Sin la denuncia de una sola de ellas, sin la acusación que se atrevió a decir la primera de todas, no conoceríamos la verdadera dimensión de la cultura de acoso y abuso en la vida cotidiana de miles de mujeres en el mundo.
Sin esas acusaciones no sabríamos que el productor de cine Harvey Weinstein, el médico de las gimnastas olímpicas estadounidenses Larry Nassar o el coreógrafo peruano Guillermo Castrillón se habían estado conduciendo como depredadores sexuales, aprovechando sus posiciones de poder. Sin Rose, sin Rachel, sin Eva, sin sus voces que contagiaron a otras mujeres, esos agresores podrían haber seguido perpetrando sus crímenes cobijados por el silencio.
Por eso MeToo (Estados Unidos), Cuéntalo (España), MiraCómoNosPonemos (Argentina), NiUnaMenos (América Latina), DelataATuCerdo (Francia) no son solo campañas o tendencias en Twitter. Me atrevería a decir que no son siquiera movimientos: son formas de estar en el mundo para las mujeres, una especie de conciencia expandida y de compromiso permanente en la lucha por hacer visible la violencia de género.
Sin embargo, el proceso ha tenido muchos detractores: algunos han señalado los “excesos del feminismo” con la intención de reducir toda la experiencia de denuncia del agresor a un llamado al linchamiento. Algunos críticos han intentado deslegitimar las denuncias al calificarlas de cacería de inocentes, a pesar de que se ha comprobado que la cifra de denuncias falsas es ínfima, y de que, antes del estallido público de la rabia, muchos callaban acerca del machismo estructural.
La denuncia pública es un recurso imperfecto que no equivale a la justicia. Pero la justicia también es imperfecta y hasta ahora estas son las herramientas de autodefensa más eficaces que conocemos para hacer visible y combatir la violencia contra las mujeres. Eso no quiere decir que no sigamos buscando canales y legislaciones más eficientes para que las sobrevivientes denuncien sin correr riesgos, programas de concientización que les enseñen a ellas a hacer valer sus derechos, y grupos de exagresores en rehabilitación que les enseñen a ellos a sensibilizarse ante su machismo y enfrentarlo.
Las mujeres de América Latina ahora hablan fuerte. El ejemplo más reciente es el de las mexicanas, quienes han retomado la etiqueta #MeToo para sacudir el medio literario, artístico, universitario y cultural de ese país. Pero el hashtag ha circulado también en Perú, Colombia, Centroamérica y en otros lugares donde las mujeres ya salen—anónimamente o con nombre— a denunciar. Su objetivo es visibilizar las violencias soterradas y persuadir o disuadir a posibles agresores, que en el mejor de los casos no volverán a incurrir en esas prácticas por el miedo a ser avergonzados públicamente como violentos.
Uno de los denunciados del #MeToo mexicano, Armando Vega Gil —músico de la banda Botellita de Jerez—, decidió suicidarse después de negar que había cometido abuso sexual. Cuando se dio a conocer su suicidio, se dijo que el MeToo había “cobrado a su primera víctima”. Se trata, sin embargo, de un argumento problemático si se toman en cuenta las miles de víctimas de la violencia de género en el mundo. La denuncia contra Vega Gil por violar a una menor de edad podría haber servido para reflexionar más sobre la impunidad que a menudo rodea a este tipo de casos cuando el perpetrador es una persona que goza de reconocimiento público. En cambio, se optó por imputar a todo un movimiento por una decisión íntima y extremadamente personal.
En cada viralización de las variantes del MeToo se mezclan denuncias graves con otras más leves. Y, es verdad, se propaga de forma incontrolable en algunos casos y sin verificación. Pero también es cierto que el señalamiento público envía un mensaje contundente contra el abuso y busca la reprimenda social del victimario. Su fin último, sin embargo, es otro: encontrar maneras de conseguir justicia y, sobre todo, erradicar la cultura de acoso.
