En México, ser mujer constituye un riesgo. Sistemáticamente, las mujeres son privadas del acceso a la educación y salud, también están subrepresentadas en la toma de decisiones económicas y políticas. Además, las mujeres son discriminadas y víctimas de violencia de género, donde al menos 11 niñas, jóvenes y adultas son asesinadas al día, y 95 por ciento de los delitos no se resuelven, según cifras oficiales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del Inegi, el motivo de discriminación más frecuente para las mujeres es por su género, con 35.3 por ciento. Le siguen los rubros de vestimenta (31.8 por ciento) y su peso o estatura (30.7 por ciento). En contraste, las razones más frecuentes de discriminación para los hombres son la forma de vestir, con casi 30 por ciento, opiniones políticas y la manera de hablar.
“Entre las mujeres, destaca la discriminación de su sexo con un incremento de 5.8 puntos porcentuales respecto a 2017”, refiere un artículo del Inegi junto a un tablero estadístico.
En términos generales, 23.7 por ciento de la población de 18 años en adelante declaró haber sido discriminada en los últimos doce meses. Un aumento de 3.5 puntos porcentuales respecto a 2017, que fue cuando se realizó la última encuesta hasta ahora. Sin embargo, un dato alarmante es que, de ese total, 24.5 por ciento de las mujeres son discriminadas en México, en comparación con el 22.8 por ciento de los hombres.
LAS MUJERES SON MÁS DISCRIMINADAS EN YUCATÁN
Por entidad federativa, la prevalencia de discriminación más alta se registró en Yucatán con 32 por ciento, y la más baja, en Sinaloa con 13.8 por ciento. Destacan también los altos niveles reportados de discriminación en estados como Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
“Los niveles más altos de discriminación entre mujeres se reportaron en Yucatán (32.7 por ciento), Puebla (32.6 por ciento) y Querétaro (31.7 por ciento). En el caso de los hombres, los mayores niveles de discriminación se registraron en Yucatán (31.4 por ciento), Guerrero (30.7 por ciento) y Jalisco (29.9 por ciento)”, reveló la ENADIS 2022.
Para ambos sexos, la causa más común de discriminación fue por la forma de vestir o arreglo personal (tatuajes, ropa, forma de peinarse o perforaciones): tres de cada diez personas discriminadas. El segundo motivo fue el peso o estatura con un total de 27.5 por ciento.
A tenor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este término engloba toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tiene como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, con base en uno o más de los siguientes motivos:
Patricia Guerra, nadadora de aguas abiertas, está a menos de un mes de retirarse de las travesías y lo hará en Nueva York; está a días de decirle adiós a una actividad que durante 19 años practica con alegría. Y en un momento de reflexión habla lo que ha significado para ella como mujer este deporte y lo que quiere demostrar ahora que supera los 50 de edad.
«Tengo 51 años. De hecho, estas dos travesías, la que acabo de hacer y la que haré el 5 de agosto, vienen bajo la campaña 50+1 2023 y yo creo que cualquier mujer puede, como mujer y como mujer de 51 años. Y es eso: es romper esta falsa creencia que después de los 50 años la vida de la mujer va en decadencia«, declaró Patricia Guerra en entrevista con ESPN.
«Y lo que quiero con esta campaña 100 por ciento cualitativa es alzar la voz y decir que las mujeres somos mucho más que una frase, mucho más que una etiqueta, más que una creencia limitante que no nos permite seguir haciendo lo que queremos hacer: seguir poniendo el nombre de nuestro país muy en alto y seguir al mismo nivel que cualquier otra mujer», advierte la nadadora, esposa y madre de familia.
Patricia Guerra considera que «se trata de una campaña que nos exige salirnos de ese común denominador: romper esa creencia que nos va a empoderar para seguir buscando sueños cada vez más grandes».
Pese al amor que le tiene al nado en aguas abiertas, Patricia Guerra señala que los ciclos terminan y «ya son muchos años. Llegó el momento de irme. Estoy segura de que seguiré nadando toda mi vida, pero ya no haciendo travesías con causa, y no armar campañas financieras, campañas de recaudación de fondos alrededor de todo eso. Como me dice un amigo: cuelgo los goggles».
Dice que nadar es el mejor lugar que ha encontrado para estar consigo misma, «para poder trascender y poder estar en paz».
Con vasta experiencia en travesías en aguas abiertas, Patricia Guerra señala que no se dedicará a enseñar, pues para ello hay una persona que «es el gurú de las aguas abiertas: Nora Toledano».
Nora Toledano le hizo saber que había la especialidad de aguas abiertas y juntas decidieron ir al Canal de la Mancha, «construimos 2002 y 2003, Canal de la Mancha y en 2004 es cuando me convertí en la tercera mujer en cruzarlo. Nora tiene toda la experiencia para entrenar, para cruzar, para acompañar y brindar la seguridad que necesita una nadadora en aguas abiertas. Es la única que puede hacerlo profesionalmente y al nivel que lo debe hacer un entrenador».
Patricia Guerra señala que seguirá dando conferencias, compartiendo experiencias, transmitiendo esas experiencias de coaching, tanto ejecutivo como de vida a otras generaciones, a otras personas, «seguir en esto, pero ya de una forma diferente».
Cuenta la nadadora mexicana que un conjunto de varias cosas le orillan a dejar la travesía, cansancio mental, tanta disciplina que le obligaba a estar siempre en óptimas condiciones, el correr riesgos, etcétera.
«Siempre he creído que es necesario cerrar ciclos», añade Patricia Guerra, quien se siente complemente realizada «y cerrar este ciclo habiendo impuesto un récord mundial recientemente en el Estrecho de Gibraltar «es mi mejor regalo».
