Autor: Editora

  • Los cinco sectores con mayor y menor brecha salarial entre mujeres y hombres en 2022

    Los cinco sectores con mayor y menor brecha salarial entre mujeres y hombres en 2022

    La brecha salarial de género es una de las expresiones del sexismo, del valor que la sociedad le da a “una mujer trabajando y a un hombre trabajando”, dijo Laura Tamayo, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

    En un evento que reunió a mujeres y hombres con puestos directivos en empresas y organizaciones civiles, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó los resultados de una investigación acerca de las mujeres ausentes en el espacio: las que menos ganan.

    El reporte Brecha salarial de género: Un comparativo sectorial e internacional, elaborado por el equipo a cargo de Fátima Masse, directora de Sociedad incluyente del Imco, indica que el 70% de las mujeres

    trabajadoras en México “ganan menos de dos salarios mínimos, y pocas crecen durante su trayectoria profesional hasta llegar a puestos de toma de decisión que están mejor pagados”.

    Las investigadoras encontraron que los sectores donde las mujeres ganan mucho menos que los hombres son aquellos donde somos mayoría. En cambio, ganan más que sus compañeros en las industrias donde son pocas trabajadoras como proporción del total.

    De acuerdo con el informe del Imco, la mayor brecha salarial de género está en los medios de comunicación masiva, renglón en el que la diferencia llega a 33 por ciento. En promedio, las comunicadoras, periodistas, fotógrafas, camarógrafas y, en general las mujeres que trabajan en esta industria ganan 67 pesos por cada 100 pesos que le pagan a los hombres.

    La segunda brecha más amplia está en los servicios no gubernamentales, donde a las trabajadoras les pagan 27% menos que a los trabajadores.

    El comercio al por menor tiene la tercera brecha salarial de género más extensa. Valeria Moy, directora general del IMCO, describió a este sector como “las tienditas de la esquina”. La economista detalló que el 57% de los negocios de este tipo está a cargo de mujeres y, aunque en ese segmento realmente no hay diferentes puestos, las mujeres obtienen 26% menos ingresos que los hombres.

    El cuarto y el quinto lugar con mayor desigualdad salarial en detrimento de las mujeres son las manufacturas, así como el sector de hospedaje y preparación de alimentos. En ambas industrias las trabajadoras ganan 24% menos que sus compañeros.

    Sectores en los que no hay brecha

    No hay solución mágica para cerrar esta brecha, producto de un sistema estructural, dijo Fátima Masse. Hay que promocionar y entender los beneficios de las plantillas laborales diversas, uno de ellos es la innovación, apuntó. Para ello hay que saber cómo está la nómina, si hay brecha laboral y dónde.

    Otro paso es implementar políticas de flexibilidad laboral. En las empresas que realmente las ponen en juego de verdad, y no sólo se remiten a permitir el teletrabajo un día que otro, “muchas mujeres tienen un cambio de vida”.

    “Este problema es estructural y responde a una serie de barreras”, señaló Valeria Moy. Por ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado, del que se siguen encargando la mayoría de las mujeres y pocos hombres, se traduce en jornadas laborales más cortas. “Las mujeres tienen menos horas disponibles para trabajar” en un empleo pagado.

    Además, los estereotipos de género “causan una mayor concentración de fuerza laboral femenina o masculina en determinados sectores y ocupaciones”, lo que reduce sus ingresos.

    El sector inmobiliario es uno de los que tienen mayor presencia de mujeres, pero contrario a los cinco anteriores, en este sí se refleja salarialmente su predominio. Esta industria tiene la mayor brecha de género para los hombres, pues ellas ganan en promedio 43% más que ellos.

    A partir de aquí, los otros cuatro sectores en donde las mujeres ganan más, ellas son minoría en las plantillas totales. La industria de la construcción es el segundo empleo donde ellas en promedio reciben más ingresos, ganan hasta 33% más que sus compañeros. Además, apenas el 15% de ellas gana hasta un salario mínimo, en tanto que el 24% de hombres recibe esa cantidad.

    Las mujeres representan solo el 4% del personal y la mayoría ocupa puestos administrativos. Una gran diferencia, y quizá la explicación de esta desigualdad, es que el 54% de mujeres que trabaja en la construcción estudió una licenciatura, mientras que sólo el 9% de hombres llegó a ese nivel educativo.

    Según el Imco, en la minería las mujeres ganan 25% más que los hombres, es el tercer lugar con mejor diferencia salarial en favor de ellas. Los empleos que tienen que ver con electricidad, agua y gas ocupan el cuarto lugar, con una brecha salarial de 9 por ciento. En la quinta posición están las actividades agropecuarias, donde las mujeres ganan hasta 3% más.

    Otro dato importante del estudio es que México tiene una brecha de ingresos de género de 14%, la cual es menor que la de Islandia o Reino Unido. Sin embargo, eso se debe a que hay menos mujeres trabajando en nuestro país que en las naciones europeas, no a una ventaja competitiva del mercado laboral.

  • Sin avances, investigaciones de asesinatos de mujeres, buscadoras y activistas

    Sin avances, investigaciones de asesinatos de mujeres, buscadoras y activistas

    Asesinatos y desapariciones de mujeres, activistas y madres buscadoras permanecen impunes en varios estados pese a los reclamos de justicia de familiares de las víctimas y la indignación ciudadana.

    En algunos casos, las investigaciones en las respectivas fiscalías o procuradurías de justicia no presentan avances, y en otros ni siquiera se han iniciado, y cuando hay detenidos rara vez son sentenciados.

    La lentitud y deficiencia de las indagatorias sobre estos delitos son el común denominador en las fiscalías de Morelos, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Baja California, así como en las procuradurías de Tlaxcala e Hidalgo.

    En Nuevo León, en meses recientes se han perpetrado feminicidios que conmocionaron a la sociedad, que criticó la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado, hasta hace poco a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien renunció por jubilación. Mientras, el nombramiento del nuevo fiscal está en proceso.

    Los casos que destacan son los de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, víctima de feminicidio a los 18 años; Yolanda Martínez Cadena, madre de 26 años; María Fernanda Contreras Ruiz, de 27 años de edad, y Elvia Liliana Fernández, de 23, quien dejó cuatro hijos.

