ARTICLE 19 rechaza las agresiones cometidas en contra de cuatro mujeres periodistas en el marco de las movilizaciones del 8M, día internacional de la mujer, en los estados de Puebla, Nuevo León y Guanajuato.
Caso Puebla (detención arbitraria y tratos inhumanos, crueles y degradantes)
El 10 de marzo, las periodistas Natalie Hoyos López y Michelle Hoyos López, reportera y reportera gráfica respectivamente, del medio Enlace Noticias, así como a tres activistas y un hombre, fueron víctimas de una detención arbitraria y tratos degradantes, crueles e inhumanos por parte de la policía municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Ambas periodistas cubrían actividades de un colectivo feminista llamado “Marea Púrpura” en el Zócalo de Izúcar de Matamoros con motivo de las celebraciones del #8M.
Al final de las actividades hicieron favor de llevar al domicilio a una de las activistas, cuando se percataron que una camioneta de la policía municipal venía siguiéndolas con las luces apagadas, ya en el lugar, arribaron 5 elementos de la policía municipal de Izúcar de Matamoros. A pocos minutos llegan 2 patrullas y 2 moto patrullas con un total de 18 elementos de la policía municipal quienes las detuvieron arbitrariamente, y todo por órdenes de la jefa Irene Olea Torres, Presidente municipal de Izúcar de Matamoros.
Las periodistas fueron trasladadas a la Subcomandancia de Seguridad Sur, donde fueron humilladas e insultadas, sufrieron golpes, violencia sexual por parte de la mujer policía. Además, las tuvieron incomunicadas durante aproximadamente cuatro horas y les preguntaron los nombres de las participantes de la marcha. Finalmente, fueron liberadas, el 11 de marzo luego de que pagaran una multa de $1,900.00 cada una por supuestamente “ensuciar” las calles.
Caso Guanajuato (campaña de desprestigio)
El 8 de marzo, la periodista independiente Rosario Martínez de la Vega de Códigos Periodismo en Línea, fue víctima de una campaña de desprestigio en León, Guanajuato.
Durante la marcha, en las calles donde se llevó a cabo la manifestación, se encontraron tres lonas con su foto que la acusaban de extorsionar a políticos. En entrevista con ARTICLE 19, la periodista aseguró no saber quién colocó dichas lonas, pero resaltó que sus coberturas suelen centrarse en temas de política y corrupción, y ha publicado varias notas críticas sobre la labor de funcionarios de Bienestar Guanajuato, en particular sobre la falta de apoyos sociales a las personas beneficiarias. La última nota que escribió fue titulada: Bienestar Guanajuato gasta 1.5 mdp en renta de mobiliario a proveedor fantasma.
La presencia de las lonas con su fotografía en las calles, desató ataques en redes sociales en contra de la periodista. La cuenta de Twitter @Gabriel12acosta subió un video de la manta con la foto de la periodista y la etiquetó, cuestionándola sobre su labor periodística. Cuando la periodista respondió, dicha cuenta la acusó de ser una extorsionadora y de escudarse en el género para obtener beneficios. La periodista aseguró que estos ataques en redes sociales buscan desprestigiar su trabajo y su persona.
Caso Nuevo León, Monterrey (Amenazas)
El 8 de marzo la periodista Chantal Flores asistió a la marcha que se llevó a cabo en el Centro de Monterrey y que terminaría en la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno para cubrir el proceso de la movilización. Entre las 22:00 y las 22:15, Flores narró que empezó a salir la Fuerza Civil del grupo especial de la policía antimotines del Palacio de Gobierno. y empezaron a empujar a las manifestantes, entonces existió una primera detención arbitraria de una joven, a lo que varias chicas se acercaron para ver la razón de su detención y poder apoyarla; de igual manera la periodista fue detrás de ellas para documentar lo sucedido y empezaron los empujones entre las manifestantes y los policías, la periodista mencionó en entrevista con ARTICLE 19, que se apartó un poco del lugar de los disturbios y la comenzó a perseguir una policía, segundos después reaccionó que no tenía porque correr ya que solo estaba ejerciendo su trabajo y le dijo a la policía ´´Soy prensa´´, la policía escuchó, se rio de ella y se dio la vuelta.
Momentos después cruzó la calle, frente al Palacio Municipal, y había un policía de sexo masculino gritando que ya se fueran, a lo que la periodista se acercó y le dijó ´´Oficial soy prensa, nos podría dar información sobre las detenciones que se llevaron a cabo´´, a lo que la reacción del oficial fue voltear y amenazar a la periodista diciendo «Si no se retira va a salir lastimada», la periodista argumentó que ella lo único que quería era la información de las detenciones, y de nueva cuenta por parte del oficial recibió otra amenaza, que textualmente fue «Ya le dije, retirese o saldrá lastimada», en un tono bastante intimidante, debido al miedo y falta de garantías para la labor,, la periodista decidió alejarse para salvaguardar su integridad.
Los casos mencionados son una muestra concreta de la violencia sistémica a la que se enfrentan las mujeres periodistas en México. Es así que, en un contexto general de grave violencia e inseguridad, numerosas personas periodistas están en doble riesgo, por su condición de periodistas y por su género, lo que aumenta los riesgos a sufrir más violencia.
