Mural de genero

Autor: Editora

  • Aumenta 39.7% la trata de mujeres en México

    Aumenta 39.7% la trata de mujeres en México

    En los últimos cuatro años, los casos de mujeres víctimas de trata de personas se incrementaron 39.7%, al pasar de 360 en 2018, a 503 en 2021, de acuerdo con información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, ONG aseguran que la cifra del organismo sólo representa 20% de los casos reales.

    “Los datos que nos deja ver el secretariado son, si acaso, 20% de los casos que se están registrando en el país. Esto es, el delito de trata de personas tiene una cifra negra por arriba de 80%”, dice Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

    Alicia Mesa Bribiesca, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, detalla que por cada caso que se registra de víctimas de trata existen 99 que no se reportan.

    “Está invisibilizado. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al número de víctimas. Lo anteceden Tailandia y Camboya”, añade.

    Dice que desde hace 10 años los cárteles de las drogas participan en ese ilícito, además de grupos japoneses, rusos y estadounidenses, por lo que solamente una de cada 100 mujeres es la que se atreve a denunciar.

    “En este delito ya está metido el crimen organizado. Además, la Yakuza, los rusos, los norteamericanos que tienen redes internacionales de tráfico y de trata de personas. Por eso pocas mujeres se atreven a denunciar, porque son gente mucho muy violenta, agresiva, que cuenta con una mayor impunidad”.

    Precisa que entre las ciudades de destino de muchas mujeres víctimas de trata para explotación sexual se encuentran Tijuana, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, e incluso Nueva York.

    Las entidades donde los victimarios enganchan a mujeres, cuyas edades van desde 12 a 35 años, son Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí y Chiapas.

    El reporte del SESNSP detalla que ese ilícito, cuya impunidad se ubica por encima de 98%, ha ido en aumento año con año: en 2018 se contabilizaron 360 casos; en 2019, 402; 2020, 455; en 2021 sumaron 503, y en enero y febrero pasados, la cifra llegó a 93.

    De acuerdo con el documento, en los primeros dos meses de 2022 el mayor número de casos de ese ilícito se registró en el Estado de México, con 43; Ciudad de México, 13; Baja California y Chihuahua, con cuatro cada uno, y en Oaxaca, tres.

    Según el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las 34 fiscalías y otras figuras especializadas para los delitos en materia de trata de personas, se contaba con 729 servidoras y servidores públicos (495 y mujeres y 234 hombres).

    Destaca que en 17 de esas fiscalías señalaron que no cuentan con un presupuesto asignado para combatir ese delito.

    La crisis económica, las pocas denuncias y la falta de difusión para prevenir ese ilícito son para algunos organismos civiles los principales factores que han incidido en el aumento del delito.

    “La mayoría de los casos de mujeres víctimas de trata de personas tiene que ver con la necesidad económica, con un medio de sobrevivencia, con la vulnerabilidad en la que están las mujeres, a las que es muy fácil engancharlas”, señala Ulloa.

    Comenta que a casi cuatro años de haber arrancado el actual gobierno, no se ha realizado un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.

  • Reporta estudio de la UNAM repunte de violencia contra mujeres durante los momentos críticos de la pandemia

    Reporta estudio de la UNAM repunte de violencia contra mujeres durante los momentos críticos de la pandemia

    Durante los meses más álgidos de la pandemia de covid-19 hubo un incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, así como de problemas económicos –principalmente en trabajadoras informales y jefas de familia–, y se agravaron las desigualdades de género, de acuerdo con los primeros resultados de un proyecto de investigación de académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich), ambos de la UNAM, que se basa en relatos y experiencias de más de un centenar de mujeres de la Ciudad de México.

    En el caso de las desigualdades de género, por ejemplo, el aumento de cargas de trabajo, remunerado y de cuidados, en muchas académicas universitarias llevó a que disminuyeran el tiempo dedicado a la producción científica, lo que no sucedió con sus pares hombres, y que puede verse como “un retroceso en la presencia de las mujeres en la ciencia”.

    Julia del Carmen Chávez Carapia, investigadora de la ENTS, explicó que el proyecto –iniciado en agosto de 2020 y que aún continúa– se divide en tres grupos: Emergencia Social Comunitaria (ESOC), Mujeres Universitarias y Derechos Humanos (Comuniv) y Violencia de Género y Familias (Vifam), este último a su cargo.

    En entrevista, expuso que en Vifam se encontró que la violencia familiar se volvió más explícita al estar todos los integrantes de estos núcleos en sus hogares. Al confinarnos, explicó, los hombres tuvieron que estar en sus casas, y “en el sistema de orden y poder patriarcal” varios mantuvieron una actitud de autoridad, “de pedir que todo le lleven, y al principio así sucede, pero llega el momento de otras actividades en la casa como es el trabajo, la escuela, y no hay tiempo de llevar lo que el hombre demanda”, es ahí donde se presentan los conflictos.

    Asimismo, dijo, se observó que para muchas familias el confinamiento afectó fuertemente su economía. Las más vulnerables fueron vendedoras ambulantes, que trabajaban en lugares fijos o que ofrecían sus productos en oficinas o casa por casa.

