Autor: Editora

Menstruar, prevenir embarazos no deseados, detectar a tiempo un cáncer de mama o cervicouterino, tener un embarazo deseado en dignidad y pensar en la reinserción es un viacrucis para la mayoría de las mujeres en la cárcel. Esto sin mencionar las agresiones perpetradas desde la detención y en toda su vida en prisión.

Los centros penitenciarios en México esconden problemáticas importantes en materia de derechos humanos; desde que inició la pandemia las organizaciones civiles nacionales e internacionales alertaron sobre el hacinamiento, la falta de recursos básicos para la sanitización y el difícil acceso a medicamentos dentro de las cárceles. Pero la cosa es más complicada para las mujeres.

En México las mujeres representan el 5.7% del total de la población privada de la libertad, según datos de la ENPOL (Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad) 2021 del Inegi. Esto produce una importante invisibilización y omisión de sus necesidades y por ende, violencias y desigualdades en todas las etapas de su proceso penal y por supuesto en su vida dentro de la cárcel.

Menstruar, prevenir embarazos no deseados, detectar a tiempo un cáncer de mama o cervicouterino, tener un embarazo deseado en dignidad y pensar en la reinserción es un viacrucis para la mayoría de las mujeres en la cárcel.

Detenciones más violentas

Los resultados de la encuesta mostraron que las mujeres enfrentan detenciones violentas: 8 de cada 10 mujeres que fueron arrestadas enfrentaron algún tipo de violencia psicológica y 6 de cada 10 sufrieron agresiones durante sus arrestos.

A diferencia de la población masculina, que mayoritariamente declaró haber cometido un delito, el 68.7% de las mujeres en prisión manifiestan que están ahí porque la implicaron en un delito o porque no han podido comprobar su inocencia.

En comparación con el proceso de detención que enfrentan los hombres, las mujeres tienen mayor posibilidad de enfrentar irregularidades o violencias en el debido proceso. Mientras al 19.2% de los hombres se les detuvo con una orden de aprehensión sólo al 16.8% de las mujeres. Por su parte a 26 de cada 100 mujeres se les detuvo sacándolas del lugar donde estaban mientras que sólo a 19 de cada 100 hombres.

Adicionalmente: el 15% de las mujeres privadas de la libertad dijeron que las autoridades que le detuvieron las desvistieron durante “la inspección”.

Las cifras reflejaron también que 12 de cada 100 mujeres fueron lesionadas o agredidas con alguna fractura, golpe o cortadura y 6 de cada 100 recibieron alguna lesión que efectivamente pudo haber puesto en riesgo su vida o el funcionamiento de un órgano vital.

Las violaciones a los derechos humanos cuando se enfrenta un proceso penal son generales, pero ser mujer implica multiplicarlas.

Adentro la cosa se pone peor

Las desigualdades no se terminan con el proceso de detención; las mujeres también enfrentan mayores retos al interior de los centros penitenciarios federales y estatales. Las políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva deberían ser prioridad en las cárceles femeniles, pero no lo son.

La encuesta mostró carencias importantes en la disponibilidad y acceso a monitoreos básicos de prevención y protección para mujeres.

Sólo el 40% de las mujeres privadas de la libertad en México se practicaron un papanicolaou en el último año; un procedimiento preventivo contra el cáncer que está recomendado cada seis meses para las mujeres que son sexualmente activas y del que el 60% de las mujeres presas quedaron fuera.

Las mujeres menstrúan, pero el presupuesto de los centros penitenciarios no se ha enterado; cerca del 65% de las mujeres privadas de la libertad manifiesta tener que solicitar a sus familiares productos de higiene femenina —desde el shampoo hasta los tampones—. Lo que nos deja pensando qué pudo suceder durante todo el tiempo en que las cárceles prohibieron las visitas por pandemia.

No sólo menstruar resulta un calvario, la vida sexual también lo es: sólo 38% de las mujeres presas recibió anticonceptivos gratuitos cuando los solicitó en el centro penitenciario.

En las cárceles mexicanas de mujeres hay 1,113 mujeres que están o estuvieron embarazadas durante su estancia y de ellas cerca del 20% dijo que no recibe o recibió en su momento atención oportuna para monitorear el embarazo.

Dos de cada 10 mujeres dentro de los centros penitenciarios se han practicado abortos, las condiciones nadie las conoce.

Adicionalmente, más mujeres respecto de la población masculina en prisión no recibe medicamentos para tratar enfermedades. El dato más alarmante: 17% de las mujeres que viven con VIH en las cárceles de México no toma medicamentos para tratarse.

El hacinamiento y la escasez de recursos básicos para mantener las reglas de sanidad ante la Covid-19 sólo aparecen como un reto más. Un acceso a la salud básica es todavía un ideal para las mujeres en prisión.

La salud mental tampoco reina en la prisión

Aunque en los centros penitenciarios prevalecen algunas actividades pensadas para la recreación, educación y el esparcimiento, que por cierto, son derechos humanos básicos, esto no ayuda a erradicar los problemas de salud mental de las personas privadas de la libertad.

Las mujeres, en comparación con los hombres, mostraron mayor incidencia de pensamientos suicidas y de bajas expectativas respecto de su salida y reinserción social.

18 de cada 100 mujeres declaró haber pensado en quitarse la vida al menos una vez durante su estancia en la cárcel. Y mientras el 53% de los hombres creen que estar en prisión les complicará el encontrar trabajo cuando salgan, el 61% de las mujeres tiene esta preocupación.

Las mujeres también piensan que la reintegración en su círculo de amigos será más compleja en relación con los hombres: 31 de cada 100 mujeres piensan que será difícil esta integración; para los hombres la cifra es de 28 de cada 100.

La perspectiva de género es fundamental para la elaboración de políticas públicas en materia de justicia y seguridad. Destinar recursos para garantizar los derechos básicos de la población privada de la libertad es una tarea urgente. Y poner la reinserción como eje transversal en el sistema penal es la tarea pendiente.

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Una de cada 10 mujeres en Europa ha padecido ciberacoso online, una forma de violencia machista que empezamos a reconocer pero para la que aún escasean las herramientas combativas. ¿Cómo podemos plantarles cara?

