Categoría: Noticias

Si antes el horizonte de la lucha de las mujeres por el ejercicio de sus derechos políticos era el lograr votar y ser votadas, hoy es que en los partidos políticos donde participan haya reglas claras de promoción y ascenso, plantea Patricia Mercado Castro.

La excandidata presidencial y reconocida política mexicana subraya que actualmente las decisiones sobre las candidaturas a puestos de elección popular en los partidos siguen en manos de hombres y, si las mujeres no forman parte de sus equipos cercanos, tienen pocas posibilidades de ser tomadas en cuentas para su nominación. “Hemos llegado, pero no estamos ejerciendo el poder”.

Entrevistada con motivo del Día Internacional de la Mujer, la economista sonorense que, en 2006 fue postulada por Alternativa Partido Político Nacional como candidata a la presidencia, recalca que, si no hay reglas claras, las decisiones son muy arbitrarias y en esa condición las mujeres están en absoluta desventaja.

“Hay mucha resistencia a que representantes legítimas y legales de mujeres lleguen a esas mesas donde se están tomando las decisiones.

Incluso, cuando se tienen que implementar acciones afirmativas que obligan a los partidos a postular a una mujer, por ejemplo, en un distrito, hay hombres que se sienten con los derechos a ser nominados, y reclaman que, si no son ellos los nominados, entonces ellos deben decidir a qué mujer se le otorga la candidatura.

Conquistamos el conocimiento y el trabajo
La también senadora de la República (forma parte de la fracción de Movimiento Ciudadano), expone que durante los últimos años ha habido avances importantes en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.

En su opinión, eso se debió a que como sociedad nos hicimos cargo de que somos 50% hombres y 50% mujeres y tenemos que gobernar y legislar de esa manera.

Dice que el hecho de que más mujeres llegaran a puestos donde se toman las decisiones para atender los problemas públicos, se ha traducido en beneficios sociales palpables, por ejemplo, para canalizar más presupuestos para implementar políticas públicas en materia de salud, educación y atención a diversos sectores como el de los niños y jóvenes.

La presencia de las mujeres en estas posiciones ha llevado a que las autoridades atiendan problemas públicos que se padecen desde la vida cotidiana y generalmente los hombres les ponen poca atención, asegura.

Las mujeres han ayudado a lograr que la política y la función pública se resuelva en tiempos en que ha habido un marcado alejamiento del ciudadano común de la política, opina.

La también exsecretaria de Gobierno y exsecretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y expresidenta de los partidos Socialdemócrata, México Posible Alternativa Socialdemócrata y Campesina, considera que las conquistas de las mujeres están a la vista.

Conquistamos el conocimiento, invadimos las universidades, sacando los mejores promedios e incluso titulándonos más rápido que los hombres; conquistamos el trabajo asalariado…

La política sonorense, recordada por muchos por su trabajo en los colectivos Mujeres Trabajadoras Unidas y Mujeres en Acción Sindical, cuenta también como logro que la sociedad reconozca las violencias de las que son víctimas las mujeres en las calles, en la casa, en la escuela y que se comience a entender que eso es algo que no debe normalizarse.

Subraya los avances en materia de legislación, políticas públicas y presupuestos para atacar el problema, que por mucho no está resuelto.

No hemos logrado que la salida de las mujeres del ámbito doméstico para poder acceder al ejercicio de sus derechos se haya en paz, sin violencias, sin discriminación y sin exclusiones, remarca.

Enfatiza la tarea que hay por hacer para eliminar la violencia feminicida.

Sacrificamos cosas
Para la reconocida activista de las causas de las mujeres, el haber conquistado el ejercicio de varios derechos ha tenido un costo de oportunidad.

Y remite a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pide que pongamos la atención en una situación que ha destacado esa institución: “las mujeres tenemos pobreza de tiempo”.

Y si para reconocer esa situación no es suficiente recordar el tren de vida de las mujeres activas en el mercado laboral, recalca: “Claro que sacrificamos cosas, si yo tengo una jornada laboral a cambio de un salario, tengo también las responsabilidades de cuidado y las responsabilidades domésticas”.

Y recuerda: las mujeres sacrifican tiempo para el esparcimiento, para el descanso…

Por ello, ataja, tienen sentido iniciativas, como una que está parada en la Cámara de Senadores que busca reconocer en la ley el tiempo propio. El Estado tiene que hacer política pública para quitarle responsabilidades al ciudadano para que pueda disponer de tiempo propio.

Al preguntarle qué ha cambiado de 2006 cuando construyó su candidatura a la presidencia y 2024, cuando tenemos dos candidatas a la presidencia, ataja y dice, precisamente eso hay dos mujeres disputando la titularidad del poder Ejecutivo. “Están siendo competitivas; antes teníamos a puros hombres, ahora tenemos a dos mujeres y un hombre y eso es ya una diferencia muy grande”.