Aunque existen leyes para proteger a las mujeres de la violencia, hasta ahora algunos sistemas de justicia han funcionado de espaldas a su sufrimiento y otros, en la práctica, no les dan acceso a las sobrevivientes: en algunos países los presupuestos son nimios y en otros la legislación es letra muerta. Por eso el MeToo y el resto de los movimientos han sido la clave para revelar este statu quo violento e impune, y la denuncia pública ha probado ser un medio para ese necesario cambio cultural.
Hay que recordar también la dificultad de las supervivientes para denunciar. Para muchas de ellas decir la verdad ha supuesto más dolor y más escarnio, incluso el asesinato. Rachael Denhollander, exgimnasta y abogada, contaba cómo había perdido a sus amigos y a su iglesia por ser la primera en denunciar a Nassar en 2016. Rachel fue juzgada y cuestionada por la gente y por los medios. Dos años después, Nassar fue condenado a 175 años de prisión y Rachel fue reivindicada.
Pero la sentencia de Nassar sigue siendo un caso excepcional: ni Weinstein ni Castrillón, como miles de otros hombres señalados, han sido condenados aún, ni mucho menos han aceptado públicamente el daño que hicieron.
¿Entonces qué sigue ahora? Pedir a las mujeres que se moderen, que no denuncien sin pruebas, que bajen la voz o vuelvan a callar, que se abstengan de hacer señalamientos, es violentarlas otra vez. ¿Qué alternativas tienen si los cauces institucionales siguen siendo igual de deficientes que denunciar por Twitter? Es muy probable que no exista una manera perfecta de acusar, una que permita seguir visibilizando las agresiones, protegiendo a las víctimas y buscando justicia sin que nadie se sienta intimidado, atacado, ofendido, castigado, condenado.
Pero a su vez, cómo combatir la violencia sexual no debe ser un tema que solo las mujeres o los colectivos feministas deban intentar resolver: los hombres —quienes son los victimarios en un 98 por ciento de los casos de violaciones a mujeres, hombres y menores— deben hacerse cargo pública y activamente de esta lucha; y aquellos que cometieron violencia sexual tienen que ser capaces de aceptarse y de entender que hay otras formas de relacionarse con las mujeres.
En este proceso de aprendizaje, que va a ser largo, tendremos que seguir buscando justicia, pero una que también proponga el encuentro, el diálogo, la comprensión.
Cuando el huracán María arrasó Puerto Rico entre septiembre y octubre de 2017, el desastre también dejó sentir sus consecuencias en su pequeño ecosistema de medios. La periodista Cristina del Mar Quiles cuenta cómo muchos compañeros y compañeras de gremio fueron despedidos en una isla que tenía que hacer frente a la urgencia de los destrozos materiales, ello por no hablar de los casi tres millares de víctimas mortales. Hacer periodismo, no digamos ya independiente, parecía la última de las prioridades.
Es en ese contexto, un año y poco más luego de la catástrofe, en el que nace Todas, un medio que añade un elemento más a una ecuación que ya de por sí parecía complicada: el feminismo. «No existía un medio que atendiese a los temas a los que nosotras queríamos atender”, dice la reportera puertorriqueña a DW. «Queríamos poner el foco en las luchas individuales y colectivas de las mujeres, así como analizar nuestro acontecer noticioso desde una perspectiva de género”.
Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una iniciativa amparada por Naciones Unidas para combatir la censura y los desafíos con los que se encuentran los periodistas en todo el mundo para informar. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando esa censura proviene del patriarcado?
«En cualquier ámbito que abordemos, en cualquier espacio en que pensemos, hay una desigualdad de género”, dice a DW María Florencia Alcaraz, codirectora de la web argentina LatFem. «Para cualquier tema que tratemos desde el periodismo va a haber entonces una desigualdad de género”.
Que las mujeres están ausentes de los puestos de poder en el mundo de la política o los negocios es un hecho irrefutable. Lo corroboran las estadísticas de los países de todo el mundo, tanto en el continente latinoamericano como en países europeos como Alemania. Desde Todas, sin embargo, insisten en que la mitad femenina también es excluida a la hora de informar sobre los temas considerados «masculinos”.
