Autor: Editora

El gobierno federal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron la iniciativa “Spotlight”, con la que buscan combatir la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

La inversión será de cerca de 11.8 millones de dólares que se destinarán para atender a tres estados de la República en cinco municipios: Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México; Chihuahua y Ciudad Juárez en Chihuahua, y Chilpancingo, en Guerrero.

En julio iniciarán diálogos en las 32 entidades federativas, “donde vamos a escuchar y recopilar las propuestas directamente, vamos a escuchar a las mujeres, sus necesidades, sus soluciones”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación este miércoles.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas, Phumzile Mlambo-Ngucka, indicó que a nivel mundial, la iniciativa “Spotlight” enfoca sus esfuerzos en las formas más prevalecientes de violencia, pero que en América Latina, “la iniciativa se centrará específicamente en el feminicidio, dada la incidencia elevada de este delito en la región”.

Esta iniciativa busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas en las entidades y municipios desde lo local.

Los pilares de la iniciativa son: revisar el marco legislativo y de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la prevención para cambiar normas y comportamientos violentos, los servicios de calidad con atención en la prevención y la resiliencia, y el manejo de datos de información para fomentar y desarrollar políticas públicas, y programas sobre violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género y el feminicidio.

El director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, resaltó que “no hay desarrollo si seguimos con la violencia contra las mujeres; es imposible pensar en la implementación de la agenda 20-30 y un mundo más justo si no enfrentamos a este problema de violencia y de género”.

A su vez, la titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann, señaló que la corrupción afecta la vida de las mujeres, pues de cada tres pesos que ingresan en los hogares más pobres del país liderados por mujeres, uno se destina a pagos irregulares a cambio de servicios básicos.

En tanto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, indicó que las premisas de la iniciativa son contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Los esfuerzos se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, del ciclo de vida, la interculturalidad y de la perspectiva de género, afirmó.

Destacó que “se trata de un esfuerzo de cooperación internacional que busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas en las entidades y municipios desde lo local”, y pone énfasis en el movimiento de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil.

López Obrador subrayó que su administración tiene el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres y evitar la violencia, el maltrato y la discriminación contra este sector.

Dijo que al igual que entonces, ahora hay un equilibrio, pues “es el mismo número de hombres que de mujeres. Teníamos hasta hace unos días un gabinete cercano de ocho hombres, ocho mujeres; hubo necesidad de hacer unos cambios pero siempre se toma en cuenta la paridad de género”.

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El incremento de la violencia armada y la militarización de la seguridad pública ha afectado desproporcionadamente a las mujeres jóvenes, quienes ahora son asesinadas mayoritariamente en el espacio público y con armas de fuego, reporta el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE.

Con base en los registros de mortalidad del Inegi, el informe indica que de 2007 a 2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 por cada 100 mil habitantes a 2.5, mientras que casi se duplicó en la vivienda, al pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En ese año se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas.

De acuerdo con el estudio, el incremento en los asesinatos de mujeres está asociado a la violencia en la via pública. “Donde ha habido un repunte en la violencia, no solo se han disparado los asesinatos que ocurren en la vía pública, sino también los que ocurren en la vivienda. Sin embargo, los homicidios en la vivienda son distintos desde que la tasa de homicidios aumentó: se cometen en mayor proporción con arma de fuego. Esto es muy importante porque sugiere que el aumento en la tasa de asesinatos en la vivienda también está asociado a la violencia pública”.

“Desde nuestra perspectiva, esto nos revela que tenemos prácticamente tres fenómenos que atender –si bien dos de ellos están íntimamente relacionados–. El primero es la violencia armada en público, que es la que más ha aumentado, afectando desproporcionadamente a las mujeres jóvenes. El segundo es la violencia en casa, con arma de fuego, que se ha disparado ahí donde también incrementaron los homicidios en público. Y el tercero es la violencia en casa que ha permanecido casi inalterada en este periodo, afectando desproporcionadamente a niñas y a adultas mayores y siendo insistentemente cruel”.

Aunque la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sistemáticamente distintay por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. Es decir, lo que puede funcionar para reducir los homicidios de hombres no necesariamente va a funcionar para reducir los homicidios de mujeres y viceversa.

En ese sentido, el informe enfatiza en la necesidad de atender dos fenómenos distintos si se quiere prevenir los asesinatos de mujeres en México. Por un lado, entender lo que ha cambiado (la violencia armada en público y el contexto más amplio de inseguridad y militarización), y lo que ha permanecido igual (la violencia en casa).

Por ello entre las propuestas para reducir los homicidios de mujeres en el país, el estudio plantea un control efectivo de armas y la desmilitarización de la seguridad pública, además de enfrentar adecuadamente la violencia en casa y remediar la falta de datos.

