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El Banco Mundial estimó que esta inequidad en ingresos se calcula en 172.3 billones de dólares o el equivalente al doble del PIB mundial.

¿Piensas que la diferencia salarial entre hombres y mujeres no tiene impacto? El Banco Mundial estimó que esta inequidad se calcula en 172.3 billones de dólares o el equivalente al doble del PIB mundial. Sin embargo, esta cifra no sorprende teniendo en cuenta que en 86 países las mujeres enfrentan restricciones laborales.

Para la economista Mónica Orozco, directora de GENDERS AC, el problema se remonta a dos aspectos fundamentales: la distribución desigual del trabajo doméstico no remunerado (las mujeres invierten 2.5 veces más tiempo que los hombres, de acuerdo con ONU Mujeres), así como la falta de servicios y políticas enfocadas al cuidado.

Se calcula que 2,400 millones de mujeres en edad laboral no tienen igualdad de oportunidades económicas en comparación los hombres, lo que ocasiona que, en promedio, accedan a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos, de acuerdo con el Informe: “La mujer, la Empresa y el Derecho 2022”, elaborado por el Banco Mundial.

A nivel mundial, 178 países continúan presentando barreras legales que les impiden a las mujeres participar plenamente en la economía. Por ejemplo, en México el hecho de que la sociedad y las leyes no reconozcan la responsabilidad conjunta en las labores de cuidado entre trabajadores hombres y mujeres asegura para ellas una mayor carga de trabajo no remunerado y una menor disponibilidad de tiempo.

“Hasta hace muy poco la prestación de guarderías por parte del Seguro Social solamente estaba garantizada para trabajadoras mujeres como si los hombres no tuvieran responsabilidad en el cuidado de los niños. Entonces este diseño de las prestaciones de Seguridad Social hace que la carga de este tipo de políticas recaiga sobre las mujeres”, aseguró Orozco en entrevista para Forbes México.

De acuerdo con el mismo informe, 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por una posición. Para la economista, quien se desempeña como investigadora y activista en temas de igualdad de género, la problemática alrededor del trabajo no remunerado es inclusive más urgente que la aplicación de una ley que garantice un pago igualitario.

“El problema de la brecha salarial requiere no solo una disposición en materia de salarios, sino de acompañarse con acciones que garanticen condiciones más igualitarias, pues muchas mujeres tienen que cumplir con jornadas de trabajo y cuidados físicos que las dejan en desigualdad de condiciones”, agregó.

Entre los factores que influyen para que las mujeres elijan un trabajo de tiempo parcial destaca la compatibilidad entre una vida laboral y sus labores de cuidado. Sin embargo, este tipo de posiciones no siempre aseguran el acceso a la seguridad social, pensión, créditos para la vivienda, entre otras prestaciones.

Ante esto, reconocer la misma responsabilidad de cuidado entre mujeres y hombres es un punto importante dentro de las empresas a través de acciones como los pases de cuidado infantil, la instalación de servicios de cuidado infantil dentro de sus instalaciones, así como los protocolos de acción contra la violencia de género.

En el sector público, la experta asegura que un servicio de cuidados que cubra a los niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como escuelas con horario ampliado o de tiempo completo sería fundamental para la vida profesional de las mujeres, pues normalmente son trabajos que recae en ellas.

Actualmente, existen 55 economías en las que el sector público presta servicios de cuidado infantil, sin embargo, 80% no asegura su acceso gratuito.

“Los servicios de cuidados con los que contamos actualmente son accesibles para las personas de mayores recursos. Sin embargo, el diseño de un sistema de cuidados tiene que contemplar también la accesibilidad financiera para quienes no pueden pagar o inclusive su gratuidad”, puntualizó la experta.

En México, hay una iniciativa pendiente de discusión sobre el reconocimiento del cuidado que realizan las mujeres, asimismo existe una propuesta pendiente para incluir un sistema nacional de cuidados.

Las licencias o permisos de paternidad se diseñaron para brindar tiempo a los hombres con la familia al momento del nacimiento o adopción de los hijos. En México, este permiso consta de cinco días hábiles con goce de sueldo para los padres, desde el día en que sus hijos nacen o son adoptados.

“Creo que más allá de los permisos de paternidad debemos propiciar un cambio cultural que asegure el uso efectivo de estos e impulsar permisos paternales y permisos de cuidado familiar, que son los que permitirían una distribución más igualitaria de los roles de cuidado durante toda la infancia y edad escolar”, explicó Mónica Orozco.

