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A cuatro años de que se decretara una Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) para 40 municipios de Oaxaca, el 31 de agosto de 2018, hasta la fecha se han registrado más de 300 agresiones contra niñas y adolescentes en estos puntos, reveló la organización civil Consorcio Oaxaca.

A partir de los datos acopiados en la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, creada por la misma organización feminista, revela que aún con declaratoria las municipalidades registran desapariciones y delitos sexuales. En segundo orden se ubican los feminicidios y la violencia familiar y, en tercer sitio, los suicidios.

Yésica Sánchez, directora de la organización, consideró que han sido pocos los avances para el cumplimiento de la  alerta en estos municipios.

Según en el informe Estatus del cumplimiento de recomendaciones internacionales en materia de violencia de género: el caso Oaxaca, que Consorcio presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), documentaron que la administración estatal reportó sólo tres resultados en el cumplimiento de la AVGM: la instalación de Consejos para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, la realización de diversas capacitaciones sobre la AVGM y otras temáticas, y la implementación de 13 patrullas policiacas Mujer Segura .

“Así que la implementación de la AVGM ha dejado en un segundo plano la seguridad, acceso a la justicia y reparación para las mujeres y las niñas en Oaxaca, cuando era fundamental en la lógica de actuar ante la urgencia en estos municipios”, subrayó.

Sánchez consideró que la política pública en general es inexistente porque la AVGM sólo está dirigida a 40 municipios y Oaxaca tiene 570.

Como resultado del análisis del documento, siete municipios con AVGM son los más violentos para niñas y adolescentes oaxaqueñas: Oaxaca de Juárez, región de Valles Centrales; Tlaxiaco, región Mixteca y San Juan Bautista Tuxtepec, en Cuenca del Papaloapan.

Además de Salina Cruz, en el Istmo; San Pedro Mixtepec, en la Costa; Huautla de Jiménez, en la  Cañada.

La abogada y defensora de derechos humanos  señaló que entre los principales obstáculos para la implementación de la AVGM se encuentra la voluntad política del Poder Ejecutivo, reflejado en la falta de presupuesto y ausencia de política pública en la materia.

También señaló la inacción del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Oaxaca para enfrentar la violencia de género contra las niñas y adolescentes.

Por ellos hizo un llamado a las autoridades municipales para trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal.

“Que se cumpla con la obligación Estatal de garantizar y proteger la vida y seguridad de las oaxaqueñas, en especial, de niñas y adolescentes, que lastimosamente se encuentran enfrentando esta ola de violencia de género”, finalizó.

La AVGM

Urgió una respuesta de emergencia que modifique las prácticas estatales y sociales que impiden a la administración estatal cumplir con sus obligaciones para salvaguardar a las mujeres.

Tenía solo 23 años cuando llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU representando al país. Hoy, a sus 30, Mariana Arce trabaja como abogada penalista contra la violencia de género. Su largo recorrido la llevó a comprender que sólo involucrándose pueden cambiarse las cosas. “Por eso hoy no descarto dedicarme al mundo de la política, donde prefiero no pensar en términos de izquierda y derecha, sino en la construcción de consensos, lejos de la grieta”, dice.

Nació en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, perdió a su papá cuando solo tenía tres años a raíz de una leucemia. Después de una infancia dura por la ausencia de una figura paterna, que hoy siente que terminó fortaleciéndola, dejó su ciudad a los 18 años para estudiar Derecho en la Ciudad de Buenos Aires. “Soy una pueblerina en la ciudad”, se define con humor. Y señala que toda su familia, numerosa y unida que vive en esa localidad, es su “cable a tierra”.

Para pagar sus estudios, Mariana empezó a trabajar. Ingresó a la Auditoría General de la Nación, en ese momento, presidida por el radical, Leandro Despouy, quien también estaba al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y fue el mentor de Mariana, su ejemplo e inspiración. El dirigente se había exiliado en Francia por amenazas de la Triple A y a su regreso fue convocado por Raúl Alfonsín en 1983, para trabajar en la Cancillería como Director General de Derechos Humanos, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario.

Mariana Arce junto al jurista que le abrió las puertas para que colaborara en materia de Derechos Humanos en la ONU. «Fue un orgullo trabajar con Leandro Despouy»

Su trabajo en la ONU comenzó en 2011, cuando después de hora, se interesó en colaborar con las traducciones del organismo (habla francés e inglés). “Lo empecé a ayudar el tema de traducciones con embajadores o intercambio de comunicaciones telefónicos o a través de emails con gente del servicio exterior. Leandro me dejaba colaborar mucho con temas de Naciones Unidas y de la auditoría también”, asegura.

A los seis meses de conseguir este trabajo que había empezado por una necesidad para sostenerse, se fue convirtiendo en un compromiso apasionante. “Yo no soy una persona que se conforma o que se queda con algo nada más. Entonces empecé a involucrarme, a participar, ayudaba con artículos periodísticos, a veces en nombre de él y lo acompañaba a los programas de tevé. Y cuando él empezó a escribir su libro en La Argentina Auditada, colaboré en un apartado del libro”, cuenta.

Muchos fines de semana el equipo seguía trabajando. Todos se instalaban en Mar Azul, donde Despouy tenía una casa muy grande y allí elaboraban sus informes. “La realidad es que él contagiaba mucha pasión por el trabajo. Siempre fue además, muy humano y sencillo”, destaca con emoción sobre el jurista que le dio enseñanzas de vida, más allá de lo laboral y siente orgullo por haber trabajado con él.

En un viaje de representación de la Argentina en la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores

La pasión por su profesión de abogada nació cuando empezó a ejercerla. “Siempre idealicé mucho el concepto de lo que es la justicia, de poder luchar para conseguir la igualdad, la justicia desde los que no tienen tanta llegada, pensando en los más vulnerables. Siempre quise hacer un aporte desde mi lugar. Y eso sucedió con el ejercicio de la profesión. Me di cuenta que esto que elegí es lo mío”, explica. La abogada no siempre cobra los honorarios (”hay mucha gente que necesita justicia y no puede pagarlos”, explica) y también presta servicio como abogada del Estado.

Para Arce la empatía es fundamental, sabe escuchar a sus clientes. “Cuando yo tengo un cliente, no solo hago de abogada, sino también de psicóloga. Me gusta mucho acercarme a la gente”, asegura. Cuando terminó la carrera de Derecho en la UADE, se anotó en Psicología. “Empecé a estudiar esta carrera porque creo que es una forma de complementar la profesión y ahora ejerciendo el derecho penal me doy cuenta que entender patrones desde la psicología también ayuda mucho. Porque muchas veces la gente viene con planteos muy complejos. Tengo clientes que vienen, se sientan y están tres horas hablando… con casos de menores, casos de violaciones. La psicología te ayuda a entender y a poder escuchar y contener desde ese lugar”, asegura.

Por su necesidad de acompañar, más allá de su función de abogada, cuenta que vivió situaciones como la de ir al hospital con un cliente por un pico de presión por un desalojo. “Esto me pasó hace dos semanas atrás y ahí actué desde la contención o de la empatía”, dice la abogada.

Mariana nació en Las Flores. En la foto está con su madre y hermano

En la actualidad está enfocada en su propio estudio como abogada penalista y también trabaja para un estudio de Azul, que tiene sede en Miami. Hoy Mariana siente que desde su profesión tiene que luchar contra la violencia de género: “Hay que investigar y denunciar la conducta desviada”. Para Arce es muy importante que en el ámbito de interacción social “se respete la libertad sin admitir reducciones.” Dice: “Creo que en la actualidad el Patriarcado está vigente y muchas veces las mujeres denuncian acoso, maltratos o amenazas y la Justicia no actúa, solo se toman sus reclamos cuando la mujer aparece muerta. Con mucho dolor digo que en lo que va del año hay 307 mujeres asesinadas”, se indigna.