Patricia Guerra rompió la marca mexicana y el récord mundial de mujeres que era de la nadadora alemana Nathalie Pohl, impuesto cuando tenía 21 años el 23 de abril de 2016. Hizo 2 horas 53 minutos y ahora la marca de la mexicana es la que se impone con 2:43.04.
«Siempre dije que el Estrecho de Gibraltar iba a ser un regalo, pero no lo dimensioné nunca así. Haber hecho esto es una señal más de irme y decir ‘que vengan las nuevas generaciones, vamos a apoyarlas’ y yo sigo en lo mío».
Rechaza que tenga miedo a perder físico o vitalidad al alejarse del nado de alta competencia, ya que «estoy convencida que siempre voy a hacer ejercicio; siempre me voy a levantar a las 5 de la mañana a entrenar; el tema es ya no hacer travesías y poner mi atención en otras cosas».
Haciendo una retrospectiva, Patricia Guerra rechaza que haya perdido algo por dedicar tanto tiempo a las aguas abiertas y en contraparte comenta que ganó mucho: «El estar siempre en una alberca entrenando, para mí siempre era mucho más atractivo que estar en un evento social. Me decían que no tenía yo una vida social, pero siempre estuve feliz así».
Patricia Guerra, quien estudió las carreras de Ciencias de la Comunicación y luego Mercadotecnia, afirma que ganó todo: «Una conciencia mayor, el tener muy claro quién soy en este universo, el dimensionar que cuando estás nadando en un océano que el 80 por ciento de los factores son totalmente externos, que no dependen de mí, que se tienen que conjuntar muchas cosas para poder llegar del toro, donde la única palabra que queda es: gracias. Haber puesto el nombre de mis papis muy en alto me llena de un orgullo impresionante, así como el enseñarle a Daniel, mi hijo, los sueños se construyen, los sueños se persiguen y un día los aterrizas».
El adiós de Patricia Guerra del deporte de alto nivel terminará el 5 de agosto: rodeará la isla de Manhattan en aguas frías, en Nueva York, Estados Unidos.
Elena ha tenido que esperar 37 años para saber que es autista. Hace solo siete meses que encontró respuestas: “Fue un alivio porque ahora sé por qué soy como soy, por qué proceso como proceso y por qué me siento como me siento”. El mismo alivio sintió María Lozano. “Ahora entiendo muchas cosas de mi vida”, dice la joven de 25 años. La experiencia de ambas puede extenderse a la de otras muchas mujeres, cuyo diagnóstico tarda años en llegar. Los expertos detectan que existe un sesgo de género en la detección del autismo que deja fuera del radar a muchas mujeres y niñas. Quedan atrapadas en un limbo durante años, entre la consciencia de que hay algo que las diferencia del resto y el no saber qué es. Ignorando que conviven con el trastorno.
La neuropsicóloga Patricia Peña explica que el autismo es una condición neurobiológica, aunque todavía se la cataloga como trastorno. “Los últimos manuales ya indican que no es un trastorno, sino una condición con la que naces, te desarrollas y mueres”, dice la experta en autismo femenino. Se denomina trastorno del espectro autista (TEA) porque comprende diferentes tipos de sintomatología, y es pluridimensional. La psicóloga clínica de infantojuvenil y coordinadora de la Sociedad Española de Psicología Clínica, Gloria Bellido, coincide con Peña y añade que hay principalmente tres grandes características comunes en las personas que se encuentran dentro del espectro: “Dificultades con el lenguaje, con la comunicación verbal; dificultades a nivel social, de no saber interpretar las situaciones y normas sociales, y obsesiones, intereses restringidos o repetitivos, que es el interés por temas concretos”.
Las características del autismo son iguales para niños y niñas, pero la manifestación externa es distinta. “Las niñas no tienen esas manifestaciones de conducta tan llamativas, sino que es al revés. Tienden más hacia el mutismo”, asegura Carmen Molina, presidenta de la Asociación de Mujeres Autistas (Cepama). Peña coincide: “Según los últimos estudios, las niñas tienen una mayor capacidad de imitación, suelen tener mayor habilidad comunicativa, y tienden a enmascarar más. Sus características son más cercanas al grupo normativo”. Es decir, que aprenden, como un mecanismo de defensa, a disfrazar sus comportamientos para encajar socialmente. Sus dificultades pasan más desapercibidas, lo que propicia que los diagnósticos sean tardíos.
Elena, nombre ficticio para preservar su intimidad, se enteró de su autismo después de que sus dos hijos pequeños fueran diagnosticados. “Mi hija no se adaptó a la guardería. En el patio no jugaba con los demás niños, los observaba y jugaba sola con palitos”, recuerda. Su psicóloga le sugirió entonces hacer las pruebas para un diagnóstico. Como Elena, muchas mujeres han contado en redes sociales que supieron que tenían autismo después de que se lo detectaran a sus hijos. “Veo claramente mi reflejo en mi hija, en mi infancia, de cuando yo era pequeña”, reconoce la madre. Lozano también comenzó a sospechar gracias a la ayuda de un ser querido, en este caso su amiga. “Me preguntó que si tenía hipersensibilidad. Le respondí que sí, y empezamos a informarnos. Me quedé flipando. Pensé: ‘Dios, ¡esto es mi vida!”. Acudió a la asociación AUTEA, donde después de entrevistas clínicas, tests de deberes para casa y varias sesiones de terapia a la semana durante dos meses, le dieron el diagnóstico.
Marina Carreras cuenta que le cuesta mirar a los ojos, pillar las bromas, leer el ambiente, y que por eso a veces la gente piensa que es egoísta. “Desde pequeña estas cosas se achacaban a que era demasiado tímida, maleducada, porque existe la creencia de que las mujeres somos más calladas. Y al verse así, es más difícil diagnosticarlo”, explica la joven de 21 años. “La manifestación del autismo en las chicas es más introspectiva. Son niñas calladitas, dóciles, que no se relacionan y han pasado desapercibidas, cosas que hace pocos años estaban bien vistas por el sesgo de género y machismo en nuestra sociedad”, añade Carmen Molina.
