Autor: Editora

El Women Economic Forum Iberoamérica celebra su segundo año en México con 27 horas de conferencias en transmisión en vivo. Se discutirán temas como la aportación de las mujeres a la fuerza laboral, necesaria para encarar los obstáculos económicos que se vienen.

El movimiento económico históricamente ha estado bajo el mando de los hombres. Por cuestiones sistémicas, a las mujeres se les ha relegado a un puesto menor, tanto laboral como culturalmente. Se podría pensar que esto es cosa del siglo pasado, pero en nuestro país el machismo es latente y poderoso. Iniciativas como el Women Economic Forum (WEF) dedican sus esfuerzos por impulsar el poder económico y laboral de las mujeres al rededor del mundo, y este 25, 26 y 27 de agosto tendrán su segundo evento en México, y el primero en Iberoamérica. El evento virtual es gratuito y se está llevando a cabo a través de la plataforma de wefiberoamerica.com y sus redes sociales.

“Desde muy pequeña emprendí mi primer negocio, tenía 19 y fue en diseño de moda. Hubo una influencia importante de mis papás por apoyar y obviamente querer que siguiera yo el camino del emprendimiento. Fue una lucha importante porque pues también tenía que estudiar a esa edad, pero siempre iba logrando mis pequeños objetivos, lo que trato mucho de poder externar o comunicar hacia las mujeres. Hay que desmitificar un poco lo que significa ser una mujer exitosa porque, en mi propia experiencia, aunque empieces con pasos pequeños eso ya es un gran éxito. Por más que tengas un pequeño o gran negocio o si eres una CEO, una gerente, supervisora o una operaria, ya tienes cierto tipo de herramientas que te permiten generar un plan de vida”, explica Michelle Ferrari, presidenta del WEF Iberoamérica en entrevista con Gatopardo.

El Women Economic Forum es parte del esfuerzo de la ALL Ladies League, una organización sin fines de lucro dedicada a crear redes de empoderamiento femenino. Comenzó en el 2015 y ha tenido más de 35 eventos globales, y su objetivo es fomentar la inclusión de las mujeres en el mundo laboral. En este caso, el WEF Iberoamérica se realizará de manera virtual por la situación que atravesamos globalmente. Durante tres días en 27 horas de transmisión, habrá más de 150 conferencistas, incluyendo a la golfista Lorena Ochoa, la embajadora de Reino Unido en México Corin Robertson, la periodista Paola Rojas, la ex-tesorera de Estados Unidos Rosario Marín, entre otras filántropas, emprendedoras, actrices y periodistas. Aunque la situación orilló a cancelar el evento presencial, el evento digital tiene sus ventajas. “Por hacerlo virtual el alcance que va a tener es obviamente mil veces más del que hubiéramos tenido al hacerlo presencial. Ya teníamos pensado articularle una parte digital al evento de este año presencial, pero al hacerlo digital completamente nos ha permitido tener partners muy buenos que se están sumando para estar transmitiendo en vivo el evento en sus redes sociales. Hemos ganado mucho más de lo que creíamos, la gente ya tuvo que adoptar la virtualidad dentro de su cotidianidad. Hacerlo virtual ya suena normal”, explica Ferrari.

 

La Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento Económico (ONU Mujeres) llamó a poner en el centro de los esfuerzos la transformación por la igualdad, ya que sin ello difícilmente se podrá alcanzar un mundo de inclusión y de paz.

Belén Sanz Luque, representante en México de ONU Mujeres, presentó el informe anual de esta agencia y destacó el trabajo que realiza con el país en cuanto a la generación de estadísticas, estudios sobre violencia feminicida en niñas y adolescentes, así como los insumos para la tipificación de la violencia sexual.

Resaltó la iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar el feminicidio en el país, que fue lanzado en 2019 con seis agencias de la ONU y con el apoyo de la Unión Europea y la articulación del gobierno federal. Indicó que inició su implementación con avances importantes entorno al mapeo y análisis de la legislación discriminatoria hacia las mujeres en los estados y municipios en donde se lleva a cabo: Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua; Chilpancigo, Guerrero, y Ecatepec y Naucalpan, estado de México.

Al respecto, Fabiola Alanís, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), expuso que revertir “la alarmante” tasa de feminicidios en México sólo será posible con proyectos que involucren la participación de la sociedad en su conjunto.

Añadió que “la cooperación internacional es una vía necesaria y posible en el marco de la soberanía y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre los pueblos”, y refrendó su disposición a seguir colaborando “abierta y francamente” especialmente con ONU Mujeres.

Martha Delgado, subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionó que la estrecha relación de trabajo “ha contribuido a dar sólidos pasos para hacer de la igualdad de género una realidad en nuestras vidas de todos y todas las mujeres, las niñas mexicanas, toda su diversidad”.

María Magdalena García, quien habló en nombre del Grupo asesor de la sociedad civil, lamentó que las estadísticas sobre feminicidios estén ausentes en el país. En 2019 “y previo a la pandemia se registraron casos de 98 niñas y adolescentes víctimas de feminicidios y 191 menores víctimas de homicidio doloso, lo que se traduce que en México diariamente una niña es asesinada”, dijo.

Señaló que ante este panorama, y con la pandemia de Covid-19, “se ha dificultado el ya de por sí difícil camino para erradicar la violencia. Millones de mujeres mexicanas hoy sufren las consecuencias de la falta de paridad, situación que la pandemia exacerba. Expuso que más del 66 por ciento de las mujeres de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia.

Toda la información e imágenes son de LA JORNADA.
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A pesar del confinamiento ante la pandemia por COVID-19, representa un promedio diario de 10.5 casos y un incremento de 3.1 puntos porcentuales comparado al año anterior.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 2,240 mujeres fueron asesinadas, durante los primeros siete meses del año, en México: la cantidad representa un aumento de 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1) es el documento publicado este martes 25 de agosto por el Gobierno de México, en el cual se detalla que la cifra de víctimas se desglosa en 1,674 casos de homicidios dolosos y 566 feminicidios.

De enero a julio del año pasado la cifra fue de 2,171 asesinatos, por lo cual el incremento para el 2020 fue de 3.1 puntos porcentuales o 69 casos más, todo a pesar de los meses por confinamiento ante la pandemia por COVID-19.