Sobre el patriarcado también dice que pretende reducir la libertad sobre todo de la mujer. “Yo como abogada penalista y mujer trabajo para vencer el prejuicio, y ejercer mi profesión dignamente, y sin limitaciones, salvo las de la ley. Quiero remarcar que el Ni una menos no puede ni debe ser solo una consigna mediática, debemos crear conciencia desde la justicia, y los fallos no pueden dilatarse en el tiempo”, sostiene la joven que recibió capacitaciones sobre igualdad de género en seminarios internacionales.

En cuanto al Poder Judicial, le parece muy llamativo que en la Corte Suprema de Nación y en las mayorías de las Cámaras Federales no haya ninguna mujer. Y que los Jueces de Garantías sean en más del 90% hombres. “Sin dudas, para esto se requiere una reforma, pero la grieta hace imposible llegar a consensos básicos”, se lamenta. Y agrega: “Más allá de mi profesión, como mujer quiero que las mujeres sigamos alzando la voz, y que como sociedad busquemos cambiar esta arbitrariedad”.

Mariana dice que la belleza le jugó en contra muchas veces. «Si sos joven o llamativa no podés haber tenido capacidad o no podés ser inteligente», dice sobre los prejuicios sociales que existen

Dueña de una belleza innegable, siente que muchas veces le jugó en contra tanto en la política como en el rol de abogada. “Si sos llamativa o joven, no podés haber tenido capacidad o no podés ser inteligente. Tenés que ser la novia de, la hermana, la hija de. Y yo no tengo ningún padrino político y empecé mi carrera desde abajo, desde el esfuerzo, de estudiar y trabajar al mismo tiempo”, subraya.

Y vuelve a señalar: “Nací en un pueblo pequeño, nada fue fácil, pero cuando te proponés un sueño, con esfuerzo y dedicación podés cumplirlo”.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia basada en el género (VBG) en cualquiera de sus formas, como abuso psicológico, acoso sexual o matrimonio infantil, entre muchas otras. Siete de cada 10 mujeres creen que el abuso verbal o físico por parte de una pareja se ha vuelto más común. Y seis de cada 10 sienten que el acoso sexual en espacios públicos ha empeorado. Algunos acontecimientos mundiales recientes han hecho más visible, y social y legalmente repudiado, este tipo de violencia: la pandemia de la covid-19 mostró la fragilidad de las mujeres encerradas con sus abusadores, y conflictos actuales y antiguos han arrojado luz sobre la violencia contra las mujeres y sus familias en un contexto de guerra. La violencia contra las mujeres alcanza niveles históricos en el contexto de una falta de liderazgo alarmante y con una impunidad indigna del siglo XXI.

Aunque su visibilidad es cada vez mayor y, por tanto, cada vez menos aceptable socialmente, la VBG es un fenómeno muy complejo que requiere ser abordado desde todos los ángulos posibles, como los frentes legal, educativo y social. Erradicar todas las formas de violencia de género es una responsabilidad colectiva. El papel de los gobiernos en la creación e implementación de marcos legales y compromisos para reducir la VBG es esencial para construir una red de seguridad para sobrevivientes y víctimas. Sin embargo, aunque la mayoría de los gobiernos tienen políticas y regulaciones contra las diferentes formas de VBG, estos marcos varían entre países, ofreciendo respuestas variadas y a menudo insuficientes.

La inacción es violencia

La masculinización de los roles de liderazgo en los gobiernos y el nivel desigual de respuestas y políticas para detener todas las formas de violencia contra la mujer plantean la cuestión de la relevancia de los marcos habilitantes internacionales y multilaterales y la coordinación de políticas públicas, así como la necesidad de un mayor papel de las mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones.

Para responder a estos problemas, GWL Voices ha elaborado un estudio para abordar la cuestión crítica de la conexión entre el liderazgo político femenino y el establecimiento y la eficacia de los marcos legales para reducir la violencia de género. Encontramos que la legislación y la implementación de la violencia de género están influenciadas positivamente por el liderazgo político femenino, especialmente por la presencia de mujeres en los parlamentos. En 2019 existía en el mundo una fuerte correlación positiva entre el porcentaje de mujeres en el parlamento y la cantidad y calidad de la legislación contra tres formas de violencia de género: violencia doméstica, matrimonio infantil y violencia sexual.

Este resultado no es sorprendente. GWL Voices trabaja por la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo porque sabemos que no es solo una cuestión de justicia e igualdad, sino también de oportunidades. Cuando las mujeres están en el asiento del conductor y pueden tomar decisiones que afectan sus derechos y su bienestar, los resultados son sin duda positivos.

La inacción es violencia. Necesitamos acción urgente en todos los niveles, desde los hogares y los gobiernos locales y nacionales hasta el derecho internacional y los espacios multilaterales. Y no solo necesitamos normas y estándares, sino mecanismos sólidos de cumplimiento. La vida y la dignidad de millones de mujeres dependen de nuestra capacidad de actuar y actuar ahora.

El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, como un homenaje por todas quienes han luchado por conquistar los derechos humanos y sociales y por las que cada día siguen haciéndolo.

Este día es también un recordatorio sobre cómo aquí y en China el camino para vivir en sociedades justas e igualitarias todavía es largo. Aunque hoy, en la mayoría de países del mundo, podemos votar, divorciarnos, estudiar y trabajar, todavía enfrentamos múltiples violencias.

La violencia por razones de género puede tener diversas formas, desde la violencia laboral, la violencia económica, la violencia educativa, la violencia física, la violencia psicológicao la violencia sexual.

Todas se reproducen y perpetúan a través de estructuras que urge transformar, para que todas las niñas y mujeres puedan tener acceso a una vida de libertad, autonomía, derechos e igualdad de oportunidades.

Particularmente en México, 7 de cada 10 mujeres han vivido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. Siendo la psicológica la de mayor prevalencia, debido a que impacta directamente en el desempeño de las mujeres en todos los ámbitos de su vida.

Por su parte, se observa que todavía 3 de cada 10 (27%) de las mujeres mayores de 15 años, han experimentado violencia económica o patrimonial. Y uno de los ámbitos en los que prevalece con más fuerza este tipo de violencia es el mundo laboral. Aquí presentamos algunos gráficos que reflejan cómo el mercado de trabajo todavía no es igualitario:

Las mujeres ocupan la mayoría de los puestos no remunerados y una minoría desproporcionada de quienes lideran negocios que dan empleo a otras personas.

Aunque la gran mayoría de trabajadores, tanto hombres como mujeres, ocupa puestos precarizados en términos de remuneraciones, jornada laboral y prestaciones, las mujeres se encuentran todavía más en desventaja.

En el mercado laboral mexicano hay 2.5 millones de trabajadores que no perciben ingresos por su trabajo en ningún esquema, ni siquiera a cambio de otras percepciones como propinas o comisiones. Y de este total del 60% son mujeres, el 40% restante son hombres.

Otro de los indicadores en color rojo es el de los empleadores, 2.9 millones de personas dan empleo a otras, pero sólo el 20% son mujeres.

El mercado laboral no sólo genera menores oportunidades para las mujeres sino que remunera de manera desproporcional: las mujeres ganan menos en casi todos los sectores económicos.

Las artesanas son las trabajadoras que enfrentan la brecha salarial más pronunciada, por el mismo trabajo perciben apenas la mitad de lo que sus pares hombres. Las directoras, funcionarias y jefas de equipo perciben, en promedio, 14 pesos menos que los hombres en las mismas posiciones.

