Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que elimina la violencia y el acoso laboral y sexual, ya que se considera una violación y un abuso a los derechos humanos y un amenaza para la igualdad de oportunidades, que son inaceptables e incompatibles con el trabajo digno.
Es un convenio reciente, que data del 2019 y México es uno de los primeros países en adoptarlo y ratificarlo, comentó la presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero, al concluir la discusión de ese decreto, aprobado con 94 votos a favor y cero en contra.
En tribuna, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, resaltó que es importante la ratificación de ese Convenio 190, ya que 22.6 por ciento de las mujeres trabajadoras han sufrido acoso laboral y de ese porcentaje, el 19 por ciento es por acoso sexual.
La senadora de Morena recordó que la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se tipifica ya también el acoso sexual y lo importante es que ahora forma parte de un convenio internacional signado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Igualmente, senadoras del PAN, PRI MC consideraron que el paso siguiente es que que haya un seguimiento de las denuncias sobre hostigamiento y violencia contra las mujeres trabajadoras y se evite que pierdan incluso su empleo.
En el dictamen aprobado se advierte “la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso” y se hace notar que este tipo de violencia y en general el hostigamiento en el mundo del trabajo “afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social”.
Asimismo, se resalta que ese Convenio 190 “considera que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad”.
El máximo responsable de la Organización destaca que pese a ello las mujeres siguen mayoritariamente excluidas de las mesas de negociaciones y de los puestos de liderazgo. António Guterres también emplaza a los hombres y a los niños a trabajar por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Las situaciones de urgencia creadas tras la declaración de emergencia climática, unidas a la pandemia del COVID-19 y al impacto de los conflictos, tanto los de nueva creación como los que prosiguen, se han acelerado e intensificado en crisis generalizadas e interrelacionadas que nos afectan a todos, pero especialmente a las mujeres y a las niñas, afirmó este lunes el Secretario General de la ONU.
Durante la inauguración del sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, António Guterres destacó que quienes sufren mayoritariamente estas amenazas y sin ninguna capacidad decisoria son precisamente las mujeres y las niña.
“En todas partes, las mujeres y las niñas están actuando para hacer frente a las crisis climática y medioambiental. Y en todas partes, las mujeres y las niñas siguen estando excluidas en gran medida de las salas donde se toman las decisiones”, afirmó.
En este contexto, António Guterres recordó que las mujeres son las que más padecen la escasez de recursos naturales locales, como los alimentos y las que tienen menos medios para adaptarse a esta situación.
El titular de la ONU no se detuvo ahí y expandió el campo de acción de esta problemática.
OMM/Kompas/Hendra A SetyawanUna mujer carga a su hija tratando de ponerse a salvo durante las inundaciones en Yakarta, Indonesia. END scald=396452
Más vulnerables a las crisis climáticas
“Cada vez hay más pruebas de que el matrimonio infantil y la explotación están relacionados con la crisis climática. Y cuando las catástrofes climáticas golpean, como lo hacen con creciente frecuencia, las investigaciones muestran que las mujeres y los niños tienen hasta 14 veces más probabilidades de morir que los hombres”, destacó.
Una discriminación de género que se ve agravada por el mínimo acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad que comporta la omisión de las necesidades e intereses de las mujeres a quienes se aparta de las políticas y decisiones sobre el uso de la tierra, la contaminación, la conservación y la acción climática.
A modo de ejemplo, Guterres destacó que solo un tercio de las posiciones de responsabilidad en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París están ocupadas por mujeres, y que únicamente el 15% de los ministros de medio ambiente son mujeres.
El Secretario General señaló que todas estas circunstancias demuestran una vez más que continuamos viviendo en un mundo dominado por los hombres, “con una cultura dominada por ellos”.
“Seguimos viviendo con los resultados de milenios de patriarcado que excluye a las mujeres e impide que sus voces sean escuchadas. No podemos alcanzar ninguno de nuestros objetivos sin la contribución de todos. Por eso todos -incluidos los hombres y los niños- deberían trabajar por los derechos de las mujeres y la igualdad de género”.
Por último, destacó que tanto el liderazgo como la participación de las mujeres en igualdad de condiciones son esenciales para crear comunidades y sociedades pacíficas y resistentes.
“No podemos separar el peligroso estado de la paz en nuestro mundo de las antiguas estructuras de patriarcado y exclusión. Y la guerra en Ucrania es otra clara demostración de ello en todas partes”, resaltó y añadió que la respuesta colectiva a estos problemas “marcará nuestro rumbo en las próximas décadas”.
“Para forjar el futuro sostenible que necesitamos, las mujeres y las niñas deben estar en primera línea, liderando el camino”, concluyó.