El estudio aclara que no se utilizó el término “feminicidio” para referirse a los homicidios de mujeres ante las variaciones que hay sobre las definiciones del término entre la academia, los espacios de activismo y el ordenamiento jurídico mexicano.

“Con los datos disponibles sobre cómo y dónde matan a las mujeres, cuáles son considerados feminicidios dependerá, por lo tanto, de la definición de feminicidio que se adopte. Por esta variabilidad, tanto legal como conceptual, es que hemos optado por usar ‘asesinato’ u ‘homicidio’ en su lugar. La pregunta que queremos responder es dónde y cómo matan a más mujeres y cómo es que este fenómeno cambia en el tiempo. La intención que tenemos es arrojar luz a cuáles serían las políticas que, según los datos, podrían ser más fructíferas para reducir los asesinatos de mujeres, encajen o no en las definiciones penales de feminicidio”.

De la casa a la calle

De acuerdo con el informe, el primer hecho que impacta en el homicidio de las mujeres es el incremento de la violencia a nivel nacional tras la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Con base en los Registros de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es posible concluir que, a nivel nacional, los asesinatos de mujeres, como los de los hombres, han aumentado en años recientes en México. Ambos tuvieron las tasas más bajas de las últimas cuatro décadas en el 2007, solo para dispararse desde entonces hasta alcanzar, en el 2017, las tasas más altas de las últimas cuatro décadas en el país. En total, solo en este periodo, estamos hablando de poco más de 213,000 hombres y de 25,800 mujeres que fueron privadas de sus vidas.

“La crisis de seguridad en México es, en otras palabras, innegable. Lo que los datos revelan, sin embargo, es que este aumento de los asesinatos no ha sido homogéneo. No ha impactado a todas las mujeres –ni hombres– por igual. Hay variaciones importantes, particularmente cuando la edad y localidad de las víctimas se toman en cuenta. Más aún: ha habido un cambio dramático en el tipo de asesinatos que más afecta a las mujeres, en cuanto al lugar y al modo de ocurrencia se refiere”.

El estudio refiere que los picos de violencia se deben al aumento desproporcionado de asesinatos cometidos con arma de fuego en el espacio público en contra de jóvenes. “Asesinatos que –todo indica– están asociados no solo a la ‘delincuencia’, sino también a la militarización de la seguridad pública en el país, misma que se ha intensificado desde que a finales de 2006 se lanzó la llamada ‘Guerra contra las drogas’ por el entonces presidente Felipe Calderón”.

Si bien mucho del aumento en los asesinatos en México está asociado a este fenómeno concreto, este tampoco agota todo lo que está ocurriendo.

El explorador de datos de violencia que presenta hoy @datacivica permite visualizar datos de @INEGI_INFORMA y del #SESNSP sobre homicidios de mujeres de forma accesible. ¡Felicidades por esta herramienta tan útil! #MásYMejoresDatos pic.twitter.com/sWasp8HS0r

— México Evalúa (@mexevalua) May 29, 2019

“La realidad es que, al mismo tiempo que la violencia pública y armada ha ido en aumento, los asesinatos en la vivienda, mismos que siguen desproporcionadamente afectando a mujeres, tampoco se han reducido. A pesar de las políticas que, desde hace décadas, se han implementado para combatir la violencia en casa, los asesinatos que ahí ocurren persisten”.

De acuerdo con los datos del Inegi, cuando se desagregan los asesinatos con base en si ocurrieron en la vivienda o en la calle, lo primero que sobresale es que el porcentaje de homicidios de mujeres que ocurrieron en la vía pública aumentaron en los últimos años, al punto en el que sobrepasaron a los que ocurrieron en la vivienda. “Este es el primer cambio notable que encontramos: antes del 2009, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa; a partir de entonces, sin embargo, la mayoría fueron privadas de sus vidas en la vía pública”.

Al analizar los datos usando tasas por 100 mil mujeres, las autoras del estudio encontraron que si bien los asesinatos en la vivienda también aumentaron, los que ocurrieron en la vía pública crecieron aún más, y que estos coinciden con el aumento generalizado de los asesinatos. “En dos de los tres años más violentos a nivel nacional, la proporción de los asesinatos en la vía pública alcanzaron sus puntos más altos, tanto para hombres –64.8%, en el 2011 y 64.7 %, en el 2017–, como para mujeres –49.2 % y 47.7 %, respectivamente–. Si 2017 fue el año más violento en décadas, solo seguido de 2011, se debe principalmente al aumento de los asesinatos de mujeres y de hombres en el espacio público”, explica el documento.