Sobre los 566 feminicidios registrados durante este año, la entidad federativa con más casos fue el Estado de México: ubicado en primer lugar, entre enero y julio, se contabilizaron 80 víctimas.

Se detalló que de los 1,674 homicidios dolosos en todo México, la entidad con más casos entre enero y julio es Guanajuato con 276 (Foto: REUTERS/Imelda Medina)

En segundo lugar se encuentra Veracruz con 52 feminicidios, y le siguen la Ciudad de México con 41 casos, Nuevo León con 39, Puebla con 38, Jalisco con 33, Morelos con 25, Oaxaca y Baja California con 21 casos cada uno, y San Luis Potosí y Chihuahua con 20 cada uno.

En relación con los feminicidios cometidos en municipios, el informe del SESNSP señaló que, durante los primeros siete meses del 2020, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Tijuana, en Baja California, se ubicaron en el primer lugar con 14 casos cada uno.

Culiacán, en Sinaloa, con 10 feminicidios, se registró en segundo lugar; Monterrey, Nuevo León, y San Luis Potosí, capital del estado, con nueve casos cada uno; Iztapalapa, con ocho, y Tlalpan, con siete casos, ambos en la Ciudad de México. También fueron siete casos los cometidos en Ecatepec, Estado de México.

El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se presenta los días 25 de cada mes: en el de agosto se detalló que de los 1,674 homicidios dolosos en todo México, la entidad con más casos entre enero y julio es Guanajuato con 276.

En relación con los feminicidios cometidos en municipios, el informe del SESNSP señaló que, durante los primeros siete meses del 2020, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Tijuana, en Baja California, se ubicaron en el primer lugar con 14 casos cada uno (Foto: REUTERS/Michelle Freyria)

Después le sigue el Estado de México con 153 asesinatos, Chihuahua con 152, Baja California con 142, Michoacán con 137, Jalisco con 116, Guerrero con 82; la Ciudad de México, Veracruz, y Zacatecas con 59 homicidios cada una.

Las 2,240 muertes de mujeres, en estos siete meses, representa un promedio diario de 10.5 casos.

El pasado 14 de agosto, la Cámara de Diputados de México propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres con razón de género.

“La propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio servirá para que el delito se investigue, persiga, sancione y repare de la misma forma en todo el país”, expresó la presidenta de la cámara, Laura Rojas, según un comunicado de la institución.

El pasado 14 de agosto, la Cámara de Diputados de México propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Durante una sesión virtual por la pandemia de la COVID-19, la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega, presentó la propuesta consensuada junto con la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta propuesta prevé sancionar los feminicidios en todo el país con penas de 40 a 60 años de prisión y que para acreditar el delito se demuestre una razón de género.

También busca incorporar en todos los estados el tipo penal de feminicidios, dado que “en el ámbito local la mayoría de estos casos imputan como homicidio en razón de parentesco”.

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En 10 estados de la República hay un alza en feminicidios y homicidios dolosos.

En los últimos años, la violencia contra las mujeres ha persistido de manera significativa. Los registros indican que 18,051 mujeres han sido asesinadas desde el 2015 y hasta julio de este año, además de que otros ilícitos han ido al alza.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del 2020, unas 2,240 mujeres perdieron la vida de manera violenta, 3.1% más que el mismo periodo del 2019, cuando se contabilizó el asesinato de 2,171 mujeres.

Sin embargo, las cifras de los primeros siete meses del año en curso representan un aumentó de 95.6% al ser comparadas con las víctimas (tanto de homicidio doloso como feminicidio) de los mismos meses del 2015, año en el que se inició un registro específico de violencia contra las mujeres y cuando se contabilizaron 1,145 mujeres asesinadas; para el mismo periodo del 2016, la cifra creció a 1,567; en el 2017 llegó a 1,863; y en el 2018 a 2,080 víctimas.

En tanto, 10 entidades presentan un alza en los homicidios de mujeres durante los primeros siete meses del 2020 respecto del mismo periodo del 2019. Guanajuato encabeza la lista, ya que registró 165 homicidios y feminicidios durante dicho periodo del 2019 y pasó a 286 en el 2020; seguido de Chihuahua, al pasar de 150 casos en el 2019 a 172 para este año.

Michoacán pasó de 86 víctimas de enero a julio del 2019, a 147 víctimas en el mismo lapso del 2020; Baja California de 144 a 164; Colima, de 52 a 60; Nuevo León, de 55 a 57; Puebla, de 82 a 86; San Luis Potosí, de 24 a 34; Zacatecas de 40 a 64; y finalmente, Nayarit, que contabilizó 10 víctimas en el 2019 y para este año la cifra creció a 13.

En siete meses del 2020, los estados de Guanajuato (286), el Estado de México (233), Chihuahua (172), Baja California (164) y Jalisco (150) son los que mayor número de víctimas mujeres de homicidio doloso y feminicidio registran.

Le siguen Michoacán (147), Veracruz (113), CDMX (102), Guerrero (93), Puebla (86), Oaxaca (73), Zacatecas (64), Colima (60), Nuevo León (57), Sonora (52), Morelos (49), Tamaulipas (47), Chiapas (44), Quintana Roo (43), San Luis Potosí (34), Hidalgo (33), Tabasco (33), Coahuila (22) y Sinaloa (22).

Mientras que Durango (14), Nayarit (13), Tlaxcala (8), Querétaro (7), Yucatán (7), Baja California Sur (5), Aguascalientes (4) y Campeche (3) presentan las cifras más bajas de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo de este 2020.

Asimismo, los asesinatos de mujeres con armas de fuego crecieron 13.4%, ya que de enero a julio del 2019 unas 1,183 mujeres perdieron la vida de esta forma; para julio del 2020, la cifra subió a 1,342.

En los primeros siete meses del 2015 se registraron 407 casos; para 2016, la cifra se elevó a 700 víctimas; en el 2017, fueron 919 y en 2018 aumentó a 1,130 fallecimientos por arma de fuego.

En el caso específico de los feminicidios, las cifras han aumentado de manera considerable. De enero a julio de este año se han contabilizado 566 víctimas de feminicidio, 5.4% más que en el mismo lapso del 2019 (537 víctimas); y 152.6%, si se coteja con el periodo similar del 2015 (224).