La labor periodística es especialmente importante en la cobertura de protestas porque las personas periodistas fungen un rol de testigas directas de lo que ocurre y pueden dar una visión clara y objetiva de lo que está sucediendo.
Además, tienen la responsabilidad de informar sobre las demandas y reivindicaciones que se plantean, en este caso, de la marcha del #8M. Es importante que las personas periodistas informen sobre las demandas de las mujeres y las razones por las que se están manifestando.
También es de relevancia pública que las personas periodistas informen sobre la forma en que se están desarrollando las protestas, si hay presencia policial y cómo están respondiendo las autoridades a las demandas de las manifestantes. De esta manera, la ciudadanía puede tener una visión objetiva de lo que sucede. Las personas periodistas que cubren las protestas, incluida la marcha del #8M, a menudo se enfrentan a condiciones peligrosas y difíciles. Desde sufrir violencia por parte de la policía, hasta agresiones por otras personas ajenas a la misma.
Los datos recabados por ARTICLE 19 en el primer semestre de 2022 son preocupantes. De los 30 casos documentados en relación a la cobertura de protesta, 9 de ellos están relacionados con la marcha del #8M, lo que muestra la importancia de este tipo de manifestaciones y la necesidad de que se les preste atención. Además, es alarmante que las Fuerzas de Seguridad Civiles sean la autoridad que más ataca a las personas periodistas, con 8 casos registrados en el periodo mencionado. La agresión física fue la más recurrente, y 5 mujeres y 2 hombres fueron víctimas de este tipo de ataque.
En relación a las agresiones provocadas por funcionarios públicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que es urgente adoptar medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir los ataques y otras formas de violencia perpetrados contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus responsables. El Estado debe adoptar medidas eficaces para promover la denuncia de la violencia contra mujeres periodistas y para luchar contra la impunidad que caracteriza a estos crímenes.
De igual forma la CIDH enfatiza que es fundamental garantizar que las personas puedan reunirse y protestar de forma segura, sin poner en riesgo su integridad física o su vida, y sin enfrentar el abuso excesivo por parte de las autoridades. Para ello, es necesario que se adopten medidas concretas para capacitar adecuadamente a las fuerzas policiales encargadas del control de las protestas, a fin de que puedan actuar de forma respetuosa y proporcional ante situaciones de conflicto.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula en su artículo 21 que el actuar de los elementos de seguridad debe llevarse a cabo con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, de los hechos mencionados existe incumplimiento de este mandato, lo que ha generado una grave situación de inseguridad y vulneración de los derechos humanos de las periodistas. Por lo que se hace necesario que el Estado deba garantizar la protección de las víctimas y el ejercicio pleno de su derecho a la libertad de expresión. Solo así se podrán crear condiciones seguras para que las mujeres periodistas puedan desarrollar su labor profesional sin temor a sufrir violencia o represalias.
La violencia en línea preocupa, pues en el primer semestre del 2022 del total de las agresiones registradas 331, 105 ocurrieron en el ámbito digital, lo que representa el 31.72%, y 26 casos son de ataques contra mujeres y 3 de ellos son de connotación sexual. Esta información es relevante, ya que evidencia que la violencia en línea es una forma cada vez más común de atacar a las mujeres periodistas en México.
Es importante recordar que, como señala el informe La Violencia en Línea contra las Mujeres en México, en el país prevalece un contexto grave de violencia contra periodistas y activistas como resultado del ejercicio de su profesión, que impide el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Ante esta situación, es necesario implementar medidas de protección para las mujeres en línea, de manera que no se autocensuren y se garantice el flujo de información crítica.
Enfatizamos que el rol de la prensa en contextos como movilizaciones sociales es no sólo legítimo sino también necesario para expandir los mensajes y demandas que llevan a la apropiación del espacio cívico. En México se asesinan alrededor de 10 mujeres al día, y el segundo país con el mayor número de transfeminicidios de la región, por lo que preocupa que aquellas mujeres periodistas que cubren movilizaciones sobre el tema son reprimidas, censuras y violentadas, lo que refleja que la violencia de género es sistemática y que corresponde a las autoridades generar políticas públicas que atienden las razones que llevan a protestar así como garantizar condiciones plenas para ejercer el derecho a informar.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
Puebla:
- A la Fiscalía General del Estado de Puebla investigar los hechos y brindar protección a Natalie y Michelle, garantizando su derecho a la justicia y reparación.
- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla a iniciar una queja sobre las agresiones cometidos en contra de las periodistas para que se garantice la no repetición.
- Al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para actuar conforme a sus atribuciones y aplique las medidas adecuadas y necesarias para proteger a las periodistas agredidas por la policía municipal.
Guanajuato:
- Al gobierno de Guanajuato a pronunciarse sobre la importancia de la labor periodística en una sociedad democrática y evitar comentarios que estigmaticen a la prensa.
- Al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que actué conforme a sus atribuciones en el caso de Rosario, beneficiaria de dicha institución, así como reforzar las medidas si es necesario.
Nuevo León:
- A la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, que omita realizar cualquier acto contra la integridad de las personas que cubren estas y otras protestas sociales. Asimismo, deben iniciar las investigaciones correspondientes contra los o las oficiales que cometieron agresiones contra periodistas.
