Nos encontramos hoy en un momento crítico. Vemos con preocupación cómo la pandemia agrava muchos de los avances que se lograron en los últimos 25 años en el marco de la Conferencia de Beijing. En el caso de América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres en la economía formal en la región ha sufrido un retroceso de una década.
La crisis derivada de la pandemia por COVID-19, cuyas dramáticas dimensiones estamos viviendo, refleja la urgente necesidad de una respuesta multilateral, coordinada e inmediata. Paralelamente, ha contribuido a evidenciar, con más claridad que nunca, los obstáculos que persisten a nivel global para que las mujeres y las niñas ejerzan de forma plena sus derechos, y los muchos retos pendientes para cerrar las brechas de la desigualdad. Por ejemplo, ha habido un aumento en los trabajos de cuidados no remunerados que asumen las mujeres y las niñas; las barreras para que las mujeres participen en la vida pública; las mayores tasas de desempleo en los sectores económicos donde las mujeres están sobrerrepresentadas, y el incremento de la violencia de género.
El COVID-19 ha permitido hacer visible la contribución y el liderazgo de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, incluyendo su destacado rol en la respuesta y gestión de la pandemia. Las mujeres han dado un paso adelante, asumiendo su responsabilidad en primera línea de respuesta, como trabajadoras de la salud, tomadoras de decisiones, organizadoras comunitarias, cuidadoras, defensoras, científicas e innovadoras. Además, se encuentran entre las y los líderes más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias.
Las mujeres están marcando el camino en la tarea de reconstruir mejor, sin dejar a nadie atrás, a través del ejercicio de liderazgos, que se han descrito como más colectivos que individualistas, más colaborativos que competitivos y más orientativos que imperativos, no sólo en los liderazgos políticos formales, sino también en los comunitarios, desde las organizaciones y redes de mujeres y de los movimientos feministas.
En un contexto agravado por la pandemia, tenemos todas y todos la obligación de responder de manera extraordinaria. Y creemos que la clave se encuentra en fortalecer y garantizar el liderazgo transformador de las mujeres. Cuando más mujeres participan en la vida pública, y cuando hay un ejercicio compartido del poder, aumentan la calidad, la pertinencia y la eficacia de la formulación e implementación de políticas. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas: “La buena gobernanza y la democracia requieren liderazgo y representación inclusivos. Si hay más mujeres en los cargos públicos esa mayor presencia puede influir en las políticas públicas y las prácticas institucionales y hacer que respondan a las cuestiones de género.”
El multilateralismo y la cooperación internacional ofrecen la única plataforma para sumar y articular los esfuerzos que contribuyan a que más mujeres puedan ocupar espacios de toma de decisiones, en condiciones de igualdad y en entornos libres de violencia. En este ámbito, destaca la aprobación de la Resolución sobre las Mujeres y Niñas en las Respuesta al COVID-19 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que presentó España y copatrocinaron varios países, incluyendo México.
Para la Embajada de España en México y para ONU Mujeres, resulta de la mayor relevancia apoyar y promover esfuerzos que contribuyan a la consolidación de una democracia paritaria, transformadora y con las mujeres en el centro de todas las políticas.
Nos encontramos en un momento de cambio transformador. Es un momento de acción para hacer realidad las expectativas pendientes de las mujeres y niñas en el mundo. Nuestra responsabilidad es grande. Por ello, todo lo que hagamos durante y después de la crisis de COVID-19 debe tener por objetivo construir economías y sociedades más igualitarias, equitativas, inclusivas y sostenibles. Este 8 de marzo retumbaron en todo el mundo el clamor de millones de mujeres exigiendo reconstruir mejor nuestro futuro. Hoy, conjuntamente, todas y todos debemos garantizar que esa tarea global sea a la vez reconstruir con igualdad. Sin una actuación conjunta no podremos tener éxito.
Belén Sanz Luque y Juan López-Dóriga Pérez
Representante de ONU Mujeres en México y Embajador del Reino de España en México
En Santa María Guienagati, municipio indígena zapoteca de Oaxaca, fue asesinada Marycruz Z.Z., de 38 años de edad y madre tres niños, de quien sus familiares exigen justicia por su feminicidio.
El cuerpo de la comunera de origen zapoteca y dueña de una tienda de abarrotes en esa comunidad, se localizó la madrugada del domingo en el paraje Paso Limón a cinco kilómetros de la cabecera municipal, dio a conocer su familia.
Al lugar arribaron autoridades forenses de la vicefiscalía del Istmo de Tehuantepec, quienes recabaron evidencias y efectuaran las investigaciones.
Informaron que el cuerpo presentaba una herida de lado izquierdo de su mejilla y presuntamente fue estrangulada, sin embargo, serán las autoridades quienes dictaminen de qué murió la mujer, que fue velada en su hogar y este lunes por la tarde, será sepultada.
Guadalupe Quiroz Jiménez, cuñado de Maricruz, narró que el sábado, la mujer acudió a una convivencia tradicional conocida como “entrega de bebida” a otra localidad, y a su regreso, su hermano y otros conocidos la dejaron a cinco kilómetros de su casa, en un crucero, porque ella decidió caminar, pero entre las 02:00 y las 06:00 de mañana la hallaron sin vida.
Además, dijo era muy alegre, tranquila, amable y respetuosa, por lo que solicitó apoyo al gobierno federal y a las organizaciones civiles de mujeres, para que visibilicen el homicidio porque temen que por ser de una comunidad enclavada en la sierra mixe zapoteca, su feminicidio sea una estadística más.
“Pedimos que las autoridades federales de justicia investiguen, nosotros no sabemos qué ocurrió y pedimos que nos hagan caso y que el feminicidio de mi cuñada, no quede impune”, reiteró.
En lo que va del año, según datos del colectivo Ges Mujer, 18 oaxaqueñas, han sido ultimadas.
Desaparecen madre e hija en Monterrey
En Nuevo León, Jenifer Lizeth Jasso Guerrero de 19 años y su hija, Angelín Sugey Castillo Jasso de un año de edad, se encuentran desaparecidas desde el sábado, cuando acudieron a la estación Cuauhtémoc del Metro en el centro de Monterrey, a entregar un paquete de ropa de ventas que efectúan en redes sociales, de acuerdo a la Agencia Estatal de Investigaciones.
Ambas salieron de casa de los abuelos de Jenifer Lizeth, quienes les acompañaron hasta la estación Unidad Modelo, en la Avenida Aztlán, cerca de mediodía.
Aunque el viaje era directo y sin tener que transbordar, desde entonces se perdió el contacto con la joven.
Se informó que, al momento de su desaparición, Jenifer Lizeth vestía una blusa blanca de manga larga, con pantalón de mezclilla color azul y tenis rosas; mide cerca de 1.50 metros y es de complexión delgada.
Además, cuenta con tres tatuajes, uno de ellos en la palma de la mano derecha con el apellido Jasso, otro más con el nombre “Oscar” en el lado derecho del cuerpo y del lado izquierdo, el nombre de “Javier”.
Los familiares de la joven comentaron que este lunes en redes sociales recibieron una llamada de un presunto secuestrador, quien los citó en la estación Cuauhtémoc para presuntamente entregarle a ambas.
Sin embargo, las autoridades le pidieron no asistir al lugar, ya que se podría tratar de una extorsión.
Matan a tres mujeres en área metropolitana de Guadalajara
En las últimas horas, tres mujeres fueron asesinadas en la zona metropolitana de Guadalajara, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Detalló que este domingo a las 18:22 horas, en la calle de Miguel Sandoval, en la colonia Villas de Guadalupe del municipio de Zapopan, se localizó el cadáver de una mujer en el baño de unos locales abandonados.
El cuerpo presentaba huellas de violencia en varias partes, añadió la dependencia.
En tanto, durante la mañana del lunes otra fémina fue encontrada sin vida y con impactos de bala en la cabeza en la colonia Villa Galicia, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
La fiscalía indicó que recibió el reporte a las 7:27 horas, donde les informaban que el cadáver estaba abandonado en el antiguo camino a Cajititlán.
Mientras en Guadalajara, una mujer de unos 60 años fue trasladada a una clínica en la colonia Olímpica, pero al ser revisada se determinó que había fallecido.
Según el reporte de la fiscalía, a simple vista, la adulta presentaba múltiples huellas de violencia que en todo su cuerpo.
En los tres casos la dependencia a través del personal especializado en las investigaciones de las muertes violentas de mujeres abrió las respectivas carpetas de investigación bajo los protocolos de feminicidio.
Asesinan a dos mujeres cuando cambiaban una llanta
En el municipio mexiquense de Naucalpan, la noche del domingo, dos mujeres fueron ultimadas en la colonia Hidalgo, cuando realizaban el cambio de una llanta al auto que tripulaban.
Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense de la región, por el momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad de las occisas.
Detienen a entrenador de box por abuso sexual
En Atizapán de Zaragoza, estado de México, el entrenador de box Alejandro N, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, luego de que en un gimnasio habría realizado tocamientos a una menor de 17 años, quien acudió a tomar clases de ese deporte, en la colonia Lomas Lindas.
De acuerdo a las investigaciones ministeriales la agresión ocurrió luego de que la joven tuvo su lección de box y cuando pretendía retirarse; el ahora imputado al parecer la abrazó y tocó su cuerpo.
La menor de edad contó lo ocurrido a su mamá, quien se encontraba afuera de este inmueble, por lo que solicitó la presencia de elementos de la policía municipal quienes detuvieron al probable responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, después fue ingresado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla.
Cuando esta madre soltera, indígena y con poca educación formal lanzó su candidatura a la presidencia de El Salvador en 1930, las mujeres no podían votar. La tildaron de loca y analfabeta, pero su valentía abrió el camino a la participación política de las salvadoreñas.
Prudencia Ayala (1885-1936) tenía todas las papeletas para estar del lado de las olvidadas de la historia: mujer, indígena y pobre, solo pudo ir a la escuela hasta segundo grado porque su madre no podía seguir pagándola. Con su espíritu autodidacta y su pensamiento mágico —desde niña dijo que escuchaba voces y empezó a predecir el futuro— se fue haciendo un hueco en la sociedad salvadoreña de la época, hasta que en 1930 se convirtió en la primera en América Latina en postularse a la presidencia. Lo hizo “orgullosa de ser una humilde india salvadoreña”, como dijo al lanzar su candidatura, y en un momento en el que las mujeres de su país todavía no podían votar.
