Autor: Editora

Y este día es una gran oportunidad para conocer la producción cinematográfica Nacional que es tan diversa y valiosa como las culturas que existen en nuestro país.

Ya te contamos de algunas películas mexicanas disponibles en streaming, pero creemos que también es un gran día para visibilizar el trabajo de las mujeres mexicanas en la industria, una en la que aún predomina el trabajo de los cineastas hombres.

De acuerdo con el anuario estadístico del IMCINE, en 2019,  de los 216 largometrajes que se produjeron, sólo  20% fueron dirigidos por mujeres, es decir unas 44 películas.

En 2018 la cifra no fue muy distinta: 47 filmes los dirigieron mujeres.

Así que 2020 es un buen año para que conozcas el trabajo de directoras mexicanas, por eso, le preguntamos a algunas críticas y a una guionista por  sus directoras mexicanas favoritas. Y esto fue lo que nos dijeron:

MARCELA VARGAS

Periodista y crítica de cine, ha trabajado en medios como Gatopardo y Mexico.com. Actualmente colabora en Charros contra Gángsters, de MVS Radio, Sector Cine y Cine Premiere. Ellas son sus cineastas favoritas:

ISSA LÓPEZ

Escritora, directora y productora de cine. Escribió y dirigio las películas Efectos Secundarios y Casi Divas. También es autora de los guiones de las películas Ladies Night y Niñas Mal.

En 2017 escribió y dirigió su tercer largometraje Vuelven, una película de terror y fantasía que fue aplaudida por la crítica nacional e internacional.

Vuelven obtuvo 10 nominaciones al premio Ariel y los elogios de Guillermo del Toro y Stephen King, aparte de la crítica.

Blumhouse, casa productora de películas como Get Out, Us y El Hombre Invisible contrató a Issa López para dirigir su siguiente proyecto.

NATALIA BERISTÁIN

Beristain es directora de la cinta No quiero dormir sola, con la que ganó el premio a Mejor Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en 2012.

También es directora de Los Adioses, en la que imagina de manera particular la vida de Rosario Castellanos, lejos del formato tradicional de las películas biográficas.

Recientemente participó en el proyecto de Netflix Hecho en casa, donde 17 cineastas plasman cómo han vivido el confinamiento en la pandemia de Covid-19.

https://youtu.be/hKt_p0Etzv0

KATINA MEDINA MORA

Es mexicana, cineasta y directora de teatro. Con su primer largometraje, LuTo (2013), ganó el Premio Casete en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en 2013.

En 2015, Katina Medina Mora dirigió su segunda película, Sabrás que hacer conmigo, que cuenta la historia de Nicolás, un fotógrafo que padece epilepsia desde la infancia. Esta circunstancia hizo que se cuidara más y llevara una vida que en apariencia es normal, pero que implica muchos sacrificios.

Isabel es una mujer que parece haberlo descubierto todo … pero esto no es verdad. Tiene una madre enferma y deprimida, no le queda más remedio que intentar ayudarla. Isabel y Nicolás se enamoran y entran en una relación que ninguno de los dos había imaginado porque ninguno se dio permiso para vivir.

En el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, del Festival Internacional de Cine de Monterrey, Medina Mora señaló que el cine debe permitir a los protagonistas de las historias contar sus propias historias.

“Necesitamos más historias narradas en primera persona. Siempre una historia contada en primera persona es mucho más verdadera. La representación importa e importa muchísimo”.

NO QUEREMOS CUOTAS, PERO POR AHORA SON NECESARIAS

En ese mismo foto Katina Medina Mora subrayó la importancia de alcanzar la paridad de género en la industria.

“Ojalá en algún punto dejemos de hablar de esto y dejemos de hacer foros solo de mujeres. Todas queremos que solo se vea nuestra película por nuestro talento, no queremos cuotas, pero por ahora son necesarias.”

“He estado recibiendo cada día llamadas de socorro de las comunidades diciendo ‘muchas niñas están siendo cortadas (mutiladas), por favor haz algo, por favor haz algo, contacta con las autoridades, por favor, rescátalas’”, explica Chesang Domtila en una conversación telefónica que se corta cada dos minutos. Es activista por los derechos de las niñas, fundadora de la organización I_Rep Foundation, y vive en el condado de West Pokot, fronterizo con Uganda, uno de los más golpeados por la mutilación genital femenina (MGF) durante la pandemia.

La MGF es la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Hay cuatro tipos diferentes de mutilación según el grado de agresividad y se suele practicar entre la infancia y la adolescencia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Kenia hay un 21% de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido algún tipo de MGF, cifra que se sitúa por debajo de otros países como Somalia (98%), Guinea (97%) o Yibuti (93%), pero que sigue siendo alarmante ya que se trata de una práctica ilegal en el país desde 2011.

Domtila asegura que los casos de mutilación en West Pokot habían bajado mucho, pero durante la pandemia se han disparado y se ha dejado atrás el secretismo para hacerlo en público mediante ceremonias. “Los padres se imaginan que pueden esconderse detrás de la covid-19 para cortar a las niñas y salir impunes; se piensan que el gobierno está demasiado ocupado como para arrestarles”, comenta la activista. La topografía de la zona hace difícil el acceso a muchos de los pueblos pero se ha conseguido arrestar a algunas de las personas responsables gracias a la movilización de líderes locales como Domtila.

A menudo, los rituales de ablación se hacen durante las vacaciones escolares para no llamar la atención y para que las niñas tengan tiempo de curarse. Hay diferentes tradiciones y creencias que envuelven esta práctica y su grado de incidencia varía según el grupo étnico —los somalis tienen un 94% de incidencia, por ejemplo, mientras que los luo tan solo un 0,2%—. Suele ser una práctica más prevalente en las áreas rurales que las urbanas (un 25,9% ante un 13,8%) y entre las comunidades con menor escolarización (un 58,2% ante un 8,6%). Supone un ritual del paso de niña a mujer, aumenta las posibilidades de contraer matrimonio y lleva asociadas una lista de connotaciones culturales de pertenencia a la comunidad que en caso de rechazarlas, acarrea exclusión y estigma.

