Categoría: Noticias

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y es importante recordar, como lo hizo recientemente el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que esta violencia nace del desequilibrio de poder entre hombres y mujeres que existe, desde hace siglos, en el mundo entero.

Pese a que en México las mujeres representamos alrededor del 51% de la población, aún no logramos mantener esa representatividad en espacios de poder. El ámbito de la impartición de justicia en México es una manifestación muy elocuente de esa circunstancia. A nivel nacional, se observa que casi la mitad del personal jurisdiccional está integrada por mujeres (46%)[1], lo que retrataría una paridad casi alcanzada, pero en realidad la cifra plantea un falso escenario. La mayoría de las mujeres que forman parte de los poderes judiciales ocupa puestos en jerarquías menores, no son juezas y ni magistradas. Es decir, no están en las posiciones desde las cuales se imparte justicia.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 a nivel nacional solamente el 28% de los integrantes de los Consejos de la Judicatura eran mujeres. En el conjunto de magistrados eran el 30%, y en los jueces, el 42%, mientras que representaban el 67% de la fuerza laboral en otros puestos jurisdiccionales de menor nivel. En el ámbito federal, el CJ se integraba en un 27% por mujeres, la magistratura en un 18%, el porcentaje de juezas era de un 23% y de otro personal jurisdiccional, de 53%[2]. Esto quiere decir que a mayor jerarquía, menos mujeres.

El objetivo mal enfocado

Pese a que en los últimos años se han observado algunos esfuerzos, tanto a nivel federal como local, para lograr la paridad de género, los logros han sido limitados. De 2011 a 2018, a nivel nacional, se han registrado muy pocas variaciones respecto a la conformación por género de los órganos del Poder Judicial[3].

El caso de la Federación es por demás interesante. A pesar de las acciones implementadas en favor de la paridad, como por ejemplo una modificación de la política de adscripción más favorable para las mujeres[4], el porcentaje de mujeres que ocupan puestos en altas jerarquías se encuentra incluso por debajo de la media nacional[5]. De entrada, si se hace una revisión de la composición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde su creación en 1995, se observa que la mayoría del tiempo (12 años), ha contado con una sola mujer dentro de sus siete integrantes y apenas a partir de 2014 el órgano comenzó a contar con dos integrantes mujeres. Pero por ocho años (de 2000 a 2002 y posteriormente de 2010 a 2014), el órgano no incluyó a ninguna mujer. En cuanto a las magistradas de Tribunales Colegiados de Circuito, de 2010[6] a 2018 la proporción de mujeres se mantuvo estable: alrededor de 17.7% En el mismo periodo, el porcentaje de magistradas de Tribunales Unitarios de Circuito aumentó de 18.2 a 21.3%, pero el de Juezas de Distrito bajó de 24.5 a 22.9%.

Con relación al personal jurisdiccional de apoyo, tanto a nivel local como federal el número de mujeres ha disminuido en el periodo. En el ámbito federal, en 2010 representaban 56.1% y para 2018, 53.1%. A nivel nacional pasó algo muy similar: de 2011 a 2018 el porcentaje de mujeres pasó de 66 a 63%.

No todo el país está igual

 Sin embargo, es interesante ver que la radiografía nacional de los poderes judiciales en el tema de paridad tiene sus variaciones.

A nivel de los Consejos de la Judicatura, en Chiapas, Tabasco y Tlaxcala la mayoría de sus integrantes son mujeres. En contraste, en Puebla, Nuevo León, Michoacán y Guerrero no hay una sola mujer que forme parte de la institución.

En cuanto a la magistratura, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro y Zacatecas cuentan con entre 46 y 57% de mujeres magistradas, mientras que los que mantienen un menor porcentaje son Jalisco, Baja California Sur, Michoacán, Coahuila, Oaxaca y Puebla: entre 12 y 17%

Con relación a la cantidad de juezas, Yucatán, Tabasco, Morelos y Guanajuato ocupan los primeros lugares, con más de 60%. En cambio, la Federación, San Luis Potosí, Chiapas y Sonora cuentan con la representatividad más baja.

Otro dato importante relacionado con la carencia de mujeres en puestos de dirección en el Poder Judicial es el número de presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia. A la fecha, de las 32 entidades solamente cinco cuentan con una mujer como titular[7]. Finalmente, en el caso de la Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los 11 ministros (actualmente 10), solamente dos son mujeres, aunque pronto podría ingresar una tercera, pues la terna propuesta por el Ejecutivo está compuesta por mujeres.

Desafortunadamente, no existen estudios que exploren el porqué de estas variaciones en la composición por género al interior de los órganos jurisdiccionales estatales. La mayoría de los desarrollados hasta ahora dan respuesta al ámbito federal, pero muy poco a lo que ocurre en las entidades.