El disparo de la violencia armada

Otro de los hallazgos del estudio es que gran parte del incremento en el número de asesinatos tanto en hombres como en mujeres se explica por la violencia armada.

“En hombres, la tasa de asesinato por arma de fuego pasó de ser de 8.9 por cada 100,000 en el 2007 a 32.7 en el 2017. En mujeres, la tasa pasó de ser de 0.7 por cada 100,000 en el 2007 a 2.7 en el 2017. Para los primeros, la tasa aumentó, en este periodo, en un 267.4 %. Para las segundas, el aumento fue del 285.7 %. En los mismos once años, la tasa de asesinatos por asfixia o de aquellos perpetrados con un arma blanca sí aumentaron –tanto para hombres, como para mujeres–, pero el aumento de ninguna forma es similar en magnitud al de las armas de fuego.

“Si se desagregan los datos según el lugar de ocurrencia del asesinato, puede verse que el aumento en la tasa total de homicidios, de nuevo, se debe principalmente a la violencia armada en el espacio público, tanto para hombres, como para mujeres, si bien el cambio ha sido mayor en ellas. Mientras que entre el 2007 y el 2017 la tasa de asesinatos de hombres en el espacio público con arma de fuego se volvió 4.6 veces más grande, en mujeres la cifra se quintuplicó. Desde nuestra perspectiva, esta discrepancia solo remarca, una vez más, lo novedoso que resulta este fenómeno particularmente para las mujeres: cómo cambió radicalmente la manera en la que más han sido asesinadas”.

El informe enfatiza que entre las principales víctimas por el incremento de esta violencia se encuentran mujeres entre los 20 y 35 años, al pasar de

2.5 mujeres de 20 a 27 años por cada 100 mil y 2.7 mujeres de 28 a 35 años en 2007 a 8.9 y 8.2 por cada 100 mil respectivamente en 2017. Las tasas de estos dos grupos de edad para mujeres se triplicaron en tan solo 11 años.

La violencia que persiste

Entre los datos que destaca el estudio se encuentra la persistencia en la forma en que son asesinadas las mujeres en comparación con los hombres, de acuerdo el Inegi.

Entre el 2000 y el 2017, el 32.6 % de las mujeres fueron asesinadas en la vivienda, en comparación con el 12.3 % de los hombres. Sigue siendo más común para las mujeres que para los hombres ser asesinadas en casa, mientras que los homicidios en casa afectan desproporcionadamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas.

En ese mismo periodo también fue más común para las mujeres que para los hombres ser asesinadas por asfixia (17.4 % vs 6.2 %), con un arma blanca o contundente (18.3 % vs. 15 %), como resultado de una “agresión con fuerza corporal” (1.0 % vs. 0.8 %) y de un envenenamiento (0.8 % vs. 0.2 %). De los “poquísimos” casos registrados de muertes que fueron el resultado “de una agresión sexual con fuerza corporal”, la mayoría de las víctimas fueron mujeres (el 86 %). Este tipo de violencia es más intensa en la vivienda.

En cuanto a violencia familiar, del total de asesinatos ocurridos entre 2003 y 2017, en el 5.1 % de asesinatos de mujeres se registró por esta modalidad, en contraste con el 0.8 % de los hombres, mientras que del 2012 al 2017 el 3.6 % de los homicidios de mujeres registró un parentesco con el presunto agresor, en contraste con el 0.6 % de los hombres. En pocos casos, para las mujeres la pareja aparece en el 48.95 % de los registros, mientras que en los hombres la pareja ni figura.

¿Qué hacer para prevenir los asesinatos de mujeres?

Para las autoras del estudio, la lección más importante que se deriva de los datos es que además de exigir políticas para atender, castigar y prevenir la violencia en la pareja o para erradicar la discriminación por género que persiste en distintos espacios, también se tienen que exigir políticas que hagan frente a la crisis de seguridad más amplia.

Entre ellas, políticas que garanticen un control efectivo de armas; que impulsen la desmilitarización de la seguridad pública, y que fortalezcan a las instituciones civiles “para que realmente sean capaces de responder a la violencia de manera inteligente, focalizada, transparente y justa, desde lo local y de la mano de la comunidad”.

“La realidad cambió y se complejizó y nuestras estrategias tienen que dar cuenta de ello si queremos que ni una mujer más sea privada de su vida”, concluyen.

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México se ha sumado al programa Spotlight, aquel que a nivel global busca erradicar la violencia contra mujeres y niñas y en el cual la Unión Europea ha invertido, de manera inicial, 500 millones de euros.

