Imagina que mataron a tu hija, que te dolió tanto que sentiste que enloquecías; que quisiste convencerte de que no era cierto, que lo denunciaste, que llevaste pruebas, que nadie te hizo caso. Que culparon a tu hija de 7 de años, de 15, de 19; que dijeron que fue su culpa.
Desaparecieron a mi hijo.
Imagínate, por una eternidad, buscándolo.
Porque no hay registro de su muerte, imagínate cavando en la tierra, rastreando sus restos, dedicando tu vida a recorrer las fosas clandestinas, los desiertos, los basureros buscando el cuerpo de tu hijo, soñando que te pide que no lo abandones, que no te rindas; imagínate oliendo los huesos, con taquicardia frente a los restos que cada vez esperas que sean los de tu hijo para darle una sepultura digna y descansar, pero al mismo tiempo esperas que no sean los de tu hijo para no confirmar que lo mataron.
Imagina que vienes desde Chiapas, o de Guerrero, o de Oaxaca porque vives en uno de los municipios más pobres del país; que llegas a la Ciudad de México, que la economía está paralizada, que la policía confisca tus artesanías porque no puedes venderlas en el espacio público. Que terminas sentándote con tus dos niñas y tu bebé afuera del supermercado con un letrero que dice que cambias artesanías por despensa. O que entras al super y tienes $46 y te debates entre comprar medio kilo de tortillas, frijoles preparados y un refresco grande o leche y pan, que miras los pollos rostizados como algo inalcanzable y evades el dolor que te causa no el hecho de que no puedas comerlo tú, sino que no puedes dárselo a tus hijos.
Las últimas semanas me ha pasado con más frecuencia ver escenas demoledoras en el súper y también unas esperanzadoras cuando —siempre otras mujeres— nos acercamos a pagar la compra de esa otra que no le alcanza porque sólo lleva $46 pesos en la mano y no $50.
Hace dos días que mi sobrino de doce años tuvo un ataque de pánico. La maldita pandemia, el terror al virus, las acribillantes clases en una pantalla. Entonces corrieron su abuela y su tía a ayudarlo porque su madre no estaba pues trabaja todo el día. Porque no hay padre. Ni abuelo. Ni tíos demasiado presentes.
Somos nosotras las que peleamos, las que rastreamos, las que nombramos, las que escribimos. Las que cuidamos.
Porque somos nosotras las que llamamos en la madrugada y sabemos que la otra contestará sin importar la hora, porque preguntamos si llegaste bien a tu casa, porque fue mi hermana y ninguno de mis hermanos la que vino cargando desde Michoacán para mí un taco de carnitas, porque fue mi madre la que vino cargando desde allá una planta que “florea tan bonito que me va a alegrar los días”. Porque fue mi hermana mayor, aún con quemaduras de tercer grado y su cojera la que trabajó para que yo tuviera cuadernos nuevos para ir a la escuela primaria. Porque caminé de su mano rumbo al internado que me protegió y me permitió abrir esa puerta mágica que se llama educación. Porque mi abuela me cortó el ombligo y me dio chocolate caliente cuando me vio triste. Porque mis tres hermanas y mi madre y mi abuela me criaron, me cuidaron, me enseñaron a leer, a escribir, a peinarme, a hacerme cargo de mí, a comprender mi periodo menstrual, a cuidarme de los hombres.
Y aunque digo con vergüenza “Fuimos todas” incluyéndome injustamente porque yo no estuve en la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México ni en el Estado de México ni en Puebla; hoy digo fuimos todas, porque son mujeres las que están peleando esa guerra. Porque es un todas el que nos ha cobijado a todas desde que el mundo es mundo.
Claro que hay hombres cuidadores, hay muchos y tienen todo mi respeto. Pero casi siempre (y están empezando a desaparecer las cuatro letras del casi) somos nosotras.
Fuimos todas. Porque somos nosotras. Porque siempre hemos sido nosotras. Fuimos todas. Porque somos un somos y un fuimos y un seremos todas. Fuimos todas.
En Jalisco y Quintana Roo se aprobó recientemente la Ley Olimpia, que sanciona violencias sexuales digitales. Ya son 24 entidades en México. Sin embargo, activistas advierten que no es suficiente legislar para acceder a la justicia si las autoridades encargadas no cuentan con protocolos y una capacitación sobre violencia digital.
La llamada Ley Olimpia está inspirada en la lucha de Olimpia Coral Melo, una joven que a los 18 años de edad fue víctima de un hombre que difundió en internet un video íntimo que grabaron juntos. La afectación en Olimpia la llevó a intentar suicidarse tres veces. Pero después la joven luchó para que se castigue a quienes difundan en la red contenido íntimo de las mujeres sin su consentimiento.
El triunfo de su activismo en 2018 inspiró para que se les llame así al conjunto de reformas legislativas para reconocer la violencia digital y las conductas que atenten contra la intimidad sexual de una persona, como videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, entre otras conductas. De inmediato, organizaciones feministas del país adoptaron el esfuerzo y lo intentan replicar en los estados de la República.
El viernes pasado, la difusión de las fotografías de una adolescente en Tampico, Tamaulipas generó una movilización de mujeres en el centro de esa ciudad con la exigencia de que el Congreso apruebe la ley Olimpia.
Hasta el día de hoy, ha sido aprobada en 24 estados con el impulso de Olimpia Coral Melo, junto con la sociedad civil organizada. Los dos casos más recientes sucedieron a principios de septiembre, en Quintana Roo y Jalisco.
Jalisco: sin protocolos
En el caso de Jalisco, la ley se aprobó el pasado 3 de septiembre en el Congreso Estatal y se añadió el delito de ciberacoso definido como “la violación a la intimidad sexual a quien por cualquier medio difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta; imágenes, audios o videos de contenido real, manipulado y alterado de una persona desnuda parcial o sin consentimiento de la víctima”.
Asimismo, se entenderá como violencia digital como “cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad y cause daño psicológico, físico, económico o sexual”.
La legislación establece penas de hasta ocho años de prisión, y se le otorgó a la Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad la competencia de crear unidades especializadas para investigación en materia de delitos mediante el uso de las tecnologías.
Desde el 2017, la difusión de contenido erótico sexual sin consentimiento está tipificada como delito en el artículo 135 bis. del Código Penal Estatal; sin embargo, está catalogado como un delito contra la moral. Lo cual, en la opinión de Las Luchadoras, resulta revictimizante e incriminante para las víctimas y no para las personas agresoras:
“Estamos hablando de una forma muy específica de violencia sexual en la que se viola tu intimidad. Hablar desde lo moral de una agresión genera censura y culpa, como si compartirte sexualmente fuera un peligro […] no es tu culpa que se haga esta violación a tu derecho; el sexting es una forma de exploración y parte de los derechos sexuales […] nos parece algo conservador y moralista contra el deseo y la libertad de nuestra sexualidad”, expusieron.
Impunidad
De acuerdo con el reportaje “Packs y nudes virales sin permiso: ¿Cómo se persiguen estas violencias en Jalisco?”, publicado en ZonaDocs en 2019, únicamente el 2 por ciento de las carpetas de investigación de 2017 a marzo de 2019, por los delitos de Ultrajes a la Moral o a las Buenas Costumbres e Incitación a la Prostitución, concluyeron con una condena.
Las Luchadoras reconocen que, con el señalamiento de la violencia digital en el Código Penal, se convierte en una preocupación pública, sin embargo, la creación de leyes no es sinónimo de mayor justicia:
“Cuando se crea la ley (Olimpia) sí empiezan a haber más denuncias, pero no empieza a haber más justicia. Está en las leyes y eso nos ayuda a señalar, pero si los órganos encargados de impartir justicia no cuentan con protocolos de atención, pues la violencia digital va a seguir en un cuello de botella de denuncias, en el cual nos encontramos actualmente”, reiteraron.
Otro problema que también señala la colectiva es que no existe una reforma homologada para todo el país, creando una brecha de diferencia entre la conceptualización de intimidad en cada Código Penal, ya sea a través de la Ley Olimpia o cualquier otra ley que contemple la violencia digital.