Adicionalmente, es importante distinguir entre los puestos que se concursan (que son los de los jueces y juezas en todas las entidades, y solamente en ocho para el caso de magistrados y magistradas) y aquéllos en los que las designaciones se deciden a partir de una cultura institucional, más relacionada a factores políticos, es decir, en los que los puestos de magistradas, ministras (SCJN) y consejeras no dependen completamente del Poder Judicial.

Una factura muy alta por pagar

En 2014, el CJF publicó el estudio Carrera judicial y género: de secretarias a juezas, un techo de cristal (diagnóstico), que a partir de entrevistas a secretarias y secretarios del PJF pone en evidencia las barreras internas (de la institución) y externas (sociales) que impiden a las mujeres ocupar puestos de mayor jerarquía al interior de los órganos jurisdiccionales. La investigación, asimismo, plantea propuestas que es posible reconocer como las antecedentes de otras más actuales, por ejemplo, los concursos de oposición exclusivos para mujeres.

Uno de los testimonios recabados para la investigación expresó que el costo que se paga cuando se asciende al cargo de jueza es muy alto: “La factura es perder a la familia”.

Y es que a pesar de los esfuerzos por implementar acciones afirmativas –como concursos de oposición específicos para mujeres, preferencia de adscripción a lugares cercanos al domicilio de la familia, generación de ternas de puras mujeres[8]–, lo cierto es que, dado los roles culturalmente establecidos, las mujeres seguimos desempeñando, además del empleo, labores de cuidado que nos impiden desarrollarnos profesionalmente en igualdad de condiciones frente a los hombres. Así, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), del Inegi, en México sólo dos de cada 100 mujeres pueden dedicarse exclusivamente a su trabajo, sin pensar en las labores de casa, mientras que 26 de cada 100 hombres lo hacen.

Asimismo, de acuerdo con el artículo “Concursos de oposición para jueces y juezas de Distrito. Un derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres”, del magistrado Antonio Ceja Ochoa, los factores por los que las mujeres no acceden a los cargos de juezas o magistradas son: a) La prevalencia de estereotipos a partir de los cuales se mantiene la creencia de que los puestos directivos son para los hombres; b) En el contexto del desarrollo de exámenes de oposición, la falta de flexibilidad de los titulares de los órganos jurisdiccionales para permitir a las mujeres estudiar durante sus horas de trabajo y poder ausentarse durante el examen; c) El cuidado del hogar y el temor a ser cambiadas de residencia en caso de resultar seleccionadas en un concurso de oposición, lo cual en algunos casos ha sido identificado como un factor de separación familiar, ruptura conyugal o desintegración de la familia.

Este último punto podría explicar por qué la proporción de mujeres en puestos de más alto nivel es más baja en el Poder Judicial Federal (PJF) que en los poderes judiciales estatales. Un cambio de adscripción para alguien laborando en el PJF puede implicar mudanzas de un estado a otro –lo que tradicionalmente es más complicado para las mujeres con familias que para los hombres–, mientras que a menudo un cambio de adscripción para alguien laborando en un poder judicial estatal solamente implica un trayecto más largo.

Añadamos uno factor adicional: la carga de trabajo cada vez mayor que enfrentan los órganos jurisdiccionales –sin que eso se traduzca en más personal– obliga a la ampliación de la jornada laboral. Esta situación, que prevalece a nivel nacional, afecta a trabajadoras y trabajadores por igual, pero podría ser una de las causas por las que la proporción de mujeres entre el personal de apoyo jurisdiccional ha disminuido durante los últimos años.

Evidentemente, no es cuestión de capacidad

Como parte de las acciones implementadas en pro de la paridad de género entre los juzgadores, el CJF convocó en julio de este año al primer concurso interno de oposición para la designación de juezas de distrito, y en septiembre al primer concurso interno de oposición para la designación de magistradas de circuito.

Los resultados del concurso para juezas ya fueron publicados y, de acuerdo con el CJF, el resultado fue un éxito: “Las 25 juzgadoras seleccionadas obtuvieron las mejores calificaciones de los últimos nueve años (incluyendo hombres y mujeres) y la mayor participación de mujeres en la historia de los concursos mixtos anteriores”. Estos datos demuestran que la falta de mujeres en puestos de alta jerarquía al interior del Poder Judicial no se debe a la falta de capacidad profesional.