    Leticia Cano Soriano, también investigadora de la ENTS, quien está a cargo del grupo ESOC –que trabajó con mujeres de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, entre ellas amas de casa y jefas de familia–, señaló que se corroboró que la política de gobierno Quédate en Casa, no aplicaba para muchas. Por el confinamiento hubo pérdidas de empleo y disminución de ingresos, mencionó.

    Ana Chapa, integrante del grupo Comuniv –a cargo de la investigadora Norma Blázquez, del Ceiich–, que trabajó con académicas, administrativas y estudiantes universitarias, expuso que la investigación arrojó que durante la primera ola de contagios, los principales sentimientos que se manifestaron fueron miedo, angustia, tristeza y preocupación. En ellas hubo un incremento en las cargas de trabajo productivo y reproductivo.

  • Han desaparecido 8 mujeres en Oaxaca sólo en abril; en dos días emiten alertas por 4 jóvenes

    Han desaparecido 8 mujeres en Oaxaca sólo en abril; en dos días emiten alertas por 4 jóvenes

    En dos días, entre el 11 y 13 de abril, en Oaxaca la Fiscalía General del Estado (FGEO) ha emitido cuatro Alertas Rosas para localizar a jóvenes mujeres desaparecidas y hasta el momento sólo una ha sido localizada; de las otras tres se sigue ignorando su paradero.

    En total, sólo en lo que va de abril se han emitido seis de las 11 Alertas Rosas que se acumulan este 2022 en Oaxaca; de ellas, tres jóvenes menores de 18 años y una mujer adulta continúan desaparecidas.

    La Alerta Rosa es un instrumento del Gobierno de Oaxaca para “la búsqueda inmediata sin demora, de manera eficiente y eficaz, para localizar a salvo y en menor tiempo a mujeres desaparecidas o no localizadas en todo el estado”.

    Esta herramienta busca establecer mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, que permita la búsqueda inmediata con el objetivo de “evitar que las mujeres sigan siendo objeto de violencia y desaparición”.

    Las tres jóvenes que continúan en calidad de no localizadas tienen entre 15 y 17 años, y desaparecieron en las regiones del Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca, de acuerdo con la información proporcionan en las fichas de búsqueda.

    Los casos más recientes son los de Aisha Guzmán Capón y Rosalba Martínez Sánchez, de 15 y 17 años respectivamente y cuyas fichas de la Alerta Rosa se emitieron este 13 de abril. Según la alerta, Aisha desapareció ese mismo día en San Felipe del Agua, en la capital, y del paradero de Rosalba no se tiene información desde el 10 de abril; ella desapareció en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo.

    Ese mismo día, el 10 de abril, desapareció Lupe Marie Jiménez, también de 15 años, quien es originaria de Santa María Atzompa, municipio de los Valles Centrales conurbado a la capital, ella fue vista la última vez junto con su madre Araceli Chávez García.

    Además, continúa sin ser localizada Selene Hernández Ramírez, de 38 años, desaparecida el 1 de abril y cuya ficha de búsqueda de Alerta Rosa se emitió tres días después. Ella fue vista por última vez en el barrio de Las Flores, en la ciudad de Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan.

    Además de estas cuatro mujeres, en el estado también se encuentran no localizadas otras cuatro que desaparecieron en lo que va de ñabril, tres adolescentes de 13, 14 y 15 años, respectivamente, y una mujer de 36 años, pero de ellas no se emitió Alerta Rosa sino fichas de búsqueda convencionales.

  • #ChimalhuacánFeminicida: Mujeres se manifiestan en CDMX por ataques de gobierno municipal

    #ChimalhuacánFeminicida: Mujeres se manifiestan en CDMX por ataques de gobierno municipal

    Varias decenas de mujeres se manifestaron este miércoles en la Ciudad de México para denunciar que recientemente fueron agredidas por la policía en Chimalhuacán, un municipio del Estado de México, en el centro del país.

    “No nos merecemos este miedo”, reclamó una de las mujeres que, como sus compañeras, contó a la prensa las presuntas agresiones que ejercieron personas vestidas de civil pero que portaban, algunos de ellos, armas largas y que las agredieron, según relata, con tabiques y tubos.

    El grupo de mujeres activistas se encontraban el pasado 2 de abril frente al Centro de Justicia de Chimalhuacán -dependencia perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)- acompañando a Irene Cervantes, una mujer que hace dos años denunció que su hija menor de edad fue secuestrada, torturada y violada por agentes de policía del Estado de México.

    Desde que denunció el caso, Cervantes, denunciaron sus compañeras, sufre acoso, hostigamiento y hasta fue presuntamente agredida por policías.

    Según relataron, el 1 de abril policías de tránsito detuvieron a la mujer alegando que la motocicleta en la que se trasladaba era robada. Tres horas después apareció golpeada y sin dos dientes.

    El 2 de abril, varias policías estaban detenidas dentro de dicho centro, y las activistas se juntaron afuera del edificio para pedir que se detuviese a todas las demás personas vinculadas con el caso de Irene y con el de su hija.

