Autor: Editora

El Presidente presentó una gráfica de incidencia delictiva durante su conferencia de prensa en donde se mostró que el delito de feminicidio no ha bajado como él aseguró.

La conciliación personal, familiar y laboral facilita que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado de su familia.

Un número considerable de profesoras, trabajadoras, funcionarias y estudiantes de la UNAM se han organizado para demandar el diseño e implementación de una política institucional de cuidados que contemple los impactos diferenciados de la pandemia en la vida y el bienestar de las universitarias. La Red de Comisiones Internas de Igualdad de Género, que aglutina académicas feministas, alumnas y personal administrativo de diversas áreas, han enviado un extenso comunicado a la administración central, cuyo argumento principal sostiene que durante la actual crisis sanitaria, ellas, por su posición y condición de género, enfrentan mayores vulneraciones a su bienestar y a sus derechos humanos, debido a los obstáculos estructurales para una justa conciliación laboral, personal y familiar. Y enfatizan que en la división sexual de tareas cotidianas, las mujeres siguen teniendo una sobrecarga en el trabajo de cuidados que se ha agudizado por la contingencia sanitaria y el confinamiento en los hogares.

El trabajo de cuidados se refiere a los bienes y servicios que reproducen la vida, son actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarca, por tanto, al cuidado material que implica un trabajo, el cuidado económico que involucra un costo y al cuidado psicológico que entraña un vínculo afectivo (Batthyány, 2004). Los cuidados son esenciales para la sostenibilidad de lo viviente, incluida la sobrevivencia humana. Por ello, la conciliación entre los tiempos destinados al trabajo remunerado y a los cuidados es indispensable.

La conciliación personal, familiar y laboral facilita que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado de su familia, el libre desarrollo de su personalidad, su autocuidado y formación, su descanso, el disfrute de su ocio y tiempo libre. Las políticas de conciliación se enmarcan en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y desde la equidad de género en virtud del principio de justicia social (Fraser, 1997).

Desde el inicio de las medidas de aislamiento social, la saturación de centros de salud y el cierre de escuelas y guarderías, las cargas adicionales de trabajo de cuidados han recaído mayoritariamente en las mujeres, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad socialmente construida de atender a familiares enfermos; personas mayores o con discapacidades y la tutela de niñas, niños y adolescentes.

En México, se estima que el tiempo destinado al trabajo de cuidados representa un promedio de 55 horas semanales que asumen principalmente las mujeres (ENUT, 2014). Esta situación también afecta a académicas, trabajadoras, funcionarias y alumnas universitarias, quienes han tenido que trabajar, estudiar y cuidar al mismo tiempo, con jornadas extenuantes que impactan tanto en el tiempo disponible para realizar el trabajo remunerado y no remunerado, como en su salud e integridad física y emocional.

De acuerdo a la encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género relacionada con el impacto de labores domésticas y cuidados en trayectorias de las mujeres universitarias, se evidenció que las académicas dedican regularmente 24.12 horas semanales a las labores domésticas; en contraste, los varones destinan 15.58 horas semanales a este rubro. En la población administrativa las mujeres destinan 33.57 horas a la semana, los varones 21.09 horas semanales. Entre la población estudiantil, las mujeres dedican 13.43 horas semanales, mientras que los varones estudiantes dedican 11.29 horas al trabajo no remunerado en los hogares. La jornada laboral en la modalidad virtual y a distancia ha intensificado las desigualdades que aún persisten y que se enmarcan en los mandatos y estereotipos de género que históricamente se han asignado a las mujeres.

La máxima casa de estudios está obligada por ley a realizar las transformaciones estructurales necesarias para institucionalizar políticas de igualdad de género y ante la situación de excepcionalidad producida por la pandemia, la movilización de mujeres señala que es urgente que avance en la consolidación de medidas de protección que sitúen la conciliación entre la vida laboral y familiar en el centro de las normativas y las dinámicas universitarias.