Algunas propuestas frente a un contexto complejo

Si bien es cierto que existe una serie de factores que pueden intervenir en la desigualdad en los altos cargos del Poder Judicial –algunos de los cuales no son institucionales–, se pueden hacer propuestas que contribuyan a atender algunos de ellos y avanzar en materia de paridad:

• En los puestos que dependen de nombramientos políticos (ministros y consejeros a nivel federal y consejeros y magistrados, en la mayoría de los casos, a nivel estatal), se debe aplicar el principio de paridad, de conformidad con la reforma constitucional en materia de Paridad entre Géneros aprobada el pasado 6 de junio.
• En cuanto a los procesos de nombramiento de jueces y magistrados que dependen de concursos de oposición, se debe favorecer la participación de un mayor número de mujeres en los mismos. Para ello, se podrían generalizar, como medida temporal, los concursos exclusivos para mujeres, aunque es probable que esta medida aislada no resuelva el problema. Sobre todo, debería institucionalizarse la posibilidad para los candidatos a los concursos de prepararse durante su horario de trabajo.
• Dado que los concursos de oposición toman en cuenta y atribuyen una parte significativa de la calificación a los cursos de actualización, deberían ofrecerse cursos durante el horario laboral y en línea.
• También sería deseable que los concursos de oposición fueran mejorados para no basarse en evaluaciones de capacidad de memorización de cantidades extensas de conocimientos, sino en habilidades de razonamiento y argumentación, necesarias para desarrollar labores de impartición de justicia.
• Para reducir la carga de trabajo y permitir una mejor conciliación de la vida personal con la actividad profesional –ya que la contratación de personal adicional no suele ser posible por razones presupuestales–, se deben buscar maneras de eficientar el trabajo. Esto pasa por el desarrollo de modelos de gestión de los procesos y por la incorporación de nuevas tecnologías.
• Sería positivo extender al ámbito local la política de adscripción con enfoque de género recién publicada en el ámbito federal[9], que prioriza la designación de lugares cercanos a los domicilios de las personas que desempeñan labores de cuidado.
• Se tendrían que desarrollar estudios de caso en los poderes judiciales estatales que han alcanzado la paridad de género en los puestos más altos, con el objetivo de identificar buenas prácticas y patrones replicables.

La buena noticia es que el tema de la paridad de género en los órganos jurisdiccionales ha sido objeto de 11 iniciativas de reformas por parte de diputados y senadores federales desde el inicio de esta legislatura. Desafortunadamente, muchas de ellas no son prometedoras, pues no se basan en un diagnóstico claro del problema, en parte porque este diagnóstico no existe, en particular a nivel estatal.

Si queremos mejorar el equilibrio de poder entre hombres y mujeres en el ámbito de la impartición de justicia, nos urge entender mejor las causas que favorecen la segregación de las mujeres y las deja fuera de espacios de alta jerarquía, a los que deben y merecen pertenecer.

[1] INEGI. Censos Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 y 2018.

[2] Hay que aclarar que con el recién nombramiento de dos mujeres al CJF, la estadística federal se modificará.

[3] En el caso de magistradas, durante ese periodo se pasó de 28.6% a 30.3%, y en el caso de las juezas se pasó de 40.2 a 42.3%; es decir, en casi diez años, apenas hubo un cambio de dos puntos porcentuales.

[4] De 2010 a 2019, el CJF emitió 31 comunicaciones que hacen mención a las mujeres o al tema de género, en general. De estas comunicaciones, 18 hacen referencia a la necesidad de favorecer acciones para lograr la igualdad al interior del Poder Judicial. El año en el que la paridad fue particularmente mencionada fue 2015, y fue justo entonces cuando se anunció un plan institucional que modificó las políticas de adscripción y readscripción de las titulares de órganos jurisdiccionales federales en todo el país. La propuesta consistió en que se tomaran en cuenta las preferencias de los y las servidoras públicas sobre el lugar donde desempeñarían sus responsabilidades.

[5] En el caso de la magistratura, el promedio nacional es de 30% y el Federal de 18%; a nivel de los jueces, el promedio nacional es de 42% y el Federal de 23% y en el caso de otros puestos jurisdiccionales, el nacional es de 67%, mientras que el federal, de 53%.

[7] Las entidades son: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Dato obtenido a partir de la revisión de las páginas de los Poderes Judiciales locales.

[8] Por ejemplo, para ocupar la vacante que dejó el ministro Medina Mora, el presidente López Obrador enviará una terna de mujeres que será recibida y valorada por el Senado. El objetivo de la terna es que haya una mayor paridad al interior de la SCJN donde actualmente, de los once integrantes, sólo hay dos mujeres.

Senado prevé recibir terna de mujeres para la SCJN esta semana; Político Mx; 18 de noviembre de 2019; https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/senado-prev%C3%A9-recibir-terna-de-mujeres-para-la-scjn-esta-semana/

[9] DOF; ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en relación con la reincorporación, adscripción, readscripción y ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 17 de octubre de 2019. En línea: aquí

Por unanimidad, la Cámara baja aprobó reformas que buscan que la violencia digital contra las mujeres sea reconocida como un tipo de agresión. La modificación pasó al Senado.