“La mujer ha gobernado en Europa en el sistema monárquico. ¿Qué de extraño tiene que gobierne en las Repúblicas del continente indo-latino-hispanoamericano? (…) No es arrebatar los derechos al hombre, sino constituir la soberanía nacional en los dos sexos que forman la familia humana”, escribió en la primera de las tres ediciones de Redención Femenina, un periódico que fundó para exponer sus ideas feministas. Con los trajes que se hacía a sí misma y un bastón de madera, un elemento que en aquel momento estaba reservado a los hombres intelectuales, Prudencia Ayala mostraba una valentía excepcional para enfrentarse a los prejuicios y el machismo imperantes.
Hija de un indígena mexicano y otra salvadoreña, Ayala nació en 1885 en departamento de Sonsonate. Con 10 años se mudó con su madre a Santa Ana, una ciudad cafetera donde conoció el movimiento sindicalista. Allí comenzó a ganarse la vida como costurera. A los 12 empezó a tener premoniciones que, años después, publicaría en el Diario de Occidente de Santa Ana. En sus páginas acertó con algunas profecías, como la caída del káiser de Alemania en 1914, lo que le valió el sobrenombre de la ‘Sibila Santaneca’.
Ya como madre soltera —tuvo dos hijos—, Ayala publicó poemas y artículos en los que promovía la unión centroamericana y la igualdad entre hombres y mujeres. También escribió contra las dictaduras y en contra de la intervención militar estadounidense en Nicaragua. En 1919 fue encarcelada tras acusar de corrupción al alcalde de Atiquizaya. Al salir de prisión se fue a Guatemala, donde la acusaron de participar en el golpe de Estado contra el dictador Manuel Estrada Cabrera. De vuelta en su país, publicó tres obras: Escible, Aventuras de un viaje a Guatemala (1919);Inmortal, amores de loca (1925) yPayaso literario en Combate (1928).
En junio de 1930, lanzó un órdago al presentarse a la presidencia de un país donde las mujeres no podían votar. “Lo veía como una lucha por los derechos femeninos”, afirma Tania Primavera, del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador (MUPI). “Irrumpe en un momento en que solo las mujeres de la alta sociedad salían en los comerciales peinándose, yendo a bailes. Había un gran lujo en la capital, mientras ella veía a los trabajadores del café sacando adelante este país y ganando una miseria. Ella trataba de cambiar todo eso”.
La candidatura de Ayala fue repudiada por muchos. Los diarios de la época la caricaturizaron y tacharon de loca, fea, analfabeta, bochinchera y marimacha. También tuvo aliados, como los estudiantes que la ovacionaban o el fundador del diario La Patria, Alberto Masferrer, con quien compartía ideas feministas y antimperialistas y quien definió su causa como “noble y justa”. De su plan de Gobierno, que tenía 13 puntos, dijo que no era inferior “al de los otros candidatos que se toman en serio”. En él promovía la educación pública, el apoyo a la clase obrera, el derecho al voto de las mujeres, la no discriminación a los hijos ilegítimos o suprimir “lo más posible” el aguardiente.
Su candidatura no prosperó porque la Corte Suprema determinó que las mujeres no tenían derecho a optar a cargos públicos. Prudencia Ayala falleció en julio de 1936 y permaneció en el olvido por más de medio siglo hasta que una casualidad la sacó del ostracismo. Fue en 1996 cuando uno de sus hijos vio una foto suya en una exposición del MUPI en San Salvador y le dijo al director del museo que su familia tenía un baúl con los escritos y objetos de su madre.
El hijo, ya anciano, falleció poco después de aquel encuentro, pero la pista le sirvió al museo para reconstruir su legado. Y Prudencia Ayala pasó de ser la “loca” que se postuló a la presidencia a una mujer valiente que, con rebeldía y determinación, luchó por lo que creía justo, generó un debate y sentó un precedente en la lucha de las mujeres salvadoreñas.
Este perfil forma parte de ‘Olvidadas por la historia’, una serie que recupera la figura de mujeres pioneras y adelantadas a su época que fueron ignoradas o minusvaloradas.
Las esterilizaciones forzadas en Perú en tiempos de Fujimori son violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres; un tema que atraviesa a la sociedad y sigue pendiente.
Se estima que entre 1996 y 2000, más de 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron sometidos en Perú a esterilizaciones forzadas. En la mayoría de los casos, sin preparación y sin cuidados postoperatorios.
Estos actos de violencia por parte del Estado responden al llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, y fueron perpetrados por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien los promovió como una medida para luchar contra la pobreza. Aunque están tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, la Justicia peruana aún no los ha esclarecido del todo, y los culpables no han sido juzgados ni castigados.
Este lunes (8.02.2021), los medios se hicieron eco del anuncio del Gobierno peruano sobre que «reconoce el derecho a la indemnización de las víctimas». Pero la noticia como tal «no es del todo precisa», explica a DW María Ysabel Cedano, abogada especializada en género de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), desde Lima.
María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), de Perú.
«La ley abre la puerta a los programas de reparaciones vigentes, incluidas la reparación económica, que requerirá modificaciones normativas del Poder Ejecutivo que deben ser hechas inmediatamente», añade, y «eso nos preocupa porque puede generar expectativas falsas si no hay voluntad política».
Con esta decisión, el gobierno incluye a esas mujeres en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del conflicto interno que enfrentó a las Fuerzas Armadas con los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El programa de esterilizaciones forzadas se focalizó en mujeres en edad reproductiva, la mayoría de ellas en situación de pobreza y gran vulnerabilidad. Muchas eran mujeres indígenas y migrantes internas. Algunas de ellas todavía no habían tenido hijos.
Es emblemático el caso de Mamérita Mestanza Chávez, una mujer de 33 años que fue intimidada desde 1996 hasta 1998, hasta que «accedió», bajo presión, es decir, sin consentimiento, a ser operada. No recibió ningún tipo de asistencia médica, ni antes ni después de la intervención, sufrió lesiones graves y murió debido a ellas. Su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) en 2003.
La Fiscalía de Perú lo archivó tres veces, lo que provocó protestas de la sociedad peruana y de organizaciones de derechos humanos. Finalmente fue reabierto, pero aún no se ha juzgado a los responsables.
Protestas en Perú por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas.
Demandas de justicia y reparación
La lucha por denunciar la impunidad que predomina en los casos de esterilizaciones forzadas tiene ya más de una década y es llevada a cabo por diversos movimientos de mujeres y de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional Perú, en su campaña «Contra su voluntad”, así como movimientos indígenas y de la colectividad LGTBI. Sobrevivientes y familiares de víctimas de esa práctica ilegal siguen exigiendo justicia y reparación.
En la nueva normativa se reconoce a las víctimas de «violencia sexual en todas sus formas”, lo que incluiría las esterilizaciones forzadas mediante ligaduras de trompas sin conocimiento ni consentimiento de las afectadas, lo que «atenta contra los derechos reproductivos”, dice María Ysabel Cedano.
Esto representa un hito, un importante avance en el reconocimiento legal de ese derecho de las víctimas, señala. Si bien el Estado peruano ya reconoció administrativamente esos derechos en más de una oportunidad, «se desdijo varias veces, y hubo retrocesos”, explica la jurista y analista política. Por ejemplo, durante el gobierno de Alan García. Después de él, el expresidente Ollanta Humala creó en 2016 el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual están inscritas más de 8.000 personas, mujeres y hombres.
Campaña de DEMUS «Somos 2074 y muchas más».
El fujimorismo rechaza reparaciones
Las congresistas indígenas quechuahablantes María Sumire, Hilaria Supa, y más tarde Tania Pariona, junto a DEMUS, lograron que se modificara la ley del Plan Integral de Reparaciones.
Rocío Silva Santisteban, congresista por el Frente Amplio, que retoma en la Comisión de Justicia la tarea de sus predecesoras, dijo en entrevista con DW que «el fujimorismo, que ha tenido la hegemonía en el Congreso en los últimos 15 años, niega que haya habido un conflicto armado interno en Perú. No solo sufrimos por el terrorismo en los años 80 y 90, sino también por la represión indiscriminada, en determinados momentos y lugares, del Ejército y la Marina. Por lo tanto, sí hemos estado ante un conflicto armado interno, según la nomenclatura de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por ese motivo, el fujimorismo ha querido negar todo lo vinculado a las reparaciones, pero en especial, a las reparaciones a las esterilizaciones forzadas”, aclara. El proyecto de ley ya existía, indica, pero había sido encajonado varias veces, y no fue dado a conocer a la opinión pública durante varios años.
Rocío Silva Santisteban, congresista por el Frente Amplio de Perú.
Cerca de 2.000 mujeres denunciaron formalmente haber sido esterilizadas sin su consentimiento, pero se desconoce el número exacto de muertes. El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Defensoría del Pueblo de Perú recopilan evidencias al respecto, por lo que se espera tener datos más precisos.
El proceso penal contra Fujimori y sus exfuncionarios de Salud no ha tenido avances significativos. El 1 de marzo está prevista una audiencia en la cual la Fiscalía presentará argumentos sustentando la denuncia final contra los imputados. «Luego de una investigación fiscal preliminar larga, penosa y revictimizante de más de 16 años, el Ministerio Público le cree a 1.307 denunciantes, y si hay investigación judicial y eso concluye en una acusación, se iría a juicio oral. Si eso no sucediera, sería un escándalo. Pero en este país, todo puede pasar”, advierte la abogada de DEMUS.
«Es un megajuicio, el primero de este tipo en Perú, y de importancia internacional, porque hay cerca de 1.700 víctimas que han demandado al Estado peruano, que, además, debe otorgarles defensa pública”, dice Silva Santisteban, que también es abogada y periodista, y está escribiendo un libro sobre el tema. Se trata de un proceso complejo, un nuevo capítulo «que debe iniciarse en memoria de tantas mujeres, como Mamérita Mestanza, y tantas otras que murieron por las consecuencias de esas operaciones insalubres y violentas”, sostiene.