    Debanhi desapareció el 8 de abril. De acuerdo con la versión de las autoridades, venía de una fiesta y descendió de un taxi en la carretera a Nuevo Laredo. El 15 de abril, el gobierno estatal ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera hallarla. El 21 de abril autoridades localizaron el cuerpo de la joven dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla.

    Yolanda Martínez Cadena fue encontrada muerta y la autoridad lo atribuyó a un suicidio. Esta versión no convence a su padre, Gerardo Martínez Bautista, quien sostiene que fue un feminicidio.

    El presunto feminicida de María Fernanda Contreras Ruiz ya está preso, pero el proceso avanza con lentitud.

    Elvia Liliana Fernández, joven madre a quien violaron y secuestraron en el municipio de Salinas Victoria y trasladaron a Guadalupe, donde sus agresores le prendieron fuego y la dieron por muerta, sobrevivió y ahora enfrenta las secuelas de graves quemaduras sin que se haya resuelto su caso.

    En Tlaxcala, la desaparición de Daniela, de 25 años y originaria de Apizaco, el 13 de septiembre de 2020 en esa ciudad, causó indignación social. Ese fue el último día en que la vieron, cuando salió de la casa de su mamá con un amigo.

    Como parte de las investigaciones, el 10 de octubre de 2020 fue detenido en el estado de México Álvaro Daniel N, de 25 años, principal sospechoso de la desaparición de la maestra; sin embargo, se niega a hablar sobre el paradero de Daniela.

    El 21 de mayo pasado, la activista y abogada Cecilia Monzón fue asesinada por sujetos armados que la persiguieron y la acribillaron en el Camino Real a Cholula, Puebla, a la altura del Periférico Ecológico.

    Silvestre N, presunto autor material del asesinato, fue detenido dos meses después del crimen. La fiscalía poblana informó que con su arresto se esclareció el homicidio de la ex pareja sentimental del ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura en 2010, Javier López Zavala, preso por ser presunto autor intelectual.

    El 4 de octubre, la activista Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada a balazos después de que dio a conocer los apodos de narcomenudistas relacionados con la desaparición de su hija Betzabé Alvarado Gallardo, cuyo paradero se desconoce desde enero de 2021.

    El feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de medicina, cometido en enero de 2021, en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, generó indignación social porque ya había denunciado a su perpetrador de acoso y las autoridades no hicieron nada.

    En Jalisco, a Luz Raquel Padilla le rociaron alcohol y le prendieron fuego en julio pasado en el municipio de Zapopan. La fiscalía sugirió que ella se inmoló y su muerte sigue sin resolverse.

    Ese mismo mes, un par de sujetos atacó a puñaladas a la periodista Susana Carreño tras cerrarle el paso a su camioneta. La fiscalía de Jalisco dijo que se trató de un “asalto”. La comunicadora ha denunciado la voracidad de inmobiliarias en Puerto Vallarta.

    En Baja California, el 19 de abril de 2021 Blanca Estela Beltrán, gestora social, fue localizada muerta en un basurero de Tecate. La mujer recibió varios disparos.

    El 19 de marzo, la activista Patricia Rivera Reyes, de 59 años, fue ultimada en una casa de la colonia Terrazas de la Presa, en Tijuana.

    El 23 de enero, la periodista Lourdes Maldonado fue ejecutada en su automóvil estacionado fuera de su casa en Villas de Santa Fe. Denunció conflictos laborales con Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California (2019-2021). Ya hay detenidos.

    Geovanna Daena Segura Rojas fue asesinada de un disparo en la cabeza el 29 de abril de 2022 en una casa de Lomas de Valle Verde, en el puerto de Ensenada, en presencia de su hijo con autismo.

    El homicidio de Marisela Escobedo Ortiz, perpetrado en diciembre de 2010, cuando la activista buscaba justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol; el de Susana Chávez, quien acuñó la frase “ni una más” ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, también cometido en julio de 2010, o la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar en ese año, son algunos de los crímenes que siguen impunes en Chihuahua.

    En Guerrero, Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina Sierra del Sur, en el municipio de Atoyac de Álvarez, fue ultimada frente a su familia.

    Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc), fue acribillada junto con su hijo Reynaldo Santana, de 17 años, en noviembre de 2012.

    En diciembre de 2011, los ambientalistas Eva Alarcón y su compañero Marcial Bautista, de la Ocespcc, desaparecieron cuando viajaban rumbo a la Ciudad de México. Aún se desconoce su paradero.

    En Sonora, Brenda Jazmín, del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, que busca personas desaparecidas, fue encontrada sin vida en el motel El Caminante, en ese municipio, en julio de 2022

    En julio de 2021, Aranza Ramos, del colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora, quien buscaba a su esposo ausente, fue ultimada en el ejido Ortiz, en Guaymas.

    Mientras, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, madre buscadora de Sinaloa e integrante del colectivo Corazones sin Justicia, formado por familias de personas ausentes, fue víctima de homicidio el 30 de agosto, Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas.

    En Veracruz, la maestra Elizabeth Meza Rivera fue acribillada frente a la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, en Xalapa, en septiembre pasado. En el ataque armado resultó herido su nieto de ocho años. Aunque hay tres personas detenidas, no han sido sentenciadas.

    En febrero de 2021 fueron ultimadas Carla Enríquez Merlín, aspirante a la candidatura de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México a la alcaldía de Cosoleacaque, junto con su madre, Gladys Merlín Castro, ex diputada local, federal y ex alcaldesa. También hay detenidos, pero sin sentencias.

    En julio de 2019. La activista Zenaida Pulido Lombera, quien coordinó la quinta caravana de búsqueda de personas desaparecidas en Aquila, Michoacán, fue muerta a balazos en el tramo costero La Huahua-Pichinlinguillo.

    La organización civil Familiares Caminando por Justicia condenó el homicidio y aseguró que la defensora de los derechos humanos, quien tenía un hermano desaparecido, fue ultimada después de que denunció haber recibido amenazas.

