aislados entre integrantes del bloque negro y la policía que resguardó la marcha. Por tramos, en la calle, hubo más agentes parapetadas detrás de sus enormes escudos que manifestantes. Respecto a otros años la asistencia fue menor, las autoridades señalan que participaron en torno a unas 3.000 personas que salieron desde dos contingentes, uno desde la Glorieta de las Mujeres que luchan (antigua glorieta de Colón) y el otro desde el Ángel de la Independencia. Una de ellas fue Alejandra Rivera, de 35 años. Hace más de una década su tío asesinó a su tía de una forma brutal y fue sentenciado a 15 años de prisión. Rivera dice que quedó marcada por aquella muerte cuando era muy pequeña. “Ninguna condena repara el daño psicológico y el daño que le hacen a la familia”, asegura.

Rivera también cuenta que hace unas semanas la tía de una amiga suya fue asesinada en Perú. El cuerpo de Blanca Arellano fue encontrado hace unas semanas en una playa, víctima de lo que podría ser una red de tráfico de órganos. “La familia está devastada”, dice Alejandra. “Vendió todas sus pertenencias para irse a vivir con su novio. Se fue en busca del amor y la asesinaron. El tipo primero dijo que se había regresado a México, y después negó conocerla”, apunta.

La manifestación ha terminado en el Zócalo de la capital, donde varias madres de víctimas de feminicidio han tomado la palabra para exigir un alto a la impunidad, al maltrato que reciben de las autoridades encargadas de las investigaciones y contra los jueces que no juzgan con perspectiva de género y dejan en libertad a los feminicidas de sus hijas. A estas grandes fallas sistemáticas hay que agregar la elevada tasa de impunidad que tiene México, donde el 95% de los delitos no se resuelven. En el suelo de la plancha central, colectivos de mujeres han pintado siluetas femeninas para honrar a todas las que ya no están. El lugar parece la escena de un crimen masivo, una representación muy certera de la realidad que viven las mujeres en el país.

La madre de Diana Velázquez, asesinada en Chimalhuacán (Estado de México) en 2017, habla desde un pequeño escenario frente a Palacio Nacional, la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario se ha negado a aceptar el aumento de los feminicidios en México, pese a que las estadísticas indican otra cosa. “Hasta el momento no hay justicia, no hay verdad. Seguimos luchando todos los días y gritando ‘¡Justicia para Diana!’ y nombrando la incompetencia del Estado, policías, ministerios públicos y jueces. Después de cinco años he recibido solo burlas y simulaciones de un Estado corrupto e indolente”, ha denunciado Laura Velázquez gritando en mitad de la plaza. “No me voy a callar de todo lo que le hicieron a mi hija, nunca me voy a olvidar de cómo me la asesinaron los cobardes, cómo me la asesinaron esa madrugada, cómo me la violaron, cómo me la golpearon y cómo me la dejaron en la calle como si fuera basura”, ha continuado la mujer con la voz desgarrada por el dolor.

Ese sentimiento desgarrado lo comparten miles de madres en todo el país, como por ejemplo, Concepción Rivera, madre de la abogada Grisell Pérez, asesinada en marzo de 2021 supuestamente a manos del que era su pareja sentimental. Pérez tenía un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad en el Estado de México. Se llamaba La Cabaña de la Sabiduría y desde ese lugar se dedicaba a la defensa y al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, feminicidios, desapariciones y trata de personas. Hoy las autoridades informaron a la familia que detuvieron al hombre. “Me da tranquilidad pero aquí no acaba la carrera por conseguir justicia para mi hija”, dice la señora Rivera.

Después de la detención, un juez deberá decidir si vincula a proceso al detenido y comienza un juicio para determinar su culpabilidad o su inocencia. “Yo busco una condena máxima contra el asesino de mi hija. Es una persona que no puede seguir en la sociedad para que no siga lastimando a más gente”, afirma la madre de Grisell Pérez. Dice que está ahí por el profundo amor que le tiene a su hija y porque ella hubiera querido que marchara si algo le pasaba.

