«Las mujeres cuando abortamos no somos criminales, somos seres pensantes que estamos tomando decisiones autónomas en cuanto a nuestra reproducción», afirmó Verónica Cruz Sánchez, directora del «Centro Las Libres», en entrevista con Notimex.

En agosto del 2000, el gobierno de Guanajuato eliminó la única causal por aborto: la violación, es decir, si una mujer decidía abortar, tendría que purgar penas de hasta 30 años.

En ese contexto nació “Las Libres”, asociación a favor del aborto seguro y legal, que logró que se vetara la ley en el estado.

De acuerdo con Verónica Cruz, «no debería existir el delito de aborto; se tiene que eliminar porque es un delito que se focaliza en ciertas mujeres: nunca vas a encontrar a una mujer rica, nunca vas a encontrar hombres, nunca vas a encontrar a médicos que están criminalizados por un tema de aborto.

«Sólo es a las mujeres, pero además a las mujeres pobres, a las de área rural, a las de área indígena y entre menos se puedan defender más sentencia, más condena, y el Estado pone todo su peso a estas mujeres», enfatizó.

En septiembre del 2010, seis mujeres: Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Rosa Padrón salieron del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Guanajuato.

Habían sido acusadas de homicidio por razón de parentesco o aborto; sus sentencias oscilaban entre los 25 y 29 años. Una vez más “Las Libres” ganaban terreno.

«La mayoría de las mujeres no sabía leer y escribir en el momento de su detención. Eso ya debería de ser para que estén afuera; la mayoría no hablaba español y provenía de área indígena; peor aún, la mayoría de las mujeres no está en la cárcel con pruebas científicas, está por estereotipos de género», expuso.

Para “Las Libres”, apuntó, «es muy fácil: cualquier caso de aborto o de homicidio que se trata de aborto, defenderlo. Es muy fácil, porque el estado como juzga con estereotipo, con prejuicio, los médicos, los ministerios públicos, los jueces, lo que anteponen son sus prejuicios y sus estereotipos de género; es decir, lo que ellos creen de las mujeres y lo que ellos creen de la maternidad. Nunca hay pruebas científicas».

En marzo de 2015 “Las Libres” salieron de Guanajuato para tomar un caso en Veracruz. Patricia Méndez fue trasladada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al Ministerio Público, acusada de haber asesinado a «su hijo». Verónica Cruz llegó a tiempo para que no se le juzgara por homicidio.

La entidad está regida por otras leyes para castigar el aborto. «El caso de Veracruz es brutal, no tiene pena de cárcel, pero dice que se le va a dar un tratamiento, una reeducación a las mujeres, porque las mujeres nunca lo hacen solas, siempre lo hacen obligadas, están diciendo no tiene capacidad, pero además no saben que su destino final es peor, es una discriminación peor que la cárcel», señaló la directora de la organización.

En este momento, julio de 2019, en el Centro “Las Libres” se preguntan: ¿en qué prisiones están las 200 mujeres encarceladas y bajo qué delito están tipificados sus casos? En la asociación aseguran que desde el gobierno se podría conseguir inmediatamente esta información.

«Ojalá todas las mujeres nos conocieran, pero eso es imposible. Por eso, el Estado tiene que hacer su función y creo que el tema de la amnistía es una respuesta para estas mujeres que hoy sí están en prisión con penas de hasta 30 años», expresó Cruz Sánchez.

Planteó que «el Estado, ahora sí sus instituciones, tiene que investigar: ¿quiénes son estas mujeres?, ¿en dónde están?, ¿cómo están sus causas? y seguro es muy fácil proponer la amnistía, porque seguramente están injustamente criminalizadas y sentenciadas y en prisión por delitos que no cometieron».

 Acciones a futuro

Para la activista hay tres cosas que tiene que hacer el Estado mexicano, en su conjunto incluyendo a la sociedad: «uno, que quite del código penal único que ya no lleve al delito de aborto, con eso eliminamos la criminalización».

«Dos, que al menos se armonicen en todo el país hasta las 12 semanas el aborto por decisión de las mujeres; y tres, la Norma 046, hoy en todo el país basta con el dicho de que las mujeres necesitan los servicios de salud, sin denuncia, incluso deben dar aborto legal, el servicio gratuito legal a todas las mujeres».

 Abortar: una decisión de mujeres

Para Verónica Cruz Sánchez se trata de acompañar a otras mujeres. «A construir la autonomía de las mujeres en nuestras propias decisiones. La primerísima acción: decidir sobre nuestro propio cuerpo, cuándo sí y cuándo no, que no se nos imponga a las mujeres como mandato y mucho menos como mandato divino la maternidad».

«Nos tenemos que encargar las mujeres y la población de hacer esta exigibilidad al gobierno. Yo sí tengo esperanza de que en estos seis años lo vamos a lograr, al menos esas tres cosas», apuntó.

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El mobbing o acoso laboral es una realidad en el mercado laboral mexicano. Gloria Careaga Pérez, directora del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que el 80% de los trabajadores ha presenciado un acto de acoso laboral contra un compañero y el 74% asegura que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes.

“Las personas que enfrentan esta condición son sometidas a conductas físicas o verbales, amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosadoras durante mucho tiempo y de manera continua”, detalló Careaga durante su participación en la mesa “Discriminación y Acoso Laboral” del parlamento abierto que se realiza en el Senado.

Sin embargo, el también denominado bullying laboral tiene facturas altas no sólo para las empresas, sino para el país. La especialista pidió reflexionar sobre las 18,000 personas que renunciaron en 2017 a su trabajo por ser víctimas de mobbing.

Pero el acoso laboral no es el único problema que enfrenta el mercado laboral mexicano. La discriminación de grupos minoritarios en el trabajo es común.

Alexandra Haas Paciuc, presidenta de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), enfatizó que un espacio de trabajo que tolera la discriminación crea un ambiente propicio para el acoso laboral y sexual.

“Si en un entorno de trabajo se permite a que las mujeres se las despida por estar embarazadas, que las personas indígenas tengan menos probabilidades de ser contratadas por su origen étnico o si se restringen los ascensos a las personas LGBT por su orientación sexual o por su identidad de género, se está mandando el mensaje que esas personas no merecen el mismo trato ni las mismas oportunidades que las demás y se justifica tomar medidas, además, para recordárselos”, ejemplificó.