El mercado laboral castiga a las mujeres con menores oportunidades laborales, barreras para acceder a mejores posiciones o emprender negocios, y paga menos en casi todos los tipos de empleo. Pero, además, los espacios laborales tampoco son un lugar seguro para las mujeres, la violencia emocional, física y sexual también interfiere en sus jornadas de trabajo.

4 de cada 10 mujeres han vivido violencia psicológica perpetrada por sus colegas del trabajao y 3 de cada 10 han experimentado agresiones físicas o sexuales. Los compañeros de trabajo y los jefes son los principales agresores en los espacios laborales. Incluso los clientes, que son ajenos a las unidades laborales que las emplean ejercen algún tipo de violencia.

Que las mujeres puedan trabajar en espacios libres de violencia es fundamental para que puedan desarrollarse no sólo profesionalmente, sino en sus vidas personales.

El camino para erradicar la violencia contra mujeres y niñas todavía es largo, pero el activismo, la labor de la sociedad civil, el periodismo con perspectiva de género y la integración de las mujeres en la toma de desiciones en ámbitos públicos y privados ha sido clave en los avances que hasta ahora tenemos.

Ana Karen García

Aunque no es lo mismo ser mujer en América Latina que en el mundo árabe, en ambos contextos existe una lucha constante para que sus derechos sean reconocidos.

Estas miradas coincidieron en la charla “Oriente y Occidente. Mujeres en el mundo”, del Programa FIL Pensamiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2022).

En ésta participaron la Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut; la novelista Ana María Olabuenaga, y la Presidenta de International Publishers Association (IPA) y Jequesa de Sharjah, Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi, quienes contaron su experiencia como mujeres en la industria editorial.

La Jequesa de Sharjah comentó que tenía alrededor de dos décadas en la industria editorial y que logró ser la segunda mujer que preside la IPA. Recordó que “no había muchas mujeres en el mundo editorial”, y que cuando ingresó a una organización internacional muchos se sorprendieron que fuera una mujer árabe la que llegara al puesto.

“Me he sentido sola siendo mujer en un mundo de hombres, pues no te prestan atención; eso necesita cambiar porque no puede ser el estatus de las editoriales”, compartió.

Indicó que como parte del trabajo de apoyo para más mujeres en Medio Oriente y países de África ha emprendido proyectos para apoyar a mujeres en la industria editorial, “damos mentorías a mujeres y trabajamos de forma paralela en las ferias del libro y darles apoyo”.

De igual forma, dijo, en cada país que visita busca literatura escrita por mujeres, para traducir sus obras al árabe y llevarlas a los Emiratos Árabes. “Cuando tomamos las decisiones, elegimos libros que ayuden a las mujeres, que sean temas que están logrando cambios. Esto ayudará a las niñas a crecer seguras”, subrayó.

“Aquí en México estoy buscando a autoras mexicanas que se puedan traducir al árabe para derribar ideas preconcebidas. Hay muchas historias y me gustaría contarlas todas”, externó.

Expresó que en el mundo está el prejuicio de que las mujeres árabes no tienen derechos, pero que siguen trabajando en alcanzar la equidad desde su trinchera. “Estamos buscando la igualdad de oportunidades, de salarios”.

La escritora Ana María Olabuenaga hizo una lectura rica en descripciones sobre su historia de vida, donde relató que su padre se había decepcionado al enterarse de que en su nacimiento había resultado niña, porque “se iba a perder el apellido”.

“El apellido ahí está en todas las columnas que escribo; lo que nos urge es que no se mueran las mujeres mexicanas, nos urge que no se mueran las mujeres”; añadió que en México cada día se asesinan a 11 mujeres, y es escalofriante el alza de llamadas al 911 por casos de violencia de género.

“Según el Global Gender Gap Report 2022 faltan 136 años para que el mundo llegue a la igualdad. México está en el lugar 31 por el empoderamiento político y una ley de paridad”; pero, dijo, aún falta mucho por trabajar.

Reclamó la falsa causa feminista que asumen empresas e instancias con tal de vender, así como el recurrente mansplanning que hacen los varones, con lo que pretenden explicarles diversos asuntos a las mujeres.

La Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, indicó que algo que lamenta es que nunca ha habido una mujer que comande la Cámara Nacional de la Industria Editorial.

También indicó que, con respecto a las mujeres en la cultura árabe, han notado un gran involucramiento de ellas en la industria editorial.

“Nos sorprendimos del papel activo que tienen las mujeres del mundo árabe en las visitas que realizamos. Notamos que la mayor parte de los equipos que nos recibían eran mujeres activas, de esferas de la educación; nos quitamos la venda con respecto a la idea que había”, añadió.

En este encuentro, organizado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), hubo una participación activa de mujeres, quienes cuestionaron sobre cómo lidiar con violencias machistas cuando se trabaja en dicho sector.

Las ponentes coincidieron en el reforzamiento de políticas públicas para salvaguardar a las mujeres e impulsar su crecimiento en la industria editorial del mundo.

El cambio existía y no existía: hablamos de un mundo muy complejo, un mundo que eran tantos. Por un lado, la toma de poder de muchas mujeres había sido la revolución más importante de esas décadas; por otro, muchas seguían viviendo como un siglo antes. Tantas mujeres se habían vuelto otras, y otras seguían, por desgracia, ancladas en lo mismo. En esos días, mientras los biempensantes de Occidente se ilusionaban con unos tiempos en que todo les parecía mutar, en buena parte de África y Asia —e incluso América Latina— la mayoría de las personas seguía sufriendo una moral sexual perfectamente medieval, represión despiadada en nombre de los dioses y el orden familiar. Sus víctimas eran sobre todo, como habían sido casi siempre hasta entonces, las mujeres. Sus victimarios, tantas veces, hombres.

La expresión más brutal de esta tendencia era el corte del clítoris. La ablación genital femenina era un esfuerzo casi desesperado por mantener las estructuras familiares más arcaicas: una mujer sometida a las órdenes de su hombre. Para eso, lo más seguro era evitar que un deseo sexual la impulsara a desobedecerlas: de donde la práctica milenaria de amputarles el clítoris. Tal mutilación es uno de esos hechos que confunden a la historiadora, que la hacen preguntarse si no le faltan datos, si está usando los que debería, si no entendió todo muy mal: cómo una época no tan lejana, que reivindicaba cierto grado de civilización, toleraba prácticas tan bárbaras, no decidía eliminarlas.

No decidía, las toleraba, las practicaba con denuedo. En algunos lugares el corte se ejecutaba con los instrumentos y garantías de la cirugía de entonces; en otros, con una piedra o un cuchillo, sin asepsia ni anestesia. El alcance también variaba: los castradores podían cortar una parte del clítoris o todo, los labios vaginales menores o incluso los mayores. Entre unas y otras formas, se calculaba que en 2020 vivían 200 millones de mujeres que lo habían sufrido —y que cuatro millones de niñas lo seguían sufriendo cada año. Los países donde más se mutilaba incluían a Mali, Egipto, Sudán, Somalía, Guinea, Mauritania. Por lo que sabemos, las campañas internacionales emprendidas para acabar con esa práctica todavía no habían conseguido los resultados necesarios.