Para ello se pide un impulso a estrategias de sensibilización en torno a la injusta distribución de los cuidados -visibilizando los impactos directos que tiene en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres-, y la importancia de construir una cultura de corresponsabilidad. Entre muchas medidas emergentes se propone un registro que muestre la condición, posición y situación de las personas que realizan tareas de cuidados y tienen una sobrecarga de trabajo, con el fin de flexibilizar horarios o acceder a algún tipo de descarga docente y/o administrativa, disminuir reuniones virtuales, revisar y ajustar los esquemas y lineamientos de recontratación, evaluación y acceso a los diferentes programas de estímulos y becas. Aprobar licencias de cuidados para aminorar el estrés y trabajo que las mujeres universitarias están experimentando; ajustar calendarios y otorgar prórrogas para quienes puedan acreditar el trabajo de cuidados.

Ante las incertidumbres frente a la pandemia, la UNAM debe responder a la altura de las circunstancias en favor del bienestar de su comunidad y mandar señales ejemplares de corresponsabilidad en el sentido de hacer transformaciones culturales y estructurales que equilibren el trabajo de cuidados en los ámbitos doméstico, docente y laboral.

* Lourdes Enríquez es Integrante de las Comisiones Internas de Igualdad de Género (CinIG) de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho-UNAM.

Toda la información e imágenes son de ANIMAL POLÍTICO / Lourdes Enríquez.
Link original: https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/mujeres-universitarias-sobrecarga-trabajo-de-cuidados-pandemia/

El hermano de Abril Pérez ofreció una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde celebró la decisión de la jueza después del presunto feminicidio.

La jueza de la Ciudad de México, Rosa Montaño Martínez, ordenó reclasificar el caso de Abril Pérez Sagaón como tentativa de feminicidio después de otorgar un amparo a la familia de la víctima.

Así lo confirmaron los familiares de Abril, quienes explicaron que con este amparo se espera se siga el procedimiento por tentativa de feminicidio y no por lesiones como se inició previamente en la carpeta de investigación.

El hermano de Abril, Javier Pérez, ofreció una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde celebró la decisión de la jueza después del presunto feminicidio que sufrió su hermana el pasado 4 de enero de 2019.

Esto es una noticia trascendente y un amparo histórico por las condiciones en las que se presenta ya que mi hermana lo presentó en vida y ya no está con nosotros

– Javier Pérez

Con el amparo, la reclasificación implicará que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda emitir una ficha roja para que la Interpol busque y localice a Juan Carlos García, presunto homicida intelectual de Abril.

A su vez, con este amparo, el proceso restituye el momento cuando Abril declaró ante el juez que temía por su vida, por lo que se regresaría al cambio de la sentencia y a partir de ahí se juzgaría con perspectiva de género.

“Esperamos que tan pronto sea posible, la Fiscalía restituya el proceso y a partir de ahí se declare a esta persona culpable y que sea encarcelado”, comunicó Javier Pérez.

Finalmente, Javier informó en días pasados que procederán legalmente contra los jueces que llevaron el caso y declararon la libertad de Juan Carlos García.

Familiares de Abril Pérez buscarán destituir e inhabilitar a los jueces involucrados en la liberación de su exesposo.

Procederán contra los funcionarios que determinaron que se trataba de violencia familiar y lesiones.

Vía @ABCNoticiasMX pic.twitter.com/v1Q5czYb80

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 26, 2020

Toda la información e imágenes son de REPORTE ÍNDIGO.
Link original: https://www.reporteindigo.com/reporte/

En el 2018, México avanzó 31 posiciones en el ranking Global de Brecha de Género 2018 del Foro Económico Mundial; no obstante, el país ocupa la posición 50.

Con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres dentro del sector de la tecnología, Adriana Gascoigne fundó Girls in Tech en el 2007, una organización sin fines de lucro a nivel global para luchar por reducir la brecha de género en la tecnología y la salarial. Actualmente, existen 54 sedes en 37 países alrededor del mundo, nueve se encuentran en Latinoamérica.