Hass Paciuc explicó que el acoso laboral y sexual son formas de “reforzar las relaciones asimétricas de poder, mismas que reproducen la desigualdad estructural”.

Para prevenir el acoso no sólo se necesitan protocolos de atención a casos particulares, sino políticas integrales que combatan los ambientes laborales que lo propicia, enfatizó la presidenta del Conapred.

Autoridades también deben ayudar

“La ley de una manera extraña plantea que este es un tema del patrón y el sindicato y aleja totalmente a la intervención de la autoridad”, esa es la opinión de Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM), sobre la responsabilidad de los centros de trabajo en el combate de la discriminación y el acoso laboral.

¿Y dónde queda el Estado, cuál es la vigilancia del mismo? Cuestionó Fuentes Muñiz. El académico considera que las autoridades deben involucrarse más en la prevención del mobbing y la discriminación en el trabajo.

“Si pudiera haber por cada 10 empresas un inspector especializado en este tipo de aspectos sería algo muy importante. Si en la ley se establece la obligación de que la autoridad cuente con un número determinado de inspectores, pero con diversas especialidades esto evitaría que de manera unilateral viniera la tijera del presupuesto y cortara inspectores”.

El especialista reflexionó sobre los daños de estos malos actos en el entorno laboral, pues afectan la salud emocional de los trabajadores y estos, provocan “enfermedades profesionales que no son reconocidas”.

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La frontera norte de México ha sido siempre objeto noticioso a nivel mundial, ya sea por la cercanía con Estado Unidos o bien, por el nivel de inseguridad que vive esa zona desde hace algunos años. Sin embargo, su tema más recurrente es el flujo de migración hacia EUA; este fenómeno no es exclusivo del norte del país, pues a pesar de no recibir la misma atención mediática ni gubernamental, miles de centroamericanos arriesgan sus vidas diariamente al cruzar el territorio mexicano a bordo del tren conocido como La Bestia. Trepados en el techo del tren de carga, los migrantes pasan por un pequeño poblado al sur de Veracruz llamado Guadalupe La Patrona, lugar en donde desde hace 18 años, un grupo de mujeres ocupan sus días en preparar comida y repartirla a cada uno de ellos. A esta causa, el realizador mexicano, Arturo González Villaseñor decidió dedicar su primer trabajo documental: Llévate mis amores.

“Quizá son detalles pequeños pero me pareció increíble el hecho de que una mujer pusiera todo su esfuerzo en llevar una carretilla de 80 o 90 botellas de agua y  arrastrarla por la terracería hasta llegar a las vías del tren”, comentó en entrevista con Gatopardo el director de la cinta. González Villaseñor llegó a la comunidad de Las Patronas –como actualmente se les conoce– por casualidad mientras realizaba su tesis universitaria en una radio comunitaria de Veracruz. “Las personas de la radio hacían colectas y nos llevaron a conocerlas, bastó el primer contacto para que nosotros quisiéramos integrarnos en su cotidianidad”, apuntó. Aunque las primeras impresiones fueron plasmadas en un cuento, la idea de realizar una película vino poco después y, junto con sus compañeros, tras cuatro años de dedicarse a recopilar testimonios y vivir el día a día en la comunidad, el equipo logró un documental poderoso.

Aunque hace algunos años la causa de Las Patronas comenzó a ser hablada en medios nacionales e internacionales, la atención fue esporádica. “Nos dimos cuenta que ellas estaban muy sentidas con los periodistas porque sólo iban y venían, les tomaban fotografías, hacían pequeñas cápsulas y ya después les prometían cosas pero se iban”, platicó el director de Llévate mis amores. Sin embargo este grupo de amigos logró mucho más a través de su documental al dar prioridad al bienestar de la comunidad. “Nosotros desde un principio nos dedicamos a hacer recolectas con familiares y amigos, les brindamos ayuda y nos preocupamos específicamente por ellas”, relató González Villaseñor. El entablar una relación tan cercana con la comunidad derivó en un diálogo de confianza absoluta que se plasmó en el documental.

No se sabe la cifra exacta de migrantes que cruzan aquel pequeño poblado, tampoco se conoce cuándo y cuántos trenes pasarán al día, sin embargo Las Patronas siempre se entregan a su misión. “Un día ya habían pasado tres trenes y de repente nos avisaron que venía uno más y ya no teníamos bolsas de comida, pero ellas pusieron a cocer como 300 huevos y empezaron a embolsar, de repente una de ellas dijo que el huevo sabía feo sin sal y pues cada una se esmeró en poner unos granos de sal en la bolsa”, recordó conmovido el director. “Todas esas cosas tan minuciosas son las que hacen de esta labor algo increíble porque demuestran que ellas no miden su capacidad de dar amor” recalcó.

“Yo durante todo ese tiempo me guardé mis emociones, me guardé todo lo que veía ahí, mujeres, niños, migrantes tratando de arrebatar el alimento que ellas brindan intentando ayudarlos a cumplir sus sueños”, comenta Arturo González Villaseñor. Llévate mis amores se estrenó en 2014 en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y a partir de entonces ha estado en muchos otros foros. “En las proyecciones a mí me gusta que ellas estén porque no me gusta que nosotros como realizadores seamos el centro de atención cuando en ocasiones el público está ahí para estar con ellas”, explica el director quien actualmente continúa brindando apoyo a la comunidad de Las Patronas vendiendo sus productos –salsas, pulseras, etcétera– durantes las proyecciones, en donde es muy común que una de las señoras lo acompañe creando una conexión real con el espectador.

A pesar de su misión ser una buena causa, Las Patronas corrieron peligro durante los primeros años. Ayudar al migrante no era permitido, sin embargo ellas no se detuvieron y poco a poco muchos más se fueron sumando a la causa. Actualmente no sólo son las mujeres de la comunidad las que preparan la comida y la reparten, hombres y niños también se han sumado a la tarea. Sin ningún indicio de música de fondo, los relatos de cada una de las mujeres van guiando la historia de Llévate mis amores. Sin caer en sentimentalismo o cursilerías, el director presenta una producción cruda y real que permite entender y conectar al espectador con el panorama actual de la migración en el sur del país.