    Según relataron, desde la tarde de ese día, cuando se juntaron alrededor de 20 mujeres, estuvieron sitiadas por varios hombres que dijeron no ser policías.

    En algún momento, la fiscal de género Dilcya García salió a hablar con las manifestantes y les pidió que abandonaran el lugar -a lo que se negaron- y les aseguró que nadie les iba a hacer nada.

    Sin embargo, después de la medianoche y al ver que las manifestantes no se iban a retirar del lugar, aseguraron que García hizo una seña ante la que los hombres que habían visto durante la tarde las cercaron y las atacaron.

    Además, relataron que llegó también una camioneta gris de la que se bajaron personas con armas largas. Dijeron que había alrededor de 200 hombres atacándolas.

    “Fuimos golpeadas con palos, golpeadas por grupos de hombre que nos aventaron (lanzaron) una reja encima, nos gasearon, nos rompieron los celulares y los megáfonos y las casas (tiendas) de campaña”, compartieron.

    Las manifestantes consideraron que la intención de los policías era “causar muchos daños”, ya que una de ellas terminó con un brazo roto que necesita ser operado, otra con cuatro costillas rotas y todas ellas con contusiones en distintas partes del cuerpo.

    “Responsabilizamos a las autoridades federales y a las estatales de cualquier cosa que le pase a Irene y a su hija o a nosotras”, expresaron.

    Además del pronunciamiento, leyeron un pliego petitorio en el que exigieron la realización de un foro público con el fiscal del Estado de México, una disculpa pública por parte del Estado de México y del gobierno municipal de Chimalhuacán “donde se reconozca que hubo tortura” y la construcción de una “antimonumenta” -instalación colocada a raíz de una protesta popular-.

    También pidieron la creación de un protocolo de respuesta ante protestas, justicia para el caso de Irene, atención médica inmediata y garantía de no repetición.

  • Desigualdad de género sigue pese a que Ley Federal del Trabajo estipula acortar brecha

    Desigualdad de género sigue pese a que Ley Federal del Trabajo estipula acortar brecha

    Las brechas de género son un problema sin resolver que agudiza la desigualdad y la injusticia social. De acuerdo a cifras de la Dirección General de Registro de Asociaciones, de 4 mil 180 organizaciones sindicales registradas, sólo 443 están al frente mujeres.

    No obstante que se cumplirán 3 años en mayo próximo de la Reforma Laboral que adoptó cambios para que los sindicatos facilitarán mayor participación de las mujeres.

    Así lo manifestó Elizabeth Carrillo, del Solidarity Center México, oficina de cooperación internacional que promueve derechos laborales, quien dijo que pese a que el Artículo 358, numeral 2, de la Ley Federal del Trabajo, señala que los procedimientos de elección de las directivas sindicales se deberán ajustar a las reglas democráticas y de igualdad de género, en la realidad todavía no se alcanza la paridad.

    Imelda Jiménez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, manifestó que después de 86 años de lucha sindical, por primera vez en la organización gremial llegó al Comité Ejecutivo Nacional la primera mujer: Karla Álvarez Medina, en la cartera de seguridad e higiene.

    “No es fácil ser líder sindical, pero no es imposible”, dijo.

    De 2019 a la fecha, pasó de 8.6% a 10.5% el total de organizaciones gremiales que tienen secretarias generales mujeres. En 25 Estados hay presencia de mujeres líderes en sindicatos: en los 8 restantes es nula.

    La secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), Norma Palacios, señaló que solo 4 de cada 100 trabajadoras del hogar, tienen acceso a servicios de salud.

    De acuerdo al IMSS, están inscritas 43 mil 158 personas trabajadoras de hogar al programa piloto en enero de 2022, con un salario promedio diario de 230.50 pesos. Solo 28 de cada 100 cuentan con una prestación social como aguinaldo y vacaciones.

    Llamó la atención respecto al dictamen que aprobó el Senado de la República, por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley del Seguro Social, respecto a las trabajadoras del hogar, ya que dijo:

    “No garantiza que nosotras, como trabajadoras del hogar podamos contar con las mismas condiciones aplicables al resto de los trabajadores para el ejercicio y disfrute del derecho fundamental de la seguridad social”.

    El uso de la palabra “trabajo esporádico”, para definir las labores domésticas propicia incertidumbre jurídica, señaló Palacios.

    “Queremos contar con la seguridad social por el mes completo; pero para eso se nos condiciona tener un salario mensual declarado que supere el valor del salario base de cotización mínimo, integrado y elevado al mes de la zona geográfica que corresponda”, explicó.

    Luego precisó: “Ese es un requisito que la ley no exige al resto de las personas trabajadoras, por lo que resulta discriminatorio. Estas omisiones pueden derivar en letra muerta”, advirtió.

    Agricultores. Foto: Cuartoscuro

    Jornaleras agrícolas doblemente castigadas

    Abilina Ramírez, lideresa del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Sindja), afirmó que las y los trabajadores del campo son el sector más vulnerable de la economía. “Somos la gente de la que menos se habla y la que menos tiene”.