Menciona que cuando ella fue candidata, incluso mucha gente pensaba que ella era la primera mujer en buscar ser presidenta, cuando ya lo habían intentado antes doña Rosario Ibarra y Cecilia Soto.

Pero el mayor problema era que no había reglas democráticas; los medios de comunicación no atendían sus eventos…

Resalta que hoy tenemos miles de mujeres en puestos de elección popular o como candidatas a esos cargos. “Hay una situación completamente distinta”.

Sin embargo, la excandidata presidencial advierte que siempre hay regresiones y estancamiento, por lo que hay que estar totalmente alertas.

En ese sentido, considera que “en general estos seis años hay mucho estancamiento. Hemos avanzado en paridad, en la participación política; en algún tipo de reformas para detener la violencia hacia las mujeres, pero finalmente sigue siendo fuerte esa violencia”.

Asimismo, destaca que tenemos muchos ejemplos de regresión. “Un buen día llega un gobierno absolutamente autoritario y decide que las mujeres regresen a sus vidas antiguas”.

“Hay que estar pendiente, el machismo es una cultura arraigada y no solamente en los hombres”.

Lo grave, añade, es que en muchas ocasiones viene acompañada de reacciones violentas. Hay hombres que no terminan de entender por qué no son ellos totalmente proveedores y por qué las mujeres no los sirven.

¿Quién es Patricia Mercado Castro?
Candidata presidencial de Alternativa Partido Político Nacional en 2006.
Nació el 21 de octubre de 1957, en Ciudad Obregón, Sonora.
Es licenciada en economía por la UNAM

Se ha desempeñado como:

• Senadora de la República por MC.
• Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.
• Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
• Presidenta del partido Socialdemócrata.
• Presidenta del partido México Posible.
• Presidenta del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
• Presidenta de la Fundación Voz Alternativa.
• Formó parte del colectivo Mujeres Trabajadoras Unidas y Mujeres en Acción Sindical.

Miles de mujeres son víctimas de feminicidio cada año en América Latina, y el 2022 fue el año que más casos registró en el último lustro, lo que muestra «la persistencia y gravedad del feminicidio en la región», dice un reporte de la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, y el Observatorio de Igualdad de Género, publicado en noviembre de 2023.

Según este reporte, en 26 países de América Latina y El Caribe se registraron, en 2022, 4.050 feminicidios. En 2021, la cifra total era de 3.926 casos; en 2020, 3.846; en 2019, 3.951 y en 2018 hubo 3.878 feminicidios en toda la región.

Los países con las tasas más altas de feminicidios, por cada 100.000 mujeres, fueron Honduras (6), República Dominicana (2,9), El Salvador y Uruguay (1,6 en ambos países).

Sobre Honduras, la Cepal advierte en su informe que si bien presenta un mayor incremento en la tasa, que es un 30 % más alta en 2022 que en 2021, «es relevante señalar que en la República Dominicana y Honduras se dio una reducción significativa de los casos entre 2019 y 2020, de manera que el aumento se evidencia en los siguientes dos períodos».

Entre tanto, las tasas más bajas de feminicidios, (menos de 1 víctima de femicidio por cada 100.000 mujeres) se presentaron en Puerto Rico, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Cuba. Sobre la isla caribeña la Cepal señala que es el primer año en el que reporta información después de que se aprobara la tipificación del delito de homicidio agravado por razón de género, en septiembre de 2022.

Este reporte dice que 12 países de la región —Uruguay, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, México y Argentina— «han mantenido las cifras de este indicador, con leves variaciones en los últimos cuatro años».

Honduras, Puerto Rico y República Dominicana ha aumentado sus cifras de feminicidios en los últimos cuatro años, según el reporte.

Este reporte señala los vínculos de las víctimas con los victimarios, así:

— En Chile, Puerto Rico y el Ecuador se registró un 75 % o más de muertes de mujeres perpetradas por la pareja o expareja.

— En Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia, Panamá y Brasil el vínculo entre víctima y victimario se registró entre un 50 % y un 75 % de los casos.

— En El Salvador y República Dominicana los casos en que las víctimas tenían o habían tenido una relación de pareja con el agresor corresponden a menos de la mitad de los feminicidios.

Entre tanto, el reporte de ONU Mujeres muestra que en América Latina, la tendencia en los últimos años, desde 2017, fue de una reducción del número anual de casos de muertes relacionadas con el género, pero fue a partir de la pandemia de covid-19 que hubo «deterioro de la situación a partir de entonces». Y así lo muestran los números.

Pero el continente tiene sus diferencias según las regiones, señala el reporte de la ONU: En América Central y del Sur se experimentó una disminución de los asesinatos anuales entre 2017 y 2022, un 10 % y un 8 %, respectivamente, dice el reporte. Y América del Norte fue testigo de un aumento significativo (del 29 %) en casos de feminicidios entre esos años, y el Caribe tuvo un aumento de un 8 %.

«Tanto en América del Norte como en el Caribe, el aumento de los asesinatos se registró principalmente desde el inicio de la pandemia de covid-19, en 2020», dice el reporte de la ONU.