«Hay esperanzas» en la Justicia peruana
Para María Ysabel Cedano, que se reconozca el derecho a indemnización «es saldar una deuda histórica del Estado y la sociedad peruana. Es tomar conciencia de que negarle justicia y reparación a las víctimas de esterilización forzada es negar el derecho a decidir de todas las mujeres peruanas. Porque el fundamento por el cual se las esterilizó forzadamente era que el Estado puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres. El Estado dijo que quería luchar contra la pobreza garantizando la autonomía de las mujeres, y lo que hizo fue negarles sus derechos a la planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos, el consentimiento previo libre e informado por escrito que debe existir en caso de emplear métodos irreversibles. El Estado llevó a cabo una política sin garantizar esos derechos”, puntualiza.
«Todo estaba organizado de modo que los operadores de salud, tanto enfermeras como médicos, cumplieran con determinadas cuotas de esterilizaciones”, cuenta la congresista Silva Santisteban. Si no se cumplían, no se les pagaba, y entonces «salían a buscar señoras”. Algunas mujeres, muchas muy jóvenes, iban al consultorio, se les daba una pastilla para dormir, y cuando despertaban, estaban esterilizadas sin su consentimiento.
Luego de este paso que abre un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad en Perú, está por verse si esas indemnizaciones se concretarán y llegarán realmente a las sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
Todavía no se sabe cuál será el monto de las indemnizaciones, ni la fecha en que entrarán en vigor. El gobierno aún no se ha pronunciado sobre medidas para que las víctimas puedan acceder al programa de reparaciones. «Vamos a realizar una serie de acciones para que haya un pronunciamiento oficial, con cartas abiertas, correos al ministro, actos en la calle, foros, tanto desde el movimiento ‘Somos 2074 y muchas más’, como desde el grupo de seguimiento de la Coordinadora de Derechos Humanos”, anuncia María Ysabel Cedano.
Para Rocío Silva Santiesteban, la lucha desde la política es «por la visibilización de un tipo de violencia sexual y de un tipo de control biopolítico sobre el cuerpo de las mujeres marrones, indígenas, mestizas, pobres, que no tenían la posibilidad de alzar su voz y no sabían cuáles eran sus derechos”. Ahora, las mujeres están planteando el tema en diversos espacios. Un tema que atraviesa varias capas de la sociedad, a nivel nacional, y que está siendo reconocido ya a nivel internacional, «algo que agradecemos”, manifiesta. Según la congresista, «hay esperanzas porque la Justicia peruana ha mejorado en los últimos años. Es la primera vez que tenemos una mujer como presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Hay esperanzas”. (ers).
Una encuesta nacional de EL FINANCIERO reveló opiniones encontradas entre hombres y mujeres acerca de la manera en que el gobierno manejó las protestas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Entre las mujeres entrevistadas, el 29 por ciento opinó que el gobierno lo hizo bien y el 44 por ciento que lo hizo mal, arrojando un saldo de opinión negativo. En contraste, entre los hombres el 41 por ciento calificó bien al gobierno y el 32 por ciento lo calificó mal, con un saldo de opinión positivo. La respuesta general, sin diferenciar a hombres y mujeres, fue de 35 por ciento de opiniones positivas y 38 por ciento negativas.
Ciudadanos creen que se manejo mal las protestas del 8MEspecial
Al preguntar cómo calificarían la valla metálica que se puso en torno a Palacio Nacional, la opinión positiva alcanzó 41 por ciento entre mujeres y 55 por ciento entre los hombres, mientras que las opiniones negativas sumaron 35 por ciento entre mujeres y 23 por ciento entre hombres. Aunque en este caso el balance es positivo entre ambos grupos, la respuesta negativa entre las mujeres fue más alta. En general, el 48 por ciento de las personas entrevistadas opinó favorablemente de la valla, mientras que el 29 por ciento opinó desfavorablemente.
Encuestados apoyaron instalación de Valla en PalacioEspecial
En la encuesta también se preguntó respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador en Guerrero, confirmada por Morena después del 8 de marzo. El 15 por ciento de las personas entrevistadas opinó bien o muy bien de la candidatura, mientras que una mayoría de 52 por ciento opinó mal o muy mal.
En este caso la diferencia entre hombres y mujeres fue mínima: entre los hombres, la opinión positiva alcanzó 17 por ciento y la negativa 53 por ciento. Entre las mujeres, la opinión favorable fue de 14 por ciento, tres puntos menos que entre los hombres, y la opinión desfavorable fue de 51 por ciento, mayoritaria, pero dos puntos abajo de los hombres.
Hombres y mujeres criticaron candidatura de Félix SalgadoEspecial
Entre las mujeres se registró una mayor incertidumbre sobre el tema Salgado Macedonio, toda vez que el 25 por ciento de ellas dijo “no sabe”, comparado con el 15 por ciento de los hombres. La encuesta se hizo por vía telefónica, a nivel nacional, el 12 y 13 de marzo, a 500 adultos.
Ciudadanos opinan sobre manejo de protestas de mujeresEspecial
Metodología: Encuesta nacional realizada por vía telefónica a 500 mexicanos adultos el 12-13 de marzo de 2021. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento.
Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.
Las mujeres fueron las que en mayor medida salieron del mercado laboral con la pandemia de Covid-19, pero no sólo eso la recuperación de espacios de trabajo para ellas es 11 por ciento más lenta que para los hombres, expuso Marcelo Cabrol, gerente de Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las mujeres fueron las que en mayor medida salieron del mercado laboral con la pandemia, pero no sólo eso, la recuperación de espacios de trabajo para ellas es 11 por ciento más lenta que para los hombres, expuso Marcelo Cabrol. Foto tomada del Twitter de @Educacion_Ec / Archivo
Además de la desigualdad de género, se ampliaron la brechas en acceso a la educación —mientras el promedio global son 98 días de cierre en las escuelas dada la pandemia, en América Latina alcanzan los 158—, se modificó el acceso a la salud y al empleo, dadas las herramientas tecnológicas. “Esta pandemia evidentemente nos dice que el mundo ha cambiado”, abundó.
En el diálogo con especialistas Juliana Londono-Velez, profesora adjunta de Economía de la UCLA, consideró que de cara a la recuperación es necesario revaluar el contrato colectivo hacia uno más justo, en parte con una reforma tributaria con impuestos al capital, a dividendos, al patrimonio, así como otras modificaciones que corrijan las fallas en beneficios fiscales.
Expuso que, por lo pronto, las redes de protección social a través de transferencias ayudan a paliar la crisis. “La evidencia que hay en este contexto de emergencia es que no han desincentivado la búsqueda de empleo” y han contenido la caída en el consumo. “El reto es estabilizar las finanzas públicas”, que aumente la recaudación y permita seguir con estos apoyos de emergencia, detalló.
En materia de salud, avances hacia la telemedicina que se pensaban posibles sólo en cinco años, se lograron en menos de cinco semanas. Se logró mayor cobertura con la automatización, pero viene una “nueva crisis de salud pública” por las enfermedades mentales y los efectos de la recesión en la sociedad, como la falta de trabajo, de un hogar, explicó Walter Suárez, director ejecutivo de Estrategia Tecnológica en Salud de Kaiser Permanente.
Cecilia Gordano, CEO de Mercer de Argentina, expuso que en el rubro laboral, el objetivo sería ir a un sistema dual, en oficinas y hogares. Con la pandemia aumentaron los niveles de estrés y cantidad en el trabajo, lo que debería llevar a nuevas modificaciones a ley laboral para regular esta situación. Además subrayó que la tecnología, si bien ha sido de ayuda en esta pandemia, puede ampliar las brechas de acceso al empleo para quienes no tienen conocimiento para aprovecharlas.
En ese sentido, Lucia Dellangello, presidenta del Centro de Innovación para la Educación Brasileña, explicó que también se debe pensar en rediseñar la educación porque millones de niños no tienen acceso a dispositivos o internet y en otros casos las escuelas están transmitiendo clases en una forma muy tradicional. “El problema es que los profesores no están capacitados para estas tecnologías” y los niveles de aprendizaje son muy bajos, explicó.
El liderazgo de las mujeres en la lucha por la despenalización de la marihuana es patente: madres que cultivan para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas con alguna enfermedad o discapacidad; mujeres y madres consumidoras que defienden el derecho sobre su cuerpo, el derecho al placer y al libre desarrollo de la personalidad
La despenalización de la marihuana en México no es una lucha ajena a las mujeres. Desde 2006 ha sido patente no sólo su participación sino también su liderazgo, y de manera más visible desde el 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para el consumo lúdico de cannabis a cuatro personas, una de ellas, mujer.
El motor de la lucha han sido, sin duda, madres que cultivan para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas con alguna enfermedad o discapacidad; mujeres y madres consumidoras que defienden el derecho sobre su cuerpo, el derecho al placer y al libre desarrollo de la personalidad.
Pero también están las que defienden a otras mujeres, las que están en prisión, las famosas “mulas”, que cometen delitos contra la salud obligadas por la necesidad, la pobreza o las relaciones inequitativas de poder.
Desde el Congreso de la Unión, son diputadas y senadoras que se atreven a llevar plantas de marihuana al recinto, que se reconocen feministas y consumidoras, que alzan la voz contra el prohibicionismo, las que están dando la batalla legislativa.
Mujeres que luchan contra los prejuicios y estigmas que hay hacia la planta y hacia ellas. Mujeres que le apuestan a un país donde el Estado legalice y regule el cultivo y el consumo de la cannabis, en beneficio de la salud pública y la justicia social.
Si la construcción de la historia y sus narrativas dependen también de las relaciones de poder, en un sistema patriarcal no es raro la invisibilización de las mujeres en las luchas sociales, pero ahí han estado siempre. Y estarán.
Mamás que cultivan
“Esta no solamente es mi lucha —aclara Margarita Garfias, mamá de Carlos, un joven con discapacidad múltiple—, es la lucha de miles de madres en la República Mexicana”. Una lucha a la que las familias se enfrentan solas y que, en la mayoría de los casos, termina convirtiéndose en una batalla sólo de las mamás con hijos o hijas que tienen algún tipo de padecimiento como epilepsia refractaria, o enfermedades poco comunes.