El problema de la informalidad también afecta el tema de la paternidad, pues, solo podrán disfrutar de estos permisos aquellos trabajadores que estén asegurados, por lo que la experta recomendó apostar por el cambio cultural para llegar a una igualdad de responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres.

“Al asegurar la provisión de políticas, servicios y apoyos para el trabajo no remunerado se apoya la elección de las mujeres que se quieren dedicar al trabajo del hogar y de sus familias. Lo que hay hacer es ampliar las oportunidades para que las mujeres puedan elegir”, consideró la experta.

Zacatecas se convirtió en el primer estado de México en tipificar como un delito específico la violencia vicaria, una situación que afecta a más mujeres en todo el país. Aquí te explicamos en qué consiste y cómo identificarla.

Cuando una pareja se separa, puede ser difícil romper todos los lazos que unían a las dos personas. Sobre todo, cuando ambos tuvieron hijos durante su unión. Es ahí cuando existe la posibilidad de que haya violencia vicaria.

¿En qué consiste la violencia vicaria?

Está considerada una violencia de género perpetrada por interpósita persona, cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre.​​​​

Pero es necesario aclarar que esta puede ser efectuada no solo cuando hay una relación consanguínea en la familia, sino incluso cuando hay un parentesco de tipo civil.

Por eso, el Congreso de Zacatecas aprobó tipificar el delito de la violencia vicaria, como parte de su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo la siguiente definición:

“Cualquier acto u omisión, por parte de la pareja o expareja sentimental de una mujer que inflija a personas con las que esta tenga lazos de parentesco civil, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de causar perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la mujer”.

Consecuencias de la violencia vicaria

Las exparejas de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia agreden a los seres queridos de éstas para causarles dolor. Pero ese no es, en todos los casos, el único fin. Pues los violentadores pueden usar el sufrimiento de la madre para chantajearla y hacer valer su supuesta autoridad.

Los miembros de la familia que están dentro de esta situación de violencia pueden sufrir estrés, ansiedad, estrés postraumático, entre otro tipo de problemas psicológicos. Esto sin contar los daños físicos de los hijos que pueden ser víctimas de la violencia vicaria.

Los niños como víctimas centrales

La infancia es particularmente afectada por la violencia vicaria, al ser el blanco de agresiones de las exparejas de las mujeres. Los hijos no solamente pueden ser maltratados físicamente. Incluso, cuando el agresor no se puede acercar a ellos, puede enviarles amenazas, hostigarlos y acosarlos por diversos medios.

¿Por qué es importante tipificarlo como un delito específico?

La violencia vicaria puede ser solo el inicio de una serie de actos de agresión en contra de los hijos y la mujer. En algunos casos de feminicidios existen antecedentes de violencia intrafamiliar que siguió aún después de la separación de la pareja.

Además, algunas mujeres no pueden denunciar al agresor debido a que no son ‘directamente’ afectadas. De este modo, tipificar el delito de la violencia vicaria permite proteger a los hijos y a la madre, tanto a nivel de prevención, como de erradicación y sanción.

Así, la tipificación de la violencia vicaria puede acarrear sanciones para el agresor que van desde limitaciones en el ejercicio de la custodia o la convivencia con los hijos, limitaciones en los derechos civiles, políticos e incluso la pérdida de la libertad. Esto, dependiendo del grado de violencia de cada caso.

De acuerdo con Animal Político, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está analizando 150 casos de violencia vicaria en diversas partes del país.

Los ataques contra mujeres siguen imparables. Marzo alcanzó cifras históricas de incidencia en por lo menos cuatro delitos de alto impacto: extorsión, corrupción de menores, violación y agresión de género, de acuerdo con el reporte mensual sobre violencia contra ellas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo peor de la pandemia del COVID parece haber quedado atrás; sin embargo, los estragos que deja en la economía mexicana son visibles y en su mayoría negativos, porque se requerirán varios años de trabajo para quedar totalmente resueltos.

Mujeres salieron y tomaron las calles de la Ciudad de México una vez más —mil 500 según la Secretaría de Gobierno—, y este domingo exigieron justicia y mejoría en la actuación de las autoridades respecto a los feminicidios y las desapariciones, las cuales, denunciaron, se han incrementado en esta administración.

El detonante de la movilización, en esta ocasión, fue la muerte de Debanhi Escobar, quien fue encontrada sin vida dentro de una cisterna días después de que se reportara que no llegó a casa en el estado de Nuevo León.

