Un informe de la organización no gubernamental estadounidense Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés) califica de «alarmante» el aumento de la pobreza en Estados Unidos, especialmente en las familias encabezadas por mujeres, según un comunicado publicado este lunes.

El fin de la asistencia federal entregada durante la pandemia, incluidos los créditos fiscales reembolsables ampliados, se relacionan directamente con el aumento de la pobreza, de acuerdo al análisis de NWLC.

Dentro del informe se detalla que entre 2021 y 2022, la tasa de pobreza entre las familias encabezadas por mujeres solteras se duplicó al pasar del 11,9% al 26,7%. Del mismo modo, la tasa de pobreza entre las mujeres mayores también aumentó en el mismo período, del 11,7% al 15,3%.

NWCL agrega que el trabajo se basa en los datos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos en septiembre.

«Los datos revelan que, tras el fin de los fondos de la era de la pandemia, la Medida Suplementaria de Pobreza (SPM, por sus siglas en inglés) aumentó considerablemente en tan solo un año, algo que no se había registrado en el país en más de 50 años», enfatizó el informe.

«La pobreza es una opción política. Tenemos evidencia clara de que la ampliación del crédito tributario por hijos, los pagos de estímulo y el seguro de desempleo ayudaron a millones de familias a pagar alimentos, alquiler, cuidado infantil y más. Como era de esperar, el hecho de que el Congreso no extendiera estos apoyos condujo a que el año pasado se dispararon las tasas de pobreza, aumentaron el hambre y las dificultades entre las mujeres y los niños», señaló Melissa Boteach, dirigente de NWLC.

“Es imperdonable que el Congreso siga fallando a las mujeres y las familias al no restablecer de inmediato el crédito tributario ampliado por hijos y otros apoyos que son fundamentales para reducir la pobreza”, añadió Boteach.

CNN intenta obtener comentarios de legisladores y funcionarios de la Casa Blanca.

Por Juan Carlos Paz

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres representamos un poco más de la mitad de toda la población que reside en México (52%). A pesar de ello, seguimos siendo minoría en muchos puestos de los campos sociales. Esto es debido a los tipos de violencia que existen.

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y es una de las formas más dramáticas de la desigualdad entre hombres y mujeres, informa el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Por ello, es importante saber identifcar sus tipos.

Ante ello, hoy te vamos a platicar sobre la violencia económica, una de las formas más comunes de violencia.

En qué consiste la violencia económica contra una mujer

De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia económica es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. Puede presentarse a través de un control total sobre sus recursos económicos, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar. Además, esta clase de violencia también se manifiesta en la percepción de un salario menor por el mismo trabajo.

Es el cuarto tipo de violencia con más prevalencia en el país. El 27% de las mujeres la padecen, según el INEGI. Las condiciones de pobreza, discapacidad y pertenencia a otros grupos marginados hacen más difícil para las mujeres lograr la independencia económica.

Entonces, cualquier comportamiento contra la independencia económica de la mujer, se considera violencia económica. En México, para 2021, dos de cada 10 mujeres habían sido controladas o chantajeadas económicamente, despojadas, coaccionadas u objeto de incumplimiento de alguna responsabilidad económica, según datos del INMUJERES.

Tipos de violencia económica

De acuerdo con el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), existen 3 tipos de violencia económica.

1. Control económico. Se trata de limitar y controlar las finanzas de la víctima y las relaciones en torno a ellas. Por ejemplo, la restricción y control del acceso al dinero, necesidades, activos financieros e información. Es decir, impedir que la víctima pueda obtener independencia financiera.
2. Explotación económica. Consiste en utilizar los recursos económicos de la víctima en beneficio del abusador. Por ejemplo, abrir, aceptar o contratar créditos y pensiones a nombre de la víctima sin su consentimiento y hacer un mal uso de ellos. Asimismo, robar, dañar o esconder el uso de los bienes o recursos de la víctima sin su permiso se considera violencia económica.
3. Sabotaje económico. Impedir que la víctima persiga, obtenga o mantenga un empleo y/o educación para poder ser económicamente independiente. O bien, sabotear las oportunidades para ello a interferir con el trabajo o educación. Un claro ejemplo de lo anterior es negarse a adquirir su responsabilidad en el cuidado del hogar y la crianza.

Consecuencias de la violencia económica

Este tipo de violencia tiene como finalidad lograr o conseguir la dependencia financiera de otra persona. Por lo tanto, el EIGE advierte que la violencia económica a menudo se produce en un ámbito de relaciones íntimas.

La principal consecuencia del control sobre los recursos económicos de las mujeres es la dependencia, una de las principales razones que limitan las posibilidades de las mujeres de salir de relaciones abusivas. A su vez, la violencia afecta la autonomía de una mujer y su desarrollo físico y emocional.