Entre los delitos que también presentan aumentos están la violencia familiar, con 1.6% más que en los primeros siete meses del 2019, cuando se registraron 121,944 delitos (contra los 123,927 del mismo periodo del 2020).

La violencia de género creció 24.9% de enero a julio del 2020, en comparación con los mismos meses del 2019. Durante dicho periodo del año pasado, se registraron 1,734 delitos; para 2020, la cifra es de 2,167.

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El Estado mexicano no consigue reparar el daño a Romeo, huérfano a los 3 años de edad. Su madre, Serymar Soto Azúa, fue víctima de feminicidio en Coahuila en 2017. Ella tenía apenas 21 años de edad el día que su pareja la impactó intencionalmente con un vehículo.

Hoy Romeo está nuevamente en una situación de vulnerabilidad sin que el Estado responda por su protección. Su abuelo materno, quien obtuvo su custodia tras el feminicidio de Serymar, falleció por COVID-19. Romero y su abuela también contrajeron la enfermedad, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila aún evalúa si es pertinente otorgarles suministros esenciales como medicamentos y artículos de limpieza para la salud del niño y la adulta mayor.

La petición a la Comisión de Atención a Víctimas la realizó hace tres semanas la tía de Romeo, Sandra Soto Azúa, sin embargo, el periodo de cuarenta de la familia está apunto de terminar sin ninguna respuesta por parte de las autoridades.

“Como siempre somos las personas cercanas a las familias de las víctimas quienes tenemos que sacar esto adelante, y el Estado siempre es indiferente a estas situaciones”, expresó Soto en entrevista con Cimacnoticias.

Sandra Soto exigió en 2018 por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el Estado mexicano garantice la reparación integral del daño a la niñez y adolescencia por no prevenir el feminicidio de sus madres. Presentó ante el organismo quejas no sólo por el caso de su hermana Serymar, también acompañó a otras familias de víctimas de feminicidio en Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Durante y Nuevo León.

La CNDH entonces recomendó al gobierno de Coahuila crear un programa específico para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio. Romeo es hoy uno de los 18 niños, niñas y adolescentes que reciben una compensación económica de 4 mil pesos bimestrales. La atención psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y la educación, así como el apoyo extensivo para otras víctimas que crecen cada vez que una mujer es asesinada, son aún una deuda en la entidad, señaló Sandra.

A pesar de la lucha de Sandra Soto, ella como otras víctimas indirectas del feminicidio no han sido llamadas para que se escuchen sus voces en la construcción del “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio” (PNNAOF), cuya creación anunció el pasado julio el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Cimacnoticias solicitó entrevistas al DIF y el Sipinna, responsables de la política de la infancia en este país, para conocer con detalle las implicaciones de este Protocolo y su aplicación, no obstante, han negado las peticiones bajo el argumento de que es una política a cargo del Inmujeres; por su parte, el Inmujeres dijo a esta agencia que el Protocolo estaría listo en próximos días y que sería hasta entonces cuando se concediera la entrevista.

Una reparación integral no es sólo económica

En la sentencia “Caso González y otras (Campo Algodonero) V.S México”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los familiares de las víctimas de feminicidio pueden ser, a su vez, víctimas. En esa sentencia, la primera para la CoIDH en este tema, las madres de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, narran que los delitos ocurridos contra sus hijas afectó a toda la familia al grado de que otros integrantes, en algunos casos, buscaron el suicidio.

“Nos dañaron a toda la familia, mis hijos, ellos necesitan mucho apoyo psicológico porque les quitaron también una parte, […] ya no estamos completos, […] Ahora les exijo […] retribúyanme toda mi vida, porque mi vida ya no es la misma”, relató una de las madres.

A fin de conocer los aspectos que debe tener el “Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, Cimacnoticias entrevistó a la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, socióloga Edith Olivares Barreta; a la psicóloga Edith Escareño Granados que ha participado en peritajes de impactos psicosociales en caso de hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas; y la psicóloga Ximena Antillón, experta en acompañamiento psicosocial y directora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.

Las tres expertas coincidieron en que si bien el feminicidio es un delito cometido por un particular, el Estado está obligado a reparar el daño integralmente a las víctimas indirectas del feminicidio por permitir que este delito siga ocurriendo en el país al no prevenir, no atender a las mujeres en riesgo, no investigar adecuadamente ni sancionar a los agresores.

Una reparación integral del daño, dijeron, tiene como objetivo principal que estas niñas y niños, así como sus abuelas que en muchos casos se convierten en sus madres, reconstruyan el proyecto de vida que les fue coartado por el feminicidio.

No obstante, actualmente algunas entidades que –por exigencia de las víctimas– han impulsado políticas públicas al respecto, sólo prevén compensaciones económicas. En muchos casos, explicó Ximena Antillón, estas remuneraciones pueden resultar ofensivas para las familias. Ha habido casos, aseguró, en los que las autoridades les dicen que después de recibir dinero ya no pueden buscar justicia.

En otros casos, una política de compensación económica mal ejecutada podría traer consecuencias negativas. Por ejemplo, dijo la también investigadora, en Ciudad Juárez se aplicó una especie de “dolorímetro” bajo el que se asignaba más dinero a unas víctimas que a otras. Eso generó la vivencia de desigualdad entre víctimas que pertenecen a colectivos. Las medidas económicas no tienen que generar más daños, conflictos o divisiones dentro de los colectivos, dijo Antillón.

Una reparación integral, coincidieron las expertas, incluye atención psicológica especializada, particularmente para quienes fueron testigos del asesinato y que considere la condición particular por edad, situación económica, discapacidad, origen étnico, y otra circunstancia diferencial de cada niña y niño. Asimismo, las personas que las atienden deben estar capacitadas y ser evaluadas sobre cómo realizan este trabajo.

Si bien el Estado ha priorizado hasta ahora la atención psicológica, ha dejado de lado necesidades de salud, alimentación o vivienda, las cuales –antes del feminicidio– las cubría la madre o el padre, que en varios casos es quien comete el crimen. Por ello, el Estado debe cubrir también estas necesidades a largo plazo y reforzar a las y los cuidadores en esta tarea, además de estar al tanto de las implicaciones del sobrecuidado de quienes quedan cargo, agregó Editht Escareño.