“Había programas en las escuelas que protegían a las niñas pero ahora estas están cerradas y la comunidad no tiene otra alternativa que celebrar el rito de paso. Las mutilan y así están listas para casarse en dos o tres años”, comenta Domtila, que estima que los casos de ablación femenina en West Pokot han subido a 800 entre marzo y junio. En situaciones de crisis como la actual, el matrimonio es visto como una transacción económica que puede ayudar a la familia de la mujer a mejorar su situación económica gracias a la dote.

En cada comunidad las afectaciones y las medidas están siendo distintas y, de hecho, debido a la limitación de la movilidad por la pandemia y la dificultad de acceder a zonas remotas, no se dispone del número real de chicas afectadas por este o cualquier tipo de violencia. “El impacto actual de la covid-19 se verá realmente cuando las escuelas reabran (en 2021) y todo vuelva a la normalidad; es entonces cuando veremos cuantas niñas regresan al colegio”, dice Tony Mwebia, activista por la igualdad de género y fundador de la organización Men End FGM, centrada en educar a los niños y hombres en torno a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil. Asimismo, cuando se tiene constancia de un caso sigue siendo muy difícil llegar a una condena, ya que depende de la evidencia presentada en el juicio “y eso lo complica porque se supone que las niñas que han sido circuncidadas tienen que testificar y a veces se sienten amenazadas porque quien se lo ha hecho son vecinas o miembros de su propia familia”, añade Mwebia.

Convivencia forzosa con familiares abusadores

Son varios los esfuerzos de la Administración y la sociedad civil para acabar con la incidencia de cualquier violencia contra niñas y mujeres, pero faltan recursos y una mejor organización. “Las estrategias deben ser dirigidas; qué hacer en qué comunidades, ya que no todas tienen las mismas necesidades», explica Eva Komba, investigadora y especialista en género.

“Necesitamos conocer cada casa donde haya niñas entre cuatro y 18 años y ponerlo en una base de datos, de manera que si vas a esa comunidad podrás implementar respuestas específicas”, comenta Komba, que añade que la violencia contra las mujeres forma parte de todo un espectro que debe ser modificado, incluyendo el cambio climático, la seguridad alimentaria, la mejora de la cobertura sanitaria, la escolarización de las niñas, etcétera.

En los últimos meses, Kenia se ha enfrentado no solo a un incremento de la ablación sino también a una subida preocupante de los embarazos adolescentes. En el condado de Machakos, bordeando Nairobi, se registraron 4.000 embarazos  de niñas menores de 19 años tan sólo de enero a abril. Los casos se concentraron sobretodo a partir de marzo cuando los colegios cerraron por el coronavirus, y se especula que puede haber más.

La convivencia forzosa con familiares abusadores ha sido una de las causas, pero también el intercambio de sexo sin protección con hombres mayores por productos de higiene menstrual que antes ofrecía el colegio y ahora son de difícil adquisición para las chicas sin recursos. La menstruación no desaparece ante una pandemia, las ayudas sí.

Recientemente en el condado de Kajiado, el gobierno local junto con organizaciones comunitarias lanzaron una campaña de sensibilización para dar respuesta a este problema. La iniciativa lleva el nombre de “Funga Miguu”, que se traduce en un “Cerrar las piernas”. Y va dirigida exclusivamente a mujeres, hecho que ha generado críticas, ya que, de nuevo, se está responsabilizando a las víctimas del abuso sufrido.

“Involucrar a los hombres en esta lucha es vital”, comenta Tony Mwebia. “Necesitamos transformar la masculinidad de los chicos jóvenes para que puedan entender que las mujeres son seres humanos iguales y que tienen sus derechos y debemos respetarlos y cuidarlos”. Esta es su tarea en la organización Men End FGM, que en situación de normalidad imparte talleres presenciales a grupos de chicos y hombres de todo el país sobre su papel en la desigualdad y la violencia contra las mujeres, y genera un espacio de debate y reflexión.

Iniciativas en red  o puerta a puerta

Las comunidades hace años que trabajan conjuntamente para combatir estas prácticas que amenazan los derechos de las niñas y las mujeres, pero durante la pandemia han visto como su radio de acción ha quedado gravemente afectado y han tenido que extremar sus lazos y buscar alternativas para seguir protegiendo este colectivo.

En algunas localidades rurales los jefes comunitarios van puerta por puerta para controlar que no se circuncide ni se case a ninguna niña, y también se han lanzado campañas de sensibilización por radio, uno de los canales más accesibles para la sociedad. No obstante, hay demandas para una actuación policial más eficaz, ya que parece que todos los esfuerzos van dirigidos únicamente a hacer cumplir las restricciones impuestas por la covid-19.

Las personas que tienen Internet y smartphones disponen de más recursos para hacer frente a estas prácticas durante la pandemia. No sólo es más fácil mantener un contacto directo con líderes locales y centros de rescate sino que también facilita el acceso a aplicaciones como i-Cut, creada en 2017 por un grupo de adolescentes, que permite acceder a ayuda medica y legal antes o después de sufrir la mutilación genital femenina. El principal problema es que aún hay muchas zonas rurales que no tienen acceso a Internet, por lo que cuesta hacer un rastreo o seguimiento de las menores más vulnerables.