Hace dos años que recibí el primer tuit de acoso. La cuenta de El País compartió un artículo mío publicado en S Moda sobre personas que habían cambiado hábitos de su estilo de vida para proteger el planeta. Un usuario creó un hilo exponiendo imágenes e información mía personal buscando desacreditarme profesionalmente y atacando también a mi físico. Más de trescientos retuits y otros tantos comentarios tenía el hilo de aquel usuario contra mí la última vez que lo miré. Después de aquello hice privados mis perfiles en redes y mi relación con Twitter no ha vuelto a ser la misma. Aún hoy, cuando entro a consultarlo por motivos de trabajo, me da una punzada en el pecho si asoma una notificación. Hace poco volvió a pasar. Otro usuario distinto se jactaba en el mismo post del candado que, desde entonces, aparece junto a mi perfil en la red social. Un candado que representa el efecto silenciador que estos ataques tienen sobre las mujeres que. Y que es consecuencia de nuevas formas de violencias machistas que surgen en la era digital. Mi caso, lamentablemente, no es el único. Muchas compañeras han sufrido ataques misóginos en redes sociales.

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo señala en un estudio sobre ciberviolencia y discursos de odio online contra las mujeres que entre el 63 y el 83% de las que han padecido ciberacoso han modificado el uso de sus redes sociales. Un mecanismo de ciberviolencia machista que, según el mismo estudio, han padecido una de cada 10 mujeres en Europa desde los 15 años y que, en mujeres de entre 18 y 29 años, asciende hasta el 20%; cebándose especialmente con aquellas que tienen presencia pública en la política, en los medios de comunicación o como activistas.

Muchos de estos ataques no solo tienen un componente de agresión sobre la individualidad, tienen que ver con el momento cultural y la ola de respuestas reaccionarias al feminismo: “Hay quien quiere mantener el status quo con campañas políticas y fabricación de conceptos ideológicos, y hay quien sabotea la presencia de las mujeres en las redes y en el espacio público en general”, explica a S Moda Laia Serra, abogada penalista experta en delitos de odio y activista por los Derechos Humanos. “Se trata en algunos de estos casos de ataques misóginos organizados contra mujeres que creen en la igualdad. Una incidencia de primer orden que, además del impacto individual que tiene, impacta también en el ejercicio de la ciudadanía, de la democracia y de la paridad. Esto es importante, no son ingenuas”.

Irantzu Varela, Isa Calderón, Anna Pacheco, Penny Jay, Cristina Fallarás, Etsy Quesada… La lista de mujeres con presencia pública que han defendido abiertamente el feminismo, los derechos del colectivo LGTBIQ+, el antirracismo o los derechos de los migrantes y que se han enfrentado por ello a estos ataques masivos es larga y, por desgracia, se actualiza constantemente. Recientemente, la cómica Elsa Ruiz hacía público su abandono temporal de su trabajo en el programa Sobreviviré (Mitele Plus) y de las redes sociales para ingresar en el área psiquiátrica de un hospital con el siguiente mensaje: “No me considero referente de nada, pero quería visibilizar estas cosas: el acoso en redes y el odio en redes, es odio, es acoso. Porque pase en Twitter e Instagram no deja de ser acoso y no deja de ser importante. Y a ver si las políticas de las redes sociales cambian y persiguen más el odio en vez de preocuparse tanto de si hay desnudos o no hay desnudos en su aplicación”.

Cuando nuestros derechos se vulneran y el Estado y las plataformas no ofrecen mecanismos de protección suficientes, no queda otra que dar un paso atrás y optar por cuidarse. Y eso en el mejor de lo casos: en mayo de 2019, Verónica, trabajadora de IVECO, se suicidó después de que su acosador compartiera a través de WhatsApp un vídeo sexual suyo que se difundió entre sus compañeros de trabajo.

“Mi troll pensaba que su mensaje no era para tanto”

El llamamiento de Elsa Ruiz apunta al centro del problema: ¿por qué en 2021 seguimos sin identificar que lo que pasa en internet es tan real como lo que ocurre fuera y tiene consecuencias? En conversación por Zoom, Kathryn Travers, especialista en políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres en la ONU Mujeres, señala los resultados de uno de los últimos informes del organismo al respecto: “La violencia digital contra las mujeres está asociada con impactos psicológicos y sociales. Hay estudios que señalan que quienes las han padecido han experimentado como consecuencia altos niveles de ansiedad, estrés, depresión o falta de autoestima”. El mismo informe apunta también al incremento de estas violencias digitales en el contexto del Covid-19 y al salto que en ocasiones se produce entre la violencia online y la digital. Un ejemplo al respecto lo deja el caso de la periodista feminista Irantzu Varela, que tras recibir hostigamiento en Twitter, lo padeció también en la calle; con pintadas en su local de trabajo y con su integridad bajo amenza.

La abogada Laia Serra explica que “estamos en un momento de cambio social frente a las violencias machistas digitales”. Igual que con el tiempo hemos aprendido a reconocer las formas de violencia de género psicológicas, ahora estamos en un proceso de toma de conciencia colectiva frente a cómo son y cómo se manifiestas estas violencias digitales.

En busca de pistas sobre lo que está pasando y también como respuesta propia a las amenazas e insultos machistas constantes que recibía en sus redes, la periodista Marianna Spring, reportera especializada en desinformación y redes sociales de la BBC, decidió hacer un análisis exhaustivo durante varias semanas sobre los trolls que la atacaban a ella y a otras mujeres para una serie documental emitida en el programa Panorama. Llegó incluso a conocer a uno de ellos. “Mi primera sorpresa fue ver que la mayoría de ellos son gente real, no bots, que viven en Reino Unido, que apoyan a equipos de fútbol, que tienen trabajos y familia”, cuenta a este medio. “Mi principal percepción al respecto fue lo desinhibida que la gente se vuelve en las redes”.

Desde insultos como “vaca tonta” o amenazas de violación, Spring recalca la incuestionable naturaleza misógina de todos los comentarios que recibe. El usuario que finalmente accedió a hablar con ella tras insultarla, dice, no es de los que le dejó comentarios más graves; precisamente por eso se atrevió a hablar con él. “Me dijo que no pensaba que el comentario fuera tan malo”, explica. Pero una de las peculiaridades que presentan estas violencias y que tan difícil hacen mensurable la responsabilidad y consecuencias en términos legales es su efecto acumulativo, subraya la abogada Laia Serra. “A veces es un último tuit o retuit lo que rebasa el vaso de la persona acosada”. Comentarios cuya responsabilidad debería medirse en contexto y con perspectiva, no de forma aislada.