A algunos metros de Concepción Rivera, las amigas de Ariadna López han extendido sus carteles y pancartas en el suelo y recuerdan a su amiga en un círculo improvisado. Ese amor también se hace palpable en ellas. “Aunque Rautel y Vanessa estén en la cárcel, Uriel Carmona [fiscal de Morelos] también es responsable por encubrir el feminicidio de Ari. Si no fuera por todas nosotras, se hubiera quedado que Ariadna se ahogó con su propia saliva”, recuerda enojada una de las chicas.

Otra joven toma el megáfono y dice emocionada: “Quiero que sepan que yo estaría aquí por cada una de ustedes y gritaría por ustedes… Y sé que Ari estaría aquí por cada una de nosotras. ¡Justicia para Ari!”.

Almudena Barragán

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

Hace cinco años, el movimiento #MeToo, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp entre muchos otros, también catalizaron el cambio.

Desde entonces, ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención.

Pero al mismo tiempo se ha producido un incremento de los movimientos antiderechos, incluidos los grupos antifeministas, lo que ha provocado una reducción del espacio reivindicativo, una reacción contra las organizaciones de derechos de las mujeres y un aumento de los ataques contra estas activistas.

Apoyar e invertir en organizaciones y movimientos feministas fuertes y autónomos es fundamental para acabar con este tipo de violencia, de ahí que el tema de este año sea ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Llena con nosotros el mundo de color naranja para mostrar tu deseo de poner fin a la violencia de género.

Forma parte de nuestros 16 días de activismo

Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo (25 nov-10 dic) que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La campaña 2022 ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas,  tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.

Dicha iniciativa, liderada por el Secretario General de las Naciones Unidas y ONU Mujeres desde 2008 como apoyo a un movimiento de activistas global, contará con un acto oficial que tendrá lugar el miércoles, 23 de noviembre (10.00-11.30am ET). Puedes seguir el evento en línea a través del canal de Youtube de ONU Mujeres o a través de ONU Web TV.

¡Participa en la campaña!

¡Únete en nuestros 16 días! Actúa de altavoz de las supervivientes y de las asociaciones y movientos que luchan por los derechos de las mujeres. Todos podemos hacer algo para empoderar a las afectadas, así como prevenir y reducir la violencia de género. Utiliza los materiales para las redes sociales de ONU Mujeres que están en tus redes y conviértete en activista.

WEB DE LA CAMPAÑA

Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

• violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);
• violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);
• trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
• mutilación genital, y
• matrimonio infantil.

Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.

Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

En Irán te detienen si no llevas el velo bien puesto o si dejas visible un mechón de pelo. En Afganistán, a las niñas se les prohíbe ir a la escuela a partir de los 12 años, y las mujeres no salen a la calle si no van acompañadas de su tutor. Saltarse estas prohibiciones tiene severas consecuencias. En lo que va del año, en España, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y muchas jóvenes sienten que su teléfono móvil es un instrumento de control para sus novios.

Pero, ¿qué tienen en común estas mujeres y niñas, que viven en países con culturas y sistemas políticos tan distintos? Les une la violencia de género, una forma de discriminación por el mero hecho de ser mujeres. Una vulneración de sus derechos que toma múltiples formas y ocasiona daños físicos, sexuales, psicológicos, y que incluye amenazas, coacción y privación de libertad, tanto si se produce en la vida pública como si se da en la privada. Así lo proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, aprobada por las Naciones Unidas en 1993, fue el primer instrumento internacional que abordó explícitamente este tipo de injusticia.

Hoy, 25 de noviembre, nos hermanamos para exigir que se acabe con todas los abusos que se ejercen contra las mujeres y las niñas en el mundo. Hoy queremos hablar, además, de la violencia de Estado cuando también lo es de género, es decir, cuando los Estados establecen leyes discriminatorias hacia las mujeres, cuando les niegan el derecho a protestar contra esas mismas leyes que anulan su dignidad, y cuando las reprimen, detienen y atacan, incluso con agresiones sexuales, en las manifestaciones por la defensa de sus derechos.