Funcionarias y especialistas en violencia de género reconocieron que acabar con la impunidad es uno de los principales retos para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Las mujeres que viven una situación de violencia y que deciden denunciar esta agresión ante las autoridades enfrentan a un sistema de justicia que las revictimiza principalmente por que no existe –de parte de los funcionarios– la sensibilidad para atender casos de violencia y equidad de género, reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

«Enfrentarse a un sistema de justicia es sumamente complicado para una mujer que ha sido violentada y vulnerada, mancillada en sus derechos humanos… Se encuentran frente a un sistema de justicia ineficaz, revictimizador», comentó la encargada de la política interna durante el Encuentro por la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres y las Niñas organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sánchez Cordero y otras especialistas como la oficial a cargo de ONU Mujeres México, Paula Narváez, reconocieron que el principal desafío que existe para erradicar precisamente la violencia de género es la impunidad que existe en el país, así como generar mayores condiciones de igualdad.

La secretaría de Gobernación dijo que de los 33 millones de delitos que se registran en el país en el año, solo se denuncian un millón 900,000, de los que un porcentaje mínimo concluyen en sentencia. Pero a ello, indicó, se le tiene que sumar la carencia de jueces, pues por cada 100,000 habitantes hay solo cuatro jueces, cuando hay países donde el número de juzgadores asciende a 26.

Expuso que además de esas problemáticas, las mujeres se enfrentan a que si se deciden a denunciar, los funcionarios públicos «no tienen la sensibilidad para atender casos de violencia y equidad de género».

“El gran problema con la violencia hacia las niñas y las mujeres continúa siendo la impunidad”, aseveró a su vez Paula Narváez. La oficial a cargo de ONU Mujeres México explicó que el gran problema para México y para América Latina es la falta de justicia.

La secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero, asegura que entiende la impotencia que sienten las mujeres, sin embargo…#Video 🎥 @Lidstelle

👉 https://t.co/XU6Mn9P8bV pic.twitter.com/q2RJJ6tVzY

— Expansión Política (@ExpPolitica) November 26, 2019

Sobre las marchas de ayer en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de Gobernación, aseguró que si bien hubo varios actos de vandalismo, la mayoría de las inconformes protestan por la falta de respuesta de las autoridades.

“El respeto al orden público y a los monumentos históricos tiene que privar. Es cierto que las respuestas no han sido lo óptimo. Cuando una mujer acude a las instancias de procuración de justicia, sino hay perspectiva de género, la mujer es revictimizada”, planteó.

Toda la información e imágenes son de POLÍTICA EXPANSIÓN.
Link original: https://politica.expansion.mx/mexico

Esta semana, 24 países miembros presentaron su informe anual.

La relación de la participación de las mujeres con el debate espacio público ha ido creciendo en la región. En los últimos meses se agudizó el debate público y multiplicado las expresiones en torno al papel de las mujeres en la sociedad contemporánea, sus necesidades y en particular lo relacionado a la violencia contra ellas.

Esta semana, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se unieron voces de más mujeres al concierto de expresiones sociales en favor de la eliminación de todo tipo de violencia.

Es difícil reconocer la gravedad del problema sin contextualizar desde el punto de vista histórico el proceso que ha llevado a la institucionalización de políticas públicas en esta materia, que impacta las políticas públicas cada vez más.

Mesoamérica no está exenta del problema. Por el contrario, siendo parte de las Américas, región en la que los índices de violencia son crecientes, la situación de las mujeres se agrava. Así lo dicen informes nacionales, regionales y del Sistema de las Naciones Unidas.

El establecimiento de registros cada vez más confiable del fenómeno de la violencia está permitiendo alcanzar una mejor comprensión del problema. Su alcance en los campos públicos o privados deja claro que se necesita una visión comprometida.

A esas demandas, se han sumado otras, como la de paridad de género en la composición de las instancias que participan en el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de las decisiones gubernamentales. Los medios públicos al alcance son insuficientes actualmente para cambiar la cultura social, económica, política y de prácticas inadecuadas de justicia o de recolección de datos.

En las Américas, política, legislación y presupuestos adecuados son parte del conjunto de objetivos de quienes buscan erradicar y atender estos campos de la gobernanza. Las necesidades incluyen atender las desigualdades, la falta de equidad y el equilibrio justo en las políticas y recursos públicos en la materia.