México ha reportado más de 800 feminicidios de 2022. Esta es la situación 3:58

¿Cómo están las leyes en la región?

Solo un puñado de países reconoce legalmente que los feminicidios son claramente diferentes del homicidio. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina, donde 18 países han incluido el feminicidio como delito específico y han aprobado una legislación para tipificar los femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género y esas leyes tienen «un articulado específico sobre producción de información, registros, estadísticas, observatorios, sistemas de información o informes sobre violencia de género en contra de las mujeres y las niñas», recoge la Cepal.

Países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay «disponen la obligación legal de crear sistemas de información y registros de los hechos de violencia con variables determinadas que permitan, como mínimo, una clara identificación de la víctima, el agresor y las circunstancias que rodean a los hechos denunciados», dice el reporte de la Cepal sobre violencia feminicida.

Feminicidios en el mundo

La violencia feminicida sigue en aumento también a nivel mundial. Así lo dice un el más reciente informe con las cifras consolidadas de ONU Mujeres, publicado en noviembre de 2023, que asegura que el número de niñas y mujeres que fueron asesinadas en todo el mundo en 2022 fue de casi 89.000. Esa fue la cifra más alta en los últimos veinte años.

Los feminicidios son definidos como la forma más extrema de violencia de género (GBV, gender based violence) y es el «asesinato intencional de mujeres por ser mujeres», «son cometidos por parejas o exparejas, e implican abusos continuos en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que sus pareja», según la Organización Mundial de la Salud.

Estos crímenes se dividen en dos categorías: feminicidios íntimos y no íntimos. El primero se refiere al asesinato de mujeres por parte de las parejas o exparejas, mientras que el segundo resume el asesinato de mujeres por parte de personas con las que no tenían una relación íntima, dice la OMS.

En el reporte «Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género«, ONU Mujeres presenta las cifras más recientes sobre violencia contra las mujeres y asegura que ve con «preocupación e indignación» que el número de mujeres y niñas «asesinadas intencionalmente» no disminuyó en 2022 respecto a 2021. Además, dice, la mitad de estos homicidios están relacionados con el género y son cometidos en su mayoría «por parejas íntimas u otros miembros de su familia».

Dos mujeres caminan entre los carteles con las fotos de las víctimas de femicidios, en el marco de una campaña en el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujers en Medellí, Colombia, el 23 de noviembre de 2020. (Crédito: JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

La ONU continúa con algunos datos escalofriantes como, por ejemplo, que la mayoría de los asesinatos de mujeres y niñas ocurridos en todo el mundo están motivados por el género, y que si bien un 80 % de los crímenes reportados en 2022 se cometieron contra hombres, las niñas y mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia en el hogar. Ese año, más de 133 mujeres y niñas fueron asesinadas por alguien de su propia familia». El hogar es el lugar más peligroso para muchas mujeres.

¿Ayuda a las mujeres a obtener justicia la redacción de la ley del feminicidio?

Se ha argumentado que al incluir el feminicidio en el código penal, primero se reconoce la naturaleza misógina de estos delitos, pero también se logra una recopilación de datos más precisa que, a su vez, puede conducir a mejores políticas y prácticas que protejan a las mujeres.

En México, por ejemplo, el feminicidio no solo está reconocido en la ley, sino que en 2020 el Congreso del país aprobó sentencias más duras por feminicidio: de 45 a 65 años de prisión si un acusado es declarado culpable.

En Colombia, el Congreso aprobó en 2015 la ley Rosa Elvira Cely, que castiga los feminicidios con entre 20 y 50 años de prisión a quien cause la muerte de una mujer «por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género».

En Argentina, desde 2012 se castiga con hasta prisión perpetua a quien asesine, entre otros, «a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género» o que el crimen se haga «con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación».

En Perú, se estableció una condena de mínimo 20 años de prisión a quien «mata a una mujer por su condición tal» en contextos de violencia familiar, hostigamiento o violencia sexual, entre otras. La condena puede ser de cadena perpetua por una serie de agravantes como si la víctima fuese menor de edad o adulta mayor, si la víctima fuese sometida a violencia sexual antes del crimen, o si el victimario estuviese bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes.

Sin embargo, estas disposiciones y sanciones no han dado lugar a tasas más altas de condenas ni a una disminución de estos delitos. La UNODC escribe: «Los países de América Latina han adoptado una legislación que penaliza el feminicidio como un delito específico en sus códigos penales. Sin embargo, no hay señales de una disminución en el número de asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género».

Mirando específicamente a México, Meghan Beatley informa: «Paradójicamente, incluso cuando los asesinos de mujeres son capturados y procesados, la categoría de feminicidio ha hecho que sea más difícil condenarlos».

Esto se debe a que los fiscales tienen que demostrar más allá de toda duda razonable que el crimen se perpetuó porque la víctima era una mujer.