• La angustia por falta de recursos en las mujeres puede llevarlas al endeudamiento, desempleo, depresión, ansiedad, aislamiento y enfermedades, mismas que no podrán ser atendidas debido a que se limita la capacidad de víctimas a buscar y pagar servicios de salud.
• Asimismo, puede llevarlas a realizar actividades delictivas o que comprometan su integridad por la necesidad de dinero inmediato.
• La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un reto, lo cual puede llevar a frustación y depresión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que los partidos políticos deberán postular al menos a cinco mujeres para las 9 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2024.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto, y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. En contra, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

La mayoría del pleno rechazó el proyecto del magistrado de la Mata, quien proponía revocar el acuerdo del INE para que los partidos postularan a cuatro mujeres, excluyendo a Yucatán por tener legislación local en la materia.

La magistrada Janine Otálora se pronunció en contra de que los partidos postulen únicamente a cuatro mujeres, ya que seis de las nueve entidades que irán a elecciones en 2024 nunca han tenido una gobernadora.

“Tomando en cuenta la subrepresentación histórica de las mujeres en los estados donde se renovarán las gubernaturas, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala Superior en el sentido de que la paridad debe interpretarse en beneficio de las mujeres y a partir de nuestros propios precedentes, no comparto que no sean cinco las candidaturas a gubernaturas que deban postular los partidos políticos”, expresó.

Expuso que, ante la omisión de los congresos locales, el INE tiene la facultad de supervisar que los partidos políticos regulen la paridad en sus documentos internos, hasta su implementación y cumplimiento.

La magistrada Mónica Soto se pronunció en contra de la propuesta, al considerar que se deben incluir a los nueve estados que renuevan al poder Ejecutivo en el acuerdo de paridad. “Se debe tener un enfoque nacional de la totalidad de las gubernaturas y la jefatura de gobierno objeto de la renovación de los procesos electorales locales”, apuntó.

El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, planteó que el INE sí está facultado para emitir estos criterios de paridad.

“Me parece que se debe tomar la paridad total en conjunto de las nueve, y concuerdo con esta visión de que en 2024 se concluya un ciclo completo de renovación de gubernaturas y jefatura de gobierno en las 32 entidades federativas. Y estableciendo este criterio de postular cinco mujeres, podríamos decir que la paridad se cumple no sólo horizontal, sino en el tiempo”, apuntó.

El magistrado Felipe de la Mata, señaló que los congresos locales tienen la facultad de regular el tema de paridad en gubernaturas; ante la omisión del legislativo, subraya que el INE no tiene facultades por sí mismo para emitir criterios para garantizar la paridad.

“Los avances que ha tenido México en torno a los temas de paridad y violencia política de género, en realidad no ha sido por los avances legislativos necesariamente. Primero han sido las sentencias y después las leyes. Este tribunal ha sido un tribunal de avanzada”, sostuvo.

Si bien celebró que se apruebe que los partidos postulen al menos a cinco mujeres, consideró que no están castigando al único estado que legisló en la materia, en este caso, Yucatán.

“En los hechos estaremos inaplicando las leyes de los estados. Quizá el problema es que ahora esto se va a interpretar como un: dependiendo el año daré una orden o daré otra. Lo único que lamento, sinceramente es que Yucatán, su ley, tendrá una aplicación acotada en el mejor de los casos, y quede el INE como el sumo derogador de las normas locales”, expresó.

Un reportaje de Aljazeera le está mostrando al mundo una de las muchas consecuencias de la guerra de Israel en Gaza, que impacta directamente en niñas, adolescentes y mujeres adultas: la escasez de agua y productos de gestión menstrual, que las obligan a buscar pastillas para retrasar su menstruación.

Después de los atentados del 7 de octubre de este 2023 a manos de Hamás en Israel y la respuesta del ejército israelí, Gaza fue puesta de nueva cuenta bajo un asedio militar extremo.

De por sí la situación en la Franja de Gaza ha sido adversa para su población, con este nuevo capítulo del conflicto histórico entre Israel y Palestina, los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres se han visto gravemente perjudicados.

Entre ellos el derecho al acceso al agua, a una vida libre sin violencia y a una menstruación digna.

Mujeres de Gaza usan pastillas para retrasar su menstruación en la guerra

Al Jazeera nos cuenta que decenas de mujeres palestinas han decidido tomar pastillas para retrasar su menstruación a causa de la situación de emergencia que viven en Gaza —zona que está sitiada, que enfrenta la escasez de agua, productos de gestión menstrual y más; como resultado del bloqueo impuesto por Israel.