«Pensamos que los temas de economía, política o seguridad son también temas de mujeres”, explica del Mar Quiles. «Las mujeres somos también parte de esta sociedad y muchas veces no estamos reflejadas en las páginas de los periódicos o en las coberturas de televisión. O, cuando estamos reflejadas, lo estamos como personajes secundarios o como víctimas”. Lo que no se dice, en cierto modo, no existe.
El equipo detrás de la revista feminista «Todas» de izquierda a derecha: Ana María Abruña, Cristina del Mar Quiles, Amary Santiago Torres y Rafael Díaz Torres
Para Alcaraz, el periodismo feminista tiene además la obligación de ser «interseccional”: tiene que pensar el género, pero también la raza, la clase, la edad o la orientación sexual, entre otras muchas cosas. Asimismo, la periodista argentina aboga por la necesidad de poner estas temáticas en contexto: «tenemos que entender que son problemáticas estructurales y no singulares, que no son historias aisladas”.
Ser periodista es en muchos lugares del planeta una profesión de riesgo. El último informe mundial de la ONG Reporteros Sin Fronteras mostró un serio deterioro de las condiciones en las que trabajan los informadores, entre otras cosas por un aumento de la retórica del odio en su contra. Pero ser mujer, además de periodista, es un riesgo adicional.
En un reporte presentado el pasado 8 de marzo, la Organización de Estados Americanos llamó la atención sobre la forma en que las mujeres que trabajan en el ámbito del periodismo son doblemente propensas a ser víctimas de violencia, tanto por ejercer la libertad de expresión como por su género.
«Como las activistas, las periodistas feministas somos atacadas a diario, sobre todo en las redes sociales”, confirma Alcaraz. En su experiencia, los temas vinculados al aborto y a la diversidad sexual y de género son los que provocan reacciones más furibundas contra las periodistas que se atreven a informar al respecto. En una Argentina todavía polarizada por las demandas de legalización del aborto, ejercer un periodismo crítico con la moral patriarcal no es tarea fácil.
Ambas periodistas insisten, sin embargo, en la necesidad de contar estas historias para contribuir al cambio de paradigma cultural que el movimiento feminista está trayendo, más o menos rápido, a muchas latitudes de la geografía mundial. «Tenemos que salir de las oficinas y de la redacción y hablar con la gente, ver cuáles son sus preocupaciones y escuchar cómo las cosas les afectan particularmente en su vida”, subraya del Mar Quiles.
Su colega argentina, por otra parte, aboga por hacer un esfuerzo e ir más allá de las temáticas que por razones obvias son más llamativas en relación con la desigualdad de género, como los feminicidios. El «Ni una menos” de la mano del «Vivas nos queremos”. La urgencia de los brutales asesinatos machistas, concluye Alcaraz, «hace que no podamos contar todo lo que las mujeres hacemos por estar vivas, que es muchísimo y merece ser contado”.
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Ser la Legislatura de la paridad de género no ha sido suficiente para que las congresistas puedan impulsar a otras mujeres hacia la igualdad.
En el ámbito político, las mujeres siguen enfrentando obstáculos para alcanzar una representación real.
Para muestra, basta la reciente controversia en el Senado de la República por el dictamen de paridad de género que fue retirado en represalia porque Morena no logró los votos para pasar la reforma educativa.
En dicho dictamen se proponía, entre otras cosas, la obligatoriedad de establecer medidas que fomenten la paridad de género en los poderes Ejecutivo y Judicial, tal como está ya en la ley para el Poder Legislativo.
20 por ciento de los jueces en el país son mujeres
El proceso electoral del 2019 que se vive en varios estados también evidencia resistencia de los partidos para garantizar la igualdad en las candidaturas, por lo que las autoridades electorales han tenido que tomar cartas en el asunto.
