Autor: Editora

El Senado aprobó un paquete de reformas para garantizar la paridad de género, la igualdad salarial y la conciliación de la vida laboral y personal en el Servicio Exterior Mexicano, así como para endurecer las sanciones contra el acoso y el hostigamiento.

La Cámara de Senadores avaló un paquete de reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) para establecer la paridad de género y la igualdad salarial entre el personal de las embajadas, consulados y misiones diplomáticas. Además, los cambios legales prevén que todos los funcionarios en el extranjero cuenten con las prestaciones necesarias para garantizar la conciliación entre la vida laboral y personal.

“En todos los casos deberá garantizarse igual salario a trabajo de igual valor”, plantea la modificación al artículo 9 de la Ley del SEM, lo que obligará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a revisar la estructura salarial de dichos servidores públicos.

El dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.

“Hoy tenemos una propuesta legislativa que cubre aproximadamente el 95% de la ley actual con perspectiva de género y contempla prácticamente todos los aspectos de la participación de las mujeres en la ejecución de la política exterior”, expresó el senador Héctor Vasconcelos (Morena), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

De acuerdo con la SRE, hasta 2019 las mujeres con el rango de embajadora ocupaban sólo el 31% de las plazas de ese nivel. Esta cifra evidencia la magnitud de la desproporción en cuanto las oportunidades que tienen las mujeres en las embajadas, consulados y representaciones ante organismos internacionales.

En ese sentido, la reforma plantea que todas las plazas, desde temporales, asimilados y hasta las del propio Servicio Exterior Mexicano sean paritarias. Por ejemplo, en todas las misiones diplomáticas o representaciones consulares el segundo puesto al mando deberá ser ocupado por una mujer en caso de que el titular sea hombre, y viceversa.

“El dictamen responde tanto a las recomendaciones emitidas por instancias internacionales en materia de igualdad y los avances normativos que este Senado ha aprobado. Estas modificaciones se han realizado en el mercado de los derechos humanos y con el objetivo de alcanzar la igualdad de género y la paridad y, por supuesto, sentar las bases del principio de no discriminación en el Servicio Exterior Mexicano”, expuso la senadora Martha Lucía Micher (Morena), presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara Alta.

Los cambios legales tienen como eje la paridad de género, la no discriminación por orientación sexual, la igualdad en las percepciones, los esquemas de ascenso con perspectiva de género, la erradicación del acoso y hostigamiento, y el derecho al cuidado y el desarrollo social de la familia.

Para reforzar la paridad de género al interior del Servicio Exterior Mexicano, los cambios aprobados en el Senado consideran que el plan de carrera incluya una sólida formación con perspectiva de género en temas de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación.

“El avance de las mujeres en el SEM ha sido evidente en los últimos años; sin embargo, aunque los obstáculos legales para su participación y como funcionarias de alto nivel se han ido derribando, aún existen obstáculos de carácter social y cultural que impiden la plena igualdad entre mujeres y hombres al interior del SEM”, se destaca en el dictamen.

En caso de avalarse el proyecto en la Cámara de Diputados, las nuevas disposiciones se aplicarán de manera progresiva en los siguientes nombramientos, pero la primera convocatoria de ingreso que emita el SEM posterior a la publicación de la reforma será exclusiva para mujeres.

Cerco contra el hostigamiento y el acoso

Entre las modificaciones realizadas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano se encuentra la prohibición de la SRE de comisionar temporalmente en otras dependencias u organismos internacionales a servidores públicos que estén bajo investigación por casos de hostigamiento o acoso laboral o sexual.

Por otra parte, un nuevo requisito que deberán cumplir las personas que ingresen a la rama diplomático-consular es no tener antecedentes de sanciones administrativas o condenada penalmente por situaciones de hostigamiento, acoso laboral o acoso sexual.

Del mismo modo, incurrir en actos de hostigamiento o acoso será un nuevo motivo por el cual un servidor público pueda ser dado de baja del SEM, situaciones que también serán catalogadas como falta grave.

La reforma aprobada por el Senado, se detalla en el dictamen avalado, va en línea con la política exterior feminista de México adoptada por el gobierno federal, la cual busca reducir las brechas, diferencias estructurales y desigualdad de género en el SEM.