Este es uno de los obstáculos con los que se ha encontrado la activista Selina Nkoile desde que empezó la pandemia. Gestiona un internado para niñas llamado Naning’oi en la ciudad masai de Mosiro (Kajiado), el mismo al que ella acudió siendo pequeña y que la salvó de un matrimonio ya pactado. La institución tuvo que cerrar en marzo y Nkoile ha enviado a casa de su madre a las niñas más vulnerables que no podían volver con sus familias y ha intentado mantener contacto telefónico con el resto. Asimismo, trata de tejer una red de colaboración con los líderes locales y las autoridades, pero es un trabajo duro y lento para una sola persona y reconoce estar preocupada porque “las niñas saben que Naning’oi es un sitio seguro donde pueden acudir en caso de violencia o si las van a casar, pero (…) ahora no hay ningún sitio donde puedan escapar si hay un problema, están encerradas en casa con los mismos padres abusivos”.

Para coordinar esfuerzos entre activistas, Tony Mwebia ha creado un ciclo de conversaciones en línea llamado “End FGM Live” en el que participan activistas de todo el país y ponen en común los problemas y las estrategias de sus comunidades. Las llamadas se comparten en directo a través de las redes sociales. «Y de esta forma amplificamos sus voces e intentamos responsabilizar al Gobierno”, explica.

Acabar con la ablación en 2022

Kenia había fijado el año 2022 para la eliminación total de la MGF, y el 2030 para la de todas las formas de violencia de género, pero parece que las actuaciones no están yendo por ese camino, siendo el coronavirus un importante obstáculo. Se realiza mucho trabajo por parte de la sociedad civil pero se necesita más compromiso y apoyo gubernamental para amplificar su incidencia. “No hemos visto los sistemas ni los recursos ni la movilización para asegurar que este objetivo se consiga”, comenta Mwebia.

Se trata de un proceso complejo que requiere la unión de fuerzas de todos los sectores de la sociedad para conseguir una infraestructura externa eficiente que responda a un cambio de mentalidad de la comunidad. La activista Masai Selina Nkoile no duda en su valoración: “En vez de aplicar normas duras desde arriba, introduzcamos medidas en la comunidad para que un padre no llegue ni a plantearse la idea de cortar a su hija”.

Toda la información e imágenes son de EL PAÍS.
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Legalmente, se pueden perseguir tres delitos asociados al comportamiento de los acosadores: acoso sexual, difusión de contenido sexual sin consentimiento de quien aparece en él (cuyas penas van de 4 a 6 años de cárcel) y trata digital, al lucrar con la difusión de este tipo de materiales en terceras plataformas.

Esta semana, Alessandra Rojo de la Vega, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, hizo visible y se pronunció sobre el caso de un australiano de nombre Bradley Tavis Fiddler que, valiéndose de las conexiones establecidas con mujeres a través de apps de citas, creó toda una plataforma con “cursos de seducción” donde difunde fotos y videos de las mujeres con quienes entabla comunicación y, donde cobra por explicar a otros hombres como “tener mujeres ardientes entregadas a la puerta cada noche”.

“Se trata de un australiano que ha estado viajando al país acosando y violentando mujeres desde 2018. Él y sus amigos entablan comunicación y realizan acoso desde plataformas como Tinder, Bumble y Facebook. Las acosa, abusa de su confianza”, señala la legisladora en entrevista.

Tras exponer el perfil en redes sociales, Alessandra Rojo ha recibido mensajes de 25 mujeres que han sido víctimas, algunas de ellas sostuvieron relaciones sexuales con el sujeto y temen que su imagen sea difundida en la plataforma donde se ofertan los cursos y “mentorías” de seducción.

Las herramientas a su alcance son los mensajes de texto y de voz. En un video publicado en mayo en el canal de su amigo, Justin Marc, y explica que la forma de aproximarse a las mujeres es “ofrecer cualidades y rasgos positivos de su personalidad”, aconseja a los hombres sobre la importancia de la comunicación a través de Instagram.

La cuenta de YouTube donde el australiano difundía sus servicios de coach fue dada de baja por violar los términos de servicio, sin embargo, el canal de Justin Marc cuenta con más de 75 mil seguidores y muestra videos sobre “5 mejores ideas para citas en Tinder” o sobre prácticas sexuales con mexicanas.

“Sus amigos viajan y violentan mujeres, se han identificado denuncias en Tailandia, Brasil, Colombia”, señala Alessandra Rojo.

El miércoles, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa para realizar un exhorto a la Secretaría de Gobernación para expulsar al acosador australiano del país.

“México no será visto como un destino donde se permita el turismo sexual. El abuso a la intimidad de las mujeres será perseguido y castigado”, declaró la legisladora.

Alessandra Rojo explica que legalmente se pueden perseguir tres delitos asociados al comportamiento de los acosadores: 1) acoso sexual, 2) difusión de contenido sexual sin consentimiento de quien aparece en él (cuyas penas van de 4 a 6 años de cárcel) y 3) trata digital, al lucrar con la difusión de este tipo de materiales en terceras plataformas.

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Violencia en aumento

Desde 2016 la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre el aumento en la violencia digital. Ese mismo año, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México reportó un aumento de 54.46% en el número de casos relacionados con extorsiones a través de Whatsapp en el país.

En 2019 Alessandra Rojo detectó un chat a través de Telegram donde 26 mil personas compartían fotos íntimas sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en las imágenes.

La violencia contra mujeres (y, en algunos casos, también contra hombres) va desde la difusión de material explícito sin consentimiento y extorsión, hasta agresiones físicas o robos.

Datos de The Competitive Intelligence Unit arrojan que 3 de cada 10 cibernautas mexicanos han bajado alguna de las aplicaciones más populares de citas, tales como Tinder, Bumble, Happen, Grindr, Badoo o Tagged. La consultora refiere que 3 de cada 10 usuarios busca entablar relaciones serias, mientras que 6 de cada 10 buscan un encuentro sexual o alguien para salir por la ciudad.