En otros estados, donde la paridad ya es una realidad en el Congreso local, se han tomado decisiones que afectan los derechos de las mujeres, como la reciente aprobación de la ley que criminaliza el aborto.
A nivel federal, el tema avanza a tropezones. En la Cámara de Diputados, legisladoras de todos los partidos impulsan una iniciativa para tipificar como delito la violencia política de género.
Mujeres políticas coinciden en que los retos son muchos, pero debe avanzarse en conjunto para no tener retrocesos en logros conseguidos después de años de lucha.
79 por ciento de los jueces en el país son mujeres
Mientras Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, ve que existe una violencia institucional contra las mujeres, Rocío Barrera, diputada por Morena, señala que trabajan en conjunto con otros partidos para avanzar en el tema de la igualdad y la no violencia.
A TROPEZONES
El tiempo pasa y los avances en la paridad de género marchan con dificultades en México.
Aunque en el Poder Legislativo ya se alcanzó una paridad, hay pendientes en otros ámbitos.
En la Cámara de Diputados hay 241 diputadas, de un total de 500, un 48.3 por ciento de mujeres; en el Senado, de 128 legisladores, 63 son mujeres, un 49.2 por ciento.
En los poderes Ejecutivo y Judicial la historia es muy distinta.
A nivel estatal, por ejemplo, solo hay dos mujeres gobernadoras —Claudia Pavlovich, en Sonora; y Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México
En el Poder Judicial, cifras de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas capítulo México señalan que solo el 20 por ciento de impartidores de justicia son mujeres.
os estados donde hay elecciones este año han sido el reflejo de lo que ocurre en cada periodo electoral, en donde las autoridades obligan a los partidos políticos a cambiar a sus candidatos para que cumplan con las cuotas de género.
63 escaños en el Senado son ocupados por mujeres
Ocurre así en Baja California, donde el Instituto Electoral del Estado ordenó al PAN y a Movimiento Ciudadano a cambiar a sus candidatos varones a las alcaldías de Tijuana y Mexicali para sustituirlos por mujeres.
Esto ha levantado polvo en esa entidad, pues el alcalde de Tijuana, el panista Juan Manuel Gastélum, planeaba reelegirse para un segundo periodo.
Las dificultades para el avance en la paridad de género tuvieron otro capítulo al cierre del periodo de sesiones del Congreso, en que se frenó el dictamen que abría el camino para la igualdad en los tres Poderes de la Unión.
Sin embargo, para la senadora Kenia López, el acceso a mejores condiciones de representatividad es solo uno de los elementos para lograr la igualdad, pues una de las cosas que pueden trabajarse desde ahora es eliminar otras formas de violencia.
En entrevista, la legisladora del PAN comentó que hay un ambiente de hostilidad contra las mujeres no solo por actos de violencia en las calles, sino desde las instituciones.
“Pareciera que hay una violencia institucional hacia las mujeres en esta administración. Es muy lamentable que los temas que tienen que ver con las mujeres no han sido una prioridad para este gobierno”
– Kenia López Rabadán
“Esto es no entenderlas, no saber cómo funciona, no saber cómo ayudar, cómo protegerlas y esto ha generado lo que hoy estamos padeciendo. Una de las mayores preguntas que nos hacemos es por qué el presidente de la República no tiene a alguien que le aconseje de manera cercana sobre las pésimas decisiones que se están tomando”, cuestionó la legisladora panista.
48.3por ciento de las diputaciones federales pertenecen al género femeninoLópez Ramadán acusa que hay varias muestras de la violencia institucional, como el cierre de las estancias infantiles, de los refugios que protegen a mujeres de la violencia o la falta de apoyo a organizaciones que históricamente han acompañado la lucha de las mujeres contra el cáncer de mama o el cáncer cérvicouterino.
“Parece que en esta obsesión, en esta prioridad de pensar en votos y no en seres humanos, no están viendo de manera integral lo que nos pasa a las mujeres en el país”, sentenció la senadora.