México es el primer país de América Latina en adoptar esta estrategia y a nivel global se encuentra a la par de Francia, Canadá, Noruega y Suecia, economías que también cuentan con una política exterior de estas características.

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Con solo escribir en Google la pregunta ‘¿cómo espiar el celular de mi pareja?’ el buscador arroja más de un millón de artículos, tutoriales y listados de programas, algunos gratuitos, para husmear en el dispositivo de otra persona sin que ésta lo sepa ni lo consienta.

“Aplicaciones que podrán descubrir a una pareja infiel”, “Cómo ver con quién habla mi pareja en WhatsApp” o “La app que te ayudará a espiar el celular de tu pareja, aunque borren la información” son algunos de los resultados que están al alcance de cualquier persona y que ofrecen una amplia gama de productos de software espía conocido como stalkerware.

Se trata de programas de vigilancia que se ofertan de forma legal para que los padres monitoreen la actividad de sus hijos en la red o incluso para que las empresas se aseguren de que sus empleados no procrastinan durante las horas de trabajo.

Sin embargo, cada vez es más común que se utilicen para espiar de forma remota la vida privada de una persona sin su consentimiento, siendo las mujeres las víctimas principales y sus parejas, los perpetradores.

“Desafortunadamente es utilizado en casos de acoso y abuso entre las parejas, en México las mujeres son las principales víctimas de esta práctica” alerta Judith Tapia, gerente de Ventas para Consumo de Kaspersky en México.

Nuestro país está entre los cinco con más casos de instalación de programas de acoso en el mundo, después de Rusia, Brasil, Estados Unidos e India, revela el estudio “La situación del stalkerware en 2020” elaborado por la empresa de seguridad informática y la Coalición contra Stalkerware.

No sólo eso. México pasó del séptimo sitio en 2019 al quinto lugar en 2020, lo que refleja un crecimiento en este tipo de prácticas. El año pasado, durante la pandemia, se contabilizaron en territorio nacional mil 570 casos de 53 mil 870 dispositivos infectados a nivel mundial con el también llamado “virus del acosador”.

Estas cifras sólo corresponden a los equipos que tienen instalado algún antivirus o programa contra malware de Kaspersky, por lo que la cifra real es considerablemente mayor.

La Coalición contra Stalkerware –iniciativa mundial conformada en noviembre de 2019 por empresas de la industria de la seguridad, grupos de defensa y asociaciones civiles que trabajan con víctimas de violencia doméstica– advierte que dicho software “puede facilitar el control, acoso, abuso y violencia en la pareja”.

CONTROL TOTAL

El stalkerware funciona de forma similar a un spyware. Se instala en el dispositivo de la víctima y una vez ahí comienza a registrar toda la actividad para enviarla a un servidor al que accede el perpetrador. Su particularidad es que el espía suele ser cercano a la víctima y tiene acceso a su celular para poder realizar la instalación física del programa.

“Para instalar estos programas se necesita acceso al dispositivo. Algo que nos hemos dado cuenta es que, de los agresores que sí son identificables para las sobrevivientes de violencia, suelen ser las exparejas los más comunes. Esto nos habla de una relación de cercanía”, indica Alicia Reynoso, integrante de la colectiva Luchadoras.

Esta organización, que ayuda a mujeres víctimas de violencia digital, ha atendido 470 solicitudes de apoyo en un solo año, “dentro de las cuales hemos recibido casos que están relacionados con este acceso y control no autorizado”, señala Mariel Domínguez, quien también forma parte de la colectiva. “De hecho, es de las más elevadas, incluyendo difusión de contenidos sin consentimiento, amenaza y acoso”, agrega.

Domínguez alertó que en los últimos meses han detectado cada vez más casos de stalkerware vinculados a la pareja actual de la víctima y no tanto a la expareja. “Eso es preocupante porque cada vez identificamos más esta proximidad”.

Una vez que el software espía es instalado, el acosador es capaz de conocer la vida de la víctima al derecho y al revés, sin que lo sepa. Puede leer todo lo que escribe en su celular, encender su cámara, acceder a sus fotos y videos, escuchar y grabar sus llamadas, saber lo que busca por internet, conocer su geolocalización en tiempo real, monitorear su actividad en redes sociales y leer sus mensajes en cualquier servicio de mensajería, aunque utilice tecnología de cifrado.

