Autor: Editora

  • Enfrentan las mujeres pandemia de violencia sexual: Patricia Olamendi

    Enfrentan las mujeres pandemia de violencia sexual: Patricia Olamendi

    Las mujeres estamos enfrentando la “mayor pandemia que hemos vivido en la historia del país: la violencia sexual, pues corremos peligro también en el entorno familiar, pero no hay ninguna sentencia contra los perpetradores”, afirmó Patricia Olamendi, de “Nosotros tenemos otros datos”.

    En el foro: «Violencia sexual y tortura sexual», realizado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que “sigue existiendo un nivel de complicidad que no logra que la violencia sexual sea castigada como tortura sexual”.

    Consideró que, “es una gran violación a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, pues la violencia sexual es una forma de tortura, cuando es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales, y se comete con determinado fin o propósito”.

    La comisión de ambos delitos persigue los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar, por lo que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que aumenta el terror sicológico y abre la posibilidad de malos tratos o violación”, argumentó.

    La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, llamó a erradicar la violencia sexual, que se configura en tortura sexual, porque “las mujeres no somos presas, tal como nos ha tratado la cultura patriarcal”.

    Destacó que, la violencia sexual es preponderante en nuestro país, “en todos los rangos de la vida, empezando porque hay mayor violencia referida en las mujeres jóvenes; y también, cada vez más, en las mujeres adultas mayores”.

    Es fundamental erradicar la normalización de todo tipo de violencia y sobre todo la sexual, que está basada en estereotipos y patrones discriminatorios complejos, que se proyectan en todo el orden social, y provoca que el aparato estatal y la sociedad sean incapaces de asegurar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

    Con frecuencia, cuando niñas y adolescentes son víctimas de este tipo de violencia, existe una baja denuncia, pues el agresor suele ser un familiar o persona cercana, lo que contribuye a perpetuar la violencia y a acrecentar las consecuencias para las víctimas.

    El Estado, afirmó, debe adoptar medidas especiales acordes a su edad, así como medidas en favor de la familia que, de igual forma, deben ser consideradas como víctimas.

  • Explotación sexual de mujeres en México al alza, admite Gobernación

    Explotación sexual de mujeres en México al alza, admite Gobernación

    La Secretaría de Gobernación admitió que la explotación sexual de mujeres va al alza en México, debido a la pobreza y la desigualdad que imperan en el país.

    Al presentar la Estrategia para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, la Segob alertó que “la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es uno de los delitos de mayor impacto humano y social, que lamentablemente tiene una tendencia creciente”.

    Reconoció que este delito “afecta profundamente a la persona que la vive y deja una secuela indeleble que deteriora el tejido social”.

    Advirtió también que “las principales causas estructurales de esta explotación que se encuentran identificadas son la pobreza y la desigualdad (73 por ciento), discriminación violencia de género (69 por ciento), prácticas culturalestradicionales religiosas que favorecen la explotación sexual (29 por ciento) y así como contextos de movilidad humana de forma insegura (27 por ciento)”.

    A través de la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román, la dependencia federal se comprometió a que, con esta estrategia, se combatirá la corrupción y la impunidad de explotadores, tratantes y sus cómplices.

    En medio de los innumerables feminicidios en el país, la funcionaria expuso que este fenómeno “impacta de manera focalizada a niñas adolescentes mujeres, por lo que cualquier estrategia implementada debe contar con pleno enfoque de género”.

    La presentación de la estrategia estuvo a cargo de la consultora de EUROsociAL+, Yuriria Álvarez Madrid, quien subrayó que se consultó a actores estratégicos para fortalecerla y que se recibieron 2 mil 149 respuestas, de las que 94 por ciento pertenecen al sector gubernamental (principalmente federal) y 6 por ciento al no gubernamental (sobre todo estatal).

    La consultora detalló que las principales modalidades de esta explotación que se han detectado por las autoridades y organizaciones participantes son en línea vía redes sociales (28 por ciento), la utilización de niñez y adolescencia para la prostitución (25 por ciento), el uso de niñas, niños y adolescentes para la pornografía (23 por ciento), para la producción, promoción y distribución de pornografía infantil (19 por ciento) y para la captación forzada de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada con fines de explotación sexual (18 por ciento).

