La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia identificó, con testimonios de menores de edad, patrones de abuso sexual en escuelas. Las víctimas tienen entre 3 y 7 años.
Corría el año de 2011 y la entonces Procuraduría General de la República buscó a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) para pedirles apoyo en la atención de 30 menores de entre 3 y 5 años que habían sido víctimas de abuso sexual en un preescolar público en la ciudad de México. A partir de la denuncia y señalamientos hechos por los padres y los menores, testimoniales recopilados por la ODI desde 2008 y que resultaban confusos, lo confirmaron: niñas y niños son víctimas de violencia sexual organizada en sus escuelas.
“Lo que vemos es que los patrones no sólo son llamativos por la cantidad de niños y la cantidad de agresores, sino que el tipo de violencia es muy inusual. Se trata de violencia con elementos ritualísticos y escenificaciones, así como la presencia de cámaras (de video) que pareciera tratarse más bien de la producción de material de explotación sexual (…) entre más pequeños son las víctimas de explotación sexual infantil, más extrema es la violencia”, dice Margarita Griesbach, directora general de la ODI en entrevista con Animal Político.
De la sospecha al horror
La primera denuncia en 2011 destapó una situación que resultaba difícil de creer: más de 30 niños y niñas, estudiantes del preescolar público Andrés Oscoy ubicado en la hoy alcaldía de Iztapalapa, en la ciudad de México, habían sufrido abuso sexual en la escuela.
De los testimonios de los menores se detectó a 10 personas -desde la directora del plantel hasta el personal de intendencia- como sus agresores directos. Doce menores describieron ser agredidos por más de un adulto de manera simultánea.
“Lo vivido por los niños y niñas no se trata de varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a los alumnos”, se lee en el informe “Es un secreto. La exploración sexual infantil en escuelas” coordinado por la ODI y acompañado por los activistas y académicos: Karina Ansolabehre, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez.
En el documento, se exponen a detalle los casos de tres escuelas de nivel preescolar -en la CDMX y el Estado de México- en donde se advierte sobre los patrones delictivos que apuntan que jardines de niños y primarias han sido utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea.
Las agresiones descritas por los menores resultan inusuales en casos de abuso sexual infantil ya que narran abusos extremos ejercidos con violencia. Algunos refirieron ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Asimismo, las víctimas dijeron haber sido sometidas a dinámicas y rituales grotescos.
“Varios niños refieren que el abuso tomaba lugar en el marco de juegos. De manera consistente niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”, describe el informe.
Los menores también refirieron ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras, así como ser grabados o fotografiados.
Mayoritariamente estos abusos sucedían en el baño de la escuela, pero también eran violentados en la dirección, en salones, en el patio, e incluso en cuartos de drenaje.
“Algunas referencias de los niños y niñas resultan tan extrañas que sólo cobraron relevancia a la luz de casos que conocimos posteriormente. Una niña refiere que la lastimaban cuando se quedaba dormida y otra niña dice ser sacada de la escuela y llevada a otro lugar donde era violentada. La sedación y que las víctimas sean sacadas de la escuela, son patrones que en otros casos se repetirían”, se detalla en el documento.
Tres años antes, en 2008, la ODI representó el caso de una niña de 5 años que refirió ser víctima de abuso sexual en el preescolar privado en el que estudiaba. La menor fue sacada del colegio y llevada en un automóvil -con otros de sus compañeros- a una casa en la que había adultos extraños. “Me sacaba de la escuela y me llevaba a un lugar malo… me hacían muchas cosas feas”, refirió la niña en su testimonio.
Aunque este caso nunca llegó a juicio dadas las filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, tras revelarse lo sucedido en 2011 en el preescolar en Iztapalapa, el caso ayudó a sumar los elementos para identificar patrones delictivos.
También en 2011, familiares de menores inscritos en el preescolar público Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México, denunciaron abuso sexual cometido por un profesor. Al momento de declarar en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, los menores nombran a seis adultos como sus agresores.
Con estos tres casos ya se habían identificado los patrones del abuso sexual a menores dentro escuelas preescolares y primarias -públicas y privadas-, sin embargo, en 2018 un nuevo caso llega a la ODI: 49 niños y niñas víctimas de violencia sexual en un preescolar público en la CDMX.
En esta ocasión 16 niños y niñas describieron a más de un adulto al momento del abuso. En total se mencionaron a 11 adultos trabajadores del centro educativo incluyendo a la directora, varias maestras, personal de intendencia y un supervisor pedagógico.
Según el informe coordinado por la ODI, los menores dijeron que cuando se acercaron con docentes -hombres y mujeres- para comentarles lo sucedido, las respuestas que recibían eran inconsecuentes e incluso recibían amenazas.
Uno de los factores que más llamaban la atención al momento de que niños y niñas brindaban sus testimonios, era la constante de ser sacados de la escuela y llevado a otros espacios donde no sólo había adultos desconocidos, sino que también se encontraban otros menores que no eran de su escuela.
