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De acuerdo con cuatro semáforos económicos, las mujeres están más expuestas a la informalidad y a la pobreza laboral.

Los proyectos prioritarios del Gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, han incrementado aún más la brecha de género que existe en el país en materia de igualdad laboral, según reveló un informe de la Organización Civil, México, ¿Cómo vamos? (MCV).

Tras el impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral, Tabasco es la entidad que ha mostrado mayor recuperación en puestos de trabajo formales, con un crecimiento de casi 16 por ciento a tasa anual al cierre de junio, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situación que ha beneficiado más a los hombres.

La construcción de la refinería de Dos Bocas ha impulsado la recuperación del mercado laboral en la entidad sureña, pero de forma inequitativa. De acuerdo con MCV, al cierre del primer trimestre la tasa de crecimiento anual del empleo formal registrado ante el IMSS para hombres en la entidad fue de 9.8 por ciento, mientras que para los puestos de trabajo formales ocupados por mujeres hubo una disminución de uno por ciento.

“Tabasco es la entidad federativa del país con mayor desigualdad entre hombres y mujeres: por cada tres mujeres con un trabajo asegurado hay siete puestos de trabajo de hombres registrados ante el IMSS”, señala el reporte de cuatro semáforos económicos por sexo que se publica este jueves y al que tuvo acceso El Sol de México.

Pero ese estado no es el único con desigualdad laboral por género. Durante el primer trimestre de este año, en 21 de las 32 entidades federativas del país el desempeño del empleo formal ha sido peor para las mujeres que para los hombres.

“Al revisar este semáforo por sexo en los últimos 10 años vemos que la creación de empleos formales entre mujeres y hombres es dispar, a pesar de que en general la dinámica del marcado laboral formal en México es insuficiente”, señala el documento.

Añade que al cierre de mayo, a nivel nacional por cada tres mujeres que contaban con un empleo formal registrado ante el IMSS había cerca de cinco hombres.

“Únicamente hay 7.7 millones de puestos de trabajo registrados de mujeres en el IMSS, frente a 12.3 millones de puestos de trabajo registrados de hombres en la misma institución”, refirió.

En entrevista con El Sol de México, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, señaló que el principal objetivo del estudio es evidenciar las brechas entre hombres y mujeres, con el fin de que se impulsen acciones que rompan con la desigualdad laboral.

Informalidad

La directora de MCV dijo este diario que la idea de poner al alcance los datos que revelan que la percepción de seguridad de las mujeres es persistentemente menor que a la del sexo masculino o que la informalidad laboral es superior en el género femenino, es para que las mexicanas tomen acciones para cambiar el contexto.

“Que las mujeres puedan dimensionar la historia que respalda la narrativa de las desigualdades. No es una cuestión de ‘hacerse la víctima’, realmente hay un problema y es mucho más fácil sentirse empoderada cuando ves que no es una locura, sino que son las circunstancias”.

El segundo de los semáforos económicos que presenta la organización civil es de informalidad laboral, en donde 27 de entidades tienen una tasa de informalidad laboral mayor para las mujeres que para los hombres.

El reporte destaca que entre los 10 estados con mayor informalidad femenina están nuevamente Tabasco, además de Chiapas, Campeche y Yucatán, entidades por donde atravesará el Tren Maya.

En el primer trimestre de 2021, poco más de la mitad de los trabajadores mexicanos ocupados en labores no agropecuarias, que representan 90 por ciento de las plazas en el país, tuvieron un trabajo informal. Sólo en cinco estados la tasa de informalidad masculina supera a la de las mujeres.

La pobreza laboral, situación en la que están 50.1 millones de mexicanos, es otro de los semáforos presentados por MCV, en el que destaca que en el primer trimestre del año hubo una disminución respecto al cierre de 2020, al pasar de 40.7 por ciento a 39.4 por ciento de los mexicanos.

La maestra en economía por el ITAM agregó que tras un análisis de datos, la pandemia por Covid-19 afectó en mayor medida a las mujeres mexicanas, pues detalló que 41 de cada 100 mujeres con empleo están en pobreza laboral, mientras que la proporción en los hombres es de 37.4 por ciento.

MCV destaca que los niveles de pobreza laboral por sexo a nivel estatal reflejan que en al menos en 16 entidades federativas hay inequidad de género, donde al menos hay 1.2 mujeres por cada hombre en esta situación.

Vetadas en los inicios de la cita, no fue hasta 1900 cuando pudieron participar por primera vez.

Como en tantos otros ámbitos, las mujeres han tenido que luchar duro para tener el importante papel con el que cuentan hoy en día en el deporte. También en los Juegos Olímpicos, que durante mucho tiempo estuvieron vetados para ellas. Pierre de Coubertin, el que fuera creador de los Juegos Olímpicos modernos, se opuso a la participación femenina hasta su muerte. “Los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa”, decía.

No fue hasta 1900, en los Juegos Olímpicos de París, cuando las mujeres pudieron tomar parte en unas olimpiadas. Aunque, sin embargo, su presencia fue meramente testimonial. De hecho, su participación no fue oficial, y se limitó a disciplinas consideradas ‘acordes a la naturaleza femenina’, como el golf y el tenis. Los Juegos de París destacaron por agrupar a un gran número de deportistas, pero tan solo 22 eran mujeres.

Entre ellas estaba Charlotte Cooper, que ya había ganado en tres ocasiones Wimbledon, y que se convirtió en la primera campeona olímpica.