    Indicó que, de acuerdo con la consulta, según la información disponible, la mayoría de los probables responsables son familiares o gente conocida (14 por ciento), integrantes de la delincuencia organizada (7 por ciento), personas desconocidas y usuarias de redes sociales (6 por ciento).

  • ¿Cómo lograr que más mujeres ocupen puestos de liderazgo?

    ¿Cómo lograr que más mujeres ocupen puestos de liderazgo?

    Como es de dominio público, a pesar de décadas de esfuerzos de capacitación, campañas de reclutamiento y programas de mentoría destinados a incorporar a más mujeres a los puestos directivos, la mayoría de los jefes corporativos siguen siendo hombres. Tres economistas en Australia (todas ellas mujeres) dicen que eso se debe a que las innumerables iniciativas que alientan a las mujeres a tener más confianza y menos aversión al riesgo no son la mejor manera de resolver la brecha de género en el liderazgo.

    “La premisa de esas actividades es hacer que las mujeres cambien”, dice Lata Gangadharan, profesora de economía en la Universidad Monash de Australia. Gangadharan, Erte Xiao, quien también es docente en Monash, y Nisvan Erkal, de la Universidad de Melbourne, propusieron una idea alternativa en un artículo publicado en la edición de abril de Leadership Quarterly: la mejor manera de reducir la brecha sería repensar la forma en que se asciende o promueve a las personas.

    Las tres académicas llegaron a esta hipótesis porque… la viven. “Los departamentos de economía no suelen tener mujeres en cargos titulares”, apunta Gangadharan. Alrededor del 15 por ciento de los economistas profesores son mujeres. Las tres reciben regularmente e-mails que anuncian vacantes laborales en la universidad o invitan a los solicitantes a postularse para promociones. “Muchos de mis colegas hombres se postulan”, dice Xiao, que estudia incentivos y normas sociales. Pero ella nunca lo hizo hasta que el director de su departamento se lo pidió.

    El problema, dice, es simple: obtener un ascenso o asumir un papel de liderazgo requiere levantar la mano, pero tiene poca relación con la capacidad. “Selecciona a personas que tienen confianza y se creen muy buenas, y no les importa enviar una señal de competitividad”, dice Xiao.

    En la mayoría de las organizaciones, candidatearse es determinante para ser considerado para un puesto. Pero las mujeres a menudo subestiman sus propias capacidades. Algunas provienen de culturas que les enseñan a no ser asertivas; muchas temen parecer agresivas, lo que puede resultar contraproducente si no son elegidas; y quienes son responsables de cuidar a otros con frecuencia carecen del tiempo para agregar más cosas a su plato ya lleno. Igual de relevante es que muchas mujeres, al visualizar a un líder, todavía ven a un hombre. “Ese estereotipo de liderazgo masculino es muy difícil de romper”, señala Gangadharan, añadiendo que las mujeres tienden a trabajar más años que los hombres antes de pedir un ascenso. “Necesitan sentirse súper preparadas”.

    Las economistas decidieron cambiar el modelo: ¿qué pasaría si por defecto todo el personal calificado compitiera por puestos de liderazgo con la opción de retirarse si así lo desearan? Este mecanismo de exclusión voluntaria ha impulsado la aceptación de los planes de jubilación estadounidense 401(k) que inscriben automáticamente a los empleados a menos que tomen medidas específicas para indicar que no quieren participar.

    Las tres profesoras probaron la idea en el laboratorio, porque en un centro de trabajo real una mujer podría no solicitar el puesto si, por ejemplo, está a punto de tener un bebé o si el jefe es malaleche. En una serie de experimentos, más de mil mujeres y hombres trabajaron en equipos en varias tareas. Los participantes fueron evaluados sobre la calidad de su trabajo, y los de mejor desempeño se convirtieron en jefes o jefas a menos que activamente decidieran no serlo. Sorpresa: se redujo la brecha de género.

    Mientras tanto, en otro grupo cuyos participantes debían solicitar expresamente ser considerados para un rol de liderazgo, el desequilibrio de género continuó, incluso cuando las mujeres sabían que tenían un desempeño superior y definitivamente se convertirían en jefas si se postulaban. La conclusión es que todos esos esfuerzos corporativos para apoyar la equidad tienen poco impacto a menos que las mujeres estén en el grupo de candidatos por defecto. “Este trabajo proporciona un enfoque fácilmente implementable para mejorar la representación de las mujeres en el liderazgo”, afirmó Daniel Houser, director del departamento de economía de la Universidad George Mason.