Las mujeres afganas, a pesar de que los talibanes las han expulsado del espacio público, siguen manifestándose y saliendo a la calle con carteles de protesta para reivindicar sus derechos. Y también ahí se las quiere acallar

Inmersas en este círculo de arbitrariedades se encuentran las mujeres en Irán. Las leyes de esta república islámica no castigan la violación conyugal ni aseguran castigos proporcionales a los hombres que asesinan a sus esposas o hijas. Los tribunales, cuando llegan denuncias en el ámbito familiar, dan prioridad a la reconciliación y no a que el agresor rinda cuentas. Las niñas pueden ser casadas a partir de los 13 años o incluso antes si sus padres tienen un permiso judicial. De hecho, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se registraron 31.379 matrimonios de chicas entre 10 y 14 años, más de un 10% respecto al año anterior. En este país, las mujeres no pueden estudiar determinadas carreras técnicas, y las que no están casadas o no tienen hijos lo tienen muy difícil para acceder al empleo público, porque la prioridad del Estado es aumentar la población como política estratégica de poder en la región.

La muerte de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre, después de ser detenida por miembros de la policía de la moral iraní por no llevar el velo bien puesto, fue la gota que colmó un vaso ya rebosante. Ahora, las mujeres y las niñas, más de la mitad de la población de ese país, se rebelan contra la discriminación y se revuelven contra el Estado que manda sobre sus vidas y hasta sobre sus deseos más íntimos y contra la omnipresente policía de la moral que las controla en cualquier espacio público.

Ellas, y los hombres, sobre todo los jóvenes, que las acompañan en su protesta, hablan de revolución. Quieren un cambio radical que ponga fin al Gobierno autocrático que les impide tener una vida autónoma como mujeres y que les arrebata la libertad. “Mujer, Vida, Libertad” es la consigna reivindicativa que les une, así como “dejar flotar los pañuelos al viento”.

Nika Shakarami y Sarina Esmailzadeh son dos chicas de 16 años que murieron tras recibir golpes letales en la cabeza por parte de las fuerzas de seguridad en las recientes manifestaciones. Ahora a sus familias se las hostiga e intimida para que avalen el relato oficial de su muerte: que “se suicidaron al saltar de un tejado”.

En el mismo círculo de violencias del poder patriarcal, se encuentran inmersas las mujeres y las niñas afganas desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Las que antes trabajaban como abogadas, periodistas, profesoras, empresarias, policías, y también las que eran deportistas, artistas o defensoras de los derechos humanos, ahora tienen prohibido seguir ejerciendo estas actividades. Las facultades han sido segregadas por sexo y muchas estudiantes han abandonado porque los talibanes han hecho que el entorno universitario sea peligroso para ellas, hostigándolas, controlándolas y dejándolas en desventaja.

Brishna, una estudiante de 21 años de la universidad de Kabul, confesó a Amnistía Internacional que los guardias de las afueras del recinto gritan a las alumnas y les exigen que se arreglen la ropa y el pañuelo, y que algunos preguntan por qué se les ven los pies. “El jefe de nuestro departamento vino a nuestra clase y nos dijo: tened cuidado, solo podemos protegeros cuando estáis dentro del edificio de la facultad. Si los talibanes intentan haceros daño o acosaros, no podremos impedírselo”, relató.

Nos pegaban en los pechos y entre las piernas. Lo hacían para que no pudiéramos mostrarlo al mundo

Pero las afganas, a pesar de que los talibanes las han expulsado del espacio público, siguen manifestándose y saliendo a la calle con carteles de protesta para reivindicar sus derechos. Y también ahí se las quiere acallar, reprimiendo las manifestaciones, deteniéndolas. Incluso, se han producido desapariciones forzadas. Y también ahí el poder, como en Irán, quiere ocultar los abusos contra ellas. Las arrestadas son obligadas a firmar un documento, comprometiéndose a no volver a manifestarse ni a hablar públicamente de su detención. Ni ellas ni sus familias. Amnistía Internacional consiguió el testimonio de una manifestante que pasó recluida varios días: “Nos pegaban en los pechos y entre las piernas. Lo hacían para que no pudiéramos mostrarlos al mundo”.