La responsabilidad de las plataformas

En su investigación, Spring contactó con Twitter, Instagram y Facebook. “Sus respuestas insistían en que están comprometidos con combatir el abuso online contra las mujeres”, pero a efectos prácticos, esto no se materializa. De hecho, el algoritmo fomenta y saca rédito de la difusión de estos contenidos. “Hice otro experimento creado una cuenta falsa de troll basándome en los perfiles que me habían acosado”, cuenta la periodista. “Esta cuenta no dejaba comentarios de odio, simplemente seguía las cuentas y recomendaciones que a partir de esos perfiles, Facebook me hacía. Al cabo de unas semanas, mi troll falso, Barry, recibía cada vez más y más sugerencias de contenido misógino, entre ello, páginas que hacen chistes sobre violar a mujeres. No solo no estaban frenando el consumo sino que lo estaban promoviendo para sacar beneficio con la publicidad insertada en esos vídeos”. Una percepción que después corroboró entrevistando a Frances Haughen, ex trabajadora de Facebook –ahora Meta–. Con algoritmos perfeccionados para targetearnos y obtener todo tipo de datos de los usuarios usado con fines políticos y comerciales, resultaría inocente pensar que estas plataformas están haciendo todo lo posible por proteger nuestros derechos. En un estudio de 2018 realizado por Amnistía Internacional en Reino Unido, #ToxicTwitter, el 78% de las mujeres entrevistadas aseguraron que no piensan que Twitter sea un lugar seguro en el que expresar su opinión sin recibir violencia o acoso por ello.

“El Convenio de Estambul lo deja claro”, dice Laia Serra. “En cualquier fenómeno transnacional es fundamental que nos aliamos todos (organismos públicos, sociedad civil y grandes tecnológicas); por ejemplo, aunando los criterios de moderación de contenidos de estas plataformas. Hoy en día hemos asumido que cualquier empresa debe tener responsabilidad social, pero nadie se está planteando la responsabilidad corporativa de estas empresas tecnológicas: ¿qué está haciendo Facebook para proteger los derechos de las mujeres?”.

Pocos datos y poca legislación

“En países como Canadá e Islandia ya se ha creado legislación específica al respecto de estas violencias”, explica Kathryn Travers de ONU Mujeres. La dificultad que plantea este fenómeno del ciberacoso machista digital, recuerda, es “la necesidad de que se combatan a diferentes niveles: desde la visibilización a lo legal, pasando también por las propias plataformas”.

Thais Ruiz de Alda, experta en big data y directora de DigitalFems, organización que trabaja para que haya más mujeres en entornos tecnológicos, explica que la escasez de datos que midan en qué cantidad y de qué forma se están dando estas violencias también dificulta que se pueda crear una legislación específica al respecto.

“Las herramientas legales de protección frente a las violencias machistas están todas diseñadas desde un punto de vista analógico”, explica la abogada penalista Laia Serra. Pone un ejemplo: ¿cómo se traduce a términos digitales la prohibición de acercamiento a las víctimas? ¿puede una solicitud de amistad en redes considerarse como tal? “Estamos abriendo el capítulo de jurisprudencia digital. A nivel de herramientas nos encontramos que hay dos grandes dificultades. Una es que obvia las transnacionalidad de estos delitos y la otra es que debemos valernos de mecanismos para identificar quién hay detrás de esos perfiles”. Los defectos de traducción, la falta de capacitación en estas cuestiones de los juzgados, los límites de lo que es o no libertad de expresión o los sistemas bajo los que están montadas las comisiones rogatorias o el periodo de conservación de datos son parte de esas piedras en el camino que dificultan la batalla legal, apunta Serra. “El embudo es bestia. Todo se suma y acaba generando que el avance de estas denuncias sea complicado, por eso la respuesta tiene que pasar en primer lugar por la propia cultura y una ciudadanía responsable con la actuación en redes sociales”.

La propia Serra ha participado en la ampliación de la ley catalana contra la violencia machista, que recoge estas formas de violencia digitales y que, en su opinión, plantea un ejemplo interesante: “Vemos que si las instituciones escuchan a personas expertas en materia y a la sociedad civil, a través de asociaciones que están trabajando en estas cuestiones, esto se empieza a visibilizar y se empiezan a destinar recursos a combatirlo”.

Mujeres organizadas

A un ataque que llega de manera colectiva, también se responde en comunidad. Son muchas las plataformas, asociaciones y colectivos feministas y activistas que están trabajando por crear conciencia y recursos para las mujeres que padecen estas violencias. La propia Thais Ruiz de Alda fusiona el trabajo que hace desde Digitalfems con otros colectivos como Datos contra el ruido o Autodefensaonline. Esta última web es una comunidad de mujeres hispanohablantes que ofrece guías y herramientas para eliminar la brecha de género digital, facilitando el acceso a la tecnología y explicando los mecanismos de denuncias que estas ofrecen para protegerse también frente a los abusos.

“Lo que hacemos es redirigir a las mujeres que acuden a nosotras a los recursos disponibles que hay en el Estado. Les damos instrucciones según el lugar en el que vivan, lo que les ocurra; de alguna manera les damos cobertura y reconducimos los casos a asociaciones de mujeres abogadas que les puedan ayudar”.

Explica Laia Serra que, si cuando una mujer sufre violencia machista en casa ahora ya sabemos cuál es nuestro papel y cómo debemos proceder como vecinas o familiares, cómo tramitar estas denuncias; con las violencias machistas digitales, aún estamos en proceso de entender cuáles son las vías para hacerlo.

Una mano amiga tendida que, en mi caso, me habría gustado que me contara la importancia de hacer capturas de pantalla validadas de esos comentarios para poderlos denunciar, que me hubiese pasado el teléfono de una abogada puesta en materia, que me hubiese sugerido que, si acceder a mi propia cuenta para silenciar esos mensajes me estaba generando ansiedad, podía pedirle a alguien que lo hiciera por mí. En definitiva, un entorno consciente de que esos comentarios sí son para tanto y que son otra forma de violencia.

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Desde su declaración, las autoridades de Texas han intentado blindar la ley al dejar su ejecución en manos de cualquier persona que quiera denunciar a un médico que practique abortos después de las seis semanas.

“El derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo no es negociable“, aseguró este sábado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, después de que el Tribunal Supremo anunciara el viernes que permitirá la admisión a trámite de cualquier recurso contra la restrictiva ley del aborto en Texas, si bien se negó a derogar la normativa.