    La solución sugerida no siempre funcionará. Evaluar y tamizar candidatos adicionales es costoso, la gran cantidad de rechazos puede bajar la moral y la discriminación puede aparecer más adelante. Xiao sugiere tener en cuenta dos factores en cualquier proceso: la clase de personas que se pretende tomar en consideración y el mensaje que se transmite. En un sistema de exclusión voluntaria, el mensaje es que todos están cualificados y bajo consideración. “Es realmente bueno para el futuro de las organizaciones”, dice Gangadharan.

  • Impunidad, factor agravante de la desaparición de mujeres

    Impunidad, factor agravante de la desaparición de mujeres

    La impunidad y la falta de prevención son dos factores que agravan la crisis de desaparición de mujeres en México, señala Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.

    Para la experta, es necesario ver que las desapariciones no son un fenómeno aislado, “no suceden en un vacío, sino que a medida que aumentan los niveles de violencia en el país, los homicidios, la trata de personas, el secuestro y otros delitos aquéllas también se incrementan”.

    Ansolabehere comenta que las desapariciones de mujeres no están aisladas de la violencia, por lo que en la medida en que éstas no se contengan, seguirán sucediendo. También es importante ver cómo se investigan: “estos casos se investigan como si fueran únicos, no como si tuvieran relación, incluso cuando suceden en el mismo municipio, en zonas parecidas, es como si sucedieran en una entidad federativa o en un municipio donde no desaparece gente”.

    Lo anterior “lleva a que no se hagan diligentemente las investigaciones. Si en cada caso empezamos de nuevo y no hay aprendizaje y análisis de dónde desaparecen las personas o cómo se les encuentra, entonces continuamos haciendo las cosas como hace tiempo, cuando no tenía la magnitud actual”.

    Características de género

    Según el Reporte Semestral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas del gobierno de México, del 1 de enero al 30 junio de 2021 “las mujeres representan 24.70 por ciento de las personas desaparecidas, pero si sólo tomamos a las personas menores de 18 años, las niñas y mujeres adolescentes representan 55.3 por ciento y la mayoría de ellas tiene entre 10 y 17 años”, precisa la investigadora.

    Para Ansolabehere la desaparición de mujeres tiene características de género, “se les desaparece por ser mujeres. Muchas veces lo hacen personas cercanas, su pareja sentimental o familiares, o también las toman como botín de guerra en las disputas territoriales”.

    Impunidad y fallas en el debido proceso

    “Me parece que lo que hay que ver son las estructuras o barreras que están impidiendo la investigación –comenta la especialista–; hay más de tres mil recomendaciones internacionales a México por temas de Derechos Humanos, muchas de ellas dirigidas al sistema de procuración de justicia.

    “Lamentablemente, la impunidad es casi absoluta y las barreras de acceso a la justicia por parte de las familias son muy altas y graves. Hay honrosas excepciones, como en Chihuahua, donde hay más investigación. En el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad hemos nombrado a este fenómeno el embudo de la justicia. Si entramos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay casi 99 mil 600 personas desaparecidas y, de acuerdo con los censos de procuración de justicia que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hoy no llegan a dos mil las carpetas abiertas por desaparición forzada. Hay 35 sentencias y aunque no todo es desaparición forzada, porque se puede reclasificar, los niveles de impunidad son prácticamente absolutos”, apunta la especialista.

    Es una emergencia

    Cuando se ven los números de la impunidad se debe pensar que el sistema de justicia no está funcionando con la diligencia que tiene que hacerlo. “O quizás que no es un problema de una magnitud tal que se debe modificar la manera de hacer las cosas. En el momento de la emergencia hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Y estamos en una situación de emergencia”

    Se fue con el novio

    Cuando una mujer desaparece, especialmente si es joven, se cree que se fue con el novio o que escapó de casa por algún motivo. Para Karina Ansolabehere “hay que desarmar esto. Se tiene que buscar a la persona desaparecida, no importa la causa; no podemos ser presas de nuestros estereotipos y prejuicios. Hay que pensar cada caso como si fuera el más grave. No podemos minimizarlo, hay que considerar la hipótesis más grave para actuar en consecuencia, y ninguna hipótesis es menos grave que otra”.