“Esto del stalkerware, que implica varias (conductas) como acceso y control no autorizado, manejo de información sin autorización, monitoreo y acecho, son formas de violencia que aparecen a la par y puede derivar en otras, como el robo de información y que se difunda el contenido íntimo o que se use eso para extorsionar”, explica Reynoso.

Tapia coincide en que uno de los problemas de esta práctica es que los datos de la víctima podrían no ser solamente accesibles al acosador sino también al desarrollador del software espía. Y eso es solo el comienzo. “Estas empresas de aplicaciones han sufrido hackeos y toda la información queda vulnerable y a disposición de cualquiera que pueda tener acceso a ésta”, alerta la directiva de Kaspersky.

Otro riesgo que conlleva el stalkerware es que el ciberacoso puede salir del plano digital y desembocar en control, abuso y violencia física contra la mujer.

¿ES DELITO?

Leslie Jiménez Urzua, abogada y coordinadora de Proyectos de la organización Impunidad Cero, considera que, aunque el uso de estas aplicaciones se encuentra en un límite de la legalidad, en virtud de que se emplean como mecanismos de control parental, el hecho de que se busque acechar a una persona sin su consentimiento “vulnera, no sólo la privacidad, sino también derechos como la integridad, la dignidad”.

n un espectro de violencia en pareja… estamos ante un espacio que no es seguro, es un espacio lleno de violencia”.

Jiménez, quien dedica parte de su tiempo a la orientación legal con perspectiva de género, comenta que no hay una normatividad como tal que pueda tipificar el stalkerware.

“Si bien, desde hace un par de años se ha ido incorporando en diferentes códigos (penales) el tema de la violencia digital, en muchos no se contemplan diferentes formas de violencia en espacios digitales, solamente están contemplando en su gran mayoría el que tiene que ver con intimidad personal, lo que es la divulgación o compartir fotos de carácter sexual”.

No obstante, explica que hay tipos penales que, aunque no contemplan o no mencionan como tal los espacios digitales, sí castigan la divulgación de datos de carácter personal.

“O en su caso, si estamos en una relación de pareja, podría caer en un tema de violencia familiar, como lo contempla el Código Penal. Pero en estricto sentido, hablar de un delito específico de esta conducta, hasta el momento no existe”.

SEÑALES DE ALERTA

Judith Tapia comparte que hay formas en que las mujeres pueden identificar si su teléfono tiene instalado un programa de esta naturaleza. Hay señales como que la batería se acabe rápido o se caliente en exceso, que el teléfono se torne lento o que el uso de datos móviles incremente sin motivo aparente, ya que estas aplicaciones requieren internet para estar enviando información y se ejecutan en segundo plano consumiendo los recursos del equipo.

La víctima también puede notar un ruido de fondo cuando realiza llamadas, lo que puede ser signo de que están siendo intervenidas.

Más allá de los aspectos técnicos, hay otros signos que pueden alertarla. Por ejemplo, si reconoce que alguien más comienza a descubrir información que ella no le ha compartido.

Para minimizar el riesgo de ser víctima de espionaje, Tapia recomienda a las mujeres revisar constantemente qué permisos les dan a sus aplicaciones (localización, acceso a fotos, contactos, micrófono, cámara) y verificar que no existan programas desconocidos.

“Tienes que tener siempre una contraseña robusta en tu dispositivo que no debes compartir. Esto no solamente para el tema de stalkerware, sino para cualquier otro tema relacionado con tu identidad digital”, añade.

También se recomienda no prestar el teléfono a nadie, protegerlo con contraseñas confiables, evitar instalación de aplicaciones de terceros y usar algún software de protección. Al respecto, Kaspersky cuenta con la función Privacy Alert en su paquetería de seguridad para Android y para computadoras basadas en Windows, que alerta al usuario o usuaria si su información privada está siendo monitoreada por algún software espía.

¿LO QUITO O NO LO QUITO?

La respuesta podría ser obvia, pero no lo es. Judith Tapia señala que no hay que apresurarse a remover el software porque el acechador puede darse cuenta al tener acceso completo al dispositivo, lo que podría volverlo violento y transitar a la agresión física.

Antes que cualquier cosa, recomienda ponerse en contacto con las autoridades locales y con organizaciones que apoyan a mujeres víctimas de violencia para recibir asistencia sobre cómo lidiar con la situación. Para esta interacción lo mejor es usar un dispositivo diferente al infectado.