La decisión del Tribunal Supremo permite que la ‘S.B.8’ –nombre con el que es conocida la ley–, que amenaza la salud y los derechos de las mujeres, siga en pie, señaló en un comunicado.

“La prohibición del aborto tras las primeras seis semanas de embarazo sigue en pie. Los incentivos económicos a los vigilantes permanecen y siguen existiendo los daños a las mujeres”, lamentó.

“Debemos proteger el derecho constitucional reconocido en el caso Roe contra Wade –máximo exponente de la normativa sobre el aborto en Estados Unidos–, pasándolo a ley”, enfatizó la vicepresidenta estadounidense. “Debemos aprobar la Ley de Protección Sanitaria de la Mujer y debemos seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para defender los derechos reproductivos de las mujeres”.

Foto: Reuters

Desde su declaración, las autoridades de Texas han intentado blindar la ley al dejar su ejecución en manos de cualquier persona que quiera denunciar a un médico que practique abortos después de las seis semanas. El estado ofrecía “recompensas” de hasta 10 mil dólares a quien se animara a demandar, lo que exponía a los médicos –incapacitados por esa ley para responder a las acusaciones hasta que la demanda en su contra estuviera formulada– a la ruina.

Tras el fallo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su “preocupación” por “las importantes consecuencias que tiene para las mujeres en Texas y en todo el país, y para el Estado de Derecho”, tal y como recogió un comunicado publicado por la Casa Blanca.

Asimismo, añadió que todavía queda mucho que hacer, tanto en Texas y en Misisipi como en otros estados, un trabajo para el que,  aseguró, siempre estará del lado de las mujeres para proteger y defender su derecho constitucional reconocido desde hace mucho tiempo en el marco del caso Roe contra Wade.

Eran pintoras, poetas, novelistas, cineastas, intelectuales, investigadoras, médicas… Pero como tantas veces, la historia las escondió y su trabajo quedó olvidado en un cajón.

Mientras la obra de Miguel Hernández, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Vicente Aleixandre, Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela, Ramón J. Sender o Luis Cernuda es reeditada y revisionada de forma constante y estudiada en las escuelas, pocos han oído hablar sobre la de sus colegas femeninas de la generación del 27.

Pero Concha Méndez (escritora), Maruja Mallo (pintora), María Zambrano (filósofa), Josefina de la Torre (poeta), Ernestina de Champourcín (poeta), María Teresa León (escritora), Ángeles Santos (artista gráfica), Margarita Manso (pintora) y muchas otras dejaron un valioso legado cultural que empezó a salir a la luz en el año 2014 a raíz del documental Las Sinsombrero (Serrana Torres, Tània Balló y Manuel Jiménez ).

Clara de Frutos (Madrid, 1993) vio el documental en La 2 en el año 2015 y se quedó “prendada” de la historia de las Sinsombrero . Empezó a investigar sobre su trayectoria y a pensar en la manera de buscar una segunda oportunidad para las mujeres de la generación del 27. “Decidí darles forma de cómic porque siempre he trabajado en el ámbito del libro ilustrado“, explica esta joven pintora y escritora.

Pero De Frutos necesitaba también una oportunidad para sí misma, para que su investigación viese la luz. Y la encontró en la beca de creación que concede la Fundación el Arte de Volar junto a Norma Editorial y Grupo Edelvives. Es un premio de nueva creación dotado con 8.000 euros y un contrato de edición con Norma Editorial para publicar la obra ganadora.

El proyecto de esta madrileña se ha hecho con esta beca a la que se presentaron 194 trabajos. Ahora ha empezado a dibujar, a acuarela y lápices que “es con lo que me siento más cómoda”, y a escribir con idea de completar unas 140 páginas, aunque “no hay nada cerrado y puede producirse algún cambio”, para publicarlas el año que viene.

El relato a cómic de Las Sinsombrero arrancará con “una anécdota real”. Concha Méndez (1898-1986), escritora, dramaturga, poeta y guionista, tuvo una vida apasionante. Fue novia de Buñuel, amiga de Cernuda, Alberti, García Lorca y Juan Ramón Jiménez, viajera empedernida, habitual de las tertulias, impresora, editora de la revista Héroe … “Méndez no quería escribir sus memorias, pero su nieta Paloma Ulacia Altolaguirre la invitó a contar su vida y grabó su relato, que publicó en 1991 con el título Memorias habladas, memorias armadas ”.

De Frutos parte de ese momento en que la nieta graba a la abuela para articular la estructura de su historia ilustrada que se irá configurando con los consiguientes flashbacks. Méndez será el hilo conductor del relato, en el que la autora lleva trabajando ya tres años, y en el que también tendrán cabida muchas otras de las artistas olvidadas del 27.

“No quiero olvidar a María Teresa de León (1903-1988), que era una novelista increíble a la que solo se conocía por ser la mujer de Rafael Alberti”, señala De Frutos. También habrá espacio para Maruja Mallo (1902-1995), una “pintora extraordinaria”, que expuso en París y Nueva York y que se codeó con René Magritte, Max Ernst, Joan Miró, Giorgio de Chirico, André Breton, Pablo Picasso, Louis Aragon, Paul Éluard y Joaquín Torres García.

Ángeles Santos (1911-2013), pintora de Portbou que expuso en Pittsburgh, Oslo, Berlín y Copenhague, será otra de las protagonistas de esta primera beca de la Fundación el Arte de Volar, que “tendrá continuidad, porque ha sido un éxito de convocatoria” y que “está dirigido a autores que ya han demostrado su talento, pero a los que les falta el empujón definitivo para consolidarse”, indica el presidente de la entidad, Antonio Altarriba.

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El organismo también indicó su “profunda preocupación” por los informes en los últimos meses de asesinatos, uso de violencia y desapariciones forzosas contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, el Gobierno y la sociedad civil.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) denunció este viernes la “erosión” de los derechos de las mujeres desde la toma del poder de los talibanes el pasado 15 de agosto, así como su “profunda preocupación” por los informes de asesinatos contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad.

“Los talibanes todavía tienen que cumplir con sus compromisos de proteger los derechos de todos los afganos. Las mujeres y las niñas en particular han asistido a una erosión de sus derechos desde el 15 de agosto de 2021″, lamentó la UNAMA en un comunicado con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este viernes.

