Autor: Editora

  • Incumplieron poderes y órganos autónomos con programas de género

    Incumplieron poderes y órganos autónomos con programas de género

    Los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos incumplieron con la asignación y ejercicio de recursos, durante 2021, en los tres principales programas vinculados a la igualdad de género, prevención y atención de violencia contra las mujeres; el único que cumplió fue el Poder Ejecutivo, con una asignación de 4.2 por ciento del total de recursos ejercidos.

    De acuerdo con el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas que hizo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), esta fue una de las principales causas por las cuales prácticamente hicieron observaciones a los distintos entes públicos, por carecer de políticas a favor de la igualdad de género.

    De la revisión al informe que la auditoria entregó a la Legislatura local y se hizo público en su página de internet se desprende que la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos cumplieron de manera parcial, pero el resto, es decir, el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativo, el Tribunal Electoral, el Instituto de Transparencia y la Universidad no consideraron este rubro.

    En general existen tres programas a los cuales todas las instancias públicas debieron destinar recursos y ejercer acciones en favor de la igualdad, que son:

    • Procuración de justicia, igualdad de trato y oportunidades e inclusión económica para la igualdad del género; en el marco de sus responsabilidades.

    Cumplimiento parcial

    En el caso de la Fiscalía General de Justicia sólo asignó 3.5 por ciento de su presupuesto total para programas vinculados a la igualdad de género y prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en la vertiente de procuración de justicia.

    La Comisión de Derechos Humanos destino 10 por ciento de sus recursos a lo relacionado a igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre con un presupuesto de 26.2 millones de pesos.

    Sin atención a la mujer

    En el caso del Instituto de Transparencia del Estado de México, el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Universidad Autónoma del Estado de México, no ejercieron un solo centavo a lo relacionado con la igualdad de género, prevención y atención de violencia contra las mujeres.

    Tampoco lo hicieron el Poder Legislativo ni el Poder Judicial del Estado de México, pues de las auditorías no se desprendió información relacionada con inversiones ni acciones que busquen reducir la violencia de género o mejores condiciones para uno de los sectores de la sociedad históricamente discriminados.

    El único cumplido

    Solamente el Poder Ejecutivo cumplió con los tres programas de igualdad de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a los cuales asigno 12 mil 143.1 millones de pesos, los cuales presentan 4.2 por ciento del presupuesto total utilizado durante el ejercicio fiscal 2021, que fue auditado por el OSFEM.

  • Mujeres combaten la desigualdad de género dentro de la industria musical

    Mujeres combaten la desigualdad de género dentro de la industria musical

    “Estamos muy acostumbrados a que siempre las figuras de la música sean hombres” asegura Paz Villaseñor, cantante, directora, compositora y productora musical. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2014, 93 de cada 100 personas en la escena musical son hombres Este mismo estudio revela que, las mujeres predominan como trabajadoras subordinadas y remuneradas, pues de cada 100 músicos, 71.9% de las mujeres ocupa este puesto, contrario del varón que sobresale en cifras como empleador.

    “En los ensambles siempre son hombres quienes ocupan el lugar de poder”,  afirma la música arpista profesional Ariadna Bucio, integrante de la Colectiva Tsunami. Aunado a ello, advierte que esto impacta directamente la remuneración de su trabajo e, incluso, las jornadas laborales que deben desempeñar para alcanzar un salario semejante al de sus colegas “hay una brecha de género, no terminamos de ganar lo mismo que ganan los hombres”, recalca.

    Una mujer trabaja en promedio 25 horas a la semana (tres horas más que el músico), e incluso se registra en 22 de cada 100 mujeres un lapso de 48 o más horas ejerciendo. Y a pesar del notable desempeño, no son remuneradas equitativamente, mientras el hombre percibe 87.4 pesos la hora, la mujer recibe 71.4 pesos, es decir: 16 pesos menos.

    La investigación “Igualdad de género en orquestas profesionales de México” de Ivette Ambrosio y Lázaro Márquez en 2021, revela que los Estados están lejos de  garantizar el ejercicio de los derechos culturales de toda la población, pues la participación de las mujeres sigue siendo inferior a lo esperado.

    Fotografía Facebook Colectiva Tsunami.

    La periodista Alejandra Carrillo para el medio Mural informó que en 2021 existían 30 orquestas profesionales, de las cuales solo dos eran dirigidas por mujeresGabriela Díaz en la Orquesta Sinfónica Mexiquense y Natalia Riazanova liderando la Orquesta del Estado de Durango. Jalisco no queda fuera de esta realidad, pues la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en sus más de 106 años de trayectoria, solo ha contado con una dirección femenina, la de Alondra de la Parra, durante un año. Si bien De la Parra fue desairada en Jalisco, su nombre resuena en el continente europeo, participando en orquestas y filarmónicas de París, Londres, Zurich, São Paulo, Berlín y más.

    Foto de Fernando Aceves, 2010

    “Our Music My Body”

    Una de las muchas violencias que sufre la mujer dentro de la industria, es el acoso. Según la organización “Our Music My Body” publicada en el año 2021, el 70% de artistas mujeres a nivel mundial han reportado haber sido víctimas de acoso sexual en algún punto de sus carreras. Así mismo, un alto porcentaje de mujeres han recibido comentarios sexistas sobre sus cuerpos y otras han denunciado manoseo en espacios como conciertos. Es tal la frecuencia, que el 85% de estas mujeres no reportan tales actos porque existe una visión clara de que la industria de la música puede resultar un lugar peligroso para la mujer. 

    Era un secreto a voces que los directores mandaban llamar a las instrumentistas, y no necesariamente para hablar de temas musicales, sino simplemente para acosarlas o verlas en sus camerinos”, relata Bucio.