Para este año se espera que todos los países que son parte de la convención reporten el grado de cumplimiento en su país. En esta semana, 24 países miembros ya habían presentado su informe anual. Sin embargo, Tatiana Rein, vicepresidenta del Mesecvi Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará fundado en 2004, señaló en Honduras que, si bien hay grados de reconocimiento de la necesidad de legislación, el problema es la aplicación.

El censo del 2020 y su preparación se vuelven estratégicos para las políticas públicas. Los resultados que arroje podrán dar con mayor precisión el impacto social y territorial que la violencia ha tenido en el campo demográfico, en particular en políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ *CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA

Toda la información e imágenes son de HERALDO DE MÉXICO.
Link original: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/politicas-publicas-y-violencia-contra-las-mujeres/

Miles de mujeres han salido a las calles para exigir alto a la violencia en su contra: cada día, en promedio, nueve son asesinadas, ocho de cada 10 se sienten inseguras y la mayoría ha sido agredida.

Miles de mujeres han salido a las calles de la Ciudad de México durante este año con el fin de exigir justicia y un alto a la violencia de género.

Las agresiones contra las mujeres incluso han llegado a los planteles universitarios, en donde las jóvenes han tomado las instalaciones de tres facultades de la UNAM en protesta por los casos de acoso en estos planteles.

La presión del movimiento feminista en la Ciudad de México ya logró que el gobierno de Claudia Sheinbaum emitiera una Alerta de Violencia contra la Mujer.

Este lunes se volvieron a vivir dos movilizaciones en la capital del país por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ♀️. La primera, partió del Ángel de la Independencia al Zócalo; la segunda, fue una velada en el Monumento a la Revolución, para después dirigirse a la ‘Antimonumenta’ por los Feminicidios, frente al Palacio de Bellas Artes.

Aquí presentamos algunos datos que documentan el problema.

1. Entre 10 y nueve mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU.

2. De 2015 a la fecha, suman 3,578 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

3. La Ciudad de México acumula 231 feminicidios en los últimos cinco años; 50 de ellos fueron cometidos en los primeros nueve meses de 2019.

4. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 153 víctimas de feminicidio de enero a octubre de este año. Le sigue del Estado de México con 95 casos en el mismo periodo, de acuerdo con el SESNSP.

5. De enero a agosto de este año, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México; cuatro denuncias son por violación tumultuaria, según el portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino .

6. De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%, señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 .

7. Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares públicos como en privados: cajero automático en vía pública (87.4%), transporte público (74.2%), calle (72.9%), carretera (69.5%), mercado (65.5%), parques (62.1%), automóvil (48.9%), escuela (39.2%), trabajo (36.2%) y casa (26.7%).

8. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en 2017, la tasa de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI.

9. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es «severa y muy severa» en 64.0% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.

10. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por parte de sus parejas, agresiones de mayor daño físico, que van desde los jalones o empujones hasta golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales.

11. El Estado de México es donde mayor violencia emocional, económica, física y sexual se ejerce hacia una mujer por parte de su pareja (53.3% de los casos), seguido de la Ciudad de México (52.6%) y Aguascalientes (49.8%).

12. En 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado a causa de la violencia doméstica, estima el INEGI.

13. De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33 denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina, Policía Municipal y policías estatales; 72% dijo que sufrió manoseo.

14. Las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero corren especial peligro al momento de la detención, pues «son mujeres cuyo cuerpo no se adapta a las normas esperadas de femineidad», consideró la organización.

Miles de mujeres, unas 3 mil, de acuerdo a las autoridades capitalinas, participaron en la manifestación para denunciar la alta incidencia de feminicidios, desapariciones y violencia de género que hay en el país.

En un país donde hay casi 10 feminicidios diarios, miles de mujeres alzaron la voz este 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “porque ninguna de ellas debió morir, porque ninguna más debe morir”, dijeron los colectivos feministas en el templete del Zócalo de la Ciudad de México, a donde llegaron después de marchar desde el Ángel de la Independencia.

A la vanguardia de la manifestación caminaron las madres de las víctimas de feminicidio, desaparición y hasta de violencia institucional. A ellas se les reservó, como en todas las últimas marchas contra la violencia de género, el derecho de caminar en primera fila. Un poco atrás de ellas iban los únicos hombres permitidos en la marcha, los padres de esas mismas víctimas.

Ningún otro hombre pudo ocupar el espacio de protesta que las mujeres defendieron como suyo, incluso con golpes, así sacaron a algunos que insistían en estar. Las mismas mujeres policías les pidieron a los periodistas varones que salieran de la marcha para evitar enfrentamientos. Reforma debía ser solo feminista esta tarde del 25N y lo fue.

Las voces de las madres repetían la misma dolorosa historia: la hija asesinada, la investigación tardía y torpe de las autoridades, la revictimización.