Aunque el régimen fundamentalista ha insistido desde su llegada al poder en que las mujeres podrán volver en un futuro a sus puestos de trabajo o a la escuela, hasta ahora no han tomado medidas para cumplir con sus promesas.

En la práctica, los talibanes han impedido la reapertura de las escuelas de educación secundaria para niñas y cerrado las oficinas gubernamentales para las empleadas.

Hadia Ahmadi, de 43 años, fue profesora en varias escuelas bajo el anterior gobierno afgano, pero perdió su trabajo debido a las restricciones de educación para los niños y de trabajo para las mujeres. Ahora encera zapatos para la gente en la calle en Kabul, Afganistán 22 de noviembre de 2021. Foto tomada el 22 de noviembre de 2021. REUTERS/Ali Khara

El Gobierno interino de los fundamentalistas debe “demostrar su apoyo a los derechos de todos los afganos”, instó la misión de la ONU.

“Los principios de igualdad y no discriminación son fundamentales para el disfrute de los derechos humanos por todos. Llamamos a los talibanes a hacer de estos principios una realidad cotidiana en Afganistán”, dijo la representante especial de Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons.

La UNAMA también indicó su “profunda preocupación” por los “informes creíbles en los últimos meses de asesinatos, uso de violencia y desapariciones forzosas contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas, el Gobierno y la sociedad civil”.

FOTO DE ARCHIVO: Fuerzas talibanes patrullan en una pista de aterrizaje un día después de la retirada de las tropas estadounidenses del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán 31 de agosto de 2021. REUTERS

La semana pasada, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que los talibanes han ejecutado o sometido a desaparición forzosa a más de 100 antiguos miembros de la Policía y los servicios de inteligencia afganos desde que llegaron al poder.

Pese a las promesas de cambio de los talibanes en comparación con su régimen entre 1996 y 2001, que estuvo marcado por su estricta interpretación de la sharia (ley islámica), numerosos organismos internacionales han expresado su preocupación ante posibles violaciones de los derechos humanos en Afganistán.

(Con información de EFE)

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Especialistas plantean iniciativas con perspectiva de género para promover el interés de las niñas en la industria del videojuego.

Promover el interés de la mujer por formar parte de la industria del videojuego y despertar en ellas vocaciones científicas y tecnológicas pasa, según los expertos, por “visibilizar” la existencia de “referentes femeninos” en el sector.

Esta es una de las conclusiones de una mesa redonda celebrada esta mañana sobre iniciativas para unas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) con perspectiva de género y para promover el interés de las niñas por formar parte de la industria del videojuego, que tuvo lugar en el marco del festival de videojuegos Fun & Serious en la ciudad de Baracaldo (norte de España).

En ella, la periodista especializada en videojuegos Sara Borondo destacó la “falta de mujeres” en este mundo y consideró que a la industria le “interesa” que los videojuegos “se extiendan a toda la población”, para lo que es necesario que existan “desarrolladoras” que introduzcan “mecánicas y narrativas que interesen también a las mujeres”.

Señaló que, según algunos estudios, alrededor del 18% de los trabajadores de la industria del videojuego son mujeres en áreas como el marketing o el arte y subrayó que en los últimos años se han adoptado medidas para que las niñas dejen de pensar que “la tecnología no es para ellas”.

En este sentido, abogó por visibilizar la presencia de la mujer en la industria del videojuego y que las niñas “tengan referentes” de mujeres consolidadas en la profesión.

Al respecto, Sandra Samper, doctora especializada en ocio digital y profesora de Tecnocampus, centro adscrito a la española Universidad Pompeu Fabra, puso como ejemplo la iniciativa FemPowerUp, que pretende favorecer la inserción profesional y laboral de mujeres en la industria del videojuego y que ofrece “referentes” femeninos y “mentoras” de perfiles profesionales que están “poco visibilizados”.

Resaltó que esa iniciativa busca “poner en la mente” de quienes forman parte de la industria “estos referentes femeninos, que son veteranas”, y lograr que esas profesionales de diferentes campos sirvan de apoyo a jóvenes que están empezando en el mundo del videojuego.

Además, insistió en la necesidad de la “visibilización de referentes”, tanto de aquellas que ocupan una posición destacada en la industria como de quienes están en puestos de menor relevancia, para “tratar de articular la manera de que una niña se plantee” estudiar carreras tecnológicas.

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La negación de los servicios de salud por el simple hecho de pertenecer a un grupo originario o hablar una lengua indígena es una realidad en entidades como Guerrero, donde las asociaciones civiles hacen frente con acompañamiento.

“Nunca he caído en un hospital hasta ahora que ya voy para 61 (años)”, dice Elena* a su salida del Hospital General de Chilpancingo, con un diagnóstico de cáncer.

El primer lunes del mes viajó desde la comunidad náhuatl de Chicotlán, en Guerrero, con dos hijas, una nieta y su esposo, con maletas al hombro para tres días de un tratamiento programado que se canceló por falta de materiales y porque no llegó el especialista. En sustitución, recibió un pase a un hospital de especialidad en Acapulco; en tres meses gastó 22 mil pesos en estudios, medicamentos y estancia en la capital del estado, sin hospedaje para sus familiares, quienes durmieron una semana sobre cartón, afuera del hospital.

En la salud, las comunidades indígenas son las más desprotegidas y las mujeres llevan la peor parte, señala Nadia Maciel Paulino, de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas (Remjina). “Siempre están trabajando, reciben menos cuidados y menos alimentación que merma su salud”, dice en entrevista.

Maciel Paulino destaca que en las instituciones de salud las someten a prácticas que violentan su cultura y sus costumbres. Incluso, las mujeres enfrentan desigualdades por la lengua indígena que hablan, cuando este tipo de servicios son esenciales para la vida de las personas.

Nadia Maciel Paulino de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas (Remjina). Foto: Cortesía.

“Son discriminadas por ser mujeres, también indígenas, y también si son jóvenes. Las violencias se concretan en el campo médico con fuertes asimetrías, de una autoridad médica que es muy difícil de cuestionar porque la respalda toda la institución de Salud, la lengua en español, luego también el vocabulario técnico médico, que es difícil acceso y más aún para mujeres indígenas”, menciona en entrevista Pierre Gaussens, académico del Colegio de México.

