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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2022 con información sobre la gestión y desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad en cada uno de las 32 entidades del país. En él, destacan datos como que durante 2021 el 71.2 % de las víctimas atendidas fueron mujeres, colocándose como el grupo de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe, los organismos estatales asistieron a un total de 164 mil 431 víctimas, de las cuales segmentas por sexo, 116 mil 985 fueron mujeres. Mientras que 36 mil 061 fueron hombres (21%) y en el caso de 11 mil 385 personas no se identificó el sexo (6.9%). En un desglose por grupos vulnerables, 105 mil 833 correspondieron al de mujeres, que fue por lejos el de mayor incidencia.

En el segundo puesto aparece el grupo de niñas, niños y adolescentes con 8 mil 419 víctimas. Luego le siguen las juventudes con 3 mil 491 afectados y los adultos mayores con 2 mil 821 afectados. Ya en mucha menor cantidad están población en situación de pobreza (111), población en contexto de movilidad (110), periodistas, defensores civiles de derechos humanos y sindicalistas (99), personas con discapacidad (64), personas en situación de calle (33), pueblos y comunidades indígenas (10) y población de la diversidad sexual (2).

Los datos presentados por el Inegi revelaron la prevalencia de la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos. (FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO)

Llamadas de emergencia

De acuerdo con la CNSPE, las instituciones de seguridad pública estatales recibieron 63 millones 187 mil 634 de llamadas mediante los sistemas telefónicos para la atención de emergencias. No obstante, la gran mayoría fueron improcedentes, es decir, a llamadas falsas, incompletas, bromas u otras similares: 45 millones 199 mil 925 (el 71.5 %).

Del total, sólo 15 millones 998 mil 381 (25.3 %) fueron procedentes, que implicaron un proceso de atención, y finalmente un millón 989 mil 328 correspondieron a otro tipo de llamadas. Por segundo año consecutivo, esta cifra registra una tendencia al alza pues en 2019 el número fue de 15 millones, en 2020 fueron 15.7 millones y en 2021 los ya mencionados 15.9 millones.

En cuanto a cantidad, las entidades que recibieron el mayor número de llamadas procedentes fueron Nuevo León con un millón 958 mil 521, la Ciudad de México con un millón 781 mil 712 y Guanajuato con un millón 405 476. En contraste, los estados con menos incidencia fueron Querétaro con 41 mil 738, Michoacán con 61 mil 101, Tlaxcala con 91 mil 362 y Tabasco con 104 mil 746.

En 2021 se recibieron 63 millones 187 mil 634 de llamadas de emergencia. Foto: EFE/Daniel Sánchez

En los tipos incidentes de seguridad que se registraron a través de llamadas procedentes por el sistema 911 (el 97.7%, el resto fue por el sistema 089 y otro), prevaleció la atención por ruido excesivo con 796 mil 908 casos. En segundo lugar hechos por el reporte de una persona agresiva con 766 mil 557 sucesos, luego siguieron por una persona sospechosa, violencia familiar, violencia contra la mujer, alteración del orden público por persona alcoholizada y violencia de pareja.

Brindar a las mujeres y las niñas el acceso a métodos anticonceptivos seguros forma parte de las responsabilidades de los Estados de garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental para todos, subrayaron este viernes tres relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU*.

En una declaración conjunta, los expertos se refirieron a los retrocesos registrados en algunos países que afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho al aborto, y recalcaron que las decisiones autónomas de las mujeres y niñas deben ser respetadas.

“Las leyes de derechos humanos estipulan que las mujeres deben ser libres de decidir cuándo quedar embarazadas, cuántos hijos tener y cómo espaciar los embarazos. El pleno disfrute de las garantías de salud sexual y reproductiva es indispensable para que las mujeres y las niñas puedan ejercer todos los demás derechos humanos y para lograr la igualdad de género”, afirmaron.

Sostuvieron también que las leyes y políticas que niegan a las mujeres y las niñas sus derechos de salud sexual y reproductiva son “inherentemente discriminatorias”.

