Era final de mayo y hacía horas que el termómetro superaba los 30 grados. Inmensas filas de vehículos esperaban bajo el sol en un punto llamado Retorno, a la altura de la colonia Paso Limonero, a unos 10 kilómetros de Acapulco de Juárez, en Guerrero. Ese fin de semana se celebraba el tianguis turístico y la ciudad costera esperaba abarrotarse. Pero desde primera hora de la mañana nadie podía pasar. Varios grupos de manifestantes habían cortado todos los accesos desde Ciudad de México: no habría tráfico hasta que las autoridades no encontraran a Yoseline Patricio Vendrel.
A Yoseline, de 16 años, la habían secuestrado el día anterior, a las 6.30 horas, cuando iba a la escuela, acompañada de su novio, en el pueblito de San Agustín. Llegó un vehículo con hombres armados, dos se bajaron, golpearon al chico y se la llevaron a ella. Así de rápido, de sencillo, llevarse a una mujer. Su madre Belén movilizó a toda la comunidad para protestar y pedir a las fuerzas de seguridad que la encontraran. El primer bloqueo fue disuelto muy rápido por la Guardia Nacional, pero para el segundo estaban preparados para el calor y los gritos. Entendían, decían, que tener atorados a los autobuses y a cientos de coches era molesto para los afectados, pero era peor que Yoseline no apareciera, como no aparecen tantas, y que todo siguiera como si no pasara nada.
Al plantón llegaron la fiscal y varios secretarios de Gobierno, no lo hizo Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Trataron de negociar, pero el pueblo estaba firme: sin la niña no se iban. Unas 24 horas después, el Gobierno anunciaba triunfante: Yoseline estaba de vuelta en su casa. Llevaba todavía el uniforme escolar con el que se la llevaron. Los senadores reconocieron más tarde que el de Yoseline era un probable caso de trata de mujeres, ella fue otra joven secuestrada por grupos criminales para la explotación sexual, pero la salvaron a tiempo.
En México, hay más 110.000 personas desaparecidas, de ellas, 28.000 son mujeres. Los casos se acumulan en las mesas de unas autoridades desbordadas: a las comisiones de búsqueda les faltan los recursos, el personal, la capacidad operativa; las fiscalías están sepultadas en un país en el que cada día 10 mujeres son asesinadas y siete desaparecidas, el doble de estas cifras se registra para varones. Ante el derrame imparable de la tragedia, las autoridades se han atrincherado tras muros de burocracia. Para abrir grietas y acceder a la justicia, algunas familias optan por cortar las principales carreteras, generando retrasos de horas y caos en el asfalto.
El pasado viernes, cuando comenzaba el puente de vacaciones, la familia de Carolina Islas bloqueó la carretera de México hacia Cuernavaca. Retuvieron el tráfico durante nueve horas. Algunos conductores terminaron bajándose de sus coches para enfrentarse a golpes con la familia de la joven. Aquel día hacía una semana que Carolina estaba desaparecida, hoy han pasado dos. Caro —como la llaman— salió a un bar del centro histórico de Ciudad de México, el Mr. Duck, muy conocido por su ambiente de fiestas de reguetón, con su pareja Iván Guadarrama, con quien llevaba saliendo dos años. “Sabemos que salieron del bar, pero de ahí no sabemos nada más”, dice a EL PAÍS Lucía Franco, prima de la joven.
Islas tiene 29 años, es madre de tres niños pequeños, trabaja de mesera, es tranquila, reservada y familiar. Su novio ha pasado de estar en las fichas de búsqueda como desaparecido con ella a ser el principal sospechoso. “Los buscamos a los dos, porque llegando a él, llegamos a Carolina. Creemos que él la tiene”, explica Franco. Los días antes del bloqueo no recibieron ninguna información, solo podían esperar. Trataron de hacer un par de manifestaciones en el de Viaducto, pero no tuvieron el eco. El viernes “sí fue un gran cambio”: consiguieron que los recibiera la fiscal Ernestina Godoy y que se comprometieran a darles un informe diario de cómo van las investigaciones. Además, han hecho búsquedas en el terreno en varios puntos de Tlalpan de donde era originaria la joven, de momento sin éxito. Su familia insiste: “Queremos a Caro con vida”.