Luchadoras podría ser una alternativa para pedir apoyo. La abogada Leslie Jiménez señala que hay diversas colectivas y páginas que se dedican a hablar sobre seguridad en espacios digitales, como Hijas de Internet.

Aun si la víctima decide eliminar la aplicación en lo inmediato, se recomienda que tenga un plan bien definido en caso de que el acechador escale su grado de violencia. Antes de borrar cualquier cosa, también es importante pensar si requerirán de alguna evidencia del programa espía instalado para presentar una denuncia legal.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro es uno de los medios de movilidad más utilizados en la Ciudad de México; sin embargo, pese a las distintas medidas implementadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) al menos 800 mujeres han sido víctimas de abuso o acoso sexual en este medio de transporte desde el 2016.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por MILENIO, desde que se implementó el vagón rosa obligatorio para todas las líneas del Metro hasta septiembre del 2021, se han levantado 806 carpetas de investigación por casos de acoso o abuso sexual dentro de este medio.

Dentro de estas carpetas la mayoría son por abuso sexual con un total de 696 investigaciones iniciadas, mientras que en el caso de situaciones de acoso sexual se han iniciado 90 carpetas de investigación.

De acuerdo con la Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de México realizada por ONU Mujeres publicada en el 2018, el 54.4 por ciento de las mujeres no se siente segura en el transporte público de la Ciudad de México y aunque las cifras de carpetas no son tan altas, esta encuesta de la ONU, arrojó que solo el 1.5 por ciento de las mujeres que pasa por estos hechos lo denuncia ante las autoridades.

Además, el 77.4 por ciento de las mujeres aseguraron tener miedo de ser agredidas sexualmente en el transporte público, siendo la mayoría de estas mujeres entre 15 y 29 años, quienes en el 96 por ciento de los casos han sido víctimas por lo menos de un acto de agresión en el transporte público a lo largo de su vida.

Entre los actos que generalmente son víctimas las mujeres en el transporte público se encuentran: miradas morbosas, piropos ofensivos, tocarlas sin consentimiento, muestra de partes íntimas, masturbarse enfrente de ella, eyacular enfrente de ella y forzar a tener relaciones sexuales.

Desde que se han implementado zonas exclusivas para mujeres en el Metro, el 2019 fue cuando se reportaron un mayor número de incidentes con un total de 195 casos de abuso sexual y acoso sexual, que también coincide con el año donde se han reportado las cifras más altas de homicidio doloso a nivel nacional con 2 mil 866 casos, delitos de violencia familiar 210 mil 188 casos, y delitos de violación con 17 mil 342.

Y aunque debido a la pandemia las cifras de movilidad se redujeron durante el 2020, los casos reportados durante ese año que fueron un total de 106, superaron a las cifras del 2017 con 82 casos y hasta lo que va de este año que se han contabilizado 83 casos.

Actualmente en la Ciudad de México, existen cinco módulos “Viaja Segura” en las estaciones del metro Balderas, Hidalgo, La Raza, Pantitlán y Pino Suárez las cuales operan de las 7:00 a las 20:00 horas  en lo que se le brinda asesoría jurídica y psicológica a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión en el transporte.

De acuerdo con el artículo 178 del Código Penal de Ciudad de México, la pena de cárcel por violación es de 6 a 17 años de prisión, mientras por abuso es de hasta seis años de prisión.

Toda la información e imágenes son de MILENIO.
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En 22 entidades federativas se ha declarado al menos una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Durante la conferencia matutina de este miércoles 3 de noviembre, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) Fabiola Alanís, señaló que 22 estados de la República Mecicana y uno de cada cuatro municipios en el país cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) declarada.

Asimismo, la titular de Conavim detalló que en el presente año se han invertido 121.3 millones de pesos en apoyos para las AVGM en 18 entidades, para impulsar acciones como prevención de feminicidios, atención al rezago en carpetas de investigación y atención especializada a mujeres indígenas y afromexicanas.

«22 estados tiene alerta de violencia de género, con lo que uno de cada cuatro municipios del país están obligados a cumplir con acciones de seguridad, prevención, acceso a la justicia y reparación del daño para las mujeres y las niñas», dijo Fabiola Alanís

¿Qué es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres?

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se trata de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso).