Para la psicóloga, la ayuda para estas familias debe ser permanente y no restringirse hasta los 18 años de edad, ya que la violencia feminicida deja secuelas a largo plazo. Esto implica, dijo, cubrir cuestiones de atención psicológica y de educación. Además, destacó, el Estado debe garantizar la protección de las y los adultos que se hacen cargo de las niñas y niños en condición de orfandad, toda vez que en muchos casos enfrentan amenazas.

Por otro lado, el Estado debe garantizar la seguridad jurídica de esas niñas y niños asegurando la patria potestad, explicó la socióloga Edith Olivares. La integrante de Amnistía Internacional, puso de ejemplo el caso de Alondra Guadalupe González Arias, asesinada en 2017 por su expareja en Jalisco, su madre, Nancy Arias, ha enfrentado fuertes dificultades para obtener la patria potestad del bebé de Alondra.

Cuando Alondra fue asesinada, su hija recién nacida ni siquiera estaba inscrita en el registro civil. La madre de Alondra ha estado a cargo de la menor de edad todo este tiempo, pero sin ninguna certeza jurídica. Esto se debe a que las normas jurídicas, explicó Olivares, no establecen qué hacer en los casos que la madre de las y los niños es asesinada a manos del padre. A esto se suma que en algunas entidades la legislación establece que cuando muere la madre, la patria potestad queda automáticamente a cargo de los abuelos paternos.

Las tres expertas en acompañamiento psicosocial refrendaron que para que una reparación del daño sea integral, tienen que participar la víctima, ser escuchada en sus necesidades particulares y ser atendida. Especialmente, dijeron, se debe escuchar a las niñas y niños para no dejar fuera de las investigaciones su vivencia.

Para Ximena Antillón, la reparación del daño es parte de la justicia, ya que ésta no sólo es la sanción penal contra quien comete el feminicidio. El objetivo de la reparación integral no es regresar a las familias al estado anterior, que es de violencia y discriminación contra las mujeres, sino ir hacia uno mejor. “¿Cómo hace el Estado para garantizar a esas familias que eso que vivieron no va a volver a ocurrir? ¿Qué significa devolverle a la familia la dignidad que tenían antes del feminicidio?”, expresó.

Por ello, una reparación integral debe contemplar también medidas de satisfacción: acceso a verdad y justicia, y medidas simbólicas para dignificar a la víctima. Estás contribuyen a dignificar la imagen que las niñas y niños van a construir de su madre y de su abuela en el futuro y dan un mensaje a la sociedad de reprobación del feminicidio. También tienen una dimensión pedagógica, explicó, que contribuiría a una reparación transformadora.

Por un Plan Administrativo de Reparación

En México, explicaron las expertas, hay dos problemas con el feminicidio: el primero es la cantidad de víctimas de este delito y el segundo es la impunidad. Si el Estado funcionara eficientemente, lo que seguiría para las familias tras un feminicidio sería una etapa de duelo, pero en México después del feminicidio se entra en un proceso de exigencia de justicia y de burocracia.

Las tres expertas coincidieron en que los obstáculos que encuentran las familias para acceder a la justicia o a la reparación son revictimizantes, toda vez que ocurren filtraciones por parte del Estado y experimentan burocracia excesiva (papeleo, lenguaje técnico, cambio de personal) incluso para acceder a la atención médica o un asesor jurídico y no tienen perspectiva de Derechos Humanos o género.

“La ruta de atención a víctimas podría estar bien trazada, pero al momento de ejecutarla no es nada factible. Llegar a estas atenciones requiere gastos, tiempo y dejar las laborales o tener que dedicar gran parte de su tiempo al proceso jurídico, que deja de lado las necesidades reales y objetivas de estas familias”, explicó Escareño.

Para Antillón, dada la cantidad de víctimas de feminicidio en el país, el Estado tendría que pensar en cómo abarcar, a través de este Protocolo, al mayor universo de víctimas, hacerles saber que este es su derecho y difundirlo en los medios de comunicación. Para ello, explicó, tiene que hacer un registro ágil, sin estándares de pruebas altos y que no esté supeditado a un proceso judicial. Para FUNDAR, la respuesta está en crear un programa administrativo de reparación del daño.

De acuerdo con Antillón, ya hay muchas experiencias de la sociedad civil del acompañamiento de estas víctimas y de desaparición que pueden retomarse por el gobierno, ya que es común los mecanismos de reparación para víctimas se hagan pensados en cómo filtrar o repeler a las personas para que no se integren a los programas.

“Nosotros somos cercanos a familiares de personas desaparecidas con quienes trabajamos. A través de ellos vemos cómo se implementan las medidas a través de la CEAV: reparaciones inconsistentes, con diferentes criterios, hay una incapacidad de construir esta visión de un programa administrativo”, detalló.

La experta dijo que en ese sentido saludaba la creación de un Protocolo de Atención Integral a las víctimas indirectas del feminicidio, no sólo por la grave condición de vulnerabilidad en la que están sino porque México debe crear condiciones para que las siguientes generaciones puedan no olvidar, integrarlo en nuestra historia y generar las condiciones para que esto no se repita.

“Es muy importante cortar esos espirales de violencia con las víctimas, generar oportunidades para que las niñas y los niños no terminen otra vez en estas redes de violencia que operan ahí donde no hay oportunidades”, detalló. No obstante, dijo, se espera que el Protocolo integre la participación de la sociedad civil y que tenga esa visión de un programa administrativo.

Por otra parte, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, llamó la atención sobre que este programa aún no es público en el Diario Oficial de la Federación. “Los anuncios son importantes pero nos gustaría conocer los documentos que están detrás de estos anuncios, porque nos ha pasado con el Programa de Acción Emergente para atender los feminicidios, o el de Igualdad de Mujeres y Hombres, que desafortunadamente tenemos un gobierno que anuncia en materia de igualdad pero no conocemos los documentos”.

“Es muy difícil pronunciar documentos que no conocemos. Dijeron que estaban revisando este Protocolo y lo iban a publicar en el DOF, pero en los hechos aún no existe un protocolo para atender a niñas y niños en condición de orfandad. También se requiere un diagnóstico sobre la situación que viven las niñas y niños víctimas de feminicidio, que hasta ahora no hay”, agregó.

Toda la información e imágenes son de CIMAC.
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El reto para las mujeres que buscan un desarrollo profesional no lo define la industria, sino el deseo de combinar dos vidas: la profesional y la personal.