“Las autoridades están abriendo una diferente definición de lo que es la imagen íntima, imagen sexual, cuerpo desnudo, cuerpo semidesnudo; así como las diferentes sanciones […] hay 15 verbos que terminan siendo sinónimos para hablar de lo mismo: difusión de imágenes íntimas. Entonces se vuelve un poco complicado de cómo perseguirla porque cada estado y cada gobierno está entendiendo la violencia digital y la difusión de imágenes íntimas desde diferentes aspectos”, puntualizaron.
Finalmente, señalaron que para garantizar el ejercicio de esta ley se deberá dar un seguimiento de cómo y cuándo será publicada, así de cómo están siendo atendidas las víctimas en el Ministerio Público y si sus denuncias están procediendo.
“Al dar un seguimiento en el marco legal hemos visto que cambia mucho a cuando se plantea la iniciativa, cómo se aprueba en el Congreso y cuando es publicada en la Diario Oficial o en el Código Penal de cada estado”, afirmaron.
Recordaron que existen otras alternativas más allá de la vía legal, como las estrategias de seguridad digital, así como exigir y construir espacios más seguros en las plataformas; conocer nuestros derechos en internet y hacerlas nuestras para disfrutarlas libres de violencia, porque la violencia digital es real.
Quintana Roo: dictaminación pendiente
La historia del colectivo Defensoras Digitales de Quintana Roo inició con un insulto, un delito, una amenaza a una mujer que no encuentra las vías legales para denunciarlo ni redes de apoyo en que sostenerse, y que en lugar de engrosar la cifra negra, germina en todo un proceso que garantizará que ninguna otra pase lo que ella.
Se trató de Gracia Alzaga, de 24 años, una de las fundadoras de la organización que ha conseguido la aprobación en el Congreso local de una serie de reformas en materia de violencia digital –la tropicalización de la “Ley Olimpia”–, que va mucho más allá de sancionar a alguien por difundir “packs” sin consentimiento.
El pasado enero, Gracia recibió mensajes de desconocidos, a sus redes sociales llegaron amenazas de muerte y que atentaban contra su intimidad; la acusaban, sin prueba alguna, de ser el rostro detrás del #MeTooCancún, la cuenta que evidenciaba a los agresores de mujeres en redes sociales y que incomodó a más de uno; amagaban con difundir imágenes íntimas de ella.
Entonces el Código Penal del estado no contemplaba la ciberviolencia ni se podía sancionar la violación a la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Primero, con temor, contacto al Frente Nacional por la Sororidad para que la asesoraran en la defensa que planeaba. Luego, con la convicción de querer colmar los vacíos legales que existen en la materia en Quintana Roo, Gracia contactó a un par de amigas y algunas organizaciones civiles (colectivas, como reivindica Gracia) para que, en comunión, impulsaran la aprobación de la “Ley Olimpia”.
En el Congreso de Quintana Roo ya se había presentado una iniciativa de decreto encaminada a sancionar este tipo de delitos, promovida por el diputado morenista Alberto Batún, aunque con algunas deficiencias, pues acotaba las sanciones a “difundir, revelar y publicar” contenido sexual. Y las posibilidades van más allá de esos tres simples verbos.
Así nace Defensoras Digitales de Quintana Roo en febrero de 2020, “una organización horizontal, sin liderazgos”. Pese a tener escasos siete meses de vida ya consiguieron, junto con otras organizaciones (Sororas, Gobernanza, Marea Verde, Conversatorio Feminista de Cancún y Derechos, Autonomías y Sexualidades), una conquista histórica en la entidad: caracterizada por su conservadurismo y proliferación de redes criminales de trata de blancas y de menores bien estudiadas por periodistas como Lydia Cacho.
Esta reforma, apunta Gracia, pudo fluir gracias al interés, apertura y apoyo de legisladores como Atenea Gómez Ricalde (PAN) y José Luis Guillén (MAS), quienes facilitaron espacios de diálogo y discusión con las colectivas y cabildearon entre sus pares para que se aprobara.
El borrador de la iniciativa no solo fue discutido entre las organizaciones y los legisladores. Durante los primeros meses del año, “las Defensoras” participaron en mesas de trabajo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Quintanarroense de la Mujer y el DIF. Ninguna de las cuales cuenta con un protocolo de actuación ante la comisión de este tipo de delitos, subraya Garcia. “Aunque en esas mesas se comprometieron a trabajar en ello”.
Este 5 de septiembre, por 22 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en Pleno la reforma que adiciona diversas disposiciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo en materia de vigencia digital. Se adicionan dos artículos en el primero; se impondrán sanciones de cuatro a ocho años de prisión y 200 a 500 días de multa a quien difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento de naturaleza sexual o erótica de otra persona, mayor de edad, sin su consentimiento, a través de cualquier tecnología de la información y comunicación o por cualquier medio digital o impreso. La sanción será más severa cuando quien lo haga sea el cónyuge, concubino o haya mantenido una relación afectiva o de confianza con la víctima; cuando sea en contra de una persona con capacidades diferentes o cuando se realice con fines de lucro.
“Esto no solo servirá para proteger a las mujeres ante amenazas y conductas señaladas como violencia digital, sino que ayudará a las autoridades, por ejemplo, a desmantelar redes de trata y de pornografía en la entidad, pues mucho de ello también está en los medios digitales”, remarca Gracia, que ahora es vocera de la organización.
Visibilizan violencia digital
Las mujeres en Quintana Roo han sido víctimas de difusión de material gráfico o auditivo íntimo sin consentimiento, sextorisión, acoso virtual e insultos por vías electrónicas, según reveló recientemente una encuesta realizada por Defensoras Digitales de Quintana Roo.
En el ejercicio demoscópico participaron 180 personas, de las cuales, 49 declararon haber sido víctimas de sextorsión, es decir, de amenazas con difundir contenido ínfimo a cambio de algún pago o cualquier otra petición o chantaje. Fue la conducta más común.
Asimismo, del total de encuestados, 38 personas refirieron que se había difundido material íntimo sin su consentimiento, 24 más señalaron acoso virtual y 16 insultos por vía electrónica.
El resto dio cuenta de trata virtual de personas, ciber persecución, difamación sexual, suplantación virtual, amenazas y chantajes, entre otros.
Los resultados ya habían sido presentados en la tercera mesa de trabajo de esta Ley, celebrada el pasado 4 de agosto, a la que asistieron todas las delegadas del Instituto Municipal de la Mujer, la directora general del Instituto Quintanarroense de la Muejer, el director del Instituto Quintanarroense de la Juventud, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la directora del DIF, la secretaria de Educación Pública, entre otros.
“Lo que se concluyó en esa mesa es que ninguna autoridad tiene un protocolo para la atención de las víctimas de violencia digital”, señala Gracia Alzaga, fundadora de la organización, actualmente vocera.
“Todas fueron muy sinceras en decirnos que no hay, pero dijeron que están dispuestas a hacer algo en conjunto”, añadió.
Por otro lado, el 68 por ciento de las encuestadas reportaron consecuencias emocionales, 11 por ciento sociales, 8 por ciento escolares, 7 por ciento conductuales y el resto laborales y familiares.
Además, el 78 por ciento de las víctimas expresó no haber tenido acercamiento con las autoridades.
Actualmente se trabaja en el Congreso la dictaminación de la Ley, lo que sería una conquista más para el movimiento feminista y para las mujeres y hombres en general.
La parte de este trabajo referente a Jalisco fue realizada por el equipo de ZONA DOCS que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
Texto: Ximena Torres, Fernanda Lattuada y Eric Sandoval / Zona Docs y Ricardo Hernández Ruiz. Imágenes: Zona Docs.
Tres mujeres, entre muchas, que se abrieron paso en el relato histórico sobre las luchas emancipadoras en Latinoamérica: Javiera Carrera, Juana Azurduy y María Ignacia Rodríguez de Velasco.
«No fueron brazos ejecutores de lo que opinaban y decían sus maridos o los varones de sus casas, sino que ellas mismas asumieron una posición política frente al proceso de la independencia de sus países».
Así le describe a BBC Mundo la historiadora Inés Quintero, exdirectora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, el papel que jugaron las miles de mujeres que de una manera u otra participaron en la gesta libertadora de América Latina.
Pese a que se conoce poco, el apoyo logístico que brindaron fue impresionante.
No sólo se trató de cocinar, de hacer uniformes, de asistir a los heridos, de recolectar joyas y donar sus propio dinero y bienes para financiar la causa, sino de roles que muchas veces las ponían en peligro.