¿Para qué sirven las AVGM?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el procedimiento de la AVGM tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, ya que  violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos.

La finalidad de la AVGM es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

La LGAMVLV señala en su artículo 23 que para llevar a cabo una AVGM se deberá:

– Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.

– Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

– Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.

– Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.

– Hacer de conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género en contra de las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Pese a las AVGM declaradas en gran parte del país, los números de violencia contra las mujeres en nuestro país continúan a la alza. Datos oficiales del SESNSP dan cuenta de una tendencia nacional de incremento en la incidencia del delito de feminicidio. De enero a septiembre del año en curso se fueron asesinadas 2 mil 840 mujeres en nuestro país, solo 736 de esos asesinatos fueron clasificados como feminicidios.

Con información de: Gobierno de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos

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Debido a que 66 de cada 100 mujeres en México han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo, “donde el 42.6% han sufrido abuso sexual y 37.8% violación”, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, presentó una iniciativa para modificar varios artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El propósito de su iniciativa, explicó el también vicecoordinador del PRD en el Congreso local, es reducir seis a cuatro horas para la expedición de las órdenes de protección de emergencia y preventivas que establecen en dichos preceptos.

“Queremos coadyuvar a eliminar estas acciones indebidas, porque lo cierto es que la actuación de las autoridades no es lo suficientemente expedita, pues dejan a las víctimas de violencia indefensas ante sus agresores”, dijo.

Además, sostuvo el legislador, actualmente las órdenes de protección tienen una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.

Por ello, expuso que su propuesta pretende que estas acciones no excedan de cuatro horas, a partir del conocimiento de los hechos de violencia.

Detalló que, de acuerdo a cifras del INEGI, durante 2020, en las carpetas de investigación iniciadas o abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%).

De igual forma, dijo, el 53.1% de las mujeres de 15 años y más, han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de su vida, así como el 43.9% han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación.

“Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra”, resaltó.

Por ello, Gaviño Ambriz busca modificar los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, por lo que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.

Por otra parte, Gaviño Ambriz presentó una iniciativa para regular la reproducción asistida in vitro, además de las clínicas y médicos, que esos brinden servicios.

“Plantea mi iniciativa instaurar la Comisión de Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad, como órgano colegiado coadyuvante para vigilar el cumplimiento de esta ley, además que regule las mejores prácticas y procedimientos médicos en la materia, bajo criterios científicos, observando la normatividad federal en la materia”, agregó.

Aclaró que la Secretaría de Salud sería la encargada de llevar a cabo el proceso de certificación de las instituciones hospitalarias y personal médico, mientras que para determinar la viabilidad médica y social de la maternidad subrogada, pedirán la intervención del DIF, así como a la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes.

En la iniciativa, el perredista también establece la integración de un expediente completo, con base en el cual determinen la viabilidad para que pueda acceder a la maternidad subrogada, por parte de las personas interesadas.

La propuesta fue consignada a las Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México.

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María Reyes es una joven mexicana de 19 años que vive en una pequeña localidad de Puebla, cerca de Coronango, desde donde decidió hace un tiempo rebelarse, indignarse por lo que está ocurriendo en el planeta. Así se convirtió en una activista muy incisiva, que lo mismo enarbola la causa de la falta endémica del agua en México que el mal estado de los océanos o la preocupación por el deterioro de la calidad del aire. Ahora está en Glasgow, después de haber navegado junto con otros cuatro jóvenes de otros continentes, en el Rainbow Warrior de Greenpeace, el barco más famoso de la organización ecologista.

La joven activista, quien forma parte de la plataforma internacional Viernes por el Futuro (Friday for the Future), a la que también pertenece la sueca Greta Thunberg, llegó hasta la sede de la COP26 para alzar la voz, para gritar en las calles y también para reclamar que ni a los jóvenes ni a los más afectados por el cambio climático “nos están escuchando, están tomando las decisiones de nuestro futuro los políticos de turno y los grandes empresarios de las compañías contaminantes”.

Reyes pasó un auténtico viacrusis antes de poder llegar a Glasgow, por eso quiere exprimir al máximo su presencia. Cuando surgió la posibilidad de ir a la capital escocesa y vio los requisitos, supo que no sería fácil: el primer escollo fue la vacuna. María, que es de un pueblo campesino de Puebla y en el que todavía no ha sido vacunada gente incluso mayor que ella, decidió tomar cartas en el asunto y viajar a Tijuana y de ahí a Los Ángeles para “que le dieran un chute de la Johnson”. De ahí empezó a buscar la forma de pagarse el viaje, los hoteles y los traslados.