«La noción de homicidio relacionado con el género, o feminicidio, requiere una comprensión de qué actos están relacionados con el género, algo que está sujeto a cierto grado de interpretación», escribe la ONUDD en su estudio global de homicidio de 2019. «En muchos casos, existe un continuo de violencia [de pareja] que culmina en el asesinato de mujeres incluso cuando los perpetradores no tienen motivos [misóginos] específicos».

Y existe un agravante más: ningún país está cerca de erradicar la violencia infligida por la pareja debido a la limitación y falta de compromiso económico para prevenir la violencia. De hecho, solo 27 países del mundo «poseen sistemas integrales para supervisar y asignar presupuesto para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres», dice un reporte sobre el panorama de género de ONU Mujeres de 2023.

¿Cómo se pueden reducir los feminicidios?

Bueno, primero, esto es lo que no funciona: decirle a las mujeres qué hacer o ponerse, y cómo comportarse para evitar ser víctimas de violencia.

Tras el asesinato en Londres de Sabina Nessa, una maestra de primaria de 28 años, hubo indignación después de que el consejo local entregó más de 200 alarmas de seguridad a mujeres y personas vulnerables en el área donde se encontró el cadáver.

La escritora Sophie Gallagher expresó su frustración en una columna diciendo que este tipo de respuesta de las autoridades, así como la orientación de la policía que aconseja a las mujeres cómo mantenerse fuera de peligro, «perpetúa agresivamente la posición de la mujer como ciudadanas de segunda clase, cuyo deber es ceder ante los derechos inalienables de los hombres violentos a existir».

Añadió: «Estas» reglas de seguridad «son falsas garantías que la sociedad nos da para librarnos de la responsabilidad de lo que nos sucede a manos de la insidiosa misoginia que permite que corra desenfrenada».

Entonces, ¿cómo es asumir la responsabilidad? El informe Small Arms Survey calificó la recopilación de datos como «indispensable» para prevenir la violencia de género. «Los datos desglosados ​​por sexo, edad, origen étnico, relación víctima-perpetrador y motivación para la violencia, junto con información contextual, como el lugar, la hora y el instrumento de la violencia, beneficiarán los esfuerzos para diagnosticar, reducir y prevenir la violencia, incluida la violencia letal», escribieron sus autores.

En lo que respecta a las mejores prácticas, se cita a menudo al Gobierno de Perú. Su plan de acción incluye «varias agencias con grupos de trabajo especializados [que trabajan] para la reducción de los feminicidios y el enjuiciamiento de los abusadores, incluidos centros de emergencia para mujeres, una línea directa para víctimas de violencia contra la mujer y la Brigada de Policía Especializada para la Prevención de la Violencia Doméstica».

Sin embargo, en última instancia, para reducir la violencia de género en todas sus formas, las normas culturales y sociales deben cambiar. Una investigación publicada por Bristol University Press sugiere que las sociedades deben examinar de cerca sus puntos de vista sobre «la masculinidad y la feminidad, la igualdad de género, la violencia doméstica y las leyes feminicidas, la ideología patriarcal, los valores tradicionales, el papel de la religión en la sociedad y la cobertura de los medios de comunicación sobre el feminicidio y la violencia contra las mujeres».

— Con información de Adie Vanessa Offiong y Melissa Velásquez Loaiza, de CNN. 

Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebra los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos. En la actualidad, durante esta jornada, se organizan marchas y manifestaciones en todo el mundo para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esta deseada igualdad real entre hombres y mujeres. Pues muchos datos confirman precisamente esto, que en muchos países nacer mujer es un lastre social.

Algunas de las proclamas que más se escuchan durante la jornada de protesta son la reclamación de la equiparación laboral y salarial, una presencia igualitaria en puestos políticos y empresariales relevantes, el rechazo a la violencia de género, así como la exigencia de más políticas para detenerla: en definitiva, un empoderamiento completo de las mujeres en el marco de la sociedad actual.

Los motivos por los que se estableció un día para reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad parece que están claros. Sin embargo, ¿por qué hacerlo precisamente un 8 de marzo? Si echamos la vista atrás, encontramos más de un antecedente histórico, y no está claro cuál fue el más determinante.

FECHAS CLAVE DE LA LUCHA FEMINISTA

En marzo de 1857, en el marco de la Revolución industrial, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo. Si bien es cierto que en ese momento las condiciones laborales de todos los trabajadores eran durísimas, la precariedad se cebaba especialmente con la parte femenina del sector, cuyos salarios podían llegar a ser menos de la mitad que los de los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Las protestas terminaron con la intervención violenta de la policía contra las manifestantes, pero aquella manifestación sentó un primer precedente gracias a su gran repercusión.

En 1907 tuvo lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania, liderada por Clara Zetkin, donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que perseguían era el sufragio femenino.

