“Ni un perro hace eso, ni una perra –dijo el fiscal Gustavo Dolores Acosta–. Lo lógico de cualquier madre, por instinto, es haberla sacado de esa taza de baño”. Era 14 de julio de 2016 y Dafne era juzgada por homicidio doloso.
“El instinto de madre no sólo debe darse en una mujer, se da en cualquier ser vivo. Esto es precisamente lo reprochable de esta conducta, sí, porque se perdió una vida”, remachó el fiscal, según consta en el amparo presentado por la defensa de Dafne el 17 de abril de 2017, integrado en el expediente del caso.
Todo empezó cinco meses atrás, cuando Dafne sufrió fuertes dolores abdominales y tuvo un aborto fortuito en el baño de la tienda Liverpool donde trabajaba, en San Juan del Río, Querétaro: se desmayó varias veces, tuvo abundante pérdida de sangre y quedó en estado de shock, sin entender lo que estaba ocurriendo.
En ese momento Dafne, quien padece hipotiroidismo, no sabía que estaba embarazada.
Sus compañeros y algunos trabajadores de un servicio de urgencias privado que la atendieron en el lugar la denunciaron ante la policía del estado de Querétaro, responsabilizándola de esa muerte. El juicio se realizó sin perspectiva de género, en violación de sus derechos humanos y con abogados defensores asignados que ni siquiera sabían los detalles de su caso. El 22 de julio de 2016 fue sentenciada a 16 años de prisión y a pagar una multa de 332 mil 200 pesos, según quedó asentado en la sentencia que recayó dentro del toca penal 66/2016.
La historia de Martha es similar. “A mí me obligaron a enterrar el feto. Primero lo trajeron en una manta con sangre y las enfermeras me obligaron a pedirle perdón”, recuerda.
Martha llegó el 26 de marzo de 2015 a la clínica 61 del IMSS de Veracruz con un dolor fuerte de estómago que terminó en un aborto espontáneo en el Hospital General de Zona número 71. Tampoco sabía de su embarazo. El personal médico asumió inmediatamente que había sido un aborto inducido y la denunció ante la Fiscalía Regional Zona Centro de Veracruz, no sin antes violentarla, señalarla y juzgarla.
Desde las nueve de la mañana, que llegó al hospital, hasta las cuatro de la tarde, cuando se dio la interrupción, no recibió un solo medicamento para aliviar el dolor. “Ahora te aguantas por lo que hiciste”, le dijo una enfermera. La llevaron después a la sala maternal para que hiciera su recuperación. “Cada vez que llegaba un bebé yo me soltaba en llanto. Fue una tortura”, comenta.
Martha recuerda que la prensa local manipuló la información de su situación y la revictimizó. “Hubo muchos periodistas que se encargaron de decir cosas que no eran”, dice. Por eso, al reincorporarse a la Universidad Veracruzana, donde estudiaba administración de empresas, sus compañeros no paraban de preguntarle: “¿Por qué lo mataste?”
Dafne pasó tres años y cuatro meses encerrada en el Cereso de San Juan del Río, separada de su hija de cinco años. Mientras purgaba el primer año de sentencia, su padre contactó a la abogaba Karla Micheel Salas, quien comprobó las irregularidades en el proceso y la falta de pruebas científicas que la inculparan. Al salir, estuvo varias semanas con fobia a las multitudes. “Al principio no salía sola, me daba miedo porque adentro estábamos en un lugar chiquitito, éramos 15 personas nada más, y al otro día de salir tuve que ir a la Ciudad de México, entonces, entre subirme al Metro y toda la gente que había me dio un ataque de angustia”.
Sus abogadas ya alistan una demanda por reparación del daño conforme a la Ley General de Víctimas. Sin embargo, ella sabe que nadie podrá devolverle lo que le arrebataron: “No hay una reparación justa. Perdí casi cuatro años de la vida de mi hija: cuando entré al Cereso tenía cinco… ahora tiene nueve años”.
Por otro lado, la tienda Liverpool en la que Dafne trabajaba sólo tuvo una sanción de 30 mil pesos por negarle la entrada a los servicios médicos de la Cruz Roja el 17 de febrero de 2015. Los guardias de seguridad sólo permitieron el ingreso de Ambulancias Beyen, servicio médico privado que trabajaba con la empresa y que, como se comprobó en el juicio, no actuó conforme a la urgencia de la situación: trasladó a Dafne 87 minutos después de haber llegado al lugar de los hechos, a pesar de que la vida de la mujer corría peligro.