Además de que las mujeres tienen tendencia a camuflar las características del TEA, hay otro factor más que dificulta su detección. Las pruebas diagnósticas, según avisan las expertas, están diseñadas a partir de la experiencia masculina, y son más sensibles a descubrir el trastorno en ellos que en ellas. “Históricamente, los casos considerados más afectados eran niños, y la prevalencia era de alrededor de una chica por cada cuatro chicos”, explica Peña. Las pruebas de evaluación están adaptadas a una población mayoritariamente masculina y, por lo tanto, se basan más en sus características: dificultades de imitación, intereses restringidos y repetitivos, dificultades de comunicación, entre otras. Como las mujeres presentan estas características de forma más sutil, no superan los puntos de corte diagnósticos. “Esto es lo que se llama sesgo de género en las pruebas, porque son más sensibles a la población masculina que a la femenina”, continúa la neuropsicóloga. Ambos factores —que las mujeres disfrazan el trastorno y que las pruebas no recogen esa información— constituyen un importante sesgo de género en la detección del autismo.
Este sesgo tiene varias consecuencias. La primera, que no se detecta tanto durante la infancia y la adolescencia y, a menudo, lo que se diagnostica se confunde con otras patologías, explica Bellido. “Nos encontramos con que a veces vienen diagnosticadas con trastorno de límite de la personalidad, de la conducta alimentaria o bipolaridad”, añade. Una investigación del University College of London revela que los niños con autismo presentan un mayor riesgo de padecer trastornos alimenticios (TCA).
Elena desarrolló anorexia durante su adolescencia. Cuando tenía 15 años, fue ingresada en un hospital psiquiátrico por TCA. Allí permaneció ocho años y recibió el alta definitiva a los 24. Una de las cosas que influyó en el desarrollo del trastorno es la hipersensibilidad, característica de las personas autistas. Elena ahora comprende por qué le costaba comer ciertos alimentos: por las texturas, olores, sabores. “A nivel sensorial, la alimentación también es un problema grave. Y si juntas la adolescencia con depresión, baja autoestima y pocas ganas de vivir porque no entiendes el mundo que te rodea, con que la alimentación para ti es un suplicio, puede aparecer un trastorno alimenticio”.
La segunda consecuencia del sesgo y la falta de diagnóstico es no poder recibir tratamiento específico. Que los síntomas se recrudezcan con el paso del tiempo, y llegar a quemarse. “La persona se queda sin batería, va simplemente sobreviviendo, superando los pequeños obstáculos del día a día”, explica Peña. Este letargo deriva en bajas laborales, en poca comprensión por parte de la familia, pareja y amigos, “porque la gente no puede ver una causa física que justifique tanto tiempo sostenido de colapso”.
Para Carmen Molina, la sociedad penaliza a las personas con autismo y en el caso de las mujeres aún más. En el empleo, por ejemplo, muchas lo dejan por tu salud mental o porque no les renuevan el contrato. “La respuesta es tan absurda como que no vamos a las cenas de Navidad, no vamos a por café con los compañeros. La propia gestión de la comunicación en el autismo hace que todos estos escenarios sociales sean muy extraños e incomprensibles”, enfatiza Molina.
El diagnóstico errado muchas veces va acompañado de medicación que no soluciona el problema. “Vas al médico, te dan antidepresivos, no te funcionan. Lo combinan con ansiolíticos, tampoco te funcionan. Te meten antipsicóticos… y vas haciendo un peregrinaje médico”, continúa la psicóloga Peña. Esto, sin embargo, no es algo que sucede únicamente con el autismo. Bellido señala que esto ocurre mucho con todos los trastornos de la salud mental. “Incluso en patologías orgánicas. Se confunden cosas de salud física achacándolas a cosas psicológicas de mujeres. Sabemos que en mujeres se diagnostican menos los ataques al corazón porque se confunden con ataques de ansiedad”, dice.
“Yo creo que si eres mujer y además eres autista, eres más invisible. Yo tardé 37 años en descubrir por qué soy como soy”, zanja Elena. Además de los estigmas sociales: “Tienes otras 20 etiquetas como despistada, hiperactiva, maniática y resulta que simplemente procesas la información de una manera diferente de lo normal. Todavía hay una gran brecha al respecto”. Lozano, en cambio, resalta que detrás de esa lucha hay una parte esperanzadora. “Hay que destacar que al final puedes hacer vida normal, me he podido sacar una carrera, pero con muchas horas de trabajo, con mucho esfuerzo, con horas de lloros. Se es capaz de ello. Cada persona autista tiene sus necesidades, puedes hacer vida normal, solo que necesitas un grupo de apoyo muy importante para empujarte”.
Sólo 4 de cada 10 mujeres de 18 a 70 años tienen alguna cuenta de ahorro (desde nómina hasta de apoyos del gobierno). Esta cifra sube a 6 de cada 10 si se considera a los hombres, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 del Inegi y la CNBV.
Estas fechas se presentan en todos los grupos de productos financieros, las mujeres representan minoría en las cuentas de crédito, seguros, afores también.
Adicionalmente, las mujeres indígenas o rurales son las que más obstáculos encuentran para acceder efectivamente al sector financiero y sus productos.
En Argentina, las mujeres menores de 29 años tienen una tasa de desempleo tres veces mayor que las que tienen entre 30 y 64 años. Este escenario se agrava por la carga de cuidados de hermanas/os, hijas/os menores o familiares con enfermedades o personas adultas mayores o con discapacidad.
Las niñas se enfrentan a barreras en la escuela, en sus familias y comunidades, que, desde temprana edad, les impiden desarrollar todo su potencial.