Margarita Garfias es una madre cultivadora, pero esa no fue su primera opción. Antes usó un aceite aprobado para uso médico, un suplemento alimenticio alto en Cannabidiol (CBD), un componente no psicoactivo de la marihuana, que ella importaba. “Nos salía en 6 mil 500 pesos cada frasco, Carlos tomaba dos frascos y medio al mes, y no nos lo cubría el seguro, teníamos que pagar un agente aduanal, sin embargo comenzó a disminuir sus crisis epilépticas”.
Por desgracia, no fue suficiente. El organismo de Carlos llevaba 12 años de medicamento y a los ocho meses creó resistencia al aceite, “entonces nosotros tuvimos que buscar en Estados Unidos otro aceite o suplemento de cáñamo o de cannabis alto en CBD, pero con .3 por ciento de THC (que tiene la particularidad de regular el sistema inmunológico), sin que fuera legal en México el THC”.
El CBD, de acuerdo con la investigadora Mara Islas, es un componente no psicotrópico del cannabis (marihuana), “que posee una gran gama de oportunidades para el tratamiento de diferentes padecimientos”.
El THC es el componente del cannabis que está asociado con el efecto psicodélico de la planta, por lo cual es el más estigmatizado y el que ha tenido una prohibición histórica.
El nuevo aceite le ayudó a Carlos más o menos un año, hasta que volvió a presentar tolerancia. Pero fue tiempo suficiente para que Margarita Garfias aprendiera “a través de tutoriales y de otras mamás que ya estaban cultivando: cómo cultivar, dónde comprar las semillas. Me veías atenta a todos los tutoriales que había de médicos en YouTube”, y ya tenía su primera cosecha.
Antes del uso de cannabis, a Carlos debían internarlo en el hospital dos veces al año por un estado epiléptico, “[que es] cuando una convulsión dura más de cinco minutos y ya no para, entonces hay que inducir un coma barbitúrico para desconectar el cerebro y que el sistema nervioso se vuelva a reiniciar”.
A partir de que Margarita comenzó a producir y administrarle a Carlos sus propios aceites, disminuyeron las crisis epilépticas: “cuando comenzamos a utilizar el THC el sistema inmunológico se reguló, entonces Carlos se olvidó de las hospitalizaciones”.
“Ahorita ya llevamos cuatro años sin que pise un hospital para quedarse internado, entonces eso representa calidad de vida, para la familia representa calidad económica, porque el servicio público no tiene todos los servicios que necesitan niños o niñas como Carlos, los padres tenemos que pagar”.
“El Estado —lamenta— nunca nos ha puesto atención, ni nos había volteado a ver para dar realmente un esquema terapéutico, para al menos dar calidad de vida”.
En 2015 inició la lucha de Margarita Garfias y otras mamás para lograr una reforma que les permitiera cultivar con fines médicos, aun cuando había quienes, ante la desesperación de ayudar a sus hijos o hijas, lo comenzaron a hacer desde antes.
En medio de la tranquilidad, tanto en términos de salud como económicos, que trajo el uso de cannabis para ella y su hijo, llegó también “mucha inseguridad, por la certeza legal, porque estamos haciendo algo que es ilegal”.
“Como no había un reglamento, los médicos no podían extender recetas [para usar cannabis]. Los médicos solo pueden extender recetas de medicamentos conocidos, que por cierto son pocos y carísimos, como el epidiolex, que es un fármaco desarrollado para niños con epilepsia refractaria, pero el frasco anda como en 28 mil pesos mensuales, y creo que aunque tuviera la receta no tendría el dinero para comprarlo; eso es lo único a lo que Carlos podría acceder con una receta médica”.
De hecho, en la experiencia de Margarita Garfias y otras mamás que se enfrentan a los mismos retos, la mayoría de los médicos le cierran las puertas a las familias en el momento en que saben que están usando cannabis, “es algo muy frustrante, no sólo nos dejan en el exilio legal, también en el exilio médico”.
Danaé Ochoa, otra mamá que cultiva cannabis para el tratamiento de su hija Maya, refiere incluso que su médico llegó a sugerir que ella además fumaba la planta, “y yo así de: si yo hiciera eso sería algo que a usted no le incumbe, porque la paciente es la niña, no yo.”
Incluso en algún punto, al ver los avances en la salud de su hija, a raíz del consumo de cannabis, ella optó por ocultarle al médico que le había retirado algunos medicamentos.
Danaé Ochoa está certificada como cuidadora cannábica. “Tengo una certificación en Estados Unidos y tengo una certificación en Chile. La de Estados Unidos la pude hacer en línea, pero la de Chile sí tuve que viajar a certificarme, para que la gente y, sobre todo, los médicos vean que una no está haciendo esto inconscientemente”.
De fondo, el temor tiene que ver con la criminalización, porque “todo era ilegal en ese entonces, de hecho sigue siendo ilegal, porque a pesar de que el reglamento (para el uso medicinal de la marihuana) entró hace una semana, aunque tenía que entrar en 2017, a pesar de que ya haya un poquito más de apertura en el consumo lúdico, lo que yo sigo haciendo, que es cultivar, transformar y administrar en una menor de edad con una discapacidad, sigue siendo totalmente ilegal”, reconoce Danaé Ochoa.
El 18 de mayo de 2018 nació formalmente la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios, desde donde Margarita Garfias, Danaé Ochoa y otras mamás se han organizado para impulsar el avance legal de la regulación y consumo de cannabis.
“(…) Pero nuestra carrera ya viene de más atrás. Nosotras como mamás, cuando se convocó para la creación de la Constitución de la Ciudad de México, metimos tres iniciativas y las tres quedaron”. Garfias se refiere a cuando el Distrito Federal pasó a ser Ciudad de México y hubo un convocatoria pública para redactar su Constitución.
Esas tres iniciativas permitieron que se reconocieran el trabajo de cuidados no remunerados, la existencia de las personas con discapacidad múltiple, “porque antes de esta constitución, en México no se hablaba de la discapacidad múltiple, nuestros hijos e hijas eran un cero a la izquierda”, y el uso terapéutico de cannabis.
Ahora buscan llevar ese reconocimiento al nivel federal. En 2017 lograron que se aprobara el uso medicinal de la marihuana, aunque recién en enero de este año se publicó su reglamento. En el tema del trabajo de cuidados, apenas en noviembre del 2020 pasó a la Cámara de Diputados la iniciativa que modifica el artículo 4º Constitucional, para reconocer el derecho al cuidado y al tiempo propio de las mujeres, así como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.
Esto “pondrá en el centro las necesidades de las personas con discapacidad múltiple, que son las que requieren mayor intensidad de cuidados y apoyo, para tener vida digna y autónoma, y también nos ayudará a las mujeres a liberar tiempo para dar calidad de vida, calidad económica a nuestros seres queridos”.
Desde Familias y Retos Extraordinarios, además de hacer cabildeo legislativo, dan acompañamiento a otras mamás que empiezan en el uso médico de cannabis, tienen un banco de medicamentos, apoyan con despensas, organizan charlas y conversatorios con especialistas en nutrición y neuropediatras “que, por desgracia, no están al alcance del bolsillo de muchas mamás”.
También dan talleres sobre corresponsabilidad de cuidados a otras mamás del grupo, empoderan a las líderes en los estados para que comiencen a alzar su voz y han establecido contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues “es importante que las mamás se reconozcan como sujetas de derechos y que reconozcan a sus [hijas e] hijos como sujetos de derecho, no como sujetos de buena voluntad”.
Marihuana con m de mujer
Mariana Sevilla, activista e integrante de México Regula, otra de las organizaciones que se han vinculado con la lucha por la regulación, no duda cuando afirma que el movimiento por la despenalización de cannabis ha sido liderado por mujeres.
“Patricia Mercado fue la primer candidata en poner en la plataforma electoral el tema de la regulación; la primera diputada en presentar una iniciativa de marihuana fue Elsa Conde; la senadora que nos convocó y quien debería tener crédito por impulsar el movimiento cannábico fue Martha Tagle, las mamás como Margarita Garfias han sido indispensables en esta lucha”.
Y en su lista suma a Amaya Ordorika, de ReverdeSer; Zara Snapp, del Instituto RIA y Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), desde donde se impulsaron los amparos a favor de la regulación.
Pero Mariana Sevilla mira hacia el norte y advierte lo que sucedió en Estados Unidos, donde primero se pensó que la industria cannábica le abriría las puertas a las mujeres, y poco a poco las han ido relegando a espacios más limitados.
Por ello “estamos haciendo nuestro esfuerzo para que eso no ocurra en el modelo mexicano, pero sí preocupa lo que pueda ocurrir hacia un futuro con la regulación y el lugar que puedan jugar las mujeres, tanto en la industria como en la parte que el gobierno vaya a implementar”.
“Mi teoría —concluye Sevilla— es que si sólo fuéramos las mujeres las responsables de regular esto, ya se hubiera hecho hace mucho tiempo y se hubiera hecho mejor de lo que está saliendo”.
Y es que el tema atraviesa a las mujeres desde cualquier ámbito, dice Polita Pepper, de Cannativa AC, e integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Cannábicas:
“En cualquiera de sus ámbitos, producción, distribución y consumo (…) sea cual sea la forma en la que te vincules, si eres una mujer productora vinculada al campo mexicano, ahí vas a tener particularmente tu relación con la planta de un cultivo ilícito, además de pertenecer a una población que ya de por sí está sistemáticamente vulnerada por el Estado mexicano”.
Lo mismo si se trata de una mujer consumidora en alguna ciudad, “peor si eres madre, pero si no eres madre, también vas a tener un doble estigma que tiene que ver con ese objeto totalizante de la prohibición que tiene que ver con los cuerpos”.
Y es en esa lucha por la autonomía de nuestros cuerpos y de nuestros territorios, donde Polita Pepper encuentra la convergencia de la liberación de la planta de cannabis con el feminismo, porque “nosotras tenemos el derecho legítimo de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, así como sobre nuestros territorios, [pero] el consumo y el derecho legítimo de disfrute de nuestro cuerpo, todo lo que está vinculado a la esfera de sentir placer, particularmente en el mundo de las drogas, está doblemente sancionado para las mujeres”.