No fue hasta 1928, en Ámsterdam, cuando las mujeres participaron de forma oficial en unos Juegos Olímpicos. En esta edición participaron 2883 atletas, de las cuales 277 fueron mujeres. En esta ocasión, su presencia no se limitó al golf y al tenis. Pudieron competir también en esgrima, gimnasia, natación, saltos y atletismo. En el deporte rey, sin embargo, su participación estuvo limitada a tan solo cinco modalidades: 100 metros, relevos 4×100, salto de altura, lanzamiento de disco y 800 metros.

Esta prueba de 800 metros fue considerada de extrema dureza para las mujeres, por lo que el Comité Olímpico Internacional prohibió su participación pruebas superiores a media vuelta. El argumento fue que ‘eran más débiles físicamente’. Esta prohibición estuvo vigente durante 32 años. No fue, por tanto, hasta los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 cuando las mujeres pudieron volver a correr los 800 metros.

La atleta alemana Lina Radke-Batschauer se convirtió en la segunda mujer en conseguir un oro para su país. En Ámsterdam, otra mujer la que protagonizó otro hito histórico. La italiana Luigina Giavotti logró la medalla de plata en gimnasia con 11 años y 302 días de edad, convirtiéndose en la medallista más joven de todos los tiempos.

La visibilidad de la mujer en el deporte iba en aumento, pero era aún del todo insuficiente. Alice Meillat decidió entonces fundar la Federación de Sociedades Femeninas de Francia, y también la Federación Internacional Deportiva Femenina. Ella fue la impulsora de unos Juegos Mundiales femeninos en Praga y Londres, en 1930 y 1934, respectivamente.

Desde entonces, la presencia y la repercusión de la mujer en los Juegos Olímpicos ha ido creciendo de forma imparable. En Montreal 1976 su cuota fue ya del 20%, lo que supuso la participación de 1260 atletas femeninas. En Seúl 88 ya fueron más de dos mil las deportistas que tomaron parte en los juegos.

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se llegaron a denominar los ‘Juegos de las Mujeres’ debido al récord de participación femenina. En la cita británica tomaron parte 10568 atletas: 5892 hombres y 4676 mujeres. Fue, además, la primera vez que las mujeres compitieron en todas las categorías.

Los Juegos de Río 2016 son también recordados porque el 44% de las medallas olímpicas fueron obtenidas por mujeres, el porcentaje más alto de la historia

Españolas en los Juegos

Las primeras españolas en participar en una cita olímpica fueron Lili Álvarez y Rosa Torras, en los Juegos de París 1924. Cuatro año antes, en Amberes 1920, lo intentaron las tenistas Francisca Subirana y Carmen Rospide, aunque no llegaron a viajar.

No es hasta la edición de Roma 1960 cuando se puede considerar que hubo una presencia relativamente importante de mujeres en la delegación española. Fueron 11 atletas en esa ocasión.

El incremento fue paulatino hasta llegar a la explosión de Barcelona 92, en la que participaron un total de 129 mujeres deportistas. Fue una cita histórica, ya que en Barcelona la judoca Miriam Blasco logró el primer oro individual femenino. Además, la selección femenina de hockey se colgó el primer oro por equipos.

Toda la información e imágenes son de ABC.
Link original: https://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos/abci-historia-mujeres-juegos-olimpicos-202107221632_noticia.html

Hay más de 50 dictámenes, minutas o iniciativas aún en trámite en ambas cámaras del Poder Legislativo.

Diputadas federales de todos los partidos políticos admitieron que el Poder Legislativo abandona y deja en la indefensión a las mujeres frente al crimen y a la ola de feminicidios en el país.

Reclamaron que el “amplio trabajo” de la llamada “Legislatura de la paridad” de género sólo ha quedado en el discurso, ya que más de 50 propuestas de ley, minutas o dictámenes de reformas logradas se encuentran en la “congeladora” o en trámite en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Un grupo de más de 170 diputadas federales de todos los grupos parlamentarios demandaron a la Cámara de Senadores “cumpla su obligación en la prevención, erradicación y sanción del feminicidio en todo el país”.

Demandaron “procesar y, en su caso, aprobar la reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales que sobre dicho delito le envió la Cámara de Diputados”.

De acuerdo con la iniciativa, los estados donde hay más impunidad para los feminicidas son Baja California Sur, con 100 por ciento; Guerrero, con 93; Jalisco, con 86.7; Colima, con 81.8, y Quintana Roo, con 66.7 por ciento.

En este marco, un grupo de 40 diputadas federales actuales, electas y reelectas de Morena exhortaron también a las cámaras de diputados y de senadores a que presenten ante sus respectivos plenos dos dictámenes en materia de género que ya les fueron turnados, “pero no han sido puestos a consideración de las y los legisladores para su análisis y discusión”.

En un pronunciamiento, las legisladoras señalaron la urgencia de dar el trámite correspondiente al dictamen en materia de igualdad sustantiva que “está detenido en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, y a la minuta que crea el Sistema Nacional de Cuidados que “se encuentra en el Senado de la República, pero tampoco ha sido presentada a los legisladores”.

En la minuta sobre las reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales -dijeron- se busca establecer una tipificación-marco que sirva para la homologación de ese ilícito federal con las tipificaciones establecidas en los códigos penales de todas las entidades federativas.

Remarcaron que es a sus autoridades locales a las que más compete perseguir a los feminicidas, debido a las características de los crímenes y, sin embargo, son las que más dan lugar a la impunidad de éstos.