La iniciativa nació, precisamente en el seno de la Unión Europea, quien junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha comenzado a realizar esfuerzos encaminados a hacer realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

La ONU explica en su página oficial que “la violencia (en contra de las mujeres) tiene lugar en la oscuridad, se niega o se oculta y no puede sobrevivir a plena luz”, por lo que es de suma importancia invertir de manera especifica en mujeres y niñas para alcanzar el desarrollo sostenible.

La Unión Europea ha realizado un inversión de 500 millones de euros para Spotlight, además ha invitado a que otros donantes se unan con miras a ampliar el programa que, mientras tanto, ya ha llegado a México.

La iniciativa, cuya meta final es dar cabal cumplimiento a los derechos humanos de mujeres y niñas para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya realiza inversiones específicas en Asia, África y América Latina.

En México, tres estados de la República serán prioritarios en la inversión que será, en total, de 11.8 millones de dólares: el Estado de México con los municipios de Naucalpan y Ecatepec; Chihuahua, específicamente Ciudad Juárez y los municipios de Chihuahua y Chilpancingo en Guerrero.

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Una “marea verde” de miles de mujeres rodeó el Congreso el martes para exigir la legalización del aborto en Argentina y advirtieron que si ello no sucede harán valer el poder de su voto en las elecciones generales de octubre.

La movilización respaldaba la presentación formal del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación en la Cámara de Diputados. Es la octava vez que la iniciativa llega al parlamento en más de una década, pero ahora con una novedad: se debatirá justo en año electoral.

“Hemos demostrado la capacidad de hacer a un lado nuestras diferencias”, destacó la diputada Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza que integra la coalición de gobierno del presidente Mauricio Macri durante una reunión de diputados que apoyan el proyecto y que fue seguido por una multitud fuera del Congreso. “En un año electoral estamos todos y todas de diferentes partidos sentados acá”, enfatizó.

Argentina, el país natal del papa Francisco, estuvo a punto de sancionar la despenalización del aborto en 2018 tras una histórica media sanción en Diputados, pero no prosperó en el Senado.

La actividad legislativa por lo general es nula en tiempos de campaña electoral. Pese a ello y a que la conformación del Congreso es la misma que un año atrás –los nuevos legisladores asumirán a fin de año– el movimiento feminista insiste en su reclamo.

“No tenemos tiempo para esperar porque se siguen muriendo mujeres”, señaló la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda. “No hay tiempo para que los bloques políticos que se arrodillan ante las iglesias dilaten su tratamiento”.

La legisladora propuso convocar a los candidatos de todas las fuerzas políticas a un debate “para que quede claro quién esta a favor de las mujeres y niñas y quién a favor de la muerte clandestina”.

Macri buscará la reelección y la exmandataria y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015) aspira a alcanzar la vicepresidencia junto a su exjefe de gabinete Alberto Fernández.

Macri no apoya el aborto pero ha dado vía libre a su discusión. Fernández se ha manifestado a favor de la despenalización.

En coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, miles de mujeres de distintas edades salieron a las calles en Buenos Aires y otros puntos del país con los pañuelos verdes que identifican a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el movimiento integrado por cientos de organizaciones políticas y sociales que desde hace más de una década lucha por la despenalización del aborto.

Frente a una pantalla gigante frente al Congreso, jóvenes y mujeres mayores seguían atentamente los discursos de los diputados, que cada tanto quedaban tapados por el grito “¡aborto legal en el hospital!” de las manifestantes mientras agitaban los pañuelos.

Entre la multitud, dos activistas levantaron una estatuilla de yeso de la Virgen María con el pañuelo verde sobre su rostro, que es conocida como “María feminista” o la “Virgen abortera”, provocando cánticos contra la Iglesia Católica.

Según las proabortistas anualmente se producen entre 300.000 y 522.000 abortos.

La legislación argentina permite el aborto en casos de violación o peligro para la vida o la salud de la embarazada.

La mujer que interrumpe su embarazo fuera de lo establecido por la ley se arriesga a una pena de entre uno y cuatro años de prisión.

El proyecto legislativo contempla que en ningún caso será penada la gestante que cause su propio aborto o consienta que otro lo realice. También establece que toda mujer tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento. Además señala que serán castigados con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un centro de salud o el personal médico que dilaten o se nieguen a realizar la práctica.

La pena será de tres años si por esa conducta se daña la salud de la mujer y cinco si ésta fallece.

Esos puntos prometen ser resistidos por sectores de la comunidad médica que exigen la posibilidad de acceder a cláusulas de conciencia, no contempladas en la iniciativa.

“Queremos que nos escuchen, que se respeten los derechos de la mujer”, pidió Ludmila Maglione, una estudiante de 21 años con un coqueto maquillaje de distintos tonos verdes en el rostro. “Vamos a ver bien quién apoya y quién no. A la hora de votar pesa más esto, saber en qué postura están”, advirtió a su lado Maylen Belmonte, de 20.