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Para las trabajadoras tener familia representa grandes obstáculos para su vida laboral. Al menos 8 millones se quedan en casa para atender a hijos o familiares, por lo que no tienen un empleo remunerado. Y muchas de las que sí tienen uno, ganan menos que los hombres o son despedidas por embarazo.

El 60% de las quejas que recibe el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) tiene que ver con asuntos laborales. De ellos, la mitad son por el despido de trabajadoras debido a que están embarazadas, informó la titular del organismo, Geraldina González de la Vega Hernández.

La funcionaria participó en la segunda mesa del Parlamento Abierto en material laboral, convocado por el Senado. En el encuentro los ponentes subrayaron los impedimentos que tienen muchas mujeres debido a que la responsabilidad de los cuidados recae en ellas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 8 millones de mujeres con estudios de bachillerato o licenciatura “no pueden o no quieren” tener un empleo pagado. La razón: no podrían tener una jornada extra de trabajo porque ya cuidan a un familiar o a sus hijos, explicó Gisela Briseño Loredo, Subdirectora de Desarrollo Económico de esa dependencia.

El costo económico para el país de delegar esas responsabilidades a las mujeres “es altísimo”, apuntó. Se trata de personal capacitado que no ha logrado integrarse al mercado del trabajo. “Hay una subutilización de la fuerza laboral femenina”, agregó en su turno Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam México.

Más del 30% de las trabajadoras cumple con una doble jornada, la segunda es en su casa, señaló Lucía Pérez Fragoso, de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. La investigadora indicó que quizá el problema radica en la definición de trabajo, pues a las tareas domésticas no se les considera de esa manera, aunque también para ellas se requiere de habilidades.

En 2015, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado representó 24.2% del Producto Interno Bruto (PIB), según Ricardo Fuentes. De ese porcentaje, las mujeres contribuyeron con 18% y los varones con 8 por ciento. “Se necesita una visión feminista” para aportar soluciones y terminar con esta cultura laboral, sostuvo el director de Oxfam.

Guarderías para que las mujeres puedan trabajar

Es necesario crear un sistema de cuidado infantil que permita a las mujeres tener un empleo, dijo Ricardo Fuentes. Para ello no basta con una política de austeridad para destinarle recursos, sino que es urgente una reforma fiscal, apuntó.

A decir de Patricia Mercado, senadora del partido Movimiento Ciudadano, ese sistema de guarderías debe ser uno solo para madres trabajadoras en el mercado formal e informal. “Dedicar tanto tiempo a las tareas domésticas y de cuidado impide además que muchas puedan tomar una capacitación”, lo que las deja más vulnerables al desempleo o a no ser contratadas.

El 25% de las trabajadoras ganan apenas un salario mínimo, mientras que sólo 14% de los hombres percibe esa misma cantidad, de acuerdo con Gisela Briceño, subdirectora de Desarrollo Económico de Inmujeres.

La brecha salarial está relacionada con la responsabilidad que se les asigna a las mujeres de cuidar a la familia y la casa, afirmó Geraldina González, presidenta del Copred. Es decir, el tiempo que ocupan para dedicarse a esas tareas les deja un camino de una doble jornada o la de decidir entre uno u otro.

Las opciones como empleo flexible o de medio tiempo les representa una menor paga. Eso, a largo plazo, redundará en un menor monto de jubilación o pensión. La discriminación de género laboral “afecta la presencia, el salario y el tipo de trabajo que puedan conseguir”.

Hace ya más de cincuenta años que Colombia vive un conflicto armado interno que todavía a día de hoy enfrenta a las guerrillas, a las fuerzas del Gobierno y a los grupos paramilitares. Debido a esta eterna guerra más de siete millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para sobrevivir. Como respuesta a la violencia, un grupo de féminas construyó con sus propias manos lo que se conoce como la ‘Ciudad de las Mujeres’, para así poder vivir en paz de una vez por todas.

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A Miriam González le diagnosticaron cáncer de mama etapa 4 de 5 el año pasado. Hace apenas un año era Directora Regional de Ventas de una empresa de joyería y tenía el proyecto de poner un negocio propio. Sin embargo, con el diagnóstico no sólo se extinguieron sus planes, sino que su cotidianeidad también cambió completamente: pronto su jefe comenzó a desplegar en su contra conductas discriminatorias presionándola para que rindiera más allá de las funciones que tenía encomendadas y con las cuales siempre había cumplido, señalándole además que no siempre le iba a dar permiso de acudir a sus citas médicas para recibir su tratamiento, con lo que se vio obligada a renunciar a su trabajo. “Fue difícil continuar teniendo el seguro del IMSS, no obstante durante algún tiempo el patrón siguió pagando la contribución y me pude seguir atendiendo”.

Meses después las cosas cambiaron cuando Miriam se enteró que tenía derecho a recibir el pago de un subsidio por incapacidad por parte del IMSS –cabe decir que nadie le había informado ni mencionado nada sobre la existencia de ese derecho, sino hasta que conoció a la abogada Irene Lira–. Poco después de solicitarlo y de recibir supervisión externa para obtenerlo, se le informó que ya no podía seguir atendiéndose en el Seguro Social. Miriam recuerda con voz pausada “entonces me pregunté: “¿qué voy a hacer si nadie contrata a mujeres con cáncer?”.

El problema que representa el cáncer de mama en nuestro país es grave: desde 2006 se ha convertido en la primera causa de muerte entre las mexicanas, seguida de cerca por el cáncer cérvico-uterino. A pesar de los esfuerzos que ha habido para erradicar la violencia laboral contra las mujeres que padecen esta enfermedad, no parece estar siendo suficiente, pues según un estudio realizado por la fundación Edificando Vidas cada año cuatro de cada 10 mujeres diagnosticadas son víctimas de discriminación en sus trabajos.

A Yahel Leguel Balcells la diagnosticaron en noviembre de 2018 y hasta ahora no ha podido conseguir un trabajo debido a su enfermedad. Está imposibilitada para hacer esfuerzos físicos porque le han quitado la mama y gran parte del tejido de la axila para su tratamiento. Las empresas no la contratan a pesar de haber realizado un gran número de entrevistas y aplicaciones para vacantes; aunque no se lo dicen, ella sabe que no quieren contratar a alguien que puede sentirse mal y tener que faltar para tratarse.

