Con el protocolo se busca que los menores no pierdan su vida y el Estado les garantice todo el apoyo que requieran desde los primeros minutos del hecho.
La madrugada del 12 de agosto del 2004 los gritos de sus padres despertaron a Angie. Sin saber qué pasaba salió corriendo de su habitación y vio a sus papás peleando. Ella tenía 16 años.
“Mi papá encontró una chamarra que se le hizo desconocida en el carro de mi mamá, ahí hubo una conversación de celos por parte de él, ella ya muy harta de esta situación se defiende y comienzan a discutir fuerte. Los gritos son los que me despiertan a mí, entonces al salir corriendo yo noto que (mi papá) le está pegando fuerte, azotando su cabeza contra la pared y me aviento sobre él intentando quitárselo de encima, una situación totalmente fallida porque mi papá era más grande y yo chiquita, flaquita, imposible poder defenderse de un hombre de ese tamaño. Yo salgo volando y lo vuelvo a intentar y en ese momento sale uno de mis hermanos, el más pequeño de cinco años, y un poco en la toma de decisión de seguir intentando quitárselo de encima o proteger a mi hermano decidió protegerlos a ellos”, cuenta a Animal Político.
En su habitación ella resguardó a sus dos hermanos, un menor de 5 años y otro de 14.
“En este rato que lo llevó al cuarto con mi otro hermano mi papá consuma el feminicidio con arma blanca, bueno, le provoca las heridas que más tarde le provocarían la muerte. Eso provoca gritos aún más fuertes, yo salgo corriendo nuevamente, la veo muy mal, mucha sangre… él se va. Yo la llevo al hospital y en el hospital no me recibe nadie, ningún experto, alguna persona que me diera algún acompañamiento de inicio a fin porque nuestra familia vivía en otro estado y yo estuve todo el tiempo sola”, recuerda.
Una cadena de fallas
Cuando la ambulancia llegó a su casa, los paramédicos le pidieron ropa de su mamá porque debían cambiarla. Atendió la solicitud y pidió a sus hermanos que la esperaran en casa porque ella iría en la ambulancia al hospital.
Al llegar al hospital su mamá fue atendida de emergencia. Angie estaba afuera esperando alguna noticia.
“Con 16 años yo voy sola, me reciben sola, la intentan operar y salen y me dicen que falleció… sigo sola y yo en ese momento les digo ‘¿qué sigue?’ (…) y me dicen, ‘bueno, sigue el reconocimiento de cadáver’
“Me pasan a hacer un reconocimiento del cadáver completamente innecesario después de lo que había vivido ahí. Yo hago el reconocimiento frente a un montón de gente que trata el cadáver como basura, que bajan al suelo azotándola, que la avientan a una camioneta con destino a la entonces PGR -me parece se llamaba antes-, en fin, cero tacto, cero perspectiva de género conmigo como mujer, cero tacto conmigo al ser víctima indirecta”, comparte.
Mientras, en la casa sus hermanos estaban en espera de alguna noticia. Horas después de la agresión, y mientras Angie estaba en el hospital su padre volvió a la casa -de la que huyó luego de ocasionar las heridas con arma punzocortante a su esposa-. Los dos hermanos de Angie quedaron completamente expuestos cuando el hombre regresó en busca de dinero y algunos papeles.
Horas después, la familia de su mamá -que vivía en otro estado- llegó con Angie.
“(Estaban) mucho más preocupados de cómo fueran a reaccionar mis abuelos por su estado de salud que por cómo estuviéramos nosotros, y es que sinceramente nadie le dice a una familia cómo reaccionar ante esto porque es una tragedia que nadie espera”, apunta.
Después de tener que hacer el reconocimiento del cadáver de su mamá y ya en compañía de su familia, dice, parecía que la pesadilla había terminado; sin embargo, apenas empezaba.
“El funeral también fue una cuestión extremadamente descuidada. La familia de mi mamá, a diferencia de nosotros, era un poco más radical con la religión, entonces yo paso por todo un proceso de rezar, de hacer guardias, me piden que le eche el último puño de tierra encima, todas estas cosas, hay una revictimización todo el tiempo.
“Mis tíos hicieron lo que pudieron para ayudarnos y ocurre uno de los hechos más dolorosos de toda mi vida que es la separación de mis hermanos porque a cada uno lo colocan en una casa distinta: uno con una tía, otro con otra tía y a mí con mis abuelos”, dice.
Después siguieron sesiones interminables para dar su declaración en el Ministerio Público.