Sobre todo si se considera que “el mundo del cannabis es muy masculinizado, y ese mundo mantiene esas prácticas que son de gueto, de reproducir esas prácticas sexistas donde las mujeres no entramos, simplemente porque no estamos consideradas, es como un pequeño bastión donde se reproduce esa lógica del patriarcado, que también sanciona el legítimo derecho al privilegio autogestionado del placer”.
Con Polita Pepper coincide Monse Angulo, joven socióloga consumidora de cannabis, que forma parte de la organización ReverdeSer, y quien también defiende que las mujeres tenemos “derecho a decidir sobre nuestras cuerpas en un sentido amplio, desde nuestra sexualidad, [y lo] que consumimos; lo veo como algo reciente, como una nueva ola de derechos”.
La discusión y la reflexión, entonces, debe centrarse en lo político, sugiere Monse Angulo, “para decir qué significa esto, qué impacto tiene en nosotras la prohibición, o que se apruebe una ley de cannabis de esta forma, qué impacto tiene en nuestras vidas”.
Cuando consumir es temer
Las mujeres han tenido que romper los esquemas del mundo tradicional del cannabis y han organizado sus propias redes seguras. En el mundo del cannabis, como en casi todos los ámbitos, hay condiciones de inequidad, pero en México es muy evidente que gracias a la organización las cosas han cambiado.
En general los espacios cannábicos son muy masculinizados, pensados para hombres. Mariana Sevilla, de México Regula, una de las organizaciones que se ha sumado a la lucha por la regulación, pone como ejemplo las exposiciones de marihuana, y cuenta que casi siempre las pocas mujeres que había generalmente eran edecanes, chicas con poca ropa: las mujeres no estaban en espacios de toma de decisiones, en espacios para ellas.
En general al ser mujer se está en una condición de mayor vulnerabilidad al consumir, Monse Angulo, integrante de ReverdeSer, dice que la diferencia entre hombres y mujeres al acercamiento es muy grande, empezando por el problema al adquirir marihuana, con quién ir y dónde fumar.
“Me di cuenta de cómo los dealers tienen cierta diferencia de trato con las chicas, por lo regular siempre hay una connotación sexual de intercambiar algo más que la compra-venta, que sería, bueno, que sería con un pago”.
Tampoco es lo mismo para una mujer consumir y que pueda sentirse mal, darle la famosa “pálida”, en un espacio no seguro. Siempre debe procurar hacerlo con alguien de confianza cerca o pendiente, respondiendo a la misma lógica de ser mujer en México: casi ningún espacio es seguro.
Ante esto, muchas chicas han optado por crear sus propias redes y sus propios espacios, donde hay desde compra y venta hasta autocultivo, y lugares confiables de consumo.
Para Monse son estas desigualdades, de la mano con el crecimiento de la ola del feminismo en México, lo que ha detonado con más fuerza que se visibilicen las necesidades y derechos de las mujeres usuarias.
“Estamos saliendo a decir que somos usuarias y pues tenemos nuestros derechos al libre desarrollo de la personalidad, a nuestros cuerpos. Creo que era fundamental que esta conversación se detonara entre nosotras”.
Maternidad canábica
“Podría empezar mencionando que es como cualquier consumo de otra sustancia, como otras drogas, sólo que son legales. No he conocido a ninguna persona que no dependa de alguna droga, como el azúcar, el café o el cigarro. Diario lo consume y no se les cuestiona: oye, ¿tú cómo puedes vivir tomando tanto café todos los días?”, cuestiona una madre que consume cannabis y que, junto con otras, defiende su derecho a hacerlo: madres cannábicas.
Y agrega: “Muchas personas tienen ese pensamiento de una persona que fuma: piensan que está bien volada y viendo elefantes y, la verdad es que no es así. Puedes hacer la mayoría de tus labores después de fumar y no pasa nada, es más, hasta las haces un poco más minuciosas o con más atención en algunas situaciones”.
El estigma hacia las madres que consumen cannabis se inscribe dentro de lo que Polita Pepper identifica como una doble sanción del patriarcado por el uso y disfrute del cannabis, que induce al placer y al autoconocimiento, debido al “esencialismo binario en el que se mueve nuestra cultura occidental, que es vincular a la mujer única y particularmente con la madre, esa mujer madre, mujer naturaleza, mujer cuidadora, mujer sanadora, mujer como única proveedora de esa atención y de ese cuidado”.
Las madres cannábicas organizadas como colectiva denuncian justamente que se les señale y criminalice por ser usuarias. “La mayoría en algún momento puede llegar a sentir miedo o sienten miedo al considerarse [usuaria]. También [es un riesgo] el que no vivan en un espacio seguro y que hayan estado con una pareja que no esté de acuerdo con que fume cannabis y que a cada rato las esté amenazando, condicionando, chantajeando [respecto de la custodia de sus hijos o hijas], y no solo la pareja, creo que también pueden ser hasta familiares”.
“Soy usuaria de cannabis, soy madre y también me informo, conozco mis derechos y sé que por usar cannabis no voy a ir a la cárcel, no soy mala madre o no soy mal ejemplo”, concluyen las mamás cannábicas.
El sistema endocannabinoide
La nutrióloga Ángela Guillermín escuchó por primera vez del sistema endocannabinoide en un seminario de medicina deportiva y nutrición. “La verdad es que cuando yo escuché esto, pues con ya muchos años de uso lúdico me abrió toda una ventana, una alternativa de posibilidades”.
Ángela explica que el sistema endocannabinoide es un sistema de neurocomunicación cuya función es justamente comunicar y dar las señales adecuadas para que nuestros sistemas (neuronal, inmunológico y endócrino) hagan sus funciones, se recuperen y se equilibren.
Todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide, el cual fue descubierto en la década de 1990. Este sistema de neurotransmisión está compuesto por receptores, proteínas receptoras específicas y sustancias que nuestro organismo sintetiza, que son los cannabinoides. La familia de receptores que responden a los cannabinoides en todas sus variantes han sido identificados y clasificados en dos grupos principales: receptores CB1 (RCB1) y CB2 (RCB2).
La participación demostrada por cada una de las estructuras químicas mencionadas (ligandos endógenos, enzimas que los degradan, receptores propios y la demostración de la presencia y ubicación en células, tejidos y órganos) en múltiples procesos fisiológicos permite considerarlo como un sistema, ya reconocido como sistema endocannabinoide (SE), lo cual demuestra su gran importancia para la supervivencia del individuo y la especie humana.
El sistema endocannabinoide o cannabinoide endógeno constituye un nuevo sistema de señalización, modulación y regulación a distintos niveles del organismo, desempeñando un papel modulador de distintos procesos cerebrales, inmunológicos, cardiovasculares y, de forma menos clara, el metabolismo energético y endócrino.
Actualmente se conocen tres tipos de cannabinoides: los fitocannabinoides, que son los que sintetiza la planta de marihuana de manera natural; los endógenos, que produce el organismo humano, y los sintéticos, que son los que se crean en el laboratorio. Esto significa que los cannabinoides, contenidos en la planta de marihuana, hacen interacción directa con algunos de los receptores que tenemos en nuestros cuerpos.
La investigadora Mara Islas de la UNAM explica que la planta de cannabis está compuesta por al menos 120 fitocannabinoides, es decir, cannabinoides de origen vegetal, entre los que destacan el THC y el CBD. El primero es el componente con propiedad psicotrópica, cosa que no tiene el CBD, lo que significa que tienen efectos muy distintos al ser consumidos; sobre todo cuando se utilizan con fines terapéuticos.
Karina Malpica, terapeuta y fundadora del sitio MindSurf, y Allionka Citlali P. Ángeles Moreno, Química Farmacéutica Industrial e integrante y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, coinciden en que el sistema endocannabinoide está encargado de funciones como el estado de ánimo y el dolor, a través de los neuro-receptores, y por ello sirven para modular a varios neurotransmisores, principalmente la dopamina y la serotonina.
Por eso, los cannabinoides ayudan para tratar varias enfermedades o padecimientos, por su interacción con los receptores dentro de nuestro organismo. Y apenas en los últimos años ha tomado más interés entre la comunidad médica y científica el reconocimiento e investigación del sistema de los endocannabinoides.
La nutrióloga Melissa Tena, integrante de Sativa Care, clínica de atención integral con cannabis medicinal en México, explica que los seres humanos tenemos cannabinoides identificados como la anandamida y la 2AG, que son muy parecidos al THC y CBD de la planta de marihuana. El sistema endocannabinoide está compuesto por receptores llamados CB1, CB2 y Vaniloides, que están presentes en ciertas células del sistema inmunológico. Los cannabinoides de la marihuana interactúan de manera diferente con cada uno de los receptores que tenemos en nuestro organismo.
Los endocannabinoides son sintetizados, liberados, recaptados y degradados en las células nerviosas del hipocampo, tálamo, cuerpo estriado, corteza cerebral, puente, cerebelo y médula espinal, todo lo cual confirma su posible función como neuromoduladores donde producen efectos farmacológicos similares a los del CBD, pero con una duración de la acción mucho más corta.
Karina Malpica, quien se ha especializado en terapias usando cannabis crudo, explica que “la principal función de este sistema endocannabinoide es la homeostasis, [que es] mantener todo en equilibrio dentro del organismo y, como tenemos receptores prácticamente en todo el organismo, en todos los sistemas (inmunológico, neurológico y endocrino) el sistema endocannabinoide es como un sistema regulador del resto de los sistemas, por eso tiene tantos beneficios en diferentes padecimientos”.
En esto coincide Citlali Moreno, quien dice que estas interacciones con los neurotransmisores es lo que vuelve a los cannabinoides algo muy atractivo para la farmacología, porque pueden ser empleados para tratar distintos padecimientos. En cuanto a las interacciones farmacológicas, la respuesta que se obtendrá del cannabinoide en particular varía a partir del lugar donde esté cada receptor dentro del organismo.
“Dependiendo de dónde se sitúe el receptor es la respuesta que vamos a tener, y también depende del tipo de cannabinoide que se pegue a ese receptor”.