    Denunció que los empleadores evaden su responsabilidad, debido a que las y los jornaleros que son entre 5 y 7 millones en todo el país, no cuentan con seguridad social.

    A su vez, Gonzala Ruana, en representación de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas (Mudji), invitó a los patrones, sobre todo a los del Valle de San Quintín, en Baja California, a abrir el diálogo y hacer reuniones para encontrar soluciones a diversos problemas como salarios injustos, despidos injustificados y acoso sexual y laboral.

    Afirmó que “el trabajo de Mudji se enfoca mucho en que la mujer jornalera agrícola encuentre espacios de libertad”.

    Recordó que la mujer indígena es doblemente castigada, discriminada por ser mujer y por ser indígena. “Afortunadas somos las que ya estamos aquí; pero hay que ir por todas aquellas compañeras que todavía no pueden liberarse, participar, estar…”, concluyó.

    Ante este panorama, se requiere generar estrategias de lucha, empoderar a las mujeres y construir pliegos petitorios con perspectivas de género.

    Estas fueron entre otras, algunas de las conclusiones del Primer Encuentro de Mujeres Sindicalistas y Activistas por la promoción de los Derechos Laborales y Espacios de Trabajo Libres de Violencia.

    Este foro reunió a 29 líderes de organizaciones gremiales, colectivos y sociedad civil que trabajan con mujeres en los sectores automotriz y de autopartes, textil y confección de ropa, agrícola, del hogar así como trabajo de plataformas de los Estados de Coahuila, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California, Querétaro y Ciudad de México.

     

  • 10 acciones para alcanzar la igualdad de género en el campo laboral

    10 acciones para alcanzar la igualdad de género en el campo laboral

    La participación laboral de las mujeres en México fue tan solo de 45% comparado con 77% para los hombres, una brecha de 32% en 2019, según el Inegi.

    En México, solo cuatro de cada 10 mujeres tienen o están en búsqueda de un empleo remunerado, una participación laboral femenina por debajo del promedio mundial.

    De ahí que cerrar las brechas de género requiere de políticas desde los ámbitos público y privado encaminadas a lograr condiciones óptimas para que ellas entren, permanezcan y crezcan en el mercado laboral.

    En 2019, la participación laboral de las mujeres en México fue tan solo de 45% comparado con 77% para los hombres, una brecha de 32%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

    Si las mujeres participaran a la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita del país sería 22% más alto, de acuerdo con el Banco Mundial.

    Estos bajos niveles de participación femenina en el trabajo remunerado y el espíritu empresarial representan una gran pérdida de productividad y, por lo tanto, una merma en el Producto Interno Bruto (PIB).

    Ante esto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) recomienda 10 acciones para alcanzar la igualdad de género en el campo laboral.

    Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados asequible y de calidad: Un Sistema Nacional de Cuidados es necesario para reduciría la carga desproporcionada de las tareas de cuidado que recae en las mujeres y apoyar su desarrollo profesional.

    Impulsar la corresponsabilidad en los hogares: Sin igualdad en el hogar, difícilmente se logrará igualdad en el mercado laboral. Por ello, es necesario avanzar hacia una licencia de paternidad, la cual sea obligatoria, intransferible y financiada por el Estado.

    Promover alternativas de educación flexible para mujeres: Mayor nivel de escolaridad aumenta la probabilidad de acceder a empleos formales y con mayores ingresos. Existen opciones de educación flexibles para que las mujeres adquieran las habilidades que el mercado laboral demanda.

    Generar información con perspectiva de género: Los datos con perspectiva de género son fundamentales para identificar y atender las necesidades diferenciadas que tienen mujeres y hombres.

    Medir y visibilizar las brechas de género de las instituciones federales: Esto es fundamental para diseñar políticas basadas en evidencia que impulsen el crecimiento de las mujeres dentro de la administración pública.

    Transparentar datos con perspectiva de género: Participar en plataformas e iniciativas de transparencia de datos con perspectiva de género puede ayudar a replicar mejores prácticas de equidad en el sector privado.

    Realizar autodiagnósticos para medir brechas de género: Los autodiagnósticos son una herramienta útil para las organizaciones con el objetivo de identificar las barreras que enfrentan las mujeres para crecer en los distintos niveles jerárquicos y las áreas de oportunidad donde pueden incidir.

    Impulsar políticas de integración vida-trabajo: Las políticas que permiten un balance entre las responsabilidades laborales y personales son necesarias para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras.

    Ampliar los permisos de paternidad: Las organizaciones pueden ampliar este beneficio al que tienen derecho los trabajadores y ser un referente para otras empresas. Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece cinco días por permiso de paternidad con goce de sueldo al que tienen derecho los trabajadores.

    Promover la certificación de igualdad laboral: La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-025) es un esfuerzo voluntario para impulsar políticas con perspectiva de género y no discriminación en las empresas.

     

  • Piso pegajoso: la desventaja que las mujeres tienen en el trabajo

    Piso pegajoso: la desventaja que las mujeres tienen en el trabajo

    El piso pegajoso afecta a la mayoría de las mujeres, sin que éstas sepan necesariamente su definición.