    En Colima, la diputada morenista Anel Bueno Sánchez fue encontrada en una fosa clandestina tras ser secuestrada durante un acto público a finales de abril de 2020; fue localizada en una fosa clandestina en junio de ese año.

    En Hidalgo, en agosto de 2020, Mariana Zavala Escamilla de 18 años desapareció en el municipio de Tlahuelilpan tras haber denunciado sitios de Internet que ofrecen “empleos” a jóvenes para explotarlas sexualmente.

    Dos meses después su cuerpo fue descubierto en el municipio de Chilcuautla. Hubo un menor de edad detenido por el crimen y recibió una sentencia de sólo cinco años de reclusión. Sus cómplices nunca fueron capturados.

    En Morelos, Evelyn Afiune Ramírez, estudiante del Tecnológico Nacional de México campus Cuautla, fue localizada muerta en un lote baldío en marzo pasado. Ella había contactado a un sujeto por Internet para un empleo. El presunto asesino también era buscado por el feminicidio de una joven de Veracruz.

    Alondra, de 16 años, asesinada a golpes en un hotel de Cuernavaca por su novio Vadir, también de 16, el pasado 10 de enero, la fiscalía morelense determinó que la adolescente falleció por “infarto al miocardio de etiología a determinar”, acusó la madre de la jovencita.

    Recientemente, en esa entidad tres mujeres fueron descuartizadas y dos ultimadas a balazos. Sus restos fueron abandonados en Cuautla.

  • «Necesitamos cuidados», el grito de las mujeres latinoamericanas y caribeñas

    «Necesitamos cuidados», el grito de las mujeres latinoamericanas y caribeñas

    Transitar hacia una «sociedad del cuidado» en la que ayudar a los demás no sea un sacrificio económico: ese ha sido el eje del Foro Feminista, en el que más de 2.000 mujeres latinoamericanas y caribeñas se han reunido este 7 de noviembre para debatir cómo construir un futuro más justo en la región más desigual del mundo.

    Este evento, que ha incluido dos conversatorios y cuatro talleres sobre cuestiones de igualdad, ha sido la antesala de la XV Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que arranca este martes 8 de noviembre en Buenos Aires.

    Una de las asistentes a este coloquio fue la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, quien ha subrayado en entrevista con EFE que el «trabajo de cuidado es un trabajo» y, como tal, debe ser reconocido por los Gobiernos.

    «Necesitamos articular sistemas de cuidado público, privado y comunitario que sean sistémicos, para que la mujer finalmente pueda liberarse de la gran carga de no tener tiempo, porque al cuidar no hay tiempo ni para trabajar afuera de la casa», ha manifestado Vaeza poco antes del inicio del Foro Feminista.

    Latinoamericanas y caribeñas exigen inversión en cuidados

    La antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), lugar que funcionó como el mayor centro clandestino de tortura y detención de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), ha albergado este foro, evidenciando la relación existente entre la memoria colectiva de las mujeres y la lucha por los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

    Desde primera hora de la mañana, el pabellón central de la ESMA desbordó alegría y emoción, con cientos de compañeras abrazándose y reencontrándose, entre banderas de los países participantes, proclamas de los pueblos originarios, pancartas de asociaciones sociales y cánticos festivos.

    Todo ello para abordar la necesidad de un «horizonte igualitario» en todas las esferas de la vida social, familiar y laboral, puesto que la reciente pandemia de la covid-19 desnudó las falencias del sistema de cuidados actual, especialmente injusto para las mujeres de la región.

    «Creo que la pandemia puso en habla qué es el cuidado, pero ahora hay que profundizar y ver cómo solucionamos ese tema y hacemos a los hombres corresponsables del hogar y de los niños», ha aseverado Vaeza, representante de ONU Mujeres, que estima que la tasa de participación femenina en el empleo retrocedió unos 20 años como consecuencia del coronavirus.

    Miradas diversas y olvidadas

    El Foro Feminista también ha permitido sumar voces diversas y olvidadas, como las de las mujeres rurales que, como Rocío Ceballos, conviven diariamente con problemas impensables en entornos urbanos.

    «Me parecía muy importante agregar la ruralidad en el contexto del feminismo para que esto sea mucho más integral (…). Hay gente que vive en sectores (rurales) donde no tiene acceso a tecnologías, a información o a dónde hacer una denuncia», ha señalado a EFE Ceballos, representante de Mujeres Rurales de Catamarca Valle Viejo (norte de Argentina).

    Para Bonifacia Cocom Tambriz, guatemalteca que se define a sí misma como «mujer indígena feminista», la pandemia supuso un «doble sacrificio» para las mujeres de Centroamérica, que sufrieron «más violencia intrafamiliar» al quedarse sus maridos en casa sin poder trabajar.

    «Cuando una inicia su participación en estos espacios, poco a poco sale de la violencia, pero hay algunas que están en comunidades lejanas que no pueden participar y no hay organizaciones que las apoyen», ha afirmado.

    La mirada caribeña resulta a su vez indispensable para elaborar soluciones «unificadoras» en este espacio geográfico, según Ida Le Blanc, secretaria general del Sindicato Nacional de Empleadas Domésticas (NUDE, por sus siglas en inglés) de Trinidad y Tobago.

    «Estamos infrarrepresentadas porque no tenemos a demasiadas caribeñas aquí. Queremos unirnos a América Latina y no tenemos la unión que necesitamos», ha lamentado esta dirigente gremial.

    Necesidad de voluntad política

    En cualquier caso, ninguna propuesta de futuro sería factible sin la voluntad política de los gobiernos, ha advertido la directora regional de ONU Mujeres, que presentará durante la XV Conferencia un documento sobre cómo financiar los sistemas de cuidado sobre las bases de «autonomía» y «empoderamiento económico».

    «No es algo caro; al contrario, es algo que se invierte y luego se revierte con el pago de los impuestos y la generación de empleo. Cuanto más empoderamiento económico tenga la mujer, la violencia espero que disminuya también», ha sostenido Vaeza.

    En este contexto, la Conferencia Regional organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en coordinación con ONU Mujeres, que se extenderá hasta el próximo viernes, buscará tejer consensos en torno a una resolución que la entidad de Naciones Unidas llevará a futuras cumbres internacionales.