Foto: Gala Abramovich
A los 9 años, las niñas ya creen que son peores en matemáticas que los niños -un 11% versus el 20% de los niños-, y entre los 6 y los 8 años, 9 de cada 10 niñas asocian la ingeniería con características masculinas.
El refuerzo de estereotipos de género tradicionales relega a las mujeres, adolescentes y niñas a dedicarse a tareas de cuidado, situando en segundo plano sus estudios, lo cual tendrá un impacto en su autonomía.
Foto: Gala Abramovich
Foto: Gala Abramovich
El poder del desarrollo de habilidades para la vida
Con el objetivo de estimular el fortalecimiento de habilidades para la vida y de proyectos ocupacionales, ONU Mujeres Argentina y la Fundación de la Familia Merck desarrollaron la iniciativa ‘Chicas con Futuro’, un proyecto para el fortalecimiento de la inclusión laboral y educativa de adolescentes y jóvenes en el partido de Ezeiza. La iniciativa es implementada junto a la Fundación SES y cuenta con el apoyo del Honorable Concejo Deliberante y el Municipio de Ezeiza.
“La iniciativa tiene el propósito de trabajar durante dos años para estimular el fortalecimiento de habilidades para la vida y de proyectos ocupacionales de al menos 300 adolescentes y jóvenes a fin de ampliar sus oportunidades de inserción laboral”, explica Sabrina Landoni, especialista de programas de ONU Mujeres en Argentina.
A través de esta iniciativa, las adolescentes y jóvenes adquieren habilidades para desarrollar su autonomía física, económica y la toma de decisiones.
Por su parte, María Sol Quibel, directora general del Grupo Merck en Argentina, en representación de la Fundación de la Familia Merck, resalta que ‘Chicas con Futuro’ es una iniciativa que refleja el compromiso de la organización de contribuir a través de proyectos que impacten en el progreso educativo y el bienestar de las comunidades donde opera.
“Tenemos la convicción de que podemos realizar un aporte valioso y genuino a las mujeres de Ezeiza en pos de crear una sociedad inclusiva, justa y con más oportunidades”, comenta Quibel.
“Las mujeres jóvenes son las más afectadas por el desempleo. Los estereotipos de género y la injusta distribución del trabajo doméstico y de cuidados son barreras para su empoderamiento económico”, alerta Quibel.
Foto: SES / ONU Mujeres Argentina
Se generan nuevas oportunidades
Para lograr las tres autonomías (física, económica y política) de las mujeres jóvenes, es fundamental impulsar iniciativas educativas, de formación profesional y de inserción laboral en los sectores más competitivos y que no se sigan limitando sus opciones.
En 2022 se elaboraron los materiales didácticos del proceso de capacitación, se desarrolló la instancia de transferencia metodológica y formación de formadoras a cinco referentes de una organización comunitaria local, quienes lideraron 10 talleres semanales de formación de los que participaron 101 adolescentes y mujeres jóvenes.
Foto: SES / ONU Mujeres Argentina
“Es un ambiente muy lindo donde te dan muchas herramientas, te motivan y te permite entender a las chicas que tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo, a motivar a chicas que tuvieron que abandonar sus estudios. Te hace entender muchas cosas como tus valores y tus derechos”, explica Abril Medina, participante de los talleres.
Medina también hace hincapié en la diversidad de realidades que afectan a las mujeres jóvenes hoy en día. “Se puede ser mujer y trabajar, se puede ser mujer y estudiar, se puede ser mamá, estudiar y trabajar. Mientras sepamos nuestros derechos, se puede llegar muy lejos” reflexiona.
Foto: SES / ONU Mujeres Argentina
Por su parte, Karen Martínez destaca que el clima de confianza que se generó en los talleres le permitió darse cuenta de lo que le gustaría estudiar. “El saber nunca está de más. No tenemos que quedarnos con la base de la escuela, debemos seguir avanzando. A partir del taller me di cuenta de que me gusta el trabajo social. Creo que es una buena salida laboral”.
Micaela Michel, de 23 años, resalta la utilidad de haber hecho intercambio de roles con otras compañeras sobre cómo enfocar un currículum. “Nunca fui a una entrevista. Conocer las experiencias de otras compañeras me ayudó muchísimo”.
En cuanto a sus estudios, aunque Micaela ya sabía que quería estudiar psicología para ser sexóloga, reconoce que los talleres le ayudaron a organizarse. “Me ayudó a organizar proyectos a corto plazo que sean fáciles de lograr, como buscar el teléfono de la facultad donde quiero estudiar. No sabía por dónde arrancar por la ansiedad que me generaba”.
“La actividad que más me gustó fue en la que nos enseñaron a armar los currículos. Es una actividad importante para las que estamos empezando en el mundo laboral. Además, me ayudaron a plantear un plan a corto y a largo plazo para poder seguir y cumplir los objetivos”, reconoce la joven Sofía Acuña, de 17 años.
“Yo tenía muchos proyectos pausados y ahora estoy logrando el proyecto que creé acá. Estoy apuntando a trabajar de manera independiente mientras estudio”, comenta Julieta Cáceres, de 22 años.
Foto: SES / ONU Mujeres Argentina
Instancias formativas interdisciplinarias
El desarrollo de los encuentros comenzó el 19 de septiembre y finalizó el 28 de noviembre de 2022. Durante este período, se trabajó para conocer y potenciar competencias, conocer el mercado de trabajo y los derechos laborales, indagar sobre las trayectorias y los proyectos de vida de las asistentes o cómo prepararse para una entrevista de trabajo, entre otros.