Algunas sirvieron de correos, de espías, otras participaron en la planificación de estrategias, escondieron gente y armas y, aunque no fue lo más común, hubo las que rescataron prisioneros y hasta las que combatieron.
Se convirtieron en el sostén de las familias cuando los hombres partían al campo de batalla, y «se encargaron de la siembra, de la producción, de defender las propiedades», explica Quintero.
Pero al intentar contar la historia de estas mujeres, surge un problema.
La invisibilidad
La mayoría de los relatos independentistas fueron escritos por hombres, sobre hombres. Quizá por ello, hay una enorme disparidad entre la cantidad de documentos y testimonios que existen sobre ellos y los que hablan de las mujeres.
Integrantes del ejército mexicano desfilaron como «Adelitas» revolucionarias en las celebraciones de los 200 años de la independencia de México, en septiembre de 2010.
«Esa invisibilidad nos hace andar un poco en el terreno de la especulación», le dice Marta Martín, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a BBC Mundo.
Aunque «eso no quiere decir que su rol no haya sido importante», aclara.
«Las historias de las independencias no sólo fueron los hechos políticos y los actos heroicos de los próceres, que quedaron en los libros de historia, sino que fueron posibles gracias a todo un contexto y un entramado en el que las mujerestuvieron participación activa«, indica la académica.
En septiembre, un mes clave en los procesos independentistas de muchos países latinoamericanos, BBC Mundo destaca el perfil decuatro mujeres que lograron trascender, y que de alguna manera representan a las miles que fueron olvidadas.
1. Micaela Bastidas Puyucahua, la estratega al lado de Túpac Amaru II
El Congreso de Perú le rindió un homenaje especial a Micaela Bastidas en 1980 y reconoció su «glorioso sacrificio». La exposición «Mujeres heroicas de la independencia de Perú» se puede ver en su página web.
«Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos».
Eso fue lo último que habría dicho antes de morir estrangulada Micaela Bastidas Puyucahua, precursora, prócer y mártir de la emancipación peruana y una inspiración en las luchas independentistas hispanoamericanas.
Junto a su esposo, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, lideró en 1780 una rebelión que buscaba terminar no sólo con el dominio colonial, sino con los abusos de los que eran víctimas las poblaciones nativas.
Esa insurrección es considerada la base fundamental de la emancipación peruana, que culminó con la proclamación de la Independencia el 28 de julio de 1821 y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.
En 2014, el Museo de Arte de Lima organizó una retrospectiva del pintor peruano José Gil de Castro, quien retrató a los héroes de la independencia de Perú, Chile y Argentina.
Mientras Túpac Amaru II realizaba su marcha triunfal en Puno, y manteniéndose en constante comunicación con él, Bastidas se encargó de las operaciones militares en el Cusco, evocaría el diputado Demetrio Carranza en un acto en su honor celebrado en 1980.
Bastidas era zamba: de raíces africanas e indígenas.
Se casó siendo una adolescente con quien había sido su amigo de la infancia y tuvieron tres hijos.
Cuando Túpac Amaru II se ausentaba, dado su rol de líder, ella era quien asumía las riendas del hogar así como también de los negocios, pues era una gran administradora.
Ya antes de la insurrección, la líder había hecho solicitudes formales «a las autoridades coloniales de Tinta, Cusco y Lima, para que los indígenas fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas y exonerados del cumplimiento de la mita, obteniendo siempre negativas».
Así lo señala Bernardino Ramírez Bautista, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el artículo «Próceres campesinos en la guerra de la Independencia del Perú», de la revista Investigaciones Sociales.
Y en ocasiones era ella quien definía la estrategia a seguir y su esposo quien la implementaba.
Como sucedió con Bastidas y Túpac Amaru II, Bartolina Sisa y su esposo, Túpac Katari, lideraron una sublevación indígena entre 1781 y 1782 en La Paz. Sisa es considerada «heroína nacional aymara» en Bolivia.
De hecho, se cree que perdieron la batalla decisiva contra el ejército español, en parte porque Túpac Amaru II se demoró mucho en seguir los consejos de Bastidas, quien quería tomar la ciudad de Cusco con mucha anticipación, pues consideraba que «era un objetivo central para su movimiento».
Lo cuenta la investigadora Mary G. Berg en el capítulo «Micaela Bastidas y su época», del libro «Mujeres y emancipación de la América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX.
Tal era la determinación y la personalidad de Bastidas, que las autoridades coloniales la llegaron a considerar incluso más peligrosa que su esposo.
«Y ofrecieron cantidades de dinero, premios y títulos nobles a personas que las ayudaran a capturar a Túpac Amaru, pero sobre todo, a su mujer», indica Berg.
Tras el fracaso de la sublevación, en la que participaron decenas de mujeres más, fue capturada y condenada a la muerte junto a su esposo y uno de sus hijos.
«Micaela Bastidas entró en la plaza arrastrada por un caballo, atados pies y manos, mientras su sentencia se leía en voz alta», relata Berg.
En la Plaza de las Armas del Cusco, se cumplió la tormentosa sentencia. Se cuenta que tuvo que ver la ejecución de su hijo y que le cortaron la lengua.
Como líderes de la sublevación, Túpac Amaru y Micaela Bastidas sufrieron muertes tormentosas.
A pesar del tamaño de su gesta, Bastidas «fue ignorada en las páginas de la historia hasta que la literatura del siglo XX le hizo justicia», reflexiona la historiadora Ana Belén García en el artículo «Las heroínas calladas de la Independencia Hispanoamericana».
Con el tiempo, las autoridades peruanas también reconocieron el papel de otras mujeres que en otras etapas del largo proceso independentista, como por ejemplo, María Parado de Bellido, quien murió fusilada por negarse a delatar a los patriotas.
2. Juana Azurduy, teniente coronel y heroína en Bolivia y Argentina
Otro nombre que también logró trascender fue el de Juana Azurduy. Y, aunque murió en el olvido, hoy se la considera una de las heroínas de la independencia tanto en Argentina como en Bolivia.
Juana Azurduy recibió el reconocimiento de Simón Bolívar.
Nació en el Virreinato del Río de La Plata, en un territorio que hoy forma parte de Bolivia.
Su madre fue mestiza y su padre, que era propietario de varias tierras en la región, era de raza blanca.
Quedó huérfana siendo niña, por lo que su infancia la pasó conviviendo con unos tíos y en conventos.
Con 25 años, se casó con Miguel Asencio Padilla, quien era el hijo de unos vecinos, y tuvieron cinco hijos.
Los dos se alimentarían sus ansías por la independencia.
«Juana Azurduy fue una mujer muy valiente, que mezclaba su rol de madre con el militar y el político», le dice a BBC Mundo Fernando Cajías, historiador boliviano y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés.
En 2015, en Buenos Aires, los entonces presidentes de Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, y de Bolivia, Evo Morales, develaron una estatua en honor a Juana Azurduy, considerada una heroína en ambos países.
«En la segunda etapa del proceso de la independencia, cuando fueron derrotados todos los movimientos urbanos, la mayoría de los patriotas que mantenían la causa formaron pequeñas repúblicas en el área rural y una de ellas fue la que encabezó el matrimonio de Padilla y Azurduy».
Los esposos formaron parte de una organización conocida como «Los Leales».
Su capacidad de mando era destacada, hasta tal punto que le valió el nombramiento de teniente coronel en 1816.
Un billete boliviano de 1982 en el que se ve el rostro de Juana Azurduy. En Argentina también se emitió un billete en su honor.
Ese año, embarazada de su quinto hijo, Juana resultó herida en combate. Cuando Padilla intentó rescatarla, murió.
«Luego de dar a luz, la soldada se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú defendiendo en seis ocasiones las invasiones realistas», se recoge en una breve biografía del Ministerio de la Cultura de Argentina.
Azurduy luchó hasta el final del proceso de la independencia.
Esta foto es de una celebración de 2007, en Argentina, de un grupo de gauchos. Ellos fueron fundamentales en la independencia de ese país a través de tácticas de guerrilla. Juana Azurduy se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes.
Y «tras caer el último reducto realista del exvirreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Simón Bolívar la ascendió a coronel y le otorgó una pensión que recibió durante cinco años», indica el Ministerio.
Sin embargo, murió en la pobreza y fue enterrada en una fosa común.
Cada 12 de julio, en honor a su nacimiento, Argentina conmemora el «Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América».