Y pese a los riesgos que implica tomar estas pastillas —que usualmente son recetadas para el control del sangrado menstrual intenso, la endometriosis o periodos dolorosos—, las mujeres de Gaza ven en la noretisterona un recurso para poder sobrevivir en la guerra.

De entre los efectos secundarios de estas pastillas para retrasar la menstruación están el sangrado vaginal irregular, náuseas, cambios en el ciclo menstrual, mareos o cambios de humor.

A eso, hay que sumar los impactos psicológicos y físicos de la misma guerra en las mujeres.

De los 15 a 41 años: adolescentes y mujeres de Gaza sin acceso al agua durante la menstruación

Los periodistas de Al Jazeera Linah Alsaafin y Ruwaida Amer recopilaron los testimonios de varias mujeres, de distintas edades, en su mayoría mamás que incluso buscan las pastillas para que sus hijas adolescentes retrasen su menstruación.

Y tengan, por así decirlo, un “pendiente menos” con el que lidiar —ya que resulta imposible tener su periodo ante el nulo acceso al agua o la falta de productos como toallas sanitarias y tampones.

A esta consecuencia se suma otra: los impactos psicológicos y físicos de la guerra, como insomnio o tensión extrema; ya que muchas mujeres tienen que cuidar de su familia, además de ellas como personas, en su individualidad.

Esta es otra de las consecuencias de la guerra de Israel en Gaza y de cualquier otro conflicto que no suele ser visibilizada, pero sucede y es preocupante. Si les interesa conocer más a detalle este reportaje, aquí les dejamos el enlace.

Existe un concepto denominado brecha salarial de género, el cual hace referencia a la brecha salarial, como bien indica su nombre, cuanto ésta es provocada o enfatizada por factores de género, pero ¿qué es la brecha salarial y por qué sucede?

Se conoce como brecha salarial a la diferencia de ingreso monetario que perciben dos personas o más en un trabajo. Por ejemplo, la diferencia de ingreso que recibe una persona que trabaja más horas que su superior, pero recibe menos dinero, por cuestiones de experiencia o de edad, así como la diferencia de ingreso que pueden llegar a percibir dos personas con puestos laborales similares, pero con factores distintos como género, edad e incluso, apariencia física.

Aunque hay contextos en los que es natural que una persona reciba más dinero que otra, por ejemplo, en el caso de trayectorias profesionales o formaciones académicas (aunque mucha gente logra llegar lejos en los trabajos sin haber acudido a la universidad), lo cierto es que no siempre es justa la diferencia de ingresos que perciben las personas cuando hacen labores similares, ya que estas distinciones no se apegan a criterios objetivos o justificados, sino que muchas veces se basan en actos de discriminación o prejuicios.

En los casos en los que una persona gana menos dinero que otra por el mismo trabajo, con preparaciones educativas comparables o hasta mejores, se habla de discriminación. Tal es el caso de la brecha salarial de género.

¿Qué es la brecha salarial de género?

Los hombres y las mujeres viven contextos distintos en el trabajo

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La brecha salarial de género ocurre cuando el salario de los hombres es mucho mayor que el de las mujeres, en muchas ocasiones, incluso por el mismo tipo y nivel de trabajo. La diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos se calcula al dividir dos cantidades: la diferencia entre el salario de hombres y mujeres, dividida entre el salario de hombres. Con esta fórmula, se puede identificar si los hombres cobran más que las mujeres, y si la cifra es negativa, significa que las mujeres cobran más.

Sin embargo, en muchos países del mundo, los hombres cobran más que las mujeres, incluso por el mismo trabajo. Y no solo hablamos de sueldos, sino también de otros factores de distinción como prestaciones, horas de trabajo, beneficios legales, etc. que históricamente tienden a favorecer más a los hombres.

¿Por qué sucede?

De acuerdo con la experta Claudia Goldin, economista laboral y profesora de la Universidad de Harvard que ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía, existen múltiples factores detrás de la brecha salarial de género, los cuales incluyen:

• Presión sobre las mujeres al momento de elegir su carrera profesional, pues todavía enfrentan expectativas que las concentran en industrias u ocupaciones que históricamente han ofrecido salarios más bajos. Esto podría mejorar si existen condiciones laborales dignas para mayor diversidad de campos laborales y si se aumenta el empoderamiento en mujeres al momento de elegir su carrera.
• En países como México, el acceso a la educación de calidad es menor para las mujeres, lo cual influye directamente en sus oportunidades laborales.
• Las licencias de cuidado infantil y maternidad se concentran en las mujeres y no en la paternidad, lo cual también hace que la igualdad de género en los trabajos no sea la ideal. También, la falta de acceso a servicios de cuidado infantil complican el acceso de mujeres a su desarrollo profesional, por asumirse históricamente que son ellas las principales responsables del cuidado de la familia y el hogar.

¿Por qué es importante para los hombres?

