A principios de abril, la ONU alertó sobre el crecimiento de la violencia contra las mujeres en el contexto del confinamiento por la pandemia de Covid-19, y es que diversos países han informado que han recibido muchas más denuncias por violencia doméstica. A esta realidad no ha querido ser indiferente la plataforma digital ipstori.com y la compañía Las reinas chulas, quienes unieron esfuerzos para entregar despensas a mujeres en condición de fragilidad, ya sea física, económica o emocional.
A este esfuerzo se han sumado ahora 13 escritoras quienes donaron a Ipstori textos para ser incluidos en las despensas que son entregadas a mujeres que se encuentran en refugios y en otros espacios seguros.
Así, Rosa Beltrán, Silvia Molina, Myriam Moscona, Mónica Lavín, Ana García Bergua, Raquel Castro, Julia Santibañez, Sandra Frid, Mónica Maristain, Verónica Ortiz, Erika Megruen, Sylvia Georgina y Ethel Krauze conforman la serie “Para leer libres de violencia”.
“Empezamos a trabajar con Las Reinas Chulas para entregar despensas, pero Paola Tinoco, directora editorial de Ipstori, consideró que las historias debían ser parte de las despensas, y tenía razón, en este momento necesitamos agarrarnos de la mano del arte para poder digerir todo esto tan tremendo por lo que estamos pasando”, comentó Ruth Reséndiz, directora general de la plataforma digital de lectura y edición 100% mexicana, que ofrece un catálogo de más de 400 historias escritas por alrededor de 65 autores, sobre todo de México, pero también de Colombia, Cuba y Uruguay.
Reséndiz explica que cada una de ellas donó textos y poemas cortos cuya finalidad es dar un abrazo a la distancia. “Son historias sobre mujeres, algunas tocan la violencia, otras tocan el alma. El objetivo de todas es acompañar a las mujeres. Creo que muchas de nosotras pensamos que después del 8 y 9 de marzo iban a cambiar ciertas cosas, por desgracia con el confinamiento creció el nivel de violencia hacia las mujeres”, lamentó.
Las despensas se entregan a diferentes grupos y asociaciones, así como a mujeres en albergues, a trabajadoras domésticas que se quedaron sin empleo. Hasta el momento han podido entregar 400 despensas.
“Estamos analizando formas de apoyo, pero ha sido un problema dedicar tiempo a organizar en términos burocráticos las vías para que nos puedan apoyar a crecer el número de despensas, así que de momento sólo nosotras nos dedicamos a integrar las despensas. Además estamos trabajando en darles un apoyo y un acompañamiento psicológico y emocional”.
La app, que tiene como eslogan “Historias en corto para emocionarte en grande”, tiene categorías con historias dirigidas a lectores de todos los gustos, historias de ficción en todos los géneros pero presentados para lectores millennials con nombres como “De(s) Amores”, “Así, tal cual”, “Jornie”, “Jajaja”, “Hace tiempo”, “No mames güey”, “Universos paralelos” y “LGBT”.
Las historias de las 13 autoras también se podrán leer en la aplicación de manera gratuita, mientras que el resto del contenido de Ipstori también ha permanecido abierto a todos los usuarios durante abril, mayo y analizan extender la gratuidad a junio.
Hicieron pública la solicitud de que se tomen medidas de emergencia que garanticen protección a las mujeres y niñas que viven situaciones de violencia.
En conferencia virtual, diputadas y activistas firmantes de la carta dirigida al Presidente de la República hicieron pública la solicitud de que se tomen medidas de emergencia que garanticen protección a las mujeres y niñas que viven situaciones de violencia.
Convocante del encuentro, la legisladora Martha Tagle Martínez (MC) cuestionó que “desafortunadamente, no ha habido políticas públicas efectivas que le pongan un alto” al incremento de las agresiones de género suscitadas por el confinamiento.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) pidió al Presidente que convoque a una reunión de emergencia a los gobernadores y a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, a fin de crear un programa nacional que erradique la violencia feminicida que, dijo, se ha convertido en una catástrofe.
Patricia Olamendi, penalista e impulsora de un modelo con enfoque de género para la impartición de la justicia, explicó que en la carta enviada al Presidente se le pide no minimizar la violencia en el hogar y que tome medidas urgentes para atender a las víctimas. Lamentó que aún no se le ha podido entregar físicamente porque no hay servicio en la oficialía de partes de Palacio Nacional.
La magistrada Maricarmen Alanís manifestó su preocupación porque, en tiempos de pandemia, sostuvo, el Estado se aparta de los estándares internacionales sobre sus obligaciones y no refuerza la atención a víctimas. “Exigimos que se emprendan medidas extraordinarias”, remarcó.