En Acapulco, una mujer náhuatl necesitó hace unos días del acompañamiento de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (Amiara) para acceder a los servicios médicos en un Centro de Salud. La primera vez que pidió la consulta no recibió atención por ser monolingüe, cuenta Magda Valtierra García, síndica y activista de la organización.

Magdalena Valtierra García, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (Amiara). Foto: Cortesía.

“La compañera tuvo una infección en el estómago, su mamá le dio tés y no se calmó el dolor que tenía. Fue al centro de salud de la colonia Zapata. Al siguiente día, volvió con una traductora y el personal se disculpó porque es discriminación cuando no se da la atención que se debe”, relata.

Amiara tiene intérpretes, asesoría legal y psicológica en lenguas originarias de Guerrero para temas de justicia penal, agraria y de salud. La asociación está colocando letreros en los hospitales para brindar este servicio a más personas y busca convenios con las autoridades estatales y de salud.

LOS DERECHOS SOCIALES Y REPRODUCTIVOS FRENTE A LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Una alumna de medicina le confesó a Nadia Maciel Paulino, de la Remjina, que lloró con una paciente cuando tuvo que introducir la mano en la vagina para revisar que no quedaran restos tras el parto. “Ella (la estudiante) me dijo que de acuerdo con sus valores eso no era oportuno, ni era necesario, pero lo tenía que hacer como una práctica que debía aprender”, expresa.

A la activista Maciel Paulino han llegado casos de mujeres a las que les hacen tactos sin avisarles, las rasuran, hay muchas con episiotomías (corte vaginal) incluso sin anestesia, o a quienes les han introducido objetos para sacar pronto al bebé en el alumbramiento.

“Por un lado, son procedimientos que han sido pensados desde el hospital, desde el cuerpo médico, desde las instituciones hospitalarias, desde sus requerimientos, pero no desde los requerimientos de las mujeres y reconocer este hecho de la violencia implicaría cambiar muchas cosas”, afirma Pierre Gaussens, quien ha estudiado la violencia obstétrica.

El Estudio sobre la Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 por parte de las Instituciones de Salud confirma la prevalencia de prejuicios y estereotipos de género en el sector salud sexual y reproductiva. “El principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más alto nivel posible de salud es la desigualdad entre la mujer y el hombre y entre mujeres de diferentes regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva; y decidir libremente respecto de esas cuestiones sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”, dice el documento.

En esto coincide Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, pues enlista algunos casos en los que la discriminación y violencia gineco-obstétrica hacia las mujeres indígenas se manifiesta.

“En varios lugares persiste la falsa creencia de que las mujeres indígenas son incapaces de tomar decisiones responsables sobre la anticoncepción, el número de hijos que quieren tener, que no están en condiciones de ser ‘buenas madres’ o que no es aconsejable que tengan descendencia. Esto las expone a actos de discriminación y violencia, incluso en la forma de violencia gineco-obstétrica, incluyendo la negación de servicios de salud, la segregación o esterilizaciones forzadas. Como ha expresado la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, es imperativo prohibir cualquier práctica discriminatoria y violenta hacia las mujeres indígenas que limiten su pleno goce del derecho a la salud”, indica.

Las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana son una red de 35 asociaciones civiles que acompañan con servicios de salud sexual y reproductiva, seis de las cuales están en Guerrero y buscan frenar estas prácticas discriminatorias y violentas de las instituciones a las que se suma el machismo en los hogares.

“Acá el machismo está al día, si una mujer busca controles de natalidad, para los esposos celosos, ya anda con otro. También luchamos para que se respete el control prenatal de la mujer, cuando ella dice que no lo quiere”, dice en entrevista Francisca de la Cruz Victoria, de la Cami Manos Unidas en Ometepec, pionera en el país.

Francisca de la Cruz, fundadora de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami) Manos Unidas. Foto: Cortesía.

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Isabel Dircio Chautla, de la Cami Zihuachikahuac, que significa mujer fuerte, sana y valiente, en Chilapa, indica que la violencia a los derechos sexuales y reproductivos aumentó en la pandemia. Con la conversión parcial de total de hospitales COVID-19, el sector salud no recibía a las mujeres embarazadas que acudían sin tener una dilatación muy avanzada.

“El sistema de salud es ineficiente, y en muchas comunidades es como si no existiera, porque no se cuenta con los servicios de salud, por lo que muchas mujeres tienen que trasladarse a otra comunidad si es que requieren atención médica. Con la pandemia se agudizó esta problemática, ya que si los médicos iban poco a sus comunidades, en este tiempo la ausencia fue mayor”, asegura.

Isabel Dircio Chautla, activista indígena de los derechos reproductivos y sexuales, integrante de la Casa de la Mujer Indígena (Cami) en Chilapa. Foto: Cortesía.

La activista indígena por los derechos sexuales y reproductivos menciona que otra práctica es la implantación de métodos anticonceptivos sin autorización de las pacientes o la falta de información oportuna y suficiente. “Hay personal insensible que se desespera si las personas no entienden las indicaciones y si alguien les pide más datos”.

La negativa a la prestación de los servicios de salud, como en el caso de Elena o de las mujeres indígenas que no hablan español es una forma de discriminación. Su prestación indebida origina violencia obstétrica y va en contra de los derechos sexuales y reproductivos.

*Su nombre fue cambiado por cuestiones de seguridad.  @luluza10

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Link original: https://www.m-x.com.mx/al-dia/

Mujeres, 52 por ciento de la población mundial; deben ser incluidas en los liderazgos y la toma de decisiones, señala.

Si seguimos excluyendo a las mujeres del liderazgo y la toma de decisiones no podremos enfrentar los retos actuales, afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria, al participar en el foro de la UNAM Después del 2030: Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable.

Las ideas, voces y acciones –de quienes representan 52 por ciento de la población mundial– han demostrado ser esenciales para construir un futuro mejor para las personas y el planeta, añadió la también expresidenta de Chile, durante su conferencia magistral, a distancia, en la que participó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

“Para llegar al mundo que queremos después de 2030, debemos garantizar ahora la igual participación de las mujeres y las niñas, en nuestro esfuerzo para recuperarnos mejor y crear sociedades más ecológicas, más seguras, más justas y resilientes. En otras palabras: sobre la igualdad de género se construirá un futuro mejor”, aseveró al abordar precisamente el tema Igualdad de Género para un Futuro Mejor.

Con ella coincidió el rector Enrique Graue quien previamente aseguró que es urgente la inclusión real de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural de nuestras naciones, pues de no hacerlo no alcanzaremos un futuro sustentable.