López Rabadán fue una de las principales impulsoras de las reformas en paridad de género cuya aprobación fue suspendida en el Senado, y asegura que el tema no está enterrado y solo se ha diferido para un futuro próximo.
VIOLENCIA, EL GRAN PENDIENTE
Aunque el acceso a cargos públicos y posiciones de poder es una de las luchas políticas principales de las mujeres, hay otro frente que tiene pendientes mayores: la violencia política de género que se registra en el país.
De acuerdo con el Informe de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etellekt, en el primer trimestre de 2019 hubo 180 casos de agresiones a figuras políticas; de ellos, 101 fueron contra hombres y 79 contra mujeres.
Y aunque el porcentaje de ataques contra el género femenino es menor, comparativamente con el mismo trimestre del 2018 (enero-marzo) se dio un aumento del 276 por ciento, pues hace un año, de 123 agresiones a actores políticos, solo 21 fueron contra mujeres.
“Una alerta en ese sentido es que la mayor parte del crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres”, señala el informe de Etellekt.
Ante esta situación, diputadas de todos los partidos políticos, pertenecientes a las comisiones de Gobernación, Población e Igualdad de Género, preparan una iniciativa conjunta para tipificar como delito la violencia política de género.
Partidos políticos de estados donde habrá elecciones en este 2019 se resisten a garantizar la igualdad de género en candidaturas; autoridades electorales los han instado a respetar este principio
“Advertimos que muchas de las expresiones de este tipo de violencia, se encuentran normalizadas en nuestro contexto social, político, y laboral, lo que resulta preocupante.
“Más preocupante aún es el hecho de que estas expresiones que victimizan a la mujer, suelen permanecer en la impunidad debido a la ausencia de un esquema que las inhiba y sancione”, afirmó Rocío Barrera (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación, en una conferencia en la que habló del tema.
Incluso, legisladores que habían presentado iniciativas sobre el tema de violencia política contra las mujeres han decidido retirarlas a fin de construir una propuesta conjunta, que se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre.
Toda la información e imágenes son de REPORTE ÍNDIGO.
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Representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas, especialista en feminicidio, advirtió ante diputados que en 2017 México ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones, tan sólo debajo de Brasil; sin embargo, en este 2019 ocupa el primer lugar.
Durante el foro “Feminicidios en México. Análisis y retos legislativos” consideró necesario que se atienda esa situación, pues es un reflejo de la falta de derechos que tiene este sector.
Subrayó que 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional y sexual.
“El odio y desprecio de los hombres hacia las mujeres son plasmados con la saña de los asesinatos, pues ahora se utilizan métodos como el ahogamiento, sofocación, el uso de sustancias y el fuego. Estamos claramente frente al epicentro de la violencia, cuyo centro es el ejercicio de poder que funda un terror sistemático en el cuerpo femenino”.
A su vez, el titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Velázquez, manifestó que el problema de la violencia de género y los feminicidios son temas que preocupan al Gobierno federal.
Apuntó que entre las acciones del Ejecutivo, está que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana trabajen de la mano para fortalecer el modelo de atención al feminicidio, en el cual se tomen en cuenta todos los elementos del sistema de justicia; es decir, desde la prevención hasta la salvaguarda de las víctimas y con ello evitar su revictimización.
La fiscal especial en Feminicidios del Estado de México, Irma Millán Velázquez, consideró fundamental que las autoridades les crean a las víctimas cuando afirman que su agresor las ha amenazado de muerte y les otorguen la protección necesaria para evitar que esto desencadene en un feminicidio.
Dijo que el reto del Estado de México es capacitar a un mayor número de elementos del Ministerio Público y que los Centros de Justicia para las mujeres den seguimiento a cada una de las denuncias que se presentan. “Hoy 56 por ciento de las denuncias de feminicidio se encuentran judicializadas”.
El Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la revista Balletotorgaron este martes a la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera, el premio ‘Alma de la Danza’, el más importante de ese país y que reconoce lo más destacado de la danza clásica.