“México es un país machista donde el auge de las redes sociales ha normalizado una desvalorización y cosificación de las mujeres. En los casos de abuso se culpa y se revictimiza a las mujeres. Es importante crear un ecosistema donde las mujeres no tengan miedo a alzar la voz y ejercer presión para exigir justicia”, dice Alessandra Rojo.

En materia de proyectos para generar redes de apoyo, la diputada local trabaja con dos propuestas: la tipificación penal del acoso sexual y la creación de juzgados especializados en perspectiva de género donde el personal esté capacitado para atender delitos asociados al género, desde el acoso hasta femicidios.

“En este momento, con la pandemia, las redes sociales han ayudado a la comunicación, pero han generado nuevos peligros“, añade.

Toda la información e imágenes son de FORBES.
Link original: https://www.forbes.com.mx/women-crece-violencia-acoso-hacia-mujeres-en-apps-de-citas/

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) llamó a los medios de comunicación, así como a quienes generan contenidos en redes sociales, a evitar la difusión de cualquier tipo de mensajes, imágenes discriminatorias o difamantes que atenten contra las mujeres. Lo anterior -añadió-, toda vez que, durante y después del proceso de designación para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron publicados contenidos de dicha naturaleza.

En un comunicado, expuso que debido al impacto y repercusión que tienen los medios y plataformas digitales en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, es necesario resaltar que su función pública es primordial, razón por la cual “es indispensable que la información que difundan no se base, ni reproduzca roles y estereotipos de género, dado que éstos obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres en las esferas pública y privada”.

Reconoció la importancia de informar a la ciudadanía y, señaló que el observatorio está convencido “de que se pueden y deben generar contenidos que prescindan de mensajes e imágenes difamantes y discriminatorias en contra de cualquier persona”. Lo anterior, agregó, se sustenta en el artículo 2 de la Ley Federal de la Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El observatorio está integrado por representantes de la comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y de Senadores, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cuarta Visitaduría (CNDH), del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), partidos políticos, el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ONU Mujeres, sociedad civil, entre otros.

Insistió en que “la representación de mujeres y hombres en roles estereotipados perpetúa patrones de dominación entre los géneros y por lo tanto debe ser erradicada, considerando que quienes generan contenidos en medios deben regirse por códigos de ética y normas de conducta que eviten la normalización de cualquier forma de violencia contra las mujeres; se trata de una tarea y un compromiso que debemos asumir todas las instituciones y los sectores sociales”.

El OPPMM señaló que es de relevancia y urgencia que los medios de comunicación garanticen la sensibilización y capacitación de quienes generan contenidos; particularmente en temas de igualdad de género, no discriminación, perspectiva de género y derechos humanos, con la finalidad de que cuenten con herramientas efectivas para analizar, además de comprobar, que la información que se publique y difunda no reproduzca ni normalice prácticas dañinas y perjudiciales como el machismo, el sexismo y la misoginia.

“Sugerimos e instamos respetuosamente a los medios de comunicación a realizar un ejercicio crítico, sustantivo y categórico respecto de la forma en la que se representa a las mujeres en la información y contenidos que generan, así como a que reconozcan la igualdad entre mujeres y hombres, con el propósito de asegurar que su labor fundamental para el desarrollo de la sociedad promueva cambios en el reconocimiento de representaciones más realistas, integrales y dignas, respecto a las atribuciones, las capacidades y aportaciones de las mujeres en la sociedad”.

Toda la información e imágenes son de LA JORNADA.
Link original: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/19/llaman-a-medios-a-evitar-difusion-de-contenido-que-atente-contra-mujeres-6322.html

Después de cinco meses de espera, este martes comenzó la audiencia para establecer penas y reparación del daño que habrá de cumplir Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

El crimen fue cometido en Chihuahua, el 23 de marzo del 2017, cuando ella salía de su casa para ir a dejar a su hijo a la escuela.

A Moreno Ochoa se le calificó como culpable desde el 18 de marzo de este año, pero la audiencia para individualizar la sanción se difirió en cuatro ocasiones debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Esa misma situación de contingencia llevó al juzgado federal en Chihuahua a impedir el paso a medios de comunicación y familiares de la periodista a la cita judicial de este martes.

El proceso durará toda esta semana y sólo podrán tener acceso la defensa del sentenciado, la representación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), y Propuesta Cívica, organización coadyuvante en la investigación.

Más retrasos

El primer día de audiencia estaba programado para iniciar a las 6 de la tarde, pero hubo un retraso de 3 horas debido a que en el centro judicial se tenían otros procesos en curso. Por ello, solo se escucharon alegatos de apertura y se citó a los primeros testigos ofrecidos por Feadle y Propuesta Cívica y definir la sanción.

Tanto el ministerio público como la asesoría jurídica solicitaron la pena máxima que corresponde a 70 años de prisión, mientras que la defensa de El Larry aseguró que no hay suficientes pruebas para ello ni para establecer una reparación del daño por los montos y modalidades que la Fiscalía establece.

Para justificar la pena máxima se presentarán cinco testimonios de peritos que entrevistaron a hermanas de Miroslava, un exfuncionario de la Comisión Ejecutiva de Víctimas que elaboró un dictamen de reparación del daño, y otras dos personas más.

Durante la semana se irán presentando otros testigos. Luego el juez deberá emitir el fallo correspondiente.

Hasta el momento Moreno Ochoa es el único detenido en ese caso. El juez Néstor Pedraza estableció que él recibió la orden de asesinar a la corresponsal de La Jornada, y consiguió a dos personas para que lo ayudaran, se trasladó de Chínipas a la ciudad de Chihuahua y, el 23 de marzo del 2017, supervisó el crimen.

También acreditó la coautoría de Jaciel V. V. quien se encuentra prófugo de la justicia y de Andrés Zavala Corral, quien presuntamente disparó en al menos ocho ocasiones en contra de la periodista y fue localizado muerto en Sonora en diciembre de 2017.