    Pasos a seguir

    Sobre lo que podría ayudar para comenzar a solucionar el problema, la experta señala que es necesario analizar el contexto, cambiar la forma de investigar. “Ya está en la ley, fue un logro por el que lucharon las familias de los desaparecidos. Hay que hacer un análisis significativo del contexto, no para cumplir con un machote, sino tener gente que sepa analizar información y contar con información relevante”.

    Otro paso importante es la prevención: “No podemos ir como ambulancias, sólo recogiendo víctimas, tenemos que prevenir. Que haya programas y planes que vayan a las causas y empiecen a ponerle un freno”.

  • Suman 12 mil 586 mujeres asesinadas en el sexenio

    Suman 12 mil 586 mujeres asesinadas en el sexenio

    En lo que va del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador12 mil 586 mujeres han sido víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Los datos muestran que en promedio mataron a 10 mujeres al día; la mayoría de las víctimas tenía 18 años de edad o más.

    De diciembre de 2018 a marzo de 2022, la violencia homicida contra este grupo poblacional registra niveles récord, por lo que especialistas en temas de seguridad urgen al gobierno a atender el problema.

    Destacan que los principales agresores de las mujeres son sus parejas afectivas, seguidas por familiares.

    Datos

    • 3,300 asesinatos en todo el país se registraron como feminicidios
    • 9,286 casos se clasificaron como homicidios dolosos en ese lapso
  • Derechos reproductivos son la base para el empoderamiento de las mujeres, dice la ONU

    Derechos reproductivos son la base para el empoderamiento de las mujeres, dice la ONU

    El secretario general de la ONU, António Guterres, cree que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son la «base para que las mujeres y las niñas del mundo puedan elegir, empoderarse e igualarse», dijo un portavoz de la entidad, tras la filtración de un borrador de dictamen que anularía el derecho de aborto en Estados Unidos.

    Aunque el portavoz de la ONU, Farhan Haq, no quiso comentar directamente el borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo que Guterres ha planteado en repetidas ocasiones su preocupación por «un retroceso global» en los derechos de las mujeres, incluidos los reproductivos y los relativos a servicios sanitarios esenciales.

    La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autenticidad del borrador del fallo para anular la decisión Roe v. Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, pero dijo que no representaba su posición final, que debe llegar para finales de junio.

    «Aunque hemos visto este documento que se ha filtrado y plantea una serie de preocupaciones para todos nosotros, en nuestras políticas internacionales en términos de permiso a la salud reproductiva de las mujeres y las niñas, seguiremos apoyando esos esfuerzos«, dijo la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

    «Hemos restaurado la posición de Estados Unidos en este tema», agregó.

    Bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump, Estados Unidos lideró una presión en la ONU contra la promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres porque considera que eso es una norma para el aborto. Se opuso al lenguaje internacional acordado desde hace tiempo en las resoluciones de la ONU.

    Trump también recortó en 2017 la financiación del Fondo de Población de la ONU porque dijo que «apoya o participa en la gestión de un programa de aborto coercitivo o esterilización involuntaria».

    La ONU dijo que era una percepción inexacta. El Gobierno del presidente Joe Biden ha restablecido la financiación.

  • La Federación presenta plan para erradicar violencia hacia las mujeres

    La Federación presenta plan para erradicar violencia hacia las mujeres

    El gobierno federal presentó ayer el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM), emprendido de manera conjunta entre varias dependencias.

    Se trata de 112 acciones orientadas en 14 estrategias y cuatro ejes principales, cuyos objetivos son instaurar medidas preventivas, promover servicios de atención especializada con enfoque interseccional e intercultural, impulsar una procuración de justicia con perspectiva de género, así como acciones coordinadas para institucionalizar en el Estado la erradicación de la violencia a las mujeres.

    Para elaborarlo se consultó a activistas, académicas, gobernantes y mujeres en distintos foros. El programa “incorpora la voz de miles de mujeres que expresaron sus necesidades y propuestas”, se dijo mediante un video en la presentación.

    La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, sostuvo que se trata de atender un problema que es muy complejo, en el que todas las instituciones tienen una parte de responsabilidad, y en la que la sociedad también debe jugar un papel protagónico.

    “Nos están quedando a deber en cuanto a justicia”

    “Nos están quedando a deber, lo digo todos los días y lo seguiré diciendo mientras las cosas no cambien, las áreas de procuración e impartición de justicia nos están quedando a deber, le están quedando a deber a las mujeres de este país», subrayó.