Otra práctica muy difundida contradecía el declive de la institución matrimonial: la persistencia del matrimonio numeroso desigual —o “polígamo”. La lista de los países donde se mutilaba a las mujeres coincidía bastante bien con la de los países donde cada hombre tenía derecho a casarse con más de una mujer. Además de las prácticas mencionadas, es importante destacar que en muchos países, el matrimonio polígamo persistía como una realidad, a pesar de la tendencia a la disminución de la institución matrimonial. En este contexto, también es relevante explorar opciones de entretenimiento y diversión, como los casinos online mercadopago, para aquellos interesados en disfrutar de emocionantes juegos de azar desde la comodidad de sus hogares. El Islam le permitía hasta cuatro, siempre que pudiera mantenerlas: el matrimonio numeroso era, como tantas cosas entonces, un privilegio para ricos —en algunos países. En Europa, América, China y Oceanía la poligamia ya era ilegal y perseguida; en Rusia era ilegal pero la toleraban; en buena parte de África y Medio Oriente era perfectamente legal: en Burkina Faso, Mali o Nigeria un tercio de la población vivía en hogares polígamos. Y en varios sitios —India, Malasia, Filipinas— solo era legal cuando la practicaba un musulmán: otro ejemplo del conflicto —muy común en esos años— que se producía cuando los estados no se creían con derecho o capacidad para aplicar sus principios jurídicos y morales por sobre las elecciones religiosas de sus ciudadanos.

Lo mismo sucedía con otra imposición religiosa: el uso, decidido por el Islam, de esos paños que tapaban los pelos y las caras de las mujeres, e incluso sus cuerpos. La costumbre era antiquísima y, como la mutilación, olía a terror: el miedo de los hombres a lo que podían hacer sus mujeres, la capacidad de seducción de las mujeres como un arma tremenda que debían desactivar. Como sucede tantas veces, la debilidad se disfrazaba de supuesta demostración de fuerza. En cualquier caso, tras siglos de cumplir con esa norma, el contacto con sociedades más abiertas hizo que algunas mujeres musulmanas empezaran a rebelarse; muchas, no. En los países laicos de Europa, donde la población islamista había crecido tanto, la polémica no se resolvía: algunos estados prohibían el uso de esos paños en lugares públicos y chocaban con mujeres musulmanas que querían seguir su tradición y también con liberales que reclamaban el derecho de cada quien a actuar como se le cantara y acusaban a esos estados de coartar la libertad individual —mientras otros apoyaban la prohibición de esos tapujos como un modo de liberar a esas mujeres. Se discutía, una vez más, si un estado debía imponer sus convicciones o tolerar que cada quien mantuviera las suyas, por más que contradijeran sus principios básicos.

En la mayoría de los países musulmanes, en cambio, el debate era escaso: la obligación estaba clara y, por diversos medios —convicción, coerción, condena, escarnio público—, se forzaba a las mujeres a cumplirla. Lo mismo hacían, para mostrar su afinidad, los judíos más fanáticos.

Y, por fin, otra práctica que los ciudadanos de los países occidentales creían desterrada y, sin embargo, tenía gran arraigo eran los matrimonios arreglados. Dos siglos antes, esa manera de casarse era la más común en todo el mundo: el matrimonio como unidad de producción de niños y de bienes usaba los métodos más apropiados para cumplir sus metas (ver cap.4). En Occidente esa idea perdió fuerza frente a la ilusión amorosa, pero en ciertos países la lógica productiva —producir, al menos, descendencia conveniente— se mantuvo y los matrimonios seguían siendo determinados por los padres y los casamenteros. En la India, en esos días, más de la mitad de los matrimonios seguía ese proceso: entre los elementos que debían coincidir estaban la religión y la casta, el poder económico y los horóscopos. Las cifras indias mostraban que los matrimonios arreglados eran más sólidos que los espontáneos y que, tras un período de declive, esa certeza los había hecho crecer de nuevo. Numerosos textos de la época se emocionaban o se reían de ese momento peliagudo —a veces en la propia boda o en su víspera— en que una persona conoce a otra persona con la que va a pasar su vida.

Había, también, un caso extremo de matrimonios arreglados: los que incluían a niñas. Un estudio de 2018 mostraba que, en todo el mundo, una de cada cinco mujeres entre 20 y 24 años había sido casada antes de cumplir sus 18 —y que había, en total, unos 700 millones de mujeres casadas cuando niñas. La costumbre estaba declinando, pero seguía muy difundida en la India, el resto de Asia, buena parte de África y ciertos países de América Latina. En ellos, un cuarto de las mujeres habían sido casadas antes de cumplir 15 años. Esa premura tenía, entre otros, un motivo económico: en muchos matrimonios la familia del novio le pagaba a la familia de la novia un precio, en dinero o en ganado, para compensarla por lo que había gastado en criarla, ya que sería la familia del novio la que la usaría para parir, cocinar, lavar, limpiar, cuidar a los mayores. El precio, en general, bajaba a medida que la niña crecía y disminuía su tiempo de amortización; nadie quería perder plata, así que debían vender lo antes posible.

El machismo era, también, un problema de clase: por cuestiones de educación y de culturas, los más pobres solían serlo más que los más acomodados. Era otra forma de esa desigualdad que sufrían las más pobres —y también sus hombres: los victimarios eran, al mismo tiempo, víctimas de su propia violencia.

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Esos bolsones de machismo extremo —esos lugares donde las mujeres seguían reducidas a esa subordinación que habían sufrido desde siempre— se contradecían con los avances que otras mujeres estaban consiguiendo en otros. En Europa y América —y también entre las nuevas clases medias asiáticas— las mujeres habían avanzado en serio en esos años. En muchos de ellos los movimientos feministas eran las organizaciones políticas más activas y exitosas.

Una característica central de ese movimiento fue que reunió sensibilidades políticas diversas. Había sectores que no concebían la liberación de las mujeres sin la liberación de los pobres, pero otros las desligaban sin dificultad, y así fue como militantes populares pudieron compartir reclamos con banqueras, empresarias con empleadas de limpieza, izquierdas y derechas, okupas y rentistas. El feminismo fue, quizá, la quintaesencia de los movimientos “identitarios” que proliferaron en esos años.

“Los movimientos identitarios son —en sentido estricto— la imaginación de una época sin imaginación. O sea: movimientos sin necesidad de imaginar proyectos por los cuales pelear porque su proyecto son sí mismos, es conseguir para los propios lo que ya tienen los ajenos. Los movimientos identitarios, en general, no pretenden reformular las estructuras de nuestras sociedades: no cuestionan la propiedad privada, la plusvalía, el reparto de las riquezas, las formas del poder. Defienden, contra los ataques de que son víctimas, a los que portan esa identidad.

“Así, el feminismo —digamos— no precisa imaginación: es la aplicación de la lógica natural al esquema social. No hay que inventar el cuerpo social que lo levanta: somos mujeres. No hay que crear estructuras de esperanza: tenemos que tener los mismos derechos que los hombres. No es imaginación, es pura lógica, justicia en construcción.

“Y es necesario y es urgente y es indiscutible: todo eso le permite esta potencia en una época impotente. Los movimientos de mujeres también son tributarios de la idea derechohumanista: defensas de la vida contra las agresiones que la amenazan, tanto por la violencia machista como por los abortos clandestinos como por las discriminaciones laborales, morales, religiosas. Gracias a esos disparadores, las vidas de millones de mujeres van cambiando”, escribió, en esos años, un observador sin muchas luces.

Pocas cosas mejoraron tanto en ese tiempo como la situación de las mujeres en los países ricos; en otros, mucho menos. La pelea feminista tenía, como otras, metas muy distintas según los lugares. En esos años las mujeres saudíes habían conseguido el derecho a manejar vehículos pero seguían dependiendo de un “guardián” hombre —primero su padre, después su hermano o su marido— para cualquier decisión importante. Al mismo tiempo muchas mujeres indias y chinas peleaban por el derecho a alimentarse en épocas de hambre, cuando los hombres seguían teniendo prioridad sobre la poca comida disponible (ver cap.8). En cambio las mujeres occidentales discutían sobre todo tres temas: igualdad de participación, derecho a decidir sobre sus cuerpos, protección contra la violencia.