Una vez resuelto todo eso, primero viajó a Suecia, para una campaña de la Unicef, y después a Londres, donde se sumó a una protesta contra una entidad financiera, Standard Bank. De ahí, finalmente, viajó a Liverpool, donde primero se subió a una pequeña lancha de Greenpeace que los llevaría hasta el Rainbow Warrior, el mítico barco con el que se han hecho las protestas más importantes de la organización y que ya es en sí mismo un símbolo.

Ahí conoció a sus compañeras de protesta, otras jóvenes de Bangladesh, Namibia y Uganda, que se llaman Edwin Namakanga, Farzana Faruk Jhumu y Jakapita Kandanga.

Durante el viaje hablaron de su campaña, de lo que más les indigna en la forma en que se está manejando la COP26 y en la falta de información sobre las negociaciones. A pesar de que su intención era llegar a Glasgow y surcar por el río Clyde, que se ve desde la sede de la COP26, no fue posible. La policía les cerró el paso y fueron obligados a desembarcar en una zona alejada de la ciudad.

“Aún así nos vamos a hacer escuchar. Estos días y ahora con las manifestaciones, porque no podemos dejar de denunciar que esta crisis climática está agudizando las desi­gualdades”, explicó. “Pero sobre todo no vamos a permitir que se siga negociando nuestro futuro en despachos privados, y nos van a escuchar. No entendemos por qué no pueden tener en las negociaciones a las personas más afectadas por la crisis climática. Es imposible que salga algo bueno si se hacen así las cosas”, afirmó.

Por su parte, Greta Thunberg calificó de “fracaso” a la COP26 y dijo que la acción significativa para detener la crisis climática provendrá sólo de la “presión masiva del exterior”, afirmó ayer en un grupo presidido por la actriz Emma ­Watson, mediante el diario The New York Times, en su plataforma NYT Climate Hub, en Glasgow. Añadió que “el cambio no provendrá de esas conferencias (de la COP26). Sin presión masiva ellos continuarán saliéndose sin hacer nada y continuarán con su bla, bla, bla, sin hacerse responsables”, afirmó la activista sueca.

El evento también tuvo como invitada horas antes a la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, quien afirmó que en 2021 4 millones de niñas estuvieron bajo riesgo de perder su educación por los desastres climáticos y advirtió que esa cifra podía incrementarse a 12.5 millones en los próximos cinco años.

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La activista paquistaní y ganadora del premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, recordó a los líderes de la cumbre climática en Glasgow que la educación de las niñas es una herramienta poderosa para la justicia climática.

Malala Yousafzai llevó su campaña por la educación de las niñas a la cumbre climática Cop26 el jueves y dijo que las mujeres altamente capacitadas serían una ventaja para abordar el calentamiento global.

Ella les dijo a los líderes mundiales que traten la educación y el clima como temas relacionados, y que millones de niñas temen faltar a la escuela debido a desastres ambientales.

El premio Nobel de la Paz, que en su adolescencia sobrevivió a los disparos de los talibanes paquistaníes, dijo que los delegados en Glasgow deben escuchar las voces de las mujeres jóvenes.

Muchos de los principales activistas climáticos que presionan a los líderes de la Cop26 son jóvenes y mujeres, como la activista sueca Greta Thunberg.

Pero todo el planeta se beneficiaría en última instancia si se educara a más mujeres y se unieran a las filas de quienes encuentran soluciones a los problemas climáticos, dijo Yousafzai, de 24 años.

“Cuando las niñas reciben educación, cuando reciben una educación segura y de calidad y cuando están equipadas con las habilidades que necesitan para prepararse para un futuro verde, estamos en un mejor lugar para luchar contra las dificultades climáticas”, dijo.

“Por un lado, el cambio climático está actuando como una barrera en la educación de las niñas, pero por otro lado, cuando invertimos más en la educación de las niñas y en tratar de encontrar mejores soluciones a eso, podemos, al mismo tiempo , abordar el problema del clima también «.

Leaders from around the world are meeting at #COP26 to discuss solutions for the climate crisis.