    Recalcó que en estos tres años de la administración federal se han enfrentado a la inercia de más de tres décadas de aumento de violencia, discriminación sistemática y exclusión de los grupos más vulnerables. A diferencia del pasado, “hoy el Estado no es el problema ni el obstáculo”, sino que asume su responsabilidad de garantizar un estado libre de violencia, expresó.

    Entre las acciones, mismas que fueron aprobadas por el Sistema Nacional de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se da prioridad a la prevención, lo cual representa 40 por ciento del programa, agregó.

    Participaron en el acto la titular de Educación Pública, Delfina Gómez; de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; de Inmujeres, Nadine Gasman, y representantes de varias dependencias, la mayoría mujeres.

    En su intervención, Gasmán llamó a cambiar la sociedad machista, sexista y racista, que provoca que niñas y mujeres no se sientan seguras en la casa, la calle o el trabajo.

  • Gobierno Federal aún no entrega a entidades 719 mdp para combatir violencia contra las mujeres

    Gobierno Federal aún no entrega a entidades 719 mdp para combatir violencia contra las mujeres

    Tras cambios administrativos en el gobierno federal, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim) debería operar dos estrategias para el combate a la violencia contra las mujeres en las entidades federativas que suman 719 millones de pesos, pero hasta el primer trimestre de este año aún no había distribuido los recursos.

    El financiamiento del gobierno federal al combate a la violencia contra las mujeres en las entidades estaba etiquetado en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que era operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), pero tras su desaparición por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, los 289 millones de pesos de presupuesto siguen intactos.

    Tras la extinción del Indesol, el programa sería operado por la Conavim, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero esta recibió el presupuesto apenas a final de abril y aún no hay fecha para distribuirlo a los estados.

    Lo mismo está pasando con los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR) que llevan más de cuatro meses operando sin recibir los 430 millones previstos debido a que ese presupuesto también estaba etiquetado en la Secretaría de Bienestar, pero a partir de 2022 sería operado por la Conavim, pero tampoco han sido entregados.

    Esto ha detenido, por ejemplo, el traslado de mujeres víctimas de violencia a otros estados o países lejos de sus agresores. Además, los centros tienen deudas con proveedores de alimentos y medicamentos, que han seguido surtiéndoles a través de préstamos.

    En el caso del PAIMEF, se trata del financiamiento a los institutos de mujeres en los estados y si bien el retraso en la entrega de recursos había sido un problema permanente del programa, en este año aún falta que la Conavim publique las reglas de operación, que los institutos presenten sus propuestas, que sean aprobados y solo así recibirán los recursos.

    El retraso en la asignación de este presupuesto siempre ha afectado la operación de los mecanismos y acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres que realizan los estados con ese subsidio federal desde los institutos de las mujeres estatales, advierte Elsa Conde, feminista e integrante de Aliadas por la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres.

    Esta retención ocurre en un momento en que la aplicación del dinero público se vuelve aún más urgente ante la violencia contra las mujeres que se ha duplicado en los últimos siete años, pues mientras que en el primer trimestre de 2015 hubo 470 mujeres asesinadas, en 2020 y 2021 la cifra fue de 987 y 963, respectivamente.

    La desaparición del Indesol

    El 31 de diciembre de 2021, el presidente López Obrador firmó el decreto para desaparecer el Indesol, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, y reducirlo a una “dirección general” en dicha dependencia.

    Sin embargo, el cambio ocurrió sin tener claridad en la operación de los recursos para el combate a la violencia contra las mujeres. Por eso es que días antes de ello, el 11 de diciembre de 2021, la Secretaría de Bienestar aún aparecía como la dependencia responsable y por eso había publicado las reglas de operación del programa, requisito indispensable para que los estados participen y puedan recibir el subsidio.

    En tanto, en el decreto de extinción se establecía que “los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Indesol serán transferidos a la nueva dirección”, pero no decía qué pasaría con ese programa.

    La titular de la Conavim, Fabiola Alanís, aseguró entonces que “la Comisión se hará cargo en el 2022 ya de la conducción de los refugios y también de lo que tiene que ver con el Programa de Apoyo  de las instancias que se relaciona con las entidades federativas del PAIMEF”.

    No obstante, en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, el PAIMEF tenía un avance de gasto de 0.5%.