En la fundamentación de su solicitud, expusieron que la Cámara de Diputados aprobó desde el pasado 8 de marzo el proyecto de decreto respectivo con motivo del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo fundamental de abatir la comisión de ese ilícito.

Toda la información e imágenes son de EL FINANCIERO.
Link original: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/21/abandona-congreso-a-mujeres-frente-al-crimen-y-a-feminicidios-admiten-diputadas/

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que el 70% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado no tiene prestaciones laborales; sólo el 1% de las empleadas del hogar cuenta con contrato por escrito.

La mayoría de las empleadas del hogar en México, el 50%, alcanza una jornada semanal de menos de cuatro días, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “No es fácil, sobre todo después de la pandemia de covid-19, que completen por lo menos cinco días laborales, aunque asistan con diferentes personas”, dice Marcelina Bautista, defensora de los derechos de esta población.

Esto es un problema para lograr su afiliación a la nueva fase del programa piloto de trabajadoras del hogar de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala una de las principales líderes, no sólo a nivel nacional, sino internacional, del movimiento de lucha de las trabajadoras del hogar.

Este 22 de julio es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Y según las últimas cifras del Inegi, más de 2.2 millones de personas de 15 años y más se dedican a actividad de manera remunerada, aunque el año pasado eran más de 2.4 millones.

El 9% de las mujeres que trabajan lo hace en el empleo doméstico. Mientras que el 1% de los hombres económicamente activos están ocupados en ese sector. Sin embargo, también aquí hay una división sexual del trabajo, ellas cuidan de personas, lavan y planchan, preparan alimentos, ordenan los hogares. Ellos son jardineros, choferes, vigilantes y porteros.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que el 70% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado no tiene prestaciones laborales. Sólo el 1% de las empleadas del hogar cuenta con contrato por escrito, mientras que el 16% de los choferes y vigilantes han podido firmar uno.

“No son esporádicas”

Hace unos días, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh) publicó su Agenda Nacional para Reivindicar los Derechos de las personas que se dedican a esta labor. Fue Marcelina Bautista, quien fundó y dirige esa organización, quien la dio a conocer.

Uno de los 10 puntos de esa agenda, explica la activista, es vigilar que el requisito de cumplir con 20 días de trabajo mensuales para tener aseguramiento completo mes a mes “no quede en la Ley del Seguro Social (LSS), porque excluye a aquellas que van dos días a una casa, por ejemplo, y que llevan mucho tiempo así porque no pueden conseguir más trabajo”.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2019, en la que se incluyó el capítulo XIII dedicado a ese sector, definió que “persona trabajadora del hogar es aquella que labore las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley”. Según el artículo 61, “la duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta”.

Para la defensora de derechos, la interpretación que el IMSS pudiera estar tomando sobre quién puede ser calificada como empleada del hogar o no está equivocada. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “dice que no pueden llamarse trabajadoras del hogar quienes en su vida sólo trabajaron una vez en esto y ahora están en otro empleo”.

Aunque no laboren la semana completa “no se les puede llamar ‘esporádicas’. Es otra de las observaciones que haremos (a la iniciativa de reforma de LSS que está en el Senado). Dicen que como trabaja un día o dos a la semana es esporádica, pero resulta que lleva 20 años yendo a una casa a trabajar esos días. Ahí hay una relación de trabajo”.

Los responsables

Casi el 94% de las más de 2 millones de trabajadoras del hogar en el país labora en la modalidad de entrada por salida, según la OIT. En promedio, trabajan 36.2 horas a la semana. El 32.7% gana menos de un salario mínimo y el 41% gana entre uno y dos, según ha podido recopilar la investigadora Graciela Bensusán.

Desde que el programa piloto del IMSS inició, en abril de 2019, la afiliación ha ido en aumento. Incluso en todos estos meses de pandemia, y a pesar de que la tasa de desempleo para este sector llegó a 33% en junio de 2020. A junio de 2021 había 33,475 personas inscritas, esto representa el 1.3% del total de esta población.

Según ha dado a conocer el IMSS, el 92.5% de los trabajadores y las trabajadoras del hogar afiliadas informan que cotizan entre 21 y 31 días al mes. De acuerdo con el Inegi, el 17% de este grupo trabaja 20 días al mes; 23% labora 24 días y 6% no descansa, pues trabaja los 7 días de la semana. Es decir, 46% labora entre 20 y 31 días.

“La nueva fase del programa piloto beneficia a quienes trabajan de planta principalmente, que son la minoría”, comenta Marcelina Bautista, no sólo porque pueden completar los días de cotización, también porque tienen que convencer a un solo empleador para que las registre. “Muchas de las que trabajan de entrada por salida laboran casi todo el mes, pero no todos sus empleadores asumen su responsabilidad” de pagar el seguro.

“Existe la opción de que las personas empleadoras las anoten por más días, pero eso no es justo para quienes sí son responsables. Porque si hay más empleadores que ocupan a la trabajadora, ellos no se están haciendo cargo de las obligaciones que contraen al requerir y gozar de los servicios que presta esa empleada, quien merece todos los derechos como cualquier otro trabajador”.