Cannabis medicinal
Cuando Karina empezó a cultivar sus plantas, en 2017, su papá se enfermó. Tenía fallo renal, estuvo hospitalizado y muy grave; Karina sugirió que fuera tratado con ciertos aceites de cannabis, pero tanto él como los médicos se negaron rotundamente, dijeron que se podía intoxicar, y lo mandaron a dializarse. Pero al señor no le gustó, “dijo que prefería morirse, que lo llevaran a la casa”.
Y ahí fue cuando su hija insistió otra vez. “Pues, papá, si estás desahuciado, si ya te vas a morir, déjame darte cannabis”. El señor accedió. Karina había estado investigando que en esos casos la mejor forma de administrar los cannabinoides era en su forma ácida, es decir, antes de aumentar su temperatura, o sea crudos, y empezó a darle jugo con las hojas verdes, flores crudas y frutas. Ella cree que gracias a eso salvó su vida.
Otro de los beneficios de la planta es la semilla, que no tiene cannabinoides sino ácidos grasos omega 3 y omega 6 . Los AG Ω-3 son componentes estructurales del cerebro y de la retina durante el desarrollo del feto. Durante el crecimiento y en la adultez, tienen efectos antitrombóticos y antiarrítmicos, aumentan el tiempo de sangrado evitando la adherencia de plaquetas en las arterias, previenen la aterosclerosis al reducir las concentraciones de colesterol en plasma, son esenciales para un adecuado desarrollo y funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Se concentran en la retina y la corteza cerebral, mejorando las funciones cerebrales durante el aprendizaje, y también son precursores de compuestos hormonales como los prostanoides (prostaglandinas y tromboxanos) que facilitan la transmisión de mensajes en el sistema nervioso central. También se encuentran formando parte de todas las membranas celulares.
Para Citlali Moreno es muy apasionante el estudio de las interacciones de los cannabinoides, porque la planta de marihuana tiene ciertos principios activos que han demostrado tener un gran potencial farmacológico para el tratamiento de distintas enfermedades.
Su colega Mara Islas agrega que tanto en la parte inmunológica como en el sistema nervioso central hay impactos positivos de los cannabinoides, no sólo para padecimientos como la epilepsia, sino, por ejemplo, para la demencia, la ansiedad y el insomnio. “Yo diría que el cannabis tiene que considerarse como un coadyuvante mientras encontramos dosis correctas y los objetivos a los cuales nos vamos a dirigir para poderlo manejar de manera adecuada”.
Las propiedades de la planta pueden ser usadas también en la nutrición. Esto lo han explorado mujeres como Ángela Guillermín y Karina Malpica, la segunda sobre todo con la hoja cruda.
Aunque cada vez hay más estudios y apertura para la investigación y experimentación, sigue habiendo un gran prejuicio. Y no sólo en el área médica y científica, sino en general en cualquier ámbito donde se quiera hablar de cannabis.
La abogada Mariana Larrea cuenta que su papá, durante los últimos meses de vida, se negaba a tomar gotas para el dolor.
“Después de dos meses me dio las gracias, pero al principio me decía: ¿cómo me vas a dar droga?, y yo: papá es que no es droga, te va a ayudar. Y claro que le ayudó muchísimo al dolor, a dormir, a descansar, tenía una mejor calidad de vida, aunque sea en esos últimos meses. Entonces, sí es un estigma, (…) si él me hubiera permitido dársela antes, y si este estigma no hubiese existido en nuestro país, igual y [él] aquí estaría”.
Legislar con perspectiva de género
En 2006, en plena campaña presidencial, cuando nadie hablaba de marihuana, Patricia Mercado dijo que estaba a favor de su legalización e incluso reconoció que la había probado alguna vez.
En 2007, Elsa Conde presentó la primera iniciativa para su regulación en la Cámara de Diputados, a la que se adhirió Martha Tagle, quien desde entonces ha impulsado la legislación al respecto.
En 2018, la entonces senadora y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Senado una iniciativa para despenalizar su consumo; el mismo año lo hizo también Tagle ante la Cámara Baja. A estos pocos nombres de legisladoras que luchan por la regulación del cannabis, se han sumado en los últimos años Jesusa Rodríguez y Verónica Juárez.
“Ahora ya hay más apertura para hablar del tema, lo discutimos públicamente sin riesgo a ser señaladas, y los consumidores se reconocen como tales”, dice Tagle. Aunque es un avance insuficiente, porque “de lo que sigue sin hablarse mucho, al menos en el Congreso de la Unión, es de la urgencia de legislar con perspectiva de género”.
Zara Snapp, del Instituto RIA, y una de las personas que ha ganado un amparo para cultivar y consumir con fines lúdicos, está convencida de la importancia de legislar con perspectiva de género y pone varios ejemplos:
“Antes, [en la propuesta legislativa] había una prohibición completa de consumo para mujeres embarazadas o lactantes, que es algo que no existe ni para el alcohol, ni para el tabaco, y está bien hacer recomendaciones; aunque los estudios sobre eso varían mucho, y en realidad para muchas mujeres consumir en diferentes etapas no siempre es dañino, puede ayudar con las náuseas, dependiendo de cómo lo consumas y el modo de administración”.
Eso ya se corrigió en el dictamen, explica Snapp, y señala otro tema que puede ser discriminatorio para las mujeres: “hay una prohibición para consumir frente a menores de edad y personas que no den su consentimiento, pero qué es frente a un menor de edad, si yo estoy en la misma casa, ¿eso es enfrente? Si yo estoy afuera en un jardín y mi hijo está jugando a unos metros, ¿eso es enfrente?”.
En ese sentido, advierte Tagle, “un tema fundamental es que en el caso de las mujeres hay mucho mayor estigma, así como sucedió cuando las mujeres comenzamos a consumir otro tipo de drogas legales, como el alcohol o el tabaco”.
Justo es el señalamiento de Snapp, que la regulación sobre el consumo se homologue con el alcohol y el tabaco, porque “yo puedo consumir cerveza enfrente de mi hijo y no me dicen nada, yo puedo fumar tabaco; deberíamos hacer recomendaciones, pero no deberíamos criminalizar, porque son principalmente mujeres las que cuidan a menores de edad o personas con discapacidad que no pueden dar su consentimiento, porque no tienen la capacidad de hacerlo”.
“Es muy importante entender el papel que han tenido las mujeres —pide Snapp—, y no tener una ley que se podría aplicar desproporcionadamente”.
Otro asunto que debe discutirse desde esta perspectiva es el de las mujeres en prisión por delitos relacionados con el cannabis, y adelanta Zara Snapp que van “a estar exigiendo un plan de excarcelación (…) Sabemos que son muchas las que están encarceladas por haber transportado pequeñas cantidades”.
Isabel Erreguerena, de Equis Justicia, expone el panorama a detalle: “las mujeres representamos entre el 5 y el 7 por ciento de la población penitenciaria en el fuero federal; la primera causa por la que las mujeres están en prisión, representando el 43 por ciento (2018), son los delitos contra la salud”.
Y entre 2016 y 2018 el incremento de detenciones de mujeres por este delito aumentó 105 por ciento, mientras que en el caso de hombres fue de solo el 50 por ciento.
La Encuesta Nacional de Población Penitenciaria revela que “la mayoría de las mujeres detenidas por este delito, fue por posesión con fines de comercio ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un poco más de lo que es aprobado tener, son las mal llamadas mulas. En su mayoría son mujeres primodelincuentes, que no han cometido ningún delito, que no hay concurrencia de delito, y que los delitos, son delitos no violentos, y son mujeres en situación de vulnerabilidad”.
La abogada Erika Santana, quien estuvo involucrada en la redacción del reglamento para el uso medicinal de cannabis, explica desde su experiencia como defensora, las razones de las mujeres para vincularse con este delito:
“En todas predomina la pobreza y la falta de una capacitación profesional técnica para poder acceder a otro trabajo. Y la [razón] más importante: porque esa es la actividad preponderante donde ellas viven —casadas, divorciadas, madres solteras—. (…) Es la única actividad que podían conseguir y, a lo mejor pudiera haber otra donde ganaran casi nada, y no les alcanzaba para sostener a su familia. Y te das cuenta que la mayoría, yo creo que el 75 por ciento, son madres solteras o cabezas de familia. Están a veces a cargo de los sobrinos, de los nietos, de los hijos y los nietos, y una cadena que se repite”.
Aunque se trata de la misma historia, Isabel Erreguerena, advierte, hay matices, como el caso de Gabi, “una mujer de Oaxaca que es violada, tiene a su bebé, y a los ocho meses el bebé no mantenía la cabecita; entonces va al doctor, y le dice que tiene que sacar una radiografía que vale cuatro mil pesos, y Gabi no tenía. Entonces, se acerca a alguien del pueblo y le dice: sí, Gabi, pero tienes que hacer algo. Es cuando Gabi empieza a trasladar cannabis entre Oaxaca y la Ciudad de México”.
O el caso de Orfa, “una mujer hondureña que por violencia de su pareja es obligada a trasladar Cannabis de Centroamérica hacia México, y es condenada a bastantes años en prisión”.
“Entonces —pregunta Isabel— ¿realmente queremos meter a la cárcel a este tipo de mujeres y llenar la cárcel de este tipo de mujeres? La prohibición [de cannabis] y la guerra contra las drogas están afectando a las personas más vulnerables y, obviamente, a las que están abajo de la cadena delictiva”.
A estos datos se suman otros que revelan el grado de victimización al que están expuestas: “cuando tú miras la Encuesta de Población Penitenciaria, te das cuenta que, de las mujeres entrevistadas, el 41 por ciento de las detenidas por la Marina dicen haber sido violadas sexualmente, o sea 41 por ciento, casi la mitad de las mujeres detenidas, versus el cinco por ciento de los hombres”.
“En el caso de las mujeres detenidas por el Ejército, el 21 por ciento fueron violadas sexualmente, que también sigue siendo mucho. Entonces, aquí nos damos cuenta que la guerra contra las drogas, además de criminalizar, está causando que las mujeres seamos víctimas de violencia institucional por parte de las Fuerzas Armadas”.
Desde septiembre de 2019, la organización de la que Isabel Erreguerena forma parte, Equis Justicia, lanzó la campaña de Liberarlas es justicia, bajo el argumento de que las mujeres detenidas por delitos relacionados con delitos contra la salud no deberían estar en prisión porque “fueron víctimas de una política de seguridad fallida”, y que su encarcelamiento no ha disminuido el consumo ni el tráfico de cannabis u otras drogas.