    Los espacios de ensayo resultan poco seguros, debido a toda una vieja escuela de directores que “acostumbran” violentar a las mujeres músicas, al igual que acosarlas y hostigarlas. El ámbito del acoso es frecuente en distintos lugares, dice Bucio,  ya sean ensambles, estudios de grabación, tocadas, conciertos, las antes mencionadas orquestas y demás. A la par advierte que el hostigamiento suele justificarse como un favoritismo por parte de los directores a las instrumentistas de las orquestas, cuando, en realidad, las mujeres están siendo violentadas.

    Otra situación desfavorable es la discriminación que las mujeres embarazadas sufren por su maternidad. Es usual que las mujeres que deciden ser madres en la industria musical, se vean condicionadas para continuar con sus carreras. Las integrantes de la Colectiva Tsunami (Ariadna Bucio y Liliana Guzmán) hacen hincapié en la gravedad del problema, argumentando que nadie limita el trabajo de un varón cuando se vuelve padre, a diferencia del caso de una mujer que cuando se vuelve madre poco a poco empiezan a relegarla de las actividades musicales. Bucio cuenta sobre casos específicos dentro de las orquestas donde una vez que hombre y mujer se vuelven padres, la que termina afectada es la mujer, bajo el argumento de que “ya no sirve” o “ya no tiene futuro”.

    Imagen Facebook Colectiva Tsunami.

    Liliana Guzmán, investigadora musical y violinista, cuenta el caso de una joven instrumentista prometedora a la cual su profesor le negó la impartición de clases particulares de música una vez que se embarazó. Este acontecimiento  impactó en su carrera: “ella contaba cómo trató de recuperar su vida y su visión después de que le negaran las clases”, narra Guzmán.

    “Toca como hombre” 

    La revista Forbes informó que las mujeres en la industria musical a nivel mundial tienen una participación del 30%, mientras que, los hombres ocupan el otro 70%. Además, las músicas tienden a ser ignoradas, mal pagadas, híper – sexualizadas y obtienen menos rotación en las distintas plataformas musicales. Una de las manifestaciones del sexismo aparece en forma de comentarios que estereotipan a la mujer y fomentan la superioridad del varón, tal como lo experimentó la saxofonista Aracely Arroyo “toca como hombre o toca con más fuerza. Aquí también vas a sudar y a lo mejor se te corre el maquillaje” le decían sus profesores.

    Paz Villaseñor es cantante, directora, arreglista vocal, artista independiente emergente y maestra. En entrevista para este medio, Paz Villaseñor relata que su experiencia en la música ha sido compleja debido a que, según cuenta, en la industria una mujer cantante se objetiviza y se construye de acuerdo a una perspectiva masculina. “¿Cómo vas a dirigir tú cantantes, a tu edad y aparte siendo mujer?” es la pregunta más usual que recibe Villaseñor en su oficio. Ella cuenta que a menudo no es tomada en serio solamente por su género, pues cuando se tratan de sus compañeros músicos varones, ellos no reciben los mismos cuestionamientos.  

    Además, Villaseñor mencionó que un prejuicio común en el mundo musical es que las mujeres sean vistas más como performers que como productoras. Villaseñor cuenta que es común que las personas no crean que es productora musical, ya que suelen asumir que las mujeres “no pueden” ocupar estos puestos, sino más bien las hilan al papel de solo cantantes. Para Villaseñor esto ha resultado injusto, pues se considera igual de capaz para la producción que los hombres en la música.

    Laura Gallegos, estudiante de Producción Musical y artista emergente también ha experimentado dentro de su carrera actitudes y tratos sexistas, incluso, dentro de sus procesos formativos “de repente te quieren dar a entender que saben más, pero es algo que, aunque suene mal decirlo, estás acostumbrada como mujer”. En el punto de vista de Gallegos, resulta muy injusto que a pesar de que las mujeres sean bastante exitosas, el salario que reciben no sea el mismo que el de un hombre, ni tampoco el reconocimiento. “Es muy triste ver cómo a las mujeres aún no se les da el respeto que merecen o no se les toma tan en serio”; menciona Gallegos.

    Fotografía Facebook Colectiva Tsunami.

    Mujeres creando nuevos caminos para futuros prósperos 

    La desigualdad de género se está combatiendo con las mismas mujeres que deciden defender su puesto, levantar la voz, hacer sonar su música e invitar a más músicas a participar en el camino. “Es una lucha que se tiene que seguir haciendo y el sueño sería que ya no tuviéramos que pensar en estos espacios, porque estos espacios solitos se van a abrir” menciona Arroyo.

    Crear plataformas, proyectos o cualquier tipo de mecanismo que visibilice estas diferencias sistemáticas, promueva y que reconozca el trabajo de las músicas, permite abrir nuevos caminos que rompen con los paradigmas impuestos por el patriarcado: “el mundo que ya está construido es muy lento cambiarlo, pero siempre podemos crear el nuestro” asegura Bucio, integrante de la Colectiva Tsunami. Las acciones que se toman tanto individual como colectivamente, tanto de hombres, pero sobre todo de mujeres, permite que esta estructura que las vulnera poco a poco vaya perdiendo fuerza.  

    Paz Villaseñor, es un ejemplo de resistencia y lucha. Con grandes proyectos en puerta que saldrán este mismo año, Villaseñor ha logrado participar y crear obras musicales personales y en colaboración que abren la puerta al diálogo respecto a la mujer. De igual manera, también está buscando conseguir productoras y compositoras mujeres para sus próximos proyectos. “No importa que me cueste más trabajo, no importa que me tarde más, pero voy a involucrar mujeres en mi proyecto” afirma la cantante en la entrevista.