El Salvador y Nicaragua son los países de Latinoamérica cuyas legislaciones prohíben el aborto en cualquier circunstancia.

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Algunos días, a Hadis Lessani, una estudiante de 17 años del último año del bachillerato, la vida como mujer joven en Kabul le llega a parecer sofocante.

Una vez, un hombre en la calle la sermoneó por usar maquillaje y ropa occidental, “Son vergonzosos”, gritó. Una mujer de mediana edad la insultó por pasear y charlar con un joven.

“Me dijo cosas tan terribles que no puedo repetirlas”, dijo Delijam.

Para sentirse bien, Delijam se refugia en un lugar inesperado: una simple cafetería.

“Este es el único lugar donde puedo relajarme y sentirme libre, aunque sea durante unas cuantas horas”, comentó Delijam hace poco mientras charlaba con dos jóvenes sentada en una cafetería, con el cabello descubierto.

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Nuevas cafeterías de moda han surgido en todo Kabul en los últimos tres años y se han convertido en emblemas del progreso de las mujeres.

Estas cafeterías son santuarios para las mujeres en una cultura islámica que aún dicta cómo deben vestirse, comportarse en público e interactuar con los hombres. Esas tradiciones perduran dieciocho años después de haber derrocado a los talibanes, quienes prohibían la educación de las niñas, encerraban a las mujeres en sus casas y las obligaban a usar burkas en público.

The Cupcake, una nueva cafetería frecuentada por mujeres y hombres en el centro de KabulCreditJim Huylebroek para The New York Times

Actualmente, las conversaciones en las cafeterías a menudo son acerca de las negociaciones de paz de Afganistán que se realizan en Doha, Catar, entre Estados Unidos y los talibanes. A muchas mujeres les preocupa que sus derechos se negocien bajo presión de la delegación talibana, fundamentalista y conformada exclusivamente por hombres.

“Estamos aterradas”, dijo Maryam Ghulam Ali, de 28 años, una artista que compartía un pastel de chocolate con una amiga en una cafetería llamada Simple. “Nos preguntamos qué ocurrirá con las mujeres si los talibanes regresan”.

“Cuando venimos a las cafeterías, nos sentimos liberadas”, agregó. “Nadie nos obliga a ponernos el velo en la cabeza”.

Muchas jóvenes en la sociedad emergente de las cafeterías de Kabul eran niñas cuando gobernaban los talibanes. Delijam aún no había nacido. Han llegado a la edad adulta durante la lucha emprendida por muchas jóvenes afganas en la época posterior a los talibanes para liberarse de las reglas estrictas de una sociedad patriarcal.

Estas mujeres han crecido con celulares, redes sociales y el derecho a expresarse libremente. No pueden imaginar una regresión a las imposiciones puritanas de los talibanes, quienes a veces lapidaban a las mujeres solo por ser sospechosas de haber cometido adulterio, y todavía lo hacen en las zonas que controlan.

Farahnaz Forotan, de 26 años, periodista y asidua de las cafeterías, creó una campaña en redes sociales llamada #MyRedLine (mi línea roja), mediante la cual anima a las mujeres a defender sus derechos. Su página de Facebook está llena de fotografías de ella dentro de cafeterías, símbolos de su propia línea roja.

Farahnaz Forotan ha creado una campaña de redes sociales, #MyRedLine, que invita a las mujeres a exigir sus derechos. CreditJim Huylebroek para The New York Times

“Ir a una cafetería y conversar con amigos me hace muy feliz”, dijo Forotan sentada dentro de una cafetería en Kabul. “No quiero sacrificar esta alegría”.

Sin embargo, esas libertades podrían desaparecer si las negociaciones de paz traen de regreso al gobierno a los talibanes, señaló.

“No quiero que me reconozcan como la hermana o la hija de alguien”, comentó. “Quiero que me reconozcan como ser humano”.

Más allá de los muros de la cafetería, el progreso es dolorosamente lento.

“Todavía hoy es imposible caminar en las calles sin que nos acosen”, dijo Forotan. “La gente nos llama prostitutas, occidentalizadas, integrantes de la ‘generación de la democracia’”.

Afganistán se clasifica constantemente como el peor país para las mujeres, o uno de los peores.

Una de las tradiciones afganas dicta que las mujeres solteras les pertenecen a sus padres y las mujeres casadas, a sus esposos. Los matrimonios pactados son comunes, a menudo con un primo u otro familiar.