Este año se está desarrollando la segunda etapa de talleres semanales, brindando la misma oportunidad a otras jóvenes del partido de Ezeiza. “Estimamos que cerca de 60 jóvenes -entre la primera y segunda serie de talleres- completarán el proceso que las habilita a ser contempladas para la segunda instancia de la propuesta vinculada a la generación de oportunidades socioeducativas y laborales a través de la gestoría laboral y las mentorías durante 2023”, explica Sabrina Landoni.
Asimismo, se elaboró un código de conducta y una guía de atención ante situaciones de vulneración de derechos, como, por ejemplo, violencias por razones de género, con la finalidad de construir espacios seguros y brindar al equipo de trabajo las herramientas necesarias para detectar, intervenir y derivar casos a las áreas locales correspondientes.
Al finalizar el proceso de formación, se entregó un certificado de participación a cada una de las jóvenes que resultó muy valorado, ya que en algunos casos ‘Chicas con Futuro’ es una de las primeras experiencias asociadas con la acreditación de saberes y competencias.
Aunque en los últimos años varios países de América Latina han modificado sus códigos penales para reconocer al feminicidio o femicidio como un delito, las diferentes forma de definirlo y caracterizarlo impiden comparar los datos a nivel regional, lo que contribuiría a conocer su real dimensión.
Así lo asegura el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un reciente informe en el que analiza los casos de Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá y Paraguay y marca una ruta para la estandarización de los datos, que permitiría establecer “una comprensión común sobre las características de este grave problema”, pero sobre todo facilitaría “el monitoreo de las respuestas de los Estados para atender este delito e instaurar o evaluar políticas de prevención ya existentes”.
“La estandarización regional de estos datos es de suma importancia para poder diseñar instrumentos de políticas adecuados a cada contexto y para dimensionar el problema dentro y entre países. En particular, la estandarización es clave, ya que las discrepancias entre el hecho y su catalogación provoca que las cifras de feminicidio se diluyan entre las de homicidios generales y parezcan menos importantes de lo que son”, afirma el organismo.
El BID recomienda la puesta en marcha de un estándar de datos unificado para América Latina y el Caribe “que trascienda las diferencias de cada legislación nacional y se concentre en caracterizar de forma homóloga los feminicidios”. “Este es el primer paso para una respuesta genuinamente basada en evidencia al problema de los feminicidios en la región”, resalta.
Estandarizar los datos de feminicidio en América Latina
En América Latina se utilizan dos términos para designar los asesinatos de mujeres por razones de género sobre la base de la desigualdad, la opresión y la violencia sistemática: feminicidio y femicidio. La utilización de uno u otro término, dice el BID, ha generado amplios debates en la región.
“La diversidad de definiciones de feminicidio provoca que en América Latina y el Caribe haya al menos 16 variables sobre las cuales se recoge información sobre cada uno de estos crímenes. La circunstancia más recurrente es la relación de pareja o de convivencia con la víctima”, explica el organismo.
A pesar de que 18 países de la región reconocen el feminicidio como figura penal, estadísticamente ninguno está contando lo mismo que otro; por lo tanto, los datos no son comparables, afirma el BID.
“La discrepancia entre definiciones y tipos penales lleva implícitas otras condiciones que dificultan la integridad y el registro de datos de calidad sobre el feminicidio en la región. No todas las tipificaciones son adecuadas para enmarcar el acto como delito y asignar una pena por feminicidio. Además, la dificultad de acreditar determinados tipos penales provoca que el feminicidio se juzgue y penalice como homicidio. La ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género agrava el problema”, señala.
En Argentina, por ejemplo, se define como feminicidio al “que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, mientras que en Costa Rica la definición es más específica: “Quien dé muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dice el BID, afirma que la falta de homologación en la tipificación, o las circunstancias para caracterizar el delito como feminicidio, limita el número de registros. “La CEPAL cita la necesidad de incorporar variables con enfoque de género, por ejemplo: circunstancias del hecho, espacios de ocurrencia, relación entre la víctima y el victimario, arma, niveles socioeconómicos, dependientes de la víctima, nivel educativo de la víctima y el victimario, origen étnico, embarazo, discapacidad, uso de sustancias psicotrópicas y personas LGTBIQ+, entre otras”, se señala en el reporte.
Visibilizar mejor los feminicidios
Para el Banco, un estándar de datos común en la región permitiría “que cada pieza de información sobre feminicidios en los sistemas de gestión de datos de cada país tuviera un mismo formato y significado”.
Esto facilitaría, asegura el organismo, el trabajo de recopilación y producción de los datos, además del intercambio de información entre países. “A su vez, ayudaría a saber con mayor exactitud la dimensión de los crímenes de mujeres por razones de género, un dato que en la actualidad es incierto”.
Debido a este panorama, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) ha elaborado una guía y un estándar de datos de feminicidio como marco de referencia para la recolección sistemática y unificada de las estadísticas sobre feminicidios en América Latina y el Caribe. El estándar contiene 67 atributos para identificar, describir, definir y relacionar las circunstancias y entidades involucradas en los asesinatos violentos de mujeres por causa de género, e incluye variables de tipo, hecho, lugar, víctima, imputado y proceso judicial.
“Estos atributos son clave para identificar un feminicidio y calificarlo como tal, más allá del homicidio. Es decir, permiten incluir el enfoque de género en la investigación del crimen”, dice el BID.
Países como Argentina, Uruguay, Honduras, Jamaica, Panamá, Ecuador y Paraguay ya fueron parte de planes piloto para determinar si es posible homologar las estadísticas de este crimen. “La puesta en marcha depende de que en los países haya consenso para adoptarlo y de que los implementadores tengan flexibilidad para comprender las diferencias culturales, políticas, sociales y jurídicas que inciden en la forma en que se tipifica y penaliza el feminicidio en cada país”, dice el informe.
“Además, se requiere una amplia negociación y la capacitación a los actores públicos clave que generan, procesan y analizan las estadísticas”, agrega. Las instituciones encargadas de los censos y quienes hacen los registros policiales y judiciales juegan un papel trascendental.