    “Tengo una canción que habla sobre una vedette”, resalta Villaseñor. No solo se trata de visibilizar la condición de la mujer en un par de contextos, sino reconocer que cada una de ellas a partir de su entorno, raza, etnia, religión y más, experimenta diferentes desafíos, mismos que, además, parten desde diferentes puntos en esta carrera de la vida, es decir, con mayor o menor privilegio tanto social, económico y político, por lo que, reconocerlos y darlos a conocer por medio de canciones abre el panorama que existe sobre la situación en la que como sociedad nos encontramos respecto a la represión y desigualdad de género.    

    Colectiva Tsunami. Fotografía Denisse Figueroa.

    Otro ejemplo de resistencia es la Colectiva Tsunamiuna red de mujeres músicas mexicanas que tienen como objetivo generar espacios que permitan el encuentro entre artistas desde una perspectiva de género. Ellas buscan abrir las puertas de la industria a toda aquella mujer que quiera formar parte de su orquesta. Esta comunidad, desde una perspectiva feminista, logra impulsar y motivar a las mujeres que quieren explorar su talento artístico, brindándoles un espacio completamente seguro para hacerlo. Además de generar el diálogo en torno a la situación de desigualdad, eventos como conciertos y una constante actividad en redes sociales para visibilizar a las músicas. Actualmente, seguirán presentando el disco que recientemente sacaron de forma presencial, distribuyéndolo en las plataformas digitales.

    La saxofonista Aracely Arroyo, ha creado el Foro Interdisciplinario de Mujeres Artistas (FIMA) que tiene como objetivo favorecer la comunidad entre mujeres “FIMA, nace de una materia de gestión cultural y de una inquietud por hacer actividades para favorecer a la comunidad de mujeres artistas” dice Arroyo, directora general de FIMA. Además, cuenta con “Piacere Ensamble” otro de sus proyectos, que tendrá para febrero del 2023 su primera producción discográfica de nombre “Reflejos Sonoros Veracruzanos”.

    “Lo que les recomiendo a todas las mujeres que quieran hacer música es que lo hagan” concluye Villaseñor como un mensaje para todas las futuras músicas.

    ***

    Por Dominiq Varela, Mónica Ocampo, Andrea Ortega, Andrés Borquez y Jimena Rojas

    Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como socio formador.

  • Morado, verde, naranja, rosa y blanco, esta es la cromática de la lucha feminista

    Morado, verde, naranja, rosa y blanco, esta es la cromática de la lucha feminista

    Los colores moradoverde y naranja en particular se asocian con la lucha de los colectivos feministas —y ahora colectivas—, pero hay otros que también identifican otras luchas que a lo largo de la historia las mujeres han protagonizado.

    La activista Fernanda Dudette propuso en 2021 la combinación del morado, rosa y verde para que fuera la bandera feminista, dándole el nombre de “bandera interseccional sorora y aliada”.

    Naranja: el color contra la violencia de género

    El naranja fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para representar un día que tiene como objetivo visibilizar la erradicación de la violencia contra las mujeres.

    Simboliza el futuro ‘brillante y optimista libre de violencia’ contra niñas y mujeres, según datos oficiales.

    La ONU decretó en 1999 que el 25 de noviembre —también denominado 25N— es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aunque en Latinoamérica se conmemora desde 1981.

    Violeta

    Considerado el color del feminismo por ser el primero utilizado en la lucha feminista desde la primera década de 1900, por el grupo de mujeres identificado como las sufragistas inglesas, cuando uno de los motivos de lucha más fuertes era el voto femenino universal.

    Un dato importante del color es que la mezcla entre rosa y azul —siendo dos colores estereotípicos de los géneros —, da morado.

    También existe una teoría en la que el color elegido por las trabajadoras de las fábricas de Nueva York durante las huelgas laborales en 1857.

    Otro dato que se tiene es que en 1911, se incendió la fábrica Triangle Shirtwaist, en donde al menos 146 personas perdieron la vida, la mayoría mujeres, por no poder escapar de las instalaciones.

    Se cuenta que el humo que salía de la edificación era violeta, por lo que se convirtió en el color de lucha.

    Verde

    El color verde fue elegido originalmete por el movimiento feminista en Argentina, con el fin de representar la lucha a favor del aborto libre y seguro, conocida como la ‘marea verde’.

    Este color se porta en pañuelos en los brazos, y el cuello o las muñecas como símbolo de que se está a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; así como la despenalización del aborto.

    Blanco

    A finales de los años 80, siguió la ‘camaña del lazo blanco’ en Canadá, luego del asesinato de 14 adolecentes por cursar una licenciatura destinada para hombres.

    Desde 1999, distintas asociaciones de hombres y mujeres propusieron en Europa la campaña que consistía en llevar un lazo blanco en representación del compromiso de no ser cómplices o ejercer violencia contra las mujeres.

    Rosa

    El rosa representa la lucha contra el cáncer de mama, siendo su predecesor el color rojo, elegido por la Fundación Susan G. Komen For the Cure en Estados Unidos a principios de los 90. La editora de la revista ‘Self’ buscó a la sobreviviente de cáncer de mama y vicepresidenta de los cosméticos Estée Lauder, Evelyn Lauder, e iniciaron una campaña para apoyar la causa en los comercios ubicados en Nueva York.

    El lazo rosa representa el miedo a la enfermedad y la esperanza de la curación. Portar con un lazo rosa representa el apoyo a las mujeres diagnosticadas con este tipo de cáncer.