Priorizar la salud sexual y reproductiva

La declaración de los expertos se produce con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, por celebrarse el 26 de septiembre, y el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre, fechas que los expertos aprovechan para instar a los Estados y sus instituciones “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva, y a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren a las mujeres y niñas el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Los relatores destacaron los efectos negativos de las restricciones legales a los anticonceptivos por motivos ideológicos y de la interrupción de servicios de salud sexual y reproductiva debidos a la pandemia del COVID-19 en los grupos de población femenina históricamente discriminados, como las niñas, mujeres negras y afrodescendientes, indígenas, migrantes, refugiadas y desplazadas, entre otros colectivos.

La declaración cita los datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que cada año mueren hasta 39.000 mujeres por falta de servicios de aborto seguro y recalca la importancia de prevenir embarazos no deseados a través del acceso a métodos anticonceptivos, servicios de aborto seguro y atención postaborto de calidad.

Fondo de Población/Ruth Carr

La falta de información o de conciencia sobre la salud sexual y reproductiva dio lugar a un embarazo no deseado de una adolescente de 18 años en Timor-Leste.

La religión y la cultura no deben ser pretexto de discriminación

“Las mujeres y las niñas no deben ser instrumentalizadas para servir a ideologías fundamentalistas y agendas populistas. La religión y la cultura no deben utilizarse indebidamente para discriminarlas y oprimirlas aún más en un contexto mundial de graves reacciones contra la igualdad de género”, apuntaron los expertos.

Insistieron en que todas las mujeres y niñas deben tener un acceso adecuado a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles de su elección, incluidos los anticonceptivos modernos de acción corta y prolongada y otros métodos como la anticoncepción de emergencia, así como cualquier otro método para evitar embarazos forzados.

Decisiones autónomas

Los relatores explicaron que al garantizar este derecho, los Estados deben respetar la capacidad de las mujeres y las niñas para la toma de decisiones autónomas y no limitar el acceso a los anticonceptivos a la obtención de la autorización de los esposos, parejas o padres.

Asimismo, argumentaron que las estrategias de salud sexual y reproductiva deben tener en cuenta las necesidades de las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres trans y todas las personas de género diverso para quienes son relevantes.

Advirtieron que los Estados son responsables de cualquier acto, incluidos los actos de omisión, que viole los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas por parte de actores estatales y no estatales.

Esta responsabilidad abarca el deber de investigar, juzgar y sancionar tales actos, acotaron.

Los relatores llamaron a los Estados a trabajar arduamente para desmantelar todas las barreras prácticas ancladas en la falta de regulaciones oficiales, como la objeción de conciencia y la imposición de un requisito de consentimiento conyugal, incluso cuando no lo exija la ley.

Los especialistas en derechos humanos encomiaron el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos que han hecho algunos países y exhortaron a todos los Estados a adherirse a seguir ese camino.

Los firmantes de la declaración son:

Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho a la salud; Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas; Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género; y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas.

* Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

En los primeros ocho meses del año se registraron 83 muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México; es decir, 10.3 por mes en promedio, lo que representan una reducción de 27% en comparación con las 114 del mismo periodo de 2020, según la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy.

De esos 83 casos, 37 fueron clasificadas como feminicidios y 46, como homicidios dolosos, agregó durante el informe mensual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX, en el que no asistió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como lo hace normalmente.

Según Godoy Ramos, en ese periodo se registró un aumento de 55% en el número de agresores detenidos y vinculados a proceso por el delito de feminicidio. Además de que la incidencia de ese delito bajó 18%.

En el Museo de la Ciudad de México, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, destacó que desde que se lanzó la línea telefónica “Mujeres SOS: *765”, se han recibido 15 mil 413 llamadas totales, de las cuales 11 mil 273 han sido de emergencias por casos de violencia de género y 4 mil 140 por orientación. Éstas, agregó, permitieron la detención de 899 presuntos agresores.

La secretaria de las Mujeres (Semujeres), Ingrid Gómez Saracíbar, presentó el Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, donde se reporta que en la capital del país se han reducido las muertes violentas de mujeres en un 27 por ciento y que gracias a la Línea SOS Mujeres *765 se han efectuado 899 detenciones por agresiones.