ONU/MArkk GartenBandera de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. END scald=387332
Tras 76 años de la fundación de la ONU todavía no hay ninguna Secretaria General
El presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, retomó el punto de vista del liderazgo femenino y recordó que, en temas de máximo liderazgo en los 76 años de la Organización, solo cuatro mujeres fueron elegidas para desempeñar su cargo y que ninguna logró todavía acceder al cargo de Secretaria General durante el mismo periodo de tiempo, una situación que debe corregirse.
“La ONU no puede pedir que se apliquen esas referencias en todo el mundo en lo que respecta a la igualdad de género y la capacitación de las mujeres, pero no aplicar esta norma en casa. Personalmente, me gustaría liderar desde el frente un llamamiento para que el próximo Secretario General sea una mujer. Únanse a mí en este llamamiento”, una afirmación que fue fuertemente aplaudida por la audiencia.
Shahid afirmó previamente que, con el aumento de representación femenina en los órganos de decisión, los Estados miembros deben comprometerse a desarrollar planes de acción de género que combinen la acción climática con los esfuerzos para mejorar la igualdad de género.
“De cara al futuro, diseñemos sistemas fiscales progresivos e instauremos presupuestos con perspectiva de género que mejoren los derechos económicos de las mujeres y su acceso a los servicios públicos, al tiempo que corrijan la discriminación y la desigualdad”, propuso.
También se mostró a favor de promover el acceso de las mujeres a las instituciones financieras y elaborar leyes y políticas para prevenir y proteger a las mujeres contra el acoso y otras formas de violencia en el mundo laboral.
UNAMID/Albert González FarranUn taller de trabajo sobre mujeres, paz y seguridad de la Misión de las Naciones Unidas en Darfur. END scald=356522
La inclusión de las mujeres en la economía genera paz y prosperidad
Por su parte, la secretaria general adjunta de la y directora ejecutiva de ONU Mujeres destacó que según las nuevas estimaciones mundiales de su organismo y la Organización Internacional del Trabajo más de dos millones de madres abandonaron la fuerza laboral en 2020 coincidiendo con la pandemia de COVID-19
Sima Bahous indicó que esta situación afectó a su acceso a la protección social, a la igualdad salarial y a la seguridad de los ingresos, así como a las oportunidades de ocupar puestos de dirección y liderazgo.
“Se trata de una pérdida acumulada que ninguna sociedad puede permitirse”, recalcó y recordó su reciente intervención ante el Consejo de Seguridad donde explicó que la inclusión de las mujeres en la recuperación económica genera enormes beneficios tanto para la paz como para la prosperidad.
“Lo contrario también es cierto. Cuando se excluye a las mujeres, las economías y las sociedades se resienten”, alertó y emplazó a la Comisión, tal y como lo hizo con el Consejo, a desempeñar su cometido en la inclusión económica de las mujeres.
“Ahora insto a esta Comisión, encargada también de examinar los avances en la capacitación económica de las mujeres, a que haga lo mismo. La transición verde tiene el potencial de crear empleos decentes para las mujeres. No podemos perder esta oportunidad”, explicó.
Bahous calcula que hay un potencial de 24 millones de nuevos empleos en los sectores verdes, por lo que consideró fundamental que las mujeres reciban la formación y el apoyo necesarios para acceder a estos empleos.
“Debemos eliminar la brecha digital de género y las diferencias de género en la educación, la información y las competencias”, destacó.
El sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se inició este lunes y concluirá el próximo 25 de marzo. El tema principal de este año es “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el contexto de las políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres”.
ONU Mujeres exige reformas políticas y sociales que prioricen la igualdad de género.
La desigualdad de género y la crisis climática son dos de los problemas más acuciantes de la actualidad, indica ONU Mujeres. Por ello propone cinco acciones para fomentar la igualdad de género y la sostenibilidad
A medida que se comprende mejor y se establecen conexiones fundamentales entre el género, la igualdad social y el cambio climático, la organización pide que se tomen medidas encaminadas a encontrar soluciones.
La organización pone en la mira aumentar la representación de las mujeres en las funciones de liderazgo y la toma de decisiones. Además, redistribuir el trabajo de cuidado y los recursos productivos. Ello con el objetivo de avanzar hacia un futuro sostenible y con igualdad de género.
En el Día Internacional de la Mujer, ONU Mujeres exige reformas políticas y sociales que prioricen la igualdad de género y la sostenibilidad en los objetivos de progreso. Para ello, propone cinco acciones para impulsar el cambio.
EMPODERAR A LAS PEQUEÑAS AGRICULTORAS
En las últimas décadas, el 55 por ciento de las mejoras en el área de la seguridad alimentaria de los países en desarrollo estuvieron impulsadas por programas que fomentan el empoderamiento de las mujeres.