Y aunque hay una Ley de Amnistía, aprobada en abril del 2020, a la que estas mujeres se podrían acoger, desde julio no se conocen los avances de liberación de mil 145 casos que están siendo analizados.
Finalmente, bajo la perspectiva de género, las mujeres que impulsan la regulación buscan también que en la ley se incluya que al menos el 40 por ciento de las licencias de cultivo que se otorguen sean a mujeres, y que el 20 por ciento de los empleos que genere la industria sean ocupados por mujeres.
Apenas en enero de este 2021, con tres años de retraso respecto de la aprobación del uso científico y medicinal de la marihuana, se publicó el reglamento para uso terapéutico. Y el próximo 30 de abril vence el plazo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión legisle sobre el cultivo y uso o consumo adulto de cannabis en el país.
Si la construcción de la historia y sus narrativas dependen también de las relaciones de poder, en un sistema patriarcal no es raro la invisibilización de las mujeres en las luchas sociales, como la cannábica, pero ahí han estado siempre. Y estarán.
*Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo.
Texto: Aranzazú Ayala y Mely Arellano | Lado B
Podcast: Sara Makowski, Ulises Chávez, Tania Matadamas, Selene Vera | Radio Abierta
El asesinato de Sarah Everard espolea en el Reino Unido el debate para poner el foco en los agresores en lugar de culpar a las víctimas.
La última protesta feminista vivida estos días en Reino Unido pide algo aparentemente simple: que las mujeres pueden transitar por las calles con seguridad sin necesidad de estar siempre alerta ante un peligro que les acecha solo a ellas. Que no sea necesario renunciar a su libertad de movimiento para protegerse sino que la sociedad, la policía y los hombres colectivamente sean quienes garanticen que caminar solas de noche no se convierta en un riesgo y el foco se traslade a los agresores y su comportamiento y no se las culpe a ellas por la hora a la que salieron o cómo iban vestidas.
El asesinato en Londres de Sarah Everard, una ejecutiva de 33 años, ha movilizado a miles de conciudadanas londinenses al grito de “Reclamemos estas calles”. A la rabia por su muerte y la detención de un oficial de policía como presunto autor, se sumó la indignación vivida después de que la primera respuesta policial fuera pedir a las mujeres que se quedaran en casa. Y, más tarde, la carga policial y los arrestos de manifestantes en la vigilia para honrar su memoria.
“Había hecho todo lo correcto. Llamó a su pareja antes de regresar a casa y buscó la zona más iluminada del trayecto. No puede ser que vivamos constantemente con esta inseguridad que los hombres no tienen”, reclamaba este martes Abi, de 27 años, una de las participantes de la manifestación convocada frente al Parlamento británico. Everard fue secuestrada y asesinada hace dos semanas. Un oficial de policía, Wayne Couzens, fue detenido por el crimen. Y sí, había hecho todo para protegerse. La respuesta del Gobierno británico ha sido prometer más agentes de policía, más cámaras de seguridad, penas más altas para los agresores y 25 millones de libras (algo más de 29 millones de euros) para mejorar la iluminación de zonas sombrías. Pero, ¿qué pasa con la educación y el papel de los hombres? ¿Hasta cuándo va a durar el mensaje de que son ellas las que deben protegerse?
La protesta en el Reino Unido es la última movilización de las mujeres de la que algunas teóricas consideran la cuarta ola feminista, que ha tenido episodios importantes con el Ni Una Menos en Argentina en 2015, el MeToo de Estados Unidos de 2017 o las huelgas feministas españolas que arrancaron en 2018. Una de las características de esta última ola feminista es “el hartazgo de la violencia contra las mujeres y la exigencia de que se pongan todos los medios para evitarla”, señala Beatriz Gimeno, directora general del Instituto de las Mujeres. Gimeno ahonda en que en este debate las libertades de ellas se consideran prescindibles: se les pide que renuncien a su movilidad, pero se considera un disparate, por ejemplo, poner un toque de queda a los hombres, como sugirió en la Cámara de los Lores Jenny Jones, del Partido Verde. “La ciudadanía de las mujeres no es plena. ¿Por qué tenemos que pasar miedo? ¿Por qué cuidarnos de dónde vamos? ¿Acaso pasan miedo ellos? No somos iguales. No todos los hombres son agresores, obviamente, pero todas las mujeres nos hemos sentido en riesgo en algún momento”, señala Gimeno.
El mensaje que lanzó la Policía Metropolitana de Londres (conocida popularmente como Scotland Yard) cuando Everard desapareció fue restringir las libertades de las mujeres, no combatir la violencia de los hombres. Son ellas quienes deben tomar las decisiones adecuadas para garantizar su seguridad. “Se domestica a las niñas para que nunca hagan daño a los hombres. Y a las mujeres las llaman al orden cada vez que se saltan esa regla”, escribió la novelista y directora Virginie Despentes en su ensayo feminista Teoría King Kong, publicado en 2006, en el capítulo titulado Imposible violar a una mujer tan viciosa, en el que aborda la violación que sufrió a los 17 años, una noche que hizo autostop con una amiga.
Manifestación contra la sentencia de la manada en Madrid.ÁLVARO GARCÍA
En España, el listado de casos que alimentan el mensaje de que son las mujeres las que toman malas decisiones que acaban con consecuencias nefastas tiene un ejemplo lacerante en el caso de las niñas de Alcàsser: “Éramos apenas unas niñas cuando Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández fueron secuestradas en Alcàsser en 1992, pero colectivamente, se había tomado la decisión de que todo el mundo, sin excepción, niñas de siete años incluidas, conociera hasta el último detalle del hallazgo de sus cadáveres. Y, por supuesto, el autostop como equivocación irreversible”, recoge el prólogo del libro Tranquilas. Historias para ir solas por la noche, una recopilación de relatos de distintas autoras publicada en 2019 por Lumen que aborda este asunto: “En realidad, el mundo entero es una amenaza con la que negociamos todas las noches y todos los días, porque no queremos dejar de vivir intensamente”.
Más reciente es el cuestionamiento que sufrió la víctima de La Manada ―a la que llegó a seguir un detective tras la violación y a la que se le objetó que caminara sola con cinco chicos desconocidos―. O Diana Quer, sobre la que se especuló qué hacía sola de madrugada.
“Como mujeres, crecemos oyendo: ‘Ten cuidado con cómo sales de casa’. Pero nunca he oído a ninguna familia decir a un niño: ‘No agredas al salir’, porque nadie se plantea que su hijo pueda violar o atacar”, explica Amanda Moñiz, profesora de un instituto madrileño. “Los adolescentes no están recibiendo el mensaje de que no pueden hacer nada sin el consentimiento de una chica. A ellas hay que empoderarlas y hacerles ver que no tienen la culpa, pero habría que hacer mucho más trabajo con ellos. Y es complicado porque no tenemos tiempo para tratarlo dentro de la escuela, salvo algunas tutorías o en la clase de Valores [la asignatura Valores sociales y cívicos]”.
La psicóloga Elena Hermo, de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (ADAVAS), lo resume así: “Hay que intervenir en educación y en lo que sea necesario para prevenir esto. Mientras un solo hombre considere que puede ejercer esa violencia gratuita y desmedida porque quiere, va a ser muy difícil protegernos en las calles”.
El memorial por Sarah Everard en el sur de Londres.HANNAH MCKAY / REUTERS
“La experiencia de una es la experiencia de todas”. Con esa frase, el colectivo chileno Las Tesis inicia su manifiestoQuemar el miedo. Bajo esa premisa exponen: las mujeres sufren a diario de la violencia y la opresión, en la calle, en los hogares, en el trabajo y en la política.
Sobre este último rubro Daffne Valdés Vargas, una de las integrantes del Colectivo, dijo en entrevista con SinEmbargo que en los países de América Latina, tanto los problemas como los retos del movimiento feminista son similares y uno de ellos tiene que ver con una “crisis de representación” institucional.
Que en México, para la elección de este año, haya al menos 25 aspirantes para puestos de elección popular con acusaciones de violencia contra las mujeres, es muestra de eso, pero cree que la fuerza del movimiento de las mujeres provocará poco a poco que estas personas no tengan más cabida en ámbitos públicos.
“Quizás en otros contextos, en el pasado, en otros momentos históricos se puede entender que eso se haya separado [la vida de la obra], pero hoy no podemos dejar que eso esté diferenciado. No es posible porque eso nos haría parte del problema, nos dejaría como encubridoras, por ejemplo, si yo decido votar por una persona que está denunciada por violación o acoso”, comentó Daffne.
En este momento histórico para las mujeres, como ella lo define, el movimiento también enfrenta críticas de parte de la sociedad que señala que las feministas o son impulsadas por la derecha o son “feminazis”, pero asegura que con base en la experiencia de la región, la conquista de los derechos no se ha dado desde los Gobiernos, sino que ha sido en las calles.
En general son demandas que vienen desde la calle, desde una necesidad de quienes sufrimos la violencia a diario, la vemos y con quienes la compartimos. Ahí en ese lugar es donde apelamos a un cambio cultural, que obvio es de largo aliento. Por este tipo de cosas de dejar de normalizar, de invisibilizar, aparecer nosotras como representantes de nosotras mismas, no necesariamente con otros representantes”, agregó.
En el libro Quemar el miedo, el colectivo aborda temas como el origen de las protestas, analizan los diferentes feminismos, hablan sobre la importancia de desmontar el patriarcado, invitan a repensar la maternidad y refuerzan los hechos de “no soy yo”, “no es mi culpa” y “no es solo contra mí”.
“Quisimos compartir esas reflexiones, esas ideas con otras personas, sobretodo para que les sirva de motivación para hacer algo, más que solo leer las ideas y reflexionar, para motivar a quienes las lean a juntarse con una amiga y crear con es algo ya sea artístico, político o activismo o lo que sea, como un germen, una semilla o un puntapié inicial. Como cuando una termina de leer o de ver algo que le hace un click y dice “sí, yo también quiero y puedo hacer esto”, enfatizó Valdés Vargas.