La crisis por la pandemia ha reducido no sólo el empleo sino los días de trabajo, comenta la activista. “Ahora tenemos trabajadoras que antes laboraban de planta que ya sólo van dos veces a la semana, cuando mucho, y están buscando más trabajo, pero no encuentran”

Por un cambio cultural

El pasado 3 de julio entró en vigor en México del Convenio 189 de la OIT. En este país “tenemos los derechos más avanzados del mundo para este gremio, el problema es la implementación”,

“Falta que se implementen todos”. No es que sean una realidad a partir de la ratificación de ese convenio por parte de México, o de que el Congreso reformó la LFT para reconocer algunos de sus derechos, el problema estructural y sistemático que han enfrentado por más de un siglo no se ha resuelto. “No están firmado contratos, no hay un avance sustantivo en la seguridad social”, dice.

“Las personas no asumen el compromiso que adquieren cuando contratan a una trabajadora del hogar y no reconocen que sus hogares se convierten en un centro de trabajo”, con diferencias al resto, pero que igualmente deben proveer de un sitio digno para ellas, con seguridad e higiene laboral, apunta.

Por ello, otro de los puntos de su agenda nacional es incidir en la elaboración, diseño y aplicación de políticas públicas alineadas al Convenio 189.

En los próximos meses seguirán apoyando la propuesta de un ingreso mínimo vital, la cual fue presentada por varios grupos parlamentarios en el Congreso, incluido Morena. “Y que se garantice un seguro de desempleo para las trabajadoras del hogar” afectadas por las crisis de la pandemia, “siniestros u otras emergencias naturales”.

También van a promover la ratificación del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT “para erradicar todo tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo”, un problema que ellas padecen de manera recurrente. En general, comenta, seguirán fomentando “un cambio cultural, la revalorización del trabajo del hogar, el reconocimiento pleno de los derechos de quienes se dedican a esta labor”.

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Aunque el trabajo doméstico no está sujeto a un pago, sí tiene un valor. Realizar tareas en el hogar permite el desarrollo de las personas que viven en él: de ellas depende la crianza, salud y educación, lo que se traduce en crecimiento emocional, físico y social.

El trabajo doméstico es uno de los temas más importantes al estudiar, comprender y hablar de la desigualdad entre hombres y mujeres. La distribución del tiempo en las labores del hogar influye directamente en su participación en actividades remuneradas y las oportunidades de profesionalización y crecimiento personal.

Estas actividades son fundamentales para la sociedad. Hoy, en el Día Internacional del Trabajo Doméstico, vale la pena preguntarnos qué es, por qué importa y bajo qué condiciones laborales se lleva a cabo.

El trabajo doméstico se refiere a todas las actividades realizadas en el hogar: desde preparar la comida, limpiar y dar mantenimiento, lavar la ropa y realizar las compras, hasta cuidar a los hijos e hijas, a personas mayores o con alguna discapacidad y administrar las cuentas.

Estas actividades históricamente han recaído en mayor medida en las mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que los hombres dedican, en promedio, 20 horas a la semana, las mujeres dedican 50 horas a estas tareas. Para ponerlo en perspectiva, si se divide esta cifra entre siete, las mujeres destinan siete horas al día al trabajo doméstico. ¡Esto es prácticamente una jornada laboral completa! En la mayoría de los casos, el trabajo doméstico se realiza sin goce de sueldo.

Pero aunque el trabajo doméstico no está sujeto a un pago, sí tiene un valor. Realizar tareas en el hogar permite el desarrollo de las personas que viven en él: de ellas depende la crianza, salud y educación, lo que se traduce en crecimiento emocional, físico y social.

El Inegi estima que el trabajo doméstico tiene un valor económico de 5.5 billones de pesos, lo que representa el 23% del PIB nacional. Las mujeres aportaron la mayoría, el 17 por ciento.

Por otro lado, pero no necesariamente con mejores condiciones, están las personas que realizan labores domésticas remuneradas. En México, hay un poco más de 2 millones de personas mayores de 15 años dedicadas al trabajo doméstico remunerado, lo que equivale al 4% de las personas que trabajan. El 96% carece de seguridad social y 9 de cada 10 trabajadores del hogar son mujeres.

Con el objetivo de proteger el trabajo y los derechos de las trabajadoras domésticas, el pasado 3 de julio entró en vigor el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Éste busca reconocer, en la medida de lo posible, la relación laboral y contractual entre las trabajadoras domésticas y el empleador o empleadora. Al ratificar el Convenio 189, México se comprometió a adoptar medidas para asegurar que las trabajadoras conozcan las condiciones de su empleo y cuenten con mecanismos de queja y protección legal. Pero, como señala el Instituto Simone de Beauvoir, aún falta camino por recorrer para que esto se traduzca en la práctica.

Desde 2019 entró en vigor el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para afiliar a los y las trabajadoras domésticas remuneradas. La afiliación aún no es obligatoria y hasta el momento, solo 1% de las personas trabajadoras del hogar remuneradas se encuentran inscritas en el programa. Sin embargo, el programa también permitió identificar los espacios de mejora para el registro ante el IMSS y la simplificación del trámite.

El trabajo doméstico aún presenta retos, sobre todo para las mujeres. Las trabajadoras domésticas remuneradas no realizan estas actividades bajo condiciones laborales óptimas. A su vez, la distribución de las tareas del hogar no es equitativa y la brecha de género permanece.

Reconocer el valor económico y social del trabajo doméstico significa redistribuir las decenas de actividades que involucra, así como continuar con los esfuerzos para que más trabajadoras accedan a la seguridad social. Ya se sentaron las bases; que la conmemoración del trabajo doméstico sirva como un llamado para aplicarlas y fortalecerlas.