El Larry fue detenido días después del asesinato de Zavala Corral y su juicio comenzó ante instancias de Chihuahua, pero casi un año después lo atrajo la justicia federal. Luego, tras varios amparos que difirieron el inicio de su proceso penal, el 17 de febrero de éste año arrancó el juicio oral, que duró cerca de un mes con más de 60 horas de audiencias, en las que se tuvieron 53 testimoniales.

Toda la información e imágenes son de PIE DE PÁGINA / Jaime Armendáriz / Raíchali.
Link original: https://piedepagina.mx/despues-de-5-meses-se-reanudo-el-juicio-por-el-asesinato-de-miroslava-breach/

La consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, afirmó que este mes el instituto creará la lista de de personas que han cometido violencia política por razón de género.

La consejera aseguró, durante un foro virtual organizado este jueves, que el INE ya trabaja en los criterios que tomará en cuenta para integrar el registro, como lo ordenó la reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y contender en espacios libres de violencia.

“Como instituto seguiremos la pauta que nos están marcando las autoridades jurisdiccionales electorales, para la garantía de que las mujeres ejerzan los cargos para los que fueron electas, pero también para que durante precampañas y campañas puedan desarrollar sus actividades en condiciones, primero, de igualdad y, segunda, de seguridad, sin sufrir violencia política por razón de género”, dijo.

De acuerdo con la sentencia del 29 de julio, este registro debe estar listo antes del comienzo del proceso electoral federal de 2021, en septiembre próximo; además, debe ser nacional, público y las autoridades electorales locales lo podrán tomar en cuenta para aceptar o no el registro de candidaturas a cargos de elección.

Al respecto, la consejera Humphrey Jordan, expuso que la Comisión de Igualdad del INE propondrá que la lista esté en una plataforma informática, que pueda ser alimentada por autoridades jurisdiccionales y administrativas locales, y que la Dirección de Prerrogativas del INE esté obligada a consultarlo para aceptar el registro de candidaturas.

Entre los temas pendientes de definir en este registro está el tiempo que una persona con una resolución o sentencia por violencia política debe permanecer en él, y si será posible que –como propusieron diputadas federales– incluir a las persona que ejercieron violencia familiar, acoso sexual o que son deudores alimenticios no puedan ejercer cargos públicos.

“Creo que entonces este registro que recibimos con mucho ánimo y como una extraordinaria idea en el Instituto Nacional Electoral debiera ser el piso mínimo, yo diría de entrada, en el que tenemos que situarnos para garantizar, no sólo como autoridades electorales, sino como país, que las mujeres no vivamos en condiciones de violencia de género”.

En el foro, el magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Enrique Figueroa, expuso que este listado nacional surgió después de que en diciembre de 2019, la Sala Xalapa revisó un caso de violencia política y ordenó al IEEPCO crear una lista local de personas agresores, como medida de no repetición.

La consejera del IEEPCO, Carmelita Sibaja, agregó que el instituto local acató la determinación y emitió criterios para registrar a las personas que en términos jurídicos tienen “desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir”, es decir, que cometieron violencia. Hasta ahora el registro de Oaxaca tiene los nombres de dos personas.

En su intervención, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata, expuso que cuando el caso llegó a esta instancia se validó la resolución y se amplió para crear un registro nacional, así como la creación de listas locales para todas las entidades del país.

El magistrado expuso que este registro es una medida para inhibir las conductas de los agresores, pues quienes no quieren estar en la lista no deben cometer actos de violencia. El listado, agregó, también materializa la reforma sobre violencia política de género aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de este año.

El magistrado De la Mata consideró que la Sala Superior expuso criterios mínimos como que el registro sea nacional, público y actualizado al inicio del próximo proceso electoral. Al INE le queda la tarea de decidir la vigencia temporal de los registros de  infractores, para lo cual podría considerar la gravedad de la conducta, o bien, mantener un registro paralelo cerrado para detectar casos de reincidencia.

Toda la información e imágenes son de CIMAC / Anayeli García Martínez.
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El Estado mexicano aún no tiene el informe de “término medio” que debió entregar en julio pasado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para dar cuenta de su avance en el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo este mecanismo hace dos años para garantizar los derechos de las mujeres.

El Comité CEDAW es un órgano integrado por 23 personas expertas independientes de todo el mundo que supervisan la aplicación de esta convención sobre los derechos de las mujeres en los Estados parte, entre ellos México.

Este organismo revisa periódicamente a los Estados para vigilar su avance en garantizar los derechos de las mujeres. La revisión más reciente para México fue en 2018, cuando el gobierno de México entregó su noveno informe de cumplimiento y la CEDAW le devolvió una serie de recomendaciones cuyo avance debía informar el Estado en julio de 2020.

No obstante, de acuerdo con lo que informó la Secretaría de Relaciones a Cimacnoticias el pasado 11 de agosto en una solicitud de información, el informe de medio término está en proceso de elaboración y lo hará público la CEDAW una vez que México se lo entregue.

El Estado fue informado por la CEDAW hace dos años que debía integrar este informe. La CEDAW pidió presentarlo en julio de 2020 o a más tardar en septiembre de este año.

En este informe, el Estado debe rendir cuentas sobre los avances en la tipificación el delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales, normalizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país, y garantizar la aplicación de las disposiciones penales por este delito, armonizar los procedimientos del programa de Alerta Amber y protocolo AMBAR, agilizar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, revisar la repercusión del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, y en la resolución del feminicidio, hasta ahora impune, de Pilar Arguello Trujillo, asesinada en 2012.