El futuro de los datos sobre feminicidios
El BID asegura que para instaurar un estándar de datos en la región se debe repensar la forma en que se producen las estadísticas sobre feminicidio.
Este proceso, afirma en el estudio, debe servir para generar un cambio estructural en los Estados, pues implementar el estándar de datos implica que los responsables de la recolección, generación y sistematización de las estadísticas sobre muertes violentas de mujeres a causa del género construyan sus propios procesos nacionales de creación y validación de dicha información.
“Entre los desafíos identificados, destacan las discrepancias por las definiciones legales, su alcance y tipificación. Este es uno de los retos más relevantes para lograr un acuerdo sobre la aplicación de un estándar de estadísticas homogéneo”, concluye.
En EE.UU., las madres suelen ganar menos que las mujeres sin hijos, mientras que los padres ganan lo mismo que los hombres sin hijos. La “penalización de la maternidad” está documentada desde hace años y es la principal razón de la diferencia general de ingresos entre hombres y mujeres. Pero un estudio que acaba de publicarse plantea nuevos interrogantes sobre su existencia y por qué ha sido tan difícil erradicarla. La diferencia de ingresos crea un problema para las madres y sus familias. Los hijos suponen una presión económica adicional para el hogar, y la penalización de la maternidad hace que a las mujeres les resulte más difícil ayudar a sus familias a cubrir esas necesidades. Además, el impacto en los ingresos deja a las mujeres en una situación vulnerable en caso de que desaparezcan los ingresos de su pareja.
Investigaciones anteriores han sugerido que las madres podrían ganar menos porque se cambian a empresas más pequeñas o peor pagadas que ofrecen horarios más flexibles. Otros estudiosos han sugerido que los hogares toman la decisión racional de dar prioridad a la carrera profesional del miembro de la pareja que más gana, y que en las parejas de distinto sexo, el progenitor que más gana suele ser el padre.
Pero el nuevo estudio, realizado por los economistas Douglas Almond y Yi Cheng, de la Universidad de Columbia, y Cecilia Machado, de la Escuela de Economía y Finanzas FGV EPGE de Brasil, sugiere que eso no es lo que ocurre.
A partir de dos décadas de datos, de 1990 a 2010, de más de 800.000 padres, el estudio confirma en primer lugar lo que muchas otras investigaciones han demostrado: El nacimiento del primer hijo no afecta significativamente a los ingresos de los hombres, pero sí provoca un descenso sustancial de los de las mujeres. Por término medio, las madres pierden unos US$2.000 al trimestre, es decir, US$8.000 al año. Esto supone un descenso relativo de alrededor del 51% en comparación con los ingresos que tenían antes de tener hijos.
Ese descenso no varía significativamente en las grandes empresas frente a las pequeñas; en otras palabras, las mujeres no se están cambiando a empresas más pequeñas o más flexibles. Las parejas tampoco están haciendo una elección calculada para maximizar el potencial de ingresos del hogar porque, según concluyen los investigadores, la penalización por maternidad persiste en los hogares en los que la mujer gana más. De hecho, en los hogares en los que la madre es el sostén de la familia, la penalización es aún mayor. Estas mujeres experimentan un descenso del 60% en sus ingresos antes de tener hijos en comparación con los de su pareja masculina, que gana menos.
Parte de la diferencia se debe a que algunas mujeres acaban abandonando el mercado laboral, temporal o permanentemente. Según los datos del censo, en los hogares con niños menores de 6 años, el 35% de las madres están fuera de la población activa, frente a sólo el 4% de los padres.
Sin embargo, las madres que siguen trabajando también ven penalizados sus ingresos. “Esto indica que el efecto no se debe sólo a que las mujeres abandonen la población activa, sino también a que los ingresos de las empleadas son más bajos”, afirma Almond.
Para todas las madres, la penalización es duradera: no se redujo significativamente en los seis años posteriores al nacimiento del primer hijo y, de hecho, incluso aumentó un poco durante ese tiempo. La penalización también es deprimentemente difícil de eludir. Persiste entre las personas con estudios universitarios, independientemente de que el jefe sea una mujer y de que la empresa tenga una base de empleados predominantemente femenina.
La suerte está echada cuando nace el bebé. “Los beneficios de la maternidad benefician a ambos progenitores”, escriben los economistas, pero “la carga de la maternidad se produce a expensas de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”.
Por supuesto, no todas las mujeres que dejan de trabajar para criar a sus hijos se sienten desgraciadas. Pero se arriesgan económicamente. Incluso en los hogares acomodados, depender de un único ingreso es precario: una mujer está poniendo en peligro su futuro económico si su cónyuge se queda sin trabajo, pide el divorcio, sufre una enfermedad grave o fallece prematuramente. Y tener ingresos propios puede ser una forma importante de mantener cierto grado de influencia e independencia.
La penalización de la maternidad no está tan extendida en los países escandinavos. Estudios anteriores sobre las mujeres suecas, por ejemplo, muestran que en las parejas en las que las mujeres ganan lo mismo o más que sus parejas masculinas, estas madres no se enfrentan a la penalización de la maternidad.
¿Qué está haciendo bien Suecia que Estados Unidos podría copiar? Lo primero que pensé fue “permiso parental retribuido”. Estados Unidos es el único país rico del mundo que no garantiza la baja por maternidad remunerada, y Suecia tiene generosas políticas de baja parental tanto para las madres como para los padres. Pero los investigadores afirman que es poco probable que la baja remunerada sea suficiente. “Alemania y Austria tienen las mayores penalizaciones por maternidad, pero también políticas de baja más generosas que las de Estados Unidos”, señala Cheng, citando una investigación anterior dirigida por Henrik Kleven, de Princeton.