La ONU proyecta que si las agricultoras tuvieran un acceso equitativo a los recursos productivos, sus rendimientos agrícolas aumentarían entre un 20 y 30 por ciento.
Esto permitiría proporcionar alimentos suficientes para evitar que padezcan hambre unas 100 a 150 millones de personas, con lo que el nivel de hambruna en el mundo bajaría de un 12 a un 17 por ciento.
Aumentar la capacidad productiva de las pequeñas agriculturas también ayuda a promover las prácticas agrícolas sostenibles.
Las pequeñas agricultoras, que tienden a depender de cultivos más diversos y resistentes al clima, constituyen una alternativa sostenible al actual modelo de producción agrícola.
INVERTIR EN EL TRABAJO DE CUIDADOS
La economía mundial depende del trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado que realizan, sobre todo, las mujeres. Sin embargo, a pesar de su carácter esencial, este no es valorado como es debido, señala ONU.
“Al contrario, el trabajo de cuidados se considera un producto ilimitado que puede utilizarse sin que esto acarree ningún costo o consecuencia”.
Es por ello que la ONU insta a los gobiernos a tratar el trabajo de cuidados como un bien común. Ampliar su disponibilidad y brindar el apoyo adecuado a quienes lo llevan a cabo.
Esto abarca invertir en la ampliación de los servicios de cuidado, así como aumentar el apoyo a las cuidadoras no remuneradas.
APOYAR EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES
Tanto a nivel nacional como comunitario, el liderazgo y la representación de las mujeres parecen lograr mejores resultados ambientales.
“Los países con un mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento tienden a adoptar políticas de cambio climático más rigurosas. Ello da como resultado la disminución de las emisiones de carbono.
“En el plano local, la participación de las mujeres en la gestión de los recursos naturales permite realizar una gobernanza más equitativa e inclusiva de los recursos. Así como obtener mejores resultados de conservación”.
Además, cuando los programas climáticos de las comunidades incluyen plenamente a las mujeres, tienden a hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos, indica ONU.
En general, “las mujeres suelen tener más en cuenta a sus familias y comunidades en los procesos de toma de decisiones. Lo que es crucial para crear las soluciones integrales que contribuyen a la adopción de medidas climáticas efectivas”.
FINANCIAR LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES
La colaboración del gobierno con las organizaciones de mujeres puede ayudar a garantizar que las políticas climáticas satisfagan las necesidades específicas de las mujeres y las niñas. Y que su aplicación sea eficaz, indica la organización.
En las comunidades vulnerables, las organizaciones de mujeres, a menudo, actúan como una red de seguridad informal, cerrando las brechas en los servicios públicos y ayudando a brindar apoyo de emergencia. “Empoderar a dichas redes comunitarias es una forma crucial de crear resiliencia ante el clima a nivel local”.
PROTEGER LA SALUD DE LAS MUJERES
De acuerdo con las investigaciones, las mujeres sufrirán los efectos negativos en la salud del cambio climático.
En general, las mujeres son más propensas a morir como consecuencia de los desastres, debido en parte a su acceso limitado a los recursos y servicios.
“Las investigaciones también revelan que el cambio climático tendrá efectos negativos en la salud sexual y reproductiva. El aumento de las temperaturas está ocasionando la propagación de enfermedades, como la malaria, el dengue y el virus de Zika, que están relacionadas con resultados negativos en el embarazo y el nacimiento.
“Además, las temperaturas extremas en sí mismas parecen incrementar la incidencia de la mortinatalidad. Como ocurre con otras crisis y desastres, el cambio climático también conduce a más violencia de género”.
A su vez, los desastres climáticos suelen provocar que se desvíen los recursos destinados a los servicios sanitarios de las mujeres y los servicios para apoyar a las sobrevivientes de la violencia de género.
Como consecuencia del agravamiento del cambio climático, es fundamental que estos servicios se fortalezcan y se amplíen para mantener a las mujeres sanas y seguras, pide ONU. N
¿Por qué los hombres alcanzan puestos directivos en menos tiempo que las mujeres, aunque estas se esfuercen igual o más que ellos?
Las mujeres vivimos día a día situaciones que muestran la desigualdad en varios escenarios de nuestras vidas. Uno de ellos es el laboral, donde por hacer el mismo trabajo, a los hombres les pagan más. Donde para ser directivo de una empresa, se llega más rápido si se es varón.
Te contamos sobre algunos de los términos clave en cuanto a género se refiere en el mundo laboral:
Techo de cristal. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es una barrera invisible dentro den enramado estructural que no permiten o impiden el acceso a las mujeres a un puesto de mayor responsabilidad.
Tasa femenina de desempleo. Es la razón entre la población de mujeres desocupadas y la económicamente activa.