Luego del ataque a su esposa, el padre de Angie se entregó a las autoridades. Su primer intento fue en el hospital en donde atendieron a la madre de sus hijos.
“Mi papá se entrega en el hospital donde había estado mi mamá (…) algo curioso con el rollo de que se entregó es que fue a un lugar y le dijeron ‘ay, señor, pues sí pero no es aquí, tendría que ir a entregarse a la PGR en tal dirección’”, reprocha la joven.
Sin ningún cuidado que privilegiara su seguridad, Angie se encontraba a cada momento con su padre dentro de las instalaciones donde ambos declaraban.
“Acabando la pesadilla del funeral viene la situación de la declaración, o sea, yo fui a declarar dentro de estas 72 horas que recuerdo no haber dormido ni un segundo. Me hicieron poner mi mano en la Constitución y casi que me enredan en la bandera como Juan Escutia para tomar la declaración. Tuve que ver a mi papá en varios careos en los que él intentó decir que yo no había visto la ejecución del feminicidio, que yo jamás salí de la recámara, intentando hacer (creer) que yo no sabía nada y careos en los que yo tenía que verlo y repetir esto que estoy diciendo (…) pero por supuesto con mayor detalle de cuál fue el arma, que cuánto sangró, cuántos golpes escuché, qué se gritaron…”.
En todo este tiempo Angie estuvo sola, ningún experto, psicólogo, trabajador social, nadie la acompañó para verificar cómo estaba, qué necesitaba, cómo se sentía.
Recuerda que unos días después la esposa del entonces gobernador del estado en donde vivía les envió -para ella y sus hermanos- una despensa.
“Nunca se nos dio una beca, por ahí la esposa del gobernador en turno del estado donde yo vivía nos mandó una canasta como con tres atunes, cuatro sopas y un cheque de unos 10 mil pesos, esto es todo lo que recuerdo que el estado aportó. Imagínate, una despensa para recuperar tu vida después de haberlo pedido todo. Terrible”.
“Nunca recuerdo que alguien del DIF fuera a vernos, a ver cómo nos iba, que nos preguntaran ‘¿cómo te están tratando tus tíos y tías?”, reprocha Angie.
Poco más de un año después de lo sucedido, uno de sus propios familiares abusó sexualmente de ella. Para entonces Angie estaba a punto de cumplir 18 años por lo que cuando los cumplió abandonó la casa de sus abuelos y buscó un trabajo.
“No podemos seguir cometiendo esta omisión”
“No hay día que no me levante y que esta cantidad de platos rotos que dejó el feminicidio de mi mamá no me sigan cobrando factura a mí que ni la debo ni la temo”, asegura Angie, hoy de 33 años.
En casos de violencia contra las mujeres y específicamente cuando ocurre un feminicidio, en la mayoría de los casos se pone atención en la mujer que perdió la vida a manos de su esposo o pareja sentimental, pero poco se ve a las víctimas indirectas como lo son sus hijos.
Por ello, y para evitar que una situación como la que pasó Angie y sus hermanos se repita, el DIF, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), crearon el Protocolo Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio.
Con este documento se busca que los menores que perdieron a su madre no pierdan su vida y el Estado les garantice todo el apoyo que requieran desde los primeros minutos del hecho.
En entrevista con Animal Político, Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, explicó que la urgencia de contar con este instrumento se dio al advertir que ninguna de las 32 entidades del país contaba con datos sobre las víctimas indirectas de feminicidios.
En el camino, lo único que encontraron es que solo Coahuila y Chihuahua -en modalidades diferentes- contaban con un apoyo para víctimas indirectas pero que no era particularmente para niñas y niños.
“La ruta fue muy compleja, lo digo con mucha franqueza, es un esfuerzo que hicimos desde el Instituto Nacional de las Mujeres y después sumando -por supuesto- con quien tiene esta atribución que es el DIF, a partir de la realización de mesas de trabajo que hicimos en los estados”, explicó la comisionada.
“En esas mesas de trabajo nos encontramos en que había un desconocimiento profundo de los derechos que tenían (las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio) y que había un desconocimiento profundo de cómo tenían que visibilizarlos y hacerlos -digamos- sujetos de derechos”.
En 2019, cuando se comenzó a trabajar en esta ruta, ningún estado pudo proporcionar el registro de cuántos menores estaban en esta situación y requerían la intervención del estado. De ese momento a la fecha, el trabajo conjunto de las dependencias federales y estatales ha permitido ubicar a alrededor de 800 menores.
