La empresa Suschen fue cerrada en julio, dejando a 101 operarios, el 90 % mujeres, sin trabajo y sin indemnización. Ahora tomaron la planta y apuntan a formar una cooperativa.
La empresa de golosinas Suschen, fabricante de populares dulces de las décadas del 80 y 90 en Argentina, entró este año en un proceso de crisis y vaciamiento, y terminó cerrando en julio, dejando a sus 101 empleados y empleadas —en su mayoría mujeres—, sin trabajo y sin indemnización.
Ante ese panorama, los trabajadores y trabajadoras decidieron mantenerse en el interior de la planta, ubicada en la localidad de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. Pagaron los impuestos y ahora intentan volver a poner en marcha la producción a través de una cooperativa.
‘Mielcitas’, ‘Naranjú’, galletas, alfajores y semillas de girasol son algunos de los productos que elaboraba la fábrica desde su apertura, en 1976. Los dos primeros han sido marcas insignia de la compañía, y son especialmente recordados por los argentinos adultos que atravesaron sus infancias en las últimas dos décadas del siglo pasado.
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El dueño de lo que fue Suschen, Roberto Duhalde, primo del expresidente interino de Argentina tras la crisis de 2001, Eduardo Duhalde (2002 – 2003), dejó costosas deudas luego del cierre, por lo que los integrantes de la cooperativa piden a los estados nacional y provincial que permitan el funcionamiento de la planta bajo gestión de los trabajadores. También exigen que les habiliten el uso del inmueble y las máquinas en pos de sostener las fuentes laborales.
«Estamos en esta situación desde el 11 de julio. Los dueños de la fábrica se fueron y no tenemos noticias de ellos desde entonces. No nos enviaron ningún telegrama de despido, nos han dejado sueldos, aguinaldos y vacaciones adeudados», cuenta Ayala, presidenta de la cooperativa y una de las operarias que tenía la fábrica, a RT.
«Desde ese momento estamos acá en la planta resistiendo para que no se lleven lo poco que queda, que son las máquinas para producir», agrega una de las 66 mujeres, de un total de 88 personas, que decidieron encabezar la lucha cooperativista. Es que no se pueden dar el lujo de abandonar: la mayoría de ellas son ‘jefas’ de hogar, es decir, mantienen con sus ingresos a toda su familia.
Otras, como Victoria Cañete, complementaban su salario con el de su pareja para dar pelea a un contexto económico cada vez más duro ante la crisis en el país: «Gracias a Dios yo tengo el sostén de mi marido para seguir adelante. Pero es difícil no poder llevar el plato de comida a la mesa de nuestras familias», comenta.
Tras el cierre, los empleados y empleadas realizan guardias las 24 horas en el interior del establecimiento. Se van turnando para que constantemente haya gente protegiendo el lugar. «Las noches en la fábrica se pasan hablando con los compañeros, tomando mate, comiendo, compartiendo historias», relata Ayala.
«Mala gestión hecha a propósito»
Según las trabajadoras, el cierre de la compañía no tuvo que ver con la crisis económica o la caída del consumo, sino que se trató de un «vaciamiento empresarial» programado por los dueños.
«En los últimos meses nos pagaban la mitad del sueldo. Ya veníamos en una decadencia laboral producida por ellos. Dejaron de pagar el alquiler de la planta y nuestras cargas sociales. Nosotros decimos que esto fue una mala gestión hecha a propósito para no pagar indemnizaciones», afirma Ayala a este medio.
Los trabajadores y trabajadoras tuvieron a principios de esta semana una reunión en el municipio, que está en conversaciones con el dueño de la propiedad. Quieren firmar un nuevo contrato de alquiler, una vez que comiencen a funcionar como cooperativa y volver a producir.
Mientras tanto, cuenta Victoria, se ocupan de hacer el mantenimiento de las máquinas para que estén en condiciones el día que puedan empezar a elaborar nuevamente todos los productos.
La semana pasada recibieron una carga de girasol, comprada con el esfuerzo de las compañeras y el dinero que se juntó mediante festivales solidarios, con la ayuda de organizaciones sindicales y políticas de izquierda.
La intención es que el Estado apruebe los trámites necesarios para obtener ese «papel» de la Secretaría de Trabajo que los avale como cooperativa.
«Las expectativas son grandes. Vemos que tenemos un futuro por delante para nosotras y nuestras familias. Somos todas mujeres muy luchadoras, al igual que los compañeros. Si hasta el momento resistimos es porque sabemos que vamos a poder sacar la empresa adelante», dice Ayala, esperanzada.
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