Acoso u hostigamiento laboral. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el acoso en el trabajo se caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor.
Brecha salaria. Es la diferencia entre las remuneraciones que perciben hombres y mujeres basada en la situación de género. Con frecuencia se valora el trabajo masculino como más valioso.
Discriminación por razón de género. Distinción o exclusión basada en roles de género establecidos socialmente, estos impiden que las mujeres desarrollen al cien por ciento sus habilidades en el trabajo.
Equidad salarial. Ocurre cuando las remuneraciones económicas en los empleos son determinadas por la educación, el esfuerzo, las capacidades y habilidades de las y los empleados.
Diversificar los parámetros y flexibilizar las condiciones de trabajo son métodos para atender las necesidades específicas de las mujeres.
as mujeres están logrando mejores y mayores puestos dentro del sector empresarial. Sin embargo, la paridad aún no se ha alcanzado. Las condiciones de desigualdad, los roles de género, un mal liderazgo y leyes de trabajo sin perspectiva de género son obstáculos que impiden la tan deseada paridad.
De acuerdo con la OCDE, en su informe “La lucha por la igualdad de género: una batalla cuesta arriba”, publicado en 2017, las mujeres están subrepresentadas en los campos de la ingeniería, ciencias y tecnología. Solo el 20 por ciento de las mujeres que llegan a la universidad en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estudian dentro de estas ramas, las cuales representan mayores oportunidades laborales y mejores sueldos.
En México, de acuerdo con el mismo informe, las mujeres conforman el 53 por ciento de la población universitaria. Es decir, significan una mayoría dentro de los graduados. Sin embargo, eso no se traduce en mejores oportunidades laborales debido a que los hombres se emplean más fácilmente.
En tanto, el 53 por ciento de la población de 15 años o más en México son mujeres, pero solo el 39.6 por ciento pertenece a la fuerza laboral, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi de diciembre de 2019.
¿EN QUÉ NEGOCIOS ESTÁN LAS MUJERES?
De acuerdo con la ENOE, en México el 53 por ciento de las mujeres ocupadas trabajan en alguna actividad de servicio. Mientras, el porcentaje de los hombres ocupados es del 36 por ciento. Los rubros en que más se emplean las mujeres son el comercio minorista, manufactureras, servicios de hospedajes y alimentos y servicios educativos.
Datos publicados por el Inegi en 2021 indican que las mujeres son propietarias de un tercio (36.6 por ciento) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros (mipymes). Las mujeres propietarias contratan más mujeres para trabajar (dos mujeres remuneradas por cada hombre), y 86.1 por ciento de su personal permanece empleado durante todo el año.
También, del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña en puestos directivos de los sectores público, privado y social, 39 por ciento son mujeres. La menor brecha de género ocurre en el grupo de edad de 25 a 44 años, en el que las mujeres que se desempeñan como funcionarias o directivas representan el 43.4 por ciento.
Si bien los números parecen ser alentadores respecto a hace diez años, es importante mencionar que los rubros que más han sufrido por la crisis económica devenida del covid-19 son aquellos donde mayoritariamente se emplean las mujeres.
Además, la crisis de cuidado a las infancias, enfermos y otros integrantes de la familia ha provocado la perdida de empleo femenino o la precarización de este.
Según Oxfam internacional, en una nota publicada el 29 de abril de 2021 en su sitio, durante el año 2020 a escala mundial las mujeres perdieron 64 millones de empleos. Esta pérdida es del 5 por ciento en comparación con el 3.9 por ciento que se produjo entre la población activa masculina.
Los roles de género y la desigualdad en las actividades de cuidado representan condiciones que afectan la contratación de mujeres. (Foto: Adobe Stock)
¿QUÉ FACTORES EVITAN LA PARIDAD?
Marisol Rumayor es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas y cofundadora y CEO de la empresa Disruptive Labs. En entrevista con Newsweek en Español nos habla de cómo, a pesar de la mejoría en las cifras, continúa la exclusión de las mujeres en posiciones de poder.
“Aunque los hombres no identifican ser antiemprendimiento femenino, siguen existiendo prácticas de dominio en contra del género“, señala. “Te puedes dar cuenta en las cámaras empresariales, donde la mayoría de las posiciones directivas las tienen los hombres. Y en los casos en los que se tiene a una mujer, es en las posiciones de diversidad e igualdad. Es decir, las mujeres no son consideradas parte esencial de una planilla cuando se renuevan los puestos directivos”.
Los roles de género y la desigualdad en las actividades de cuidado representan condiciones que afectan la contratación de mujeres. Por ejemplo, las mujeres significan un gasto mayor para su aseguramiento en el IMSS cuando están en maternidad. Ello implica que “un empleador tendrá menos incentivos de darle toda la cobertura o sacar de la precariedad y meter a la formalidad laboral a una mujer que a un hombre”. Entonces, dice Marisol Rumayor, “se les dan los empleos de menor ingreso, menor paga, menor especialización”.