En entrevista con Nohemí Ferrer, directora de la sede en México, menciona que el plan de acción consiste en “brindar experiencias educativas para las mujeres enfocadas principalmente en tres rubros: educación, desarrollo profesional y comunidad”. En el primero ofrecen bootcamps para capacitar a las mujeres con habilidades prácticas, también cuentan con una plataforma online gratuita, a través de la cual educan a las personas en herramientas técnicas para iniciar su carrera en la tecnología, entre otras actividades. Sobre desarrollo profesional, Ferrer menciona que tienen “una feria de carreras digitales, donde las empresas tienen la oportunidad de abordar los desafíos de reclutamiento y enfatizar su compromiso con la diversidad de género”. En el rubro de comunidad, elaboran hackatones virtuales.

A nivel global, las acciones están enfocadas en mujeres de 18 a 45 años; sin embargo, en México, extendieron su audiencia para incluir a estudiantes de secundaria para fomentarlas a elegir una carrera de las áreas STEM.

Toda la información e imágenes son de EL ECONOMISTA.
Link original: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Darle-voz-a-las-mujeres-en-el-sector-tecnologico-el-objetivo-20200831-0081.html

Tres Años joe rogan trt después de que empezara el movimiento #Metoo, las mujeres iraníes rompieron su silencio sobre las agresiones sexuales y pusieron en marcha una campaña de sensibilizacion sobre las violaciones en el país.

La semana pasada muchas iraníes, en su mayoría sin revelar su identidad, acusaron en internet a un mismo hombre de haberlas drogado y violado cuando estaban inconscientes.

La técnica de este presunto violador provocó una ola de indignación en las redes sociales y alentó a otros mujeres a denunciar las agresiones sexuales durante su juventud a través de Twitter, sin utilizar sin embargo la etiqueta #Metoo, popular en muchos países, sino simplemente #tadjavoz (#violación en persa).

– Años de silencio –

La mayoría de testimonios compartidos en las redes hablan de hechos que ocurrieron hace más de una década, lo que llevó a críticas por la falta de apoyo ante las agresiones sexuales silenciadas durante años.

También se acusa a la sociedad, a las élites iraníes y al silencio familiar.

«Este movimiento tendría que haber empezado mucho antes», lamenta Hana Jalali, una contable de 25 años de Teherán. «Pienso que el hecho de hablar de estos problemas, que se expongan públicamente, es muy positivo», dijo a la AFP.

Según Somayeh Qodoussi, periodista en la revista mensual Zanan («Mujeres» en persa), «la violación es un tema tabú en la sociedad iraní y es difícil hablar de ello, incluso en su propia familia».

Pero «ahora vemos mujeres que parecen estar preparadas para hablar en público» sobre las agresiones sexuales que sufrieron, dice en una entrevista telefónica con la AFP.

En el caso que desató el movimiento iraní de denuncia de agresiones sexuales en las redes sociales, al menos 20 mujeres acusaron a un hombre de haber puesto droga en sus bebidas sin que ellas lo supieran, para violarlas.

Según la agencia oficial Irna, la policía pidió a estas mujeres que denuncien al hombre al que acusan — Keyvan Emamverdi, antiguo propietario de una librería en el centro de Teherán, de 33 años– asegurando que podrán mantener el anonimato.

Cosa muy poco frecuente, la policía volvió a hacer este llamamiento el lunes asegurando que ninguna de las víctimas se expondría a denuncias por consumo de alcohol, un delito en Irán castigado con flagelación.

– «Una arma» para obtener justicia –

Las mujeres que rompieron el silencio «exponen sus sufrimientos durante años para remediar un traumatismo escondido durante mucho tiempo», dice la socióloga Azar Tachakor en una entrevista a la AFP.

La amplitud de la polémica sorprendió en Irán y llevó al gobierno a reaccionar.

Masumeh Ebtekar, vicepresidenta encargada de Familia, felicitó el viernes a las mujeres que hablaron y pidió a las autoridades judiciales que «persigan con fuerza» a los autores de agresiones sexuales.