En 2018, al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Brasil y México presentan el mayor número de casos en una región en la que la ausencia de Justicia es el común denominador en un desangre que no para.
Sus palabras no están lejos de la realidad en un país acostumbrado a ver la barbarie de cerca y en el que cada día se cometen, en promedio, tres feminicidios.
En las últimas semanas, miles de mujeres han salido a las calles de Ciudad de México para condenar este fenómeno con no solo el feminicidio de Fátima de trasfondo, sino el de Ingrid Escamilla y de muchas otras, tantas, más.
Llamar y tipificar como feminicidios estos casos, y exigir Justicia por ellos, llegó en 2009 luego de un proceso que sentó un precedente regional: por primera vez el término ‘feminicidio’ en América Latina llegó a oídos de los tribunales internacionales. Y no sería la última.
En 2001, ocho mujeres fueron secuestradas, violadas, asesinadas y abandonadas en un campo algodonero, en el estado de Ciudad Juárez. «Cuando las madres pusieron la denuncia de la desaparición de sus hijas en la policía les decían que estaban con el novio (…) Finalmente este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice: aquí hay una violencia basada en género», explica a France 24 María Fernanda Vargas, abogada de la Corporación Humanas Colombia.
La diferencia entre el muy conocido caso del campo algodonero y los escalofriantes y constantes crímenes que azotan al país azteca en la coyuntura, es que en 2001 el feminicidio ni siquiera era delito a la luz del código penal de los países. En cambio, hoy, todas las naciones de la región –excepto Cuba y Haití- tienen aprobadas leyes que penalizan esta práctica, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
México y Brasil son los países que registran más casos de feminicidio al año en la región, mientras que la tasa más alta por cada 100.000 habitantes la tiene el denominado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), además de Bolivia.
Un crimen de odio por el hecho de ser mujer
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, afirma a France 24 que «el odio, la discriminación y la violencia tienen su expresión por medio de las formas brutales en las que los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas son sometidos y de esta forma se evidencia el desprecio hacia ellas».
Con una tasa de 1,6 por cada 100.000 habitantes, América Latina es la segunda región más letal para las mujeres después de África, según un informe publicado por Naciones Unidas en 2018. El mismo reporte revela que 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia. Y que dos de cada tres asesinatos de mujeres son cometidos por las parejas o familiares.
En resumen: el hogar es el sitio predilecto para los feminicidas.
Para hablar de feminicidio (algunos lo llaman femicidio) es clave entender que, una cosa es que asesinen a una mujer, y otra que lo hagan por el hecho de lo sea. Y que sus características dependen del país en el que nos ubiquemos. Algunos, por ejemplo, solo lo consideran así cuando es cometido por su pareja o expareja sentimental.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México señala que este delito «puede ser cometido por familiares o desconocidos de manera indistinta, por lo que dejar de lado aquellos feminicidios cometidos por personas sin ningún vínculo sentimental con la víctima, excluye de tener acceso a la Justicia a un gran número de casos de mujeres asesinadas por razones de género».
Si de número de casos se trata, Brasil y México llevan la delantera regional, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). No obstante, El Salvador, Honduras, Bolivia y Guatemala se llevan los deshonrosos primeros puestos en el ranking de las tasas más altas por cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de esa organización, en 2018 fueron asesinadas más de 3.500 mujeres en la región bajo la modalidad de feminicidio. Un promedio simple arroja que este fenómeno ocurre diez veces al día, es decir, uno cada poco más de dos horas.
Un delito «nuevo» que cada vez deja más y más víctimas
Del feminicidio se habla desde el siglo XIX, pero fue apenas hasta el siglo XXI que el término comenzó a acuñarse en los sistemas penales de la región, más aún cuando la saña y la crueldad se convirtieron en el común denominador de esta clase de casos.
«Tenemos por ejemplo el ‘over kill’, es decir, que lo que busca es generar el mayor daño posible antes, durante y después de la muerte. La existencia de la sevicia por lo general nos permite identificar si estamos al frente de un feminicidio o no», afirma la vocera de Humanas Colombia.
Para la ley, si cometer un homicidio es delito, hacerlo contra una mujer es más grave. Y lo es más aún si es perpetrado por razón de género. En ese caso, las concesiones de la Justicia son casi nulas para el victimario.
Así como las condiciones para determinar que un homicidio es feminicidio, o no (según el país), también determina la pena para el perpetrador. Argentina y Chile, por ejemplo, contemplan la cadena perpetua, mientras que en las otras naciones se establecen penas que van entre 10 y 60 años. Según la ONU, 13 países de la región han aprobado leyes integrales y 18 más han penalizado el feminicidio entre 2006 y 2018.
Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo de México, «es muy difícil a veces para las autoridades determinar si un crimen es un feminicidio o un homicidio en el que la víctima es mujer. En un país como México, muchos de estos homicidios podrían confundirse con feminicidio y no lo son, tienen otras causas, por ejemplo, la mujer estaba vendiendo drogas para un grupo rival».
Pero más allá de penalizarlo o no, uno de los grandes problemas es la impunidad. En su más reciente informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que esta clase de asesinatos por lo general ocurre en un contexto de limitado acceso a la Justicia.
El Estado, uno de los principales responsables por no proteger a las mujeres
Santiago Roel considera que el feminicidio se puede prevenir con alertas tempranas sobre abuso sexual o violencia intrafamiliar. Uno de los principales factores de riesgo es el exceso de confianza, pues la mayor parte de las violaciones se comete en casa y los principales violadores son parientes o desconocidos.
Según la iniciativa Spotlight, un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea orientado a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
«La víctima seguramente sufrió violencia emocional, física, patrimonial o económica o sexual y si no se resolvió eso de alguna manera por la vía del entendimiento de la terapia oportuna o de un divorcio oportuno, o la mujer no buscó refugio o el Estado no se lo prestó, todo eso puede terminar en un feminicidio», dijo Roel a France 24.
En efecto, el Estado es considerado como uno de los principales responsables de este fenómeno que golpea a la región. «Los lugares donde hay pobreza son lugares que han sido abandonados por el Estado y ese abandono institucional pone a las mujeres en mayor riesgo», concluye la corporación Humanas Colombia.
Como lo resume la Organización de Estados Americanos (OEA): «Los altos índices de violencia contra ellas, su limitado o nulo acceso a la Justicia, la impunidad y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento del número de muertes».
Pero las estadísticas se quedan cortas. Muchos casos no son denunciados o son confundidos con homicidios tradicionales. Y el desangre no para.
Los niveles de violencia dirigida hacia mujeres y niñas en situación de prostitución se han agudizado en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, al grado de ser obligadas a desinfectarse con cloro mediante baños o haciendo gárgaras, denunciaron las abolicionistas feministas mexicanas.
Además, señalaron que la trata de mujeres y la explotación sexual aumentaron en Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con el “Pronunciamiento respecto a la situación de las mujeres y niñas en prostitución y adhesión a la marcha abolicionista europea”, las abolicionistas denunciaron que en el caso de las mujeres en poder de las agencias de acompañantes son “explotadas a dar espectáculos eróticos por internet” y a “bañarse con cloro, hacer gárgaras con productos desinfectantes”.
La pandemia ha provocado, también, el retorno de tratantes y proxenetas extranjeros a Tlaxcala, trayendo consigo a las mujeres explotadas en Nueva York para continuar operando en Puebla y Tlaxcala, en donde testimonios señalaron que “si no mueren de Covid-19, mueren de VIH-Sida”, indicaron.
Además, ante la decisión de los gobiernos estatales de cerrar hoteles, las mujeres que vivían en dichos lugares donde eran o son explotadas “fueron lanzadas a la calle”. Al respecto, las abolicionistas dijeron que las autoridades lo vieron como error y les permitieron la entrada; sin embargo desconocen sí ellas continúan ofreciendo servicios o sólo se alojan.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil exigen al gobierno federal y a los gobiernos estatales otorgarles fondos para que las mujeres satisfagan necesidades básicas; así como garantizarles opciones dignas de salida y reconstruyan sus proyectos de vida ante la posible depresión económica que se aproxima.
En el pronunciamiento firmado por más de 100 académicas, miembros de colectivas y organizaciones de la sociedad civil, enfatizaron la urgencia de no dejar el auxilio en medidas de reducción del daño, pues éstas han sido “usadas para beneficio de los proxenetas, sobre todo cuando ha habido un apoyo económico de por medio”. Además, tales políticas de reducción minimizan “los efectos económicos del confinamiento, los riegos de salud en las mujeres prostituidas”, lo que las deja en permanente violación a sus derechos humanos.
Y es que en México 99 por ciento de las mujeres, niñas y adolescentes fueron captadas por mafias de tratantes y proxenetas por los contextos de pobreza y violencia sufridos previo a la trata. Por lo que urgieron la creación de una ley abolicionista, basada en el modelo nórdico el cual prohíbe pagar por sexo, ya que este fenómeno ha sido “tratado con ligereza” al calificarlo como “trabajo sexual” por las autoridades. “La prostitución no es ni sexo ni trabajo y representa un constante peligro para las mujeres que son explotadas en esta actividad ilícita”.
Organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la violencia contra las mujeres y niñas está siendo más letal que la pandemia de COVID-19.
Lo anterior, luego de que el miércoles pasado el mandatario asegurara que no se ha incrementado la violencia de género durante la cuarentena.