La SRE también informó en la solicitud de información que “como parte del proceso de integración de este informe se llevó a cabo una reunión virtual con organizaciones de la sociedad civil, el pasado 17 de julio, para dar cuenta sobre los trabajos que el Estado mexicano ha realizado para dar cumplimiento a las recomendaciones de 2018 del Comité CEDAW y para coordinar los procesos que se llevarán a cabo en el marco de la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW y el X Informe periódico nacional de 2022”. No obstante, hasta ahora no existe el documento que será entregado a la CEDAW.

Avanza informe sombra

En junio pasado, la plataforma “Nosotras tenemos otros datos” –integrada por feministas de todo el país– convocó públicamente a colectivos, organizaciones, académicas y feministas en general a integrar un informe sombra que dé cuenta sobre el avance de México en el cumplimiento de las recomendaciones.

De acuerdo con la directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, S. C e integrante de la plataforma “Nosotras tenemos otros datos”, Patricia Olamendi Torres, ellas no fueron convocadas a la reunión con el Estado mexicano para informar a sociedad civil sobre el informe para la CEDAW; esta plataforma también desconoce qué organizaciones asistieron, ya que el espacio para la sociedad civil es cada vez más selectivo.

Olamendi Torres, que también fue coordinadora del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará de 2008 a 2013, dijo a Cimacnoticias que el “Comité de la CEDAW ha estado muy preocupado porque México no le ha informado correctamente sobre determinados temas, y le ha pedido que haga un informe de medio término (parcial) para no esperar los cuatro años restantes y presionar al Estado a cumplir compromisos que el Comité considera graves (…) No entendemos por qué en dos años no han podido sistematizar esta información”, criticó.

“Impulsar acciones concretas que tengan impactos en la agenda exterior de género”, como la CEDAW, es el primer punto concreto de acción de la Política Exterior Feminista que presentó el gobierno federal.

Toda la información e imágenes son de CIMAC / Angélica Jocelyn Soto.
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Recientemente Dylan Esau, el niño que fue robado por una mujer y estuvo desaparecido por 40 días en Chiapas, regresó con su familia. Pero no en todos los casos sucede lo mismo. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en nuestro país desaparecen diariamente 7 niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los casos quedando impunes.

Resulta que del 1 de enero al 21 de julio de 2020, un total de mil 970 menores de edad han sido reportados como desaparecidos.

De acuerdo con el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 2000 y 2017 solo el 5.6% de menores de 12 años, hombres, fueron localizados con vida. En el caso de niñas el porcentaje es menor, solo el 5.1%.

Pero si consultamos la base de datos en Chiapas, estado en el que desapareció Dylan, el porcentaje de menores hombres que localizaron con vida después de desaparecer es el 0.0%, mientras que para niñas es del 6.7%. Así de crudo.

Violencia contra niños y niñas

Hace unas cuantas semanas, al ser cuestionado sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este es el gobierno que más protege a las mujeres y  a los menores de edad.

“Es el gobierno que más protege a las mujeres, a las niñas y a los niños", reitera y repite el presidente @lopezobrador_, al ser cuestionado sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, (SIPINNA). pic.twitter.com/g8SfWxo9wL

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 20, 2020

De acuerdo con cifras de REDIM, citadas por la activista Frida Guerrera en una conferencia mañanera, en los últimos dos años México ha pasado de 3.6 homicidios y feminicidios infantiles a siete diarios y de cuatro desapariciones a siete, en un día.

“Los feminicidios de niñas y adolescentes aumentaron un 39 por ciento, en lo que va del 2020 nosotros hemos documentado 93 feminicidios infantiles del 1º de enero al día de ayer“, remató Frida Guerrera sólo para obtener como respuesta que la Segob pronto rendirá cuentas sobre las acciones que se llevan a cabo para resolver esta crisis.

De acuerdo con el informe Anual 2019, presentado recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México 6 de cada 10 menores de edad de entre 1 y 14 años han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por algún miembro de su hogar.

Desafortunadamente 4 menores son asesinados a diario en el país, 8 de cada 10 asesinatos son de adolescentes hombres de entre 12 y 17 años y la mitad de estos crímenes suceden en la vía pública.

Si hablamos de desapariciones, 2 de cada 10 personas desaparecidas en México son niñas, niños y adolescentes: el 80% tienen entre 12 y 17 años y el 20% son menores de entre 0 a 11 años.

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Mónica Olvera de la Cruz lidera la investigación del Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Northwestern University; su estudio hecho mediante modelos computacionales está en proceso de llevarse al campo experimental.

Mónica Olvera de la Cruz creció en Acapulco, Guerrero donde las olas despertaban la curiosidad de su infancia al romperse contras las rocas, como también lo hacían los colores en el cielo al caer la tarde y el refrigerador de su casa que con electricidad podía mantener frescos los alimentos en ese cálido destino. Sus inquietudes la llevaron a la Ciudad de México para estudiar Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. No volvió al puerto, fue más allá.

Debido a su desempeño académico, recibió una beca para estudiar el doctorado en la Universidad de Cambridge. En 1985, tras realizar su postdoctorado en la Universidad de Massachusetts, recibió una oferta de trabajo como asistente de profesor en la Universidad de Northwestern, donde ha desempeñado diversos cargos, y actualmente lidera el Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería.

Debido a su desempeño académico, recibió una beca para estudiar el doctorado en la Universidad de Cambridge. En 1985, tras realizar su postdoctorado en la Universidad de Massachusetts, recibió una oferta de trabajo como asistente de profesor en la Universidad de Northwestern, donde ha desempeñado diversos cargos, y actualmente lidera el Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería.

La pandemia de covid-19 llegó, uno de sus hermanos que aún vive en México se infectó y fue así que la Dra. Olvera decidió desde su experiencia en la electroestática, emprender una investigación a nivel computacional que le permitió identificar que el virus SARS CoV-2 sí tiene “un talón de Aquiles”, y lo encontró al identificar las interacciones electroestáticas del virus que lo hacen unirse a las células humanas, por lo que ahora, junto con dos colegas, se concentra en desarrollar una molécula que pueda bloquear esa acción y con ello, inhibir la infección.