3. Javiera Carrera, la «Madre de la patria» de Chile
Javiera Carrera y sus hermanos, sobre quienes tuvo una importante influencia, son recordados como próceres de la independencia de Chile.
Francisca Javiera Carrera Verdugo formó parte de la aristocracia de la Chile colonial.
Perteneció a una familia de destacados militares patriotas, pero fue mucho más que la hermana mayor de José Miguel, Juan José y Luis Carrera.
De hecho, se la considera una decisiva influencia en ellos.
Se sabe que asistía a reuniones de los patriotas y que fue de las que escondió soldados y armas.
En un terreno dominado por hombres, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del proceso independentista chileno.
Fue ella quien diseñó una de las primeras banderas de Chile, dejando claro «la inminente desvinculación» con los españoles.
Carrera rompió con los estereotipos de la mujer de su época. En el relato histórico, trasciende como una mujer ambiciosa y muy astuta.
«Era como una ave rara», señala la historiadora chilena Alejandra Araya.
«Fue una mujer que se involucró quizás de una manera poco frecuente en la vida política del esposo», a la que se le atribuye una gran inquietud intelectual y un interés por la implementación de las llamadas «escuelas de amigas», espacios en los que las mujeres aprendían a leer y a escribir.
Ilustración que evoca la Batalla de Maipú, ocurrida el 5 de abril de 1818, considerada el hito definitivo del proceso de Independencia de Chile.
Se casó en dos oportunidades. De su primer marido quedó viuda a los 19 años.
«Abandonó a su (segundo) esposo y a sus hijos para autoexiliarse con los hermanos (tras la reconquista). Se hizo parte de la causa, cruzó la cordillera, tiene una historia que la pone a la par de lo que los hombres hacen y que se supone las mujeres no hacen», indica la historiadora de la Universidad de Chile.
Su actuar, reflexiona, se pudiese comparar con el de las guerrilleras durante los gobiernos de facto latinoamericanos.
Fuera de su país, enfrentó penurias económicas, además del dolor de las muertes de sus hermanos que habían vuelto al campo de batalla.
Este retrato de Javiera Carrera forma parte de la colección «Las mujeres en la Independencia de Chile» que se puede encontrar en la página web de la Biblioteca Nacional de Chile.
Tras la abdicación de Bernardo O’Higgins, Carrera regresó a Chile en 1824 para dedicarse a una vida doméstica en su hacienda de El Monte. Murió a los 81 años.
Araya recuerda que en el Museo Histórico Nacional Javiera Carrera comparte una vitrina con O’Higgins, considerado el padre de la patria.
«De Javiera Carrera podríamos decir que sería la madre de la patria. Allí se ven sus zapatos y su vestuario, pero sin mayor indicación de lo que pudo significar esta mujer más allá de ser la acompañante de, la hermana de o lo que la tradición popular nos ha transmitido: que tuvo cierto reconocimiento público, incluso de los líderes de la revolución».
«Solo sabemos de ella, y de Paula Jaraquemada Alquízar, porque forman parte del grupo que protagoniza las luchas. De esa forma ingresan en el panteón con el mismo código que los hombres».
Y se pregunta qué pasó con las mujeres que no entraron en los registros históricos y que no calificaron como heroínas, pero que también fueron protagonistas de la independencia.
4. La Güera Rodríguez, una «reivindicación contemporánea»
La misteriosa vida de María Ignacia Rodríguez de Velasco ha pasado por la literatura y la producción cinematográfica.
En la construcción de ese relato heroico de las mujeres de la independencia, hay un caso que ha logrado cautivar a los mexicanos de varias generaciones:
El de María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como «la Güera Rodríguez».
En la versión de algunos historiadores, su figura eclipsa a otras más emblemáticas como Leona Vicario (declarada «Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria» en 1842) y Josefa Ortiz de Domínguez, incluso se le llegó a llamar «madre de la patria».
Criolla perteneciente a la alta sociedad -por eso lo de «güera», como se le llama en México a quien tiene los cabellos o la piel clara-, se le atribuyen ideas liberales que chocaron con los cánones conservadores de la época.
Asistió a reuniones políticas clandestinas con personajes como el cura Miguel Hidalgo, considerado el «padre de la patria» en México por su llamado a la emancipación contra el gobierno de la Nueva España.
«En 1811 la Santa Inquisición la acusó de estar relacionada con el cura Hidalgo, así como su tendencia al adulterio, mancebía y bigamia. A raíz de esto fue expulsada a Querétaro, donde estableció amistad con doña Josefa Ortiz de Domínguez y la academia literaria, adhiriéndose al grupo de conspiradores», cuenta Gaspar Hernández Ranulfo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
En este mural del pintor Octavio Ocampo se observa en un plano protagónico a Miguel Hidalgo, considerado el padre de la independencia mexicana, y a la Corregidora, Josefa Ortíz de Dominguez, figura en la «conspiración de Querétaro», un levantamiento que llevó a la independencia.
Diversos historiadores la han descrito como una mujer de gran belleza, «la Venus mexicana».
Algunos la hacen ver como «una mujer liberada, de gran inteligencia y con ansia de conocimiento, una gran seductora», señala Marta Martín, la investigadora de la UNAM.
Se casó tres veces y se dice que hasta tuvo una relación fugaz con Simón Bolívar.
Martín le explica a BBC Mundo que Rodríguez ha trascendido «sobre todo por su relación con Agustín de Iturbide y en concreto por un impulso muy decisivo que ella aparentemente le dio para que completara la causa de la independencia mexicana».
«Se llega a decir que ella organizaba las tertulias en las que se vislumbró el Plan de Iguala. Incluso se le ha atribuido la redacción parcial o una intervención muy directa en ese plan, que abrió el camino a la recta final de la independencia de México», indica la experta.
Leona Vicario fue declarada «Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria» en 1842. No sólo fue una fuente de información importante para los insurgentes, sino que financió la causa con su propia fortuna. Esta imagen es de Ciudad de México, adornada para las celebraciones de 2020.
Sin embargo, es una versión que varios expertos ponen en duda.
Hay quien se pregunta si sus contribuciones a la causa patriota fueron realmente voluntarias y no la consecuencia de la coacción para salvaguardar su patrimonio, incluso quien apunta a sus posibles vínculos con los adversarios de la independencia.
«Entre la leyenda y la realidad, se le ha atribuido un papel de espía», señala la investigadora, por el acceso a la información política que le habría permitido tener el hecho de que su padre fuera regidor perpetuo de Ciudad de México, así como también su relación con ciertos personajes.
Pero de lo que sí hay información es que «en una de sus haciendas hubo una importante reunión en la que se cree que se dirimieron algunos asuntos decisivos para la culminación de la independencia de México».
Afirmar que participó en la redacción del Plan de Iguala, es entrar en un terreno «un poco más oscuro».
«Quizás es decepcionante (…) pero es que todos caemos en contradicciones y no por eso, nuestros actos o los de la Güera Rodríguez son menos valiosos», reflexiona la doctora.
Y lo interesante es que su «reivindicación contemporánea y muy reciente» la ha convertido en una especie de «ícono protofemenista» en pleno siglo XXI.
*Edición: Carolina Robino y Leire Ventas/Ilustraciones Cecilia Tombesi.
En casos de homicidio resultado de una agresión sexual, el 86% de las víctimas fueron del sexo femenino.
“Si queremos hacer sentido de la violencia que afecta a las mujeres, tenemos que ver, entre otros elementos, el papel que juega el machismo en sus vidas”, es la idea clave que han logrado posicionar en el discurso público las feministas en México, de acuerdo con Las dos guerras: el impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007-2018), informe elaborado por Laura H. Atuesta y Estefanía Vela Barba.
El informe, que busca analizar la intersección entre dos fenómenos, el de la violencia contra las mujeres y el de la violencia desatada por el Estado en el marco de la “Guerra contra las drogas”, afirma que la idea comenzó a ser públicamente relevante a partir de los feminicidios perpetrados a mediados de la década de los noventa en Ciudad Juárez.
Fueron asesinatos que, además de incrementar, se caracterizaron por ser “particularmente brutales y crueles”: encima de todo, fueron minimizados y justificados por las autoridades del país, “garantizando con ello que ocurrieran en absoluta impunidad”, afirmaron en el análisis.