“Nos dirigimos a usted preocupadas e indignadas por sus declaraciones respecto de la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños en el interior de sus familias y hogares, negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar”, apuntaron las asociaciones.
La semana pasada, López Obrador reconoció que sí había machismo en México; sin embargo, dijo que también hay mucha fraternidad familiar.
“Los datos oficiales dan cuenta de diez feminicidios al día, situación que, ante el confinamiento, no ha disminuido, ha aumentado”, alertaron en el documento.
Además, las organizaciones detallaron que las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 por hora y durante la contingencia se han registrado 20 mil denuncias por violencia familiar, de las cuales en 90% no se ha hecho justicia.
“Señor Presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares. Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven las mujeres, niñas y niños, y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas. ¡Vivas nos queremos!”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el confinamiento por la pandemia de coronavirus, las mujeres no sólo se enfrentan al peligro de contagio, sino a limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, un mayor riesgo de vivir situaciones de violencia y a una mayor carga de trabajo en casa.
Así lo advirtió ayer el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el marco del Día de las Madres, al destacar que la cuarentena ha impactado de forma diferenciada a mujeres y hombres, perjudicando en mayor medida a las primeras, lo que agrava la inequidad de género.
El consejo indicó que de las mujeres en edad fértil con al menos un hijo o hija, 53% forman parte de la población económicamente activa. De las madres que trabajan, más de la mitad (53%) se dedican a los servicios, una de cada cuatro (24%) al comercio y 17.3% a la industria manufacturera.
A las actividades laborales de las mujeres se suman en gran medida las responsabilidades del hogar, incluido el cuidado de niños, personas mayores y familiares enfermos.
Ante ello, el Conapo recomendó distribuir equitativamente las labores domésticas, así como estar atentos a cualquier situación de violencia.
Triplican carga a mujeres: ONU
Enfrentan problemas de violencia, falta de atención a su salud reproductiva y más trabajo en casa.
En el marco del Día de las Madres, el Consejo Nacional de Población afirmó que las medidas de auto confinamiento que forman parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia han impactado de forma diferenciada a mujeres y hombres en perjuicio de las primeras, lo que agrava la iniquidad de género.
Recomendó, entre otras acciones durante esta temporada de emergencia sanitaria, distribuir equitativamente las labores domésticas para evitar cargas excesivas de trabajo a las mujeres, así como estar atentos a cualquier situación de violencia, y dado el caso, solicitar apoyo inmediato al número de emergencias 911.
Alertó qué, de acuerdo con la ONU, el coronavirus o COVID-19, afecta tres veces a las mujeres: vulnera su salud al exponerlas a limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; incrementa el riesgo de vivir situaciones de violencia, incluidas la explotación y el abuso sexual, y aumenta la carga doméstica al conjuntar las responsabilidades del hogar, con el cuidado de niñas, niños, personas mayores y familiares enfermos, además, del desempeño de sus actividades laborales.
Del total de mexicanas en 2020, 52% tienen de 15 a 49 años y conforman el grupo de mujeres en edad fértil. Se estima que el volumen de este grupo disminuirá y representará sólo 45% de la población femenina para 2050.
Asimismo, se espera que este año ocurran poco más de dos millones de nacimientos entre las mujeres de este grupo de edad.
El promedio de hijas e hijos por mujer durante su vida reproductiva, es decir, la tasa global de fecundidad es de 2.05 hijas e hijos. Sin embargo, los grupos de mujeres de 20 a 24 y 25 a 29 años son las que más contribuyen a la fecundidad, con 116.5 y 102.9 hijas e hijos nacidos vivos por cada mil mujeres, respectivamente.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 (ENOE), de las mujeres en edad fértil con al menos un hijo o hija, 53% forman parte de la población económicamente activa; todas ellas (96%) ocupadas. De las madres que trabajan, más de la mitad (53%) se dedican a los servicios, una de cada cuatro (24%) al comercio y 17.3% a la industria manufacturera.
INFORMALIDAD
De las madres que laboran y tienen entre 1 y 2 hijas e hijos, 50% mencionaron como primera actividad un empleo informal; quienes laboran y tienen entre 3 y 5 hijas e hijos, así como las que tienen 6 o más, 65 y 85 por ciento, respectivamente, mencionaron como primera actividad a un empleo informal.
Se estima también que, de las madres insertas en el mercado de trabajo mexicano, dos de cada cinco no tienen acceso a instituciones de salud. Además, dicho acceso varía, por ejemplo, en Oaxaca y Guerrero, se observan las mayores proporciones de mujeres madres sin acceso a instituciones de salud con 85.5 y 83.9 por ciento del total, respectivamente.
En México, poco se ha hecho ante la verdad incontrovertible de que los hogares constituyen un espacio de riesgo para las mujeres.