“No encontré la cura, yo encontré una cosa científica que da una dirección. Lo que hicimos fue buscar otra manera de vulnerar, de reducir la atracción entre la proteína spike (del SARS CoV-2) y el receptor humano donde se pega el virus”, dijo Mónica Olvera en entrevista con MILENIO. 

Para comprender su trabajo, explicó que en las células humanas, el receptor del virus es la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) y se encuentra en las células epiteliales nasales faríngeas, el primer contacto con el virus, y también en las células del riñón, corazón, cerebro y células de los conductores de aire más bajos y gastrointestinales, lo que facilita la falla de órganos humanos por la infección del SARS-CoV-2.

Por su parte, el SARS CoV-2 se adhiere al ACE2 de las células humanas, mediante el llamado Dominio de unión al receptor (RBD) que se encuentra en la proteína Spike, los picos que dan forma de corona al virus.

Ahora bien, la primera fase de su investigación buscó encontrar la diferencie entre el virus SARS CoV de 2003, con el nuevo coronavirus SARS CoV-2, responsable de la pandemia de covid-19.

“La diferencia eran unos grupos que se llaman polybasic cleavage, donde cleavage quiere decir ‘escisiones, divisiones’ y polybasic quiere decir que son de carga positiva. Estos grupos estaba muy alejados del lugar donde la proteína spike se pega al receptor de las células humanas, entonces dijimos: si los mutamos, descubrimos que efectivamente estos grupos que están alejados donde se pega al receptor humano, modificaba muchísimo esa interacción”. 

“Atacar” el dominio de unión al receptor del virus es sumamente complejo, debido a que está escondido dentro de la spike, pero la distancia a la que se encuentran los sitios de la división polibásica permite encontrar “una nueva manera de tratar de atacar, de hacer más vulnerable el virus”.

En 1985, tras realizar su postdoctorado en la Universidad de Massachusetts, recibió una oferta de trabajo como asistente de profesor en la Universidad de Northwestern. (Especial) 

“Estos estudios fueron totalmente a nivel computacional, se hacen unas simulaciones de todos los átomos del sistema para alcanzar a ver a lugares, las distancias de la adhesión al receptor, estos grupos estaban a 10 nanómetros de distancia, si quiere usted decir qué tan lejos es esto, los átomos son de 0.2 ó 0.3 nanómetros, entonces son muchos átomos de distancia”. 

Dijo que resultó una sorpresa, ya que en condiciones fisiológicas todas las interacciones electrostáticas son irrelevantes a alrededor de un nanómetro, pero descubrir que a 10 nanómetros del sitio donde el virus se adhiere al receptor humano es tan fuerte, les permitió diseñar una molécula cargada negativamente (un péptido) para bloquear el sitio cargado positivamente y demostrar que la afinidad de unión del SARS-CoV-2 al receptor humano puede reducirse fuertemente.

“Queremos diseñar una molécula más grande que pueda bloquear los tres polybasic groups, bloqueando uno reducimos la interacción en 30 por ciento, entonces creemos que si bloquemos todos los demás se va a reducir a un más, la idea es diseñar estas moléculas para que tengan nada mas absorción a la proteína spike, no a las células ni receptores humanos”. 

Destacó que bloquear el sitio de escisión puede actuar como un tratamiento profiláctico viable que disminuye la capacidad del virus para infectar a los humanos, ya que demostró que las mutaciones distales de la proteína spike del SARS-CoV-2 afectan la transmisibilidad del virus.

“Es muy difícil hacer moléculas muy específicas que ataquen eso, pero entonces si es por carga, si las cargas es lo importante y estos tienen 3 cargas juntas positivas, el receptor tiene negativas, como 21, por ahí que están repudiando algo negativo. Y las positivas atraen a lo negativo; entonces, si usted bloquea estos centros positivos, y en el centro que se están bloqueando son negativos, no se unen al receptor, se van, esperamos que se vayan, con electrostática estamos jugando como diseñar estos grupos para que se peguen en los lugares distantes”, indicó. 

Desde hace más de 30 años, la Dra. Mónica Olvera radica en Estados Unidos, pero sostiene que su corazón sigue latiendo por México, debido a los vínculos con su familia y muchos de sus estudiantes de doctorado. Uno de sus anhelos, es establecer una acuerdo con la UNAM, para el desarrollo de tratamientos terapéuticos más accesibles para la población.

Toda la información e imágenes son de MILENIO.
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El documental ‘Te nombré en el silencio’ recoge la faceta más íntima de las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de mujeres que lleva desde el 2014 buscando los restos de sus familiares desaparecidos en Sinaloa.

Las Rastreadoras salen cada miércoles y domingo a buscar a sus muertos. Solo interrumpidas por la pandemia, este grupo de mujeres inquebrantables recorre desde hace seis años los predios desérticos de Sinaloa para traer de vuelta a los desaparecidos. Escarban la tierra en frente de un sol de infierno, de las víboras, de los narcos y del Gobierno —también del Gobierno—. Desde que se inició la llamada guerra contra las drogas en 2006, instigada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), constan como desaparecidas oficialmente más de 60.000 personas en México. No las busca el Estado, solo sus familias.

“Aquí encontramos su mano, en este árbol, aquí la dejaron”. Quien señala es Mirna Medina, la fundadora de las Rastreadoras de El Fuerte, y madre de Roberto Corrales, desaparecido con 21 años el 14 de julio de 2014, cuando fue levantado en la gasolinera en la que trabajaba. Medina lo encontró tres años después en un paraje de Ocolome, un municipio cercano a El Fuerte. “Fue el cuerpo 93 que encontramos”, detalla entera y también rota en el documental Te nombré en el silencio, un largometraje que recoge la búsqueda de estas mujeres con garras.