La primera gráfica demuestra cómo asesinatos en ambos géneros han tenido “casi” los mismos picos y descensos (Foto: Las dos guerras: el impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México)
Publicado este mes y realizado de manera conjunta por la organización Intersecta, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y con apoyo de Fondo Semillas, informa que la teoría feminista sobre la violencia parte sobre una realidad: saber que existen diferencias entre los asesinatos de hombres y de mujeres.
A ellas las matan en contextos y de formas significativamente distintas. Más aún: la violencia que las priva de la vida es, en realidad, parte de un continuum más amplio de vejaciones, de discriminación y de explotación machistas —es parte, dice Marcela Lagarde, quien introdujo el concepto del feminicidio en México, “de la saga patriarcal”—
Es una violencia que no solamente ocurre en contextos de guerra, sino en momentos que también se consideran como de “paz”. Lagarde señaló que el caso de “Ciudad Juárez sucedía en una situación de paz, pero resulta que era una guerra contra las mujeres. Sucedía en México, un país que no está en guerra, pero es un país machista”.
La base de datos más importante sobre homicidios en el país, de acuerdo con el informe, son los Registros de Defunciones por Homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A más de 25 años desde que incrementaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el INEGI continúa arrojando diferencias fundamentales entre cómo asesinan a hombres y cómo asesinan a mujeres en México.
Las personas asesinadas en México: por sexo, lugar y modo de ocurrencia (Foto: Las dos guerras: el impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México)
Uno de los ejemplos señala que, en todos los homicidios ocurridos entre el 2000 y el 2018, el 17.2% de las mujeres fueron asesinadas por asfixia y los hombres solamente el 6.1 por ciento. El 18% de las mujeres fueron asesinadas con un arma blanca (un cuchillo o un objeto contundente), mientras que el 14.7% de los hombres fueron asesinados de esa forma.
En los “poquísimos” casos de homicidio resultado de una agresión sexual, el 86% de las víctimas fueron mujeres: “algo que no sorprende considerando que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, aproximadamente 9 de cada 10 víctimas adultas de delitos sexuales son mujeres”, describieron en el informe.
Otras diferencias, puntualizaron, es el hecho de que una de cada tres mujeres fue asesinada en la vivienda, mientras que para los hombres fue uno de cada diez.
Según los datos, también es más común que los asesinatos de mujeres ocurran en un contexto de violencia familiar en comparación con los de los hombres; y, en estos casos, la pareja aparece mucho más como perpetradora de la violencia para las mujeres, que para los hombres
“Todo esto apunta al género como un factor que distribuye riesgos y condiciona las vidas de los hombres y de las mujeres”, señalaron. Sin embargo, también declararon que es insuficiente si se quiere entender la violencia actual (“entender cómo llegamos al punto en el que estamos”): la tasa más alta de asesinatos desde 1985.
«La impunidad, por ejemplo, ha sido uno de los puntos en los que se ha trabajado arduamente, pero hay otros, como son el neoliberalismo, el colonialismo y el racismo, y la ineludible interrelación que existen entre estos cuatro factores» (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)
Además de mantener un foco en las diferencias entre asesinatos por género, también es necesario identificar las similitudes que existen entre ellos. El informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, realizado por la organización Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala cómo aunque persisten diferencias estadísticas entre los asesinatos de hombres y mujeres, “las similitudes en años recientes son cada vez más notables”.
Desde los noventa, al menos, las feministas en México —y en América Latina— llevan analizando la manera en la que el machismo se entrelaza con una variedad de elementos para exacerbar y legitimar la violencia contra las mujeres. La impunidad, por ejemplo, ha sido uno de los puntos en los que se ha trabajado arduamente, pero hay otros, como son el neoliberalismo, el colonialismo y el racismo, y la ineludible interrelación que existen entre estos cuatro factores
La primera gráfica demuestra cómo asesinatos en ambos géneros han tenido “casi” los mismos picos y descensos. Alcanzaron su punto más bajo en el 2007 para luego incrementar y alcanzar el punto más alto, hasta ese entonces, en el 2011. Bajaron y después repuntaron en el 2015. Tres años después, en el 2018, alcanzaron niveles históricos.
«En este sentido, en México hoy en día, tratándose de los homicidios, la calle es un espacio de riesgo mayor que la casa para las mujeres —tal como ocurre con los hombres—. Más aún, ahí donde incrementan los homicidios de hombres en la calle, se incrementan también los de las mujeres» (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)
En segundo lugar, cambió el lugar donde más asesinan a las mujeres. Antes, la mayoría de los homicidios eran registrados dentro de casas. A partir del 2009, las muertes en el espacio público “rebasaron los cometidos en la vivienda”.
En este sentido, en México hoy en día, tratándose de los homicidios, la calle es un espacio de riesgo mayor que la casa para las mujeres —tal como ocurre con los hombres—. Más aún, ahí donde incrementan los homicidios de hombres en la calle, se incrementan también los de las mujeres
En tercer lugar, señalaron Laura H. Atuesta y Estefanía Vela Barba, los asesinatos de mujeres con armas de fuego incrementaron de manera exponencial después del año 2007. En el 2000 eran tres de cada 10 mujeres asesinadas con un arma de fuego: para el 2018, ya eran seis de cada 10.
“Los asesinatos de mujeres con arma de fuego aumentaron tanto en casa como en vía pública, pero el incremento en los espacios públicos fue significativamente mayor”, mencionaron.
¿Qué indica todo esto? Que a las mujeres les empezó a afectar también la violencia armada, una violencia que antaño afectaba principalmente a los hombres
Marion Reimers tiene una sensación agridulce al contar que es la primera periodista hispana en narrar una final de la Liga de Campeones. Ya lo ha hecho dos veces. Pero le inquieta que ninguna mujer lo haya conseguido antes. La revolución Reimers ha desafiado al machismo dentro del ecosistema televisivo en México. Su voz, feminista, vigorosa, le ha valido para ser una de las comunicadoras más reconocidas de América. Ahora bien: con ello, la acompaña en Internet la garrapata de la misoginia.
Estudió Historia del Arte. Investigó el arte renacentista en Florencia y ama el Romanticismo alemán —su cuadro favorito es Wanderer above the Sea of Fog, de Caspar David Friedrich—. Después se hizo periodista y se adentró en el ámbito deportivo cuando aún las mujeres siempre estaban detrás de los hombres. “Es muy triste que no haya habido previamente narradoras, porque creo que antes de mí ha habido muchísimas que sabían más de fútbol que yo”.
Nacida en la Ciudad de México en 1985 y con 14 años de carrera en Fox Sports, Reimers ha ganado una insólita resistencia a los comentarios machistas. “Alguna vez un excompañero dijo: ‘Le pega a la pelota como hay que pegarle a la novia de vez en cuando’. Ese era el entorno en el que empecé”, pone como ejemplo, y reivindica la necesidad de oponerse a ello: “No creo que exista eso de alzar demasiado la voz. ¿Cuándo es demasiado? Vivo en un país en el que matan a 10 mujeres al día por el hecho de ser mujer”.
Reimers trabajando en su hogar.H. GUERRERO
Su irrupción coincidió con la creación de la primera Liga femenina de fútbol de México, en 2017. La competencia ganó fuelle y la periodista ha sido su gran vocera. La realidad cambia y le ha permitido momentos de gozo: “Como entrar a una cantina donde los hombres juegan dominó en un lunes por la noche y ver en la televisión a 22 mujeres ganándose la vida, con su cuerpo, jugando al fútbol”.
Su éxito provocó una ola de hostigamiento en redes sociales. Los insultos que reciben sus colegas tienen que ver con sus opiniones. Los suyos tienen que ver con su género. “Quieren asustarnos y que guardemos silencio”. En 2017 fundó una organización, Versus, para exhibir la violencia digital y elevar el debate. Una de sus iniciativas fue crear en Wikipedia perfiles de las futbolistas mexicanas. La plataforma decidió eliminar decenas al no considerarlos relevantes.
Ha narrado las dos últimas finales de la Copa de Europa. Ha cubierto tres Copas del Mundo y dos Juegos Olímpicos. Pero esa notoriedad que ha ganado, dice, la lleva a un lugar solitario. “Las mujeres estamos empapadas por el síndrome del impostor”, reflexiona. Marion Reimers llama a no ser neutrales en el periodismo: “Me han atacado al decirme que he perdido objetividad por ser feminista. Yo creo que he adquirido más objetividad al serlo porque no reafirmo las opresiones estructurales, sino que me sitúo en un lado que busca un mundo más parejo para todas las personas”.