De acuerdo con las cifras del gobierno federal sobre el cumplimiento del confinamiento voluntario, la Ciudad de México es la entidad federativa donde más se cumple con el resguardo domiciliario. A partir de esta información, ¿qué dicen los datos más recientes sobre la violencia contra las mujeres en la capital del país? Para responder la interrogante este texto analiza las últimas cifras publicadas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México que, además de abarcar las primeras semanas del brote (31 de marzo de 2020), también incluyen la fecha exacta de ocurrencia de los hechos.
La pandemia de coronavirus ha modificado las rutinas de una gran parte de la población. En México, mientras que las autoridades exhortan a las personas a permanecer en casa para atenuar el ritmo de contagios por el COVID-19, poco se ha hecho ante la verdad incontrovertible de que los hogares constituyen un espacio de riesgo para las mujeres. Ya en otros países impactados por la pandemia se ha documentado que, ante la ausencia de medidas de prevención efectivas, el confinamiento propició una intensificación de la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico.1 En el contexto mexicano, David Ramírez advertía hace un mes sobre la posibilidad de ver repetirse un fenómeno ya observado durante la pandemia de influenza A H1N1 en 2009, cuando incrementaron los asesinatos de mujeres en viviendas particulares y en los municipios más poblados del país.
De acuerdo con las cifras del gobierno federal sobre el cumplimiento del confinamiento voluntario,2 la Ciudad de México es la entidad federativa donde más se cumple con el resguardo domiciliario. A partir de esta información, ¿qué dicen los datos más recientes sobre la violencia contra las mujeres en la capital del país? Para responder la interrogante este texto analiza las últimas cifraspublicadas por laAgencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)3 que, además de abarcar las primeras semanas del brote(31 de marzo de 2020), también incluyen la fecha exacta de ocurrencia de los hechos.
Ilustración: Kathia Recio
Homicidio doloso de mujeres y feminicidio: aumento preocupante de casos diarios
Desde el inicio de la contingencia de salud, el número de días en los que ninguna mujer fue asesinada en la Ciudad de México disminuyó. Mientras que en los primeros dos meses de 2020 una mujer fue víctima de homicidio doloso o de feminicidio cada dos días (promedio de 0.48 víctimas diarias en enero y 0.45 en febrero), la cifra casi se duplicó en marzo (0.84 víctimas diarias), con 26 víctimas (contra 15 en enero y 13 en febrero). Aunque han existido meses más letales para las mujeres en tiempos recientes (septiembre y octubre del año pasado), el contexto particular del confinamiento exige que las autoridades no descarten evidencia preliminar que apunta hacia la repetición de un patrón delictivo que ya ocurrió durante la contingencia por la pandemia de A H1N1, hace 11 años.
Violencia familiar y delitos sexuales: posible aumento de la cifra negra
Las mujeres también están particularmente expuestas a otros tipos de delitos violentos, cuyas cifras registradas no dicen todo de las dinámicas reales. A primera vista, el número de casos de violencia familiar registrados por la fiscalía capitalina, así como el de delitos contra la libertad y la seguridad sexual4 (que también ocurren en su mayoría dentro de los hogares5) parecen contradecir los pronósticos sobre una intensificación de estos fenómenos en el espacio doméstico durante el confinamiento. La siguiente gráfica muestra incluso un decrecimiento en el número de víctimas a partir de finales de febrero (cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en México).
Sin embargo, es indispensable recordar qué capta y qué no capta este sistema de registro. A diferencia de los homicidios y feminicidios (que son investigados de oficio), las cifras de violencia familiar y delitos sexuales registradas por la FGJ-CDMX y publicadas por la ADIP corresponden únicamente a casos denunciados por una víctima en los que el Ministerio Público (MP) decidió iniciar una carpeta de investigación. En condiciones normales, es decir, sin medidas de confinamiento voluntario, se estima que la proporción de casos por los que no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación (también conocida como cifra negra) era de 84.5 % en casos de violación y 97.6 % para el hostigamiento sexual.6, 7
¿Qué pasaría entonces si, a causa de la pandemia y de las medidas de confinamiento, las víctimas tienen aún más dificultades para salir a levantar una denuncia o para encontrar un lugar seguro dentro de sus domicilios en el que puedan denunciar vía remota? ¿Qué incentivos tienen las mujeres para denunciar, ante el riesgo de sufrir represalias por parte de sus agresores, si no confían en las medidas de protección que les puedan brindar las autoridades? En estas circunstancias, tanto el sistema de procuración de justicia como la base de datos de la ADIP no lograrían atender ni registrar los casos, lo que resultaría en una reducción aparente del número de víctimas.