“¡No cayó en la cisterna, no fue un accidente!, ¡a ella la mataron!”, gritaban las mujeres, en su mayoría jóvenes e integrantes de varios colectivos que se coordinaron y organizaron en redes sociales para protestar.

El punto de reunión fue el Monumento a la Revolución y la Estela de Luz, sobre Reforma. De ahí caminaron de manera pacífica hacía la plancha del Zócalo capitalino, y en esta ocasión el contingente no causó desmanes. Luego se enfilaron hacia la Fiscalía General de Justicia capitalina, la cual desde la mañana fue protegida con vallas metálicas.

Al frente de la protesta estaban madres de jóvenes desaparecidas y de víctimas de feminicidios ocurridos en este año en todo el país: de Veracruz, Estado de México, Michoacán, Ciudad Juárez, Tijuana, Querétaro, Mérida, Puebla y Morelos, entre otros puntos.

“¡Nos están matando y nadie hace nada!, no hay protocolos de búsqueda correctos para encontrar a las mujeres de manera inmediata, en el Ministerio Público nos siguen criminalizando, las autoridades siguen creyendo que esto es normal o es nuestra culpa.

“El caso de Debanhi fue el colmo. La encontraron en un lugar que ya habían revisado, culpan a sus amigas, a sus papás, cuando la responsabilidad es de las autoridades, ellos nos deben dar garantías de que podamos salir a fiestas a divertirnos, a tener vida como todos los hombres”, exponía mientras caminaba Mariana Martínez, madre de una joven desaparecida de Xalapa, Veracruz.

La protesta transcurrió con tranquilidad sobre Reforma, atravesaron avenida Juárez y por la calle peatonal de Madero, rumbo al Zócalo, sin romper un solo cristal.

En el camino iban pegando carteles con los rostros de las mujeres desaparecidas y víctimas de violencia de género.

Otro contingente se dirigió al búnker de la FGJ, pero al percatarse de que estaba “blindado” optaron por acudir a las instalaciones de la Policía de Investigación (PDI). Luego de una pequeña gresca, el contingente se dirigió a la Fiscalía de Atención a la Violencia de Género.

A través de su cuenta de Twitter, la fiscalía local indicó que respetaba las manifestaciones y que trabaja para protegerlas.

A su vez, el secretario de Gobierno, Martí Batres, indicó que la mayoría de las personas asistieron lo hicieron de forma pacífica.

Con información de Salvador Corona

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintanilla Osuna, declaró que hasta este día en México hay más de 24 mil 600 mujeres desaparecidas que están esperando que las encuentren, por lo que conminó a todas las comisiones locales de búsqueda y fiscalías de los 32 estados dejar a un lado la “estigmatización” y “coordinarse” mejor para localizarlas con vida.

Lo anterior lo mencionó en su discurso que ofreció en un acto a puerta cerrada que realizaron en el centro de Convenciones de Xochitepec, Morelos, en donde se reunieron enlaces de las 32 fiscalías del país y personal de las comisiones estatales de búsqueda del país, para tratar de mejorar las capacidades institucionales del país en atención a casos de violencia y desaparición de mujeres, frente a la desaparición y localización sin vida de Debanhi Escobar, de 18 años de edad, en Monterrey, Nuevo León.

“Hace más de 20 años se encontró en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cuerpo de 8 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes. Todos los días las personas que estamos aquí, las comisionadas de búsqueda, fiscales, ministerios públicos, peritos, en nuestro día a día seguimos encontrando jóvenes sin vida, todos los días, si nosotras googleamos en este momento nuestro nombre va haber una mujer desaparecida con otro nombre: Karla, Sol, Francelia, Denora, Brenda, Lucia, Wendy, bueno, todas nuestras desaparecidas que son más de 24 mil 600 el día de hoy están esperando que les encontremos”, expresó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, al momento de invitar a todos las comisiones estatales de búsqueda y fiscalías que las “desaparecidas” “esperando que nos coordinamos por fin”.

Pidió en su mensaje a los presentes, entre éstos el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, “que dejemos de un lado las tensiones institucionales, las cuestiones legales que nos toca hacer a uno y a otro, tenemos que encontrarlas inmediatamente, no coordinarnos tiene consecuencias vitales y fatales, y todos aquí lo sabemos”, advirtió.