«A falta de una estructura jurídica en Irán para perseguir sistemáticamente a los violadores, las víctimas utilizan las denuncias públicas como un arma para obtener justicia», dijo Tachakor.

La socióloga considera sin embargo que estas denuncias «no llevarán a un cambio social profundo» a causa, según ella, de la inmovilidad del sistema judicial iraní.

Samaneh Rostami, una grafista de 37 años que vive en Teherán, considera «difícil saber si la gente dice la verdad o no» en estos testimonios anónimos. Pero «hablar es bueno» para advertir a la sociedad «sobre lo que pasa desde hace años», dijo a la AFP.

Toda la información e imágenes son de INFOBAE.
Link original: https://www.infobae.com/america

Cuando pensamos en la alimentación, es un hecho que sus diferentes dimensiones están presentes en nuestra forma de ver al mundo, de vivir el día a día y de relacionarnos con los demás. La alimentación es un hecho total social, parafraseando al sociólogo francés Marcel Mauss; es decir, tiene diferentes dimensiones interconectadas entre ellas que definen nuestra manera de comer: dimensiones sociales, culturales, biológicas, ecológicas, económicas, de salud, religiosas y un largo etcétera.

Siendo un hecho tan complejo, es usual que las personas diseccionemos la alimentación en sus diferentes aspectos, a veces para referirnos a ella y otras para pensarla. Dos de los aspectos de mayor peso contemporáneo son el lado gastronómico de la alimentación y el lado nutricional. Basta asomarnos a redes sociales para ver todos los puntos por los que nos aproximamos a la alimentación: recetas, blogs, tips de nutrición, tendencias gastronómicas, entre otros.

Un aspecto que resalta y que históricamente ha sido relevante es nuestra manera de compartimentar estos saberes sobre la alimentación y relacionarlos con estereotipos de género. La gastronomía, por lo menos hasta hace unas décadas, parecía ser un trabajo exclusivamente masculino. aunque hoy existe una fuerte presencia de mujeres desarrollándose en esta área, existen voces que denuncian la discriminación flagrante de las mujeres en la cocina profesional. Históricamente, la cocina se dividió entre casa y restaurante, espacio privado y espacio público, trabajo no remunerado y trabajo remunerado. En estas dicotomías, quedaba establecido que eran los hombres quienes se desarrollaban en la cocina siempre y cuando fuera un trabajo público, pagado y, en muchos casos, acreedor de un prestigio social cuando se llegaba a los restaurantes de alta cocina. No importaba que históricamente fueran las mujeres a quienes se les responsabilizaba de cocinar en la esfera doméstica ni que muchas de ellas fueran las poseedoras de los verdaderos conocimientos de cocina que vienen de la transmisión oral.

Por otro lado, cuando se aborda la alimentación desde el tema de la nutrición, es un lugar común pensar que la mayoría de personas interesadas en estos aspectos serán mujeres. Una mayoría de los emisores de esta información también es mujer. Detrás de este hecho, hay varios aspectos sociales: desde el hecho de que históricamente se responsabilice por el bienestar de salud a la mujer como cuidadora de estos aspectos dentro de una familia, hasta el hecho de que en las recientes décadas se confunde bienestar con modelos corporales de belleza socialmente impuestos hacia las mujeres.

Es entonces que pareciera que los aspectos que elevan la alimentación a un arte, o que involucran un disfrute, están históricamente más relacionados con los hombres, mientras que los aspectos de obligación, cuidado y preservación de la salud —y por qué no de un cierto tipo de cuerpo— están reservados a mujeres. Ambas acepciones son dañinas para ambos géneros, ya que las mujeres que se desarrollan en el área de la cocina profesional son tan capaces como los hombres que hacen ese trabajo. Por otro lado, el cuidado de la salud por medio de la alimentación no es un tema que debería de excluir a los hombres, desde la manera en la que se dirigen los mensajes, hasta el hecho de que a los hombres también les interesaría cuidar su salud, un aspecto que no necesariamente tiene que ver con tener un cuerpo perfecto o musculoso.