Quienes logran sobrevivir al cáncer se siguen enfrentando con obstáculos físicos, psicológicos, sociales e incluso laborales. En realidad, en esta materia las políticas públicas se enfocan únicamente en la prevención y el tratamiento médico, pero no en la reinserción social y menos aún en la laboral. Yahel se pregunta: “¿por qué si hay centros especiales para capacitar y contratar personas con Síndrome de Down, no hay uno para mujeres que han tenido cáncer de mama?”.

Hace un par de semanas en el Parlamento de Mujeres de la capital mexicana se presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del cáncer de mama de la Ciudad de México. Esta iniciativa busca sentar y mejorar las bases jurídicas para prevenir y se resolver eficientemente los conflictos emanados por falta de información, discriminación o desconocimiento de los derechos de estas mujeres.

El objetivo primordial es responsabilizar al Estado por las vidas y la salud de las ciudadanas. Esto incluye no solamente brindar los medicamentos y la infraestructura hospitalaria para los procedimientos clínicos pertinentes, sino también una restitución del daño para quienes han sufrido de discriminación laboral por su padecimiento y cuyos derechos humanos han sido vulnerados; la reintegración de la dignidad de las víctimas, junto con un acompañamiento psicológico para reorientar su vida; la generación de garantías, cuyo objetivo es evitar que haya reincidencia de exclusión profesional, así como un aparato de investigación que juzgue y sancione a los empleadores que hayan incurrido en estos actos discriminatorios.

En este momento se están llevando a cabo los procesos de dictaminación en las comisiones de Salud, Asuntos Laborales y Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos del propio Parlamento de Mujeres. De ser aprobada en el siguiente mes, esta iniciativa significaría un primer paso para impulsar dentro del Congreso de la Ciudad de México una política más justa y más responsable que beneficie a las miles de mujeres que se encuentran actualmente atendiendo su cáncer de Mama.

* Camila Martínez Gutiérrez es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM e integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México.

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Más mujeres en los cargos no ha significado necesariamente más mujeres con poder en las instituciones. La razón no tiene que ver con sus méritos ni con sus recursos. Por el contrario, cuanto más capaces y autónomas, menos posibilidades de participar en una campaña electoral o de ejercer su cargo sin violencias. El incremento de mujeres haciendo política ha amenazado el statu quo dominante y ha visibilizado resistencias, simulaciones y diversas formas de violencia política contra las mujeres (por ser mujeres). México carece de una ley federal específica en la materia, lo que dificulta la garantía de sanción, reparación y no repetición por un delito que afecta el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres.

I. A Los Partidos Políticos No Les Gustan Las Mujeres

Los partidos políticos han estado bastante alejados de la idea de que una democracia necesita que las mujeres participen en política y lo hagan en igualdad de condiciones que los hombres para ser democracia. La opinión pública también. Del mismo modo que ha ocurrido en otros países de América Latina, en México la democratización se ha centrado fundamentalmente en las elecciones y la competencia intrapartidista más que en la inclusión política de los grupos que históricamente han estado subrepresentados (mujeres, indígenas, poblaciones afros, de la diversidad de género y sexual). Durante mucho tiempo, que estos grupos estuvieran ausentes de las instituciones y del espacio público no le ha importado a mucha gente, no ha sido parte de los programas partidistas ni ha estado en la agenda de debate público.

Estos grupos, y en particular, las mujeres han sido ignorados de manera sistemática por las dirigencias partidarias, por los medios de comunicación y por los propios electores. Con la aprobación y paulatino fortalecimiento de las reglas de cuotas y luego del principio de paridad constitucional que se ha ido llevando a cabo en México desde la década de 1990 se ha incrementado de manera significativa el número de legisladoras nacionales (llegando casi a la paridad en la integración de las Cámaras tras la elección de 2018). Estos cambios sustantivos han modificado el nivel de representación descriptiva de las mujeres y los incentivos con los que cuentan los políticos para tomar decisiones pero no han conseguido eliminar ni minimizar las resistencias, obstáculos, simulaciones e, incluso, la violencia que la presencia de las mujeres genera contra ellas.

Más mujeres en el poder no ha significado, más mujeres con poder y cuanto más han avanzado ellas en la jerarquía de las instituciones formales, más se ha licuado el poder de esas instituciones hacia los espacios informales. Dicho de otra manera, su presencia no ha significado necesariamente mayor (o mejor) representación ni tampoco impulso a las agendas de género o a la igualdad sustantiva. Ser mujer no significa ser feminista ni tampoco tener conciencia de género. Es más, para muchas mujeres participar en política y/o competir por un cargo les ha exigido ser “super mujeres” y, además, tener que desafiar el statu quo dominante que reproduce estereotipos y roles de género y entiende a la política como un espacio exclusivo de dominio masculino.

Los políticos no han estado muy preocupados (ni tampoco genuinamente convencidos) por la inclusión de las mujeres en sus organizaciones y da cuenta de que no creen en la capacidad de éxito electoral de las mujeres candidatas.

La experiencia de las mujeres con los partidos mexicanos no ha sido muy diferente de otros de América Latina (Llanos y Rosas, 2018; Freidenberg, 2017). Las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres para acceder a los cargos de dirección de las organizaciones partidistas, para ser candidatas o electas a los puestos de representación. Los partidos son organizaciones cruzadas internamente por estereotipos y roles de género (“instituciones generizadas”); donde las mujeres no han recibido la misma cantidad de dinero al hacer campaña que los hombres y han tenido que enfrentar obstáculos muy duros cuando han querido ser líderes, en particular, por la visión sexista del ejercicio del poder.

Todo el conjunto de actitudes y manifestaciones de rechazo de los partidos hacia la participación política de las mujeres evidencia que los políticos no han estado muy preocupados (ni tampoco genuinamente convencidos) por la inclusión de las mujeres en sus organizaciones y da cuenta de que no creen en la capacidad de éxito electoral de las mujeres candidatas. Un estudio reciente sobre los partidos mexicanos realizado en el #LaboratorioMujeresPolíticas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha evidenciado las brechas de género de sus organizaciones políticas, en la que no se presentan diferencias sustantivas por orientación ideológica (Freidenberg, 2017). Si bien uno esperaría que los partidos progresistas sean aliados de la igualdad sustantiva, lo cierto es que en la práctica ni unos ni otros han impulsado de manera activa la lucha por estos derechos.