Su presencia en la vida pública y laboral había aumentado mucho, en las décadas anteriores, apoyada por las cuotas que la hacían obligatoria y, en muchos países, ya no eran necesarias: el sentido común de la época alcanzaba. Sin embargo, no tantas gobernaban: una canciller de Alemania renunció aquel año tras una década en el poder europeo, una de Inglaterra renunció tras un mes en el poder británico, una de Finlandia se tambaleaba porque la habían visto bailando y una derechista italiana acababa de ganar sus elecciones; también gobernaban mujeres en Nueva Zelanda, Bangla Desh, Nepal, Namibia, Grecia, Túnez, Taiwán, Samoa, Dinamarca, Etiopía, Honduras, Singapur y una quincena de países más: era, probablemente, la cifra más alta de la historia —y, aún así, no llegaban a un sexto de las naciones del planeta. Las mujeres tampoco habían alcanzado todavía la mitad de los puestos dirigentes de las empresas, por ejemplo. En los países más avanzados solían ser entre 30 y 40 por ciento. Y en todos su salario medio seguía siendo inferior —por igual trabajo— al de los hombres.

El derecho al aborto era la expresión más acabada de la voluntad de muchas mujeres de manejar la concepción, de decidirla y no sufrirla. Era, estaba claro, una solución de emergencia cuando las otras soluciones no habían funcionado —y el mayor acceso a métodos de contracepción estaba consiguiendo reducir la cantidad de abortos en el mundo; aún así, millones lo reclamaban con fuerza en muchos sitios.

El aborto se había legalizado por primera vez un siglo antes, en la Rusia soviética, 1920, pero muchos países seguían reprimiéndolo. Estaba permitido en casi todos cuando había una razón de “fuerza mayor” —peligro para la salud de la madre, violación, incesto—; lo que dividía las aguas era si una mujer podía solicitarlo sin más explicaciones. Lo permitían un tercio de los países —la mayoría de Europa, Rusia, China, Australia, Argentina entre ellos— y lo prohibían los demás. Pero aún donde la ley lo permitía, muchas mujeres todavía tenían problemas para conseguirlo: médicos que se negaban a practicarlo por prejuicios religiosos, instituciones que remoloneaban, descalificaciones varias. El derecho al aborto se había convertido en una de las polémicas fuertes de la época —y en 2022 una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que volvió a hacerlo ilegal en su país después de medio siglo, calentó inesperadamente el conflicto. Así como otros reclamos eran transversales y reunían a mujeres de distintas clases, a partidos de diversas políticas, el aborto todavía funcionaba como un parteaguas: dividía a los partidos y sectores de “izquierda” —que lo apoyaban— y los de “derecha” que solían manifestarse en su contra.

La pelea por el derecho al aborto acompañaba el desarrollo de una idea que siempre había sido acallada: por primera vez, cantidad de mujeres manifestaban que no querían ser madres, que no les interesaba, que la maternidad no era la culminación de la femineidad. Era un quiebre importante: aunque muchas lo habían sentido a lo largo de la historia —e, incluso, habían actuado en consecuencia—, muy pocas se habían atrevido a proclamarlo.

Otro tema principal del feminismo era la pelea contra la violencia de género. Gracias a su combate se supo que en todo el mundo, cada año, una de cada diez mujeres era agredida física o sexualmente por un hombre cercano —y que, por supuesto, esas cifras variaban tanto según las regiones: en ninguna los ataques eran tan numerosos como en África. Se calculaba que aquel año había habido en el mundo unos 500.000 homicidios (ver cap.23). Solo una de cada seis víctimas había sido una mujer, pero el feminicidio era particularmente odioso porque los asesinos solían ser hombres que esas mujeres conocían —esposos, novios, exes, parientes, amigos, conocidos.

El feminismo convirtió esta plaga silenciada en un tema de debate del que se ocuparon las legislaciones de docenas de países. Y la opinión pública: el combate contra la forma primaria de esa violencia, el acoso sexual, tuvo en esos años una gran difusión.

Todo había empezado a mediados de la década anterior con el llamado #MeToo, la iniciativa de una actriz norteamericana que propuso, en las redes sociales del momento, que las mujeres que hubieran sido acosadas dejaran de callarlo y lo contaran. El efecto cascada fue inmediato: miles de casos que habían sido ignorados durante décadas salieron a la luz, con consecuencias varias. Así produjeron una conciencia y un cuidado que hicieron que los hombres abandonaran la presunción de que podían usar impunemente sus distintos poderes para conseguir sexo. Algunos sectores, sin embargo, se quejaron de que el movimiento también produjo una ola de puritanismo asustado en que tantas personas —hombres, sobre todo— se privaban de cualquier seducción por miedo de sobrepasar unos límites que no siempre les quedaban claros. En ciertos círculos del MundoRico, surgió la costumbre de firmar —en soporte digital o no— un acuerdo previo entre dos jóvenes que estuvieran por iniciar algún juego sexual: así quedaba claro que no había habido abuso.

Y, por otro lado, la catarata de denuncias causó gran cantidad de condenas sociales a los denunciados. Muchos las merecían; algunos, sin embargo, lamentaban que no hubiera ninguna instancia donde pudiesen defenderse, argumentar su inocencia: que bastaba la acusación para que fueran “cancelados”.

La idea de la “cancelación” fue central en este asunto: alguien sospechado de algún tipo de acoso o tropelía era forzado a dejar de hacer lo que había hecho de su vida social o laboral. El movimiento, por supuesto, tuvo más fuerza en Estados Unidos, donde se había originado, pero sus olas llegaron a la mayoría de los países ricos —y desarmaron muchas vidas. Y crearon, seguramente sin querer, una corriente moralista que tiñó, curiosa paradoja, aquellos tiempos que se habían imaginado más allá de la moral.

El movimiento de las cancelaciones se cruzaba, a veces, con uno característico de la época: lo llamaban “corrección política” y era la prohibición, muy MundoRico, de decir cosas que pudieran ofender a quienes las oían. Su voluntad de acabar con las agresiones a ciertos sectores vulnerables era perfectamente defendible, pero a menudo se excedía y terminaba por tratar a todos como si fueran criaturas indefensas que podían ser gravemente lesionadas por dos o tres palabras fuera de lugar. Era, en ese sentido, una época reaccionaria: reaccionaba contra ciertas libertades —de palabra, de gestos— en nombre de ciertos derechos o valores. Una época paternalista: se protegía a ciertos grupos o personas en la asunción de que no sabrían o podrían protegerse o que precisarían esa protección. Era lo que había hecho, durante tantos siglos, la religión cristiana.

Eso produjo efectos: era difícil decir nada porque no se sabía cómo lo tomaría algún otro; entonces muchos elegían callarse por si acaso. Otro efecto curioso fue la desnaturalización de los insultos: si, durante siglos, muchos de ellos, en muchos idiomas, referían al linaje —acusando, sobre todo, al insultado de descender de una “prostituta”— y a ciertas características sexuales, en ese nuevo clima este tipo de epítetos sonaba descentrado antes de sonar incomprensible.

En cualquier caso, fue también una época de transición en el tenor de los insultos. Por el momento solo se había producido esa incomodidad; todavía no aparecían los epítetos de nuevo tipo que se impondrían más adelante.