Toda la información e imágenes son de EL ECONOMISTA / @lilianamtzlomel .
Link original: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-nutricion-de-las-mujeres-la-alta-cocina-de-los-hombres-y-otros-estereotipos-de-genero-20200901-0016.html

Los primeros reportes del asesinato de Rosalía Yazmín sólo indicaban “homicidio doloso”. Sin embargo, parece que la forma en que fue asesinada la joven universitaria de Sonora hizo que las autoridades pronto se decidieran a tratar este caso como un feminicidio.

De acuerdo con Aristegui Noticias, Rosalía Yazmín fue asesinada mientras instalaba su puesto de tacos afuera de su domicilio, ubicado la colonia Bahía del Sol, en el municipio de Empalme, al sur de Sonora. Según se difundió, la joven universitaria de 24 años fue abordada por dos sujetos que la atacaron con armas de fuego. Rosalía Yazmín habría recibido cerca de nueve disparos en el tórax, espalda y cabeza.

Imagen ilustrativa: Getty images

“Oficiales de Seguridad Pública Municipal de Empalme actuaron como primera autoridad respondientes, quienes delimitaron el área donde se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Bahía del Sol”, señala el comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado de Sonora, mismo en el que se confirma que el caso de Rosalía Yazmín será investigado como feminicidio.

Según el informe de las autoridades, antes del personal de Seguridad, al lugar de los hechos arribaron primero los socorristas de la Cruz Roja. Fueron ellos quienes confirmaron que la joven falleció como resultado de las heridas de proyectiles de arma de fuego que presentó. “En el lugar se recolectaron cinco casquillos percutidos”, agrega el comunicado de la Fiscalía.

Foto: Especial / Reforma

Por el momento las autoridades desconocen la identidad de los responsables del feminicidio, así como las causas que los llevaron a agredir de esta forma a la joven estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon).

Antes del feminicidio, Rosalía había sido agredida

De acuerdo con Reforma, el pasado 16 de agosto, Rosalía Yazmín había sido agredida. Esto, luego de ser asaltada. Según reportó la joven, no alcanzaba a comprender por qué el sujeto que la despojó de sus pertenencias la había atacado de la forma en que lo hizo. “Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió“, describió la universitaria en sus redes sociales.

Se desconoce si Rosalía Yazmín denunció ante las autoridades este ataque. En su comunicado, la Fiscalía de Sonora no menciona nada respecto a este hecho.

Toda la información e imágenes son de SOPITAS.
Link original: https://www.sopitas.com/noticias/fiscalia-sonora-rosalia-yazmin-feminicidio/

A través de un informe, la ONG internacional instó al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de legalización y pidió que el Congreso lo apruebe.

La vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina «estarán en riesgo» mientras sigan existiendo «graves» restricciones al acceso al aborto legal, advirtió hoy Human Rights Watch (HRW) en un informe donde instó al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de legalización y pidió que el Congreso lo apruebe.

«Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina» es el título del documento de 86 página que elaboró la organización internacional en base a 30 testimonios de mujeres y niñas que intentaron acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, y a profesionales de la salud, abogadas y activistas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

El objetivo del trabajo fue analizar las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, explicaron referentes de HRW en una conferencia virtual desde Washington.

In 2018, the Senate rejected a bill that would have legalized abortion in Argentina. Since then, women have continued to undergo unsafe abortions, putting their lives and health at risk. This must change.

Read @hrw report on barriers to #LegalAbortion: https://t.co/43CYpFgCx5 pic.twitter.com/WBfEVEiEMZ

— Tamara Taraciuk Broner (@TamaraTaraciuk) August 31, 2020

Desde ese rechazo en la Cámara alta, «miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Y resaltó que la pandemia por coronavirus y el aislamiento «han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva», al tiempo que subrayó que «ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca».

En el informe se recordó que en mayo último, Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos del mundo que firmaron una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19.