Agregó que en lo que va del 2022, en los espacios conocidos como LUNAS se han brindado 61 mil 225 atenciones -110% más que en el mismo periodo del 2020-, mientras que las Abogadas de las Mujeres han otorgado 10 mil 972 acompañamientos para iniciar carpetas de investigación por delitos contra las mujeres y niñas.

Se han tramitado 2 mil 393 medidas de protección y en 52 casos el agresor ha salido de casa.

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa, informó que 2 mil 662 cadetes de la Universidad de la Policía están formación inicial en materia de perspectiva de género; 13 mil 410 en formación continua (talleres y cursos sobre atención en casos de violencia); y 267 en formación especializada (actuación policial y atención a víctimas).

Las mujeres mexicanas con discapacidad experimentan índices de violencia doméstica estremecedores, según lo concluye una nueva encuesta. Es la primera vez que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), incluye a mujeres y niñas con discapacidad como una categoría diferenciada desde que, en 2003, empezó a registrar y analizar datos de violencia contra mujeres y niñas de 15 años de edad o más.

Según la edición 2021 de la encuesta, que se divulgó en agosto de 2022, el 11,9% de las mujeres y niñas de al menos 15 años de edad en México, que son más de seis millones, tiene alguna discapacidad. La encuesta confirma que, a lo largo de su vida, la totalidad de las mujeres y niñas enfrentan un índice de violencia alto, del 70,1%. Pero para las mujeres y niñas con discapacidad, la tasa es incluso mayor: el 72,6% han sufrido violencia al menos una vez en su vida. La encuesta contempla cinco categorías de violencia: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, que en el último caso se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Y para cada forma de violencia, salvo la violencia sexual, el porcentaje de encuestadas que habían experimentado violencia en el año precedente era mayor entre las mujeres y niñas con discapacidad.

Durante la vida de las encuestadas, los índices de violencia sexual son muy similares entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes no la tienen. Sin embargo, en las demás categorías, las tasas son sustancialmente más altas para quienes tienen alguna discapacidad. Incluir este tipo de información resulta esencial para establecer y desarrollar adecuadamente políticas que prevengan la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Y si bien esto hace que la nueva edición de la encuesta sea muy valiosa, todavía hay margen para mejoras.

Por ejemplo, la encuesta no captó en forma suficiente información sobre mujeres y niñas con discapacidades psicosociales o condiciones de salud mental. El organismo de estadísticas de México y otras autoridades gubernamentales que recaban datos sobre violencia contra las personas con discapacidad deberían realizar un esfuerzo coordinado para reunir información sobre niñas y mujeres con discapacidad psicosocial, a fin de comprender cabalmente la magnitud del problema.

Otra área que no está presente son las mujeres que se encuentran institucionalizadas, lo cual de por sí representa un abuso contra las personas con discapacidad. No se dispone de datos nacionales acerca de las personas con discapacidad que viven en instituciones, donde es improbable que se denuncien la mayoría de los eventos violentos. Debido a las dificultades que implica recabar datos de personas que se encuentran en instituciones, es posible que al INEGI no le resulte fácil obtener esta información crucial para la próxima encuesta nacional. Pero otro tipo de instrumento, como un censo general de personas que viven en instituciones, y que ha sido implementado en otros países, como Brasil, podría permitir conocer cómo afecta la violencia a las personas con discapacidad que viven en esas condiciones. Habíamos instado al INEGI a que recabara información desglosada sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Incluso con la información que falta, ahora tenemos un panorama mucho más preciso de cuál es la situación y qué políticas deben establecerse.

Los organismos públicos en todos los niveles deberían analizar estos nuevos datos y reconsiderar sus políticas y prácticas con el propósito de contribuir a la seguridad de las mujeres y niñas con discapacidad.

Ya está en trámite un proyecto legislativo para que las mujeres con discapacidad cuenten con servicios accesibles que las protejan frente a la violencia. El año pasado, una coalición de organizaciones de mujeres con discapacidad y otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch y Yo También, presentaron una propuesta para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableciendo la exigencia de que los albergues para mujeres hagan accesibles sus servicios a las mujeres con discapacidad y, entre otras cosas, presten los servicios de apoyo necesarios para que puedan escapar de la violencia. Si bien el Senado aprobó la propuesta en noviembre de 2021, esta se encuentra detenida en la Cámara de Diputados.