A lo largo de mi vida profesional, mucha gente me ha preguntado: ¿cuál es el principal reto para las mujeres que trabajan en el sector financiero? Difícil respuesta… ya que los retos no se presentan por trabajar en un sector liderado mayormente por hombres, sino de trabajar en un sector que, para lograr carreras exitosas, demanda largas horas de trabajo en una oficina.

En el estudio realizado por McKinsey[1] “Una Ambición: Dos Realidades”,  se documentan los retos enfrentados por mujeres en muchos sectores laborales a través de extensas entrevistas a empresas, mujeres y hombres, en donde se les pregunta sobre sus ambiciones y los retos a los que se enfrentan para tener carreras exitosas. El análisis muestra que no hay una diferencia significativa entre las aspiraciones de mujeres y hombres por convertirse en altos ejecutivos de sus empresas. Sin embargo, las mujeres consideran que tienen menores probabilidades de lograrlo. Uno de los factores que inciden en estas probabilidades de éxito, es la disposición de tiempo. Al preguntar sobre cuáles son los factores más importantes para lograr el éxito profesional, el estudio encuentra que para el 44% de los encuestados, la disponibilidad 24/7, es el factor más importante para el éxito en una empresa. Otros elementos que involucran la disponibilidad de tiempo como: hacer presencia en la oficina y quedarse muchas horas, la disposición para viajar frecuentemente o socializar con colegas en horarios fuera de la oficina, son factores que contribuyen al desarrollo profesional.

En pocas palabras, el reto para las mujeres que buscan un desarrollo profesional no lo define la industria, sino el deseo de combinar dos vidas: la profesional y la personal. Hay varios factores que ayudan a que esta combinación entre vida profesional y familiar sea más fácil. Uno muy importante es el jefe o jefa con los que se trabaja y la flexibilidad laboral que se puede obtener. Las mujeres se pueden desarrollar más fácilmente si trabajan en un ambiente en el que se valoren los resultados sin importar el tiempo que se esté físicamente en una oficina.

Otro factor para lograr un balance de vida, es la cultura organizacional de las empresas. Es importante trabajar en un lugar en el cual la diversidad y la inclusión sean valores que se tomen en cuenta y en donde se promuevan políticas que hagan más fácil la combinación de una vida profesional con la vida personal.

Por ejemplo, en Citibanamex, la diversidad es un factor relevante que se considera en las evaluaciones de los altos ejecutivos y en donde se ha avanzado en políticas que la promueven. La igualdad de paga para igualdad de trabajo, que en pocas empresas existe, es una acción prioritaria dentro de la política de diversidad e inclusión del banco. Otra acción importante, ha sido reconocer la prioridad de las familias para los colaboradores, y en este aspecto, hemos implementado que tanto padres como madres puedan tener más tiempo para dedicarse al cuidado de sus hijos al nacer. Se ha extendido la licencia de maternidad a 16 semanas y cuatro semanas por paternidad. Esto es significativo, ya que en la medida en que se promueve la igualdad de responsabilidades entre padres y madres, se avanza en la inclusión de mujeres en el ámbito profesional.

Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, la cuestión del tiempo es un factor importante para el desarrollo de las mujeres. Aun cuando cada vez más empresas cuentan con estrategias que promueven esquemas de horarios y trabajo remoto, hasta hace poco aún había resistencia para adoptarlo.

Uno de los aprendizajes de la situación que vivimos ante el Covid-19, es que nos hemos dado cuenta que estos esquemas flexibles de trabajo funcionan. Esta situación nos ha obligado a trabajar remotamente y ha mostrado que es posible combinar la vida familiar con la profesional y que podemos ser productivos al trabajar desde donde queramos.

La nueva realidad nos ha enseñado que es posible trabajar mientras se está en casa, atender llamadas mientras se cuida a los hijos, ser productivo y profesional mientras se está en ropa cómoda. Ha hecho más ligeras las relaciones laborales al momento que, a través de la tecnología, conocemos las casas de las personas con las que trabajamos, sus mascotas y sus familias. Son interesantes las conversaciones en donde es aceptado y normal ver a hombres y a mujeres compartiendo labores domésticas y los cuidados de la familia. Esta situación nos ha hecho más humanos y esto nos ayuda a que seamos más abiertos a distintas maneras de trabajar.

El trabajo remoto ha logrado cambiar las percepciones sobre horarios y presencia en la oficina, de igual manera para hombres como para mujeres, por lo que considero que el regreso a la nueva normalidad va a ayudar al desarrollo profesional de muchas mujeres en todos los sectores.

Habrá personas que después de la contingencia querrán regresar de tiempo completo a una oficina, pero habremos muchos que buscaremos distintas maneras de trabajar, con horarios flexibles, mixtos y con la posibilidad de trabajar de manera remota. Esto sin duda ayudará al desarrollo tanto profesional como personal de muchas mujeres. Y, al mismo tiempo, esta nueva cultura ayudará a aumentar el capital humano de muchas empresas y organizaciones que se enriquecerán de tener un talento diverso y mixto. ¡Enhorabuena!

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[1] Una Ambición: Dos Realidades, McKinsey, MX Women Matter

Contacto:

*Regina García Cuellar es Directora de Estrategia y miembro del Consejo de Mujeres de Citibanamex. Las opiniones expresadas por la autora son personales e independientes de sus funciones en Grupo Financiero Citibanamex.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

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ONU Mujeres considera que el cine puede sumarse en hacer visible la situación de millones de mujeres que son víctimas de violencia de género.

La violencia de género es una realidad que viven millones de mujeres y niñas alrededor del mundo, situación que se ha vuelto alarmante con el confinamiento debido a que muchas de ellas se ven obligadas a estar encerradas con sus agresores.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que de los siete mil 700 millones de personas que habitan el planeta, 49.5 por ciento son mujeres, y a nivel internacional, una de cada cinco vive una forma de violencia física o sexual.

Para hacer conciencia respecto a esta problemática, ONU Mujeres impulsa las producciones cinematográficas que inviten a la sociedad a reflexionar sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres del mundo.

Como parte de esta campaña, la organización ha dado su respaldo a Crímenes de familia, un filme del argentino Sebastián Schindel, en el cual retrata la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en sus trabajos y con sus parejas.