A continuación, se realizaron recomendaciones a los gobiernos nacional, de las provincias, al Congreso y a las legislaturas de las 24 jurisdicciones del país.

Por ejemplo, solicitan a las autoridades de San Luis y Mendoza que deroguen las normas que prohíben la venta de misoprostol en farmacias, el medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud para acceder al aborto seguro.

«Se debe asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios», aseveró la ONG.

Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de HRW, dijo a Télam que «basándose en argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el informe insta al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso».

La directiva enumeró los principales obstáculos que documentaron, entre ellos la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido «particularmente en casos» en que corre peligro la salud.

También, barreras «ilegales impuestas» por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil lo autoricen, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder a la práctica cuando la mujer fue violada, o períodos de espera «arbitrarios impuestos por los centros de salud».

En Argentina se aplica desde hace casi un siglo un modelo de causales establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo.

En todos los demás casos el aborto es ilegal y punible con hasta 15 años de cárcel.

La pena para quienes tengan abortos autoinducidos o den su consentimiento a esta práctica es de hasta cuatro años de prisión.

Al inaugurar el período de sesiones en el Congreso, el Presidente anunció que enviaría un proyecto para legalizar el aborto

Quienes fueron entrevistadas para el informe señalaron que «la estigmatización y el temor» a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, «disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales, y a los profesionales de la salud de brindarlos, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal».

Mujeres que intentaron acceder al derecho contaron sobre «actos crueles y humillantes» por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud.

Sus testimonios están en primera persona en el documento, que además identificó cómo varía la posibilidad de acceder al derecho según el lugar del país donde se viva y la situación económica.

«La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura», concluyó HRW.

Y resaltó que «muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo. Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte».

Según datos de 2018 del Ministerio de Salud de la Nación, hubo 35 muertes causadas por aborto en el país.

Las estadísticas oficiales completas más recientes, de 2016, incluyeron a 39.025 mujeres y niñas que ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos, y el 16 % tenían entre 10 y 19 años.

Al inaugurar el período de sesiones en el Congreso, el Presidente anunció que enviaría un proyecto para legalizar el aborto y en sucesivas declaraciones a la prensa aclaró que esa decisión está demorada por la pandemia.

Toda la información e imágenes son de TELAM.
Link original: https://www.telam.com.ar/notas/202008/508740-human-rights-salud-vida-mujeres-legalizacion-aborto.html

La Teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel se convirtió en la primera mujer comandante de un buque en la historia de la Secretaría de Marina.

La Teniente de Fragata, Gloria Carolina Cházaro Berriel, se convirtió en la primera mujer comandante de un buque en la historia de la Secretaría de Marina (Semar).

Como Segundo Comandante de la Patrulla Costera ARM “Bonampak” (PC- 339) de la Armada de México, zarpó ayer del puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la misión de coadyuvar en la vigilancia de las Áreas Protegidas del Archipiélago de Islas Marías, informó la Semar.

La Teniente Cházaro Berriel tiene la función de ejercer el mando y control del navío, así como ejecutar de manera eficiente las operaciones que se le asignen.

De acuerdo con la Semar, la Patrulla Costera ARM “Bonampak” (PC-339) tiene 15 elementos de tripulación y la misión de realizar operaciones de vigilancia, interdicción, disuasión, búsqueda, rescate, salvamento y combate a ilícitos, con el fin de mantener el Estado de Derecho y salvaguardar la vida humana en la mar en zonas marinas mexicanas.

Su diseño y características, indicó la dependencia, aportan sustancialmente un valor táctico-operativo a la labor que realiza el personal naval para salvaguardar la soberanía y proteger la seguridad de mares y costas.

La Secretaría de Marina destacó que Cházaro Berriel es egresada de la Heroica Escuela Naval Militar, donde se graduó con honores siendo el primer lugar de su generación.

Se ha desempeñado como Oficial de Navegación, Jefa del Departamento de Armamento en una Patrulla Oceánica y Comandante de una Patrulla Interceptora de la Armada de México.