I hope they listen to young women.

🙌 Some of the young women raising their voices👇

— Malala Yousafzai (@Malala) November 3, 2021

Las mujeres son quienes viven en precarias condiciones materiales, con los menores ingresos y quienes menos acceden a la educación formal, por lo mismo “es casi una especie de inercia que haya una mayor proporción de mujeres beneficiarias.

Aunque la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, aseguró que 31 millones de mexicanas reciben recursos de alguno de los diez programas prioritarios implementados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este dato no revela que las transferencias tengan un impacto favorable en la vida de las mujeres.

Así lo dijo la investigadora de la organización “Equidad de Género Ciudadania, Trabajo y Familia”, Denisse Vélez Martínez, quien explicó que los datos que se dieron a conocer en la conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, muestran la cobertura desagregada por sexo de los programas prioritarios, pero no dejan ver el impacto real ni si están diseñados con perspectiva de género.

En entrevista, Vélez Martínez destacó que, como lo expuso Gasman Zylberman, estos programas de transferencias económicas sí han llegado a las mujeres, pero esto no significa que esta cobertura haya sido por intención de la actual administración, cuyo lema es “primero los pobres”, sino porque las mujeres conforman 51.2 por ciento de la población en este país, en total 64.5 millones de mexicanas.

De acuerdo con Nadine Gasman, los programas de becas para estudiantes, pensiones para personas adultas mayores, apoyos económicos a trabajadores del campo y a madres trabajadoras llegan a 55 millones de personas, de las cuales 31 millones 088 mil 221 son mujeres. Es decir, del 100 por ciento de beneficiarias, 56 por ciento son mujeres.

En la conferencia mañanera de este lunes 3, la funcionaria aseguró: “tenemos que reconocer que la Cuarta Transformación ha sumado a las mujeres como nunca antes al proceso de transformación nacional, poniendo en el centro a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas, afromexicanas, rurales”.

Nadine Gasman aseguró que esta población es la principal beneficiaria de los programas estratégicos, los cuales -dijo- tienen como objetivo brindar oportunidades y garantizar el acceso a mejor alimentación, trabajo, educación y a una vida libre de violencia. “Sólo si las mujeres tienen acceso a sus Derechos Humanos será posible que tengan una vida digna, no sólo las mujeres, como ya lo dije, pero todo el pueblo”, agregó.

A esta explicación para defender los programas impulsados por el presidente López Obrador, la economista Denisse Vélez agregó que las mujeres son quienes viven en precarias condiciones materiales, con los menores ingresos y quienes menos acceden a la educación formal, por lo mismo “es casi una especie de inercia que haya una mayor proporción de mujeres beneficiarias (de los programas sociales)”, expuso.

¿Son recursos para la igualdad?

Estos programas de los que habló Gasman Zylberman, a excepción de Tandas para el bienestar, están incluidos en el Anexo 13 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el apartado donde se ubican los programas creados para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, han sido señalados por diferentes organizaciones civiles por que no hay claridad de cómo cumplen con dicho objetivo.

Incluso, el pasado 28 de octubre, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde se discute el presupuesto que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, la coordinadora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable de Equidad de Género, Alma Rosa Colin Colin, hizo esta acotación sobre las dudas en torno a los impactos de los programas prioritarios.

En su presentación, Colin aseguró que la tendencia en materia presupuestaria es la concentración de recursos en programas tradicionales que atienden las necesidades inmediatas de las mujeres y en aquellos que no cuentan con una visión redistributiva que mejore sus condiciones de vida. En esa mesa de trabajo otras agrupaciones civiles presentaron argumentos similares en sus análisis.

De los programas que se incluyen en el Anexo 13, hay ocho que son considerados prioritarios para el actual gobierno y que concentran 88.6 por ciento de todo el Anexo, se trata de pensiones, becas para estudiantes y para posgrado, y apoyos a trabajadores del campo. Juntos representan una bolsa de 205 mil millones de pesos. “Tienen una participación muy importante en relación al total de recursos que se clasifican en este Anexo”, resumió Vélez Martínez.

Sin embargo, sólo el programa de pensiones, es decir, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tiene una proyección de 127 mil 175.4 millones de pesos para el siguiente año, lo que significa un incremento de 106 por ciento con respecto a lo aprobado para 2021; pero la experta aseguró que aunque 56 por ciento de sus beneficiarios sean mujeres, las reglas de operación no especifican de manera clara y concisa de qué forma disminuyen una brecha de desigualdad.