Aunque por el momento carecemos de información sobre la evolución de la cifra negra, sí disponemos de un indicador que nos da luz sobre el posible aumento del porcentaje de casos no denunciados para estos delitos. En efecto, la ADIP también publica datos actualizados sobre las llamadas realizadas a la Línea de Mujeres de Locatel,8 que brinda entre otros servicios, atención de emergencia y asesoría jurídica y psicológica gratuita en temas de violencia contra las mujeres.9 En marzo de 2020, se registraron en promedio 25 llamadas diarias de mujeres de la Ciudad de México por temas de violencia familiar. La cifra más alta desde enero de 2019.
Pese a que la FGJ-CDMX ofrece mecanismos para denunciar ciertos tipos de delitos sin tener que acudir físicamente a una agencia del Ministerio Público (tales como la denuncia digital, a través del portal Denuncia digital), estos no contemplan, entre otros, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual. En un contexto en el que las condiciones de vulnerabilidad de las personas están exacerbadas por la crisis sanitaria, resulta indispensable que las autoridades sean las que hagan el “esfuerzo extra” para llegar a las víctimas, brindarles protección y garantizar su acceso a la justicia.
Paul Frissard Martínez
Coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en ciencias políticas y maestro en economía y políticas públicas por Sciences Po París (Francia). Ha colaborado con el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil) y se ha desempeñado como consultor de la Unidad de Justicia de la OCDE.
2 Cf. cifras divulgadas en conferencias matutinas desde el 22 de abril de 2020.
3 La ADIP actualiza cada mes una base de datos con información básica sobre las víctimas y los hechos delictivos contenidos en carpetas de investigación que fueron iniciadas en las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México a partir de enero de 2019.
4 De acuerdo con la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos, esta categoría incluye los delitos de violación (en sus distintas modalidades), abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro y “otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual (cf. SNIEG, 2018 – Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos).
7 Desafortunadamente, no existen estimaciones estadísticamente significativas para cada tipo de delito.
8 La ADIP actualiza cada semana una base de datos con información básica sobre las llamadas recibidas por el servicio Línea de Mujeres de Locatel. Cabe señalar que las llamadas registradas a través de este sistema provienen de tres fuentes (llamadas al número telefónico de Locatel 5658-1111, “botón de apoyo” en el sitio móvil http://locatel.cdmx.gob.mx/ y llamadas al 911). Toda la información disponible sobre esta base de datos se encuentra en el portal de datos de la Ciudad de México.
9 Estas llamadas no tienen valor de denuncia penal.
Por: Paul Frissard Martínez — Ilustración: Kathia Recio
En 2019 el 24% de las mujeres consultadas fue víctima de ciberacoso, lo cual es una extensión de la violencia que vivien a diario, señalan.
El ciberacoso que sufren las mujeres es una extensión de la violencia sistemática que han vivido a lo largo del tiempo: es así como las herramientas tecnológicas han evidenciado que este tipo de actos siempre estuvieron ahí y ahora se han agudizado a través del internet, apuntó una experta en la materia.
Desde la infancia, las féminas se enfrenta a la normalización de la violencia en casa, la calle y ahora por medio de la tecnología; puesto que desde los primeros años de edad son vistas como objetos sexuales y que tienen la obligación de complacer a los demás, aseguró Ana Cecilia Chapa Romero, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante 2017, el 17.7% de las mujeres consultadas por el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) refirió haber sido víctima de ciberacoso, cifra que se elevó a 24.2% para 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
La edad no fue limitante
La temprana edad no es una limitante para ser víctima de hostigamiento, puesto que de acuerdo con datos de 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 32.7% de las mujeres entre 12 y 19 años dijeron ser víctimas de hostigamiento virtual, así como el 36.4% de las mujeres de 20 a 29 años.
María, quien decidió usar dicho nombre para proteger su identidad, comentó que fue víctima de insultos y comentarios lascivos a la edad de 12 años, luego de que fueron difundidas fotos suyas en el sitio Metroflog, las cuales habían sido confiadas a un muchacho.
Debido a la viralidad de las imágenes y que las agresiones se volvieron físicas en contra de la menor, la madre de la víctima decidió llevar el caso a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Distrito Federal, lo que derivó en la localización de los agresores pero con la ausencia de una sanción.
En ese sentido, un grupo de mujeres consultadas de manera anónima por Forbes México coincidieron en que comenzaron a recibir agresiones sexuales a través de redes sociales cuando tenían entre 12 y 13 años, momento en que inicio Facebook como plataforma digital hace casi una década.
“Para serte muy sincera no las he contado, pero en un aproximado llevo casi 6 años que uso redes sociales, y dentro de esos años, me han acosado más de 20 veces. Además, los comentarios han ido incrementando”, comentó una de ellas.