  • ¿A trabajo igual, salario igual? En México, las mujeres deben trabajar 51 días más al año para ganar lo mismo que los hombres

    ¿A trabajo igual, salario igual? En México, las mujeres deben trabajar 51 días más al año para ganar lo mismo que los hombres

    En México, una mujer tendría que trabajar 51 días más al año si quisiera obtener el mismo ingreso promedio que recibe un hombre. De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2022 la brecha de ingresos en el país fue del 14%, lo que quiere decir que, por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres solo reciben 86.

    Las entidades federativas con mayor brecha de ingreso entre hombres y mujeres son Oaxaca (donde ganan 27.1% menos), Colima (25.3%) e Hidalgo (24.9%). En contraste, aquellas donde la diferencia es menor son Chiapas (10.2%), la Ciudad de México (7.7%) y Veracruz (6.2%).

    Los sectores de la economía donde la desigualdad es mayor son: información en medios masivos, otros servicios no gubernamentales y comercio al por menor. Aquellos donde las mujeres ganan en promedio más que los hombres —pero en los que tienen poca participación— son los servicios inmobiliarios, la construcción y la minería, donde ellas tienen oportunidad de acceder a mejores empleos.

    Esta es la situación que viven las mexicanas, quienes representan el 52% de la población y aportan 40% de la fuerza laboral del país. Según los datos del IMCO, hasta agosto de 2022, cuatro de cada 10 personas ocupadas en el país fueron mujeres, lo que equivale a 22.8 millones de trabajadoras.

    Durante el periodo de 2005 a 2010, la brecha de ingresos por género mostró una mejoría, al disminuir cuatro puntos porcentuales; sin embargo, en los siguientes nueve años, hasta 2019, esta se estancó entre el 15% y el 16%.

    El punto más bajo de la brecha se observó durante la pandemia de COVID-19, cuando se ubicó en 11%, pero para 2022 esta volvió a subir hasta el 14%, a la par del regreso de las mujeres al mercado laboral.

    En una comparación de la brecha salarial entre 10 países, México se ubicó en el número nueve, solo por encima de Colombia, país donde la diferencia de ingresos es solo del 4.9%.

    Por encima de México se ubican Islandia (con una brecha de 17.4%), Perú (18.6%), Uruguay (21.1%), India (22.7%), Estados Unidos (23.5%), Chile (23.6%), Japón (25.7%) y Reino Unido (32.7%).

    ¿Qué hay detrás de la brecha de ingresos?

    El análisis del IMCO identificó ciertas dinámicas laborales que predominan en estos países y que permiten entender las causas de la desigualdad salarial:

    • Que, a nivel global, las mujeres tienden a estar concentradas en ocupaciones relacionadas con cuidados o de servicio al cliente, empleos que se relacionan con menores ingresos, mientras los hombres ocupan puestos que requieren habilidades calificadas, con mayor remuneración.
    • Las mujeres trabajadoras tienden a estar concentradas en empleos de baja jerarquía y están subrepresentadas en puestos directivos y gerenciales.
    • La porción de mujeres trabajadoras que está en una ocupación sin remuneración es más alta que la de los hombres.
    • Al tener menos tiempo disponible para ofrecer en el mercado laboral y menores posibilidades de alcanzar puestos de alta jerarquía, las mujeres tienden a generar menores ingresos.

    Para avanzar en el cierre de la brecha de ingresos por género, el IMCO propone romper con la segregación ocupacional que asigna trabajo con base en estereotipos que consideran que ciertas tareas son exclusivas de hombres o mujeres, lo cual limita su desarrollo profesional.

    El instituto recomienda a los empleadores en México realizar autodiagnósticos de la brecha salarial dentro de los centros de trabajo, y avanzar hacia la transparencia salarial para dar paso a la conformación de criterios establecidos para la remuneración en cada puesto, así como para los incrementos salariales.

    También propone eliminar prácticas que puedan perpetuar la desigualdad del mercado laboral entre hombres y mujeres, como considerar el estado civil, la edad, si tienen hijos u otros detalles de la vida personal como determinantes para un puesto, así como la implementación de políticas que fomenten el balance vida-trabajo entre los y las colaboradoras para mejorar la calidad del empleo.

  • Celebra Reinserta reformas a favor de maternidad de mujeres presas

    Celebra Reinserta reformas a favor de maternidad de mujeres presas

    La asociación civil Reinserta celebró que, dentro del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para modificar diversas disposiciones en la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de mujeres privadas de la libertad con sus hijas e hijos, se hayan tomado mejores condiciones para los menores.

    Sin embargo, lamentó que en los centros penitenciarios siguen sin contar con las condiciones para albergar a este sector infantil en un ambiente libre de violencia. Indicó que de acuerdo con el Diagnóstico de Maternidad en México hay casi 13 mil mujeres en prisión y alrededor de 500 menores de edad con sus madres en la cárcel.

    Reiteró que es urgente obligar a las autoridades a contar con espacios libres de violencia; así como la estandarización en el acompañamiento paulatino en la separación de sus madres y la prevención del trauma.

    Consideró un acierto que esté regulado la presencia de médicos especialistas en pediatría para atender a los infantes, no obstante, hicieron un llamado a las autoridades a que a la par que contratan estos especialistas, cuenten con los medicamentos necesarios para que los menores puedan ejercer su derecho a la salud de manera integral.

    “Invitamos a que poniendo como pauta el bien superior del menor, se cumpla cabalmente con la separación de las madres de sus hijos de manera paulatina y sensible cuando llegue a la edad máxima permitida, a través de talleres de acompañamiento”.

    “Hacemos un llamado a las y los integrantes del poder legislativo a incluir las regulaciones pertinentes a fin de contar con partidas presupuestarias en los diversos fondos federales y locales con recursos económicos destinados a la creación, adecuación y mantención de espacios libres de violencia que permitan el desarrollo de las niñas y niños, y el ejercicio de una parentalidad positiva.”