Mirna cuenta en esos 90 minutos de película que ella siempre va en tacones, incluso en los rastreos, que comenzó en esto cuando la policía le aseguró que ellos no buscaban a desaparecidos, y que se despide del altar de su hijo y de su gata cada vez que sale por la puerta por si no le permiten volver. Delante de la cámara dirigida por José María Espinosa de los Monteros (Culiacán, 1989), Mirna canta, llora, se rompe y rehace; también delante de cámara manda callar a las “pinches viejas” de sus compañeras de grupo, que son su familia, y las abraza y consuela, y sobre todo, delante y detrás de la cámara, Mirna sigue viviendo. El sinaloense y su equipo pasaron dos meses y medio con las rastreadoras para completar un retrato profundo y complejo. “Entramos derechos a sus vidas, pero en vez de enfocarnos solo hacia el dolor, que por supuesto está, también se ve el ímpetu que tienen ellas hacia la vida, se ve ese brillo de esperanza, que ahí está”, cuenta el director.

Ese intimismo, difícil de captar en los pocos párrafos de un artículo, nace de una confianza mutua entre el equipo y las rastreadoras, asegura Espinosa: “La labor en este documental es de acompañamiento, de respeto. Si les vas a pedir a estas mujeres que te cuenten cómo se llevaron a su hijo o su hija, y eso es un salto al vacío para ellas, tú tienes que estar ahí para cacharlas”.

El proyecto, que comenzó hace cuatro años y medio, ha conseguido recaudar los 150.000 pesos (unos 6.700 dólares) que le faltaban para ver la luz en una plataforma de crowdfunding estas últimas semanas. Espinosa de los Monteros, que estudió Marketing y se define como autodidacta —“un hijo de YouTube”—, reconoce que nunca pensó que podía tener en sus manos un tema tan importante: “Y haberla librado, salir limpio. Lograr hacer las cosas bien, que las piezas se hayan acomodado. No podría estar más contento de lo que creamos con las rastreadoras, de la película que creamos”.

Actualmente, las Rastreadoras de El Fuerte actúan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR). Les han facilitado capacitación en antropología y arqueología, pero no las ayudan a buscar, critica Medina: “Gobierno a Gobierno es la misma chingadera: ellos no nos van a sacar de apuro”. Cuenta, además, que antes “el Gobierno ni siquiera quería reconocer que había desapariciones. No era bueno que hubiera mujeres escarbando la tierra”.

Así, este grupo de mujeres, que se juega la vida con cada rastreo, viven constantemente acosadas y amenazadas por el narco. “Siempre tengo miedo. Siempre, siempre. Legalmente tengo todo listo. Solo estoy esperando que lo hagan”, revela Medina en la cinta. Durante el rodaje del documental, mientras grababan en un predio en las afueras de El Mochis (al noroeste de Sinaloa), en una zona donde había mucha vegetación, fueron rodeados a balazos. “Ni nos inmutamos, la gente siguió haciendo su trabajo, ellas buscando y nosotros grabando, que a eso íbamos todos. No encontramos ningún resto y nos fuimos”, revela Espinosa de los Monteros, que cuenta cómo durante la grabación han sido vigilados y perseguidos en cada ranchería, observados desde lomas por hombres emperchados con rifles. “Si eso lo vivimos nosotros durante los meses que estuvimos, ¿qué viven ellas? Ellas son las valientes y las que se la rifan”.

Las rastreadoras reciben pitazos (chivatazos) con información de dónde pueden encontrar cuerpos enterrados. En ocasiones, son engañadas con localizaciones falsas, y muchas de ellas, antes de unirse al grupo, fueron extorsionadas. Les pidieron dinero para mantener a sus hijos con vida o para revelarles su supuesto paradero. Todas prefieren creer que su hijo está trabajando exhausto en los campos de marihuana que debajo de la tierra que pisan. Mirna, la líder del grupo, las obliga a mantener la cabeza fría: “Mientras no los encontremos, tenemos la esperanza, pero quiero que tengamos los pies en la tierra”.

—¿Tú cómo buscas a tu marido?

—Muerto.

—Muerto. Es la triste realidad, pero, ¿cuántos hemos encontrado con vida?

Otro de los objetivos de este joven director era nombrar a los que no están: alejarse de las cifras frías. “Ya no son números, son Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna Medina, es Zumiko Félix Ortega, hija de Lizbeth Ortega, es Juan Francisco Angulo Lugo, hijo de Maqui Lugo. Son personas que se fueron, que tenían añoranzas y sueños y los tenemos que nombrar”, dice Espinosa de los Monteros, que en el documental muestra pequeños vídeos familiares donde estos jóvenes juegan con sus hijos, bailan o bromean con sus madres.

El momento más emocionante de la grabación, cuenta el director, que lo considera además uno de los más bonitos y dolorosos de su vida, ocurrió en 2018 cuando el equipo acompañó a Mirna Medina a buscar restos de Roberto —de quien todavía no ha aparecido el cuerpo completo— en el cerro donde lo dejaron. Mientras pronunciaban algunas oraciones, el chófer del equipo encontró dos dedos del joven. “En ese momento te quieres morir ahí, es una tristeza absoluta. Después nos fuimos al panteón, se cantó el corrido de Roberto, se platicó sobre él y poco a poco, empezó a cambiar el ambiente y terminó siendo una fiesta de vida y de muerte. Una celebración por la vida de Roberto y también por la de las rastreadoras”.

Toda la información e imágenes son de EL PAÍS / BEATRIZ GUILLÉN.
Link original: https://elpais.com/mexico/2020-08-15/caminando-sobre-muertos-las-mujeres-que-escarban-en-la-tierra-de-los-narcos.html