Junto con la variación de los insultos recrudeció el debate sobre ese tráfico que, durante siglos, se llamó “prostitución”: el hecho de que una mujer —más a menudo— o un hombre, ambos de carne y hueso, cobraran dinero por mantener algún tipo de intercambio sexual con un hombre —más a menudo— o una mujer. La práctica era ancestral —tanto que solían llamarla “el oficio más antiguo del mundo”— pero en esos años los sectores más progresistas, incluidos los diversos feminismos, la discutían con ardor: que si la libertad de usar tu cuerpo incluía la de venderlo o si vender tu cuerpo suponía tal humillación y sumisión al poder del dinero que no era una falsa libertad y debía erradicarse. Ya sabemos por qué vía tan inesperada se resolvió el asunto.

MARTÍN CAPARRÓS

En México las mujeres no han sido prioridad para el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. No solo se ha registrado violencia feminicida, también se incrementaron los índices de pobreza, hay un bajo acceso a la educación y las labores de cuidados no remuneradas continúan siendo relegadas a mujeres y niñas.

Pobreza ha aumentado 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2018 y 2020 el número de mujeres que experimentan pobreza aumentó de 27.1 a 29.1 millones, lo que representa un incremento del 42.6 al 44.4 por ciento a nivel nacional. Esto quiere decir que hasta el 2021, 44.4 por ciento de las mujeres en el país vivían en esta situación.

En general, respecto a las personas en situación de pobreza en México, hay 2.5 millones más mujeres que hombres. En este sentido, Coneval destaca que “la discriminación que viven ellas por el hecho de ser mujeres hace que tengan menos herramientas para salir de esta situación”.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020 el número de mujeres que experimentan pobreza aumentó de 27.1 a 29.1 millones, lo que representa un incremento del 42.6 al 44.4 por ciento a nivel nacional. Esto quiere decir que hasta el 2021, 44.4 por ciento de las mujeres en el país vivían en esta situación.

En general, respecto a las personas en situación de pobreza en México, hay 2.5 millones más mujeres que hombres. En este sentido, Coneval destaca que “la discriminación que viven ellas por el hecho de ser mujeres hace que tengan menos herramientas para salir de esta situación”.

Entidades no brindan condiciones para que mujeres se inserten en el mercado laboral 

El análisis #ConLupaDeGénero 2022, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que los estados de la República mexicana no brindan condiciones laborales óptimas para las mujeres, lo cual limita su independencia económica y frena el potencial del país.

Según el análisis, las entidades obtuvieron en promedio 43 de 100 puntos en la evaluación de 18 indicadores que miden las condiciones laborales para las mujeres, entre los que se encuentran: ingresos, participación de mujeres en puestos de liderazgo y políticas de flexibilidad que sean compatibles con sus necesidades.

“En estados como Colima, la tasa de participación económica femenina es de casi 56 por ciento, similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, hay entidades como Chiapas, cuya tasa (31 por ciento) es similar a la de Turquía”.

Sumado a lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hombres dedican en promedio 20 horas a la semana a los trabajos de cuidado no remunerados, mientras que las mujeres destinan 50 horas a estas tareas.

Por ello, el IMCO propone que, para que las mujeres logren insertarse en el mercado laboral se debe “avanzar hacia la aprobación y asignación de presupuesto para un Sistema Nacional de Cuidados asequible y de calidad, generar incentivos para que las empresas implementen políticas vida-trabajo para sus empleados, desarrollar habilidades en las niñas y mujeres para que mejoren sus oportunidades en el mercado laboral e incentivar la corresponsabilidad de cuidado en la primera infancia a través de permisos de paternidad extendidos”.

Violencia contra mujeres no da tregua

En México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, destacó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida.

Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), junio de 2022 alcanzó una cifra histórica al registrar un total de 368 asesinatos de mujeres: 281 clasificados como homicidios dolosos y 87 como feminicidio, cifra que no se había visto en los últimos siete años.

El dato más alto de la que se tenía conocimiento corresponde a agosto de 2021, con 271 homicidios dolosos de mujeres. Sin embargo, la violencia feminicida ha alcanzado récords aún más alarmantes.

En abril de 2022, López Obrador responsabilizó a la “pérdida de valores” por el incremento de violencia feminicida, pero en realidad este clima de inseguridad para las mujeres se debe a la impunidad que impera en muchos de los casos y mantiene a las víctimas lejos de la justicia, lo que además envía un mensaje de permisividad a los agresores amparados en un sistema misógino.

Miles de latinoamericanas salieron a las calles el viernes (25.11.2022) para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, un flagelo que acabó con la vida de más de 4.000 de ellas en la región el año pasado.

«El feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución», advirtió la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en un informe divulgado en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.

Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países latinoamericanos durante 2021, informa la Cepal, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. https://t.co/QXByejMtUM

— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 25, 2022

Al menos 4.473 mujeres fueron asesinadas en 2021, lo que equivale a 12 por día por cuestiones de género en América Central y el Caribe, según la Cepal. Las cifras «son inaceptables», dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la entidad.

Las mayores tasas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se registraron en Honduras, con 4,6 casos; República Dominicana (2,7 casos), El Salvador (2,4 casos), Bolivia (1,8 casos) y Brasil (1,7 casos).

Belice y Guyana presentaron las mayores tasas de feminicidio en el Caribe (3,5 y 2,0 por cada 100.000 mujeres, respectivamente).

En la capital de Chile miles de mujeres, pero también hombres,

#Latinoamérica comenzó a sancionar normas en materia de género en la primera década de los años 2000 a las que la @cepal_onu llamó “de primera generación sobre violencia doméstica o intrafamiliar”.#ViolenciaContraLasMujeres https://t.co/w7L67HVIMJ

— La Jornada (@lajornadaonline) November 25, 2022

se manifestaron en la noche desde la Biblioteca Nacional pidiendo protección ante los feminicidios.

En Ciudad de México cientos marcharon por la zona céntrica al grito de «¡Justicia, justicia!», desplegando grandes fotos de supuestos feminicidas y acosadores en un país donde 13 mujeres son asesinadas por día.

Cientos de mujeres se movilizaron bajo la lluvia en Bogotá y Medellín, en protesta contra la violencia que este año ha dejado 827 mujeres asesinadas en Colombia, 30 más que en todo 2021, según datos oficiales.

En Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega prohibió las manifestaciones desde 2018, las mujeres no pudieron marchar pero en redes sociales se reportaron 57 feminicidios durante el presente año. La violencia de género también se observa allí en el encarcelamiento de 22 mujeres opositoras, que son parte de los 219 presos políticos del régimen sandinista.

En lo que va del años 57 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista, según registro de Católicas por el Derecho a Decidir. Vivas y Libres Nos Queremos!. #25Noviembre pic.twitter.com/07vjAyFGzc

— MAM – Nicaragua (@mamnicaragua) November 25, 2022

En Buenos Aires centenares de mujeres se manifestaron frente al Palacio de Tribunales para «denunciar los femicidios y travesticidios» en Argentina, donde se registraron 307 asesinatos de mujeres en los últimos 12 meses.

También en Costa Rica hubo manifestaciones «por las que ya no están». Vestidas con pañuelos naranjas, las manifestantes criticaron la funesta cifra de 13 muertes calificadas como feminicidio en lo que va de 2022 en ese país, mientras en San Salvador unas 400 manifestantes exigieron «detener la violencia feminicida».

Se llamaban Debanhi Escobar, Michelle Nicolich, Francesca Flores, Susana Cáceres, María Belén Bernal, Adriana Pinzón, Luz María López y Blanca Arellano. Son solo algunos de los decenas de miles de casos que han puesto rostro este año a la pandemia en la sombra de los feminicidios, uno de los males endémicos de América Latina, y por el que este viernes marcharán mujeres en toda la región.