En el campo, las jóvenes son vendidas como novias a hombres mayores. Aún hoy se recurre a los asesinatos por honor, es decir, a asesinatos de mujeres cometidos por familiares varones por haber tenido contacto con un hombre que no aprobaban. No siempre se aplican con rigor las protecciones proporcionadas por la constitución afgana ni la ley histórica de 2009 sobre los derechos de las mujeres.

Delegadas mujeres durante la ceremonia de inauguración de la «Loya Jirga», o Gran Asamblea, en Kabul en abril CreditJim Huylebroek para The New York Times

En 2014, los talibanes lanzaron una serie de ataques a cafeterías y restaurantes en Kabul, incluido un atentado suicida y tiroteo en el que murieron veintiún clientes de la popular cafetería Taverna du Liban, donde se servía alcohol y tanto mujeres como hombres afganos convivían con personas occidentales.

Después, el gobierno obligó a una serie de cafeterías y hospederías a cerrar por temor a que atrajeran más violencia.

Durante los siguientes dos años, gran parte de la vida social occidentalizada en Kabul se mudó a las casas particulares. No obstante, en 2016, comenzaron a abrirse nuevas cafeterías que atienden a mujeres y hombres jóvenes deseosos de convivir en público de nuevo.

Aun así, con excepción de sitios urbanos como Kabul, Herat y Mazar-e-Sharif, hay pocas cafeterías en Afganistán donde las mujeres pueden convivir con hombres. La mayoría de los restaurantes reservan sus salas principales para los hombres y apartan secciones “familiares” exclusivas para las mujeres y los niños.

Por eso las mujeres afganas aprecian tanto las cafeterías de Kabul, pues buscan personas afines ahí.

“El instinto humano es tan poderoso como la religión”, dijo Fereshta Kazemi, una actriz afgano-estadounidense y ejecutiva de desarrollo que a menudo frecuenta las cafeterías de Kabul.

“Es instintiva la necesidad de conectarse, compartir, amar y hacer contacto visual”, explicó.

Tras la caída de los talibanes en 2001, esos instintos fueron promovidos, pues las niñas y las mujeres en Kabul comenzaron a asistir a escuelas y universidades, a trabajar al lado de los hombres en empleos del gobierno y del sector privado y a vivir solas o con amigas en apartamentos. La constitución afgana reserva para mujeres 68 de los 250 escaños, por lo menos dos mujeres de cada una de las 34 provincias.

Mina Rezaee abrió hace un año la cafetería Simple en Kabul. CreditJim Huylebroek for The New York Times

Tahira Mohammadzai, de 19 años, era una niña pequeña en la ciudad sureña de Kandahar, la sede de los talibanes, cuando sus militantes gobernaban Afganistán. Su familia escapó a Irán y regresó hace siete años a Kabul, donde estudia la universidad.

“Mi mamá me contaba historias de cómo la vida era distinta en ese entonces”, dijo en la cafetería Jackson, nombrada así en honor al cantante Michael Jackson. “Ahora es imposible regresar a la manera en que se vivía en el pasado”.

¿Dónde marca su línea roja? Dijo que preferiría seguir viviendo con la guerra, que se ha librado durante dieciocho años, que enfrentarse a un gobierno de posguerra que incluya a los talibanes.

“Si regresan, seré la primera en escapar de Afganistán”, dijo Mohammadzai.

Forotan, la fundadora de #MyRedLine, comentó que estaba dispuesta a quedarse sin importar qué suceda. Mientras se relajaba al interior de la cafetería, con su cabello corto y negro descubierto, anhelaba otro tipo de establecimiento.

“Desearía que hubiera una cafetería llena de políticos varones que tuvieran una prioridad: la paz”, comentó.

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El 43 % de las mujeres en América Latina y el Caribe quieren poder hacer dos cosas al tiempo:  tener un trabajo remunerado y cuidar de su familia. El dato, lo revela la encuesta Hacia un futuro mejor para las mujeres en el trabajo: la opinión de las mujeres y de los hombres, realizada en 2018 por Gallup y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, las mujeres de la región consideran que conciliar la vida laboral con la familiar es el mayor desafío que enfrentan.

Estos resultados, de acuerdo con el análisis realizado en la encuesta, “tienen importantes consecuencias para la política nacional”. Si no hay políticas que permitan conciliar las responsabilidades laborales con las familiares, la fuerza de trabajo femenina puede disminuir y a su vez aumentar los porcentajes de mujeres que sólo pueden trabajar tiempos parciales.

Conversamos con la argentina Valeria Esquivel, especialista en políticas de empleo y género de la OIT, sobre la importancia de las mujeres en el trabajo: no sólo en el mercado laboral, sino también en los trabajos del cuidado.

¿Ha cambiado la manera en que se entiende el cuidado en América Latina?