Según datos publicados en 2020 por el Inegi, las mujeres contribuyeron con 73.3 por ciento del trabajo doméstico, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7 por ciento. Es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres. Los cálculos del organismo sobre el valor de este trabajo en México representan 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6 por ciento del PIB del país.
Estos trabajos de cuidado implican jornadas extras laborales, donde los roles de género son un importante incentivo para la perpetuación de estas asimetrías. También los prejuicios por género y la maternidad pueden ser castigados por los patrones, como enuncia Rumayor: “Cuando una mujer es madre soltera, el patrón se imagina que va a estar faltando porque tiene que llevar a los hijos a la escuela, al doctor, etcétera. Se vuelve más complicada la contratación de una mujer con igualdad salarial”.
El promedio de tiempo que se otorga por parte de los Estados miembros de la OCDE para licencia de maternidad es de 32.2 semanas. Mientras, la duración de las licencias de maternidad en México es de 12 semanas, muy por debajo de los estándares internacionales. Por este motivo muchas mujeres dejan su trabajo, para cuidas a sus hijas e hijos.
Las licencias de paternidad, en la Ley Federal del Trabajo en México, establece cinco días laborales con goce de sueldo por el nacimiento de los hijos. Igualmente, muy por debajo del promedio de tiempo que se otorga por los países de la OCDE, de 4.3 semanas. La diferencia entre la licencia paterna y materna indica un reforzamiento del estereotipo de género de que la crianza y cuidado de las infancias es obligación femenina.
Por ello, según Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica, “existe una amplia brecha que cerrar para asegurar que las mujeres estén justamente representadas en todos los niveles en las empresas de América Latina, sobre todo en las posiciones de liderazgo”.
Para lograrlo “necesitamos ejecutar políticas que atiendan los mayores retos actuales: implementar prácticas laborales flexibles, programas de maternidad y paternidad sólidos, diseñar planes de desarrollo de carrera para cada una de las colaboradoras y, sobre todo, hacer públicos objetivos de negocio para alcanzar la paridad”.
Diversificar los parámetros y flexibilizar las condiciones de trabajo son métodos para atender las necesidades específicas de las mujeres. Marisol Rumayor reflexiona al respecto: “La empatía que vaya de la mano con la proactividad. Ser proactivos implica hacer acciones afirmativas, es decir, pensar cómo trabajar para crear mejores mecanismos dentro de la empresa para poder detectar talentos, abusos, malas prácticas”.
Durante 2021 se registraron 1,004 feminicidios en México. En la mesa «Las dos pandemias: violencia de género en México y la Covid-19», organizada en el marco del 8M, se habló sobre cómo la pandemia vino a empeorar las condiciones que enfrentan las mujeres en el país.
A estas alturas, es casi una verdad de Perogrullo afirmar que la violencia contra la mujer en México está desbordada. Por eso, a veces hay que acompañar esa afirmación con datos: de los más de tres mil asesinatos de mujeres que hubo en 2021 en México, 1,004 fueron tipificados como feminicidios. En el mismo periodo se registraron mil 185 feminicidios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Puerto Rico y Uruguay. Dicho de otro modo: en México los feminicidios alcanzan el registro que suman otros siete países. La situación se ha visto agravada por el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, como se puede ver en el aumento de llamadas al 911, así como en los casos documentados de abuso sexual y violaciones. Éstos fueron algunos de los datos compartidos durante la mesa «Las dos pandemias: violencia de género en México y la Covid-19», que tuvo lugar en el ITESO en el marco de las actividades organizadas para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
La mesa estuvo integrada por Zonia Rojas, maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO, y Malena García Trujillo, subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) de Jalisco. Ellas comenzaron definiendo la violencia de género como «actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo en razón de su género» y especificaron que ésta puede ser psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, política, digital, obstétrica o feminicida, y puede ocurrir en los ámbitos familiar, laboral-docente e institucional. También aclararon que no sólo se ejerce contra las mujeres.
Ante los asistentes, entre quienes se encontraba Alexander Zatyrka, SJ, rector del ITESO, la funcionaria de la SISMH señaló que «a México la pandemia llegó en un momento en el que la militarización y el crimen organizado han aumentado la violencia contra las mujeres». Malena García añadió que, a partir del confinamiento por la pandemia de Covid-19, se registró un aumento en las llamadas de emergencia al 911.