El asesinato de mujeres por su género es la máxima expresión de la violencia machista por la que cada año se pierden decenas de miles de vidas en la región. Es imposible saber cuántas exactamente porque solo algunos casos son contabilizados como feminicidios. De todas las muertes violentas de mujeres, solo entre el 30% y el 35% son clasificadas como feminicidios por las autoridades, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio de México, una tendencia que se replica en otros países. Según un informe recién publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2021 al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de Latinoamérica. Un incremento del 9,36% respecto al año pasado.

Lo que sí que se sabe es que la violencia de género tiene sus propias reglas comunes en toda la región: sucede de forma sistemática y persistente desde la intimidad de los hogares hasta los espacios públicos; se apuntala en la desigualdad y se alimenta de los prejuicios machistas aceptados en las sociedades y la impunidad. Tampoco conoce de fronteras, edades, nacionalidades ni clases sociales.

La ausencia de las mujeres asesinadas deja un vacío en sus familias, amigos y comunidades difícil de reparar que cobra fuerza cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada de duelo e indignación que saca a la sociedad a las calles para exigir justicia y una vida libre de violencias. De México a Argentina, pasando por Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, estos son algunos de los casos de feminicidio que han conmocionado a América Latina y lo que revelan de la situación en cada nación.

El ‘caso Debanhi’ y las autoridades que responsabilizan a las mujeres de sus propias muertes

El 9 de abril de 2022 Debanhi Escobar desapareció en una carretera de Monterrey, frente al motel Nueva Castilla, en el Estado de Nuevo León. Tras dos semanas de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una de las cisternas del establecimiento. La Fiscalía del Estado sugirió en una primera versión de los hechos que la joven se había caído en el tanque de agua, lo que desató la indignación de la familia, la sociedad y los colectivos feministas.

Resultaba insultante que las autoridades hicieran responsable a la joven de su propia muerte, una estrategia popular a la que recurren muchas fiscalías para tratar de resolver las muertes violentas de mujeres. Siete meses después del feminicidio, todavía no hay una sola persona detenida. Los padres desesperados encargaron una segunda autopsia que reveló que la joven fue asesinada y abusada sexualmente. Después de la incompetencia que mostraron las autoridades locales y la revictimización de la joven y su familia, la muerte está siendo investigada por la Fiscalía General de la República sin ningún avance hasta la fecha. El silencio después de tantos meses provocó la caída del fiscal del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.

El caso de Debanhi Escobar se ha convertido este año en un símbolo de la violencia machista en México, donde cada día son asesinadas 11 mujeres y el 95% de los delitos no se resuelve. De las casi 4.000 muertes violentas de mujeres que hubo en el país durante 2021, según datos oficiales, solo alrededor de 1.000 fueron investigadas como un delito de feminicidio. Menos del 2% de estos casos acabarán ante un juez, según las estadísticas.

Brasil y los crímenes mediáticos como el de Michelle Nicolich

Brasil tiene una famosa y ambiciosa ley para combatir la violencia contra las mujeres, la ley Maria da Penha, pero la inmensa mayoría de los feminicidios son todavía poco más que una pequeña noticia local. Raro es el caso que se convierte en asunto nacional. El debate gira más bien en torno a impersonales estadísticas y normas. Y, cuando tienen eco más allá de la nota policial, suele ser porque los protagonistas eran famosos o porque el crimen fue grabado por una cámara de seguridad. Es el caso de Michelle Nicolich, de 37 años, asesinada a tiros por su exmarido en São Paulo el pasado septiembre tras recoger a sus hijos de la guardería. El agresor y padre de los críos también mató al pequeño, de un año.

Que el crimen ocurriera en una reñida campaña electoral y que el agresor fuera coleccionista de armas —colectivo mimado por el Gobierno Bolsonaro— alimentó el debate público sobre el espectacular incremento de pistolas y fusiles en manos de civiles. Luego hubo un típico giro brasileño: el asesino tenía un Lula tatuado.

El año pasado, 1.341 brasileñas fueron asesinadas por ser mujeres en este país de 210 millones de habitantes. La cifra recopilada por el Anuario del Forum Brasileño de Seguridad Pública supone una caída mínima tras años de curva ascendente. El balance de esta ONG permite vislumbrar la disparidad regional con la que se aborda la violencia contra las mujeres. Un tercio de los asesinatos de brasileñas son tipificados como feminicidio a nivel nacional, pero oscila entre el 58% del Distrito Federal al 9% en el Estado de Ceará.

Franchesca Flores, asesinada a manos de su pareja en Chile

En Chile se registran 45 feminicidios este 2022 y cuatro suicidios feministas ―mujeres que tras denunciar múltiples violencias y no recibir apoyo de las autoridades, acaban por quitarse la vida― de acuerdo a la contabilización exhaustiva que lleva la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Las víctimas tenían distintas edades, desde los 17 a los 63 años. Como en Chile se ha registrado en los últimos años un fuerte aumento de la migración, entre las asesinadas hay varias extranjeras, provenientes de Colombia, Bolivia o Venezuela. Los feminicidios se producen en todos los contextos: dentro del matrimonio y perpetrado por desconocidos. No distingue nivel socioeconómico y sucede en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades. Como Frutono, un hermoso pueblo a un costado del lago Ranco, en el sur de Chile, donde el 1 de septiembre ocurrió un hecho monstruoso: Franchesca Flores Raillanca, de 40 años, que había dado a luz hacía menos de dos semanas a un niño, fue asesinada por su pareja de 23 años, policía. El hombre la mató frente a la criatura, de acuerdo a los relatos de los familiares y a los hechos expuestos por la Fiscalía. El cuerpo de Franchesca fue encontrado por su hijo mayor, un adolescente.

“Existe una mayor conciencia respecto de la violencia hacia las mujeres, el feminicidio se ha tipificado en la ley y hoy se habla de los asesinatos de mujeres por razones de género, pero las cifras se mantienen estables y esta situación nos alerta. Por lo tanto, no se puede seguir haciendo lo mismo”, explica Lorena Astudillo, feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la organización independiente que instaló el concepto de feminicidio en el país hasta más de dos décadas. En Chile, el feminicidio es castigado hasta con cadena perpetua y ya no solo en contextos de matrimonio, como ocurría hasta hace algunos años. “Pero la institucionalidad sigue insistiendo en castigar, cuando se hace necesario apuntar a la promoción de una vida libre de violencia. La raíz del problema es el machismo y las prácticas culturales que lo sostiene”, dice Astudillo desde Chile, un país que en 2018 tuvo una gran ola feminista y cuyo Gobierno actual, el del izquierdista Gabriel Boric, se declara feminista.

Susana Cáceres, el último feminicidio que ha conmocionado a Argentina

Casi la mitad de las mujeres de Argentina ha sufrido una o más formas de violencia por parte de alguna de sus parejas: física, psicológica, sexual, y/o económica. Es el dato que arroja la primera Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres publicada esta semana en el país sudamericano. Da cuenta de lo extendida que está y lo difícil que resulta erradicarla pese a los esfuerzos de los últimos años.

El feminicidio persiste sin grandes cambios desde la gran movilización social nacida en 2015 con el movimiento Ni Una Menos. En la última década, el total de mujeres asesinadas nunca ha descendido de 250. En 2021 hubo 251 feminicidios, uno cada 35 horas en promedio, según el registro de la Corte Suprema de Justicia. En el 88% de los casos, la víctima conocía al feminicida, y en el 39% convivía con él. Seis de cada diez eran su pareja o expareja.