¿Y si las guarderías fueran más asequibles? Aunque eso podría ayudar a algunas mujeres, sobre todo a las que tienen menos ingresos, los investigadores no lo ven como una solución milagrosa. Al fin y al cabo, en las familias donde las mujeres llevan el pan a casa, incluso una guardería cara es una inversión sensata. Pero sus datos sugieren que esas familias no están haciendo ese tipo de cálculos.
En su lugar, las soluciones pueden estar en el cambio cultural: conseguir que tanto las madres como los padres vean la crianza de los hijos como una empresa conjunta. “En última instancia, la idea tradicional es que el cuidado de los niños es, por defecto, responsabilidad de la madre”, explica Almond. “Cuando visitas un parque infantil en Suecia, hay tantos padres como madres”. Esto no es lo que él ve paseando por Nueva York. “La diferencia es asombrosa”.
Acabar con la suposición de que mamá manda por defecto -y que papá, cuando ejerce de padre, está “haciendo de canguro” o “ayudando”- también combatiría una de las razones más perniciosas de la penalización de la maternidad: los prejuicios contra las madres en el lugar de trabajo. Un estudio tras otro ha demostrado que los empresarios consideran injustamente que las madres están menos comprometidas y son menos competentes. Eso se traduce en menos oportunidades y salarios más bajos. “Sin duda, las madres que permanecen en el mercado laboral se enfrentan a prejuicios en cuanto a la percepción de su compromiso”, afirma Cheng.
Y esa forma de pensar agrava la vulnerabilidad económica de las mujeres. Las mujeres de casi todas las razas y edades tienen tasas de pobreza más altas que los hombres; representan dos tercios de los trabajadores con salario mínimo; tienen dos tercios de la deuda por préstamos estudiantiles; y tienen menos ahorros para la jubilación que los hombres. Todo esto, por supuesto, es malo para los niños, que suelen seguir a sus madres -pero no a sus padres- en la penuria.
Estoy de acuerdo en que es necesario un cambio cultural. Pero también creo en el poder de la política para hacer sitio a esos cambios. Los índices de aceptación de los permisos no retribuidos -el único tipo de permiso que las empresas estadounidenses con más de 50 empleados están obligadas a ofrecer- no son inspiradores. Pero las empresas que han ampliado sus permisos de maternidad remunerados afirman que cada vez son más las mujeres que se reincorporan. Y ofrecer un permiso retribuido de igual cuantía a los nuevos padres pondría a hombres y mujeres en pie de igualdad en el trabajo, y abriría una puerta para que los padres se implicaran más durante los primeros meses del bebé, sentando las bases para una crianza más igualitaria más adelante. Sí, sería necesario un cambio cultural para que esos padres utilizaran realmente su permiso de paternidad, pero no pueden utilizar una prestación de la que carecen.
Del mismo modo, ampliar el acceso a las guarderías enviaría una señal cultural de que las madres son una parte valiosa de la mano de obra y los niños una parte importante de la sociedad. Eso podría ayudar a cambiar las suposiciones subyacentes sobre qué empleados son los más “comprometidos”.
Una mujer que da a luz arriesga su cuerpo para crear una nueva vida. Con políticas más inteligentes y algún cambio cultural significativo, no tiene por qué ser también un riesgo financiero.
Insinuaciones, chantajes, además de recibir mensajes y fotografías con contenido sexual no solicitado a su celular, es el tipo de ciberacoso que más experimentan las mujeres, al doble que los hombres en México. De acuerdo con el Módulo sobre ciberacoso 2022, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 17,4 millones de mexicanos mayores de 12 años sufrieron algún tipo de hostigamiento, pero el contenido sexual es dirigido casi dos veces más a las mujeres.
Casi el 35% de las mujeres mayores de 12 años que hacen uso de dispositivos para conectarse a internet ha recibido insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que el 33.6% de las usuarias de internet ha recibido contenido sexual que no ha solicitado. De este grupo de usuarios que ha experimentado ciberacoso y que pudo identificar el sexo de las personas agresoras, 58,1% correspondió a hombres agredidos por hombres y 56,1 % a mujeres agredidas por hombres.
En contraparte, los hombres mantienen una proporción similar a las mujeres en otro tipo de ofensas, siendo la más común el contacto mediante identidades falsas, con una prevalencia de 39% o la suplantación de identidad, con poco más de 20% de usuarios hombres que manifestaron vivir este delito.
El módulo, elaborado con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), muestra que aunque el acoso cibernético entre todos los usuarios de internet pasó de 21,7% en 2021, a 20,8% en 2022, las conductas nocivas entre estos usuarios sigue prevaleciendo, sobre todo entre los adolescentes y adultos jóvenes.
En una fotografía más cercana, Chiapas fue el Estado que más reportó contactos mediante identidades falsas, con 43,5%, seguido de Campeche con 42,2% y Estado de México con 41,9% de usuarios que experimentaron este delito. Adicionalmente, hay tres Estados que han aumentado los comportamientos de hostigamiento en internet. Baja California, Nuevo León y Tlaxcala, con más de 20% de usuarios de internet que han sido víctimas de algún tipo de intimidación en línea.
El anonimato es el escudo en el que se resguardan más frecuente los acosadores, ya que en el 61,3% de las situaciones de ciberacoso no se identificó a los atacantes, en 22% de los casos se identificó a personas conocidas y en 16,8% se pudo dar con personas conocidas como a desconocidas.
Las mujeres y niñas afrodescendientes del continente americano tienen más probabilidades de morir durante el parto, alertó este miércoles el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agencia de la ONU especializada en salud sexual y reproductiva.