Se trató de una acción que de inicio resultaba tan difícil de creer, incluso fue considerado como un mecanismo de defensa emocional durante la narración infantil. Sin embargo, cuando se obtienen mejores condiciones de escucha resulta innegable la reiteración y contundencia con la que se describe este hecho.
“Como en casos anteriores, los niños y las niñas refieren elementos grotescos como ser penetrados con papeles sucios que son tomados del basurero. Otros refieren orina, excremento o vómito durante las agresiones”, agrega el informe.
Amenaza, confusión y trauma
Las afectaciones presentadas por la totalidad de víctimas de abuso sexual en sus escuelas fueron extremas.
Algunos de ellos comenzaron a tener comportamientos violentos. En uno de los casos un menor amenazó a su madre con un cuchillo. Otros tuvieron comportamientos de agresión sexual en contra de hermanos o hermanas más pequeños y algunos más manifestaron episodios disociativos en los que permanecían incapaces de responder durante ciertos periodos.
Asimismo, la confusión generada en los menores sobre la complicidad de sus padres en el abuso les generó graves daños psicológicos.
“Una niña refiere que fue llevada a una casa donde sufrió abuso y que sus padres estaban presentes, pero ‘estaban hechos invisibles’”, se detalla.
También les amenazaban permanentemente de que, si decían algo de lo que sucedía, lastimarían a sus padres.
“Incluso algunos refieren que las amenazas eran gráficas, que su madre sería enterrada en el arenero o que sus padres serían convertidos en calavera y por tanto les causaban aún más temor a hablar. Silenciados, la gravedad del trauma ocasionado se manifestó de otras maneras”, agregan.
Particularmente los menores tenían terror de ir al baño, llegando al extremo de que algunas familias tuvieron que colocar bacinicas o cubetas en la sala o pasillo de sus hogares porque sus hijos se negaban a entrar al baño.
Otros síntomas y traumas del abuso fueron: trastorno de alimentación, dolor de estómago, infecciones en las vías urinarias, rozadura o dolor genital, enojo, agresión, tristeza, rechazo agudo a la escuela, pesadillas y/o terror nocturno y comportamiento sexualizado.
No sólo en México
A fin de poder entender los patrones hallados en los casos anteriores, la ODI se alió con organismos gubernamentales y civiles internacionales como End Violence, Interpol, Homeland Security – ICE y The International Justice Mission a fin de ubicar si esta situación se presentaba en otras naciones
La búsqueda rápidamente los ubicó en Jerusalén, Israel, en donde pudieron contactar al reportero Haim Rivlin quien ha documentado casos similares a los de México.
Inicialmente él documentó el caso de 65 niños y niñas que sufrieron abuso sexual cuando tenían edad preescolar. Estos hechos tuvieron lugar en 12 escuelas ortodoxas en Jerusalén.
Posteriormente se sumó el caso de 100 niños y niñas -también en edad preescolar- que fueron víctimas de abuso sexual en el barrio de Nachlaot en 2011, así como otras 104 víctimas violentadas en barrios del norte de Jerusalén en 2012. Todos con patrones criminales similares.
“Entre los rasgos similares se observa que en los casos de Jerusalén algunos niños y niñas presentan confusión sobre si sus padres son o no sus verdaderos progenitores (…) al igual que en los casos registrados por la ODI, estas confusiones inusuales pudieran ser indicativas de estrategias utilizadas para generar confusión en las víctimas sobre lo sucedido o para hacer que su narrativa sea menos creíble”, indica el informe.
Apenas es la punta del iceberg
Si se tenía conocimiento de cuatro casos sólo en la CDMX y el Estado de México entre 2008 y 2018, y se tenía la documentación de lo que sucedía en Jerusalén, ¿cuántos casos más habría en el país?
A través de solicitudes de información y haciendo consultas a las recomendaciones de comisiones de derechos humanos estatales se logró tener un acercamiento: 37 casos fueron identificados como posibles coincidencias en patrones, pero sólo fue posible conocer a mayor detalle lo referido por las víctimas en 18 escuelas en siete estados de la república mexicana.
Se trata de seis casos más en CDMX, cuatro en Jalisco, dos en Oaxaca, dos en Morelos, dos en el Estado de México, uno en San Luis Potosí y uno más en Baja California.
“En todos los casos se trata de agresiones en contra de niños y niñas de entre 3 y 7 años de edad. Trece de los casos refieren abuso que se comete en contra de grupos de víctimas. Algunos describen abuso frente al salón o la escuela entera. En un caso, por ejemplo, el maestro es denunciado por un vecino que desde la ventana de su edificio observa que se abusa de los niños y niñas en el patio de la escuela. Resulta por supuesto difícil de entender cómo un delito de esta naturaleza se comete de manera tan abierta dentro del contexto escolar”, se lee en el documento coordinado por la ODI.
Tras el procesamiento de datos hechos con la información pública obtenida se revelaron hechos perturbadores como que en seis de estas escuelas los niños y niñas refirieron presenciar actos sexuales entre adultos que participaban en la agresión y en siete escuelas las víctimas narran ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios niños y niñas.