*La autora es investigadora del IMCO (@FerAvMeouchi)

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La cocinera indígena María Teresa Solís López, originaria de Tlaxcala, fue premiada por su atole de maíz morado en el concurso “¿A qué sabe la Patria?”. El platillo fue reconocido y aplaudido por distintos chefs.

La cocinera indígena María Teresa Solís López fue premiada con el primer lugar en un concurso sobre el platillo mexicano más representativo del país con el prehispánico atole de maíz morado, que logró imponerse a más de 500 recetas.

Solís López, de Ixtenco, municipio de Tlaxcala, compartió este martes que se enteró del concurso y se animó a participar, aunque no tenía experiencia previa en concursos.

Sin embargo, a la cocinera de origen otomí le costó mucho decidir con qué platillo quería presentarse y fue cuando pensó en esta bebida tradicional que nadie conocía, pero que, a su modo de ver, representaba a su municipio ya que se servía en momentos especiales para sus habitantes, como las fiestas municipales.

«Lo primero que tuvimos que hacer es grabar un video y escribir la receta original para enviarla al concurso individual. De ahí fueron seleccionando y tuvimos que presentarnos ante el jurado, de ahí pasé a la segunda fase y de ahí a la final», dijo.

Reveló que la receta está elaborada con maíz morado que su esposo produce en el campo, ayocotes, azúcar blanca y canela.

Todos ingredientes 100 por ciento prehispánicos y de dicha región, según recordó.

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Hamilton es ingeniera de software pionera, pero también es la persona que creó el término mismo “ingeniería de software” para que su disciplina lograra el reconocimiento debido.

“Queremos inspirar a las mujeres a que hagan lo que quieran y sean capaces” – Margaret Hamilton.

Desde hace siglos las mujeres han tenido una gran participación en los avances tecnológicos; descubrimientos en ciencia, física o química, sin embargo, sus nombres han sido invisibilizados por la sociedad, ya que la mayoría de estos atributos se les han otorgado a los hombres sin tomar en cuenta que muchas mujeres aportaron a grandes avances, por suerte, hoy en día se busca visibilizar y dar reconocimiento a todas ellas.

Un ejemplo de lo anterior es Margaret Hamilton, la primera mujer ingeniera de la NASA que hizo posible la llegada del hombre a la Luna en 1969. Además, fue ella quien acuñó el término: Ingeniería de Software. Sin duda, una visionaria de la informática e interesada por tejer redes de mujeres informáticas. Pero conozcamos más sobre quién fue y cómo llego a dirigir la misión más importante para el ser humano.

Hamilton nació el 17 de agosto de 1937 en Paoli, un sitio ubicado en Indiana, Estados Unidos. Desde la adolescencia su pasión fueron las matemáticas, por lo que decidió estudiarlas en la Universidad de Michigan y posteriormente continuó sus estudios en Farlham College, donde concluyó en 1958 y se tituló como Matemática; además realizó un diplomado de otra rama totalmente diferente, Filosofía.

El gobierno británico presentó este miércoles (21.07.2021) su nueva estrategia para combatir el acoso callejero y la violencia contra las mujeres, impulsada por el asesinato de la londinense Sarah Everard, unas medidas calificadas de «muy decepcionantes» por las asociaciones feministas.

Esta nueva estrategia, elaborada tras una consulta que recogió 180.000 testimonios, incluye la creación de una nueva dirección nacional de policía para mejorar los tiempos de respuesta ante estos delitos.

«Todos los días se producen crímenes como violaciones, mutilaciones genitales femeninas, acoso y delitos en línea» como el «revenge porn» (la publicación en las redes sociales por una pareja actual o anterior de imágenes sexuales) o el hecho de tomar una foto bajo las faldas de las mujeres («upskirting»), subrayó la ministra del Interior, Priti Patel, en la introducción del documento. «Estos delitos son aún demasiado frecuentes y existen aún demasiados ejemplos de víctimas y supervivientes que abandonamos», agregó.

La reforma llega tras el asesinato por parte de un policía de la londinense Everard, cuya desaparición a principios de marzo cuando volvía a pie a casa de noche conmocionó al Reino Unido y reavivó el debate sobre la seguridad de las mujeres en los espacios públicos.

A mediados de junio, el gobierno de Boris Johnson tuvo que pedir disculpas por haber «fallado» durante años a miles de víctimas de violación, después de que la fiscalía informase de un drástico descenso en el número de condenas a agresores sexuales y violadores, pese a que las denuncias casi se duplicaron desde 2015-2016.

La nueva estrategia incluye la creación de una línea de ayuda para delitos sexuales las 24 horas del día y la criminalización de las pruebas de virginidad, una práctica considerada «medieval».

Patel dio a entender que el acoso callejero, como por ejemplo silbar a una mujer, podría acabar convirtiéndose en un delito específico, pero que el gobierno está trabajando actualmente para que las leyes existentes «funcionen en la práctica». Sin embargo, «seguiremos estudiando las lagunas en la legislación y cómo podría abordarse un delito de acoso sexual», añadió.

Para Rose Caldwell, directora de la organización Plan International UK, esto último resulta «muy decepcionante». «Sin una nueva ley, millones de mujeres quedarán desprotegidas», afirmó, e instó «al gobierno a cumplir su promesa de revisar las lagunas de la legislación». (AFP).