“No cambió casi nada. Muchos hombres siguen sin entender que no es no”, asegura Adriana Herbas, prima de Susana Cáceres, quien apareció asesinada el pasado 18 de noviembre al borde de una carretera después de diez días de búsqueda. Cáceres, de 42 años y madre de cuatro hijos —la más pequeña una bebé de año y medio— sufrió una muerte muy violenta. Su cuerpo presentaba numerosos cortes, un traumatismo craneal, hematomas en el rostro y la zona cervical y signos de abuso sexual. “El acusado había sido denunciado por violencia de género y abuso sexual. Si la justicia hubiera actuado, esto no habría pasado”, lamenta Herbas al hablar sobre el último feminicidio que ha conmocionado a Argentina.

El año más sangriento de Ecuador y la muerte de María Belén Bernal

La última vez que se vio a María Belén Bernal, una abogada de 34 años, fue en la Escuela de Policía, ubicada al norte de Quito, la capital de Ecuador. Era pasada la medianoche del domingo 11 de septiembre, entró en su carro a ver a su esposo el teniente Germán Cáceres y no volvió a salir.

Fueron 10 días de búsqueda en los alrededores de la escuela de formación de policías, rodeada de quebradas, canteras y basurales donde caminó Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, para hallar el cuerpo de su hija. Una búsqueda tortuosa bajo una sombra de dudas que hasta la actualidad envuelve el caso de Bernal en el que se investiga a altos oficiales de la Policía Nacional de Ecuador por su actuación en la infracción de protocolos de ingreso de una civil al recinto policial, la búsqueda del cuerpo y permitir la huida de Cáceres, quien tuvo tiempo para dejar el cuerpo de María Belén entre matorrales, regresar a la escuela y jugar un partido de fútbol.

El caso de Bernal estremeció aún más la cifra de femicidios y muertes violentas por razón de género en Ecuador en su año más violento contra las mujeres: 345 entre enero y noviembre de 2022. En promedio, una mujer es asesinada cada día en el país sudamericano. Del total de ecuatorianas asesinadas, 70 han sido procesadas por la justicia como femicidios y 275 como otras muertes violentas; es decir, asesinatos, homicidios, sicariato y violación con muerte, según datos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Los femicidios y muertes violentas contra mujeres son los más altos desde que Ecuador empezó a registrarlos oficialmente en 2014, que desde entonces ya son 1.639, de los cuales solo el 42% de los casos ha recibido algún tipo de sentencia, los demás reposan en investigación o en juicios que no pueden continuar porque los femicidas han huido antes de ser procesados, como el caso de María Belén Bernal, que el teniente Germán Cáceres, aún no es hallado por la Policía.

La colombiana Adriana Pinzón: no fue homicidio fue feminicidio

Las mujeres en Colombia se toman las calles este 25N para recordar que ese espacio también es de ellas y para exigir justicia por los crímenes de los que son víctimas en la vía pública, pero también por los que ocurren de forma más silenciosa y solapada dentro de las casas.

La Fiscalía ha registrado 180 feminicidios durante este año, pero los colectivos feministas manejan cifras que doblan la oficial. Según el colectivo feminista Casa de la Mujer, han sido al menos 500 en este 2022. Colombia, a pesar de tener, desde 2015, una ley que contempla el femicinidio como delito autónomo, no ha logrado que en la práctica el género sea valorado como un factor clave en las investigaciones por asesinatos de mujeres. A muchos victimarios todavía los siguen acusando de homicidio simple y no por el delito de feminicidio, que tiene penas de entre 45 y 60 años sin posibilidad de rebaja. A Jonathan Torres, el asesino confeso de Adriana Pinzón, lo condenaron a 28 años de prisión por homicidio. La familia de la víctima, que también es su familia, reclama justicia y pide que la pena sea mayor.

Torres era cuñado de Adriana y según una de sus versiones, que fue tomada en cuenta por la Fiscalía, la mató porque quería robarla. Adriana, de 42 años, fue asesinada en su casa y su cuerpo fue arrojado a una vía, donde difícilmente la encontrarían. Gracias a una grabación de cámaras de seguridad, se supo que el pasado 7 de julio, el novio de su hermana había entrado a su vivienda. Después de cinco horas adentro, salió cargado de bolsas plásticas y un palo. Adriana fue reportada como desaparecida y casi un mes después fue encontrada descuartizada dentro de cuatro plásticos negros en una zanja de una vía de Zipaquirá, en el centro del país. Según la Fiscalía, la mujer fue apuñalada y murió asfixiada.

50 años para el asesino de Luz María López, la rara excepción de Guatemala

El feminicidio de Luz María López, una investigadora criminalística del Ministerio Público asesinada por su esposo, fue uno de los 652 crímenes violentos de mujeres registrados en Guatemala en 2021 y quizás el que más conmoción generó ese año en ese país centroamericano, la región con las tasas más altas de asesinatos de mujeres por motivos de género de América Latina. El cuerpo de la joven de 25 años, madre de una niña que en aquel momento tenía un año y nueve meses, fue hallado el 22 de enero del año pasado con signos de tortura en una alcantarilla cercana a su oficina dos días después de su desaparición.

Su caso se acaba de convertir también en una rara excepción y en un ejemplo de que, si hay voluntad, se puede combatir la impunidad que suele marcar los casos de feminicidio. El que fuera su esposo, Jorge Zea, fue condenado el mes pasado por un tribunal a 50 años de prisión por su asesinato, la pena máxima contemplada en ese país. Los jueces tuvieron en cuenta la saña con la que actuó el asesino, que estranguló y quemó a su pareja delante de su hija pequeña.

Pero la realidad para la mayoría de las víctimas de feminicidios es muy diferente en una región en la que, en muchos casos, ni siquiera se conocen los nombres de las mujeres asesinadas. Así lo denuncia Karla Campos, abogada de Pamela Molina, otra mujer “de escasos recursos” de 26 años asesinada solo un mes antes que López y que aún espera justicia. “Este 5 de diciembre se cumplen dos años de que ella desapareció y el Ministerio Público no tiene absolutamente nada. No ha investigado y la familia continúa buscando justicia (…) Ha sido un viacrucis”, relata. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una fundación en la que trabaja Campos que hace un recuento mensual con datos oficiales, en 2022 ya son 568 las mujeres que han sido víctimas de asesinatos violentos, lo que supone un aumento respecto a los dos años anteriores. Además, 47.687 mujeres han denunciado algún tipo de violencia en su contraen razón a su género y 6.762 de violación en lo que va de año.

Blanca Arellano, una mexicana víctima de un feminicidio brutal en Perú

Blanca Arellano, una mujer mexicana de 51 años, fue asesinada en Lima por un hombre al que conoció a través de una plataforma de videojuegos. La mujer viajó hasta Perú hace unas semanas para conocer al gamer con el que había compartido conversaciones en línea mientras jugaban.

Pero Juan Pablo Villafuerte, un estudiante de Medicina catorce años menor que ella, no tenía las mismas intenciones. El hombre está ahora detenido acusado de feminicidio y de tráfico de órganos en un país donde cada día 380 mujeres denuncian ser víctimas de violencia familiar y sexual. El cuerpo desmembrado de Arellano fue localizado en una playa sin rostro, huellas dactilares ni órganos, flotando en el mar a principios de noviembre. La familia de Blanca Arellano pudo reconocer su cuerpo por lo único que no pudieron arrebatarle: un anillo atlante.

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero de 2017 y octubre de 2022, 651 peruanas y 23 extranjeras murieron por el simple hecho de ser mujeres en Perú, a manos de sus parejas o exparejas. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, alrededor de 2.105 personas purgan condena en las cárceles peruanas por delitos vinculados a la violencia machista. Pero a menudo no se hace justicia: solo el 1% de las denuncias por feminicidio alcanza una sentencia en el mismo año de la denuncia y las organizaciones feministas exigen que instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía incorporen en sus investigaciones la perspectiva de género.