Si México redujera a la mitad la brecha de género en la fuerza laboral –para 2040– la tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sería de 0.2 puntos porcentuales adicionales por año. “Para aspirar a un mundo sustentable y tener una economía fuerte y un país en desarrollo, el liderazgo de las mujeres con una visión incluyente e igualitaria se hace indispensable”, dijo.

En este sentido, Michelle Bachelet señaló ante universitarios que hay estimaciones respecto a que se podrían añadir hasta 12 billones de dólares al PIB mundial, de aquí a 2025, si se promoviera la igualdad de las mujeres.

Urgente la inclusión real de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural de nuestras naciones”

Enrique Graue
Rector

Proteger su vida

La también ex directora ejecutiva de ONU Mujeres subrayó que se debe trabajar para proteger su autonomía corporal, a base de una vida digna, y por lo cual urgió a erradicar la violencia de género que ha sufrido una de cada tres, alguna vez en su vida.

Durante la pandemia, abundó, se incrementaron la violencia doméstica y los matrimonios infantiles. Se estima que cerca de 10 millones de niñas serán víctimas de este fenómeno en la próxima década; 12 millones de mujeres perdieron el acceso a la anticoncepción, lo que causó 1.4 millones de embarazos no deseados. Además, la Covid-19 fue la principal causa de muerte en las embarazadas en América Latina y el Caribe.

En el mismo sentido se manifestó el rector Graue Wiechers, quien aseguró que si la desigualdad es un problema mayúsculo, la violencia de género nos debe indignar aún más, pues casi 50 por ciento de las mujeres en México ha sufrido, durante su juventud, violencias o formas de acoso por parte de sus parejas o extraños, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Si queremos vivir en un estado de bienestar y progreso, esto debe cambiar radicalmente”, remarcó acompañado por la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, y de la coordinadora Universitaria para la Sustentabilidad, Leticia Merino Pérez.

Ellas conducen a mayores inversiones

En el foro organizado por la UNAM, Michelle Bachelet también consideró necesario impulsar una economía basada en garantías fundamentales con perspectiva de género. Expuso que la presencia de ellas en puestos de toma de decisiones conduce a mayores inversiones en la protección social, medio ambiente y justicia climática; hay estudios que establecen correlaciones entre las mujeres en puestos de autoridad política y una menor huella de carbono nacional.

Asimismo, sostuvo que mujeres y niñas son agentes de cambio en el mundo, pero sus voces no siempre son escuchadas y prueba de ello es que de marzo a diciembre de 2020 realizaron cinco mil 12 manifestaciones; además, sólo cuatro países tienen un parlamento con al menos 50 por ciento de ellas.

“Necesitamos apoyar el liderazgo feminista y los movimientos feministas, especialmente ante la reducción de los derechos de las mujeres”, expresó Bachelet, quien llamó a denunciar las acciones sexistas, celebrar el éxito de las mujeres en el poder, animar a las jóvenes a atreverse y a exigir a los Estados actuar en su favor.

Entre las acciones económicas a cambiar están que 40 por ciento de las naciones pongan restricciones a las mujeres para tener una propiedad; que cobren 20 por ciento menos que los hombres pese a hacer trabajos iguales, y que junto a las niñas sean la mayoría de las tres mil 700 millones de personas que no están conectadas a Internet.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que las mujeres desarrollan medios de vida más sostenible y si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los varones podrían aumentar su rendimiento de 20 a 30 por ciento, lo que ayudaría a reducir el hambre en el mundo de 12 a 17 por ciento, expuso.

La expresidenta de Chile conminó a aumentar la inversión en sanidad, protección social y reconocer el verdadero valor del trabajo de cuidados, así como hacer una distribución más equitativa de éstos entre hombres y mujeres.

En tanto, el rector Enrique Graue indicó que la construcción de la igualdad de género es uno de los más grandes y serios pendientes contemporáneos en relación con los derechos fundamentales. En México, la desigualdad se muestra en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad, pues 33 por ciento de las mujeres jóvenes no estudian ni trabajan, cifra muy por encima de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

“Durante estos dos años de pandemia han sido ellas, las mujeres, quienes han enfrentado –en la mayoría de los casos– la carga en el hogar, en el cuidado de la familia y en la educación de sus hijas e hijos.”

Las latinoamericanas, concluyó, han sido cruciales en la primera línea de atención a la pandemia; siete de cada 10 personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, y lo han hecho de manera ejemplar, a pesar de la injusta brecha salarial, ya que sus ingresos son 24 por ciento inferiores a los de los hombres en el mismo ámbito.

Toda la información e imágenes son de GACETA UNAM.
Link original: https://www.gaceta.unam.mx/

La generación de estudiantes presente corre el riesgo de perder unos 17 billones de dólares estadounidenses, en valor actual, del total de ingresos que percibirán durante toda la vida, o cerca del 14 por ciento del PIB mundial actual, como consecuencia del cierre de las escuelas vinculado con la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe publicado hoy por el Banco Mundial, la UNESCO y el UNICEF. El nuevo pronóstico revela que la repercusión es más grave de lo que se pensaba anteriormente, y que supera con creces las estimaciones de 10 billones de dólares estadounidenses calculadas en 2020.

Además, el informe, titulado El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación (i), muestra que en los países de ingresos bajos y medianos, la proporción de niños que viven en situación de Pobreza de Aprendizajes (i) – aproximadamente el 53 por ciento antes de la pandemia – podría alcanzar el 70 por ciento debido al cierre prolongado de las escuelas y a la carencia de eficacia del aprendizaje a distancia para garantizar la continuidad integral del aprendizaje durante estos cierres.

“La crisis de la COVID-19 paralizó los sistemas educativos del mundo entero”, afirmó Jaime Saavedra, director de Educación del Banco Mundial. “Hoy en día, 21 meses después, las escuelas permanecen cerradas para millones de niños y es posible que muchos no regresen nunca a los centros educativos. La pérdida de aprendizaje de la que son víctimas muchos niños es moralmente inaceptable. Y el aumento potencial de la pobreza de aprendizajes podría tener una repercusión devastadora en la productividad, los ingresos y el bienestar futuros de esta generación de niños y jóvenes, sus familias y las economías en todo el mundo».