En un nuevo estudio, el UNFPA refuta categóricamente el argumento de que estas muertes se deban a la incapacidad de ese colectivo de buscar tratamiento oportuno, a haber hecho malas elecciones de estilo de vida o a tener predisposiciones hereditarias. En cambio, da cuenta de un patrón sistémico e histórico de abuso racista en el sector de la salud en todos los continentes.
Desde la educación médica hasta la formulación de políticas y la prestación de servicios de salud, las mujeres y niñas afrodescendientes son sistemáticamente desatendidas y maltratadas, afirma el UNFPA, y detalla que el maltrato que enfrentan cuando reciben atención médica puede incluir abuso verbal y físico, negación de atención de calidad y rechazo del alivio del dolor.
“Como consecuencia, enfrentan mayores complicaciones durante el embarazo y demoras en las intervenciones, que con demasiada frecuencia resultan en la muerte”, agrega el informe.
Entre los hallazgos clave, el UNFPA destacó que los afrodescendientes en general experimentan niveles desproporcionados de agravio en los entornos de salud, algunos de los cuales se basan en creencias no científicas y racistas que datan de la esclavitud y que todavía están presentes en los planes médicos.
Recopilación negligente de datos
Citó también la negligencia estructural reflejada en la recopilación de datos, precisando que sólo once de los 35 países de América tienen las cifras de salud materna desglosadas por raza, en tanto que apenas seis registran las muertes maternas clasificadas por raza.
Además, únicamente un tercio de los 32 planes nacionales de salud encuestados por la agencia identificaron a los afrodescendientes como una población que experimenta barreras en el sector de la salud.
El estudio señala que de los países con datos disponibles Estados Unidos es el que presenta la diferencia más grande en las tasas de mortalidad materna: las mujeres negras tienen el triple de probabilidades de morir que las blancas durante el parto o en las seis semanas posteriores al alumbramiento.
En Surinam esa tasa de probabilidad es 2,5 veces mayor, en tanto que en Brasil y Colombia es 1,6 veces mayor. Se estima que hay 209 millones de personas de ascendencia africana en América.
La directora ejecutiva del PNUMA afirmó que el flagelo del racismo sigue asolando a las mujeres y niñas negras en el continente americano, donde muchas de ellas son descendientes de las víctimas de la esclavitud.
“Con demasiada frecuencia, las mujeres y niñas afrodescendientes son abusadas y maltratadas, sus necesidades no se toman en serio y sus familias se ven destrozadas por la muerte prevenible de un ser querido durante el parto. La justicia y la igualdad sólo serán posibles cuando nuestros sistemas de salud brinden atención respetuosa y compasiva a estas mujeres”, dijo Natalia Kanem.
El informe subraya que los ingresos y la educación más altos no ofrecen más protección y especifica que las muertes maternas entre las graduadas universitarias afroamericanas en Estados Unidos son 1,6 veces más altas que entre las mujeres blancas con un máximo de educación secundaria.
Acceso a la atención materna
Ante esta realidad el UNFPA insta a los gobiernos, las organizaciones internacionales, y los sectores educativos y sanitarios a tomar medidas para garantizar el acceso a una atención materna de calidad para las mujeres de afrodescendientes y reducir así las altas tasas de mortalidad materna entre ese grupo de población.
Del mismo modo, pide a las autoridades pertinentes que recopilen y analicen los datos de salud desagregados por raza y etnia; insta a las escuelas de medicina a poner fin a la ideología racista en los planes de estudio y de capacitación; y exhorta a los hospitales implementar políticas que pongan fin al abuso físico y verbal contra las mujeres y niñas afrodescendientes.
Erradicar los estereotipos de género y el machismo en los servicios de salud reproductiva en América Latina “sigue siendo una deuda pendiente”, aseveraron organizaciones feministas, que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia de la violencia obstétrica en los países de la región, incluido México. Este tipo de agresión va desde el uso de lenguaje ofensivo durante el parto, hasta la práctica de cesáreas injustificadas y la esterilización no consentida o forzada.
En audiencia pública, Rebeca Ramos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que en México el sector público concentra más del 70 por ciento de los partos y se estima que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica.
Si se desagregan los datos, dijo, se observa que una de cada dos mujeres menor de 20 años de edad con discapacidad sufrió por lo menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto.
Indicó que reconocer y nombrar estas agresiones ha contribuido a verlas como una forma específica de violencia institucional y de género que constituye una violación a los derechos humanos.
No obstante, señaló que sería problemático tipificarla como un delito, porque ello implicaría atender estas conductas únicamente mediante acciones punitivas en lo individual. Además, de que ello genera resistencias entre personal de salud que con frecuencia enfrenta condiciones adversas para realizar su trabajo.
“La criminalización no soluciona la violencia obstétrica como el problema estructural que es”, más bien distrae a los Estados de su obligación de resolver las deficiencias en infraestructura y equipamiento de los centros de salud, apuntó.
Asimismo, Ramos mencionó que las sanciones penales no cubren las expectativas de las víctimas. Ellas suelen estar interesadas en que el Estado reconozca las experiencias que vivieron, asuma su responsabilidad y garantice la no repetición.
En una audiencia en la materia, que se llevó a cabo en el marco del 187 periodo de sesiones de la CIDH, Carmen Cecilia Martínez, del Centro de Derechos Reproductivo, recordó que los Estados tienen la obligación de prevenir y abstenerse de practicar violencia obstétrica.
Ante la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, representantes de organizaciones de Perú, Chile, Colombia y Argentina, manifestaron que es necesario que existan avances en cuanto a educación con enfoque de derechos humanos, género, cuidado diferencial, que sea transversal y obligatorio en todas las profesiones de la salud y afines, así como sensibilización permanente al personal de salud.
De igual manera, que se brinde educación y empodereamiento a las mujeres, niñas y adolescentes en materia derechos humanos, y que se invierta en la infraestructura e insumos que los centros de salud requieren.