    Reinserta agregó que es urgente que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca centros de desarrollo infantil para que los niños dentro de prisión, no se vean afectados en cuanto al desarrollo y acceso a su derecho a la educación.

    “Consideramos que la impartición de justicia con perspectiva de género, es una herramienta más con la que cuenta el Estado para alcanzar una verdadera justicia social y para cambiar la cruenta realidad de las mujeres en prisión y sus hijos, vivan o no dentro de los reclusorios con ellas”.

  • El Mundial de Qatar tendrá tres mujeres listas para arbitrar

    El Mundial de Qatar tendrá tres mujeres listas para arbitrar

    La árbitro Yoshimi Yamashita sabe que ser una de las tres seleccionadas para dirigir partidos en el Mundial de Qatar, la primera vez que una mujer estará al frente de un juego en un torneo de esta envergadura, va más allá del fútbol.

    La francesa Stephanie Frappart y la ruandesa Salima Mukansanga deben tener lo mismo en mente. Forman parte de una lista de 36 referís seleccionados para Qatar, y el resto son todos hombres. La FIFA ha nombrado también a tres asistentes mujeres en una lista de 69: Neuza Back, de Brasil: Karen Díaz Medina, de México, y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.

    Yamashita es consciente de que su elección pone el foco en la baja clasificación de Japón en la mayoría de las clasificaciones de igualdad salarial de las mujeres y en los estudios globales sobre igualdad de género.

    La árbitro Yoshimi Yamashita sabe que ser una de las tres seleccionadas para dirigir partidos en el Mundial de Qatar, la primera vez que una mujer estará al frente de un juego en un torneo de esta envergadura, va más allá del fútbol.

    La francesa Stephanie Frappart y la ruandesa Salima Mukansanga deben tener lo mismo en mente. Forman parte de una lista de 36 referís seleccionados para Qatar, y el resto son todos hombres. La FIFA ha nombrado también a tres asistentes mujeres en una lista de 69: Neuza Back, de Brasil: Karen Díaz Medina, de México, y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.

    Yamashita es consciente de que su elección pone el foco en la baja clasificación de Japón en la mayoría de las clasificaciones de igualdad salarial de las mujeres y en los estudios globales sobre igualdad de género.

    “Estaría muy contenta si las mujeres pudiesen desempeñar un rol activo en eI deporte de esta manera, y si el deporte, y especialmente el fútbol, pudiese llevar a esto», señaló Yamashita en una entrevista con The Associated Press. “En Japón, todavía hay un largo camino por recorrer en el mundo del fútbol (en cuanto a la participación de las mujeres) por lo que sería estupendo si esto pudiese ligarse a la promoción de la participación femenina, no solo en el fútbol o en los deportes».

    Las tres han dirigido encuentros de fútbol masculino, y su debut en el Mundial tendrá lugar en un país de Oriente Medio donde el papel de la mujer está muy delimitado.

    Frappart es la más conocida: ha arbitrado partidos de calificación Qatar y de la Liga de Campeones, además de la final del Mundial Femenino de 2019 y la final de la Copa de Francia masculina de este año.

    Yamashita ha dirigido juegos de la liga masculina japonesa y del equivalente asiático a la Champions masculina, además de en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado.

    A principios de ese año, Mukansanga se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro de la Copa de Naciones de África, al frente de un equipo arbitral compuesto enteramente por mujeres.

    “Como siempre, el criterio que hemos utilizado es el de la ‘calidad ante todo’, y los árbitros seleccionados representan el nivel más alto del arbitraje mundial», dijo el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, quien pitó la final del Mundial de 2002. “De esta forma, enfatizamos claramente que lo que cuenta para nosotros es la calidad, no el género».

    “Espero que en el futuro, la selección de árbitros femeninas de élite para competiciones masculinas importantes sea percibida como algo normal y no como algo sensacional”, añadió.

    Yamashita apuntó que la diferencia entre los partidos de hombres y los de mujeres era, por supuesto, la velocidad. Pero no se trata solo de que los hombres puedan correr más rápido.

    “No es la velocidad del balón. Es simplemente la velocidad del juego. Para mí, esto significa que tengo que tomar decisiones más rápido, más velocidad», explicó a la AP.

    Además está el estrés, la magnitud del escenario y la atención que seguramente generará en el Mundial.

    “Por supuesto, creo que la presión es enorme», afirmó. “Y creo que tengo mucha responsabilidad. Pero estoy muy contenta de asumir este deber y esta presión, así que intento tomármelo de forma positiva y trato de ser feliz”.

    Aunque es probable que las tres arbitren partidos, no es seguro. También podrían fungir como “cuarto árbitro” en la zona de las bancas, pero no podrán ejercer de asistentes.

    Como muchos árbitros, Yamashita señaló que su trabajo es pasar inadvertida y dejar que el juego brille.

    “Uno de los grandes objetivos como árbitro es resaltar el atractivo del fútbol», indicó. “Haré todo lo que pueda para ello, y haré lo que tenga que hacer en ese momento para ese fin. Así que si necesito comunicarme con los futbolistas, lo haré. Si tengo que mostrar una tarjeta, mostraré una tarje. Más que en el control, pienso en lo que hay que hacer hacia el gran objetivo de hacer que el fútbol sea atractivo».

    Yamashita realizó la mayor parte de la entrevista con la AP en japonés, pero dijo que empleará el inglés y “gestos faciales y corporales” cuando se comunique con los jugadores en Qatar.

    “Normalmente, cuando muestro una tarjeta no digo nada», señaló, cambiando al inglés. “Pero cuando hago una advertencia, solo les digo que no estoy contenta. Lo entienden”.

  • CDMX la segunda entidad con más agresiones contra mujeres

    CDMX la segunda entidad con más agresiones contra mujeres

    La Ciudad de México es la segunda entidad en la que prevalecen las agresiones contras mujeres de 15 años y más con 76.2% de casos, 6.1 puntos por arriba de la media nacional que es de 70.1 por ciento. El Estado de México es la primera entidad que encabeza el mayor porcentaje de violencia con 78.7%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

    En los últimos 12 meses, la violencia psicológica fue la más alta con 29.4%; seguida de la sexual: 23.3%, la económica, patrimonial y/o discriminatoria: 16.2% y la violencia física con 10.2 por ciento.