    Animal Político preguntó a la Secretaría de Bienestar quien respondió que la semana pasada transfirió los recursos a la Conavim la semana pasada. En tanto, la Conavim no respondió a entrevista.

    En diciembre pasado, tras la extinción del Indesol, Fabiola Alanís defendía la decisión del presidente, y declaró a este medio que “la Conavim tiene toda la capacidad, la  posibilidad de hacerse cargo de estos programas y más. No debe haber ahí ninguna duda al respecto. El traslado de los programas también implica traslado  de personal, de lo que es la plataforma, del sistema, no es de que ‘te doy los recursos y hazte  cargo y hazte bolas’. Este es un tema, institucional y está caminando, va a caminar muy bien”.

    “Lejos de debilitarse (al PAIMEF), se fortalece porque va a complementarse muy bien con los recursos que ya se implementan desde la Conavim para las alertas de violencia de género, para los centros de justicia para las mujeres y esto va a ayudar a verlo como un todo”, dijo.

  • Liberan a 28 mujeres que fueron detenidas en protesta feminista en Irapuato

    Liberan a 28 mujeres que fueron detenidas en protesta feminista en Irapuato

    Después de las 10 de la noche del lunes, quedaron en libertad 28 mujeres (cinco menores de edad) y un hombre detenidos por policías municipales en Irapuato tras una protesta feminista. La mayoría de las detenidas fueron golpeadas y denunciaron haber recibido amenazadas por los elementos que reprimieron la manifestación afuera de la Presidencia Municipal, la tarde del 1 de mayo.

    “¡No están solas! ¡No están solas!”, gritaron desde el exterior del Centro de Reinserción Social de Irapuato otras feministas, integrantes de organizaciones civiles y familiares que las esperaron durante el transcurso del lunes, luego de que se denunció su detención arbitraria.

    “Nosotras no encontramos elementos que sustenten las acusaciones contra ellas, no vimos los delitos…la autoridad necesita aprender que las manifestaciones feministas hoy son un fenómeno social que demuestran el grado de violencia y la incapacidad que el Estado ha tenido para prevenir y resolver la violencia contra las mujeres”, remarcó la defensora Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres.

    La asociación civil Las Libres se hizo cargo de la representación jurídica de las detenidas, y tras varias horas de desahogar diligencias ministeriales, incluyendo declaraciones y la revisión médica para calificar las lesiones que presentan, lograron que las 28 mujeres y el hombre detenidos salieran del Cereso.

    Ya en el exterior, Cruz Sánchez remarcó que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno panista cometió muchos errores.

    “Tienen que aprender de estos errores, y tienen que dejar el derecho de las personas manifestarnos de diversas maneras y la policía tiene que estar entrenada y entendida que el uso desproporcionado de la fuerza es un delito”, señaló.

    E insistió en que frente a estas protestas del movimiento feminista en Guanajuato y en México, las autoridades de todos los niveles “deben atenderlas pacíficamente, y aprender cómo se debe de contener la fuerza pública para no utilizarla desproporcionadamente”.

    Y reiteró que la mayoría de las mujeres recibieron golpes por parte de las policías -también mujeres, supuestamente capacitadas como “policía de género”-, como se constató en numerosos videos en los que se vio cómo en grupos las agentes fueron sometiendo a las manifestantes, algunas de las cuales fueron abofeteadas frente a las grabaciones, pero surgieron también denuncias por tortura y amenazas, incluso de muerte y de abusos sexuales.

    Con todo, esta misma noche en un comunicado, el gobierno de la alcaldesa panista Lorena Alfaro García ratificó que presentó a través de la Secretaría de Seguridad Pública -en la que está como encargado del despacho el zacatecano Víctor Armas Zagoya- una denuncia ante la Fiscalía general del estado contra las detenidas, acusándolas de daños al Palacio Municipal y de lesiones “de seis policías municipales y agentes de Tránsito”, aunque inicialmente habla de 11.

    “Las Libres vamos a hacer todo el trabajo jurídico para cerrar esas carpetas…(la autoridad municipal) tiene que aprender. No es posible que ante toda esta violencia que estamos viviendo en el estado, en el municipio…tienen que aprender”, dijo Cruz Sánchez.

    En este proceso de liberación intervino también el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses.