II. ¿Qué Dicen Las Mujeres Sobre La(S) Violencia(S)?

Las condiciones en las que las mujeres hacen política están cruzadas por múltiples manifestaciones de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Las violentan por ser mujeres (pero también por ser jóvenes, pobres, rurales, lesbianas, afros y/o indígenas). La violencia es interseccional (Crenshaw, 1989). A pesar de que las mujeres reclaman una y otra vez que viven situaciones hostiles, las dirigencias de los partidos no suelen escucharlas. En una encuesta online realizada desde dicho #LaboratorioMujeresPolíticas, entre el 5 y el 31 de agosto de 2018, que fue respondida por 225 candidatos/as (hombres y mujeres) a diferentes cargos de representación de 19 países de América Latina y el Caribe, más del 50% de las/los entrevistadas/os señaló haber vivido situaciones de acoso y/o violencia política.

Las mujeres que respondieron la encuesta (una significativa mayoría respecto al número de hombres que lo hizo) también señalaron que es dentro de los partidos donde experimentan mayor violencia. Por ejemplo, el 47% de las mexicanas indicó haber sido discriminada (por ser mujeres) y de haber percibido favoritismo hacia los hombres al momento de la distribución de las candidaturas (#LaboratorioMujeresPolíticas). Los procesos de selección continúan siendo opacos, controlados jerárquicamente por las dirigencias partidarias, donde nadie puede registrarse sin “autorización” de las cúpulas. También se expulsa de los círculos de poder a las mujeres que se atreven a “registrarse solas” como candidatas (bajo el mensaje de: “a ti no te toca”), que no aceptan ser sumisas ante las órdenes de los dirigentes políticos o bien que se atreven a denunciar ante los tribunales electorales que les fue quitada una candidatura ya registrada sin su consentimiento.

La violencia política contra las mujeres se ejerce de manera explícita y también de modo sutil. Los políticos (y los medios de comunicación de masas) suelen cuestionar si están capacitadas para tomar decisiones, les imponen asesores, no les dejan desarrollar sus proyectos, les dicen qué proponer y cómo tienen que votar. No sólo se trata de violencia física, patrimonial o sexual, sino que se continúan reproduciendo “pactos patriarcales” enmascarados en una simulación constante frente a lo que exigen las reglas formales. Esa visión masculina de las relaciones políticas cruza cada intersticio del modo en que se ejerce el poder (García Beaudoux, 2018).

Los partidos juegan con las expectativas de las mujeres que quieren hacer una carrera política: les prometen recursos, apoyos y cargos, para luego no cumplir con sus promesas; capacitan a mujeres militantes para luego no apoyarlas como candidatas, bajo la excusa de que deben seguir capacitándose (lo que no suelen usar como requisito para los candidatos masculinos). Esos partidos continúan empleando criterios poco meritocráticos en la selección de candidaturas de las mujeres (cosa que tampoco hacen con los hombres): prefieren mujeres de la familia o con vínculo cercano (esposas, hijas, hermanas) frente a las militantes y a las que cuentan con experiencia política, porque siguen pensando a esas mujeres como “suyas” (de su pertenencia), porque pueden mandar en ellas como “sujetos tutelados”.

Ante el acoso y la violencia, casi un tercio de las mexicanas (el 26,12%) señaló que no denunció la situación debido a la falta de credibilidad en las instituciones que deben castigar a quienes ejercen la violencia contra ellas.

En diversas entrevistas realizadas para el #LaboratorioMujeresPolíticas, las mujeres también señalaron que el ejercicio de la política se da en el marco de un profundo clima de impunidad para quienes ejercen la violencia contra ellas. Estos datos se corresponden a otros estudios que se han realizado en México y América Latina. Ante el acoso y la violencia, casi un tercio de las mexicanas (el 26,12%) señaló que no denunció la situación debido a la falta de credibilidad en las instituciones que deben castigar a quienes ejercen la violencia contra ellas. La impunidad es un elemento que sobrevuela la evaluación que las mujeres hacen respecto a la posibilidad de denunciar cuando han sido acosadas y/o violentadas en el ámbito público y esa impunidad deja a los delitos sin juzgar.

III. ¿Qué Pueden Hacer Los Partidos Para Eliminar La Violencia Política Contra Las Mujeres?

La experiencia latinoamericana da cuenta de una paradoja: al mismo tiempo que muchos partidos reproducen prácticas sexistas, misóginas y excluyentes, estas organizaciones impulsan cambios en las reglas electorales inclusivas que les obliga a colocar mujeres para las candidaturas por cargos de representación popular (Caminotti y Freidenberg, 2018). Aún cuando ellos son los que históricamente han reproducido entramados sutiles de violencia, discriminación y demás dispositivos para no dejar llegar a las mujeres a los cargos y/o ejercer el poder, estas estructuras de intermediación también son las que han impulsado cambios incluyentes que van lentamente teniendo impacto en las instituciones y en la sociedad.

Los partidos podrían ser – si quisieran- desarrollar una amplia gama de estrategias institucionales y/o no institucionales contra la violencia política en razón de género (1), que van desde la divulgación (declaraciones, discursos o campañas de comunicación para poner el tema en agenda y/o enseñar cómo denunciar); medidas de acción afirmativa, fomentando mecanismos que transformen al partido y lo hagan una institución “(des)generizada” (Acker,1992), acciones formativas específicas (talleres, conferencias, foros, cursos) para militantes y dirigentes (en particular, para los hombres en “nuevas masculinidades”), hasta el uso denormas específicas, como la integración de los cargos internos de manera paritaria (como ya lo exigió para que sea obligatorio una sentencia el TEPJF) o la aprobación de protocolos y reglamentos que indiquen cómo deben los militantes y dirigentes proceder ante la violencia.