    La Secretaria de las Mujeres de la ciudad con motivo de la glosa del Informe de Gobierno refiere en su diagnóstico que las mujeres de 15 años y más en la CDMX, 60.9% han estado expuestas a lo largo de su vida a violencia en el ámbito comunitario, 41.6% han tenido experiencias de agresiones en pareja en su relación actual o última y 38.5% han sufrido violencia obstétrica durante los últimos cinco años.

    Respecto al delito sexual, refiere 64.5% de las mujeres han sido víctimas de ella lo largo de su vida y 14.5% reportan haber vivido menos un Incidente antes de cumplir 15 años.

    En el último año las alcaldías que tuvieron el mayor número de carpetas de investigación por feminicidio son Gustavo A. Madero con 12; Iztapalapa con 9 y Cuauhtémoc con siete, de acuerdo con las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

    Aumentó el número de imputados

    De acuerdo con el último informe de resultados (mes de octubre de 2022) de Alerta por Violencia contra Mujeres, aumento 28% el número de personas vinculadas proceso por feminicidio. Es decir, de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2022 fueron 9 mil 323 agresores de mujeres vinculados a proceso.

    Ante esta situación, la Secretaría de las Mujeres menciona que se aplicó la estrategia de prevención de feminicidio, que abarca el alertamiento temprano de violencia, detección de riesgo feminicida, atención especializada multidisciplinaria y se creó una casa de pernoctar de emergencia.

    A través de la Línea SOS Mujeres *765 se han recibido 21 mil 792 llamadas totales, de las cuales 17 mil 433 (80%) han sido de emergencias; 4 mil 358 han sido de orientación. De estas mil 161 fueron retenciones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; se abrieron mil 39 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la capital.

  • México sube en embarazo adolescente y recorta apoyos a mujeres en esa situación

    México sube en embarazo adolescente y recorta apoyos a mujeres en esa situación

    A pesar de que el embarazo adolescente es una de las principales causas de abandono escolar, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han disminuido los recursos o desaparecido los programas de apoyo a estudiantes embarazadas.

    Mientras que en 2012 había 49 programas educativos dedicados a la “atención contextualizada” de los y las estudiantes, en 2022 la cifra se redujo a 17 programas, de acuerdo con un análisis de la organización civil Mexicanos Primero.

    Y para el próximo año, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla recursos únicamente para 15 programas de este tipo.

    Entre los programas dedicados a la “atención contextualizada” de las y los estudiantes figuraban los apoyos a madres adolescentes o embarazadas; hijos e hijas de personas jornaleras, y a estudiantes indígenas, telesecundarias, actores pedagógicos y tecnologías educativas, entre otros, explicó Fernando Ruiz, director de Investigación de Mexicanos Primero.

    “Esto atenta contra la diversidad”, lamentó el experto.

    Algunas becas de esos programas las incluyeron en el fondo global de becas para educación básica, pero sin etiquetar recursos específicos para cada grupo de estudiantes, lo que aumenta las posibilidades de ejercer los recursos con discrecionalidad, detalló.

    “Entonces, en teoría, las autoridades dicen: ‘no las dejamos de atender porque hay una beca para estas personas’; pero cuando tú revisas, cuando estaban etiquetados recursos para mujeres embarazadas, eran 140 millones de pesos, y ahora en el fondo de becas de educación básica solamente les dan 40 millones”, explicó.

    Estos recortes ocurren, además, en un contexto de aumento de embarazo adolescente en México, impulsado por la pandemia de Covid-19, que causó que las adolescentes dejaran de tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y debido a que la violencia contra las mujeres creció durante el confinamiento, incluido el abuso sexual.

     

    De acuerdo con datos del Banco Mundial, en México la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años fue de 58.54 en 2019. Es decir que, de los nacimientos por cada 1,000 mujeres, 58 ocurrieron en jóvenes de ese rango de edad.

    Para 2021 la tasa de fecundidad aumentó a 67.7, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

    La beca para estudiantes embarazadas

    En 2004, se creó el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) con el fin de reducir el rezago educativo de las adolescentes de 12 a 19 años en esas condiciones. En 2014, se incluyó en el Programa Nacional de Becas como un componente.

    Durante el actual gobierno, el componente Promajoven se incorporó al Programa de Becas Elisa Acuña, se explica en el estudio Impacto del Programa Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas: estudio exploratorio con enfoque cualitativo, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

    “En 2020, a través del Programa de Becas Elisa Acuña (…) se da continuidad al componente Promajoven; sin embargo, de acuerdo con las Reglas de Operación 2020 del Programa, solo se atiende a becarias que fueron incorporadas hasta el cierre del ejercicio fiscal 2019, lo que indica que no se está apoyando a población objetivo que antes no era atendida”, expone el estudio.

    Este programa de becas recibió en 2022 un presupuesto de 107 millones 199,664 pesos para brindar 12,500 becas. Sin embargo, hasta marzo de este año, el programa no había ejercido los recursos, de acuerdo con su Primer Informe Trimestral de 2022.

    Además, para el siguiente año el PPEF no contempla recursos para el Programa de Becas Elisa Acuña.

    El estudio del Coneval advierte el riesgo de avanzar hacia la desaparición del componente Promajoven.

    “Como el embarazo adolescente sigue presentando alta incidencia en la población mexicana, prescindir de un apoyo como éste dejaría un vacío en la atención a la población en condiciones de vulnerabilidad agravada”, subraya.

    El impacto del embarazo joven en la educación

    De la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 se desprende que, de las mujeres que han tenido al menos un embarazo, 87.11% no asistía a la escuela al momento de la entrevista, mientras que este porcentaje disminuyó hasta 25.89% en las adolescentes que no habían tenido embarazos.

    Además, solo 30.95% de las adolescentes de 15 a 19 años que tiene al menos un hijo reporta niveles educativos de preparatoria o bachillerato, frente al 61.57% de las jóvenes de esa edad que no son madres.

    “Estos datos reflejan que las adolescentes de 15 a 19 años que son madres tienen menor nivel educativo que el resto de las adolescentes de su edad”, señala la encuesta del Inegi.