Las simulaciones que estiman que el cierre de escuelas provocó pérdidas significativas de aprendizaje están siendo corroboradas ahora con datos reales. Por ejemplo, los datos regionales de Brasil, Pakistán, la India rural, Sudáfrica y México, entre otros países, muestran pérdidas sustanciales en matemáticas y lectura. El análisis demuestra que, en algunos países, las pérdidas promedio de aprendizaje son aproximadamente proporcionales a la duración del cierre. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad entre los países y según las materias, el nivel socioeconómico de los educandos, el género y el grado. Por ejemplo, los resultados en dos estados de México revelan pérdidas de aprendizaje significativas en lectura y matemáticas para los educandos de 10 a 15 años de edad. Las pérdidas de aprendizaje estimadas fueron mayores en matemáticas que en lectura, y afectaron de manera desproporcionada a los educandos más jóvenes, a los que provienen de hogares con bajos ingresos y a las niñas.

Salvo algunas excepciones, las tendencias generales de los datos emergentes en todo el mundo coinciden con los resultados obtenidos en México, lo que sugiere que la crisis ha exacerbado las desigualdades en materia de educación:

• Los niños provenientes de hogares con bajos ingresos, los niños con discapacidades y las niñas tuvieron menos oportunidades de acceder al aprendizaje a distancia que sus compañeros. Esto se debió a menudo a la falta de acceso a las tecnologías y la carencia de electricidad, conectividad y dispositivos, así como a la discriminación y las normas de género.
• Los educandos más jóvenes tuvieron menos acceso al aprendizaje a distancia y se vieron más afectados por la pérdida de aprendizaje que los educandos de más edad, especialmente entre los niños en edad preescolar en etapas fundamentales de aprendizaje y desarrollo.
• El impacto negativo en el aprendizaje ha afectado de manera desproporcionada a los más marginados o vulnerables. Las pérdidas de aprendizaje fueron mayores para los estudiantes de un nivel socioeconómico inferior en países como Ghana, México y Pakistán.
• Los primeros datos indican mayores pérdidas entre las niñas, ya que están perdiendo con rapidez la protección que las escuelas y el aprendizaje ofrecen a su bienestar y a sus oportunidades de vida.

“La pandemia de COVID-19 cerró centros educativos en todo el mundo, interrumpiendo la educación de 1.600 millones de estudiantes en su momento más álgido, y exacerbó las desigualdades de género. En algunos países, constatamos una pérdida de aprendizaje más significativa entre las niñas y un aumento del riesgo de enfrentarse al trabajo infantil, la violencia de género, el matrimonio precoz y el embarazo. Para cerrar las heridas de esta generación, debemos reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas, proponernos como objetivo el regreso de los estudiantes a los centros educativos y acelerar la recuperación del aprendizaje», afirmó Robert Jenkins, director de Educación de UNICEF.

El informe hace hincapié en que, hasta la fecha, los paquetes de estímulo que los gobiernos han destinado a la educación representan menos del 3 por ciento. Se necesitará una mayor cantidad de fondos para que la recuperación inmediata del aprendizaje sea efectiva. Asimismo, el informe señala que, aunque casi todos los países del mundo han proporcionado oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes, la calidad y el alcance de estas medidas son desiguales –en la mayoría de los casos, se proporcionó, a lo sumo, un sucedáneo incompleto de la enseñanza presencial. Más de 200 millones de estudiantes viven en países de ingreso bajo y mediano bajo que no están preparados para desarrollar la enseñanza a distancia durante el cierre urgente de escuelas.

La reapertura de las escuelas debe seguir siendo una prioridad urgente y de primer orden a escala mundial para detener y revertir las pérdidas de aprendizaje. Los países deben implementar programas de recuperación del aprendizaje con el objetivo de garantizar que los estudiantes de esta generación logren tener, al menos, las mismas competencias que los de la generación anterior. Los programas deben abarcar tres líneas de acción clave para recuperar el aprendizaje: 1) consolidar los planes de estudio; 2) ampliar el tiempo de instrucción; y 3) mejorar la eficiencia del aprendizaje.

En lo que respecta a la mejora de la eficiencia del aprendizaje, técnicas como la instrucción focalizada pueden ayudar a la recuperación de este, lo que significa que los maestros ajustan la enseñanza al nivel de aprendizaje de los estudiantes, en lugar de un punto de partida supuesto o una expectativa curricular. La enseñanza focalizada requerirá abordar la crisis de datos en materia de aprendizaje mediante la evaluación de los niveles de aprendizaje de los educandos. También requiere del apoyo adicional a los docentes para que estén bien equipados para proporcionar una enseñanza que tome en cuenta el nivel de los niños, lo cual es crucial para evitar que se acumulen las pérdidas una vez que los niños regresen a la escuela.

“Nos hemos comprometido a apoyar a los diferentes gobiernos de forma más general en sus respuestas a la COVID a través del plan de recuperación de la educación presentado a principios de este año”, recalcó Stefania Giannini, subdirectora general de educación de la UNESCO. “Con el liderazgo de los gobiernos y el apoyo de la comunidad internacional, se puede hacer mucho para que los sistemas sean más equitativos, eficientes y resilientes, aprovechando las lecciones aprendidas durante la pandemia e incrementando las inversiones. Pero, para ello, debemos hacer que, entre todas las respuestas a la pandemia, la relativa a los niños y jóvenes se convierta en una prioridad real. Su futuro – y nuestro futuro colectivo –, dependen de ello».

Para construir sistemas educativos más resilientes a largo plazo, los países deben:

• Invertir en un entorno propicio para desbloquear el potencial de las oportunidades de aprendizaje digital para todos los estudiantes.
• Reforzar el papel de los padres, las familias y las comunidades en el aprendizaje de los niños.
• Garantizar que los docentes reciban apoyo y acceso a oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad.
• Aumentar la proporción de la educación en la asignación de presupuestos a escala nacional prevista para los paquetes de estímulo.

Este informe ha sido elaborado en el marco de la Misión: recuperar la educación en 2021, mediante la cual el Banco Mundial (i), la UNESCO y UNICEF han centrado sus esfuerzos en tres prioridades: el regreso de todos los niños a la escuela, la recuperación de las pérdidas de aprendizaje y la preparación y el apoyo a los docentes.

Para obtener más información consulte:

“El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación (i)”

www.worldbank.org/education | Síganos en: @WBG_Education

Toda la información e imágenes son de BANCO MUNDIAL.
Link original: https://www.bancomundial.org/es/