Liverpool lanzó en diciembre pasado unas botas “feministas” usando el hashtag #NiUnaMás, en el que se compromete a aportar un donativo al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por cada compra. La campaña causó polémica en redes sociales, donde se recordaron tanto el caso de Dafne como el del feminicidio de Angélica Trinidad Romero en 2014, cuyo cuerpo fue ocultado por Liverpool durante unas horas para no arruinar las ventas por el Buen Fin.
Revictimización
Entre 2015 y 2019 se abrieron 2 mil 184 carpetas por el delito de aborto en el país, de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A excepción de la Ciudad de México y Oaxaca, en el resto de los estados las penas por el delito de aborto oscilan entre los 15 días y los seis años de prisión.
En este contexto, existe en el Senado la iniciativa de Ley de Amnistía que pretende excarcelar a mujeres que estén presas por delito de aborto en el fuero federal y que, a simple vista, podría parecer una medida de justicia social. Sin embargo, tal como está planteada, la ley no beneficiaría a ninguna mujer ya que –según datos obtenidos a través de la ley de transparencia– no hay ni una sola encarcelada por este delito en ninguno de los centros penitenciarios federales.
Como lo explica la directora de la organización Las Libres, Verónica Cruz, muchas de las mujeres que sí están encarceladas actualmente fueron acusadas de homicidio en relación de parentesco, homicidio simple o calificado, infanticidio a partir de abortos espontáneos, emergencias obstétricas, partos prematuros o incluso, abortos producto de violación. Estos delitos se castigan con penas de hasta 50 años de prisión.
No se tienen cifras precisas, pero la documentación reunida por Las Libres indica que hay por lo menos 100 mujeres encarceladas bajo este tipo de delitos.
Por otra parte, quienes deciden o padecen la interrupción de un embarazo suelen sufrir consecuencias en distintos ámbitos de su vida. Existen entornos sociales en los que los estereotipos asociados al rol de la mujer y su relación forzosa con la maternidad siguen jugando un papel determinante en las relaciones laborales, familiares y de la sociedad en general. La criminalización afecta a las mujeres, hayan sido o no procesadas judicialmente. El solo hecho de tener una carpeta de investigación abierta puede derivar en estigmatización social, discriminación y problemas de reinserción en sus comunidades.
De acuerdo con el Diagnóstico para detectar las necesidades específicas de las mujeres en proceso de liberación, realizado en 2019 por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social, “las mujeres privadas de libertad sufren un quiebre más intenso con sus vínculos sociales y familiares. Durante su estancia en los centros de reinserción social no cuentan con el apoyo institucional en materia de educación, trabajo y capacitación laboral, lo cual limita su preparación para enfrentar la liberación, y por lo tanto su reinserción social”.
Además, en 67% de los centros penitenciarios que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitó en 2019, encontró que no existen o son insuficientes los programas de capacitación laboral para las mujeres recluidas, según consigna el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 realizado por el organismo autónomo.
Ante este escenario, la respuesta del Estado es prácticamente inexistente. No hay programas de reinserción para mujeres que han sido criminalizadas o judicializadas por interrupción de un embarazo, y son ineficientes los programas de reinserción que existen para mujeres que han sido encarceladas por todo tipo de delitos.
De hecho, la auditoría de desempeño realizada en 2018 por la Auditoría Superior de la Federación sobre la Coordinación del Sistema Nacional Penitenciario dictaminó que “el Comisionado Nacional de Seguridad no actualizó su norma interna, lo que contribuyó a que se identificaran deficiencias en el diseño de la política en materia de reinserción social”.
Es decir, primero, es el propio Estado el que las juzga injustamente y sin perspectiva de género, y luego las vuelve a criminalizar al no darles las herramientas ni el acompañamiento necesario.
Rebeca Ramos, abogada y coordinadora de incidencia en política pública de la Organización Grupo de Información de Reproducción Elegida, explica: “En el tema de reinserción estamos en pañales en el país, pero especialmente en el tema del aborto me parece muy claro: por una parte, cuando el Estado puede intervenir, a la hora de legislar lo hace de la peor manera; ahí falla. Después, cuando las mujeres se acercan para solicitar los servicios, incluso en emergencias obstétricas, tiene una reacción punitiva, ignorando su obligación de garantizar el servicio de salud.
“Además, se sigue el proceso penal en contra de las mujeres y a la hora que salen, o que ya están desvinculadas de ese proceso, el Estado ya rompió con muchas redes, ocasionó la pérdida de trabajo, y todo por una mala intervención en su política penal.”