La película narra la historia de un feminicidio y el abuso al cual es sometida una trabajadora del hogar por parte de miembros de una familia, temas que ONU Mujeres considera primordiales dentro de su agenda para impulsar la equidad de género.

El filme da una mirada de cómo miles de acusados de feminicidio acuden a herramientas legales que les permiten evadir las penas por el asesinato de mujeres por razones de género al retratar un proceso penal.

Cabe referir que el autor y sus colaboradores recibieron asesorías de especialistas de ONU Mujeres y de la oficina en el país de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), además de organizaciones de la sociedad civil, durante el proceso de preproducción de película, con particular atención en la elaboración del guión.

Para Lucía Martelotte, coordinadora de programas de ONU Mujeres en Argentina, este filme proporciona un panorama respecto a la complejidad de las violencias basadas en género y también su carácter multidimensional, por lo que considera fundamental tener en cuenta la interseccionalidad no solo al momento de visibilizar las violencias, sino también de pensar en políticas públicas para atenderlas.

“La violencia contra las mujeres es uno de los delitos más extendidos y con mayor nivel de impunidad en el mundo. Y las trabajadoras del hogar uno de los colectivos con menor protección social”, opinó la representante de ONU Mujeres.

Martelotte añadió que es necesario que gobiernos y sociedad civil trabajen de la mano para, de una manera decidida, se logre poner punto final a la impunidad social e institucional respecto a la violencia y la desigualdad de género.

“Esta película muestra cómo el cine puede sumarse en hacer visible la situación que viven millones de mujeres para transformar esta realidad”, declaró Lucía Martelotte.

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En la presentación de un informe sobre el rol de las cuidadoras durante la pandemia, la Cepal advirtió de que la población femenina va a ser afectada de forma desproporcionada.

La crisis económica generada por la covid-19 se cebará con las mujeres, especialmente con las que tienen menos recursos, y dejará a 118 millones de latinoamericanas viviendo en la pobreza este 2020, un 22% más que el año anterior, según advirtió este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la presentación de un informe sobre el rol de las cuidadoras durante la pandemia junto con ONU Mujeres. “Esta es la peor contracción económica de los últimos 100 años de la región y las mujeres van a ser particularmente afectadas, en forma desproporcional, porque va a haber mayor incremento de desempleo, pobreza y, sobre todo, se van a ver afectadas por la sobrecarga de cuidados, especialmente en los hogares más pobres”, afirmó la secretaria ejecutiva de la organización, Alicia Bárcena.

Además del incremento de la tasa de pobreza femenina de la región en un 37,4%, la pandemia dejará al 15,2% de las latinoamericanas desempleadas, seis puntos porcentuales más que en 2019. El organismo atribuye la especial afectación de la pandemia a las mujeres a lo que llama “nudos estructurales de la desigualdad”, especialmente los relacionados con la división sexual del trabajo. Ellas están más expuestas al estar sobrerrepresentadas en los trabajos de primera línea, tanto en el sector sanitario como en las ocupaciones consideradas esenciales durante la pandemia, y también han sido más golpeadas por la pérdida de ingresos al ser mayoría en empleos informales y en pequeñas empresas, las primeras en caer durante la crisis. Según las previsiones de la Cepal, la pandemia provocará una caída del 9,1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y se perderán 2,7 millones de pequeñas y medianas empresas formales.

“Más de la mitad de las mujeres están en sectores de alto riesgo de ser afectadas por la contracción económica: comercio, hogares, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividades inmobiliarias y, desde luego, en el sector salud donde vemos que el 73% de los trabajadores son mujeres”, afirmó Bárcena. A ese cóctel hay que añadirle el aumento de carga de cuidados en los hogares que la Cepal define como “un obstáculo para el logro de su autonomía”, en una región donde las mujeres dedican más del triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres.

Por eso, tanto la Cepal como ONU mujeres piden en el informe a los Gobiernos de la región colocar los cuidados en el centro de sus respuestas a la pandemia para que ese trabajo se reconozca como clave, se redistribuya mejor entre géneros y se reduzca la carga de labores no remuneradas. “La crisis de la covid- 19 debe transformarse en una oportunidad para fortalecer las políticas de cuidados en la región, desde un enfoque sistémico e integral”, afirmó Bárcena.

Por su parte, María Noel Vaeza, directora para las Américas de ONU Mujeres, defendió la inversión en políticas de cuidados que afirmó, repercutiría en un triple beneficio para los países por su potencial de generar bienestar de los dependientes, crear empleo de calidad y aumentar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo formal, con los correspondientes beneficios en forma de impuestos y cotizaciones. “Si los Gobiernos no se toman en serio la necesidad de fortalecer sistemas de cuidados con corresponsabilidad, esta crisis puede dejar a muchas mujeres fuera de la economía y sin poder ejercer sus derechos económicos y sociales”, advirtió. Además, Vaeza abogó por la urgencia para “romper ese círculo vicioso entre cuidados, desigualdad, precariedad, exclusión y pobreza”.

En el foro, que se celebró a través de la plataforma digital Zoom, participaron representantes de todos los países de la región. La vicepresidenta costarricense, Epsy Campbell, abogó en su turno por que se aprovechen los planes de recuperación económica de la crisis generada por el coronavirus para incluir los cuidados a los servicios sociales que ofrecen los estados y las empresas. “No hay que pensar que se le está brindando un servicio a las mujeres, se le está brindando un servicio a las personas que requieren cuidados” como niños, ancianos o discapacitados, sostuvo.

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En una redada tras una manifestación feminista, 22 mujeres fueron agredidas física, psicológica y sexualmente por policías municipales y estatales en León, Guanajuato. Las mujeres protestaban por el ataque sexual de policías de León a una joven. Otras mujeres no fueron llevadas a instalaciones policiacas y se desconoce su paradero, informa la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Una redada policíaca tuvo lugar en esta ciudad luego de la manifestación contra las agresiones sexuales que sufrió una chica hace menos de dos semanas por parte de elementos de seguridad pública en León, Guanajuato.

El reclamo por la agresión sexual de policías de León en contra de la joven identificada sólo como Evelyn terminó en un represión orquestada por mujeres policías, que detuvieron por lo menos a 22 jóvenes mujeres y un hombre. A algunas las golpearon al detenerlas con violencia y también agredieron a cuatro reporteras que cubrían la manifestación.