Los partidos son agentes de cambio institucional. En México, por ejemplo, ellos deberían ser los primeros en impulsar la aprobación de una ley federal que tipifique la violencia política en razón de género como delito electoral. Aún cuando la impunidad parece ser una práctica común y no se trata de “sobreregular los comportamientos” (Piscopo 2017), los actores deben contar con reglas claras para poder actuar (Alanis Figueroa, 2017). Si bien ya existe un Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres, se requiere una ley que clarifique qué es y qué no es violencia (a pesar de los esfuerzos realizados en la materia en los últimos años); en qué medida afectan el ejercicio de los derechos políticos-electorales y cuánto implica su “determinancia” y en qué medida se da el componente de género que cruza la definición (lo que resulta más dificil de distinguir como señala Martha Martínez, de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos).

Las normas deben ser claras sobre qué ocurre cuando se violenta a las mujeres, cuando se está ante una falta grave o una gravísima y cuáles son las sanciones para cada manifestación de violencia (Ley Modelo CIM-OEA). La discusión ha estado cruzada por la tensión entre lo punitivo y lo administrativo. Después de varios años de debate, cada vez es mayor el consenso en la cooperación internacional, las autoridades y la academia en torno a la necesidad de impulsar  sanciones administrativas, político-partidistas y/o electorales más que las penales así como también que esas medidas incluyan consecuencias inmediatas. Esas sanciones van desde a) amonestaciones públicas, b) suspensiones de los derechos como militantes; c) impedimento de ejercer candidatura en nombre del partido por un período de tiempo; d) impedimento de ser electo/a en nombre del partido por un período de tiempo o para ser dirigente del partido; e) pérdida del cargo que se está ejerciendo y/o f) expulsión (o pérdida de la militancia) del partido. Para todo ello, los partidos deben además contar con reglas y órganos internos donde se pueda identificar, vigilar, denunciar, sancionar y dar seguimiento a las situaciones de violencia política de género que propician sus dirigentes y militantes desde dentro de la organización política. 

IV. La Violencia Política Contra Las Mujeres Debe Tener Costos Partidistas Y Electorales

Que la ley tenga dientes, como suelen decir mis colegas, resulta clave para que haya sanción, reparación y no repetición. Mi sugerencia es que además de sanciones legales también haya un costo partidista y otro costo electoral para quienes ejercen la violencia. Entiendo como costo partidista el hecho de que los partidos sean también responsables por ubicar entre sus candidatos a individuos que hayan sido juzgados con sentencia en firme por haber ejercido violencia política en razón de género. De ese modo, las cúpulas partidarias revisarán con lupa a quienes postulen en sus candidaturas.

En ese sentido, también resulta clave que el Instituto Nacional Electoral cuente, al momento de registrar las candidaturas, con un padrón de individuos que hayan sido sancionados por ejercer violencia política en razón de género (2). Si resulta ser que un número importante de candidatos de un mismo partido cuentan con sentencia en firme por violencia política en razón de género, las dirigencias partidarias deberían ser responsables frente a las autoridades del hecho de proponer candidatos que no cumplen con el requisito de tener un modo honesto de vivir. Y, por su parte, no se debería poder registrarlos como candidatos.

Si los electores castigan en las urnas a los candidatos con pasado violento, es menos probable que éste gane una elección y, por tanto, menor la posibilidad de que el partido esté interesado en su postulación.

La ciudadanía debe ser una aliada de las mujeres políticas rechazando enfáticamente cualquier manifestación de violencia política. Si los electores castigan en las urnas a los candidatos con pasado violento, es menos probable que éste gane una elección y, por tanto, menor la posibilidad de que el partido esté interesado en su postulación. La violencia no puede quedar impune y debe generar costo electoral. Los partidos entienden el lenguaje de los votantes: sólo una derrota electoral (o la expectativa de que van a perder una elección) hace cambiar las estrategias. La violencia política en razón de genéro debe continuar siendo una causal de nulidad de las elecciones. En este punto, los/las periodistas deben contribuir cambiando la narrativa y generando marcos cognitivos (frames) orientados a sancionar y condenar culturalmente el ejercicio de la violencia. 

Los militantes y dirigentes de los partidos ejercitan violencia política de género porque pueden. Lo hacen porque no hay un costo partidista, porque a la gente no parece importarle y, por tanto, no hay costo electoral por ejercer la violencia. Las mujeres enfrentan actitudes, prácticas y simulaciones, a pesar de todos los esfuerzos normativos e institucionales para mejorar las condiciones de igualdad de la competencia y del ejercicio del poder. Hay que pasar de los diagnósticos a la acción integral y dejar de poner una y otra vez las exigencias en las mujeres: que tienen que sumar, que tienen que estar capacitadas, que tienen que ser sororas y además defender los intereses de las mujeres. Los costos no pueden seguir estando en las víctimas.

La violencia política no puede seguir siendo el costo que deben vivir las mujeres por querer hacer política. Lo que urge es aprobar una ley específica en violencia política en razón de género, cambiar el relato y normalizar la presencia de las mujeres como detentoras de poder. Como decía una colega feminista en un foro reciente, “hay que encontrar el botón que elimine el patriarcado”. No se trata sólo de regular comportamientos (para que luego no se cumplan las sanciones) sino que tiene que ver además con cuestionar el dominio de los hombres (sobre las mujeres), los roles, los estereotipos y las diversas formas de exclusión. La estrategia pasa necesariamente por feminizar la política y la sociedad, con una agenda impulsada de manera conjunta entre hombres, mujeres y otres, que lleve a cabo el cambio cultural necesario para transformar el modo en que se entiende, se hace y se vive la política en el país.

(1) La violencia política en razón de género es definida como “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras y/o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionalmente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”. Ver Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género (México: TEPJF, 2017). 

(2) Esto supondría fortalecer al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, a través de un apartado que permita delimitar de manera específica los casos de violencia política en razón de género. Ver más aquí: https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx 

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Una de las ingenieras que trabajó en la misión del Apolo 11 que llevó al primer hombre a la Luna recordó hace unos días cómo se le dijo que la sala de control de la Nasa no era lugar para mujeres. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 50 años, pero no tan rápido como muchos esperaban.

La BBC habló con cinco científicas de distintas generaciones que están rompiendo las barreras en sus campos.

La pionera: profesora Jocelyn Bell Burnell

Es famosa por haber descubierto la primera púlsar (estrella de neutrones) hace más de 50 años. La profesora Jocelyn Bell Burnell también ha sido desde hace mucho tiempo defensora de las mujeres en la ciencia.