Por su parte, Zonia Rojas explicó, tomando como sustento el Mapa Latinoamericano de Feminicidios preparado por Mundo Sur, que en América Latina se habían registrado mil 185 feminicidios. De ese total, en 66.9 por ciento de los casos las mujeres fueron asesinadas por alguien cercano (pareja, familiares, conocidos), lo que es evidencia de que «las mujeres no estamos en riesgo por agentes externos», dijo la académica.
Para enmarcar un poco más las cifras, ambas explicaron que no todos los homicidios dolosos de mujeres se investigan como feminicidios. Por eso, el resultado es que en 2021 fueron asesinadas más de 3 mil 400 mujeres. No obstante, Malena García puntualizó que «cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género». Entre los factores que han intensificado la violencia contra la mujer, durante la charla se enlistaron cuatro: el componente estructural, la militarización y el crimen organizado, la pandemia y la respuesta violenta a la masificación del feminismo.
Para concluir, Zonia Rojas señaló que las dos pandemias —la de la violencia de género y la de la Covid-19— «nos ponen en un escenario en el que todos somos parte de lo que ocurre. Debemos pasar a ser sujetos activos, social y políticamente para recuperar, entre otras cosas, los derechos laborales que se han venido perdiendo y conciliar el trabajo de producción, reproducción y cuidados».
De forma recurrente surge la pregunta —o la molestia— sobre por qué las mujeres hacemos tanto ruido el 8 de marzo. Como si los datos de violencia, desigualdad económica y laboral —además de la imposición continua y sistematizada de los estereotipos de género— no fueran suficiente reclamo para que hordas de mujeres salgan a marchar. Marchamos también por la reivindicación de nuestros derechos más básicos: vivir seguras, recibir un salario digno, poder conciliar las responsabilidades laborales con el desarrollo personal, tener certeza de poder acceder a las mismas oportunidades que cualquier otra persona, más allá de nuestras condiciones particulares de vida.
Además de esto, también empezamos a reconocer que la corrupción afecta a las mujeres de formas particulares y diferenciadas. Este impacto distinto invariablemente nos lleva a un ciclo pernicioso donde —de nuevo— se ejerce violencia, se propicia la desigualdad en el acceso a los derechos y se refuerzan los estereotipos de género mediante el ejercicio de actos de autoridad ilegales.
La última publicación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), publicada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información (INEGI), reporta la frecuencia con la que hombres y mujeres participamos o somos víctimas de actos de corrupción. En este último ejercicio, realizado con datos de 2019, señaló que por cada 100 000 habitantes, un total de 10 798 mujeres experimentaron actos de corrupción, frente a los 21 238 hombres que también lo hicieron.
De acuerdo con la misma encuesta, cada acto de corrupción experimentado por la población en México tuvo un costo aproximado de 3822 pesos. Esta cantidad representa un promedio para mujeres y hombres, pero su impacto resulta más significativo cuando lo ponemos en el contexto de la brecha salarial registrada para México, donde se estima que las mujeres ganan en promedio entre 27 y 33% menos que los hombres. En contextos de pobreza o marginación, la brecha puede ser aún más grande. La gravedad del asunto no sólo radica en la frecuencia con la que las mujeres se enfrentan a la corrupción o en el costo asociado a estos enfrentamientos. Es particularmente grave por las implicaciones de la corrupción en sus vidas, que pueden resultar mayores por las condiciones de su entorno.
Haciendo un ejercicio rápido —usando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI— en 2020 las mujeres en México percibían en promedio un ingreso trimestral de 14 860 pesos. En un año, el ingreso de una mujer era en promedio de 59 440 pesos. Asumiendo que una mujer se enfrentara a un sólo acto de corrupción durante ese mismo periodo, y que pagara el costo promedio establecido en la ENCIG de 3822, perdería el 6.4% de sus ingresos anuales. Este porcentaje podría agravarse si se toman como referencia los datos de ingresos promedio trimestrales de mujeres con hijos, mujeres indígenas, mujeres con educación básica o mujeres jóvenes, cuyos ingresos trimestrales podrían ser de apenas 4012 pesos cada tres meses o aún menos.
Los efectos diferenciados de la corrupción no paran en las implicaciones económicas. Las mujeres además se enfrentan de forma recurrente a la corrupción en la forma de violencia sexual. En 2019 el Barómetro Global de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, reportó que una de cada cinco mujeres habían sido víctimas de extorsión sexual. La sexualidad de las mujeres, entonces, se utiliza como moneda de cambio para acceder a servicios públicos básicos, como salud, educación, vivienda o trabajo.
Los datos existentes sobre extorsión sexual son generales y no permiten conocer el tipo específico de extorsión sexual a la que se ven expuestas las mujeres. No es posible determinar si se trató de atentados contra la intimidad sexual, de hostigamiento sexual, de acoso sexual o de violación; tampoco existe información específica sobre los servicios públicos relacionados a estas prácticas de extorsión sexual. Igualmente, hay una carencia de información sobre la incidencia de extorsión sexual en el sector privado.