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Aunque las mujeres tienen mejores perfiles crediticios, les otorgan menos hipotecas que a los hombres.

En los últimos 10 años, la intención de compra de las mujeres de una vivienda ha incrementado más de 70%. De acuerdo con Daniel Narváez, vicepresidente de Marketing de Lamudi, un portal de bienes raíces en México, durante 2020 la búsqueda de viviendas por parte de mujeres fue de 60% frente al 40% de hombres.

La escalada en la intención de compra se observa más en estados como Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Quintana Roo. “Las mujeres muestran una mayor demanda de vivienda, tanto nueva como usada, a nivel nacional y actualmente ha crecido a un ritmo de 40% anual”, apunta Narváez. Sin embargo, detalla que 56% del otorgamiento de créditos sigue siendo para hombres.

Fernando Soto-Hay, socio fundador y director de Tu Hipoteca fácil, coincide en que el crecimiento de la participación de las mujeres es mayor desde 2001 debido a que su ocupación en el mercado laboral formal también creció, por ende, su capacidad de compra

No obstante, ésta aún es insuficiente porque la proporción de mujeres que pueden adquirir un crédito hipotecario solas es de 25%-75% a los hombres que pueden lograrlo sin ningún apoyo.

“Un factor que también ha permitido que más mujeres se animen a adquirir un crédito hacerlo con su pareja, es más común ver la cooparticipación de cónyuges y ahora eso sucede en 20% de las transacciones que tenemos registradas”, dijo en entrevista con Expansión Mujeres.

La misma Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señala que 58% de hombres entre 18 y 70 años pudo adquirir al menos un activo de alto valor, en contraste con 35% de las mujeres. Específicamente respecto a la compra de alguna propiedad habitacional, 41% hombres pudieron comprar una casa o departamento a diferencia de 26% de mujeres.

El urbanismo con perspectiva de género tiende a facilitar toda la agenda de la vida cotidiana, no solo la del trabajo remunerado. Dentro de sus propuestas, aparecen la creación de centros barriales para que los cuidados ―de niños y niñas, de los mayores, de las personas con discapacidad― se puedan resolver en el entorno cercano y la organización comunitaria para repartir más igualitariamente esas tareas. Qué se está haciendo en la Argentina y otros países de América Latina.

Esperar el colectivo sola de noche en una parada mal iluminada. Hacer mil combinaciones de transportes o viajar demasiado tiempo para cumplir con una agenda que encastra como un tetris forzado las tareas vinculadas al trabajo remunerado con aquellas que pertenecen a la esfera familiar. Arrancarle a la rutina algunos minutos para una actividad recreativa o un simple café. En ciudades en las que hay que recorrer distancias abrumadoras como son las grandes capitales y metrópolis del mundo se torna un desafío por momentos bestial para las mujeres.

¿Esto se debe a la mala planificación de las ciudades? No exactamente. Se debe a que la mayoría de las ciudades de América Latina y del mundo fueron planeadas y diseñadas por y para varones, en función de la división sexual del trabajo y de los roles de género tradicionales. Así lo afirma el Manual para la planificación y el diseño urbano con perspectiva de género lanzado en 2020 por el Banco Mundial.

“Mujeres y ciudad. [In] justicias territoriales” es un taller organizado por CISCSA Ciudades Feministas para dialogar sobre el derecho de las mujeres a la ciudad (Imagen: gentileza)

La arquitecta Ana Falú —que también es investigadora de CONICET, asesora de ONU Mujeres, directora de la ONG Centro de Intercambio y Servicio para el Cono Sur Argentina (CISCSA) Ciudades Feministas— dice que el problema está en la asimetría entre las vidas de las mujeres y minorías y las de los varones.

“Sin duda, andar por las ciudades de nuestra América Latina que son desiguales, fragmentadas, a veces obscenas en su distribución ―porque hay riqueza, el problema es que está muy mal repartida― es muy distinto con cuerpo de mujer que con cuerpo de varón. Esto es un hecho contundente: lo muestran los datos de feminicidio, las agresiones, lo muestra el reconocimiento de las limitaciones que se presentan en las vidas de las mujeres, centralmente por la violencia pero también por otros temas que la pandemia ha puesto al rojo vivo como es el de las tareas de cuidado”, describe Falú.

La arquitecta y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda María Emilia Aristei coincide en que las desigualdades en los modos de habitar la ciudad de mujeres y varones nacen en el momento en que las urbes fueron diseñadas: “Toda planificación urbana parte de un conjunto de supuestos acerca del habitante urbano típico”, explica. Y este habitante “es un hombre estereotipado: es un ciudadano que es varón, que es marido, que es padre, que es sostenén económico de su familia, que es blanco, que no tiene ninguna discapacidad, que es heterosexual, que cuenta con movilidad propia. Me gusta decir que es una suerte de maniquí que viene a querer representarnos a todes, lo que es absolutamente imposible porque todas las personas somos distintas”.

Ana Falú es arquitecta, docente, investigadora de CONICET, asesora de ONU Mujeres y directora de CISCSA Ciudades Feministas, Córdoba (Imagen: gentileza ONU Mujeres)

La mala iluminación en las calles, parques y plazas; la falta de baños públicos; las veredas agujereadas o destripadas; el transporte público inseguro y hostil son las señas más visibles del destinatario modelo de la ciudad. Pero no son las únicas.