Durante los años 50, cuando estudiaba en un colegio en Irlanda del Norte, no se le permitió estudiar ciencia al igual que a otras niñas, pero sus padres (y otros) protestaron.

«Enviaban a los niños a los laboratorios de ciencia y a las niñas nos enviaban a la sala de asuntos del hogar porque todos sabían que las niñas solo se iban a casar y necesitaban aprender cómo hacer las camas», recuerda.

Derechos de autor de la imagenCOLIN MCPHERSON

Actualmente es profesora visitante de astrofísica en la Universidad de Oxford. Fue una de las integrantes del grupo de científicas cuyos esfuerzos condujeron hacia el reconocimiento del compromiso para avanzar las carreras de mujeres en la ciencia.

El programa Athena Swan requiere que las universidades y colegios cumplan con la igualdad de género.

«Comenzó lentamente hasta que algunos de los organismos que otorgan fondos a las universidades se dieron cuenta y dijeron: ‘Tienen que establecer uno de estos premios Athena Swan si quieren recibir nuestro dinero’», cuenta la profesora.

«Eso hizo que pusieran una extraordinaria atención».

La brecha de género en la ciencia es cultural, no tiene que ver con el cerebro de las mujeres, y algunos países están haciendo mejor trabajo que otros, explica la científica.

En astrofísica, la situación en los países del sur de Europa como Francia, España e Italia, está mejor que en los países del norte de Europa, como Alemania y Holanda, por ejemplo.

«En todos esos países la proporción de mujeres está aumentando pero el patrón sigue siendo el mismo, lo cual es interesante», afirma.

«El progreso es lento, las cosas están cambiando gradualmente».

¿Y cuál es su consejo para las mujeres en la ciencia?

«No se sientan intimidadas, aguanten, trabajen duro, y por supuesto, sean valientes».

La líder de investigación: doctora Nicola Beer

Para la doctora Nicola Beer, su interés en la ciencia se desarrolló a una edad temprana: uno de sus recuerdos en sus primeros años es observar cómo su profesor en la escuela primaria demostraba el concepto de las ondas de sonido utilizando un plato de papel lleno de hielo y un altavoz portátil.

Formó parte de la primera generación de su familia que fue a la universidad y su licenciatura en bioquímica en la Universidad de Bristol la condujo a un doctorado en Oxford y a una beca Fullbright en el MIT y en Harvard, en Estados Unidos.

Después cambió la investigación básica por la dirección de un equipo de investigación.

Derechos de autor de la imagenNOVONORDISK

Ahora es jefa del departamento de Descubrimientos de Biología y Farmacología en el Centro de Investigación Novo Nordisk, en Oxford, Inglaterra, y su rol es tanto gerencial como científico.

«Se trata de establecer la dirección estratégica, ayudar a la gente a madurar sus ideas, entregarlas y apoyarles en su carrera», dice.

Cree que con menos mujeres ocupando roles de liderazgo, las mujeres tienen la obligación de apoyarse entre sí, como mentoras, transmitiendo su conocimiento o simplemente «siendo generosas y abriendo las puertas».

«Esto es algo que creo que debería hacerse en todos los campos, ya sea si se es mujer, si se es joven, o si se es gente en su carrera profesional. Tenemos la obligación de trazar el camino y no solo proteger nuestra propia posición, y para eso la generosidad es muy importante», afirma.

Como mujer líder, se ha dado cuenta de que la gente a menudo trata de sugerir una única forma en la que las mujeres deberían ser líderes, por ejemplo, hablar más fuerte o ser más firmes en una situación o responder a las cosas de determinada forma.

«Creo que debemos hacer un esfuerzo concertado para alentar a las mujeres a ser las mejores líderes posibles, más que ser un estereotipo de lo que percibimos que deberíamos ser», expresa.

Para ella, esto significa evitar las ideas preconcebidas que tenemos sobre otros, como los límites a lo que podemos lograr y el trabajo que podemos hacer.

«Me apasiona la causa para romper los techos de cristal. Y creo que debemos derribar los silos que hay entre nosotras, las cajas y los prejuicios», asegura.

La vanguardista: Gladys Ngetich

Cuando en una reunión se le dijo a Gladys Ngetich «no pareces una ingeniera», ella volvió a casa preguntándose cómo se supone que debe parecer una ingeniera.

Cuando realizaba una investigación como estudiante de ingeniería mecánica se acostumbró a luchar contra los estereotipos y a ser una especie de vanguardista.

Durante sus estudios de licenciatura en ingeniera mecánica en Kenia, ella era una de las ocho mujeres en una clase de 80 personas.

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Dice que en su primer año «la mayoría de los chicos en nuestra clase pensaban que no terminaríamos», pero ella acabó la licenciatura con la nota más alta.

Actualmente está completando su doctorado en ingeniera aeroespacial en la Universidad de Oxford y acaba de ganar una beca del programa Schmidt Science para investigar tecnologías de ciencia espacial que apoyen el desarrollo sostenible.

Inspirada por mujeres como la profesora Bell Burnell, Gladys desea ayudar a inspirar a una nueva generación de ingenieras.

«Lo que me mantiene avanzando es el hecho de que alguien tiene que trazar un nuevo rumbo, alguien tiene que comenzar a caminar para trazar la ruta para alguien más», afirma.

«Espero que haya una ruta para las mujeres que vengan detrás de mí».

Expandiendo los límites: Dra. Megan Wheeler

¿Cómo resuelves los grandes retos que enfrenta el mundo?

La ciencia tiene soluciones, pero solo si miras los problemas a través de múltiples lentes.

Esa es la opinión de la doctora Megan Wheeler, quien, como directora ejecutiva del programa de becas Schmidt Science, tiene la misión de formar a la próxima generación de líderes científicas.

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La doctora Wheeler tiene dos doctorados, en neurociencia (Universidad de Oxford) y psicología clínica (Universidad Católica de Estados Unidos).

Ahora está dirigiendo un programa diseñado para aprovechar lo mejor y más brillante de la ciencia para combatir desafíos globales.

Los esfuerzos como el proyecto del genoma humano han mostrado el valor de trabajar cruzando distintos límites de la ciencia para avanzar en los descubrimientos, afirma.