Sí, claro. Tanto en  la academia como en los movimientos feministas hemos entendido que el cuidado no remunerado —que se hace en los hogares—  no es un asunto privado sino público. En particular, que el cuidado es trabajo, que genera valor y que por tanto incluye una dimensión económica.

Para la economía feminista esto es fundamental. Al trabajo de cuidados lo hacen mayoritariamente las mujeres, pero es invisible porque no se intercambia en el mercado  y, hasta hace poco, no formaba parte de las estadísticas económicas. Pero lo cierto es que ese cuidado que se hace en la esfera del hogar tiene múltiples impactos en lo público: es uno de los determinantes más importantes en los modos en los que las mujeres se integran al mercado de trabajo y es el que brinda bienestar a las familias y por tanto pone las sociedades en funcionamiento.

Lo que dijimos en el informe de la OIT sobre El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado es que esas políticas transformadoras son las que se enfocan en sostener el bienestar, la autonomía y los derechos tanto de quienes cuidan como de quienes requieren cuidados. Esta es una agenda que recoge la perspectiva de género y las demandas desde los movimientos de mujeres, pero que además recoge agendas en temas de salud y educación, y todo el trabajo de los movimientos de personas con discapacidad.

¿Qué tanta conciencia cree que hay de estos planteamientos sobre el trabajo de cuidado en la población latinoamericana?

Las mujeres tienen, en general, más conciencia de los costes que incurren por cuidar, y en el discurso social, el cuidado  sigue apareciendo como un tema de mujeres. Sobre todo en América Latina. Sin embargo, en algunos sectores, las cosas van cambiando. La Encuesta de Uso del Tiempo de Colombia, por ejemplo, refleja que los varones en hogares en los que hay niños, niñas y adolescentes se están involucrando en los cuidados y en las compras y gestión del hogar  más que en tareas domésticas más tradicionales, como cocinar, limpiar o planchar la ropa,, aunque siempre en menor proporción y dedicándoles menos horas que las mujeres

Lo que está claro es que los temas de cuidado son abanderados por el movimiento de mujeres. Cuando el movimiento feminista avanza, como en el caso de Argentina, el tema del cuidado entra en la agenda porque es clave para mirar desde una perspectiva crítica el funcionamiento económico y las políticas públicas.

También es cierto que nuestra región es muy maternalista, y eso implica que las mujeres demanden que las ayuden a cuidar y no tanto que se redistribuya el trabajo del  cuidado y que el Estado participe. Esta postura se refuerza, sin embargo, con los incentivos que genera el mercado del trabajo.

¿Qué pasa con los incentivos del mercado?

Los incentivos en el mercado del trabajo hacen que un hombre pueda cobrar más que una mujer por una hora de trabajo. Si eso es así, resulta más eficiente que el varón salga a trabajar y la mujer sea la que cuide el hogar.

Creemos que la gente tiene que poder tener todas las opciones a disposición para decidir si sale al mercado de trabajo o se dedica al trabajo del cuidado, o combina ambas actividades.  Pero si los incentivos penalizan el trabajo remunerado de las mujeres y lo hacen más complicado, lo que ocurre es que las mujeres no llegan al mercado laboral. Si los incentivos se revierten, si las brechas de género en los ingresos y en los salarios se disminuyen, y si hay servicios de cuidado de calidad, pues va a ser más fácil redistribuir el trabajo del cuidado.

¿Cómo hay que entender el trabajo del cuidado no remunerado en relación con el remunerado?

Lo pienso en perspectiva histórica. Así como hay estereotipos de género que hacen que pensemos —y de hecho ocurre—  que las mujeres son las que cuidan, así también pensamos que debería ocurrir en las ocupaciones del cuidado del mercado laboral.

Las enfermeras, tradicionalmente, eran mujeres y los médicos hombres. Las trabajadoras domésticas, tradicionalmente, mujeres, las maestras de colegio, mujeres. Y lo seguimos viendo. Porque aunque estas ocupaciones se han profesionalizado, siguen siendo ocupadas por mujeres.

El origen de esas ocupaciones era una supuesta inclinación “natural” de las mujeres a proveer cuidados. Como si proveer cuidados en la esfera privada hiciera que las mujeres tuvieran que ofrecer cuidados en la esfera pública. Además, las condiciones laborales en estos sectores del trabajo del cuidado remunerado, está asociada al hecho de que en los hogares ese trabajo se brinda de manera gratuita. Si una trabajadora doméstica hace lo mismo que hacen las mujeres en los hogares de manera gratuita, pues se piensa que su remuneración debe ser baja. Esta es una de las razones por las que es  tan difícil tener remuneraciones decentes y buenas condiciones laborales en el servicio doméstico, y que justifican políticas específicas para alcanzarlas.