Tanto Falú y Aristei como la arquitecta Guadalupe Oliver ―que trabajaba para el Gobierno porteño y ahora lo hace para el bonaerense― y el arquitecto y doctor en Urbanismo Guillermo Tella ―director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires― coinciden en que una de las marcas más evidentes de que las ciudades estuvieron planificadas por y para los varones son los recorridos del transporte público. Según los expertos, fueron pensados linealmente para trasladarse de un punto a otro, sea de la casa al trabajo o del trabajo a la actividad física o al lugar de ocio. “No se contempla la necesidad de pasar a buscar a une hije por la escuela, hacer compras o bien algo tan básico como tener un espacio ambientado para amamantar sin que nadie nos esté marcando con el dedo”, dice Aristei.

La arquitecta Oliver, que trabaja principalmente en las villas de emergencia y asentamientos del AMBA, también llama la atención acerca de que cuando se habla de planificación urbana muchas veces no se piensa en estas zonas de las ciudades, donde reside un 10 % de la población del país, que no fueron planificadas “sino que surgieron de manera espontánea y fueron construidas por y para sus habitantes”, que carecen de los servicios básicos como redes de agua potable, cloacas, calles pavimentadas y accesibilidad.

Para cambiar esta situación y que la ciudad sea un espacio cómodo y disfrutable se “requiere de una gestión urbana que responda a las necesidades del conjunto de los habitantes, que elimine las barreras que pueda percibir cualquiera de los géneros. Una ciudad con plena inserción e igualdad de oportunidades que satisfaga demandas de equidad y de reconocimiento y redistribución en paridad”, señala Tella.

Acá es donde entra en escena el urbanismo feminista.

Mural contra las violencias hacia las mujeres, pintado en una actividad organizada por CISCSA Ciudades Feministas en el Barrio Alberdi de Córdoba, en 2019 (Imagen: gentileza)

Qué es y qué propone el urbanismo feminista

Aristei lo explica de manera simple: “El urbanismo feminista, que implica un cambio radical en el sistema de valores de la sociedad actual, propone distintas ideas para construir ciudades más inclusivas, más cuidadoras, más saludables, más plurales, más participativas. Se trata de una planificación urbana que pone el desarrollo de la vida cotidiana en el centro de la escena y que entiende las tareas de cuidado como parte de un engranaje junto a las tareas productivas. Tiene un enfoque comunitario porque cree que a las ciudades las construimos entre todas, todos y todes (desde las distintas disciplinas, no solo desde la arquitectura o la ingeniería), y que esta construcción tiene que ser colectiva con los y las profesionales, con quienes gestionan en el Estado y con los vecinos y las vecinas, que son quienes van a habitar los territorios”.

Por eso, uno de sus pilares fundamentales implica romper con la dicotomía que separa la esfera pública de la doméstica y las tareas productivas de las reproductivas.

“El urbanismo feminista nos dice: ‘Che, hay que entender que la actividad productiva no se puede llevar a cabo sin un sostén de las actividades reproductivas. Es como un ciclo vital en el que una se retroalimenta de las otras constantemente”, agrega.

Es una línea de pensamiento y acción que invita a repensar el espacio urbano y sus desigualdades. Según Falú “no habrá ciudades feministas si son obscenamente desiguales”.

La académica enfatiza la necesidad de reconocer a las mujeres en su diversidad porque, asegura, las políticas se realizan “pensando en hogares como si fueran todos iguales”, sin considerar “que hay un promedio de un 30 % a cargo de mujeres, únicas responsables de sus dependientes”, que no son solo los hijos y las hijas. “Las mujeres hemos cuidado desde que el mundo es mundo, entonces ¿cómo hacemos para que se reconozca y para que la política atienda estas diferencias? Eso es lo que proponen las ciudades feministas”.

María Emilia Aristei es arquitecta y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (Imagen: gentileza)

Otro punto que destacan las tres arquitectas ―Falú, Aristei y Oliver― es que el urbanismo feminista piensa en el barrio como la escala central de la vida cotidiana. Propone que en recorridos breves se pueda acceder a la totalidad de los servicios, a la cultura, la educación, la salud, la recreación. De esta manera se ofrecerían soluciones a la escasez de tiempo que tienen las mujeres: generarles más tiempo, quitarles algo de la sobrecarga de tareas y que, a partir de esto, puedan aspirar a la autonomía económica es uno de los objetivos.

Que la urbe se transforme así en una “ciudad cuidadora”, que lo que prevalezca no sea la búsqueda individual de soluciones sino que sea el mismo espacio el que ofrezca las herramientas ―tanto en lugares para asistir a quienes lo necesiten como en el cuidado entre vecinos y vecinas en los barrios― es el horizonte. “Una ciudad feminista busca colectivizar las tareas de cuidado, busca una vida en comunidad, participativa, organizada”, dice Aristei.

Falú destaca que esto no es algo que se esté pensando solo en Latinoamérica. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, plantea que hay que politizar lo cotidiano, “que la sociedad tiene que entender que el pilar fundamental en el que se sostiene para la reproducción, el desarrollo y el crecimiento es esa reproducción de la vida que tenemos que cuidar entre todos y todas”. Falú menciona también a Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, quien habla de “la ciudad de 15 minutos”. “En París podemos hablar de la ciudad de 15 minutos, pero en nuestra América Latina, en estas ciudades complejas, irascibles, de distancias increíbles, ¿cómo podemos tener una ciudad de 15 minutos para una mujer que vive en La Matanza y trabaja en la Capital Federal? Tenemos que pensar entonces en la escala del barrio para el cuidado, para la no violencia, para los servicios de proximidad, de lo colectivo”.