     

     

  • Congreso queda corto con temas de mujeres; siguen pendientes reformas

    Congreso queda corto con temas de mujeres; siguen pendientes reformas

    Aunque en el Senado es frecuente la indignación por los ataques en contra de las mujeres, incluso llamar a evitar que México se convierta en un “cementerio de mujeres”, como exhortó el coordinador panista, Julen Rementería, en la agenda del pleno del Senado se quedaron pendientes al menos siete instrumentos legales para mejorar su seguridad.

    Pese a que estuvieron rodeados de anuncios mediáticos, cierres de filas o fueron producto de foros, seminarios y parlamentos abiertos, los Siete Pendientes que se quedaron en el tintero del Senado son prohibir de manera expresa que los usos y costumbres de los pueblos indígenas incluyan el matrimonio de adultos con niñas menores de edad.

    Castigar con hasta 21 años a quien agreda con ácidos o cualquier sustancia química a una persona que haya sido o sea su pareja sexual; encarcelar hasta cinco años a quien acose sexualmente a un persona e inhabilitar a los servidores públicos que acosen a sus subalternas.

    Introducir en la ley que la legítima defensa protegerá a la víctima que se haya defendido de su agresor, sin medir consecuencias, como efecto de su estado de miedo provocado por el ataque; establecer en el marco jurídico que deberá considerarse el consentimiento expreso de una mujer o víctima para definir el ataque sexual.

    Proteger a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento del crimen organizado y llevar a rango federal la despenalización del aborto, para evitar el Encarcelamiento de mujeres, son los temas pendientes que quedaron en la agenda del pleno del Senado, a pesar que desde septiembre del 2021 y hasta abril del 2022 integrantes de todas las bancadas expresaron su disposición a avanzar en estos temas.

    LOS AVANCES 

    Durante el primer año de trabajo de la LXV Legislatura, que incluye dos periodos ordinarios de sesiones de los plenos de ambas Cámaras: del 1 de septiembre de al 15 de diciembre del 2021 y del 1 de febrero al 30 de abril del 2022, el Poder Legislativo federal hizo varias reformas para adecuar las leyes federales, generales y nacionales a los criterios de lenguaje inclusivo, paridad de género en puestos públicos y enfoque de género en el fomento de: educación, medio ambiente, salud, cultura, deporte, ciencia y tecnología.

    Pero además, concretó cinco reformas que buscan mejorar los instrumentos legales para proteger a las mujeres, como un cambio a la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer de manera explícita que las mujeres tienen derecho a amamantar a sus hijos en los espacios públicos, sin que sean objeto de discriminación alguna.

    Otra más para dejar explícito que las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos laborales y de acceso a todos los servicios públicos, así como ser consideradas a todas las tareas donde ellas consideren pueden desarrollarse.

    Y aprobó un paquete de tres reformas para mejorar la alerta de género, la alerta de feminicidio y la debida diligencia ministerial para el caso de las agresiones contra mujeres.

    LOS PENDIENTES 

    Pero a pesar de los avances registrados en el primer año de trabajo de la LXV Legislatura, que se suman a los obtenidos en la LXIV Legislatura para tipificar como delitos la exhibición de imágenes y videos íntimos de una persona o castigar la difusión de imágenes de una mujer asesinada, hay pendientes que los mismos senadores consideraron fundamentales en el mundo que anunciaron la intención de abordarlos.

    En el último día de sesiones del Senado, el 27 de abril, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad todo lo referente a los ataques con ácidos, la letítima defensa y el acoso sexual, pero no hubo tiempo para que se analizaran en el pleno.

    A propuesta de la priista Sylvana Beltrones, la Comisión de Justicia aprobó incluir en el Código Penal Federal que “se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesión o privación de la vida a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión.

    “Igual presunción corresponde cuando la conducta tuviere lugar en un contexto de violencia de género, que abarque la violencia física, psicológica, sexual o feminicida.

    “El daño deberá ser proporcional a las circunstancias de la agresión ilegítima que motive la legítima defensa.

    “En los supuestos en que proceda, las personas a cargo de las investigaciones y las personas juzgadoras deberán actuar con perspectiva de género”, dice la reforma al Código Penal Federal.

    Añade que “no se considerará exceso en la legítima defensa cuando al momento en que ésta se concretiza concurran circunstancias en las que la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados”.