El PPEF tiene proyectado para 2021 un aumento de 20% para igualdad, aunque casi todo es para la pensión de adultos mayores, un programa que ONG han criticado porque no está diseñado con perspectiva de género.
El Anexo 13 del Presupuesto de Egresos, es decir, el que agrupa todo el dinero destinado a “Igualdad entre mujeres y hombres”, tiene proyectado para 2021 un aumento de 20% en términos reales con respecto a 2020. Sin embargo casi la totalidad de ese incremento está etiquetado en uno de los programas prioritarios del actual gobierno, el de Pensión para personas Adultas Mayores, que organizaciones sociales han criticado que no está diseñado con perspectiva de género.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 propone 128 mil 092 millones de pesos para el Anexo 13, que son 24 mil 574 millones más que lo destinado el año pasado. Tan solo los apoyos a mayores de 68 años (o de 65 en zonas indígenas) tuvieron un incremento de 19 mil 569 millones, para quedar en 59 mil 200 millones.
Es decir, que ese programa de entrega directa de dinero concentra el 46% de todo el presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres, más de lo que ya había concentrado este año, y que la organización social Red Nacional de Refugios criticó en un informe reciente que no hay certeza de que sirva para reducir la desigualdad de género.
Una novedad del PPEF es que ya etiqueta desde ahora el presupuesto a los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos. El año pasado, este dinero todavía era un subsidio a cargo de la Secretaría de Salud, cuyo monto se definía hasta que estaba aprobada la totalidad del Presupuesto. Pero durante 2020 se hizo una modificación para que pasara a manos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), de la Secretaría de Bienestar, y en el proyecto 2021 viene mencionado ya como un Programa, con la clave U012.
El monto propuesto para los Refugios es de 405 millones 003 mil 761 pesos, que es exactamente lo mismo que tuvieron asignado durante 2020, lo que en términos reales significaría una disminución de 3.3% por la inflación.
Recorte de 68% a mujeres indígenas
En contraste con lo ocurrido con los Refugios, desapareció totalmente del proyecto de decreto 2021 el Programa de Derechos Indígenas, de donde salía el presupuesto para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs), que son como los refugios para mujeres pero en zonas rurales y además atienden partos en donde no hay centros de salud.
En el PEF 2020 este programa tuvo etiquetados 85.5 millones de pesos para la igualdad de género —de los que 30 millones eran para las CAMIs, aunque finalmente se les recortó a la mitad—, además de otros 436.6 millones denominados “Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas” que estaban incluidos en el Anexo 13.
Pero para 2021, el primer programa desapareció y el segundo cambió de nombre por el de “Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, con solo 171.3 millones de pesos asignados. Es decir, que en total se eliminaron más de 350 millones de pesos para mujeres indígenas, lo que representa en términos reales un 68% menos.
Aun así, el gobierno señaló en la Carta de Exposición de Motivos del PPEF que con esos 171.3 millones se beneficiará a 5 mil 623 mujeres con 277 apoyos repartidos entre distintas acciones, incluidas las CAMIs.
Inmujeres y Conavim recuperan presupuesto
Luego de los recortes ocasionados durante 2020 por la crisis que ha causado la pandemia de COVID-19, el PPEF 2021 plantea que recuperen su presupuesto organismos dedicados a atender temas de género como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
El primero tiene proyectados 831 millones de pesos para el próximo año. Son apenas 4 millones más que lo que se le había etiquetado originalmente en 2020, pero 19% más en términos reales si se compara con los 675 millones a los cuales se había recortado, según el segundo informe trimestral de Hacienda.
En Conavim ocurre algo similar. Se le está etiquetando con la clave E015 para “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” un monto de 300 millones, lo mismo que en 2020, pero que sería una recuperación, considerando que se le habían recortado casi 60 millones durante el primer semestre del año, de acuerdo con lo reportado por Hacienda en junio pasado.
En cuanto a los subsidios que este organismo reparte para Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y Centros de Justicia para las Mujeres, en julio hubo una polémica porque se había informado a los estados de un recorte de 37.6 millones, aunque días después Segob aseguró que no había tal disminución y estaba garantizado el dinero: un total de 202 millones 627 mil 482 pesos. Esa misma cantidad es la que está plasmada para repartir en 2021, por lo que en términos reales significa una disminución de 3.3% por la inflación.
Activistas ven un patrón de agresiones sistemáticas de las policías de todo el país, sin importar de qué nivel de gobierno, contra las mujeres.
Mujeres que fueron desalojadas durante la madrugada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en Ecatepec denunciaron que algunas fueron brutalmente golpeadas y están heridas, sin que ninguna autoridad del Estado se haga responsable, por lo que han empezado a presentar quejas ante otras instancias y acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Erika “Kika” Flores, madre de una mujer asesinada y que tiene un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual, detalló que ya están en contacto con personas de la CIDH y de la organización Amnistía Internacional, este sábado a las 11 tienen cita para presentar denuncias ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) y recurrir al Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, además de que van a interponer un amparo por las acusaciones contra ellas de la Fiscalía del Estado de México.
Señaló que este viernes está en operación un hombre que fue golpeado después de acudir al Centro de Justicia de Atizapán a preguntar por una de sus familiares, que había sido llevada ahí tras el desalojo de la CODHEM, y que hay otras dos chicas muy heridas. El resto, tras ser liberadas por la mañana, regresaron a las instalaciones de Ecatepec acompañadas por un visitador de Derechos Humanos para recuperar sus pertenencias confiscadas.
Denunció que los destrozos en la oficina de derechos humanos no los hicieron las activistas, sino los propios policías que fueron a sacarlas, rompieron mobiliario, les quitaron sus identificaciones y objetos de valor. Los agresores no iban identificados, advirtió, sino vestidos de negro, y las subieron a camionetas que tampoco tenían insignias, no les decían a dónde las estaban trasladando ni por qué delito ni quién las acusaba. Solo en algún momento alguien le dijo que la orden de sacarlas por la fuerza había sido del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, al que responsabilizó de la agresión.
Lucía García, que no pertenece a ninguna colectiva, relató en entrevista que ya acudió a denunciar a las autoridades locales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que están tomadas las instalaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México justo en protesta por la falta de justicia para las víctimas. Ella estaba en esa sede cuando se enteraron del desalojo en Ecatepec, así que ofreció su coche para ir a donde estaban las detenidas, en el Centro de Justicia de Atizapán.
Llegaron hasta 100 personas, contó, pero la policía ni siquiera daba información ni la lista de detenidas, y de pronto empezaron las agresiones con golpes, insultos y hasta palos, así que salieron huyendo.
Pasado el mediodía, en la CNDH, convertida en refugio para víctimas, la activista y madre de una chica asesinada hace cinco años, Yesenia Zamudio, dijo que tras lo ocurrido en la madrugada, van a tomar edificios de comisiones de Derechos Humanos en todo el país.
Foto: Carlo Echegoyen
Otra representante del Frente Ni Una Menos leyó un comunicado con una serie de peticiones del movimiento: exigieron que el gobernador Alfredo del Mazo se pronuncie y garantice atención médica inmediata a las mujeres que están heridas, además de una disculpa pública a las mujeres que fueron llamadas vándalas, amenazadas con ser desaparecidas o asesinadas, y que quienes participaron en esos actos sean retirados de sus cargos y se les finquen responsabilidades por no seguir ningún protocolo.
Pidieron mesas de diálogo en las que no haya una escucha inerte, sino que se traduzcan en acciones, y que haya minutas que se entreguen a las participantes; revisión caso por caso de las víctimas que no han tenido justicia en años.
“Con estas tomas que hemos hecho simbólicas o físicas de los espacios de derechos humanos lo que queremos evidenciar es que el Estado de Derecho en México no existe para las mujeres, que las comisiones de Derechos Humanos son un aparato que no está cumpliendo con su función, que se han dedicado a enmascarar y a secundar los actos de violencia institucional a los que nos vemos expuestas todos los días”, agregó, en referencia a acciones que ya se han realizado en Morelia, Puebla, Veracruz y Aguascalientes.