Les recordó que el Programa Nacional de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba coordinado con la Conavin y la comisión nacional de búsqueda, las comisiones locales de búsqueda con una coordinación nacional técnica, “tiene la intención de que unamos esfuerzos de una vez por todas, y no sólo mesas y tras mesas, sino que tenga consecuencias inmediatas, la vida de las mujeres así lo requiere”, recalcó Quintanilla Osuna.

Para que no se vuelva repetir el caso de Debahi, ni el de ninguna mujer más que sea encontrada sin vida y víctima de delito, la titular de la CNB llamó a los trabajadores de las fiscalías y comisiones de búsqueda locales que dejen a un lado la estigmatización, lo que queremos encontrarlas con vida y con bien, y no como víctimas de un delito, ninguna búsqueda es infructuosa y cada minuto cuenta”, subrayó.

Durante su discurso dijo que no estuvo presente la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo león por la desaparición y localización sin vida de Debanhi la noche del 21 de abril pasado, por lo que volvió a reiterarles a las representantes de las fiscalías de búsqueda y fiscalías de los 32 estados que “dejen a un lado la estigmatización, e impulsemos la coordinación, y yo quiero terminar diciendo: que ojalá que esta indignación que tenemos todas hoy y esta tristeza nos haga re-direccionar nuestro profesionalismo nuestras capacidades, que son muchas, hacia las búsqueda de todas por Debanhi y las más de 24 mil, ¡ni una más!”, concluyó Karla Quintanilla Osuna.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación de derechos humanos, Alejandro Encinas, dijo que con este acto están encarando la “agenda tan difícil” que tienen en todo el país en materia de derechos humanos, particularmente, la vinculada a la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en México.

“Estamos enfrentando una gravísima situación de violencia contra las mujeres en donde el fenómeno de la desaparición está asociado a muy diversas causas, pero particularmente a la comisión de delitos, que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres, y que están asociados al fenómeno de la trata de personas, y también a la agresión sexual”, afirmó.

Por eso en este acto recalcó que urge esfuerzo institucional, que va más allá de la coordinación entre instituciones públicas, y que tienen que “asumirlo como una tarea del Estado, donde cada quién debe de cumplir con su responsabilidad, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta”, dijo al precisar que el mencionado protocolo Alba hasta hoy ha venido funcionando de manera importante, “ha dado respuestas y salvado vidas, pero ahora ya resulta insuficiente”, ante tanta desaparición de tantas mujeres y niñas en México.

Por lo que propuso en este acto en Morelos que este protocolo “es alinear este mecanismo como reacción inmediata y coordinación para la búsqueda, investigación, entre todas las instituciones públicas, atendiendo no solamente la recomendaciones del comité de desaparición forzada de Naciones Unidas, o el protocolo homologado de búsqueda, y los estándares internacionales, que son relativos a las violaciones de derechos humanos; sino para atender el deber que tenemos para garantizar la integridad y la vida de las mujeres y niñas de nuestras país”, aseguró el funcionario federal.

El incremento en el número de mujeres desaparecidas y no localizadas, en los primeros tres años y cinco meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido exponencial, en comparación con el mismo lapso de sus dos antecesores inmediatos.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 24 de abril de 2010, con Felipe Calderón Hinojosa, 987 mujeres se encontraban en calidad de desaparecidas o no localizadas, y entre el 1 de diciembre de 2012 y el 24 de abril de 2016, con Enrique Peña Nieto, 3 mil 713 mujeres.

En tanto, las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas arrojan que en lo que va de la actual administración del gobierno de López Obrador, 7 mil 911 mujeres se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas.

En números totales, en el periodo del 15 marzo de 1964 al 24 de abril de este año, 99 mil 289 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas en el país, de las cuales 24 mil 839 son mujeres.

Ante esta realidad y ante casos como el de la desaparición y asesinato de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, sucedido en Nuevo León, actores políticos, tanto del partido en el poder como de la oposición, exigieron acciones que frenen la creciente ola de violencia, de desapariciones y feminicidios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, urgió al Estado mexicano a garantizar seguridad a las mujeres y, sobre todo, castigo a los delincuentes.

“La impunidad genera desaliento y frustración: el Estado debe garantizar seguridad a la sociedad y castigo a delincuentes. Es reprobable la justificación de las fiscalías para ocultar su incapacidad. Justicia para Debanhi Escobar y toda mujer víctima de violencias e indiferencia”, expresó.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al gobierno que lleve a cabo acciones que frenen la creciente ola de violencia contra las mujeres.

