El verano de 2017 fue una época extraordinaria para los grupos defensores de los derechos de las mujeres en África del Norte y Asia Occidental. Después de muchos años de campañas incesantes, finalmente vieron caer una a una todas las leyes que, durante décadas, habían obligado a las mujeres a casarse con sus violadores.
En tan solo un mes, los Gobiernos de Túnez, Jordania y, por último, el Líbano derogaron o reformaron las cláusulas de sus respectivos Códigos Penales que permitían que los agresores eludieran la justicia si contraían matrimonio con la mujer a la que habían atacado, y que permitían a las familias forzar a las mujeres a casarse con sus violadores para evitar el estigma social asociado a las relaciones sexuales prematrimoniales.
Fue una victoria histórica para el movimiento de mujeres en toda la región; una victoria lograda tras años de movilizaciones colectivas, estrategias, creación de alianzas e innovación.
“Lo que vimos aquel verano fue el resultado de la perseverancia de las mujeres de toda la región”, dice Hibaaq Osman, fundadora y directora del movimiento Karama, una red de activistas y grupos de la sociedad civil que trabaja a lo largo y ancho del mundo árabe. “Lo más importante que aprendimos de ello fue que el cambio ha de producirse desde dentro, pero que también es más fuerte cuando trabajamos al unísono, superando las fronteras nacionales en pos de un objetivo común”.
En Jordania, las responsables de la campaña aprovecharon la oportunidad para lograr un cambio legislativo cuando, en octubre de 2016, el rey Abdullah II ordenó reformar el Código Penal, que databa de 1960. En dicho código se había incluido un artículo que suspendía el enjuiciamiento penal de los violadores si se casaban con sus víctimas. Según los datos del Ministerio de Justicia de este país, 159 violadores se acogieron a este artículo ente 2010 y 2013 para evitar ser castigados.
Asma Khader, directora del Instituto de Hermandad Femenina Mundial en Jordania. Fotografía: ONU Mujeres/Christopher Herwig
“Comprendimos que era una gran oportunidad para contribuir a la reforma del Código Penal y que necesitábamos que se escucharan nuestra voz y nuestras demandas”, dice Asma Khader, directora del Instituto de Hermandad Femenina Mundial. Según ella, la campaña ganó impulso gracias a la derogación de leyes similares en Egipto (1999) y Marruecos (2014).
Las activistas crearon una base de pruebas para rebatir el argumento de que aquel artículo del antiguo Código Penal mantenía unidas a las familias y protegía a las mujeres del estigma de las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
“El ejemplo de Marruecos nos enseñó que nuestras campañas debían apoyarse en historias de mujeres reales”, señala Khader. Marruecos derogó sus leyes sobre el matrimonio con violadores después de que se hiciera público el caso de Amina Filali, una joven de 16 años que se suicidó tras ser obligada a casarse con el hombre al que había acusado de violarla.
El hecho de que los mensajes estuviesen fundamentados en los relatos de mujeres y niñas locales también ayudó a contrarrestar las acusaciones de quienes se oponían a la campaña, según las cuales esta estaba liderada por feministas movidas por una agenda occidental, que no tenían legitimidad para interferir en las leyes de familia.
“Documentamos 22 casos en los que la utilización de ese artículo ante los tribunales había culminado en matrimonio, y prácticamente todos esos matrimonios terminaron en divorcio o en violencia”, dice Khader. “A través de una campaña mediática, defendimos que el matrimonio y la vida familiar no pueden basarse en la impunidad y el delito”. El movimiento de mujeres de Jordania trabajó durante los tres años previos a la revisión del Código Penal con el fin de recabar un amplio apoyo.
Su campaña tuvo tanto éxito que el Parlamento, que tenía la posibilidad de derogar o modificar la ley, eliminó todos los resquicios jurídicos que permitían a los violadores eludir las consecuencias de sus delitos.
En el Líbano, la lucha por derogar el artículo 522, que ofrecía una inmunidad similar a los violadores si se casaban con sus víctimas, ganó fuerza tras la realización, por parte de los grupos de mujeres, de una encuesta que demostró que solamente el 1 % de la población libanesa conocía siquiera la existencia de semejante disposición en su Código Penal.
“Una vez que tuvimos ese dato, se convirtió en una herramienta de promoción realmente poderosa y en un instrumento de presión muy útil”, manifiesta Ghida Anani, fundadora de ABAAD, una organización libanesa defensora de los derechos de las mujeres que encabezó la campaña con apoyo de ONU Mujeres. “Conseguimos argumentar con éxito que aquello no formaba parte de nuestras tradiciones ni reflejaba los valores ni los principios de nuestra sociedad. Tan solo era algo que utilizaban los abogados para ayudar a los violadores a evitar su enjuiciamiento”.
Una impactante y provocadora campaña mostraba a una mujer magullada y maltratada envuelta en vendas que, lentamente, se convertían en un vestido de boda. Esto se volvió el elemento visual clave de un gran movimiento en las redes sociales diseñado para alentar al público a exigir la derogación del artículo 522. Conforme se acercaba la fecha de la votación, la ciudadanía empezó a manifestarse. Activistas con vestidos de boda ensangrentados protestaban frente al Parlamento y colgaban vestidos de boda hechos jirones en el exterior de edificios públicos, como si se tratara de cadáveres.
En el Líbano, la campaña en favor de la derogación del artículo 522 utilizó llamativos elementos visuales en los que se veía a mujeres envueltas en vendas a manera de vestidos de boda. Fotografía: ABAAD (Patrick Baz)/AFP
“El contacto con el público y el uso de las redes sociales formaron parte de una estrategia mucho más amplia”, señala Anani. “No queríamos que aquello se convirtiera en una simple campaña feminista contra el Gobierno. Necesitábamos crear algo que todo el mundo pudiera apoyar. Cuando el Gobierno libanés votó a favor de derogar el artículo 522, fue una victoria colectiva”.
Los logros de 2017 han alentado a los movimientos de mujeres en toda la región; en el Estado de Palestina, las y los activistas también consiguieron en 2018 la derogación de disposiciones similares incluidas en su Código Penal.
“Necesitamos que se reformen las disposiciones que permiten el matrimonio infantil, que niegan la existencia de la violación dentro del matrimonio y que niegan a las mujeres la igualdad de derechos sobre sus hijas e hijos”, dice Osman. “Estamos viendo con nuestros propios ojos lo que podemos conseguir cuando nos organizamos y actuamos de manera estratégica. No nos rendiremos jamás”.
Toda la información e imágenes son de ONU MUJERES.
Link original: http://www.unwomen.org/es/
