También, de acuerdo con cifras del PREP (el sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones), 53% de los curules en la Cámara de Diputados a nivel federal serán ocupados por mujeres y en cargos locales 51%.
Sin embargo, ¿es suficiente? Las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) reflexionan al respecto.
Gina de la Fuente, líder del proyecto de gestión y seguimiento, considera que la reforma en materia política que se publicó en 2020 y que considera la sanción de la violencia política en razón de género, cerró la pinza para mejorar las condiciones en que las mujeres participan en la política.
“Esa reforma fue el sustento por el cual pudimos argumentar condicionar la paridad en la elección de las candidaturas a las gubernaturas, incluso después de que todos los partidos políticos impugnaran la medida”, dijo sobre el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE en 2020.
Además, afirma que se buscó mejorar las condiciones en que las mujeres participaron en la contienda, no sólo incrementar el número de aspirantes o candidatas.
Monitoreos
El equipo de Gina, en una investigación que realizaron a partir de la jornada electoral de 2018, observó que de los anuncios que los partidos políticos destinaban a todos sus candidatos, las mujeres sólo contaban sólo con 20% de ellos, mientras que los hombres tenían 80% de exposición, el cuádruple que ellas.
Con ello justificado en los informes que el INE elaboró respecto a la participación de medios y concesionarios, para estas elecciones se fijaron medidas que nivelaran el piso en que tanto hombres como mujeres compiten; por ejemplo, que todos los partidos políticos destinarían por lo menos 40% de sus recursos totales a las candidatas con registro.
“Desarrollamos una metodología, considerando el impacto mediático que tiene la difusión de la imagen de alguien, para corroborar que los partidos cumplieran con la disposición de que en al menos 40% de sus espacios contaran con participación femenina”, narra.
De la Fuente explicó que durante toda la campaña, que iniciaron el 4 de abril, su equipo realizó un seguimiento -a través de los comités de radio y televisión- y avisaron a los partidos que no estaban cumpliendo con la cuota fijada para la visibilización de las mujeres.
Aunque el informe se hará público hasta el final del proceso, es decir, una vez que los còmputos sean finales: no obstante, la experta puede adelantar que el PES fue el único partido que se quedó por debajo del límite mínimo.
Asimismo, aunque desde la reforma electoral de 2007 se realiza un monitoreo por ley a los noticieros para ver qué tan equitativa es la cobertura para todos los partidos, en 2019 se acordó que éste se realizaría con perspectiva de género. El objetivo es evitar un desequilibrio en la cantidad de notas que se hacen de hombres y mujeres, pues -sostiene- las mujeres habían tenido una cobertura menor (30% vs el 55 de los hombres).
“También buscamos que los medios sean más conscientes y eviten la reproducción de estereotipos o de información que revictimice a las mujeres o que sean renuentes al uso de lenguaje incluyente” dijo.
Áreas de oportunidad para garantizar la equidad en la política
Durante esta jornada también se incluyó por primera vez un formato en que los candidatos tenían que firmar un 3de3 de violencia de género para como medida de prevención al interior de los partidos.
En este caso, ese 3 de 3 se enfocó en evitar que candidatos fueran electos en caso de ser deudores de pensión, o señalados por haber ejercido violencia familiar o doméstica y delitos sexuales.
El objetivo es que exista una reparación de daños, sancionar esas conductas al impedir que sea electo como funcionario público y prevenir que futuros aspirantes incurran a estas conductas.
Sobre el origen de la iniciativa, Georgina explicó que el INE recibió peticiones de medidas similares por parte de grupos feministas para que se incluyeran como requisitos en los últimos comicios.
“Sin embargo, hay mucho que repensar porque los candidatos sólo entregaron una carta bajo protesta de decir verdad donde dijeron que efectivamente no contaban con una sentencia firme, 100% de los candidatos la entregaron”. No obstante, apuntó que de la muestra representativa y aleatoria no encontraron ninguna sentencia en sus consultas a penitenciarías de todo el país.
La muestra representativa se determinó por una composición de 70% hombres y 30% mujeres.
“Primero tuvimos que descartar casos por homonimia o porque algunos centros de justicia no contaban con archivos digitalizados o físicos”, dijo.
Posteriormente, los señalamientos por violencia sí llegaron, particularmente sobre ocho candidaturas de distintas personas y al final sólo se pudieron comprobar, con sentencia firme en tres casos. Una de las aspirantes sancionadas es Ana Elizabeth Ayala Leyva, de la coalición Juntos Hacemos Historia, quien contendía por una diputación de mayoría relativa en el Distrito 2 de Sinaloa y, cuando se desempeñó como tesorera municipal de Ahome, ejerció violencia política de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benítez.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás la determinación del INE de cancelar su candidatura debido a que “el órgano electoral no puede determinar que aunque estas personas cuenten con una sentencia, no quiere decir que no tengan una forma de vivir honesta”.
Por ello, las candidaturas fueron restituidas el sábado, un día antes de las elecciones, aunque sí contaban con una sentencia firme.
“Tenemos que pensarlo de otra forma, buscar precedentes que nos puedan servir, y anticiparnos a fallos que no favorezcan los esfuerzos para combatir la violencia de género por parte de actores políticos”, dijo