El urbanismo feminista no propone derribar las ciudades y hacerlas de nuevo. Por el contrario, presenta alternativas para tomar lo que existe en el territorio y transformarlo, con intervenciones mínimas, en un lugar más inclusivo y menos desigual. “Es un desafío enorme, pero nos permitimos pensar las ciudades que queremos porque no estamos conformes con las ciudades que tenemos”, dice Aristei.

CISCSA Ciudades Feministas trabaja desde 1985 en la formación y el fortalecimiento de voces y organizaciones que incidan en políticas públicas vinculadas al derecho de las mujeres a la ciudad (Imagen: gentileza)

En América Latina

Para comprender cómo las necesidades de las mujeres encuentran respuestas con pequeños cambios, Falú menciona dos ejemplos, uno llevado a cabo en la Ciudad de México y el otro en Bogotá, Colombia.

El primero es el Programa Viajemos Seguras, un iniciativa pionera en la región que consistió en agregar vagones exclusivos para mujeres en la red de metro para hacer frente a los altos índices de violencia y acoso sexual en el transporte público.

El segundo es el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, que comenzó a aplicarse el año pasado y convirtió a esta ciudad en la primera en la región en tener un sistema de cuidado. La iniciativa busca ampliar la oferta de instituciones que brindan servicios de cuidado con el objetivo de reducir el tiempo que dedican las mujeres a estas tareas, redistribuir el trabajo no remunerado con los varones y tener herramientas para su valoración y reconocimiento social.

Para esto, articula servicios ya existentes con la creación de nuevos sitios que atienden las necesidades de cuidado de niñas y niños menores de 5 años, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores y las demandas de personas que cuidan. Ponen en valor lo que hay y generan lugares nuevos con infraestructura y servicio que además brindan trabajo a diversos actores sociales.

En esta dirección se busca avanzar en la Argentina. Por eso, el jueves pasado se firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Mujeres que tiene por objetivo fortalecer la perspectiva de género en las obras públicas de infraestructura del país.

Cecilia Alemany es representante de ONU Mujeres en Argentina y directora regional adjunta para las Américas y el Caribe (Imagen: gentileza ONU Mujeres)

“El Ministerio de Obras Públicas de la Nación lleva adelante un programa para transversalizar las políticas de género y diversidad en sus acciones que es parte de la iniciativa del Gobierno nacional respecto a que la perspectiva de género atraviese todas las políticas públicas. Esto significa que trabaja en cómo incorporar esta mirada en todo lo que hace: en sus lineamientos, en las licitaciones, las decisiones presupuestarias, las inversiones de infraestructura en el territorio. En este caso, se formó una red federal en infraestructura de género con referentes de todas las provincias y con un primer foco que es el de fortalecer capacidades, es decir, apoyar en la implementación de este programa”. Explica Cecilia Alemany, representante de ONU Mujeres en Argentina y directora regional adjunta para las Américas y el Caribe.

Onu Mujeres y UNOPS ya han trabajado en la producción de materiales de capacitación y en brindar recomendaciones de políticas públicas a diferentes países para incorporar la perspectiva de género a la infraestructura. A raíz de este convenio buscarán hacer lo mismo en la Argentina.

Alemany cuenta que Obras Públicas ya había comenzado a implementar medidas para aumentar la participación de las mujeres como trabajadoras en la construcción a partir de que un estudio realizado por ONU Mujeres y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre la brecha de género en el sector que demostró que del total de los trabajadores y trabajadoras solo el 2,07 % son mujeres. Frente a eso, el ministerio comenzó a poner cláusulas en las licitaciones de obras públicas que piden que las empresas mejoren la participación de las mujeres como trabajadoras.

“En el sector tenés trabas por todos lados. Y cuando uno diseña la infraestructura social en general ―sea de salud, vivienda o de cuidados―, es fundamental que se incorpore esta perspectiva de género. No solo porque se supone que buena parte de las usuarias principales serán mujeres y en la mayoría de los casos no son tenidas en cuenta en el diseño inicial, sino también porque después hay problemas de adaptación de esa infraestructura”, dice. “Desde Naciones Unidas tenemos este enfoque que apunta a que las soluciones las tenés que identificar, diseñar y trabajar con las poblaciones que se supone que van a beneficiarse con ellas”, agrega Alemany.

“Sobre eso vamos a estar trabajando y apoyando a la red federal, ayudando a encontrar soluciones cuando se enfrentan a los desafíos de cómo incorporar la perspectiva de género en su trabajo. Vamos a estar ahí para dar opinión, asesorar, hacer el acompañamiento para que a futuro no lo necesiten. Vamos a ayudar a que estas metas se concreten”, asegura.

El desafío, dice, está por un lado en lograr que cuando una obra pública llegue a un territorio en el que representa una fuente de trabajo ―al margen de su resultado y utilización posterior― se incorporen las mujeres como mano de obra, que puedan tener una carrera en la construcción y, por el otro, en adaptar la lógica y la seguridad en la obra para que se incorporen los estándares de igualdad de género. Otro objetivo es que emprendimientos, cooperativas e iniciativas de la economía popular lideradas por mujeres puedan participar como proveedoras en la obra pública. Y que el resultado final de esa obra sea inclusivo y sirva para mejorar la calidad de vida de mujeres y minorías, y en consecuencia de toda la comunidad.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.

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