“Son programas que sí buscan aliviar la pobreza por ingresos de la población y por lo tanto llegan a las mujeres, pero no tienen criterios de priorización. No hay distinción, por ejemplo, en el monto de la pensión que se le otorga a mujeres o a hombres”, detalló la economista.

Como han expuesto diferentes organizaciones a las diputadas federales que están revisando la distribución de los recursos públicos para 2022, agregó la analista, es necesario vincular la planeación, programación y presupuestación con la perspectiva de género y hacer que la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres se vea reflejada en el presupuesto.

Transferencias, sin transformar vida de mujeres

Para considerar que un programa tiene perspectiva de género, expuso la especialista, éstos tienen que trastocar las estructuras. Los programas de asistencia social, explicó, por medio de los cuales el Estado hace transferencias monetarias a las mujeres, fueron un primer paso, pero después se observó que no implican un cambio en las estructuras de poder porque no trastocan la realidad de las personas.

Es decir, dar dinero mensualmente o cada cierto periodo de tiempo, no provoca cambios, no genera una redistribución del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados no remunerado, ni asegura que las mujeres accedan a empleos dignos y en condiciones de igualdad y tampoco garantiza que ellas no vivan violencia en espacios donde se desarrollan, como los hogares o las universidades.

Es así que, por ejemplo, entregar becas universales es apenas una parte de una estrategia para garantizar el acceso de las mujeres a la educación, porque mientras sigue existiendo violencia en las escuelas se sigue limitando el ejercicio de este derecho.

“No basta con hacer una transferencia monetaria sin atender las otras tantas desigualdades, por lo tanto, para que de verdad tengan perspectiva de género lo que tienen que hacer es problematizar ¿por qué las mujeres están en una posición de desigualdad frente a los hombres? Y al responder o intentar responder esta pregunta vamos a encontrar un montón de respuestas y estas respuestas son las que se tienen que atender”, dijo Vélez Martínez.

Entregar dinero no es igual a generar bienestar

Al revisar a detalle los programas mencionados por la titular del Inmujeres se pueden ver particularidades. Entre ellas que el programa Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, cuyo antecedente es el programa de estancias infantiles, desaparecidas en 2019, tenía como objetivo que niñas y niños estuvieran en un entorno seguro donde se desarrollaran en plenitud y en dignidad mientras las madres trabajaban.

Sin embargo, el programa que ahora sólo es transferir dinero a las mujeres que se encargan del cuidado de sus hijas e hijos, no pone en el centro a la infancia ni a las mujeres porque a ellas sólo las ve como jefas de hogar o como madres, no como personas. Actualmente este programa beneficia a 429 mil 912 mujeres, quienes representan 93 por ciento del padrón, de acuerdo con datos recopilados por el Inmujeres.

Por otro lado, el programa de Producción para el Bienestar, por medio del cual se entregan apoyos económicos a productores de granos básicos, beneficia a 1 millón 367 mil 919 mujeres, quienes son 32 por ciento del padrón y esto tiene una razón: hay menos mujeres propietarias de la tierra, y por tanto son menos las que pueden acceder a este programa.

En este caso, la titular del Inmujeres dijo que en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, están impulsado procesos de formación con mujeres en las regiones de la Huasteca, Totonacapan y en las altas montañas de Veracruz, para que sean titulares de la tierra y accedan a los recursos, lo que a decir de la especialista de la sociedad, civil es una acción que sí se dirige a atender una condición histórica de desigualdad.

Ante la información presentada por Nadine Gasman, que se presenta justo cuando la Cámara de Diputados analiza sacar del Anexo 13 los programas que no se sabe si tienen perspectiva de género y ubicarlos en otro apartado del presupuesto, Denisse Vélez llamó al Legislativo y a la Secretaría de Hacienda a incorporar criterios muy claros que definan qué programas sí, y cuáles no, se enfocan a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Mencionó que es necesario dejar de ver los recursos que se clasifican en el Anexo 13 como los programas para mujeres, o las transferencias que deben recibir las mujeres, y pensar que el objetivo de este Anexo es asignar recursos públicos a acciones encaminadas a  disminuir las brechas de desigualdad.

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