EL PRIMER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Para mostrar apoyo a la huelga que las trabajadoras textiles llevaron a cabo en Nueva York en 1908 –una huelga que, junto con la de 1857, pasaría a la historia–, en 1909 una organización de Mujeres Socialistas celebró en EE.UU. el primer Día Internacional de la Mujer. Aunque solo tuvo seguimiento en Nueva York y Chicago, se calcula que unas 15.000 mujeres participaron en una marcha que recorrió la ciudad de Nueva York.

En 1910, tuvo lugar el segundo encuentro Internacional Socialista de Mujeres, en Copenhague, Dinamarca. En esta ocasión, se propuso fijar un día simbólico –en torno al 8 de marzo– que sirviera para reivindicar los derechos de todas las mujeres, principalmente el derecho al voto. El siguiente año, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo en algunos países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

Los grandes conflictos de una centena de años tan convulsa como el siglo XX ayudaron a afianzar el papel de la mujer, y a lo largo de las siguientes décadas muchas organizaciones de mujeres de otros países se fueron uniendo a las reivindicaciones que se llevaban a cabo durante el mes de marzo. Hasta que en 1975 la ONU reconoció el día de manera oficial.

Es cierto que no resulta sencillo fijar un solo acontecimiento como el motivo por el que se escogió el 8 de marzo, por ello se ha de entender como una lucha en conjunto, un esfuerzo prolongado en el tiempo. Así, se entiende cómo cada generación ha ido heredando el deber de luchar por sus derechos y por los de las generaciones venideras.

Acabar con las leyes y prácticas discriminatorias que componen la brecha de género y que impiden a las mujeres trabajar o crear empresas podría aumentar el Producto Interno Bruto global en más de un 20%, lo que duplicaría la tasa de crecimiento en la próxima década, afirmó el lunes el Banco Mundial (BM).

El décimo informe anual del BM sobre la mujer, la empresa y el derecho muestra que, por término medio, las mujeres sólo gozan del 64% de la protección jurídica que tienen los hombres, y no el 77% estimado anteriormente, y que ningún país, ni siquiera los más ricos, ofrece una igualdad de oportunidades real.

La cifra más baja refleja importantes deficiencias reveladas por la inclusión de dos nuevos indicadores -seguridad y cuidado de los hijos-, además de la retribución, el matrimonio, la paternidad, el lugar de trabajo, la movilidad, el patrimonio, el espíritu empresarial y las pensiones.

El informe evaluó por primera vez la forma en que 190 países aplican las leyes existentes para proteger a las mujeres, encontrando lo que denominó una brecha “escandalosa” entre las políticas y la práctica.

“Las mujeres tienen el poder de impulsar la tambaleante economía mundial”, afirmó Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, quien señaló que las reformas para evitar la discriminación se han ralentizado.

Reducción de la brecha de género podría impulsar PIB mundial más del 20%, dice el Banco Mundial

Según el informe, entre los obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de incorporarse a la población activa mundial figuran las barreras para crear empresas, las persistentes diferencias salariales y la prohibición de trabajar de noche o en empleos considerados “peligrosos”.

Según el informe, las mujeres apenas disponen de un tercio de la protección jurídica necesaria contra la violencia doméstica, el acoso sexual, el matrimonio infantil y el femicidio en los 190 países estudiados.

El acoso sexual está prohibido en el lugar de trabajo en 151 países, pero sólo 40 tienen leyes que lo prohíben en lugares públicos. “¿Cómo podemos esperar que las mujeres prosperen en el trabajo cuando es peligroso para ellas el mero hecho de desplazarse al trabajo?”, afirmó Gill.

Las mujeres también dedican una media de 2.4 horas más al día que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, gran parte del cual consiste en cuidar a los niños, y sólo 78 países han promulgado normas de calidad que regulen los servicios de guardería.

El adelanto de la edad de jubilación de las mujeres, a pesar de que viven más que los hombres, también limita sus ingresos.

“Debido a que reciben un salario más bajo mientras trabajan, se ausentan del trabajo cuando tienen hijos y se jubilan antes, acaban percibiendo unas pensiones más reducidas y una mayor inseguridad económica en la vejez”, señala el informe.

Con información de Reuters.

El movimiento feminista en México ha tenido una larga lucha desde hace varias décadas, durante las cuales no solamente se ha buscado erradicar la violencia contra las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo, sino que también se exige que se les den las mismas oportunidades laborales, de tener independencia económica, acceso a la salud y sean parte del gobierno u otras autoridades.

Este año, por primera vez, tres mujeres serán las encargadas de organizar, vigilar y validar el proceso electoral del próximo 2 de junio, en el cual se elegirá a los nuevos representantes de 20 mil cargos, entre ellos la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones, gobernadores y hasta alcaldes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, te decimos quiénes son las mujeres que serán la máxima autoridad en las elecciones.

Guadalupe Taddei es consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el 3 de abril del 2023, luego de que en marzo del mismo año fue seleccionada por la Cámara de Diputados para ejercer el cargo, en sustitución de Lorenzo Córdova.