Estado fantasma
Dafne no tuvo acceso a ningún programa de reinserción durante los tres años y cuatro meses que estuvo en el Cereso. Trabajó haciendo los dobleces y etiquetas para varias empresas de venta por catálogo e hizo cuadros con diamantina que le mandaba a su hija, a quien no vio durante todo ese tiempo.
“No la vi por decisión, porque es muy feo entrar a ese lugar; entonces preferimos mantener la comunicación por teléfono; era una denigración a su persona”, afirma.
Como Dafne ya había terminado la preparatoria, no pudo seguir con estudios universitarios; un poco en broma y un poco en serio sigue quejándose de que no la dejaron volver a cursar la prepa; en algo había que ocupar aquellos mil 200 días que pasó entre cuatro paredes grises. “Había un DVD y una tele. Cuando no tenía nada que hacer me encerraba a ver películas y así me metía en mi mundo y ya no sabía nada”.
El 23 de enero de 2019 Dafne fue absuelta de los cargos de homicidio calificado que le había imputado la fiscalía. Ahora vive con sus padres y su hija en una casa nueva. “Después de lo que pasó, mis padres sacaron el crédito de Infonavit y se vinieron para San Juan del Río. De hecho, esta casa se iba a comprar de contado, pero como pasó lo mío, pues ya… se fue el dinero en mí”.
Si desde la casa en la que ahora vive Dafne se quiere ir al centro de la ciudad o tomar la carretera, el camino lleva, inevitablemente, a rodear el Liverpool de San Juan del Río. Está ahí, al costado del camino, gigantesco, como un recordatorio ineludible.
A pesar de que el Estado reconoció que Dafne había sido injustamente encarcelada, ella tuvo que arreglarse con su seguro médico para poder continuar el tratamiento psiquiátrico; la única ayuda que recibió fue por parte de su abogada, su familia y algunas personas que la apoyaron.
Martha es originaria de Playa Vicente, Veracruz. Cuando empezó su carrera universitaria se fue a vivir sola al puerto con la esperanza de ser la primera en la familia en obtener un título universitario. Cuatro semestres después fue víctima de violencia por parte del personal del Hospital General del estado y tuvo que enfrentarlo estando lejos de su familia. “Yo tenía que elegir entre mandarle 300 pesos o viajar, pero perder el día de trabajo y no poder darle dinero… fue algo muy triste”, dice llorando Claudia, la madre de Martha.
Cuando le dieron el alta, Martha no tenía familiares que vivieran en el puerto de Veracruz. Por eso, la que estuvo cerca de ella fue la familia de su exnovio. Sin embargo, en lugar de ayudarla, la acusaron de haber matado a su bebé. “En ese momento son palabras súper fuertes. Durante todo ese proceso, yo lo único que sentía era culpa”, comenta.
Después de ese 26 de marzo de 2015 Martha intentó retomar sus actividades. “A mí nada más me quedaban siete materias para terminar la carrera y el servicio social –explica–. Intenté rehacer mi vida después de todo eso, pero ya no pude. Volví a la escuela, pero era muy difícil estar ahí, con gente que sólo te señalaba y ni siquiera sabían lo que había pasado. Lo que me dio coraje es que yo quedé como la mala y mi expareja como la víctima”.
Cuatro meses más tarde dejó todo atrás para empezar una nueva vida en Guanajuato. “Yo no pisé la cárcel, pero viví el proceso, y cuando vives el proceso te quedas marcada de por vida”, asegura.
En redes sociales la llamaron asesina, pecadora y hasta le hicieron memes en donde se veía a una enfermera sosteniendo un bulto lleno de sangre y acercándoselo a la boca a una joven. El acoso constante orilló a Martha a abandonar su carrera, sus amigos y todo lo que había construido hasta ese momento en Veracruz. “A mí me dañó más la sociedad que lo legal”, sostiene.
A pesar de lo difícil de la decisión, Martha no se arrepiente: “¿Volver? ¿Para qué? Si llego al puerto hay un feto enterrado con mis apellidos y una cruz que ni yo sabía qué era. El registro está ahí”.
Su nueva vida fue posible gracias a la empleadora de la madre que la contactó desde el primer día con la organización Las Libres. La directora de la organización, Verónica Cruz, se ocupó de su representación jurídica, le dio acompañamiento, le pagó sus terapias y la sigue acompañando hasta el día de hoy.
Este reportaje se publicó el 5 de enero de 2020 en la edición 2253 de la revista Proceso
Toda la información e imágenes son de PROCESO.
Link original: https://www.proceso.com.mx/613639/derechos-de-las-mujeres-el-desamparo-como-politica-publica