    Aunque es una de las brechas más frecuentes entre las mujeres en el ámbito laboral, el concepto no está socializado porque hay un foco más grande en el techo de cristal. «Todos ven qué pasa con las barreras que enfrentan mujeres para llegar a puestos de liderazgo, pero no ven las que nos mantienen en la base”, explica Mariana Peregrina, coordinadora de proyectos de Género, Vinculación e Internacionalización en Transversal Think Tank.

    El techo de cristal es un término que se discute desde la academia, pero también en otros entornos más informales como círculos de lectura o colectivas feministas, a diferencia de lo que sucede con el concepto de suelo pegajoso.

    ¿Qué es el piso pegajoso?

    El concepto de piso o suelo pegajoso fue acuñado por Catherine Berheide, doctora en Sociología, en un informe para el Centre for Women in Government, elaborado en 1992.

    «El término de suelo pegajoso se concentra en los mecanismos que aplican a las mujeres para mantenerlas en los puestos jerárquicos bajos y medios. Principalmente, se enfocan en los estereotipos de género, en la segregación del mercado laboral en femeninos y masculinos, en el acoso social y psicológico y en la incompatibilidad de la vida privada y pública», definió Angélica Sofía Bucio Méndez en su tesis ‘La mujer mexicana entre el techo de cristal y el suelo pegajoso’. «Al igual que el techo de cristal, este fenómeno es implícito. Las mujeres se ven fuertemente concentradas en los puestos laborales por debajo de la cúpula, debido a razones tanto de autoselección como de origen externo», apuntó.

    Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), señala que el término de piso pegajoso no es común y que, por lo tanto, organizaciones como en las que ella trabaja procuran hacer uso de otras expresiones, para que el desconocimiento no sea un impedimento para visibilizar las condiciones de desventaja en que gran parte de las mujeres se desempeñan en el mercado laboral.

    «No creo que sea un concepto tan generalizado, es menos conocido que el de ‘techo de cristal’. Nosotros evitamos usar ese tipo de términos para comunicar los mensajes, porque tenemos que explicar a qué se debe, y eso no ayuda porque no está tan conocido», detalla en entrevista con Expansión Mujeres.

    Ana Estrada, directora y fundadora de la consultora Brújula Interior, afirma que muchas empresas no utilizan el término porque deja al descubierto lo poco equitativo que es su filosofía en cuanto a equidad de género: hablar de ello dejaría al descubierto las dificultades laborales en un alto porcentaje de mujeres atadas a determinados puestos.

    «Y, en mi muy personal punto de vista, el concepto no es autoexplicativo, lo cual dificulta que las personas lo retengan. Piso resbaloso no remite a la idea de que está seco y es seguro para unos pero no para otras», afirma.

    ¿Qué provoca el piso pegajoso?

    Mariana Peregrina señala como el principal factor para que las mujeres accedan a posiciones con sueldos por debajo de lo que perciben hombres la incapacidad para conciliar la vida privada con el trabajo.

    «En muchas ocasiones, aceptamos trabajos donde nos paguen poco o de menor responsabilidad para poder cuidar a una persona mayor, discapacidad o infantes», dice.

    Además, si no existe respeto o flexibilidad en los horarios laborables, aunado a la falta de licencias de paternidad y de guarderías, es probable que las empresas continúen contribuyendo a la existencia del piso pegajoso.

    Masse considera que el trabajo no remunerado de cuidados es el principal factor que provoca condiciones para que mujeres se coloquen en posiciones de menores ingresos. «Los estudios que hemos hecho [desde el IMCO] apuntan que el trabajo no remunerado influye en cómo las mujeres tomamos decisiones en nuestra vida laboral con base en las circunstancias que nos rodean en nuestra vida personal», dice.

    Una encuesta realizada por el IMCO en colaboración con Reforma, entre una muestra de 2,000 personas en todo el país, arrojó que 20% de mujeres y 17% de hombres aseguraron haber considerado dejar el trabajo por la sobrecarga de labores de cuidado a raíz de la pandemia. Cuando la pregunta cambió a si tuvieron que ausentarse temporalmente de trabajo por cuidar de un familiar, el porcentaje de mujeres que abandonaron sus empleos subió a 35% mientras que los hombres sólo fue de 24%.

    Otro motivo que mantiene a las mujeres sujetas al suelo pegajoso, sostiene, es la segregación sexual de ciertos trabajos y ciertas áreas de desarrollo, como el que de que haya menos mujeres estudiando, y por tanto, trabajando en la industria STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas, por sus siglas en inglés). Y señala que, en México, sólo tres de cada 10 profesionistas eligen carreras relacionadas con estas áreas.

    Alejandra Hernández, abogada especialista en género y democracia, menciona la educación continua como factor que reproduce el suelo pegajoso cuando las mujeres no pueden capacitarse más allá de un nivel básico, como cuando las familias eligen sólo mandar a los hijos hombres a la universidad, o que incluso con formación universitaria no puede seguir seguir con capacitaciones adicionales para acceder a un nivel medio o alto del mercado laboral.