De acuerdo con su perfil curricular, publicado en la página del INE, Taddei Zavala es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y se ha desempeñado en el servicio público desde 1989, además de que cuenta con más de 25 años de experiencia en la función pública electoral, destacando su colaboración como Directora del Centro Regional de Cómputo y Directora del Sistema Nacional de Consulta electoral.

Fue pionera de los trabajos para la construcción del padrón electoral que dio como resultado la primera credencial de elector. En Aguascalientes, dirigió el Centro Regional de Cómputo, realizando las primeras impresiones de la lista nominal con fotografía y posteriormente, fue miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), así como Vocal Local del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del estado de Sonora, de octubre de 2003 a enero de 2014.

Del primero de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021, se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, designada por el Consejo General del INE, ahí encabezó los procesos electorales de 2014-2015 de gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, así como la primera elección por voto secreto en urna para la regiduría étnica en los municipios de Hermosillo y Pitiquito; el proceso 2017-2018 de elección de diputaciones y alcaldías y el proceso 2020-2021, para renovación de gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2019, presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora y el 24 de febrero de 2022, fue nombrada por el Congreso del Estado de Sonora, Comisionada Presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La candidata de MORENA se registra ante el INE Foto: Cuartoscuro

Mónica Aralí Soto Fregoso

Soto Fragoso fue nombrada Magistrada Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Senado en noviembre del 2023, tras haber sido propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo por un periodo de nueve años.

En su perfil curricular, se indica que es una abogada mexicana que se desempeña como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde noviembre de 2016.

Soto Fregoso estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y una maestría en Educación con Especialidad en Docencia en la Universidad Internacional de la Paz, además de una especialidad en Justicia Electoral y un diplomado en Derecho Electoral, impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Inicialmente se desempeñó como Asesora Jurídica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) en Baja California Sur en1994 y posteriormente de1996 a 1997.

En 1995 también fue técnica del Registro Federal Electoral en Jalisco y de 1997 al 2004, trabajó como técnica en el Proceso Electoral en la Junta Local Ejecutiva del IFE en Baja California Sur.

Del 2003 al 2007 fue vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Campeche y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Baja California Sur.

En el 2007 fue designada por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur como Magistrada Numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y en marzo de 2013 fue nombrada magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, órgano que presidió hasta marzo de 2016.

Mónica Soto estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara Credito:cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, por primera vez, que la “violencia vicaria” es aquella que se ejerce contra las mujeres con el objetivo de causarle daño, involucrando a sus hijos.

Sin embargo, el máximo tribunal del país señaló que las leyes estatales que regulan la violencia vicaria no discriminan ni estigmatizan a los hombres como alegó la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

}“Las normas impugnadas no son discriminatorias en contra de los varones, ya que están justificadas en la medida en qué pretenden abordar un tipo de violencia que sólo padecen las mujeres, la violencia motivada por razones de género, sin que ello implique desproteger a los varones y a los hijos en los casos en que la agresora sea una mujer”, expuso la ministra presidenta, Norma Piña.

Al analizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de San Luis Potosí, el tribunal pleno concluyó que esta distinción reconoce un tipo de violencia específica que sólo las mujeres sufren.

Para la ministra Yasmín Esquivel, este particular tipo de violencia implica todas aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora con quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato u otra relación de hecho.

Se expuso que es válido que la definición de violencia vicaria sólo comprenda a las mujeres y no a los hombres, pues las mujeres en México se enfrentan a un escenario particularmente grave que hace necesario un régimen específico que las proteja de agresiones.

Incluso Esquivel Mossa refirió que, de acuerdo con cifras del Inegi, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años en adelante, 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

La “Ley Malena” se suma a las modificaciones de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y al Código Penal local, en materia de violencia ácida, la cual fue publicada el pasado lunes en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad, las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el Código Penal de la Ciudad de México.

Su finalidad es castigar los ataques con ácido u otras sustancias químicas con ocho a 12 años de cárcel, la sentencia puede elevarse a 30 años, sin embargo, en los casos que las lesiones sean de manera permanente se tomará como tentativa de feminicidio.

Además de que se impulsará creación de un registro de víctimas de agresiones con ácido y otras sustancias químicas, con la finalidad de generar políticas públicas en contra de este delito.

Fueron las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México quienes aprobaron tipificar, con hasta 27 años de prisión, en primer instancia, la violencia ácida, mejor conocida como “Ley Malena”.

La diputada morenista Ana Francis López Bayghen, destacó que los ejes son la incorporación de un nuevo tipo de violencia con las mujeres en la Ley de Violencia por ataques con ácido o sustancias químicas corrosivas.

Así también, que sé contempla que las autoridades o personas de los servicios de salud deben llevar un registro y estadísticas de las personas atendidas por este tipo de ataques; y se añadirá un nuevo capítulo para sumar lesiones por ácido o sustancias corrosivas.