    Además del rosa, el cáncer en mujeres ha estado representado por el lazo verde azulado, que representa al cáncer de ovarios.

    ¿Por qué el rechazo feminista al color rojo?

    El cambio de rojo a violeta en la historia del feminismo fue aproximadamente en los años 60, ya que el rojo estaba más relacionado con los Partidos Comunistas del Bloque Soviético.

    Las primeras banderas rojas registradas fueron de las feministas Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai, delegadas de sus partidos de la Primera Conferencia de las Mujeres Socialistas, en 1907; y de la Segunda, en Dinamarca, en 1910.

  • ¿Por qué la violencia contra las mujeres es un problema de salud mental pública?

    ¿Por qué la violencia contra las mujeres es un problema de salud mental pública?

    La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas a nivel mundial. Esta afirmación ya difícilmente puede ponerse en duda, fundamentada en datos recogidos durante décadas que demuestran que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido abuso a lo largo de su vida. El estudio global más reciente detalla que la violencia contra las mujeres en el contexto de la pareja comienza en edades muy tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años ya han sufrido violencia por parte de su pareja. Aunque las tasas varían entre regiones, estas variaciones no se explican solo por el nivel de recursos de cada país; algunos de los países con más altos recursos presentan también alta prevalencia de violencia contra las mujeres, en especial en lo que respecta a la violencia por parte de la pareja. Vaya como ejemplo las agresiones que sufren las mujeres en Reino Unido cada vez que Inglaterra pierde un partido de fútbol.

    Partimos, pues, de una realidad clara: la violencia contra las mujeres existe de manera masiva. No es un caso aislado, no está localizado en una sola región. No es algo que solo pasa en otro continente, o en otro país, ni siquiera en otro pueblo. Es muy probable que conozcas a una pareja donde la mujer es víctima de abusos físicos o sexuales por parte de su compañero. Puede ser una pareja amiga, familiares, vecinos, o nosotros mismos.

    Las implicaciones que esta realidad tiene sobre el conjunto de la sociedad son enormes, lo que ha promovido la puesta en marcha de un sistema internacional de monitorización y recomendaciones para eliminar definitivamente la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud pública, la eliminación de la violencia contra las mujeres (es decir, el 50% de la población) comienza a delinearse como una de las estrategias más efectivas de prevención.

    ¿Qué sabemos sobre los efectos de la violencia en la salud de las mujeres? El efecto más claro es que mata. Según estimaciones de Naciones Unidas, 47.000 mujeres y niñas murieron asesinadas por sus parejas o alguien de su familia solo en 2020. Más aún, el año pasado tuvimos los primeros datos poblacionales que demuestran que el homicidio está entre las primeras causas de muerte de las mujeres embarazadas en Estados Unidos.

    La violencia contra las mujeres existe de manera masiva. No es un caso aislado, no está localizado en una sola región

    Las enfermedades y problemas de salud más estrechamente asociados a la violencia física y sexual son aquellos que impactan directamente en el cuerpo. Los golpes en la cabeza o el estrangulamiento pueden conducir a traumatismos cerebrales con consecuencias a largo plazo. Las enfermedades infecciosas y las que afectan al órgano reproductor también son un problema grave de salud entre las supervivientes: enfermedades de transmisión sexual, sangrado vaginal, infecciones vaginales y del tracto urinario, dolor pélvico, relaciones sexuales dolorosas, son algunas de las más claramente relacionadas con la violencia sexual.

    El impacto de la violencia contra las mujeres en la salud mental es abrumador. El estudio Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la Unión Europea reportó que 32% de las mujeres supervivientes de violencia física presentaban ansiedad y 20% depresión, y que estos porcentajes aumentaban en las mujeres supervivientes de violencia sexual: 45% y 35% respectivamente. La encuesta nacional sobre violencia por pareja íntima realizada en Estados Unidos y publicada en 2018 demostró que más del 50% de las supervivientes presentaban trastorno por estrés postraumático.

    La violencia contra las mujeres incrementa por tres el riesgo de tener pensamientos y conductas suicidas entre las supervivientes. Ahora bien, la relación entre violencia y salud mental requiere una reflexión más detallada que la que guía la empatía. No se trata de una relación que podemos explicar solo por el sentido común. De hecho, de hacerlo así, corremos el riesgo de trivializar el problema y, como consecuencia, sus soluciones. La propuesta que más frecuentemente escuchan las víctimas es “déjalo”, como si de un problema personal se tratase.

    El punto clave para comprender la relación entre violencia contra la mujer y problemas de la salud mental es la reflexión sobre el contexto en que en la mayoría de casos se produce la violencia: una relación íntima. Las relaciones de pareja con características violentas duran una media de 10 años; durante este tiempo los actos violentos se van presentando de manera insidiosa y se repiten en ciclos. Las violencias son múltiples (física y sexual, pero también psicológica, vicaria, de control…) y se superponen, y el miedo progresivamente pasa a ser la emoción más prevalente.

    Las mujeres utilizan diferentes estrategias destinadas a relajar momentáneamente la situación de violencia, lo que en algunas situaciones significa salvar la propia vida o la de los hijos. Poco a poco, estas estrategias de afrontamiento del miedo van marcando las emociones y los comportamientos, y moldean qué se hace y qué es dice ya no solo dentro de casa, sino también en otros ámbitos sociales y laborales.

    La percepción y gestión de los mecanismos de miedo, así como también la afectación de los procesos de afrontamiento y respuesta a situaciones de estrés, son una característica fundamental de los síntomas que definen a los problemas de salud mental más comunes entre las mujeres supervivientes: depresión, ansiedad, estrés postraumático. Estas condiciones no son estáticas, sino que tienen una trayectoria a lo largo del tiempo; pueden presentarse de manera irregular y superponerse a lo largo de la vida.