    ¿Cómo se acaba con este freno?

    Para Peregrino, un primer paso para emparejar el piso es que las empresas contribuyan a la conciliación vida personal-laboral e incentivar que las mujeres que se dedican a cuidados puedan permanecer en sus puestos con horarios flexibles o esquemas híbridos, además de implementar planes de carrera que incluyan permisos para asistir a cursos o posgrados, incluso en horario laboral.

    Asimismo, recomienda una capacitación mediante talleres y pláticas sobre este fenómeno y brechas de género, primero en las posiciones de liderazgo, luego con departamentos de Recursos Humanos, para que de ahí permee el conocimiento a toda la organización y que se pueda traducir en la modificación o creación de puestos pensados en obtener resultados, más que en cumplir jornadas extenuantes de trabajo.

    Fátima Masse, por su parte, recomienda un autodiagnóstico basado en datos. Las empresas tienen que transparentar la información de sus nóminas para conocer qué puestos ocupan las mujeres y cuánto le pagan a cada persona en la compañía por las mismas o diferenciadas labores.

    «Eso les va a permitir ver cuánto tiempo ocupan en un determinado puesto las mujeres, o cuánto ganan haciendo qué, y eso les va a ayudar a crear políticas muy específicas para cada centro de trabajo pensadas en ascensos laborales o compensaciones salariales», puntualiza.

    Ana Estrada afirma que, como parte de un diagnóstico, uno de los síntomas más fáciles de identificar es que las políticas se aplican a algunos y no a otras. Esto va desde prestaciones, hasta apoyos extras como el tener o no celular de la empresa, así como cuando las compañías no consideran ninguna intervención para facilitar que las mujeres sigan trabajando cuando se casan o tienen el primer hijo.

    «Esos dos eventos son saltos mortales. Quien los logra dar, podrá seguir trabajando aún cuando tenga el segundo hijo o retos en la casa», apunta.

    Sin embargo, enfatiza que aquellas mujeres que lo logran es porque han desarrollado una nueva colección de habilidades que les permite atender dos esferas vitales de su vida o tienen acceso a los recursos necesarios para poder delegar con confianza las tareas más importantes que llevan a cabo para ellas mismas y su familia nuclear.

     

  • Ante desapariciones de mujeres, Nuevo León crea grupo especial de búsqueda y atención a feminicidios

    Ante desapariciones de mujeres, Nuevo León crea grupo especial de búsqueda y atención a feminicidios

    Ante los casos de desaparición de mujeres registrados en las últimas semanas —estimados en 15—, el gobierno de Nuevo León anunció este lunes la creación de un grupo especial de búsqueda y de atención a feminicidios.

    El grupo estará a disposición de la ciudadanía y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó la administración del gobernador Samuel García, quien esta mañana emitió un decreto urgente en esta materia.

    García —cuyo mandato inició en octubre del año pasado— también anunció que ordenó a su gobierno sumar otros 200 elementos al actual grupo de búsqueda de personas y darle facultades para actuar de forma inmediata frente a desapariciones de mujeres.

    La creación del nuevo grupo y el fortalecimiento del grupo actual serán tareas a cargo de la Secretaría de Seguridad del estado.

    Otra medida anunciada por el gobierno estatal es la mejora de protocolos de búsqueda.

    En concreto, se dieron a conocer acciones como la emisión y difusión ágil de boletines de búsqueda de personas desaparecidas, con autorización de sus familias; alerta generalizada en las instancias de seguridad y protección civil, en coordinación con autoridades federales y municipales, y hacer que la Secretaría de Salud, los hospitales y el Servicio Médico Forense proporcionen información cuando se les solicite.

    El caso de desaparición más reciente es el de la joven Debanhi Escobar, sobre el cual el gobernador dijo que habló con su familia y ordenó reforzar la búsqueda.

    Las desapariciones de mujeres y otros hechos de violencia de género en Nuevo Léon motivaron protestas sociales la semana pasada.

    Ayer domingo, activistas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Monterrey.

     

  • Refugios para mujeres llevan 3 meses operando sin presupuesto; la Conavim afirma que dará recursos, pero aún no dice cuándo

    Refugios para mujeres llevan 3 meses operando sin presupuesto; la Conavim afirma que dará recursos, pero aún no dice cuándo

    Los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR) llevan más de tres meses operando sin recursos, con deudas y sin pago a sus trabajadoras, debido a que no se han liberado los 430 millones 203 mil 440 pesos destinados por el gobierno federal para ellos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.

    Wendy Figueroa, directora de la RNR, señaló en entrevista que la falta de recursos —motivada porque el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos fue trasladado de la Secretaría de Bienestar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)— ha provocado que los centros no puedan pagar la renta de los inmuebles que ocupan, donde tan solo este año han resguardado a 6 mil 948 mujeres, niñas y niños, ni tampoco cubrir los salarios de las trabajadoras y del personal de seguridad.