Esta ley establece que la violencia ácida sea la acción u omisión que cause o busque causar daño arrojando, derramando o poniendo en contacto con algún tipo de gas, compuestos químicos, ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que por sí misma o en determinadas condiciones pueda provocar lesiones temporales o permanentes, internas, externas o ambas, algún tipo de discapacidad o pongan en peligro la vida de cualquier mujer.

Cronología

Después del atentado que sufrió María Elena Ríos Ortiz, la joven oaxaqueña ha tenido que enfrentar diversos acontecimientos en relación al hecho.

• 9 de septiembre de 2019: María Elena Ríos Ortiz sufre un ataque ácido por parte de su ex pareja Juan Antonio Vera Carrizal, cuando se encontraba en su domicilio en la ciudad de Huajuapan de León, en Oaxaca.
• 2 de abril de 2020: Es confirmado el arresto de Rubén “L” alias “El Charrez”, a quien se le acusó de ser el encargado de entregar el ácido y dar indicaciones sobre el ataque.
• 6 de abril de 2020: El ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal se entregó a las autoridades.
• 2 de abril de 2021: Ponciano “H”, de la tercera edad, falleció el en el penal de Tanivet, en los Valles Centrales de Oaxaca. Él y su hijo, Rubicel “H” fueron acusados de ser contratados para rociarle ácido sulfúrico en el rostro a María Elena.
• 26 de junio de 2023: María Elena anunció que, tras casi cuatro años del ataque con ácido que sufrió, el proceso que enfrenta contra el presunto autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, Juan Vera Carrizal, llegó a su etapa intermedia.
• 15 de septiembre de 2023: María Elena fue víctima de un atentado mientras viajaba a Oaxaca.

Telón de fondo

Lanzan plataforma para enviar recomendaciones 

A principios de 2023, Marcela Fuente, diputada local de la Ciudad de México por Morena, lanzó a través de redes sociales una plataforma para que fueran enviadas las propuestas y recomendaciones para la “Ley Malena”, dicho link estuvo disponible hasta el 15 de febrero del año pasado.

Marcela la Fuente reiteró que dichas propuestas serían recolectadas por el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que la diputada del Congreso local, presentó la iniciativa para crear la “Ley Malena”, en el Congreso de la Ciudad México, el pasado 31 de enero de 2023.

Ataques químicos serán considerados tentativa de feminicidio

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial del pasado lunes la “Ley Malena”, que castiga los ataques con ácido u otras sustancias químicas.

Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó que anteriormente las agresiones con ácido se reconocían como parte del agravante de lesiones, pero ahora, se hace como un nuevo tipo de violencia.

Esta ley, llamada así en honor a María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio ocurrido en septiembre de 2019 e impulsora de la iniciativa, fue aprobada el pasado 8 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México.

Se sumarán diversas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y al Código Penal local, en materia de violencia ácida, de acuerdo con el decreto que publicó el Gobierno capitalino, indica:

“Se reforma la fracción II del artículo 6 y la fracción V del artículo 36, y se adiciona la fracción XI al artículo 6 y la fracción V Ter al artículo 36, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y se deroga la fracción V del artículo 131; se reforma la fracción II del 148 Bis; se adiciona un Capítulo II Bis, Lesiones por Ataques con Ácido, sustancias químicas o corrosivas, al Título Primero, Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, del Libro Segundo parte especial, y los artículos 135 Bis, 135 Ter, 135 Quáter y 135 Quinquies, del Código Penal”.

El Universal

Inicia juicio de Esmeralda Millán contra agresor tras ser diferido 14 veces

Tras diferir 14 veces el juicio en su contra, el agresor de Esmeralda Millán, sobreviviente de violencia ácida, ya se encuentra en proceso por el Poder Judicial de Puebla por tentativa de feminicidio.

Así lo informó Carmen Sánchez, activista por la defensa de mujeres víctimas de violencia química, quien, a través de su cuenta de X, dio a conocer que la batalla de Esmeralda Millán por conseguir justicia contra su ex pareja, Fidel “N”.

“Inició el juicio oral en contra de Fidel “N” el criminal que intentó asesinar a Esmeralda Millán de Puebla, en el 2018. Esme esperó cinco años para este momento porque la defensa legal de Fidel logró diferir 14 veces consecutivas para evadir la justicia”, señaló Sánchez.

“Va a declarar Esme, su mamá y su tía. Será la primera vez que hablen en todo lo que va del proceso legal y sé que es un momento difícil porque ya pasé por eso el año antepasado y pasado y son momentos de mucho dolor, mucha rabia y mucha impotencia”, escribió la también sobreviviente de un ataque químico en 2013.

El 2 de diciembre de 2018, Esmeralda Millán sufrió quemaduras severas en cara, cuello y extremidades. En consecuencia perdió parte de la nariz, la boca, la córnea del ojo derecho y se le dañó el esófago, luego de que Fidel “N” le arrojara ácido tras varios años de padecer violencia física y psicológica de su parte.

Aunque Fidel “N” fue detenido ese mismo día, el Poder Judicial de Puebla difirió 14 veces su audiencia a solicitud del agresor y su defensa, y porque el delito aún no se tipificaba como intento de feminicidio.

