Las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad no existen para el Estado mexicano, pues éste no las protege ante agresiones sexuales, abuso físico o explotación laboral, tampoco les garantiza el acceso a servicios de salud y educación, y la protección a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la justicia.
Lo anterior se desprende de la evaluación que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo sobre el cumplimiento del Estado mexicano a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008.
Aunque el Comité reconoció los avances en materia legislativa, como la publicación de la Ley Federal para la Inclusión de Personas con Discapacidad de 2011, manifestó su preocupación sobre la falta de protección, respeto y reconocimiento con el que viven las personas que presentan algún tipo de discapacidad.
En conferencia de prensa Ana Peláez Narváez, integrante del Comité, dio a conocer las recomendaciones formuladas al Estado mexicano en la materia, y resaltó la necesidad urgente de armonizar la legislación al contenido de la Convención de la ONU.
Manifestó su preocupación ante los grandes desafíos que existen en México para lograr la igualdad y no discriminación de esta población.
Señaló que existe una falta de concientización sobre la discriminación que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, pues al mismo tiempo que son discriminadas por esta condición, son violentadas por ser mujeres y en algunos caso por ser pobres e indígenas.
“Es preocupante que México pese a contar con todas las herramientas y mecanismos necesarios para erradicar y atender la violencia contra las mujeres, no haya brindado información sobre la manera en la que está atendiendo la violencia que viven estas mujeres”, dijo la especialista española.
Lo anterior por que el Comité observó que las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de agresiones, abuso y todos los tipos de violencia, incluido el feminicidio, “y no cuentan con medidas efectivas para su protección y reparación de daños”.
En la primera evaluación que se realizó a México, el Comité tuvo conocimiento de que muchas mujeres con discapacidad son sometidas a esterilizaciones forzadas, en particular en la Casa Hogar Esperanza, un centro de rehabilitación particular.
Es de mencionar que la organización Disability Rights International-México presume que dichas esterilizaciones pueden estar relacionadas a violaciones sexuales que se cometen dentro de estos lugares, y que se esteriliza a las mujeres para evitar embarazos.
Peláez Narváez también hizo referencia a que el respeto y garantía a los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres no existe, ya que es prácticamente imposible que accedan a servicios de salud de manera segura y en muchos casos se les presiona a que aborten.
A ello se suma que el Código Civil de algunas entidades federativas impide el matrimonio entre personas con discapacidad y el derecho de las mujeres a cuidar de sus hijas o hijos. “Es inconcebible que no se les permita decidir sobre su cuerpo y se les impida cuidar a sus hijas o hijos”, lamentó la comisionada.
Desde el Comité se recomendó a México apoyar las mujeres con discapacidad para que puedan asumir la carga de cuidar a sus hijas o hijos, y que se brinde apoyo económico a las familias de escasos recursos que tengan una hija o hijo con discapacidad, pues debido a la carga económica que conlleva su cuidado muchos menores de edad son abandonados.
Se encontró, en materia de educación una preocupante falta de escolarización dentro esta población, pues son pocas y pocos los que pueden acceder a las escuelas, donde existe una carencia considerable de materiales adecuados o de intérpretes (de lenguaje de señas y otros).
A decir de Ana Peláez las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad no están diseñadas desde el paradigma de la inclusión, y por el contrario desde una visión de protección y asistencialismo, lo que genera estereotipos en estas personas y las segrega aún más, pues el objetivo “no es la institucionalización o la protección absoluta sino lograr su inclusión”.
En tanto, Priscila Rodríguez, responsable del Programa de Género de Disability Rights International-México, dijo en entrevista con esta agencia que las mexicanas con alguna discapacidad enfrentan un severo problema de invisibilidad y pareciera que para todos los niveles de gobierno “no existen, constantemente son discriminadas, agredidas y violentadas, y todos los delitos que se cometen contra ellas no son investigados y mucho menos sancionados”.
Ante ello celebró las observaciones finales del Comité de la ONU y detalló que deben de servir para llevar a cabo acciones concretas y que la protección en Derechos Humanos que presume México sea una realidad para estas mujeres.
Organizaciones civiles como el Centro Estratégico de Impacto Social y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex) denunciaron que, tanto en su reporte como en las sesiones en Ginebra, Suiza –los pasados 16 y 17 de septiembre–, México únicamente habló de “legislación, políticas y programas vacios”, lo que evidencia la “falta de compromiso real para erradicar la discriminación formal y de facto en contra de las personas con discapacidad en nuestro país”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que al 2010 las personas con algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.
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