    De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el abandono escolar y el embarazo adolescente constituyen un problema económico, ya que llevan a un escenario en el que se combinan, por un lado, la necesidad de un trabajo y, por el otro, la falta de estudios necesarios, con el resultado de que se reducen las posibilidades de las adolescentes de conseguir un empleo remunerado que les proporcione un ingreso suficiente.

    En 2015, de las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo o una hija en 2011, solo 8.3% desempeñaba una actividad laboral remunerada.

    Laura Flamand, investigadora de El Colegio de México y una de las autoras del informe Embarazo temprano en México, explicó que están en mayor riesgo de embarazo temprano involuntario las adolescentes y niñas de bajos ingresos, con baja escolaridad; indígenas y las que no tienen acceso a métodos anticonceptivos.

    «No es un problema individual de estas adolescentes que se embarazaron; es un problema donde estamos fallando como sociedad y gobierno en proteger los derechos sexuales de este grupo. Es una injusticia social, porque hay niñas y adolescentes que están más en riesgo de embarazarse de manera temprana e involuntaria por sus condiciones sociales, económicas, de origen. Las estamos colocando en posiciones de vulnerabilidad y no las estamos protegiendo», explicó.

  • Dedican mujeres en AL 20% de su tiempo al trabajo no remunerado: Cepal

    Dedican mujeres en AL 20% de su tiempo al trabajo no remunerado: Cepal

    Las mujeres latinoamericanas dedican hasta el 20 por ciento de su tiempo al trabajo no remunerado, el triple que los hombres, y esta proporción ha aumentado con la pandemia de coronavirus que recargó la carga de cuidados en ellas, expuso Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal).

    El valor del trabajo no remunerado representa entre el 16 y el 28 por ciento del producto interno bruto de las economías de América Latina y el Caribe; y en promedio el 74 por ciento de ese volumen es realizado por las mujeres, contextualizó la funcionaria de la comisión de Naciones Unidas.

    Esto implica que las mujeres están sosteniendo gran parte de la economía sin obtener una remuneración, al tiempo que se amplían las brechas para que ellas accedan a un espacio en los mercados laborales formales, amplió Güezmes, durante una conversación con medios previa a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se celebrará en Buenos Aires, Argentina.

    El evento intergubernamental busca discutir y acordar compromisos para acelerar políticas públicas en la región que pongan al centro la sociedad del cuidado, tanto en el rubro legislativo como en dar servicios que liberen las cargas de trabajo no remunerado que, por inercia patriarcal, tienen encima las mujeres.

    Güezmes detalló que la región, como la economía mundial, vive una serie de crisis en cascada: la pandemia, una crisis financiera global, la guerra entre Ucrania y Rusia y la inflación que en suma se traducen en una crisis de desarrollo que amplía las desigualdades, entre ellas las de género.

    Como evidencia, una de cada dos mujeres están fuera del mercado laboral en América Latina y el Caribe y han tenido más dificultades para volver a él tras la pandemia, debido a que se les ha dejado la carga de cuidado infantil y por el cambio demográfico se viene “una enorme carga del cuidado de las personas mayores”, explicó la funcionaria de la Cepal.

  • Olvidan atención de mujeres violentadas; plantean crecimiento real de 1% al gasto

    Olvidan atención de mujeres violentadas; plantean crecimiento real de 1% al gasto

    Las complicaciones cotidianas en la atención a las víctimas de violencia a través de los Centros de Justicia para la Mujer, la Red Nacional de Refugios, las Alertas de Género y espacios en comunidades indígenas han sido expuestas en la Cámara de Diputados como parte del análisis del proyecto presupuestal para 2023.

    Los testimonios compartidos en San Lázaro dieron cuenta del carácter sustantivo que estas tareas tienen en un país donde entre enero y agosto hubo más de 45 mil víctimas mujeres de lesiones dolosas y arriba de 230 mil llamadas de emergencia al 911 por razones relacionadas con violencia de género.

    En las consultas organizadas por el Grupo de Trabajo de Presupuesto con Perspectiva de Género, presidido por la diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano), los legisladores se han enterado de las dificultades que afrontan quienes laboran con mujeres que huyen de sus casas en búsqueda de resguardo y seguridad.

    Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en este sexenio se ha dado atención a 1.2 millones de mujeres en 60 Centros de Justicia para la Mujer (Cejum) que operan en toda la República, donde en promedio cada día se ofrecen servicios a 890 mujeres que afrontan algún tipo de violencia.

    La coordinadora del Área de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres, Nancy Carmona, expuso a los diputados que los Cejum son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan servicios de atención a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos menores de 18 años, donde reciben atención médica y psicológica; orientación y representación legal; albergue temporal, trabajo social; gestiones para acceder a la educación y asesoría para gestionar su autonomía económica.

    UN SERVICIO DE 24 /7

    Desplegados en 30 entidades, estos centros cuentan con personal propio –en un 60 por ciento– y con asignado por otras dependencias gubernamentales, lo cual genera inestabilidad en la planta laboral.

    Expuso Nancy Carmona que de cada 100 pesos que los Cejum reciben, 82 pesos son para el pago de sus empleados, 9 pesos en servicios generales (luz, teléfono, agua, internet, arrendamiento en 45 por ciento de los casos), y 5 pesos para suministros materiales.

    Detalló la consultora que una encuesta aplicada este año reveló que la demanda de los servicios se ha incrementado, ya que éstos se ofrecen sin interrupción, lo cual genera la necesidad de mayor personal calificado en áreas específicas, particularmente en la médica, psicológica y jurídica.

    Describió la especialista de Equis Justicia que además de la fluctuación de personal que cuando procede de otras instituciones no se identifica con la naturaleza del trabajo y sus horarios, los Cejum siguen presupuestalmente sujetos a la suerte de la disposición y sensibilidad de los funcionarios locales que se preocupan por el tema: sea un fiscal, un secretario, el gobernador o del hecho de que se haya decretado la Alerta de Género en la entidad. “Esto es peligroso, porque en cualquier momento el escenario puede cambiar”, advierte.