“La primera vez que me ciberacosaron recuerdo que tenía unos 12 o 13 años, era de las épocas en donde apenas se empezaba a usar Facebook y un señor que ni tenía agregado me envió una foto de su miembro”, confió otra víctima.
Foto: Mociba 2019.
Chapa Romero, psicóloga de la UNAM, indicó que las niñas que viven una situación como esta al inicio de su adolescencia pueden sufrir una afectación en su desarrollo psicosexual, sobre todo si lo vivieron solas, lo cual podría derivar en un crecimiento con sensaciones de inseguridad y fragilidad.
“Puede provocar que en futuro que te vincules con alguien creyendo que tus emociones no son importantes y vivas otro tipo de abusos, porque se ha integrado psicológicamente que no es importante aquello que te pasó.
“Deja una huella. Si se da atención psicológica oportuna va a haber más posibilidades de acomodar una experiencia y saber que no es la culpa de ellas”, subrayó para este portal de noticias.
Los números del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) de 2019 develaron que el 40.3% de las mujeres consultadas recibieron insinuaciones o propuestas sexuales a través de internet, mientras el 33% dijo haber sido víctima de mensajes ofensivos.
Por medio de un proyecto académico fue como Esther (nombre de protección a la víctima) conoció a su agresor, quien realizó comentarios acerca de sus órganos sexuales y a pedirle fotos de sus pechos.
“Cuando me negué comenzó a decirme que desde que me conoció mi cuerpo le excitaba, lo que me comenzó a incomodar y le dije que gracias pero que no era algo que quisiera hablar con él porque no me interesaba”, comentó la estudiante a Forbes México.
Foto: Mociba 2019
Ante la negativa, Esther relató que el provocador insistió con ese tipo de comentarios hasta el punto de amenazarla con aprovecharse de ella cuando estuvieran solos, sin embargo el agresor borró sus mensajes al día siguiente.
“Fue expulsado (del proyecto) por denuncias de ciberacoso por parte de otras compañeras, fue entonces que me di cuenta que no solamente había sido mi caso, sino el de muchas otras”, señaló la joven.
Cifras del Inegi refieren en el 53% de los casos de hostigamiento por internet no se logró identificar al agresor, además que el 69% de las mujeres acosadas prefieren bloquear la cuenta de perpetrador, el 26% ignorar o no contestar los mensajes y el 8% levantar una denuncia ante el Ministerio Público.
Oilimpia, la ley contra el acoso
En enero del 2020, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó una modificación a su Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual prevé sanciones para quien intente, distribuya o comercialice imágenes sexuales sin el consentimiento de las persona que aparece en ellas: Ley Olimpia.
“Se impondrá de cuatro a seis años de prisión y de 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual”, de acuerdo con el artículos 179 BIS del Código Penal del Distrito Federal.
El artículo también contempla agravantes cuando hay una relación sanguínea o social entre la víctima y el atacante, si el perpetrador es un servidor público o si el denunciante son personas de la tercera edad, con discapacidad, en situación de calle, afromexicanas o de
identidad indígena.
Sin embargo, este delito se perseguirá por querella, es decir, la víctima tiene que denunciarlo para que se inicie una carpeta de investigación, de lo contrario no hay manera de que se inicie un proceso jurídico, explicó Arturo Cossio Zazueta, experto en derecho penal por la UNAM.
“Quien se sienta agraviado tendría que acudir a formular una querella, salvo el caso que de extorsión. Si no hay querella no se puede hacer nada, así el agente del Ministerio Público detenga a alguien con un teléfono que contenga una serie de imágenes tomadas sin consentimiento”, indicó el jurista a este reportero.
La denuncia se puede realizar en cualquier Ministerio Público y no se debe de poner como pretexto el que no haya una injerencia, incluso se puede presentar el caso en la Fiscalía General de la República (FGR), y si es pertinente, se remitirá como ante el centro de justicia local conveniente, aseguró Cossio Zazueta.
Si se trata un menor de 18 años quien presenta la querella, tendrá que ir representado por su tutor, pero si la denuncia es en contra su apoderado legal, podrá hacerlo por sí mismo o por medio de un hermano, develó el abogado.
Aunque esta legislación es un avance, se requieren políticas públicas de prevención y de acompañamiento a la víctima, puesto que ella tiene derecho a un asesor jurídico que le de acompañamiento durante todo el proceso legal, insistió el académico de la máxima casa de estudio.
“El problema es que quieren que vayan a levantar la denuncia pero los dejan ahí solos, falta implementar un sistema más propicio para la querella y no revictimizar a las persona”.
También se requiere de servidores públicos capacitados para investigar de forma específica estos casos, como agentes del Ministerio Público, policías, peritos que realicen una buena indagación y judicialicen el asunto, señaló.