En 16 de las 18 escuelas identificadas, los menores describieron actividades ritualistas como ser desnudados y amarraros, ser obligados a orinar sobre otras personas o a introducir las manos en orina mientras son agredidos.
En cuatro escuelas más se reportó el uso de máscaras o disfraces y en una escuela los niños y niñas reportaron ser disfrazados como animales y obligados a ladrar.
Entre la impunidad y la justicia
De los casos presentados y acompañados por la ODI entre 2008 y 2018, actualmente hay 7 persona en prisión.
Filtración de información, amenazas, falta de comunicación entre las distintas instancias y otros hechos han llevado a que familias desistan de las denuncias y quienes la sigan tengan que enfrentarse a un sistema plagado de fallas que han limitado la impartición de justicia en estos casos.
Luego de los seguimientos hechos a lo largo del tiempo, se detectaron cuatro mecanismos de impunidad que son los que han permitido que no haya justicia por los hechos vividos por niños y niñas de entre 3 y 5 años: (1) deficiente coordinación entre la actividad policial, la coordinación de la investigación y la representación del Estado como parte acusadora, (2) la fragmentación de una investigación haciendo literalmente imposible el esclarecimiento de criminalidad compleja, (3) la falta de especialidad y adecuación en los procedimientos de justicia para las niñas, niños y adolescentes y (4) la exclusión de la víctima para intervenir activamente en la investigación criminal.
A 10 años de los hechos ocurridos en el preescolar Andrés Oscoy, en la alcaldía de Iztapalapa, las víctimas aún no reciben una reparación justa e integral por los graves daños ocasionados por seis servidores públicos encargados de protegerlos y educarlos
En 2016, cinco años después de los hechos se dictó sentencia a los seis perpetradores.
El conserje recibió una condena de 467 años y 3 meses de prisión, así como una multa de un millón 233 mil pesos; la directora 88 años de prisión y una multa de 260 mil 063 pesos; el auxiliar de dirección 81 años de prisión y una multa de 328 mil 858 pesos; el asistente de servicios 36 años de prisión y una multa de 129 mil 288 pesos; y las dos personas de servicio social 68 años de prisión y multa de 199 mil 673 pesos.
En el caso del preescolar Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México, de los seis señalados por los menores como sus violentadores sólo uno de ellos tuvo una sentencia por 16 años y 10 meses de prisión, una multa de 35 mil 396 pesos y la inhabilitación de 10 años para ejercer como educador frente a grupo.
Sobre los hechos ocurridos en 2018 en otro jardín de niños en la CDMX en donde 49 niños y niñas fueron agredidos sexualmente aún no se tienen sentencias pues se trata de un caso abierto.
Respecto al papel de la Interpol y la posible existencia de una red internacional de delincuencia, la directora general de la ODI señala que esa investigación debe hacerse coordinadamente con el estado mexicano.
En varias ocasiones se ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia que se indague sobre ello, pero se han negado a pedir apoyo internacional.
“Es una investigación que tiene que hacer el estado, hay cosas que son imposibles, los ciudadanos no podemos sustituir al estado (…) los ciudadanos no podemos investigar si hay una red internacional de delincuencia, sobre todo en casos de explotación y material de explotación sexual infantil, es una investigación que es imposible hacer si no se es una autoridad autorizada, facultada para hacerlo”, subraya.
Escuchar y confiar
Margarita Griesbach, directora general de la ODI, recapitula y sostiene que este informe sobre la explotación sexual de niños en escuelas públicas y privadas es apenas un acercamiento de lo que en realidad puede estar pasando en las escuelas. Se debe investigar urgentemente pues este informe abrirá la puerta a que se develen más casos con los mismos patrones.
“Dentro de todo lo horrible que narra el informe estamos frente a una gran oportunidad para que esto cambie. (…) lo que se puede cambiar es empoderar a los niños para poder hablar sin temor. Hay que hablar directamente con los hijos y las hijas y decirles que les vamos a creer y les vamos a proteger”, sostiene Griesbach al preguntarle sobre cómo seguir confiando en los centros educativos a donde se lleva a los hijos.
También resulta necesario atender y modificar la infraestructura de las escuelas en el país pues éstas están construidas de forma ajena a la seguridad de los niños, lo cual consideró absurdo.
“El hecho de que existan dentro de las escuelas casas particulares donde vive y duerme el conserje es un sinsentido, cuartos oscuros y bodegas son áreas que representan múltiples riesgos para la infancia y que no tienen cabida en una escuela y menos en una escuela publica”, observó.
En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también debería modificar la respuesta que tiene cuando se le notifica una denuncia de abuso sexual, pues antes de pedir la intervención de la Fiscalía General, hace una investigación interna para decidir si dan vista o no a la autoridad judicial.
“Exijamos que se cambien las cosas (y tengamos) confianza no solo en la escuela, sino la confianza en que nuestros hijos saben que si algo les pasa que les lastima nos pueden decir porque les vamos a creer y les vamos a proteger”, concluyó Griesbach.