La discusión sobre los efectos de la corrupción en grupos vulnerables tiene un trecho importante que recorrer para conocer de forma específica quiénes sufren la corrupción, por qué causas y con qué implicaciones. El día de hoy, no contamos con los datos necesarios para responder con cabalidad a la pregunta de cómo es que la corrupción agrava los diferentes tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres. Entender las formas en las que la corrupción profundiza la precariedad de las condiciones de vida de las mujeres es todavía un asunto pendiente en la agenda para alcanzar la igualdad.
Más allá de los datos faltantes o por identificar, es necesario reconocer de forma inmediata que la corrupción tiene efectos diferenciados en hombres y mujeres, así como tomar acciones concretas para evitar la profundización de las brechas que enfrentamos las mujeres y los grupos vulnerables en el ejercicio de nuestros derechos.
Carla Crespo
Abogada, colaboradora de Transparencia Mexicana y emprendedora en temas de activación física
Empoderar a las niñas y a las mujeres requiere mucho más que voluntades, se requiere un cambio de mentalidad profundo y acciones contundentes.
En un mudo tan complejo y con tantos temas sobre la mesa, la necesidad de alcanzar equidad se vuelve cada vez más urgente. Empoderar a las niñas y a las mujeres requiere mucho más que voluntades, se requiere un cambio de mentalidad profundo y acciones contundentes que eliminen las barreras de género en todas las esferas.
El Reporte del Foro Económico Mundial (WEF) sobre la Brecha de Género revela que la paridad de género está en el centro de las actividades clave del desarrollo social y económico. De esta forma, el fortalecimiento e incremento en la participación de las mujeres en roles clave tanto en la iniciativa privada como en el servicio público requieren la inclusión y desarrollo de talento en forma equilibrada para solventar las actuales deficiencias de los sistemas educativos, de empleabilidad y desarrollo generando igualdad de oportunidades para niñas y mujeres.
Las oportunidades que ofrecen los nuevos esquemas digitales y tecnológicos pueden representar una excelente oportunidad para que la brecha de género se reduzca y ofrezca el escenario ideal para mejorar las habilidades y competencias que permitan el acceso a un mercado laboral más dinámico.
Los procesos de atracción de talento, además de fortalecer la inclusión y el respeto a la diversidad, deben garantizar acceso a igualdad salarial, ambientes laborales libres de discriminación, acoso laboral, violencia y desigualdad.
Con base en análisis hechos por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las condiciones actuales, el mundo tiene sólo un 57.8% de avance en condiciones de igualdad y paridad laboral. En el contexto actual, las predicciones de los organismos internacionales no son muy alentadoras, BM y FMI coinciden con WEF; alcanzar la igualdad laboral puede tomarle al mundo más de 100 años si las siguientes tendencias continúan: la mecanización y la tecnologización sustituyen a las mujeres en la mano de obra y los procesos productivos, las empresas siguen sin abrir espacios de liderazgo con igualdad de oportunidades de crecimiento ni de salario, las mujeres siguen careciendo de acceso a infraestructura adecuada de salud pública y prestaciones que aseguren su desarrollo y bienestar integral.
Acortar las brechas de la desigualdad implica esfuerzos e iniciativas globales en las que se promueva el incremento en espacios para el liderazgo de las mujeres, capacitación en emprendimiento y desarrollo de nuevas competencias.
Si bien se reconoce que globalmente han habido avances, aún hay mucho por hacer. De la mano de la igualdad debe venir la implementación de prácticas positivas con perspectiva de género que busquen desarrollar una cultura de respeto, equidad y empoderamiento para mujeres y hombres.
Es imperante ser conscientes de que, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, las organizaciones e instituciones que fallan en el empoderamiento y el desarrollo de niñas y mujeres, están en amplia desventaja en un mundo cada vez más competido y demandante.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
El combate a la violencia de género aún es un reto. Es necesario que las víctimas de este problema recurran a abogados expertos en la materia que den su mejor orientación.
A nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre violencia en algún momento de su vida. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La violencia de género afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Es la manifestación más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres, y la más grave violación de los derechos humanos que sufren millones de mujeres, niñas y jóvenes en el mundo, teniendo graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad.
La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia —confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica— han provocado un incremento alarmante de la violencia en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea.
La violencia en el ámbito privado adopta muchas formas, entre las cuales se encuentran: la violencia económica, psicológica, emocional o física, feminicidio, asesinatos por honor, violencia sexual, la cual incluye el acoso sexual, violación, violación correctiva, cultura de la violación, trata de personas, mutilación genital femenina, matrimonio infantil y violencia en línea o digital, la cual a su vez incluye el ciberacoso, sexteo o sexting y el doxing (publicación de información privada o identificativa sobre la víctima).