Alrededor de las ocho y cuarto de la noche de este sábado, colectivas feministas en la ciudad comenzaron con la búsqueda de las 22 mujeres que fueron detenidas, quienes tras ser liberadas denunciaron tortura y múltiples violaciones a sus derechos humanos.

En la marcha contra la violencia policial participaron alrededor de 300 mujeres. Los abusos policiacos iniciaron con forcejeos y golpes propinados a las mujeres durante la manifestación y culminaron con chicas menores de edad que fueron violentadas por agentes municipales.

La Red Feminista de León acudió a las diferentes delegaciones de la Policía de Guanajuto para esperar la llegada de las mujeres detenidas, incluso siguieron a una patrulla llena de mujeres esposadas que partió del primer cuadro de la ciudad y llegó hasta las instalaciones de seguridad policiaca, CEPOL Norte, en el Bulevar Téllez Cruces.

A las nueve de la noche, POPLab y la Red fueron testigos de la llegada de al menos dos patrullas repletas de detenidas. Una hora más tarde, un oficial que no se identificó informó de manera extraoficial el paradero de más de 20 mujeres y un hombre en dicha delegación.

Un amplia movilización en redes sociales difundió la lista con los nombres de las detenidas. Al mismo tiempo, un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública informó de 26 detenciones, cifra que posteriormente se corrigió a 23. Sin embargo, a las once de la noche el funcionario José Dolores Valadéz, de CEPOL Norte, informó a este medio de comunicación y a la Red Feminista de León que no tenían registro de las personas privadas de su libertad.

La funcionaria Dolores Valadéz, quien se identificó como «telefonista», no quiso especificar su puesto y se negó a brindar información a los familiares y a la prensa sobre el paradero de las mujeres detenidas. A las 11:30, siguieron llegando familiares y, sin embargo, los agentes de CEPOL Norte continuaron sin confirmar la identidad o existencia física de las personas arrestadas.

Menores de edad, con tortura y otras violaciones a DDHH

Finalmente, en presencia de Amnistía Internacional y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) quienes asistieron como observadoras de las detenciones, a las 11:40 pm salió la primera joven de 17 años, quien declaró ante este medio de comunicación que la policía la detuvo en la Zona Centro cerca de la Plaza Expiatorio. Explica que cuando las agentes la subieron a la patrulla junto con otras manifestantes la insultaron y la comenzaron a golpear. Relata que durante todo el trayecto elementos de seguridad pública la violentaron física, verbal y sexualmente. Recibió varios golpes en la cabeza, le jalaron el cabello y le tiraron varios puñetazos. Cuenta que las compañeras que intentaron defenderla también recibieron golpes de parte de las oficiales.

En su testimonio da cuenta que agentes varones golpearon a más compañeras. Una de ellas fue ahorcada y tuvieron que auxiliarla por las marcas de violencia que tenía en el cuello. La menor informa que un policía la agredió sexualmente metiéndole la mano bajo la falda. Compañeras suyas confirmaron su testimonio y agregaron, además, que entre varios agentes la semidesnudaron antes de subirla a la patrulla, subiéndole la falda y rompiéndole la blusa. El testimonio de esta menor confirma más agresiones sexuales a adolescentes que participaron en la manifestación.

Otra mujer detenida, con quien POPLab tuvo comunicación la madrugada de este domingo 23 de agosto, relata que cambiaron los datos de su acta de detención policial, de lo cual se dio cuenta cuando llegó con el juez: hora de arresto, los cargos imputados, el lugar de la detención fueron cambiados. Explica que la hora del arresto que anotaron era a las 10:30 pm y el lugar la calle Madero del Centro Histórico, una conocida zona de bares en la ciudad. Dentro del acta de detención decía también que se tuvo que aplicar fuerza porque se opuso a la detención, cosa que desmintió.

El reportero de POPLab estuvo en CEPOL Norte desde la llegada de las primeras camionetas con detenidas a las nueve de la noche del sábado, hasta las cuatro de la madrugada de este domingo, cuando liberaron a la última de las 23 personas privadas de su libertad.

De acuerdo con más de 10 testimonios recogidos, muchas manifestantes fueron ahorcadas por policías cuando se reunieron afuera de la caseta de policía en la Plaza Expiatorio, a quienes también les golpearon a puño cerrado y les jalaron del cabello. A una menor de edad le arrancaron las perforaciones de la cara y las orejas al arrestarla; declara que una agente le dijo: «estas arracadas me gustan para la boda de la próxima semana, me las voy a quedar». La mayoría de las detenidas recibieron comentarios denigrantes y sexualizantes de los agentes varones que participaron en la redada posterior a la manifestación.

Explican que al llegar a CEPOL Norte, las amedrentaron diciéndoles que «les iban a sacar dinero» y que «ahora sí van a pagar». Cuentan que desde antes de la manifestación se taparon todos los puntos de salida de alrededor del Arco de la Calzada con grupos de agentes de la policía que parecían planear la represión. Otra mujer detenida relata que los locales alrededor del Arco cerraron porque los locatarios recibieron amenazas para no resguardar a las manifestantes. Cuando ella y otras de sus compañeras se quisieron refugiar en una heladería, la empleada del lugar les dijo con lágrimas en los ojos que no podía dejarlas entrar.

A otra manifestante una agente le dijo «no, no te ahorqué, sigues viva», después de que le pidió que la soltara. Otras jóvenes fueron a auxiliar a sus compañeras agredidas en el Arco y policías las empezaron a seguir en el automóvil. A otras las bajaron de su auto para arrestarlas cuando ya estaban lejos del primer cuadro de la ciudad. Otras mujeres manifestantes fueron trasladadas primero a la delegación CEPOL Poniente, pero inmediatamente las redirigieron a la delegación norte.

Detenciones a diestra y siniestra

De forma general, los testimonios recabados relatan que las agentes les amenazaban personalmente, se burlaban de ellas, las ofendían y las golpearon en muchas ocasiones al interior de las patrullas. Las acompañantes y manifestantes detenidas confirman que las patrullas 717 y 713 municipal, así como la 113 estatal fueron algunas de las involucradas en la redada.