En 2018 obtuvo una beca para estudiar durante un año la maestría en Seguridad y Estrategia Aplicada, en la Universidad de Exeter del Reino Unido.

A su regreso a México, se incorporó a la Cuarta Zona Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, donde pertenece a la Octava Flotilla, convirtiéndose la designada como Segundo Comandante de la Patrulla Costera ARM “Bonampak” (PC-339).

La Semar indicó que, con estas acciones, se abre una brecha a las nuevas generaciones e impulsa el liderazgo y empoderamiento de las mujeres navales.

La dependencia extendió un reconocimiento a la Teniente Cházaro Berriel por este logro conseguido al hacer historia en la institución y celebró la labor de las mujeres navales, quienes con valentía y determinación viven todos los días al servicio de la patria.

Toda la información e imágenes son de EL UNIVERSAL / Manuel Espino.
Link original: https://www.eluniversal.com.mx/nacion

Es necesario fortalecer la Línea Mujeres de Locatel; trabajar en una cultura de la denuncia y generar una mayor eficacia del C5 de la CDMX y de los estados para auxiliarlas en caso de cualquier agresión en la vía pública, plantea el consultor en seguridad, Mario Salomón Country.

Las presiones económicas ocasionadas por las medidas para contener la pandemia del Covid-19 generaron que se incrementara la violencia en contra de las mujeres en sus propios hogares, afirmó Mario Salomón Country, consultor en materia de seguridad.

Dijo que ese aumento es multifactorial, pero una de las explicaciones es que la mayor interacción motivada por el confinamiento generó que los contextos de violencia contra las mujeres se incrementaran.

Expuso que si hablamos de lesiones dolosas contra las mujeres en el promedio mensual de enero a febrero antes de iniciar el periodo de confinamiento era de 4,971 y 322 homicidios de mujeres.

En la etapa de confinamiento, es decir, de marzo a mayo, el promedio de lesiones dolosas por mes fue de 4,520 y los homicidios de 323.

Eso lo que muestra es que, aunque hay una reducción en términos relativos de lesiones dolosas, de 9%, los homicidios no ceden. Además, dijo que estos registros no son representativos estadísticamente hablando porque es un periodo en el cual la gente dejó de denunciar, ya sea por el temor a contagiarse al momento de ir ante la autoridad o por que las oficinas de gobierno estaban cerradas.

Describió que en la etapa de la llamada reactivación económica, es decir en junio, el numero de lesiones dolosas aumentó a 4,633, es decir un incremento de 3%, respecto de la etapa de confinamiento.

Asimismo, indicó que, en cuanto las llamadas al servicio de emergencia telefónica 911, de enero a junio de 2020, subió 45.8%, comparado con el mismo periodo del 2019, al pasar de 89,998 a 131,224.

En el caso del feminicidio, en junio de 2020 aumentó 30.5%, respecto del mes anterior.

Destacó que lo grave es que, tanto en el ámbito familiar, como en los espacios públicos, se ha incrementado la violencia contra las mujeres.

En su opinión, lo preocupante es que no se observa un trabajo fuerte por parte del gobierno para revertir esa situación.

Recalcó que debe trabajarse desde concientización, pero sobre todo en crear las condiciones para que las víctimas puedan denunciar, se realicen investigaciones serias y profesionales que permitan castigar a los agresores.

Asimismo, insistió en que la impunidad contra este tipo de delitos trae como consecuencia que sigan existiendo esos casos.

El especialista dijo que es necesario fortalecer la Línea Mujeres de Locatel, con más personal, mejor capacitado en materia jurídica y psicológica; trabajar en una cultura de la denuncia y generar una mayor eficacia del C5 de la CDMX y de los estados para auxiliar a las mujeres en caso de cualquier agresión en la vía pública.

Toda la información e imágenes son de EL ECONOMISTA / Diego Badillo.
Link original: https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-pandemia-trajo-tambien-mas-agresiones-contra-las-mujeres-Mario-Salomon-Country-20200830-0002.html