La revictimización la vemos cotidianamente dada la insuficiente capacitación que muchas instituciones tienen para seguir el debido proceso.
El 1 de junio del 2021, se decretó la adición de un Artículo 20 Quáter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que considera como delito a acciones, por medios digitales, contra las mujeres. La violencia digital y su sanción, como delito, fue producto del gran activismo de muchas organizaciones y de Olimpia Corral Melo, que fue objeto de ésta cuando una persona difundió un video íntimo sin autorización o consentimiento de ella.
El Artículo 20 Quáter señala que:
“Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.
Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
…”
Además, un artículo 20 Quinquies, fue adicionado, también, para contemplar la violencia mediática:
“ARTÍCULO 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.
La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.”[2]
En las últimas semanas, el caso de la joven María Ángela Olguín de 16 años de edad es un ejemplo de revictimización. El 19 de enero del 2023 desapareció en la estación de Indios Verdes del Metrobús. Ante la desatención de las autoridades, familiares y amigos realizaron cierres viales y lograron que éstas les dieran acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad donde vieron que la joven fue “sustraída” por un hombre.
El 21 de enero, en la colonia “Las Águilas”, del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, María Ángela fue encontrada, desnuda y cubierta por una bolsa de plástico negra, de acuerdo con las autoridades. Esa tarde, a las 18:21, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó en su cuenta de Twitter: “La @FiscaliaCDMX localizó a María Ángela. Ya se encuentra en las instalaciones de la Fiscalia para reintegrarla al núcleo familiar”. (sic)
Cuarenta minutos antes, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo publicó, también en su cuenta de Twitter: “Esta tarde fue localizada en nuestro municipio #MariaAngelaOlguin 
por elementos de la Célula de Búsqueda y el equipo Atención de Victimas de @seguridadneza. Tras hacer el protocolo necesario y valorarla médicamente, está en camino a la @FiscaliaCDMX .” Es evidente que, al poner en funcionamiento a su Célula de Búsqueda Municipal, la localización fue más rápida.
Así mismo, el director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez, señaló: “Lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan, de la Ciudad de México, y que ahí donde la tenían había más menores, no dice cuántas, no dice dónde, obviamente está desorientada. Lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas, niñas, jóvenes, mujeres donde ella estaba”. (El Universal, 23/01/23)[3]
El 24 de enero, tras la declaración de María Angela ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, señaló:
“Por lo pronto, es importante mencionar que el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso similar en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos relacionados con la ausencia de niñas, mujeres o adolescentes en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas de convergencia.
Resulta de fundamental relevancia señalarlo, a efecto de que la ciudadanía no preste atención a rumores difundidos sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi.”
Increíblemente, un día después de que la joven María Ángela rindiera su declaración, el mismo Ulises Lara dio una conferencia de prensa el 25 de enero, donde informó:
“Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia de la adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.
…
A continuación, presentamos a ustedes una línea de tiempo que muestra claramente lo ocurrido desde que la menor de edad se ausentó en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes hasta que fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.”
De acuerdo con el vocero de la FGJCDMX, la joven estuvo, durante esos días, con una colectiva feminista. Para apoyar la investigación presentó imágenes donde se ve a una persona parecida a la joven. Así, el gobierno de la Ciudad de México no le garantizó a Ángela el acceso al debido proceso, violentando su derecho.
¿Porqué razón la Fiscalía de la Ciudad de México contradijo las declaraciones y acciones de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl?
En el momento de la desaparición de la joven María Ángela, tanto en las redes sociales como en otros medios de comunicación, el Gobierno de la Ciudad trató de minimizar la desaparición para evitar que la pre campaña de Claudia Sheinbaum se manchara; por otra parte, la oposición utilizó los hechos para cuestionar a la precandidata de MORENA a la presidencia de la República.
Resulta esclarecedor, al ver la confrontación de las partes que, lo poco que importaba era la localización de María Ángela, su integridad: lo esencial era ganar capital político a través de la explotación de un hecho dramático que viven, diariamente, decenas de mujeres.
Al inicio de este texto apunté dos delitos que han sido establecidos, recientemente, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también el concepto de “revictimización” que sufren muchas personas.
La joven María Ángela ha sido revictimizada, no solamente por las autoridades de la Ciudad de México, sino por algunas “feministas” e influencers que disputan el poder político.
Sé perfectamente que orientar o sugerir que una red social tenga un mínimo de comportamiento con las víctimas, un protocolo, es cruzar el lumbral de la “censura”, pero ¿cómo podemos evitar que un caso como el de María Ángela sea un instrumento más de la confrontación política?
Quienes escribieron sobre el caso para “cuestionar” o “defender” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ¿revictimizaron a María Angela?
Pero hay algo más. Justamente hace cuatro años, la joven Zoé Láscari, usuaria del Metro, inició un mapeo de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro donde se vivieron intentos de secuestro; Sandra Barrón, Dana Corres, Mónica Zamudio, Brenda Vázquez y Alejandra Padilla realizaron un ejercicio de visualización de denuncias ciudadanas. Se puede consultar y ver los testimonios en un análisis en el portal Serendipia[4]. Incluso, hay testimonios de intentos de secuestro en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes.
En ese entonces, 2019, la base de datos que se iba conformando fue desestimada por las autoridades dado que “no había denuncias”, pero los hechos estaban ahí… están. ¿Cuál es la política de los diversos órdenes de gobierno para prevenir que, en las estaciones de abordo o transferencia del transporte público, no sean violentadas las mujeres?
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su equipo de colaboradores están empeñados en construir la imagen de un gobierno sin manchas, no de gobernar; la existencia de la violencia que sufren las mujeres en el transporte público es un signo de que poco importan los derechos humanos de éstas.
Del otro lado, una buena parte de la oposición, ante la incapacidad para proponer mejores leyes o políticas públicas, o, por lo menos, visibilizar lo que está sucediendo, solamente cuestionan y, junto a la administración de la Ciudad, revictimizan a las personas. En eso sí son iguales.
Trasladar a la arena política la violencia contra las mujeres es revictimizarlas y si las instituciones no siguen el debido proceso, como en el caso de la Ciudad de México, el camino para eliminarla es muy largo.
Referencias:
[1] UNAM, Coordinación para la Igualdad de Género [En línea] https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/la-revictimizacion-es/ [Consulta: 30 de enero del 2023]
[2] Las dos citas de los artículos fueron tomadas de Cámara de Diputados, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [En línea] https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fdoc%2FLGAMVLV.doc&wdOrigin=BROWSELINK [Consulta: 30 de enero del 2023]