“A mi hija la mataron de madrugada y ellos querían hacerme creer, me insinuaban que era su culpa por andar de noche en la calle, que era mi culpa, como madre, por dejarla salir a esa hora. Nunca es culpa del hombre que asesina, nunca es culpa de la policía que nos nos protege”, denunció Lilia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez.

A Diana la asesinaron el 2 de julio de 2017. La violaron, la estrangularon y la arrojaron en un canal de aguas negras en Chimalhuacán. “Al principio, la policía nos decía que ella misma se había caído al canal, luego que qué hacía en la noche fuera de su casa. Tuvimos que pelear para que lo tipificaran como feminicidio, pero ya son dos años y no hay resultados en la investigación”.

La historia de Diana se ha repetido miles de veces en México en los últimos años y las madres caminaron indignadas, buscando justicia.

“Estamos hartas, estamos hartas del acoso sexual en la UNAM, en la UAM, en el Poli, en todas las instituciones de educación; en las empresas, por los jefes y por los compañeros; en las casas por las parejas”, aseguró Wendy Ortiz, estudiante de arquitectura, una de las participantes.

En la mayor parte de la marcha las consignas reflejaron ese enojo por la violencia machista en el espacio público y privado. Las mujeres, la mayoría jóvenes, gritaban que su cuerpo es suyo, solo suyo, y que ellas deciden. Y estaban ahí marchando para poderlo seguir haciendo, pero también por las que no pudieron decidir.

Por momentos, los grupos de jóvenes encapuchadas, armadas de martillos y aerosol tomaron la escena. Rompieron los cristales de la estación del metrobús Hamburgo, y el ambiente se tensó. Las madres de las víctimas pidieron que no hubiera violencia. “Queremos paz”, gritaron.

Querétaro y Guerrero fueron las entidades con mayor violencia familiar en contra de mujeres, mientras que Chiapas y Oaxaca las que menos casos registraron.

A nivel internacional, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, constituye un grave problema de salud pública. Estimaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja, o por terceros, en algún momento de su vida.

En 2016, el 77.4% de los países que forman parte de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas inglés) no reportaron sus cifras de feminicidio. Entre estos se encuentran Estados Unidos, Suecia y Noruega.

De los 34 países que sí reportaron (equivalentes al 22.6%), México ocupó la posición 33, donde 1 es peor y 34 mejor. Granada, Guyana y República Dominicana fueron los que registraron las cifras más altas de homicidios de mujeres perpetrados por sus parejas, exparejas o terceros.

A pesar de México ocupó los últimos lugares en el ranking de feminicidios entre los países que reportaron datos y que en los dos últimos años se ha registrado una disminución de este delito, entre 2003 y 2018, la violencia familiar en contra de las mujeres aumentó casi 751%.

Entre 2013 y 2018 los casos de violencia familiar en contra de mujeres se incrementaron 751%.

En 2003, se registraron 15 casos de violencia familiar por cada 100 mil mujeres. En 2010 se observó un crecimiento de 421% al pasar a 70 casos y en 2018 la tendencia continuó con 122 casos por cada 100 mil mujeres.

Entre enero y octubre de 2019 se registraron 102 casos por cada 100 mil mujeres, tendencia que de continuar cerrará en valores cercanos a 2018 y 2017.

En este mismo lapso Querétaro y Guerrero fueron las entidades con mayor violencia familiar en contra de mujeres, mientras que Chiapas y Oaxaca las que menos casos registraron.

Durante la tercera semana de noviembre 2019, la Seguridad con Bienestar del país se vio impactada negativamente por los casos de violencia contra la mujer.

Destacaron las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia familiar, siendo la Ciudad de México y Nuevo León, las entidades más afectadas (SNSP).

Entre enero y septiembre del 2019 una de cada 10 llamadas ocurrió en la capital del país o en la entidad norteña, mientras que en conjunto, las 32 entidades federativas acumularon 546,799 auxilios relacionadas con incidentes de violencia familiar.

El 14 de noviembre de 2019 destacó el inicio del programa “Puertas Violetas” en el Estado de México, cuyo objetivo es brindar hospedaje, alimentación, servicios educativos, médicos y legales a las mujeres agredidas mediante tres líneas de acción: resguardar y restituir los derechos de las mujeres en riesgo y sus hijos, así como complementar el trabajo de la Policía de Género del estado y los municipios por medio de la atención especializada y efectiva de llamadas de rescate y auxilio. La Secretaría de Gobernación analiza replicar aspectos de la iniciativa a nivel federal.

El 15 de ese mes, el Gobierno de Oaxaca presentó el “Botón de Auxilio” como una medida para atender a las mujeres que son víctimas de violencia, el cual, consiste en un pequeño dispositivo que al ser presionado contacta en forma directa a las autoridades del C4 para atender la emergencia correspondiente.