Mirar el trabajo de cuidado en su conjunto es entender la relación entre el trabajo de cuidados no remunerado y las condiciones de trabajos de cuidados remunerados.

¿Eso implica ponerlos al mismo nivel?

No sé si al mismo nivel, pero sí entender que ambos son trabajos y que el hecho de que sean mayoritariamente las mujeres quienes prestan los trabajos de cuidados no remunerados, de manera gratuita, impacta en las condiciones en las que se prestan los trabajos de cuidado remunerado. Esto es así cuanto más parecidos sean, por eso la mención anterior a las trabajadoras domésticas.  Que ambos sean trabajos no quiere decir que ambos sean empleos. Los empleos del cuidado son remunerados: son las enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, maestras y maestros de educación preescolar, por ejemplo. Al trabajo del cuidado no remunerado lo entendemos como trabajo, que genera valor, pero no decimos que es un empleo. No estamos buscando remunerarlo, ni considerar a quienes cuidan como ocupadas, sino reconocerlo, no darlo por sentado, ni asumir  que las mujeres estarán infinitamente dispuestas a proveerlo. Y, en lo posible, disminuir los costos de su provisión.

Volviendo a las políticas de cuidado, ¿qué país de la región es un ejemplo en sus políticas de cuidado?

Lo que hace Uruguay con su  ley del Sistema Nacional de Cuidados es entender como sujeto de derecho tanto a las personas que requieren cuidados, como a las personas cuidadoras que ejercen trabajo remunerado y no remunerado. Es una formulación legal muy potente.

Hay países como Chile o Costa Rica que han puesto el énfasis en hacer ejercicos de coordinación entre instituciones para proveer servicios de cuidado, pero sólo para ciertas poblaciones. La Red de cuido en Costa Rica, por ejemplo, tiene esta idea de sistema pero aplicada sólo a los niños y niñas en primera infancia. La diferencia con lo que tiene Uruguay es que la misma institucionalidad abarca a personas de distintas poblaciones y diversas edades que son dependientes o que tienen necesidades de cuidado.

¿Cuál es el riesgo de dirigir las políticas de cuidado sólo hacia ciertas poblaciones?

El foco en niños y niñas en edad preescolar y en adultos mayores, por ejemplo,  asume que la escolaridad está cubierta y que el sistema de salud funciona. Pero cuando hay déficits del servicio público de cuidado en salud y educación o éste no funciona, las personas no están siendo atendidas, o son las mujeres las que están atendiendo esas necesidades en los hogares.

Una perspectiva amplia permite también mirar lo que sucede con las y los trabajadores del cuidado de diversos sectores. Por ejemplo, saber cuál es la situación laboral de las enfermeras en un hospital, de las maestras en una escuela y de las trabajadoras domésticas en los hogares. Una perspectiva amplia permite, además, pensar en el trabajo decente, porque si hay calidad en el empleo de cuidado, hay calidad del cuidado. La calidad de la ocupación en los sectores de cuidado es el indicador inmediato de la calidad del cuidado.

Y en todo esto, ¿qué rol están jugando los hombres?

Creo que todos y todas cambiamos y que a ellos el feminismo los interpela. Ya no estamos en principios del siglo XX donde el Pater Familia se desentendía de todo lo que tuviera que ver con la gestión del hogar. Que los dos progenitores, o las dos mamás o los dos papás estén en el mercado de trabajo implica que las responsabilidades del cuidado sean compartidas.

Pero más allá de la voluntad y las ganas de los varones de cuidar, el tema es, de nuevo, los incentivos en el mercado de trabajo: si es razonable para ellos estar en el mercado del trabajo y para ellas estar en la casa, entonces será más difícil para los varones involucrarse en el cuidado. Por eso las licencias por paternidad son importantes. Porque a cuidar se aprende cuidando: es una relación interpersonal que se desarrolla cuando cuidas. El niño o niña establece relaciones con quien tiene más cerca y no con quien tenga el título de padre o madre. Al contrario, cuanto más te involucras, más eres consciente de la vulnerabilidad, de la dependencia de esa persona que necesita cuidados y de sus necesidades, y mejor puedes responder a ellas.

Creo que los roles de género van cambiando en respuesta a los cambios en las familias, en los incentivos en el mercado del trabajo,  y en los servicios de cuidado que provee el Estado. Creo que desarmar los estereotipos de género es dejar de naturalizar lo que no es natural, que el cuidado sea sólo cosa de mujeres. El cuidado es cosa de seres humanos: todos y todas los necesitamos, todos y todas podemos proveerlos en mayor o menor medida. Y  que haya más varones cuidando, tanto en los hogares como en las ocupaciones del cuidado.

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