«Creo que es esencial tener científicos que tengan una experiencia real sólida pero también que puedan cruzar estos límites», considera.

Ser científico hoy en día significa tener la capacidad de salir del laboratorio y comunicar por qué es importante el trabajo, agrega.

Esto requiere una amplia habilidad para comprometer al público, a los organismos de financiación y a los políticos, pero también para trabajar con científicos de otras disciplinas para «ver soluciones a problemas que uno no podía ver estando solo».

La estrella en ascenso: Elina Aino Johanna Pörsti

Hija de un profesor de física y de una médica, Elina Aino Johanna Pörsti creció en Finlandia en una familia donde el diálogo científico era instintivo.

Cuando había truenos su padre se ponía a explica la física detrás de ello mientras su madre explicaba el cuerpo humano.

Siendo niña mostró su espíritu empresarial cuando abrió su propia farmacia en la playa.

«Cada piedra era una medicina diferente y cuando la gente venía y me decía que se sentía mal, yo les daba la medicina apropiada», cuenta.

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En el colegio hizo un curso de biología sobre edición de genes, que marcó el rumbo de su futura carrera.

«Es increíble que puedas extraer ADN y trabajar en un laboratorio, y pensé que eso era genial y algo que yo podría hacer», recuerda.

«Estoy fascinada por la ciencia porque me gusta entender y siempre hay algo más que entender y algo más que leer y aprender».

Elina estudió ciencia molecular en la Universidad de Helsinki y obtuvo una maestría en Copenhague.

Ahora es científica en el Centro de Investigación Novo Nordisk de Oxford y trabaja en el descubrimiento de nuevas herramientas de diagnóstico.

La científica explica que en el colegio en Finlandia todos eran tratados de la misma forma, un aspecto que considera clave para mejorar la posición de las mujeres en la ciencia.

«Al pensar en cómo podemos mejorar la posición de las mujeres en la ciencia en general, creo que el trabajo debe comenzar en los primeros años», destaca.

Toda la información e imágenes son de BBC
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El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán aprobó por unanimidad el establecimiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, convirtiéndose en la primera institución de nivel superior del sureste mexicano en contar con uno.

El documento, elaborado por el Programa Institucional de Igualdad de Género de la universidad alrededor del año 2016 y aprobado a principios de mes, contempla acciones para prevenir y mitigar casos de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual que sucedan dentro de cualquier campus o alguna de las tres preparatorias de la UADY.

En entrevista con SemMéxico, Rosa Elena Cruz Pech, cofundadora de la campaña UADY Sin Acoso, detalló que, además de estas acciones, el protocolo también dictamina la realización de una campaña de prevención que incluye talleres, pláticas y materias enfocadas al tema de género, dirigidos tanto a estudiantes como a los docentes y al personal manual y administrativo de la institución.

Cabe recordar que el mes pasado, estudiantes de la Preparatoria Número Uno, perteneciente a la Universidad, se manifestaron en apoyo de una compañera que denunció a su profesor de acoso sexual, quien fue debidamente despedido. Días después surgieron casos similares que se hicieron públicos y fueron difundidos por los medios de comunicación.

De acuerdo con la también estudiante de la Facultad de Antropología de la UADY, estos casos, aunados a las denuncias que ha recibido la campaña de la cual forma parte, “marcaron la importancia” para la universidad de contar con esta herramienta, que servirá para “llevar de manera legal y formal” este tipo de casos.

“Creo que es muy importante lo que acaba de hacer la universidad al tener ya una herramienta que, con el simple hecho de tenerla está reconociendo que exista la violencia de género dentro de ella”, aseguró.

Asimismo, indicó que atender estos casos desde la Máxima Casa de Estudios de Yucatán, implica otorgar una educación integral a los estudiantes, más allá de la excelencia académica, y que esto mismo repercutirá en la interacción social que tengan en el futuro profesional.

Por otra parte, respecto a ciertos comentarios que ha habido a raíz de las denuncias públicas de estudiantes, como el caso de la Preparatoria Número Uno, de que la institución encubre a los agresores, Cruz Pech opinó que estas situaciones eran el reflejo de la falta de “herramientas formales”, como es el protocolo.

“Cada director hacía lo que consideraba que debía hacer, y una de las principales cosas es el silencio, el que nadie se entere que está pasando por el tema de la imagen institucional. Esperamos que con este protocolo estos silencios dejen de generarse dentro de la universidad”.

Afirmó que, aunque el protocolo es un “primer paso”, todavía falta más por hacer para combatir la violencia de género. No obstante, esta acción histórica “da pie para que otras instituciones se empiecen a cuestionar sobre la necesidad de implementar estos protocolos de atención”, porque es una realidad que debe ser reconocida para ser erradicada.

UADY sin Acoso a 6 meses de campaña

UADY Sin Acoso es una campaña de prevención y atención de la violencia, diseñada hace casi un año por estudiantes de esta Casa de Estudios, y que comenzó formalmente a principios de este 2019, teniendo un registro de 19 denuncias hasta la fecha, de las cuales solo tres han sido públicas.

Entre los casos que han documentado, se encuentran situaciones de discriminación, acoso sexual, hostigamiento, acoso virtual, abuso sexual de menor de edad, abuso sexual en mayores de edad y un caso de violación.

Al respecto, Rosa Elena Cruz detalló que, la mayoría de estas denuncias son hechas por mujeres, excepto una referente a discriminación por religión. Sin embargo, este tipo de situaciones son muy normalizadas dentro del ambiente escolar.

“El acoso inter estudiantil está aún más normalizado que el hostigamiento, entonces ven normal que una persona te lance cierto comentario, te alce la falda, te desabroche el brasier, entonces son actitudes muy normalizadas que con el tiempo se van a ir erradicando”.

De igual forma, detalló que, muchos estudiantes todavía no se atreven a denunciar, porque tienen “el miedo de las represalias que puede haber o de que no se va a hacer nada” pues, aunque ya existe el protocolo, este establece que solo hay un año de margen de actuación, desde que ocurre el suceso.

Sin embargo, la campaña no solo recibe denuncias y realiza talleres y pláticas de prevención, sino que brinda apoyo a las víctimas, desde la canalización legal o psicológica con expertos para llevar los casos.

Toda la información e imágenes son de SEMMEXICO.
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