El 21 de noviembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó la Alerta por Violencia en contra de las mujeres de la Ciudad de México con el fin de “hacer más visible el problema”.

Anunció también que a finales de noviembre enviará una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, para crear el Registro Público de Agresores Sexuales e  hizo un llamado a aprobar la Ley Olimpia, la cual sanciona el acoso y la violencia digital.

Toda la información e imágenes son de ANIMAL POLÍTICO.
Link original: https://www.animalpolitico.com/2019/11/violencia-familiar-mujeres-feminicidio/

Titular de la Unicef dio a conocer que las muertes de niñas ocurren con mayor frecuencia en el entorno familiar.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México advirtió que un número mayor de niñas y adolescentes son asesinadas en el entorno familiar en el País.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Leonardo Mier, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef, apuntó que aunque de los cuatro niños y adolescentes asesinados al día en México la mayoría de ellos son hombres, la incidencia de niñas que son asesinadas en sus casas es cuatro veces mayor.

«Alrededor de 4 niños son asesinados al día en el País, de estos 8 de cada 10 son varones pero la mayoría de los niños y adolescentes mueren en un entorno comunitario, es decir en la calle, pero la incidencia de niñas que mueren en sus casas es 4 veces mayor que el de los hombres», manifestó en entrevista con REFORMA.

Es decir matan a más hombres niños y adolescentes, que a niñas, pero la muerte de niñas y adolescentes en el hogar es 4 veces más que el de los niños», añadió.

Advirtió que es muy importante que se visibilice la violencia contra las mujeres y más todavía que se haga conciencia de que la violencia contra las mujeres ocurre desde que son niñas y adolescentes.

Para millones de niñas y adolescentes, la violación es una realidad diaria.
En el mundo, 15 millones han sido víctimas de sexo forzado.
Romper el silencio es el primer paso para transformar la cultura de la violencia.#DiaContralaViolenciadeGenero #orangetheworld #DíaNaranja pic.twitter.com/JFgUCAeNEZ

— UNICEF México (@UNICEFMexico) November 25, 2019

El experto de Unicef afirmó que se deben de cambiar las normas basadas en la desigualdad de género para comenzar una transformación en el entorno familiar dirigido hacia la eliminación de la violencia de los niños y las niñas en el hogar.

Destacó que el Gobierno puede contribuir a que se desnaturalice la desigualdad de género y urgió al Estado a trabajar para educar a los padres para que a su vez eduquen a sus hijos de otras formas que no involucren la violencia.

Asimismo, Unicef considera que se debe de mejorar la forma de exigir justicia para los casos de niñas y adolescentes violentadas.

La #ViolenciaContraLasMujeres y las niñas se manifiesta de muchas formas, pero NO es inevitable.
¡No hay excusas, todos y todas podemos ayudar a prevenirla y erradicarla!https://t.co/x02P5fb5be
via @ONUMujeres#DiaContralaViolenciadeGenero #orangetheworld #DíaNaranja pic.twitter.com/s7h0UHHOhX

— UNICEF México (@UNICEFMexico) November 25, 2019

«México tiene muchos problemas todavía para denunciar los casos no solo porque hay mucha resistencia dentro de los integrantes de la familia, sino porque al momento de denunciar no se garantizan medidas para que esté segura la mujer o la niña», aseveró Mier.

Toda la información e imágenes son de DEBATE.
Link original: https://www.debate.com.mx/politica/Matan-a-mas-ninas-en-su-entorno-familiar-revela-Unisef-20191125-0266.html

Este 20 de noviembre se cumplieron 30 años de la adopción a nivel mundial de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños y 21 años de que el Estado mexicano ratificó dicha convención. Asimismo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. La coincidencia de estas fechas exige una reflexión seria sobre la condición de las niñas y las adolescentes en el mundo.

El informe “Niños y niñas en América Latina y el Caribe. Panorama 2016”, registró que dos de cada tres niños y niñas menores de 15 años habían experimentado algún tipo de disciplina violenta en el hogar; uno de cada dos niños y niñas habían sido sometidos a castigos corporales en sus hogares (UNICEF, 2019)¹. Las violencias se profundizan aún más cuando se trata de las niñas y las adolescentes, ya que una de cada cuatro niñas y adolescente en la región, se casa antes de cumplir los 18 años; cuatro de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años, casadas alguna vez, fueron víctimas de violencia por parte de su pareja y 1.1. millones de adolescente de 15 a 19 años habían experimentado violencia sexual o cualquier otro tipo de acto sexual forzado (UNICEF, 2019).