Ahora que cuenta con evidencias concretas sobre los altos índices de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad que surgen de la encuesta del INEGI, el poder legislativo debería capitalizar esta oportunidad de impulsar el proceso legislativo y asignar los fondos que sean necesarios. Estas reformas ofrecerían protecciones largamente postergadas a mujeres y niñas con discapacidad que llevan tiempo sufriendo, sin ninguna ayuda ni posibilidad de recurso.

Aunque el mercado laboral en México se ha recuperado, esta reestructuración tiene matices en términos de género, de sector económico y de calidad de los empleos. El trabajo remunerado en hogares, en el que se emplean mayoritariamente mujeres, fue uno de los más golpeados por la pandemia y en los que la reactivación fue más lenta.

Al corte de agosto del 2022, había 2 millones 047,639 mujeres ocupadas en este sector. Esto implicó que en comparación con el mismo mes del año pasado, ahora hay 153,983 mujeres más ocupadas en estas actividades, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi.

Las mujeres representan el 91% del total de trabajadores remunerados de los hogares y este sector, además, es significativamente importante en el mercado laboral femenino general: 2 de cada 10 mujeres trabajan de manera remunerada en los hogares.

Aunque la recuperación de empleos en este sector ha tomado fuerza en lo que va del 2022, todavía queda pendiente la tarea de formalizar estos trabajos. En México cerca del 97% de los y las trabajadoras del hogar están en alguna modalidad de informalidad.

Según cifras del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el programa piloto de registro de trabajadores del hogar apenas tiene poco más de 50,000 afiliados.

Otras tareas pendientes

Además de los derechos laborales básicos, las trabajadoras del hogar también enfrentan otros tipos de violencia y vulnerabilidad en sus empleos.

La discriminación, el acoso y las agresiones dentro de sus espacios de trabajo son prácticas comunes que han reportado algunas organizaciones como el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).

Estas violencias se presentan en situaciones que van desde el hecho de que no cuenten con horarios o días laborales fijos, despidos injustificados, paros temporales sin goce de sueldo; hasta que las insulten o les impidan la salida de sus centros de trabajo.

Vivir con una pareja controladora o abusiva es confuso y agotador. Te culpan por cosas que no fueron tu culpa, o que ni siquiera hiciste, y te aíslas de tus amigos y familiares en un intento de mantener feliz al abusador.

La forma en que ves el mundo también puede cambiar por completo, porque puede ser peligroso para ti conocer la verdad.

Este 25 de septiembre se cumple un año de la toma de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ocupada por mujeres contra la violencia de género en México.

Para celebrar el primer año de la toma del espacio físico, que representa ‘el espacio seguro que necesitan las mujeres’, se organizó una jornada que incluye la remembranza del trabajo colectivo entre ellas.

Asimismo se busca la reivindicación del territorio con el fin de reconocer la verdad y justicia que buscan en los casos de violencia de género que existen en el país.

La jornada iniciará a las 10:00 horas con una ceremonia, dando paso a la jornada de restauración programada a las 11:00 horas; la siembra a las 13:00 horas; la presentación del libro ‘Antimonumentos’ a las 16:00 horas; y por último una exposición fotográfica a las 17:30 horas.

Todo el día se esperan participaciones artísticas de mujeres como: Annakkelia, Aradia Labris, Argelia Guerrero, Capuchas rosas, Conjuto para nombrarnos, Norma Silvia y Anahí Gz; así como Coyota, Karla Álvarez, La feminista de los brillos, Kiltra, Las histriónicas hermanas Himénez, La mizanrena de Santa Cecilia y la Tribu Anárquica.

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¡Acompáñanos este domingo a la primera aniversaria de la Glorieta de las Mujeres que Luchan!

🗓 25 de septiembre
⏰16:00 hrs pic.twitter.com/IKsGNmt7Lt

— Heinrich-Böll-Stiftung Ciudad de México (@boell_MXCA) September 23, 2022