    Desde esta perspectiva, los problemas de salud mental frecuentes en mujeres supervivientes pueden verse como parte de un proceso dinámico de la experiencia entre la persona y un entorno caracterizado por altos niveles de alerta frente a amenazas impredecibles, y un muy limitado control de la situación.

    Poner el foco en la salud mental de las supervivientes permite no solo reflexionar con mayor profundidad sobre una realidad extremadamente compleja, sino también identificar relaciones con otros problemas de salud que no resultan tan obvios a simple vista. Por ejemplo, la evidencia de la asociación entre violencia y los mecanismos de respuesta al estrés ha conducido a estudiar su impacto a medio y largo plazo en la aparición de enfermedades crónicas que se relacionan con estos mismos mecanismos. Comenzamos a tener datos que muestran que la violencia contra las mujeres aumenta sus probabilidades de sufrir enfermedades cardiometabólicas (cardiovasculares y diabetes tipo II), respiratorias y cáncer de cuello uterino.

    Reflexionar sobre los efectos de la violencia podría parecer un trabajo más propio de la sociología y la política que de los profesionales sanitarios. Pero los profesionales de la salud están entre quienes más probabilidad tienen de recibir en sus consultas mujeres supervivientes de violencia. Hasta hace poco tiempo (y aún sucede en una gran mayoría de centros de salud), la relación entre lesiones o incluso traumatismo de cráneo y violencia en la pareja era difícil de identificar a falta de mecanismos específicos en los servicios de urgencias donde la víctima pudiera ser asistida sin la presencia de su pareja en la consulta.

    Ejemplos similares se pueden encontrar en otras áreas, incluida la de la salud mental, donde se está trabajando en protocolos para la identificación sistemática de violencia. Quizás en un futuro no muy lejano veremos iniciativas en servicios de cardiología, oncología, y otras especialidades médicas.

    La eliminación de la violencia contra la mujer debe ser una prioridad para la prevención de la salud pública. Ya no solo para prevenir la enfermedad entre quienes aún no han estado expuestas, sino también para las supervivientes. Que la exposición a un entorno amenazante puede conducir a enfermar es muestra de plasticidad y flexibilidad frente al cambio, y deja el camino abierto a la posibilidad de que se restablezca la salud y la calidad de vida si el entorno (de pareja, familia, social) se transforma en uno promotor de bienestar. Es fundamental, eso sí, que las políticas de prevención de la salud se nutran de perspectivas complementarias.

    En el caso de las consecuencias en la salud de la violencia contra las mujeres, la Organización Mundial de la Salud recomienda un marco de trabajo con un enfoque basado en los derechos humanos. Imagino un futuro de la salud mental pública donde la perspectiva de los derechos humanos dialoga con la psicología, la medicina, y la innovación para construir estrategias basadas en evidencia y que respondan a las necesidades reales de toda la población.

  • Mujeres destinan 74% de su tiempo a actividades no remuneradas: Inmujeres

    Mujeres destinan 74% de su tiempo a actividades no remuneradas: Inmujeres

    En México, las mujeres destinan el 74 por ciento de su tiempo -tres veces más que los hombres- al trabajo doméstico y de cuidados, actividades no remuneradas a pesar de que equivalen al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), destacó la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)Nadine Gasman Zylbermann.

    Al participar en la 29 Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (Cocoef) con los gobiernos estatales del país, que organizó la Secretaría de Gobernación (Segob), subrayó que esas mujeres sólo pueden dedicar 31 por ciento del tiempo al trabajo remunerado; en este sentido.

    En su conferencia magistral, Nadine Gasman expuso que el Inmujeres propone agregar el Sistema Nacional de Cuidados como un pilar más del sistema de bienestar, que incluye educación, salud y bienestar social, pues “dicho sistema tiene que ver con la vida de las mujeres, las familias y la sociedad.

    Señaló que cuando se habla de “cuidados” se hace referencia a las actividades que se generan diariamente para el bienestar físico y emocional de las personas; dicho trabajo es invisible y no remunerado, y se desarrolla casi en su totalidad por las mujeres, pero es sumamente esencial para el sostenimiento de la vida y para la reproduccción de la fuerza de trabajo. En este sentido, mencionó que la mayoría de las personas en algún momento de la vida han recibido o han brindado algún tipo de cuidado.

    La presidenta de Inmujeres recalcó la importancia de garantizar los derechos de las personas que necesitan cuidados y de quienes las cuidan, así como de promover el autocuidado y el intercuidado, como una responsabilidad social, entre mujeres, hombres, familias, comunidades e instituciones públicas y privadas.

  • En Guatemala, el 90% de mujeres no tiene acceso a salud sexual y reproductiva

    En Guatemala, el 90% de mujeres no tiene acceso a salud sexual y reproductiva

    Organizaciones de la sociedad civil presentaron este martes un informe que asegura que el 90 por ciento de mujeres no tiene acceso a salud sexual y reproductiva y señala los límites que existen en atención a violencia cometida contra mujeres cisgénero y mujeres trans.

    «Hemos constatado que tenemos grandes rezagos en salud sexual y reproductiva, las mujeres siguen siendo discriminadas», declaró a EFE Silvia Menchú, una trabajadora social y representante del Consorcio por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

    El informe «Discriminación y criminalización de mujeres y jóvenes por el ejercicio de su sexualidad», realizado por más de 10 organizaciones de mujeres, encuestó a 1,300 mujeres de seis diferentes departamentos (provincias) de Guatemala para obtener una muestra de esta realidad.