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SOBRE LAS DISTINTAS PROBLEMÁTICAS DE LAS MUJERES
–En el contexto de la pandemia, ¿cómo ven la situación actual de las mujeres en un ambiente de violencia?
–Lamentablemente la pandemia sirvió para demostrar, no es que no estuvieran ahí, las cifras de violencia doméstica, por ejemplo, sino que sirvió para demostrar que lamentablemente un problema global que está muy presente y la pandemia vino a agudizar la situación en la que viven muchas mujeres y familias diariamente. No solo en el ámbito de la familia, sino cosas como la precarización laboral, la doble o triple jornada laboral de muchas mujeres y mamás.
–En un entorno regional, los países de América Latina tenemos muchas similitudes y muchas en cuanto a la violencia contra las mujeres. ¿Cómo ven desde esa perspectiva al movimiento de mujeres que también tienen batallas similares?
–El movimiento feminista latinoamericano es un un movimiento que ha agarrado mucha fuerza y tiene muchas causas comunes, muchos derechos todavía por los que trabajar. Por ejemplo, el derecho al aborto, lo que hablábamos de la violencia doméstica, los feminicidios. Hay muchas características comunes en tanto a las problemáticas pero también mucha fuerza, cada vez más. Muchas redes.
Hay casos de éxito como la campaña de aborto en Argentina, que es muy reciente su triunfo, pero eso sí o sí nos sirve a todos los otros territorios que no tenemos ese derecho como ejemplo de organización, de lucha continúa de muchos años, es un ejemplo de convocatoria, perseverancia.
Si bien hay muchas problemáticas que son similares, también las formas en que los diferentes feminismos en los distintos territorios han encontrado formas de operar. Si o sí nos sirven de ejemplo.
También este contexto de pandemia y de que de alguna manera muchas cosas se trasladan a este formato digital, para quienes tienen acceso evidentemente, permite una comunicación con otros colectivos, personas, organizaciones que trabajan en lugares muy lejanos pero permiten mantener una comunicación, ciertos vínculos.
Sin duda el movimiento es un ejemplo para el mundo en cuanto a organización, masividad y lucha constante.
–En el caso concreto de México hay una situación que ha generado debate en el último mes. El actual Presidente, emanado de la izquierda, ha respaldado a un candidato llamado Félix Salgado Macedonio, que busca gobernar un estado, pero tiene dos denuncias formales de violación sexual y el Presidente dijo que eran “cuestiones políticas”. En esas elecciones que se van a celebrar en unos meses son cerca de 25 candidatos los que tienen acusaciones de violencia contra las mujeres. ¿Cómo ves esta situación? ¿Y el respaldo?
–Más allá de lo local, es un ejemplo de lo que ocurre mucho en otros lugares en este tema de quiénes son los “representantes del pueblo”, por decirlo así. En el caso de Chile, también hay una crisis de representación en cuanto a las personas que ocupan estos cargos por la misma razón.
El momento histórico nos permite conocer estas denuncias; hay muchas más personas que denuncian, que se atreven a denunciar y que de igual manera son juzgadas, son puestas en duda, pero nosotras no podemos permitir que esas personas nos representen y lamentablemente la impunidad es una realidad aquí, me imagino que en México también y también el encubrir; delegar esos aspectos como la violencia sexual o doméstica al ámbito de lo privado cuando tiene mucho qué ver.
¿Quiénes son [los candidatos] como personas? Sobre todo quienes representan cargos públicos. No podemos las mujeres sentirnos representadas por alguien que violenta a su familia, a su esposa. Es un tema complejo y además de muchos años, lo que pasa es que ahora, por suerte, algunas personas se atreven a denunciar, pero es algo que está muy silenciado, muy invisibilizado.
De a poco esas personas no van a tener más cabida en ámbitos públicos porque no puede ser, no podemos separar la vida de la obra en estos casos, esa es una discusión con los artistas. Quizás en otros contextos, en el pasado, en otros momentos históricos se puede entender que eso se haya separado, pero hoy hay personas que no podemos dejar que eso esté diferenciado, no es posible porque eso nos haría parte del problema, nos dejaría como encubridoras, por ejemplo, si yo estoy decidiendo votar por una persona que está denunciada por violación, acoso, etcétera.
Esperemos que la denuncia de poco vaya cambiando.
–En este sentido, ¿cómo ves el actuar de los gobiernos actuales de los países de América Latina frente a las exigencias feministas?
–No sé de todos los gobiernos, todos los los avances en cuanto a las temáticas de género han sido y han venido desde la calle, desde las manifestaciones constantes, la denuncia y desde el feminismo. Es poco probable que venga de la política institucional o de los gobiernos.
En general son demandas que vienen desde la calle, desde una necesidad de quienes sufrimos la violencia a diario, la vemos con quienes la compartimos. Ahí en ese lugar es donde apelamos a un cambio cultural, que obvio es de largo aliento. Por este tipo de cosas de dejar de normalizar, de invisibilizar, aparecer nosotras como representantes de nosotras mismas, no necesariamente con otros representantes.
Ahí está la potencia y eso se trasladará a un cambio. En nuestro caso [Chile] fue constitucional, ya que si no hubiesen sido las personas en la calle quienes reclaman y exigen durante muchos años, no vendría jamás desde el Presidente.
Son los cambios culturales que finalmente son para el bien común. También depende del Gobierno y de quiénes sean esas personas, sus creencias y cómo recogen las demandas y de qué manera las enfrentan.
En nuestro caso la respuesta es represión brutal, es mantener toque de queda hace más de un año, es llamar a las feministas exageradas, o que tienen problemas de segunda categoría.
–Justo por el tema de las manifestaciones y del cómo se alcanzan los objetivos, en el manifiesto hablan de las reacciones que hay en las manifestaciones de mujeres. En el caso de México, por ejemplo, parte de la sociedad piensa que las feministas son impulsadas por la Derecha o recurren al término de “feminazi”. ¿Qué crees que genera esta situación de molestia contra las manifestaciones que salen a la calle?
–Muchas veces ese reclamo o acusación viene de distintos lados políticos. A nosotras nos pasa mucho, pero creemos que la motivación de eso es que quienes ven cuestionados sus privilegios, quienes ven cuestionada su situación de comodidad, de poder, su control.
Quienes se ven de alguna manera afectados por el movimiento feminista o por sus demandas, son quienes se sienten atacados y reaccionan de esta manera. En muchas circunstancias es gente de derecha, gente con pensamientos fascistas, pero también de otros lados, no necesariamente de derecha. Impresionante.
–Por último. Quemar el miedo no es un libro de artículos de opinión, sino un manifiesto. ¿Por qué deciden Las Tesis publicar un manifiesto?
–Tenemos distintos conflictos o pensamientos distintos respecto a esa palabra en sí, porque un “manifiesto” se entiende más como una verdad, como una sentencia y lo que nosotras planteamos es quizás más preguntas. Tenemos más preguntas que respuestas.
Son distintas reflexiones respecto a distintas demandas o ideas de los feminismos como la alianza entre patriarcado-capital o el conflicto en torno al aborto, etcétera, que también está cruzado mucho por experiencias biográficas de una, dos de nosotras o todas.
De alguna manera es un ejemplo de cómo estás violencias históricas, institucionales, sistemáticas, atraviesan a nosotras cuatro, pero también a muchas otras personas.
En ningún sentido es una verdad, sino más bien preguntas, reflexiones. Entendemos mucho el feminismo como un camino, no algo a lo qué llegar, sino que se transita, que va cambiando, que va creciendo, que en un momento puedes llegar a una idea, pero una experiencia te puede llevar a otra.
Quisimos compartir esas reflexiones, esas ideas con otras personas, sobretodo para que les sirva de motivación para hacer algo, más que solo leer las ideas y reflexionar, para motivar a quienes las lean a juntarse con una amiga y crear con es algo ya sea artístico, político o activismo o lo que sea, como un germen, una semilla o un puntapié inicial. Como cuando una termina de leer o de ver algo que le hace un click y dice “sí, yo también quiero y puedo hacer esto”.
Esta reforma ayudará a que las mujeres que, por temor a su agresor, no acuden a denunciar formalmente los maltratos de los que son víctimasEl pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por consenso de 434 votos, reformas al Código Penal Federal para establecer que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio.
El dictamen, que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, adiciona un tercer párrafo al artículo 343 Bis al Código Penal.
La legislación actual solo contempla la persecución de este delito a través de la querella, siempre y cuando el ofendido presente la denuncia para que se promueva y ejercite la acción penal.
En el dictamen, presentado por la diputado de Morena, Lorena Villavicencio, precisa que a la violencia física en la familia frecuentemente la acompaña la psicológica; en consecuencia, es posible aseverar que no se contemplan los casos en los cuales la violencia psicológica hace que las víctimas sean susceptibles de padecer amenazas, intimidación, temor o control, lo cual puede imposibilitarlas a ejercer acción penal contra su agresor.
Agrega que, ante esta situación, la persecución por oficio resulta necesaria en aquellos casos en que, por cuestiones de índole psicológica, la víctima se encuentra impedida para presentar querella contra su agresor.
Villavicencio Ayala manifestó que la violencia familiar es un grave problema social que tiene consecuencias trascendentes para las víctimas y se extiende en todo el territorio nacional.
Con esta propuesta, subrayó, se abre paso a que las autoridades competentes asuman su responsabilidad de perseguir el delito sin la necesidad de que medie la denuncia de la víctima, se castigue conforme a la ley penal y se garantice la reparación del daño.
Precisó que, de cada 100 víctimas, 91 son mujeres y nueve hombres y que de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019, se registraron más de 238 mil carpetas de investigación relacionadas con dicho delito.
Villavicencio señaló que cifras de INEGI muestran que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66 por ciento, casi 31 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida, 43.9 han sido agredidas por su esposo o pareja, 42.5 de mujeres que se han unido o casado han sufrido violencia física, sexual o emocional; es decir, casi la mitad de las mujeres que deciden formar una familia.
“Es evidente, añadió, que este problema afecta al conjunto de la sociedad, por lo que se requieren acciones más firmes para erradicarlo”, subrayó la legisladora.
📌 En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó, por consenso reformas al Código Penal Federal, con el objetivo de establecer que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio.https://t.co/E1JmJzKJSa