En México, en los últimos 20 años se han creado diversos instrumentos para constituir el marco jurídico mexicano para frenar el fenómeno de discriminación y violencia contra las mujeres, como son:
a) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
b) Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
c) Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado una serie de criterios innovadores para combatir tan terrible fenómeno, como por ejemplo la tesis aislada con número de registro 2009084 sobre Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Discriminación y Violencia.
“Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación”, que determina expresamente que, y cito literal, “la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia”.
Por otro lado, a nivel internacional existen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención de Belém do Pará; adicionalmente, se implementan constantemente diferentes foros enfocados a temas de igualdad de género y derechos humanos de la mujer.
Sin embargo, pese a los esfuerzos tanto de organismos nacionales como internacionales por erradicar este terrible fenómeno, no ha sido posible avanzar, por lo que es fundamental identificar los tipos de violencia, y para el caso de ser víctima de alguno, es importante buscar una red de apoyo que debe incluir abogados expertos en la materia, para que estos a su vez utilicen todos los mecanismos creados e implementados expresamente para combatirla, ya que es fundamental que esta sea sancionada.
Especial
Por Gabriela Caballero. Licenciada en Derecho con 21 años de experiencia en materia familiar, civil y derecho de protección de las mujeres. Egresada de la Universidad Franco Mexicana de La Salle, actualmente es directora del área de litigio Familiar y Civil en la firma Manzanero & Asociados. Es defensora de las mujeres que necesitan ser representadas legalmente.
“En una región plagada de desigualdad, las mujeres, una vez más, se han visto afectadas de manera desproporcionada”.Carissa F. Etienne, Directora OPS
Una vez más, la pandemia agudizó y reveló con mayor crudeza las grandes barreras de inequidad que impiden el acceso libre y la atención oportuna a los servicios de salud básicos a quienes más lo necesitan, sobre todo en circunstancias críticas.
la pandemia de COVID-19 generó una interrupción de los servicios prenatales e impidió el acceso expedito a la atención crítica, lo que hasta el momento ha cobrado la vida de 3 mil mujeres embarazadas en la Región de las Américas, de acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Carissa F. Etienne, directora de la OPS, pidió nuevamente a los líderes políticos y autoridades sanitarias de cada país de la región, destinar los recursos financieros y humanos suficientes para incrementar el acceso a vacunas y medicamentos en general, establecer y aplicar métodos de educación sexual y planificación familiar, y ofrecer atención esencial para mujeres y niñas.
Un estudio de la OPS publicado previamente sobre la mortalidad materna en 8 países mostró que de 447 mujeres embarazadas que murieron entre el 1 de marzo de 2020 y el 29 de noviembre de 2021, el 90% ya presentaba síntomas potencialmente mortales cuando fueron ingresadas en el hospital. Casi el 77% dio a luz a sus bebés prematuramente y el 60% nació con bajo peso al nacer, un problema que puede afectar la salud de un niño por el resto de su vida.
Carissa F. Etienne también declaró: “Debemos priorizar a las mujeres para garantizar que estén protegidas de lo peor de la pandemia. Las mujeres embarazadas, en particular, se encuentran entre las más vulnerables a la COVID-19, debido a los cambios en su sistema inmunitario que pueden ponerlas en riesgo de contraer una enfermedad grave”.
“Los países de América Latina y el Caribe llevan tres décadas luchando por reducir la mortalidad materna, y ahora la pandemia amenaza con deshacer 20 años de logros”. Organización Panamericana de la Salud.
Por otra parte, y en paralelo a la imposibilidad de acceder puntualmente a los servicios médicos necesarios durante el embarazo, parto y post-parto, el porcentaje de mujeres vacunadas contra el SARS-CoV-2 es todavía muy bajo, ya sea por la falta del biológico o por rechazo al mismo, por lo que la directora de la OPS, declaró: “Es fundamental que los trabajadores de la salud hablen con las futuras madres sobre la importancia de vacunarse para protegerlas a ellas y a sus bebés de este virus”, poniendo especial atención a las mujeres de minorías étnicas, como las afrodescendientes, las mujeres indígenas y las migrantes, las que frecuentemente corren mayores riesgos, por la superposición de factores sociales y de género.
Por: Manuel Garrod, miembro del Comité Editorial de códigoF.
Fuentes:
Organización Panamericana de la Salud. (2 de marzo del 2022).A third of pregnant women with COVID-19 unable to access life-saving critical care on time.
CódigoF. (20 de septiembre del 2021). Las mujeres embarazadas tienen mayores riesgos para desarrollar COVID-19 grave.
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