    – ANUNCIOS –

    Durante el estudio el 90 por ciento de las mujeres y jóvenes encuestados aseguraron no tener acceso a atención sexual y reproductiva.

    Además, el 69 por ciento de 100 mujeres trans consultadas aseguró tampoco tener acceso a este tipo de servicios de salud.

    Mientras tanto, de las mujeres que aseguraron recibir atención sexual y reproductiva el 45% lo recibe en servicios públicos, el 37 por ciento en lo privado y un 4 por ciento en organizaciones no gubernamentales.

    La trabajadora social Menchú aseguró que muchas mujeres y jóvenes desisten de buscar atención debido a que los propios servicios públicos de salud suelen estigmatizarlos cuando se trata de temas sexuales.

    El estudio también detalla que 17 de cada 20 mujeres encuestadas tienen conocimientos sobre métodos anticonceptivos, sin embargo la mayoría se concentran en la Ciudad de Guatemala.

    La «violencia social» es el tipo de violencia más común que sufren las mujeres cisgénero con un 37 por ciento, al igual que las mujeres trans con un 70 por ciento, según el estudio.

    De acuerdo a los resultados una de las mayores limitantes para recibir ayuda por ser víctimas de violencia sexual es que las mujeres son cuestionadas sobre su actuación previo al hecho violento.

    «Lamentablemente en las comunidades indígenas la desigualdad y la falta de acceso integral a salud se ha normalizado y esto nos mantiene sobreviviendo sin poder alcanzar derechos básicos», concluyó Silvia Menchú.

    En marzo de este año, el Congreso de Guatemala, encabezado por diputados oficialistas aprobaron una ley contra el aborto que también prohibía la educación sexual integral en el sistema educativo, pero la ley fue vetada por el presidente Alejandro Giammattei.

    Entre enero y octubre Guatemala registró 1.824 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años, según datos del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR).

    (c) Agencia EFE

  • Nuevos retos para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias

    Nuevos retos para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias

    Durante la Asamblea Anual 2022 del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), se ratificó a la empresaria Araceli W. Ching, como presidenta del capítulo Nuevo León, para el periodo 2022-2024. El principal objetivo para 2023 es impulsar el programa Fortaleza, para capacitar y dar seguimiento a las microempresarias hasta conseguir su alta ante el SAT, para tener acceso al financiamiento de la banca comercial.

    «El programa Fortaleza tiene una duración de cuatro meses, donde las acompañamos y encaminamos a la formalización de su emprendimiento, hasta llegar a registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que puedan tener acceso a créditos y no queden en el sector informal”, comentó a El Economista Araceli W. Ching.

    Explicó que las emprendedoras del estado que deseen participar en este programa, pueden contactar directamente al CCME, capítulo Nuevo León, quienes las van a canalizar con integrantes del Consejo, que son especialistas en el tema.

    Durante su discurso, Araceli W. Ching, destacó que entre los objetivos del grupo de empresarias que encabeza están: el dar voz a las mujeres empresarias y apoyar a las emprendedoras que están en la base de la pirámide.

    “El contexto actual exige aliarnos, contar con redes de apoyo en el gobierno, la academia y la sociedad”.

    Actualmente cuentan con 138 socias y han hecho alianzas con 37 organismos e instituciones educativas, así como las Cámaras Empresariales.

    “Mi mayor aspiración, es que lleguemos a más mujeres, reduciendo la brecha salarial de la base de la pirámide; podamos igualar los salarios de las altas ejecutivas con lo que ganan los hombres y que las ejecutivas participen en los Consejos de Administración de las grandes compañías”, aseveró Araceli W. Ching.

    Posada con causa

    Además de ratificar al Comité Directivo del CCME, durante la Asamblea Anual 2022, se realizó una posada con causa; con lo que se logre recaudar se apoyará a las mujeres policías de Escobedo, Apodaca y Guadalupe, así como a la comunidad migrante.

    En relación con los migrantes que se encuentran actualmente en Monterrey, y están en una situación difícil ante las bajas temperaturas que se registran, la dirigente del CCME comentó: “estamos trabajando con un equipo muy fuerte, con Casa Indi, Casa Monarca y hacemos una aportación para que tengan un trabajo formal y digno”.

    La Casa Indi, ubicada en la Avenida Bernardo Reyes, en Monterrey, que dirige el Padre Felipe de Jesús Sánchez Gallegos, en julio de este año aumentó el número de migrantes de 650 a 750, muchos de ellos, provenientes de Nicaragua, el sur de México y Guatemala, quienes buscan albergue temporal, mientras continúan rumbo a la frontera con Estados Unidos.

    En cambio, la mayoría de los migrantes de Haití se fueron asentando en municipios como García, Juárez o Escobedo y se han integrado a la vida productiva del estado, tramitando sus permisos para trabajar ante el Instituto Nacional de Migración.

  • Feminicidio un delito que se mantiene «oculto» en las cifras oficiales

    Feminicidio un delito que se mantiene «oculto» en las cifras oficiales

    El 5 de junio María L. Chablé fue asesinada a golpes en el poblado Aquiles Serdán del municipio de Macuspana, Tabasco. Dos días después, la Fiscalía General del Estado clasificó ese crimen como homicidio calificado, sin embargo, activistas denunciaron que no se trató de un homicidio, sino de un feminicidio.

    La Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas denunciaron que Chablé fue asesinada por ser mujer, lesbiana y que su cuerpo fue expuesto en forma degradante por horas, por lo que se trató de un feminicidio y no de un homicidio.