    Respecto al ataque con sustancias químicas, que reúne iniciativas de todos los grupos parlamentarios, se adiciona al Código Penal Federal que se castigará con cárcel de siete a trece años “a quien por sí o por interpósita persona, cause a otro lesiones, usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer un daño o enfermedad incurable”.

    Provoque también “la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquiera función orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel”.

    Dispone que “la pena prevista en el presente artículo se aumentará en dos terceras partes, cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza”; es decir, que la pena máxima de 13 años de cárcel aumenta a 21 años seis meses.

    Y en cuanto al acoso sexual, reformó el Código Penal Federal para establecer que “al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, en espacio público, privado o a través de medios informáticos afectando la integridad, y como resultado de dicho acoso cause intimidación, degradación, o humillación que genere una desventaja, indefensión o riesgo para la víctima, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

    Pero hay también pendientes que se quedaron en intenciones mediáticas y declarativas de los senadores.

    El consentimiento expreso se quedó sólo como iniciativa, que no fue presentada oficialmente en el pleno, sino turnada a las comisiones de manera automática, después de realizarse dos foros de discusión, incluso la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, anunció que iba a proponer dispensarle todos los trámites para aprobarla en el pleno, pero no ocurrió.

    Desde septiembre del 2021, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Génearo, la morenista Marha Lucía Micher Camarena, anunció que en el Senado iban a trabajar por la despenalización del aborto a nivel federal, luego que la Corte confirmó que las legislaciones que lo penalizan son inconstitucionales; sin embargo, no se pudo concretar esa reforma.

    En octubre del 2021, como efecto del caso de una niña que se escapó para no ser obligada a casarse con un adulto, en Guerrero, el senador priista Manuel Añorve presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los usos y costumbres de los pueblos indígenas no incluyan el matrimonio con niñas y adolescentes.

    En esa ocasión, todos los grupos parlamentarios se comprometieron a legislar sobre el tema, pero no lo hicieron; sólo sacaron una propuesta con punto de acuerdo.

    Penalizar el uso de los menores de edad por el crimen organizado se quedó en un tema discutido en foros, que produjo una iniciativa, pero no se concretó.

    CEMENTERIO 

    Ayer, cerrado el periodo ordinario de sesiones, el líder de los senadores del PAN, Julen Rementería, instó a no soslayar el problema de la violencia contra las mujeres, porque México no debe ser un cementerio para ellas.

    El panista explicó que “la dura y terca realidad es que han sido incapaces de aplicar una estrategia para frenar el crimen. Marzo, el mes de la mujer casualmente fue sumamente violento y, tristemente parece que abril podría ser peor.

    “Los números de este 2022 hablan por sí mismos. Hay un récord de dos mil 287 denuncias por violación, 334 víctimas de extorsión, y 28 mil 832 llamadas de emergencia de violencia contra la mujer; 229 feminicidios y 628 víctimas de homicidio doloso; es decir. 10 mujeres asesinadas al día, de acuerdo a cifras oficiales”, destacó.

    Julen Rementería añadió que “no deberíamos ni podemos, por supuesto, acostumbrarnos a que la desaparición de una mujer, su asesinato, sea nota de todos los días”.

    7 PENDIENTES 

    Planes que se quedaron en el tintero del Senado.

    • l Prohibir de manera expresa que los usos y costumbres de los pueblos indígenas incluyan el matrimonio de adultos con niñas menores de edad.
    • l Castigar con 21 años a quien agreda con ácidos a una pareja o expareja.
    • l Encarcelar hasta 5 años a quien acose sexualmente a una persona e inhabilitar a los servidores públicos que acosen a subalternas.
    • l Introducir en la ley que la legítima defensa protegerá a la víctima que se haya defendido de su agresor sin medir consecuencias, como efecto de su estado de miedo provocado por el ataque.
    • l Proteger a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento del crimen organizado.
    • l Llevar a rango federal la despenalización del aborto, para evitar el encarcelamiento de mujeres.

    CINCO REFORMAS  

    • l Buscan mejorar los instrumentos legales para proteger a las mujeres.
    • l Las mujeres tienen derecho a amamantar a sus hijos en los espacios públicos, sin que sean objeto de discriminación alguna.
    •  l Las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos laborales y de acceso a todos los servi- cios públicos.
    • l Tipificar como delitos la exhibición de imágenes y videos íntimos de una persona.
    • l Castigar la difusión de imágenes de una mujer asesinada.