Para poder ampliar y mejorar la perspectiva que se tiene sobre las mujeres en los ambientes laborales y también en la división de las labores del hogar, es importante que también los hombres asuman nuevas responsabilidades en el cuidado y que busquen el respeto basado en la igualdad en los ambientes de trabajo. Las ideas sociales son la base de las construcciones políticas que pueden mejorar el panorama para todas las personas.

La violencia de género y los feminicidios, al igual que las desigualdades y la pobreza, son problemáticas crecientes que deben resignificarse como emergencias sociales y atenderse de forma inmediata para reconstruir el tejido social que se encuentra seriamente fracturado, advirtió Leticia Cano Soriano, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM.

Durante su participación en la mesa de análisis Resiliencias, reconstrucción y reparación de daños sociales, organizada por el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, SEPERCIS 2023: Reflexiones del Mundo Contemporáneo: Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, Cano Soriano dijo que los diferentes tipos de violencias e inseguridades registradas en el país han generado rupturas y puntos de inflexión en el tejido social comunitario y en la convivencia sociofamiliar.

Hay que partir de una configuración y una resignificación de lo que implica la ruptura del tejido comunitario, pero desde dimensiones como las violencias, las pobrezas y las emergencias, como la pandemia, que han generado momentos de quiebre, apuntó.

“Además de la violencia de género, las agresiones sociales en su conjunto han sido el denominador común que va lastimando y lacerando los tejidos comunitarios, como es el caso de las desapariciones, los secuestros, los reclutamientos forzados y los feminicidios.”

Agregó que esta situación de emergencia comunitaria plantea enormes retos para poder transitar hacia un tejido social inclusivo, resiliente y que esté blindado por los derechos humanos.

Las resiliencias son esenciales, pero deben ir acompañadas de un trabajo cercano con las comunidades, pues en ese tema ha habido un terrible abandono en el que los lazos solidarios comunitarios vinculantes se han fracturado, consideró la especialista.

“Más allá de los sistemas económicos que han impactado social y políticamente, tendríamos que estar tejiendo comunidad mediante procesos de diálogo entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la academia.”

Cano Soriano indicó la necesidad de promover un activismo comunitario resiliente en el que se construyan planes de vida que consideren la recuperación de entornos de convivencias colectivas y provoquen cambios de los sentidos sociales comunes y compartidos.

La experta en trabajo social señaló que un problema gravísimo es la falta de prevención de las violencias, y que gran parte de los esfuerzos se han concentrado en analizar las consecuencias y efectos, más que en las causas que dieron origen a los problemas de las emergencias sociales.

Las comunidades, destacó, tienen que prepararse desde el kínder, la primaria, la secundaria y el bachillerato, pero sobre todo a partir de los primeros espacios formativos en las familias, para prevenir situaciones de alto riesgo.

Apoyos institucionales

Por su parte, Alba Luz Robles Mendoza, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, comentó que la resiliencia no sólo es la capacidad que pueden tener las personas para solventar una condición de violencia, sino que se requieren de apoyos institucionales para poder llevar a cabo la reparación del daño.

“Cuando hablamos, por ejemplo, de un delito sexual, no es suficiente hacer la denuncia o seguir un proceso jurídico; se tiene que ir más allá para establecer toda una red de apoyos y de acciones que permitan abordar el problema de manera integral y potencializar la capacidad de responder de forma activa.”

En el proceso de atención integral en casos de violencia de género, subrayó, son muy importantes los apoyos familiar y de las redes comunitarias; de tal manera que en momentos de crisis se tenga información oportuna sobre a dónde acudir a solicitar ayuda y, en su caso, como parte de la resiliencia elaborar proyectos de vida personal, familiar y social.

La comunidad tiene que ser la principal promotora de la igualdad de género por medio del respeto a la diferencia, construyendo espacios lúdicos para la promoción de una cultura de paz frente a las violencias, en la cual se pueda aprender sobre manejo de conflictos y de convivencia pacífica frente a condiciones de desigualdad social, adaptando las estrategias de supervivencia a cada situación de riesgo.

Robles Mendoza planteó que, para avanzar en la erradicación de la violencia de género, un primer paso es eliminar los estereotipos sexuales, poniendo énfasis especial en el respeto a las diferencias y propiciando espacios de confianza en los que se pueda hablar e identificar situaciones de riesgo.

“Requerimos diseñar un sistema de monitoreo sobre el comportamiento violento contra las mujeres y fortalecer los protocolos de prevención ya existentes”, finalizó.

En la mesa de análisis también participó Norlang García Arróliga, director general de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, quien presentó el abordaje institucional para una recuperación resiliente exitosa ante fenómenos y desastres naturales, como sismos e inundaciones en la capital del país.