    El caso de María L. Chablé es parte de las tres de cada cuatro muertes violentas de mujeres que en México que se investigan como homicidio y no como feminicidio, ello a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que desde la apertura de la investigación, toda muerte violenta de mujer debe ser clasificada como feminicidio.

    El artículo 325 del Código Penal Federal establece que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios. Sin embargo, el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) —que se compone con datos de las Fiscalías estatales— expone que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2022, ocurrieron 14,479 muertes violentas de mujeres, de las que 3,662 se investigan como feminicidios y 10,817 como homicidios dolosos, es decir, en México, solo 1 de cada 4 muertes es investigada como feminicidio.

     

    El feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra la mujer, está tipificado a nivel federal y para que se considere un asesinato por razones de género, se deben presentarse alguna de estas circunstancias:

    1. La víctima debe presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo.
    2. Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
    3. Antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
    4. Que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre victimario y víctima.
    5. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo, acoso o lesiones del victimario en contra de la víctima.
    6. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
    7. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

    Desde 2015, que el SESNSP tiene registro de feminicidios en el país, 5,718 muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio, las cuales representan el 23.6% de los homicidios dolosos ocurridos en el país en ese periodo.

    A nivel local, ninguna fiscalía investiga el 100% de las muertes de mujeres como feminicidio. Hay estados como Sinaloa que indaga el 73% de los homicidios de mujeres como feminicidio, pero en otros, como Guanajuato, ese porcentaje baja a 5.8%.

     

    En México existe un subregistro en el feminicidio. Algunas fiscalías optan por clasificar el delito como homicidio doloso y no como feminicidio, lo que explica el abismo que existe entre las cifras de ambos delitos, advierten especialistas.

    “La autoridad tiene muchas resistencias a tipificar el delito, prefiere que quede como homicidio doloso que como feminicidio porque el que se diga que hay un contexto feminicida no es una buena nota para el gobierno del estado, estando en un contexto electoral mucho menos”, expresa María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

    La activista indica que las fiscalías y procuradurías de justicia tampoco aplican sus protocolos de investigación de forma adecuada, por lo cual casos de asesinatos de mujeres no se tratan con perspectiva de género y se les sigue revictimizando.

    “Las autoridades ante asesinatos donde presumen puede estar algún grupo delictivo esos no los investigan, los clasifican como homicidios. Zacatecas es uno de los estados que en su informe de la Alerta por Violencia de Género indicó que hay asesinatos por crimen organizado y debería atraerlos la federación; pero son feminicidios y la autoridad los clasifica como homicidios dolosos.

    “Otro problema es que en los casos de niñas, por lo regular, no se clasifican como feminicidios; entonces, la cifra podría ser mayor. Dicen que no hay una relación de poder, piensan que la relación de poder es entre una esposa y un esposo, dos adultos, no entre una niña y un adulto”, explica.

    ¿Por qué no se tipifican las muertes violentas como feminicidios?

    A pesar de haber un Código Penal Federal, cada entidad cuenta con su propio código, por lo que no todas las muertes violentas de mujeres son tipificadas como feminicidios.

    Fátima Gamboa, directora de Equis Justicia para las Mujeres, consideró que es importante estandarizar los criterios bajo los cuales se investigan y juzgan los casos de feminicidio en el país, sin embargo, recomienda no perder de vista las particularidades de cada problema.

    “Tanto feminicidios como asesinatos tendrían que estar en la mirada y en la agenda de las organizaciones feministas, pero también de las autoridades, para que no nos enfoquemos en un porcentaje sino en todos los asesinatos de mujeres”, dijo en entrevista.

    La abogada advirtió que no basta con centrarse en el proceso de juzgar los asesinatos de mujeres sino en su prevención antes de que la violencia feminicida escale hasta ese punto.

    “Cuando llegamos ya a juzgar un feminicidio llegamos tarde. Lo que queremos es que las mujeres no vivan ninguna situación de violencia y para eso hay que seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y protección.

    “Actualmente, las órdenes de protección, a más de 14 años de existir en la legislación mexicana, no se han fortalecido, no se han comprendido y esto tiene que ver con que implica un trabajo integral y de coordinación del trabajo entre las autoridades más que juzgar un caso de asesinato”, señala.

    Las entidades con más feminicidios

    Colima, entidad gobernada por la morenista Indira Vízcaino es el estado con mayor tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres.

    Las entidades con mayor tasa de feminicidios en el país, contemplan diversos criterios para determinar si una muerte violenta de mujer se investiga o no como homicidio por razón de género.

     

    Daniela Osorio, integrante del área de Investigación y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), considera que tener este subregistro provoca que no se tenga una dimensión cercana a la realidad de la violencia mortal en contra de las mujeres, en lo que influye el tener 32 tipificaciones distintas del delito de feminicidio –una en cada entidad– además de la nacional.

    “Si lo que preocupa es tener un buen seguimiento de esta violencia letal creemos que justo es necesario verlo en conjunto, porque para que un feminicidio pueda ser clasificado como tal sí depende del Código Penal de cada entidad federativa, pero también de que los Ministerios Públicos, los investigadores estén capacitados para trabajar con una perspectiva de género que pueda registrar adecuadamente el tipo de violencia de la que fue víctima aquella mujer”, detalla.

     

    Uno de los problemas que genera es sobre la aplicación y diseño de políticas públicas de prevención de la violencia feminicida, pues el aparentar tener un bajo número de víctimas de feminicidio –pese a que la cantidad de muertes violentas clasificadas como homicidio doloso sea mayor– se minimiza la situación.