Amnistía Internacional denuncia ocultamiento de responsables
A la sede de la CNDH en la Ciudad de México acudieron directamente la directora local de la organización Amnistía Internacional, Tania Reneaum, y la Jefa de su Unidad de Derechos Humanos, Edith Olivares, para recabar testimonios de mujeres ahí refugiadas después de lo ocurrido en la madrugada en el Estado de México.
Reneaum denunció que esto se suma a otros actos de represión de movimientos feministas en Culiacán esta semana y en Ciudad Juárez el fin de semana pasado, por lo que se ve un patrón de agresiones sistemáticas de las policías de todo el país, sin importar de qué nivel de gobierno, contra las mujeres.
Consideró grave que en el caso de la toma de la CODHEM no está claro qué cuerpo policiaco hizo el desalojo y posteriores agresiones: se manejó que la policía de Ecatepec, que fue la Fiscalía del Estado la que intervino a petición del organismo, que corporaciones de Atizapán porque ahí está el Centro de Justicia al que las llevaron, y hasta que intervino la Guardia Nacional, sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad del operativo. Además, dijo, en los videos no se logra identificar con claridad insignias de una corporación, lo cual va contra todo protocolo, las mujeres no saben a quienes denunciar, y se traduce en que no haya claridad de a quién van a investigar y a quién sancionar.
“Lo que está pasando es terrible. No solo es un acto de represión, sino que es un acto de represión muy bien armado para no saber exactamente quiénes son los responsables”, señaló.
Entre las detenidas estuvo una integrante de Amnistía, pero no aparecía en las listas de detenidos, por lo que durante horas no supieron de ella, lo cual también viola todos los protocolos de actuación policial, explicó.
Sobre violencia de género, seguridad y paz el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres y las Niñas CEDAW, hizo 20 observaciones al Estado Mexicano, en noviembre de 2018, en su recomendación 35/19, donde como prioridad y de carácter urgente, lo conmina a resolver las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres e investigue, enjuicie y sancione sin dilación a los responsables, trabaje y otorgue recursos a las organizaciones de la sociedad civil y tome en cuenta a las mujeres para la seguridad y la paz.
De las recomendaciones, afirma Equifonía, un grupo especializado en justicia de Veracruz, que el gobierno federal sólo pide informes, no da seguimiento y nadie sabe qué informará a la CEDAW, porque no se invita a las mujeres.
Según todas las fuentes disponibles solamente entre enero y julio de 2020 fueron asesinadas 2 mil 240 mujeres en el país, el 93 por ciento de las denuncias están en la impunidad y no obstante que Amnistía Internacional sigue documentando al feminicidio como tortura, el Estado Mexicano no actuó.
¿Cómo va a informar a la CEDAW el Estado Mexicano?, porque también recomienda que en la construcción de un programa integral, incluya en forma sistemática a las organizaciones de la sociedad civil.
A cambio, el informe de la Red Nacional de Refugios sostiene que los servicios de prevención y protección se disminuyeron. Las organizaciones que la Red consultó, han vivido obstáculos en el 64 por ciento, se cerraron Fiscalías, disminuyeron los servicios en los Centros de Justicia para Mujeres, precisamente en los últimos 5 meses, durante la crisis sanitaria que produjo el COVID-19.
La abogada Patricia Olamendi Torres, quien fuera la experta de la Convención Belén do Pará, desde la Red de Seguridad, Justicia y Paz, aseguró a SemMéxico, que se rompió la interlocución con los grupos civiles de mujeres. Y el Comité de Organización de los encuentros feministas, asegura que en dos años los observatorios del feminicidio, sólo tuvieron una reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Apenas en julio, Amnistía Internacional denunció que los recortes presupuestales serán decisivos para que el problema de la violencia siga creciendo; a cambio se eliminaron los programas destinados a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, como las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), donde se redujo el 50 por cientos de los apoyos.
Además de la invisibilidad de este fenómeno, como el de la desigualdad de género, contraviene las recomendaciones, el ejecutivo concentra estas acciones, y hace publicidad solamente a sus 7 programas prioritarios.
La CEDAW, es una convención de carácter obligatorio que México ratificó en 1981 por lo que nuestro país debe rendir cuentas. ¿Cuáles serán? En la actual administración no se oyó y se contravienen sistemáticamente. Amnistía Internacional impulsó una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan contando con los recursos que les permitan continuar su labor que es fundamental. A cambio se hizo un recorte al presupuesto para la administración federal del 75 por ciento.
Por último lo que ha sucedido.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informa que el feminicidio, que los asesinatos de mujeres se suman a los llamados homicidios dolosos o intencionales de mujeres y niñas en el aspecto delictivo, con investigación, pero hasta ahora no se ha apresado los responsables, y no hay reparación del daño. Sólo el 24.6 por ciento se indagó como feminicidio. No existen datos publicitados de las otras violencias.
El Comité acoge con satisfacción las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado Mexicano. Sin embargo, sigue profundamente preocupado por:
La persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en el Estado mexicano, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.
De ahí que señale que persiste el carácter incompleto de la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito el feminicidio; la alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, ya sean víctimas directas o indirectas, cuando quien desaparece es un familiar, en cuyo caso las mujeres suelen cargar con la responsabilidad no solo de buscar a la persona desaparecida e iniciar las investigaciones sino también de servir de sostén principal de la familia, sostiene que hay barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVIGM a nivel federal, estatal y municipal; las denuncias de uso de la violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénico se multiplican; siguen escasas los estadísticas al no desglosarse por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima.
Apenas, como ejemplo de incumplimiento, el primero de septiembre, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada, activistas como el colectivo Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa Morelos”, con un rebozo color rojo, con las palabras justicia y verdad, anunciaron que se instalarán todos los lunes en el Memorial de Víctimas para exigir a las autoridades federales y estatales la identificación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Existen más de 13 fosas clandestinas en el país, se multiplican los colectivos de buscadoras.
Ahora con el numeral 19, renovando el 35, conmina al Estado Mexicano a que adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular de combatir las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos (medios y educación) discriminatorios, así como la pobreza y la marginación de las mujeres.
Lo reta a que investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria; vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio; simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa “Alerta AMBER” y el “Protocolo Alba”, agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV refuerce su perspectiva de género. A cambio fue disminuido el presupuesto para estos fines, La CEAV no tiene cabeza y en todas las agencias gubernamentales hay desdeño a las demandas; se disminuyó en dos años el presupuesto a 11 programas y no se activaron los enlaces de género en las instituciones.
La CEDAW califica como escasos avances en la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, tras la recomendación formulada por el Comité en relación con la comunicación Trujillo Reyes y Argüello Morales c. México (CEDAW/C/67/D/75/2014), a pesar de que el Estado parte había asegurado que los estaba revisando.
Conmina al gobierno a que evalúe la repercusión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM, de esa evaluación el Estado Mexicano propuso desaparecerlas, sin evaluación y disminuyó el presupuesto.
La evaluación, para la CEDAW permitiría garantizar una utilización amplia y armonizada, con la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, sugiere que vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, las que no han vuelto a reunirse para el caso, según informó este 8 de septiembre la Comisión del Encuentro Nacional Feminista y las alertas Amber y el Protocolo Alba, no tienen recursos.
Le recuerda que es su compromiso trabajar con personas expertas del mundo académico y por la defensa de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como con mujeres víctimas de la violencia. A cambio el 14 de febrero de 2019 el Gobierno, contraviniendo a la ley y al acuerdo internacional, en la circular 1 prohibió a sus agentes dotar de recursos a las asociaciones civiles e Inmujeres desapareció el programa PROEQUIDAD, que tenía asignados más de 300 millones, ello a pesar de mil 800 firmas que pidieron lo repusiera. Estaba destinado a las organizaciones con trabajo de campo, ubicadas en zonas pobres y alejadas.
También lo conmina a subsanar la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la sociedad civil. No ha hecho nada.
También le exige que refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia la relación con los perpetradores; acelere de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, como recomendó el Comité en su dictamen sobre la comunicación Trujillo Reyes y Argüello Morales. México, con miras a alentar la resolución de otros casos similares en el futuro.
Sobre esta recomendación, al 9 de septiembre Adriana Fuentes, coordinadora del área jurídica de Equifonía A.C. informa que la recomendación no se ha cumplido, porque, aun cuando se reabrió la investigación, no se conoce el análisis y los resultados. Las autoridades piden esperar para que se “realice en un plazo razonable”.