El caso de Esmeralda Millán fue el primero del mismo delito del que se tiene registro en Puebla. Por ello, de lograr una condena para su agresor, esta se convertiría en la segunda sentencia en México y América Latina que castiga la agresión con ácido en tentativa de feminicidio, después de que Carmen Sánchez obtuviera una contra su agresor el pasado 11 de mayo de 2023.

“Este tipo de violencia nos dejó una vida rota, un proyecto de vida trunco, un cuerpo mutilado, expuestas una y otra vez a la discriminación, condenadas a vivir con dolor y discapacidad hasta el resto de nuestras vidas y con una fractura familiar y social irreparable”, señaló la activista.

“Durante la audiencia los defensores buscan que te equivoques y caigas en contradicciones, pero nosotras sabemos lo que vivimos y la Fiscalía de Puebla ya admitió todas las periciales que acreditan el delito. Fidel «N» es culpable y debe pagar por lo que hizo. #JusticiaParaEsme”, difundió en redes sociales Carmen Sánchez, quien mediante una fundación con su mismo nombre acompaña a otras sobrevivientes de violencia química.

El Universal

María Elena Ríos Ortiz

En 2019, a sus 26 años, Malena, como es conocida, sobrevivió a un intento de feminicidio, perpetrado a través de un ataque con ácido sulfúrico, el 9 de septiembre de ese año.

María Elena nació en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, en 1993. Es egresada de la licenciatura en Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así mismo, es egresada del Benemérito Conversatorio de Música de Puebla, institución donde estudió saxofón.

En 2017, Malena buscó ocupar por una vacante de comunicación en la oficina de Juan Vera Carrizal, entonces diputado del PRI, en Oaxaca, con quien mantuvo una relación sentimental y fue imputado por ser el autor intelectual del ataque a la joven mixteca.

Martí Batres destaca penas contra violencia 

A días de su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Martí Batres, resaltó los alcances de la “Ley Malena”, que castiga los ataques con ácido o con sustancias químicas corrosivas, toda vez que los daños causados por este tipo de ataques ya no serán considerados como lesiones en el Código Penal local, sino como “un delito separado con su propia descripción”.

Al presentar la publicación de esta ley en la Gaceta Oficial, el mandatario señaló que con estas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y al Código Penal se busca evitar la impunidad y señala la gravedad que tienen estos ataques, con penas de entre ocho y 12 años, pero que pueden alcanzar hasta 46 años en los casos que cause daños permanentes.

El mandatario afirmó que las reformas eran necesarias “porque muchas veces se ocultaba el salvajismo de los ataques, a veces, muchas mujeres lo ocultaban por vergüenza, porque no querían que se supiera que fueron víctimas de tal brutalidad, y a veces, sobre todo la sociedad, los ocultaba”, explicó Batres.

Batres destacó que si los ataques con ácido eran sombríos, lo era aún más que “pese a la denuncia de estos hechos, valerosa y riesgosa muchas veces, y que incluso, muchas veces pese al inicio de la acción penal, los agresores encontraban el modo, argumentando que había defectos en la tipificación legal”.

María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio ocurrido en septiembre de 2019 e impulsora de la “Ley Malena” destacó que su proceso de búsqueda de justicia, al igual que el de muchas otras víctimas, ha sido muy largo y con revictimización: “Compañeras, lo logramos. No más ácido, ya es ley”, dijo y levantó su puño en alto.

El Universal

Reacciones

Celebran la aprobación y sanciones

“Quiero agradecer a mi madre quien, en el ánimo y el amor por auxiliarme, también sufrió quemaduras de tercer grado por ácido. A ella le debo la vida dos veces. Es por ella que estoy aquí, frente a ustedes, celebrando esta reforma (…) Esta reforma va por todas las mujeres de este país, por las que ya no están y no deben ser olvidadas”

María Elena Ríos Ortiz, víctima de violencia ácida.

“En el Congreso de la CDMX se aprobó la llamada ‘Ley Malena’ que establece severas sanciones de cárcel a quien agreda a mujeres con sustancias químicas y ácidas. Se equipara esta nefasta acción al delito de ‘tentativa de feminicidio’. Un extraordinario avance en materia de protección a las mujeres en nuestra ciudad. ¡Bravo!”

Héctor Díaz-Polanco, diputado del Congreso de la Ciudad de México.

“¡Ya es ley en la #CDMX! La publicación de la #LeyMalena es un paso más por la #Justicia para sobrevivientes de #ViolenciaÁcida, una lucha promovida por la activista y saxofonista @_ElenaRios”

Consejo Ciudadano Mx, organización civil.

“Publicamos el decreto por el que se reforman el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar el delito de lesiones por ataques con ácido y cualquier sustancia química o corrosiva. Es un gran paso por la justicia para las mujeres. Se sancionará con ocho a 12 años de prisión. Y con 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio”.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.