    “Es importante la diferenciación porque cambia el tipo de prevención que se debería hacer y cuidado que se tendría que tener con las víctimas mujeres; no es lo mismo realizar una prevención por homicidio doloso a realizar una prevención por feminicidio, claramente se necesita de una perspectiva de género”, detalla.

  • Árbitra mexicana Karen Díaz debutó en una Copa del Mundo con duelo entre Marruecos y Croacia

    Árbitra mexicana Karen Díaz debutó en una Copa del Mundo con duelo entre Marruecos y Croacia

    La árbitra Karen Díaz se convirtió en la primer mujer mexicana con participación dentro de una Copa del Mundo, luego que conformó parte del cuerpo de silbantes del duelo entre Marruecos Croacia como asistente de reserva.

    Con doce años de profesional como respaldo a su trayectoria y cuatro con Gafete FIFAKaren Díaz vio acción en el máximo escenario mundial durante la primera fecha en la fase de grupos y lo hizo como silbante asistente de reserva, cuya única tarea es reemplazar a un árbitro asistente o cuarto oficial en caso que no pueda continuar con su labor.

    Karen Díaz de 38 años, gradudada como ingeniera agroindustrial, con acción dentro de la Liga MX desde 2016, primer fémina en un cuerpo arbitral de una final en la competición mexicana, forma parte del colectivo conformado por seis juezas en la Copa Mundial Qatar 2022, en el que se encuentran la francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto con las asistentes brasileña Neuza Back, y la estadounidense Kathryn Nesbitt.

    Stéphanie Frappart, de 38 años e internacional desde 2011, ejerció de cuarta árbitra en el empate a cero entre México y Polonia, y se convirtió en la primera mujer en formar parte de un cuarteto arbitral en un Mundial masculino. Es la colegiada más reputada y reconocida. Tras dirigir los más grandes torneos femeninos, incluidas finales de mundiales En 2019 se convirtió en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa masculina (Liverpool-Chelsea) y en 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Liga de Campeones (Juventus-Dinamo Kiev).

    Salima Mukansanga fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África este año (Zimbabue-Guinea) tras haber sido la cuarta colegiada para el partido Guinea-Malaui, y Yamashita dirigió este abril el encuentro Melbourne City-Jeonnam Dragons de la Champions asiática.

    Yoshimi Yamashita, de 36 años e internacional desde 2015, ha tenido participación en la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Jordania 2016, dos años después en Uruguay y también en el Mundial de la categoría en Francia 2019. En ese mismo año también conformó una tercia arbitral para en la Copa Asiática y un duelo de la liga japonesa.

    Neuza Back ha formado parte de la delegación de silbantes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y ha pitado partidos en la Copa Libertadores.

    Kathryn Nesbit posee nueve años de experiencia como silbante y en 2015 arribó a la MLS, liga en la que ha formado parte de duelos importantes, entre los que destaca la final de la MLS Cup 2020, que la proyectó hacia el Gafete FIFA. Debutó de manera internacional en 2021 en un duelo clasificatorio de la Concacaf para Qatar 2022 entre Canadá y Bermuda.

  • Mujeres contra las rejas

    Mujeres contra las rejas

    Salieron de la cárcel para apoyar a las que quedaron dentro. Beatriz, Adriana, Margarita y Perla –cada una con tragedias a cuestas– sufrieron en carne propia las duras condiciones del encierro: la precariedad, la incertidumbre, las injusticias y los abusos. Una vez liberadas crearon la organización Mujeres Unidas x la Libertad y decidieron volver para mejorar las condiciones de vida de las internas: hacen colectas y les llevan artículos básicos de higiene personal, al tiempo que les acercan información sobre los beneficios de preliberación y les dan talleres de emprendimiento. Son ahora activistas sui géneris… y necesarias.

    En 2011 Beatriz Maldonado Cruz fue la interna número 37057 en las Islas Marías. Ya no tenía nombre, sólo un lápiz labial, un amigo imaginario que la sostuvo para no enloquecer por completo, entre la comida incomible, el agua insalubre, el confinamiento, los castigos…

    La prisión de las Islas Marías, en el Océano Pacífico, finalmente fue cerrada por completo en 2021 y Beatriz ahora es activista junto con otras compañeras que conoció en Santa Martha Acatitla: Adri, Margarita y Perla, quienes luchan para mejorar las condiciones de vida de otras mujeres que se encuentran en prisión.

    Beatriz

    Beatriz fue detenida en marzo de 2010 en la Ciudad de México durante un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación con más de 200 elementos, tres perros y un helicóptero. Eran los años de los operativos espectaculares que fueron parte de la llamada guerra contra las drogas.

    Ella vendió droga para saldar una deuda que no era suya y que ponía en peligro a sus hijos e incluso a su nieta de tres años. Su esposo consumía cocaína y le debía más de 300 mil pesos a un grupo del crimen organizado.

    “Hay un trasfondo. Miles de mujeres tienen la misma situación que yo… en este caso, defender a mi familia”, dice Bety.

    Antes de terminar de pagar la deuda fue detenida con uno de sus hijos y su esposo, quienes eran inocentes. Primero fue llevada a Santa Martha Acatitla, pero en el calderonismo, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –hoy preso en Estados Unidos acusado de conspiración para traficar drogas en alianza con el Cártel de Sinaloa–, hizo de la Islas Marías una cárcel federal de máxima seguridad; y Bety fue trasladada.

    Bety pasó 2011 ahí, y ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 90/2011 por las violaciones a derechos humanos de las y los internos, tratos crueles e inhumanos, además de la escasez de agua para consumo e higiene personal.

    Ella describe el lugar como una especie de campo de concentración, con largas galeras. La temperatura era de 40 y 45 grados centígrados.