Tendrían que establecerse lineamiento institucionales para que el combate se más frontal, por ejemplo no permitir acuerdos reparatorios ni la suspensión condicional del proceso, ya que impiden que el asunto llegue a juicio y se resuelva antes, lo cual resulta en una pena atenuada, insistió.
Por ello, se necesita de una prevención, combate y persecución a los delitos, para tratar de lograr que esto se llegue a juicio y se imponga una sentencia ejemplar, enfatizó.
En la grabación se aprecia a dos niñas cubiertas con bolsas de plástico transparentes para poder visitar a su madre, quien es enfermera.
Un video ya se está volviendo viral en redes sociales después de mostrar una escena que ha conmovido a más de uno en medio de la pandemia por el COVID-19.
Y es que en la grabación se aprecia a dos niñascubiertas con bolsas de plástico transparentes para poder visitar a su madre, quien es enfermera en el estado de Chihuahua.
Además, el video que se ha viralizado en redes sociales muestra cómo la mujer sale de la Clínica Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad Delicias.
Escenas que conmueven.
Cubiertas de todo el cuerpo con plásticos y con una rosa 🌹 en la mano, así sorprendieron ayer 10 de mayo estas dos niñas a su madre, quien es enfermera y lleva 10 días aislada trabajando en un hospital de #Chihuahua. pic.twitter.com/KDTbhete2z
La enfermera sale sorprendida por ver a los menores, quienes a su vez la abrazan y le obsequian un par de rosas como regalo por el Día de las Madres.
“Mi hermana tiene 10 días aisladas y hoy cubrimos a mis sobrinas en plástico para que las viera”, señala el usuario que compartió el video.
Durante esta epidemia, miles de médicas, enfermeras y demás trabajadoras de la salud que están en la primera linea de atención de pacientes con COVID-19 han optado por tomar medidas de prevención para evitar un contagio con sus familiares.
De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay 365 mil 980 personas ocupadas como médicos en el país, de los cuales 162 mil 90 son mujeres.
Las mujeres son uno de los grupos más afectados por el impacto económico negativo provocado por el Covid-19 , pues un elevado porcentaje de ellas labora en los servicios relacionados con la salud, el turismo, la economía informal u obtienen sus ingresos en el trabajo doméstico.
Así lo señaló Mónica Flores, presidenta de Manpower para Latinoamérica, en un conversatorio organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, donde enfatizó que este sector representa 70% de personal dedicado a salud y servicios.
“Estamos sobrerepresentadas en los puestos de riesgo en salud en el área de enfermería, limpieza de hospitales y en aquellos puestos que están más impactados por esta pandemia, es decir, en servicios turísticos y comerciales”, dijo Flores.
“Pero también estamos subrepresentadas en los sectores que crecerán más o que están siendo menos impactados hoy, como el sector de las tecnologías de la información, telefonía, cadenas logísticas y reparto de artículos”, señaló la presidenta de la compañía como estadounidense.
En la conferencia virtual, organizado por la comisión que preside la senadora Martha Lucía Micher Camarena, se analizaron las acciones realizadas para las trabajadoras en las empresas en los tiempos del coronavirus.
La legisladora advirtió que el confinamiento social no sólo propiciará la pérdida de empleos, sino que el trabajo en casa o “home office” representa para las mujeres el doble reto de organizar el espacio privado de los hogares en espacio laboral, y continuar con el cuidado de la familia.
La emergencia ocasionada por el nuevo coronavirus, “no sólo impactará en el tema de la salud, también afectará la vida de las mujeres, su economía, relaciones personales y familiares”, asentó la senadora.
A su vez, Corin Robertson, embajadora del Reino Unido en México, señaló que dos tercios del personal sanitario global son mujeres, por lo que ellas también están en la primera línea de la respuesta a la pandemia.
Ivana Fernández, de la Secretaría de Economía, refirió que en México hay 22 millones de trabajadoras, 14.4 millones son asalariadas, 5.1 millones trabajan por cuenta propia, 500,000 son empleadoras, otras 500,000 laboran a destajo, por porcentajes, honorarios, propinas o pagos que no se puede contabilizar y 1.5 millones lo hacen sin remuneración.
Así, advirtió, dos millones de ellas no reciben ningún salario y viven en la incertidumbre constante que se agravará con la contingencia, por lo que consideró necesario priorizar la salud y bienestar de personas en situaciones de pobreza y mayor exclusión, proteger el trabajo asalariado, procurando evitar la reducción del salario, los despidos, la vulneración de los derechos laborales ante la pandemia.
“Necesitamos apoyar de manera enfática el autoempleo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan formar parte de las cadenas de suministro estratégicas, de actividades económicas clave que nos permita aminorar las desigualdades regionales que aún existen”, indicó.