Al incluir la categoría étnica, las niñas y las adolescentes se ven aún más vulneradas y violentadas. Hay evidencias sobre la influencia de la pertenencia étnica frente al mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de violencias. El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de que las niñas indígenas tienen más del doble de probabilidades que el resto de las niñas de ser víctimas de violencia y una de cada tres será violada en algún momento de su vida. El informe muestra que aproximadamente 80% de las violaciones de mujeres y niñas indígenas son cometidas por hombres no indígenas (ONU, 2017)².

México no es la excepción, la Encuesta Nacional sobre Dinámica de los Hogares 2016, identifica que 6.4% del total de las mujeres de 15 años y más tuvieron contacto sexual sin su consentimiento durante la niñez y 3.9% reportaron haber tenido algún intento de sexo forzado. Siendo familiares cercanos los principales perpetuadores de estas violencias: tíos (20%), primos (16%) y hermanos (8.5%), lo que sugiere que ni el hogar ni los espacios domésticos son seguros para las niñas y las adolescentes (Estimaciones propias con base en INEGI, 2017)³.

El estado de Chiapas es una entidad con rezagos estructurales históricos que impactan en la niñez que vive y transita por este territorio. Solo los datos de pobreza más recientes dan una idea de la precariedad en la que crecen y se desarrollan las niñas y los niños pues Chiapas encabeza la lista de entidades con mayor proporción de pobreza a nivel nacional, 77.1 de cada 100 chiapanecos y chiapanecas viven en esta situación (CONEVAL, 2018)⁴. Múltiples carencias afectan a la población, lo que se profundiza al tratarse de las niñas y las adolescentes. Por su condición de género las niñas están más expuestas a cargar con las actividades domésticas y de cuidados, dando como resultado menores niveles de educación frente a los niños de su misma edad, pues ellas invierten mucho más tiempo en actividades no remuneradas al interior de los espacios privados. Si a ello se le agrega la condición étnica las desventajas son mayores.

En Chiapas las adolescentes que tenían 15 años al momento de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de los Hogares 2016, estuvieron expuestas a diversas violencias de orden sexual durante su niñez; 7.6% contestaron que en su niñez “les tocaron sus partes íntimas o las obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento”, muy por encima del nivel nacional de 3.3%. Al preguntarles si alguna vez “las obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o mirar las partes íntimas de otra persona” 2% respondieron de forma afirmativa (Estimaciones propias con base en INEGI, 2017).

Llama la atención que 4.3% de ellas dijeron que en algún momento de su infancia “las obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza”, lo que coloca a la entidad en el primer lugar en abusos sexuales de las niñas a nivel nacional; además 5.6% experimentaron al menos un “intento de forzarlas a tener relaciones sexuales”. Otro 2.5% afirmó que en su niñez fueron “obligadas a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos” (Estimaciones propias con base en INEGI, 2017).

Los principales agresores de las niñas y las adolescentes chiapanecas de quienes sufrieron abuso sexual en la niñez fueron sus propios padres con 42.6% y otras personas ajenas al hogar de origen con 57.4%. El total de quienes fueron abusadas sexualmente a cambio de dinero o regalos declararon que los agresores fueron sus padrastros (Estimaciones propias con base en INEGI, 2017).

Otras violencias extremas también están presentes en la vida cotidiana de las niñas y las adolescentes de la entidad. Desde el años 2011 a las fecha se han cometido 57 feminicidios contra niñas y adolescentes (Melel Xojobal, 2019)⁵. Sin mencionar las violencias que sufren las niñas que migran y atraviesan por el territorio estatal. Se desconocen las cifras exactas a nivel entidad federativa, pero se estima que hay un alto riesgo de que padezcan violaciones sexuales durante su tránsito por esta región.

Estas cifras representan un desafío para quienes diseñan e implementan las políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia a las niñas y las adolescentes chiapanecas. No basta con firmar y ratificar convenios internacionales si no se realizan acciones concretas para mejorar las condiciones de vulnerabilidad que las expone a violencias a razón de su género. Es un tema de interés público que atraviesa la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Solo mediante el reconocimiento de estas realidades será posible desmontar los complejos nudos de la desigualdad que afectan a las niñas desde tempranas etapas de la vida.

Por Saraí Miranda Juárez- Investigadora Cátedra Conacyt-Ecosur.

Toda la información e imágenes son de TERCERAVÍA.
Link original: https://terceravia.mx/2019/11/chiapas-el-estado-con-mas-abusos-sexuales-hacia-las-ninas/?fbclid=IwAR3Avuya_Ga2s95tSXw6CI5CzU3kD9aVAqyMnFvHGj7oRf2m5ylFtOp_RTY