    También se han detenido los proyectos de vida de las mujeres víctimas, quienes serían trasladadas a otros estados o países lejos de sus agresores, pero ahora no han podido movilizarse. Además, los centros tienen deudas con proveedores de alimentos y medicamentos, que han seguido surtiéndoles a través de préstamos.

    “Si se sigue ampliando el tiempo con el que no se cuenta con los recursos etiquetados en el PEF 2022, será imposible continuar con las atenciones, protección y servicios a las mujeres y, en su caso, sus hijas e hijos sobrevivientes. En un país donde más de 10 mujeres y niñas son asesinadas al día, son inadmisibles estos retrasos y la reducción de los meses financiados”, dijo Figueroa.

    Los centros no solo no han recibido recursos aprobados para su funcionamiento este año. Las autoridades de la Conavim les informaron que únicamente les darán recursos para que operen durante nueve meses, aunque inicialmente —de acuerdo con lo convenido— habría dinero para que mantuvieran actividades 10 meses.

    Figueroa dijo al respecto que, cuando se les notificó de esto, las integrantes de la RNR presentaron una contrapropuesta para ajustar los montos, pero hasta la fecha tampoco les han dado respuesta.

    La Conavim afirma que entregará la totalidad del presupuesto

    Luego de que la RNR diera a conocer la situación por la que atraviesan los centros, la Conavim emitió un comunicado en el que afirma que no habrá marcha atrás en los apoyos que el gobierno ha destinado para los refugios, y que entregará la totalidad del presupuesto etiquetado para 2022.

    De acuerdo con la dependencia, el pasado 6 de marzo, su personal se reunió con integrantes de la RNR, a quienes informaron sobre el proceso que guarda la formalización de la administración de los recursos, “lo cual deriva que se concretará la transferencia financiera a las instituciones beneficiarias por el monto solicitado en cada uno de sus proyectos”.

    “También se les hizo del conocimiento que, como efecto del proceso administrativo y legal que fue necesario llevar a cabo para el traslado de los recursos y de la responsabilidad de su operación, desde la Secretaría de Bienestar a Gobernación, solo por este ejercicio fiscal se acotará el periodo de ejecución del gasto, no obstante, se entregará la totalidad del presupuesto aprobado”, afirmó.

    Figueroa dijo que el traslado del programa se dio luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la eliminación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), anteriormente encargado de entregar los recursos a los refugios para mujeres víctimas.

    “Ahorita los refugios están con deudas, por eso estamos exigiendo que se subsane este retraso por la transferencia del programa, sobre todo porque nosotras fuimos muy claras. En la red, desde que nos enteramos que se buscaba el cambio, el año pasado, estuvimos solicitando específicamente a la Conavim que se cuidaran los procedimientos y que no se obstaculizara la caída de recursos, pero de todos modos ocurrió”, reclamó.

    “El paso que ya se tuvo fue la transferencia del programa, apenas a finales de marzo, lo cual es el inicio de todo un proceso más largo que implica la publicación de los lineamientos de este programa a través de la Conavim”, añadió Figueroa.

    En su opinión, el panorama de incertidumbre por el que actualmente pasan las organizaciones y las víctimas a quienes estas atienden ha sido “innecesario”, y refleja que no hubo una intención por parte de las autoridades para proteger a las mujeres y sus derechos.

    “Todo cambio tendría que estar pensado desde los intereses y priorizando sus derechos, de tal forma que los intereses políticos del gobierno actual, sean los que sean, no estén por encima de los derechos humanos como pasó”, dijo.

    Por ello, afirmó: “Es indispensable no retrasar más el presupuesto para refugios, ya que estos son mecanismos de prevención de feminicidios y restitución de derechos. Cada día se realizan más de 590 denuncias por violencia familiar. Las mujeres e infancias sobrevivientes no pueden esperar trámites burocráticos”.

  • El brutal asesinato de María Fernanda alarma sobre una ola de mujeres desaparecidas en Nuevo León

    El brutal asesinato de María Fernanda alarma sobre una ola de mujeres desaparecidas en Nuevo León

    La alarma por las mujeres desaparecidas ha estallado en Nuevo León. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) ha emitido alertas por más de 20 jóvenes: 12 han sido localizadas con vida, pero al menos otras nueve de la zona metropolitana de Monterrey siguen sin aparecer. El hallazgo, el pasado sábado, del cuerpo de María Fernanda Contreras, de 27 años, ha desencadenado dos jornadas de protestas en la capital y ha obligado al gobernador Samuel García a anunciar la creación urgente de un grupo especial de búsqueda. Las organizaciones han criticado la postura de la Fiscalía estatal, que afirma que la mayoría de las jóvenes se fueron por voluntad propia sin avisar a sus familiares. “La situación es demasiado grave y las autoridades siguen minimizando el problema”, apunta Angélica Orozco, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

    Allison Campos solo tiene 12 años y está desaparecida desde el 28 de marzo. La última vez que fue vista en la colonia San Gilberto, de Santa Catarina, llevaba tenis blancos y sudadera gris. A unos kilómetros de allí desaparecieron Paulina Solís y Celeste Tranquilino, ambas de 16, Debanhi Escobar, de 18, Karen Valencia, de 24, Yolanda Martínez, de 26, Diana Cardenas, de 28, y Yolanda González, de 32. Son ocho solo en la zona metropolitana de Monterrey en las últimas tres semanas. La policía tampoco encuentra a Sofía Sauceda, de 15 años, desaparecida el 16 de marzo en Ciudad Terán, a menos de 100 kilómetros de la capital.