Criticó, además, que, en tres años, el gobierno federal continúe soslayando su labor de proteger, cuidar y salvaguardar la seguridad y derechos de las mujeres mexicanas a una vida libre de violencia y, por el contrario, día con día se sigan reportando más desapariciones de mujeres y feminicidios.

“En este sexenio se ha recrudecido la ola de violencia, desapariciones y feminicidios en México, porque el gobierno de López Obrador está distraído haciendo propaganda política a favor suyo y de su partido para mantener su supuesta popularidad, en lugar de ponerse a trabajar en uno de los temas que más dolor e indignación provocan”, manifestó.

En este contexto, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual es la esclavitud moderna, para lo cual presentó una iniciativa.

“En más de 60 por ciento de los casos de trata con fines de explotación sexual las víctimas son mujeres, y una de cada cinco víctimas son niñas, niños o adolescentes. La trata con fines de explotación sexual implica deterioro físico, emocional, psicológico y personal de las víctimas al ser confinadas contra su voluntad, golpeadas, amenazadas y violadas”, remarcó.

“México ha hecho muchos esfuerzos, pero desafortunadamente es muy difícil de encuadrar para procesar a los victimarios, por eso busco mejorar leyes para hacer viable la judicialización de casos. Por eso propuse reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, dio a conocer.

La religiosa Consuelo Morales, integrante del Consejo del organismo no gubernamental, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), demandó la construcción de una nueva política pública, que conciba el problema de la desaparición de mujeres en sus diferentes fases.

Además, reclamó prevención para que esto deje de suceder y la inmediata búsqueda, para que las víctimas sean encontradas con vida e investigar con respeto al debido proceso, para encontrar a las víctimas, pero también a los perpetradores.

Demandó además, verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas, para compensar en cierta medida, aquello que es incompensable.

Un programa de este tipo, dijo Consuelo Morales, es indispensable que no escatime en los diferentes tipos de recursos necesarios (económicos, humanos, de conocimiento, tecnológicos) a todas las áreas involucradas y garantice en todas sus fases, la participación de las víctimas y organizaciones civiles que les han venido acompañando.

Consuelo Morales sentenció, “Nuevo León, no puede esperar más. Ya ha esperado demasiado”.

Y añadió “Las autoridades tienen una deuda histórica con todas las víctimas de desaparición y sus familias, es el momento de que comiencen a saldar esa obligación.

Precisó, “El compromiso que asumieron las autoridades estatales, no puede circunscribirse al caso de Debanhi, CADHAC considera que la trágica muerte de la víctima, debe marcar un antes y un después, en la forma en como las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y la desaparición de personas”.

Es imperativo que se corrijan las graves fallas estructurales que prevalecen en el sistema de procuración de justicia, puntualizó Consuelo Morales.

Expuso, “la prematura muerte de Debanhi y las injustificables negligencias en la investigación de su desaparición, ponen de manifiesto que a pesar de las múltiples demandas al Estado, por las familias de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros aliados, señalando la gravedad de la violencia contra las mujeres, especialmente las más jóvenes, revelan que no existe una política de prevención, ni de investigación adecuadas ante la desaparición de mujeres”

Es por ello que exigimos revisar de fondo las políticas en curso, por parte de las diferentes instituciones estatales involucradas. La violencia contra la mujer y la desaparición de personas son fenómenos de larga data en nuestro estado, estos casos n o son aislados, se insertan en prácticas violentas recurrentes y en la impunidad.

Una de las estrategias de la impunidad, es la culpabilización de las propias víctimas, con claras connotaciones de género. Asimismo, las prácticas y discursos públicos ejemplifican la falta de voluntad de las autoridades, para atender estos casos y romper las estructuras que hacen posible que esto siga ocurriendo.

“En el caso de Debanhi, Escobar, si bien el gobernador Samuel García, públicamente se comprometió a trabajar de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado, para realizar la búsqueda que permitiera encontrar con vida a la víctima, este trabajo no fue suficiente”, dijo Consuelo Morales.

La manera en que se investigó la desaparición de Debanhi, demostró que en la Fiscalía General del Estado, siguen existiendo graves deficiencias en las actuaciones del Ministerio Público.

“Por ejemplo, partir de la teoría del accidente, en un estado en que la desaparición de mujeres se ha incrementado, es inadmisible y denota la deficiente respuesta y la desmedida distancia entre el reto que se tiene para frenar la violencia contra las mujeres y las desapariciones de personas y la política criminal en estos casos”, concluyó la religiosa Consuelo Morales.