“Construimos un padrón, un registro de casi 800 personas a partir de la información que fuimos consiguiendo con las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, las estatales y con algunas fiscalías -muy pocas- que tenían esta información”, informó Alanís Sámano.
Al momento ya entregaron a la Secretaría del Bienestar una relación de 454 expedientes de víctimas indirectas en edad escolar para que la dependencia las integre a su padrón y sean beneficiarios a las Becas Benito Juárez.
A fin de que este registro se siga integrado y ningún menor quede privado de la atención del estado, ahora los Ministerios Públicos tienen la encomienda de integrar a estas víctimas a la carpeta de investigación que abren cuando ocurre un feminicidio.
La funcionaria subrayó que el caso de Angie, el cual conocieron hace dos años, fue la columna vertebral para entender qué es lo que las instituciones tienen que hacer y qué no hacer para brindar una atención correcta a estos menores de edad.
“Lo que queremos es prevenir, no queremos que ocurran esos feminicidios, esa también es una premisa que planteamos. Desafortunadamente si ya ocurrió el feminicidio queremos brindarles, garantizarles protección a las víctimas indirectas. Hasta ahora en la historia del país se logró entender que teníamos esa gran omisión como estado”, concluyó la funcionaria.
Salir adelante
A pesar de todo lo que ha pasado, Angie dice reconocer que es una persona privilegiada que ha logrado salir adelante. Logró concluir una carrera profesional, es fotógrafa y activista.
“Soy una privilegiada en esta situación porque seguramente hay muchas niñas y niños que seguramente acaban mal, en el olvido o en garras de otras muchas cosas, por eso la importancia de este protocolo porque es histórico, porque nos visibiliza, ni nombre había: huérfanas y huérfanos por feminicidio. El dolor de la madre que pierde a la hija claro que es horrible y es muy duro, pero las y los hijos con la vida destruida es un tema en segundo término que apenas era tocado. Para mi este protocolo significa justicia. A pesar de que mi padre está preso yo no había tenido esta sensación de justicia”, asegura.
“A mí me da mucha paz el saber que si desafortunadamente una niña, un niño, un adolescente que no piensa más que en divertirse o en las calificaciones de la escuela, vive algo como yo, hoy su realidad será diferente, hoy tendría muchas herramientas para superar esto que es parte de la consecuencia que de un virus que nos contagia peor que la pandemia y que es la violencia contra las mujeres”.
Este protocolo, entre otras aristas, contempla que el DIF -nacional y sus homólogos estatales- tendrán la responsabilidad de brindar albergue, alimentación, atención médica, psicológica y pedagógica.
Las víctimas recibirán los apoyos federales y a nivel estatal serán las entidades quienes delineen si otorgarán otros apoyos o adoptarán otras medidas.
“Algunos estados están pensando en destinar recursos para esto, particularmente el gobernador de Tabasco (Adán Augusto López) me comentó que estaría en condiciones y mucho interés para destinar presupuesto para esto”, subrayó Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim.
“Hay mucho conocimiento de que las instituciones no podemos seguir cometiendo esta omisión de no identificarles y ahora vamos a hacer una gran labor a nivel nacional de la mano del DIF e Inmujeres para que se asignen presupuestos en los estados para ser atendidos”
Ruta de atención del protocolo
- Denunciante solicita apoyo directo a las autoridades o a través de 911
- Personal de seguridad da acceso al Ministerio Público y a la Procuradurías de Protección de menores correspondientes
- El primer respondiente -las Procuradurías de Protección de menores de cada entidad- debe resguardar a niñas, niños y adolescentes y procede a solicitar atención de emergencia
- Canalización al Ministerio Público y acompañamiento a los menores. En este punto se hace un diagnóstico de cuáles son sus necesidades y se buscan las redes de apoyo
- Se acredita el vínculo de los menores con la víctima. En todo caso se presumirá el carácter de niña, niño o adolescente en condición de orfandad por feminicidio
- En caso de ser necesario, las Procuradurías de Protección de menores de cada entidad gestionarán el alojamiento temporal de los pequeños.
- Las comisiones y el MP coordinarán la necesidad de intervención de otras instancias
- En su investigación el MP dictará las medidas pertinentes para el reconocimiento de la víctima
- Los menores deben recibir apoyo para los gastos funerarios por parte de la autoridad competente
- Los sistemas DIF brindarán asistencia social y se coordinarán con otros sectores para estos fines
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