El padre y madre de Pilar están ya en el registro estatal de víctimas y han podido acceder a algunos programas que impulsa la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas
El Comité de la CEDAW demanda que se elabore un plan de acción nacional, en colaboración con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para asegurar su participación en la tarea contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país. Según la abogada Patricia Olamendi Torres, de la Red Seguridad, Justicia y Paz, el gobierno y sus instituciones rompieron el diálogo con la sociedad civil de las mujeres. “Cómo no había sucedido en 30 años” y afirmó que no hay interlocución
¿Qué va a informar el Estado Mexicano en el informe de Medio Paso? Sobre la adopción de medidas para el desarrollo de la capacidad y empoderamiento de las mujeres y las niñas, inclusive a través de grupos de la sociedad civil, para que participen en iniciativas de lucha contra la inseguridad y la violencia contra las mujeres como defensoras de los derechos humanos.
El Comité observó con preocupación que las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos son cada vez con mayor frecuencia objeto de diversos actos de violencia, en algunos casos presuntamente cometidos por agentes del Estado.
El Comité también está preocupado por los informes sobre los ataques a medios sociales y plataformas digitales independientes perpetrados por grupos anónimos para incitar a la violencia contra las periodistas y las defensoras de los derechos humanos. Eso, ¿cómo se informará?, cuando está en crisis de funcionamiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no opera el mecanismo de protección para periodistas por falta de recursos, no obstante la recomendación de la CEDAW para que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados.
El 9 de septiembre las colectivas feministas han tomado las instalaciones de la CNDH para abrir ahí una casa refugio alternativa para atención a mujeres violentadas, ante la falta de acción del Estado Mexicano.
Una mujer con libertad económica tiene más posibilidades desprenderse de agresiones en el entorno familiar, consideró Elena Achar.
Elena Achar es una empresaria comprometida con la inclusión de mujeres en el entorno de negocios.
Recientemente, Achar fue galardonada por el Foro Económico Mundial con el reconomiento “Exceptional Woman of Excellence”.
Con una trayectoria que incluye 12 años como servidora pública, está convencida de que propiciar un ambiente equitativo en términos económicos le da a las mujeres más libertad para ser independientes y evitar entornos violentos.
“La economía es la única vía efectiva para reducir la violencia contra las mujeres, una mujer que tiene libertad económica tiene más posibilidades de poder desprenderse de agresiones en el entorno familiar. Sin embargo, es necesario impulsar más oportunidades de financiamiento para negocios emprendidos por mujeres porque hay muy pocas empresarias”, afirma.
Elena Achar explica que es alarmante que 50% de las mujeres que tienen una participación activa en la economía lo hacen desde el frente informal, donde no cuentan con seguridad social o prestaciones.
“Hemos visto en la pandemia que las mujeres con pequeños negocios tienen que atender también incluso a sus hijos y padres por el confinamiento”, señala.
La distinción del Foro Económico Mundial reconoce su trayectoria, que incluye su labor como consejera nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sherpa de la OCDE y fundadora de la iniciativa Mujeres Conectadas.
“Uno de los objetivos de esta red es promover que las empresas y gobiernos destinen un porcentaje de sus compras a empresas creadas por mujeres, eso apoya la cadena de valor y alienta el desarrollo de las pequeñas empresas del país, pues hoy 60% de las compras corresponden a bienes y servicios importados”, señala.
Actualmente, Achar es Directora de Asuntos públicos en GIN Group, desde donde promueve la inclusión en el entorno de capital humano.
“Raúl Beyruti (presidente de GIN Group) no solo implementa todas las políticas de equidad de género, en su toma de decisiones valora e incorpora la visión de hombres y mujeres por igual. Es un líder que me ha inspirado mucho por su verdadera entrega a la políticas de inclusión laboral no solo en su empresa sino también en lo trabajos que llevamos a cabo en la OCDE, en un grupo conformado por 40 empresas trasnacionales: Bussines For Inclusive Growth. En este grupo hemos impulsado políticas de inclusión laboral para que puedan ser empleadas por el G7 y el G20”, señala.
Hacia el futuro, Achar afirma que será importante que el escenario de recuperación se aborde desde una perspectiva de género.
“Hay violencia sobre otros grupos vulnerables, como los niños, y son las mujeres las que están alzando la voz al respecto. La perspectiva de las mujeres no sólo es necesaria por una cuestión de equidad, sino porque incorpora otras vías de solución a los problemas. Tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, donde hay una tasa cero de contagios y la primera ministra es mujer”.
En materia de tendencias, señala que será importante priorizar la digitalización de los negocios pequeños para que tengan canales resilientes en un escenario de recuperación donde todavía existe una contingencia.
“El comercio electrónico y la economía digital llegaron para quedarse. Ahora es prioritario dedicar esfuerzos a digitalizar las pymes, promover plataformas de exportación, estamos viendo una reacción muy limitada del gobierno, tenemos que activar todos los esfuerzos posibles desde el sector privado, porque, cuando un empleo se destruye, es muy difícil recuperarlo”, añade.
El cisma que abrió la pandemia de Covid-19 en el mercado laboral mexicano abultó las desigualdades para las mujeres, explicó Edar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A julio pasado había 3 millones de mujeres ocupadas menos que en el mismo mes de 2019. Las desempleadas pasaron de 800 mil a un millón 200 mil y las no ocupadas de 27 millones 300 mil a 30 millones 500 mil en el mismo lapso de un año, reportó en el XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (EIEG).
Detalló que a una desigualdad que ya existía, siguió la pandemia de Covid-19 que ha limitado más el regreso de las mujeres al mercado laboral mexicano, debido a que éstas se empleaban sobre todo en actividades que no fueron consideradas como esenciales.
Por ejemplo, en el trabajo doméstico remunerado, donde el número de empleadas que recibía un ingreso en este sector era de de 2 millones 390 mil; este julio pasó a un millón 680 mil.
Vielma consideró que “va a ser muy difícil que se recuperen” estos empleos. No sólo por las medidas de seguridad sanitaria en varias casas, que limitan la movilidad, también porque implica un gasto adicional a hogares en los que también el ingreso ha mermado.
En general, “la pandemia ha tenido un claro objetivo: la población más vulnerable en nuestro país, y sin duda los cuáles van a tener una difícil recuperación”, aseguró. Al tiempo de advertir una recuperación más lenta de sectores en los que las mujeres han conseguido más espacios de trabajo.
Mientras se reducen los ingresos laborales, se ha dado un aumento en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. En el segundo trimestre de 2019, en promedio, las mujeres dedicaron 19.4 horas a ellos y los hombres 9.7 horas. En abril de 2020, las mujeres reportaron 25.7 horas y los hombres 12.5 horas semanales.
Daniel Vargas Montenegro, director de Censos Económicos, explicó que en todo sector se mantienen las brechas de acceso a un empleo. Los servicios emplean a 54.9 por ciento de hombres y 45.1 por ciento de mujeres. El comercio a 53 por ciento y 47 por ciento y las manufacturas a 63.1 y 36.9 por ciento, respectivamente.
Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Colima y Chiapas son los estados con mayor participación de mujeres en el trabajo. Por el contrario de Tabasco y Campeche, donde predomina el empleo a hombres.
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La primera gráfica demuestra cómo asesinatos en ambos géneros han tenido “casi” los mismos picos y descensos (Foto: Las dos guerras: el impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GUHMXFQFWNHCHFD5B2NSV2ZF3Y.jpg)
Las personas asesinadas en México: por sexo, lugar y modo de ocurrencia (Foto: Las dos guerras: el impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XM2G5Y3SSP6P6KANL4JCP4EYZA.jpg)
«La impunidad, por ejemplo, ha sido uno de los puntos en los que se ha trabajado arduamente, pero hay otros, como son el neoliberalismo, el colonialismo y el racismo, y la ineludible interrelación que existen entre estos cuatro factores» (Foto: REUTERS/Edgard Garrido):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TBFPPVIGXZFLNA6CWLWSNUCMU4.jpeg)
«En este sentido, en México hoy en día, tratándose de los homicidios, la calle es un espacio de riesgo mayor que la casa para las mujeres —tal como ocurre con los hombres—. Más aún, ahí donde incrementan los homicidios de hombres en la calle, se incrementan también los de las mujeres» (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)