Manifestantes fueron reconocidas por las y los policías en la parada del OptiBus (oruga) del Sistema Integrado de Transporte (SIT), quienes se metieron a la estación para detenerlas y subirlas a la patrulla. Ahí también privaron de su libertad a mujeres que salían del trabajo. Un grupo más de mujeres cuenta que llegando a las instalaciones de CEPOL Norte, las amenzaron con tomarse «selfies» con ellas sin su consentimiento y que les traerían policías varones en forma de amenaza.

A una madre con su hija las detuvieron en la parada del camión, pese a que nada tenían que ver con la manifestación. A la menor le quitaron sus pertenencias con violencia con todo y que ninguna de las dos opuso resistencia. Una pareja transitaba por la zona en bicicleta y a ella la arrestaron también.

Los testimonios confirman una infiltrada en la manifestación que detectaron cuando se comenzaron a llevar a las primeras manifestantes. La infiltrada es identificada con pelo rojo con una estatura de 1.65 m que les tomaba fotos y videos a las mujeres. Cuando esa patrulla arrancó en dirección al Bulevar Mariano Escobedo, agentes empujaron hacia afuera de la camioneta a dos mujeres. Las manifestantes cayeron al suelo con el automóvil en movimiento.

De acuerdo con la la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), además de las 22 mujeres y un varón liberadas alrededor de las 4:00 am del 23 de agosto, se tiene información de mujeres que no llevaron a las estaciones de la policía, pero que tampoco se tienen sus nombres. REDIM teme que sean víctimas de desaparición forzada.

MP y hospital revictimizan a adolescente y familiares

Al menos dos mujeres, una de 17 años y otra de 20, asistieron al Hospital Materno-Infantil en León, debido a que el Hospital General se encuentra destinado exclusivamente a la atención de casos de covid-19. La Red Feminista de León reporta que había un solo médico en el turno de la noche quien por falta de capacidad no pudo atender a las dos mujeres con rasgos de tortura y violencia en toda la noche.

Después de ocho horas de espera, agentes de Trámite Común del Ministerio Público acudieron al hospital a tomar la declaración de una de las adolescentes violentadas. La Red Feminista reporta que los agentes revictimizaron a la adolescente y a su madre con tratos violentos, además de que los agentes de Trámite Común no se encontraban capacitados para atender a víctimas adolescentes de violencia sexual. La doctora Marisela Loza Vázquez también revictimizó a las mujeres que acudieron para una valoración médica después de la represión y tortura.

De acuerdo con REDIM, hay adolescentes y jóvenes que, junto con sus familias, esperan a la Fiscalía especializada para dar pie a presentación de denuncias formales por detención arbitraria, violencias múltiples, tortura y agresiones sexuales.

Al momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) no se han presentado con las víctimas, sus familiares y las organizaciones acompañantes; sin embargo, personal de la CNDH se puso en contacto y confirmó que están por llegar a León para dar seguimiento. La Procuraduría Estatal solo emitió un breve comunicado en el que informa que se abrió el expediente de queja 108/2020-A.

Brenda Caudillo, jefa del departamento de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, asistió a CEPOL Norte seis horas después de la detención de las adolescentes. Se negó a dar una declaración oficial.

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La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, convocó a todas las mujeres a luchar juntas por sus derechos, con independencia de sus tendencias político-partidistas, para responder al alarmante cúmulo de problemas que se han agudizado en su contra durante la pandemia de Covid-19.

En un comunicado, la diputada federal informó de su participación en el “Encuentro Colombia”, organizado por las agrupaciones “Friedrich Ebert Stiftung” y “Artemisas” con la legisladora colombiana María José Pizarro, donde se congratuló de las reformas alcanzadas por legisladoras de todos los partidos en la actual LXIV Legislatura de México.

Subrayó que la unión de esfuerzos, incluso con otros sectores de la sociedad civil, debe continuar para que tales reformas se traduzcan en hechos y, además, para que se aplique un plan de contingencia que incluya un ingreso mínimo vital para todos los grupos mayormente desfavorecidos -en primer lugar, las mujeres jefas de familia- que les permita sobrevivir a la actual pandemia.

Puso como ejemplo de unión de esfuerzos al Grupo de Igualdad Sustantiva que integran mujeres congresistas de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados incluso de los partidos que están en el gobierno, quienes han entendido que, en la pluralidad, ayuda mucho esa unión en temas sustanciales para la agenda femenina.

Ante parlamentarias y personalidades de otros países, consideró esto como muy relevante en el contexto mexicano para enfrentar los recortes gubernamentales a los presupuestos de programas para niñas y mujeres.

“Ya antes de la pandemia de Covid-19, mujeres y niñas vivían una crisis de violencia y una crisis económica generalizadas, pero con la crisis de salud, aquéllas se ahondaron y amenazan incluso con retrotraer diversos avances, entre ellos los legislativos sobre igualdad de género, particularmente porque el gobierno se empeña en recortar el gasto de programados dirigidos a ellas”, manifestó.

“La unidad de esfuerzos en México impediría que esas amenazas continúen traduciéndose en perjuicios para quienes constituyen 45 por ciento de la fuerza laboral del país, incluidas los nueve millones de mujeres que son jefas de familia, y, por el contrario, les permitiría demandar al gobierno que instrumente otras acciones, como el Ingreso Mínimo Vital”, abundó.

Juárez Piña puntualizó que “nos parece que ésta es una propuesta que podría aliviar a todas aquellas personas que ahora la están pasando muy mal, porque por una parte se nos convoca a no salir de casa, pero por otra hay también la necesidad de salir a trabajar, de tener un ingreso mínimo, y esto es algo de lo que estamos impulsando desde la Cámara de Diputados”.

Detalló que las congresistas lograron impulsar 57 reformas sobre paridad de género prácticamente en todo, pero las mujeres en general siguen siendo víctimas de todo tipo de violencia que incluso deriva en feminicidios.

“Nos parece que, en la medida en que las mujeres estemos unidas más allá de nuestras fuerzas políticas a las que pertenecemos, es en la medida en la que podremos avanzar. Espero que podamos lograr, a partir de este encuentro, trazar una ruta muy específica y muy clara que también nos permita avanzar unidas en la región, más allá de nuestras diferencias”, concluyó.

Convoco a todas las mujeres a luchar por sus derechos con independencia de sus tendencias político-partidistas y evitar que se siga agravando su situación, como hasta ahora.#VeroJuárez #LibresEIguales
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— Verónica Juárez Piña (@juarezveromex) August 23, 2020

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