Los cortes ocurren con frecuencia, casi de forma diaria, algunos con más impacto mediático que otros. A final de junio sucedió en la México-Puebla para que apareciera Alondra Soledad Axalco, de 18 años, en Tlahuapan, y lo hizo; en diciembre en Acapulco para localizar a la estudiante de derecho Leslie Berenice y se hizo; en enero en Ciudad de México para que encontraran a María Angela Olguín, de 16 años, y lo hicieron. Sin embargo, en un país de impunidad y fosas, los bloqueos no siempre son sinónimo de éxito: nada se sabe todavía de Alicia Ramos Juárez, desaparecida el 13 de diciembre en Acapulco; a Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez la encontraron sepultada debajo de una maderería en Tlanepantla dos semanas después de que su familia colapsara la México-Querétaro.
Las familias, solas ante la desaparición forzada
En muchas ocasiones, las familias buscan solas a sus desaparecidos, un camino tortuoso y plagado de dificultades técnicas. Por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador jurídico de la organización de derechos humanos IDHEAS, explica que si una niña desaparece en el metro de Ciudad de México y la madre trata de revisar las cámaras de seguridad, la van a mandar a la Fiscalía de la delegación correspondiente para pedir el permiso, allí —después del traslado y la espera— la van a derivar a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, y será en este último donde podrá poner la denuncia, pero después tendrá que ir a la Comisión de Búsqueda para levantar la ficha de desaparición: “¿Cuántas horas habrán pasado ya sin la niña? ¿24? Y todavía nadie ha empezado a buscarla. Cuando desaparece una niña, una mujer, hay que reaccionar de manera inmediata”.
El experto señala que el país cuenta con “el marco jurídico adecuado” que marca las obligaciones del Estado en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas: “Sin embargo, nos movemos en cómo debería ser y en cómo realmente es”. Desde su asociación han publicado una guía de qué hacer en las primeras 24, 48 y 72 horas de desaparición de una persona, porque son “cruciales”.
Después de 20 años trabajando en temas de desapariciones, Gutiérrez Contreras es muy crítico con la manera de enfrentar esta crisis por parte de las autoridades: “Son ineficientes. La Comisión de Búsqueda de Ciudad de México, por ejemplo, no tiene capacidad para buscar a nadie. Además, es absurdo, y lo hemos dicho muchas veces, que en este país la búsqueda y la investigación del caso vayan por separado”. Además de las “omisiones o negligencias de las autoridades”, el experto menciona a otros actores: “La falta de solidaridad de la sociedad mexicana que no aporta las imágenes de sus cámaras privadas o de las empresas Telcel o Movistar, que es importante involucrarlas en el tema para que den información sobre los teléfonos de las víctimas de desaparición”.
En conclusión, Gutiérrez Contreras dibuja “una situación estructural de impunidad” que orilla a algunas familias de desaparecidos a la protesta. “Algunas personas deciden bloquear las calles para que actúe inmediatamente el Ministerio Público, y otras dejan pasar el tiempo esperando resultados, después cuando no ven absolutamente ninguna diligencia, se lanzan a protestar. Nosotros no estamos en lo absoluto opuestos a que la gente ejerza actos de desobediencia justificada”.
Yadira García pidió en junio disculpas a todos los que les afectó el bloqueo de la carretera federal 150, que va de Orizaba a Tehuacán, y que fue cortada a la altura de Nogales, donde desapareció su hija, de 21 años, Paola Itatí Hernández. “Somos ignorados, tenemos que hacer algo para que la gente voltee, tenemos que hacer este tipo de cosas porque si no las autoridades no me dan cuenta de nada”, dijo entonces, cuando llevaba ya cinco días sin su hija, cinco días en los que no había recibido ninguna llamada de la Fiscalía, ni siquiera sabía si estaban investigando para encontrarla: “Sé que de alguna manera se incomoda la sociedad, quizá nunca ha pasado por lo que yo estoy pasando”. Encontraron a Paola dos días después del bloqueo, ya sin vida.