    Narró Nancy Carmona que los responsables de los centros compartieron que las necesidades de éstos incluyen desde productos de higiene menstrual, pañales de bebés hasta transportes para el rescate de víctimas, mobiliario y mantenimiento.

    Así que además de la aprobación de recursos suficientes, la representante de Equis Justicia hizo votos porque se concrete la reforma pendiente a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Centros de Justicia, a fin de que éstos cuenten con asignación específica, tanto en el presupuesto federal como en las entidades.

    NO HAY PERSPECTIVA DE GÉNERO

    Mientras la ley subsana ese pendiente, organizaciones de mujeres hicieron llegar a la Cámara de Diputados el señalamiento de que tal y como se prevé el reparto de recursos para 2023, el rubro de prevención y atención a las violencias no experimenta un incremento que responda al alza del problema.

    “Según la propuesta que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados, los recursos que se agrupan en el Anexo Transversal 13 para la igualdad y combate a las violencias de género tendrían un aumento real del 41% con respecto al último presupuesto. Sin embargo, como distintas organizaciones hemos documentado, los incrementos de los últimos años se explican casi exclusivamente por la inclusión de programas públicos que no están diseñados para reducir brechas de género ni erradicar las violencias contra las mujeres: casi 9 de cada 10 pesos se destinan a programas como la Pensión para las Personas Adultas Mayores, el programa de Becas de Educación Básica, Sembrando Vida”, se indica en el documento firmado por Fundar, Raíces y Aliadas, entre otras.

    “En su lugar, programas clave para los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva tendrían un aumento marginal o incluso un decremento en términos reales respecto a lo aprobado para 2022. De manera específica, el Proyecto de Presupuesto propone, en la práctica, liquidar el programa de Equidad de Género y reducir los recursos hacia los programas de Apoyo a Madres Trabajadoras y Salud Materna, Sexual y Reproductiva”, se precisa en el pronunciamiento que con fecha 20 de octubre entregaron a los diputados.

    “Por su parte, los fondos para Refugios Especializados para Mujeres víctimas de violencia; para el Programa de Promoción, Atención y Prevención de la violencia contra las Mujeres (que asegura recursos para los Centros de Justicia para las Mujeres y la atención de las alertas de género); y para las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) incrementarán menos del 1% en términos reales”, se precisó en el comunicado.

    TAMPOCO EXISTE TRANSPARENCIA

    Pero tampoco existe transparencia respecto a los recursos que le corresponden a los CEJUM.

    Elsa Conde de Aliadas explicó que si bien se conoce la cifra que llega de presupuesto a las diversas acciones de las que es responsable la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia (Conavim), esto no necesariamente ocurre así.

    Ejemplificó la especialista en el tema esta falta de claridad con lo sucedido en el asignado en 2021, ya que al analizar las cuentas de entonces se pudieron comprobar que, si bien los centros tenían una asignación de 300 millones de pesos, al final sólo se ejercieron 240 millones.

    “Los 60 millones restantes para el 2022 fueron asignados a los programas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, precisó.

    Dijo que por ahora en los informes públicos no se conoce el monto de las asignaciones hechas a los Cejum.

    En el comunicado, las organizaciones exigen que para 2023 aseguren una asignación progresiva de recursos a los programas que sí están orientados a la atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, garantizando su suficiencia presupuestaria; establecer los enlaces necesarios para darle seguimiento, desde el inicio del año fiscal, a la debida y oportuna transferencia de los montos que eventualmente se aprueben en los próximos días en la Cámara de Diputados.

    RED NACIONAL DE REFUGIOS

    En el acopio de testimonios, reflexiones y solicitudes la subcomisión legislativa escuchó también, a través de un video enviado exprofeso, el mensaje de Reem Alsalem, Relatora Especial para la violencia contra las mujeres y las niñas en Naciones Unidas.

    “Sabemos que la mejor manera de proteger a las mujeres y niñas contra la violencia es prevenir la violencia. Esto requiere del compromiso político, pero también de adoptar la ley y asignar presupuesto para tener casas seguras, pero también poder efectuar órdenes de protección”, expuso.

    Definió la relatora de la ONU que las casas seguras son parte de los servicios esenciales y que aun cuando los efectos de covid-19 hacen reducir los presupuestos a nivel mundial, los recursos para prevenir y atender las violencias no se pueden ni se deben recortar.

    Reem Alsalem explicó que las consecuencias de estos recortes van más allá de lo financiero. “Tener los recursos puede hacer o significar la diferencia entre asegurar o no el respeto a los derechos de la mujer, como son el derecho a la vida, seguridad, vivir sin violencia. Y el acceso a estos derechos no es un tema de lujo, sino que es una obligación del Estado”.

    De ahí la preocupación expuesta en varias ocasiones por la Red Nacional de Refugios en el actual proceso de análisis presupuestal en San Lázaro, ya que según compartió la directora Wendy Figueroa, el incremento para 2023 es de apenas 0. 6%, luego de que este año han padecido la retención de hasta el 80 por ciento de los recursos asignados.

    Para la promotora de estos 75 espacios de atención a las mujeres en todo el país ese 0.6 por ciento contrasta con la demanda de atención que en 2022 creció en 16 por ciento y los endeudamientos que el subejercicio presupuestal les generó.

    Wendy Figueroa sostuvo que esas retenciones constituyen una violencia institucional que revictimiza a las más de 28 mil personas que la Red atiende: mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género.

    REASIGNACIONES

    Como resultado de este acercamiento, el Grupo de Trabajo con Perspectiva de Género de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados elabora ya una propuesta de ajuste que en el caso de la Red Nacional de Refugio busca incrementar de 443. 7 millones de pesos asignados por la Secretaría de Hacienda para 2023 a 495. 6 millones, es decir, un 11 por ciento más.

    Igualmente, se plantea elevar de 39.3 a 46. 8 el monto previsto para el Instituto Nacional de Cancerología Micaela, un alza de 12 por ciento.

    Para la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana y las Casas de las Mujeres Indígenas se propone un incremento del 25%, aunque no se especifica cuánto le asigna de presupuesto el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda a San Lázaro.