    “Estamos ante una crisis de desapariciones de mujeres muy jóvenes en la zona metropolitana, como hace seis meses la tuvimos en Sabinas, un municipio rural”, detalla Orozco, “pero la Fiscalía solo ve casos aislados”. La Fundenl, que lleva 10 años documentando y acompañando casos de desaparecidos, alerta de que la respuesta de las instituciones sigue siendo la misma: “Criminalizar a las víctimas y voltearse a otro lado. Todo, menos enfrentar lo ocurrido. Si no se reconoce lo que ocurre, no se puede combatir”.

    “Se proporcionó a la policía la ubicación del celular y nadie fue”

    Las críticas a las autoridades han arreciado en la última semana tras el caso de María Fernanda Contreras, egresada del Tecnológico de Monterrey. Tras una salida con amigos, la joven avisó de que iba a pasar por Apodaca, un área industrial de la zona metropolitana, para acompañar a un supuesto amigo que quería comprarse un coche. Ella manejaba su propio auto. El 3 de abril a las 20.52 su madre recibió un último mensaje en el que decía que iba hacia la casa. Al transcurrir las horas y no conseguir comunicarse de nuevo con ella, la familia activó la búsqueda.

    En la mañana del 4 de abril, su padre, Luis Carlos Contreras, presentó la denuncia por desaparición y compartió con la Fiscalía la zona donde se había activado la última conexión del móvil de María Fernanda. “Mi papá estuvo casi 24 horas fuera de la casa reportando a las autoridades, dando vueltas por tres horas en la zona donde se ubicó su celular”, escribió Fabiola Contreras en su cuenta de Twitter. La familia ha denunciado que ninguna fuerza de seguridad se presentó en el área localizada. “Lo peor es que las autoridades no hagan lo suficiente, se les proporcionó la ubicación del celular de mi hermana y no fueron”, contaba Contreras.

    Tres días más tarde, la Fiscalía entró en una vivienda de la misma zona que había detectado la familia. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la joven; presentaba fuertes golpes en la cabeza. El principal sospechoso del crimen había sido llamado a declarar el mismo 4 de abril, pero la policía no encontró pruebas para retenerlo, según ha denunciado también la familia de la víctima. Ahora está prófugo de la justicia.

    Ante las deficiencias en la investigación, los colectivos feministas de Monterrey organizaron el pasado fin de semana dos jornadas consecutivas de protesta. Vanessa Jiménez, codirectora de la organización Voces de Mujeres en Acción, explica a EL PAÍS que era una manifestación pacífica en la que cubrieron con fichas de búsqueda de desaparecidas la entrada del Palacio de Gobierno y de la Fiscalía. Pidieron entrar a reunirse con el gobernador Samuel García para entregarle un pliego petitorio en el que exigen mayor celeridad en las búsquedas y mayor credibilidad a las víctimas.

    Jiménez recuerda las palabras del secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, quien apuntó que las desaparecidas eran jóvenes que se habían olvidado de avisar a su mamá de que se iban. “La situación está terrible y es evidente la ineficiencia del Estado”, señala la activista. El choque de la policía con las manifestantes acabó con disturbios en el palacio de Gobierno.

    Las críticas al fiscal y al secretario de Seguridad han obligado al gobernador García a anunciar este lunes la incorporación de 200 personas a un grupo especial de búsqueda de desaparecidas: “Iremos a buscar tanto a las mujeres como a sus violentadores, sin miedo y con todo el peso de la ley”, ha escrito el dirigente en su cuenta de Instagram. Además, la titular de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, María de la Luz Balderas, ha indicado que el Gobierno ha iniciado una búsqueda de emergencia para encontrar a Debanhi Susana Escobar, estudiante de Derecho.

    La joven, de 18 años, desapareció el sábado en la madrugada, en el municipio de Escobedo, al norte de la zona metropolitana, tras acudir a una fiesta en una quinta con dos amigas. Ellas se fueron antes y mandaron a un conductor a recoger a Debanhi, pero por causas todavía desconocidas este terminó dejándola sola en el camino. Es ahí donde se localizó la última ubicación de la estudiante. “Es una chica muy carismática y noble, que cometió el error de confiar en quien no debía”, relata a EL PAÍS su prima Priscila Silva, quien ha compartido la última foto de Debanhi, que aparece con una falda larga en una carretera oscura. La historia de la imagen es confusa: las dos amigas han declarado que fue tomada por el conductor quien se la envió y ellas se la compartieron a la familia. “Desde entonces no hemos sabido nada de ella. Mis tíos ya no le pudieron contactar por teléfono”, apunta Solís. “Solo es una niña que ahora está en la lista de desaparecidas”.