Otros círculos de violencia

Cuando los prejuicios de género se unen a otras discriminaciones por raza, etnia, religión o pobreza, el riesgo de sufrir violencia y exclusión aumenta. En Estados Unidos, durante las protestas de Black Lives Matter de 2020, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban, pero también contra la prensa. En el estado de Iowa, a la periodista Andrea Sahouri la rociaron con pulverizador de pimienta, aunque ella gritó “¡Soy de la prensa, soy de la prensa!”, y la detuvieron, acusada de no dispersarse. Un año después fue declarada inocente.

En México, en 2020 fueron asesinadas 3.723 mujeres, es decir, 10 murieron violentamente cada día. Son asesinatos que quedan silenciados e impunes porque el Estado no cumple con su deber de proteger a las mujeres y de ejercer justicia y reparación. Aunque las manifestaciones feministas contra la violencia de género son pacíficas, y es la policía la que responde con un empleo excesivo de la fuerza, son las manifestantes las estigmatizadas como violentas. Los estereotipos de género están muy presentes en el comportamiento policial. A las detenidas se las acosa y se las amenaza con someterlas a violencia sexual.

No es casual que en algunos de estos países, y en otros en los que el Estado ejerce, por acción u omisión, violencia contra las mujeres, las acusaciones en los procesos judiciales contra las defensoras de los derechos humanos siempre están cargadas de estereotipos de género. Además, los delitos que se les imputan muchas veces son acusaciones fabricadas para desacreditarlas.

Le pasó a Nasrin Sotoudeh, una abogada iraní que ha defendido a mujeres acusadas de no cumplir con las estrictas normas de vestimenta impuestas por los ayatolás. Ha sido condenada a 38 años de cárcel y a recibir 148 latigazos por “incitar a la corrupción y la prostitución” y “cometer abiertamente un acto pecaminoso, apareciendo en público sin hiyab”, según manifiesta la sentencia.

Las acusaciones en los procesos judiciales contra las defensoras de los derechos humanos siempre están cargadas de estereotipos de género. Los delitos que se les imputan muchas veces son fabricadas para desacreditarlas

En Egipto, las jóvenes Hanin Hossam y Mawada el Adham han sido condenadas a 10 y seis años de cárcel, respectivamente, acusadas de actuar en las redes sociales contra la “decencia” e “incitar a la inmoralidad”.

A su vez, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digna Ochoa, una defensora de los derechos humanos asesinada en México, ha condenado al Estado mexicano porque las investigaciones, que prejuzgaron que se había suicidado, estuvieron plagadas de estereotipos de género. Entre otros, señalaban aspectos íntimos de su vida personal para dañar su reputación a fin de minimizar el hecho del asesinato.

Porque la violencia de género en sus múltiples formas siempre tiene, como objetivo último, anular la libertad de las mujeres y, con ella, su capacidad de ser responsables, de tomar decisiones, de actuar, de estar presentes en el espacio público. Con todo ello, pretende situarlas en la minoría de edad.

Pero la resistencia de las mujeres en todo el mundo, sus manifestaciones y luchas contra la violencia de género y en defensa de sus derechos, es justamente lo contrario. Es resistencia colectiva. Ellas muestran en grupo los derechos humanos que no son tenidos en cuenta por el Estado, los desatendidos. Se manifiestan en público de forma no violenta. Se ponen de acuerdo y generan consensos para conseguir una buena vida en común. Es la fuerza del “nosotras” para producir el cambio, para empezar algo nuevo. La energía de las iraníes, de las afganas, que desobedecen las leyes discriminatorias del poder para defender sus derechos como mujeres.