Reconocemos a la bailarina mexicana del Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín), “por su labor de promoción del patrimonio clásico en el mundo”, expresó Valeria Uralskaya, editora en jefe de la renombrada revista y artista honorífica de Rusia.
En un comunicado, la Fundación Elisa Carrillo informó que la bailarina mexiquense, quien reside en la capital alemana, recibió el premio ‘Alma de la Danza’, creado en 1994 por el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la revista Ballet.
Destacó que Elisa Carrillo Cabrera es la primera mexicana distinguida con el premio ‘Alma de la danza’, el cual rara vez se concede a personas de otras nacionalidades.
El premio ruso que se entregó en nueve categorías reconoce a quienes con su trabajo o aportaciones contribuyen a difundir, impulsar o mejorar la danza: bailarines, promotores, coreógrafos, compositores, escenógrafos, maestros, académicos, directores artísticos o administrativos, productores, mecenas, patrocinadores y críticos.
La también embajadora de la cultura de México recibió el galardón en el Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemirovich-Danchenko este martes 30 de abril, fecha en que se entrega cada año la distinción con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza.
Elisa Carrillo realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL y en la Escuela Nacional Inglesa de Ballet (English National Ballet School), de Londres.
La bailarina tiene una estrecha relación con Rusia. Está casada con Mikhail Kaniskin, nacido en ese país y quien es también primer bailarín del Staatsballett Berlin. Ha participado en numerosas galas de Estrellas de Ballet en diferentes escenarios del mundo y es Embajadora de la Cultura de México desde 2010.
Su fundación impulsa la difusión, la educación y el desarrollo de la danza en México a nivel nacional e internacional, así como la formación dancística de los nuevos talentos del país.
Una de las creadoras más valientes, talentosas y poco conocidas del siglo XX mexicano…
Los ojos felinos, casi vacíos, de Nahui Olin (1894-1978) brillan en el mural La creación de Diego Rivera. Ese verde intenso, perturbador, puebla pinturas de algunos de los más grandes artistas del siglo XX mexicano. A pesar de que muchos podrían reconocer su rostro, muy pocos saben quién fue esa mujer, o que su belleza representó sólo una minúscula parte de lo que ella fue: una artista en el más vital sentido de esta palabra.
Su nombre real fue María del Carmen Mondragón Valseca. Su inusual historia la llevó por los caminos de la pintura y la poesía, y la estableció como una de las mujeres más interesantes y talentosas de las vanguardias artísticas de México. Nahui Olin fue dueña de una enorme libertad artística y sexual —lo que implicó el planteamiento de una feminidad que rebasó lo estándares de su época.
Hija de un diplomático, Mondragón nació dentro de una familia de la clase alta mexicana. Ella pasó su adolescencia en Francia, donde su padre trabajaba. Ahí, conoció al hombre que sería su primer esposo, Manuel Rodríguez Lozano, con quien tuvo una hija que murió poco después de nacer. En 1921, ella volvió a México y, durante las décadas de 1920 y 1930, se dio a conocer como modelo de artistas consagrados en los círculos intelectuales y vanguardistas, entre ellos el gran Diego Rivera.
Fue por aquellos años que ella conoció a Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl —activista, académico, vulcanólogo y pintor—, con quien tuvo una álgida relación de pareja. Juntos, dispararon escándalos —ella siendo una joven mujer divorciada y él, un hombre mucho mayor que ella. Poco después de conocerse se mudaron juntos a un edificio antiguo del centro de la Ciudad de México, donde fundaron una escuela de arte. Fue precisamente el Dr. Atl. quien le dio el nombre que usaría el resto de su vida, Nahui Olin —concepto mexica que se refiere al cuarto movimiento regenerativo en el ciclo del cosmos.
Mientras él pintaba paisajes, volcanes y retratos de Olin, ella escribía poemas y pintaba escenas de bodas, cementerios, circos y corridas de toros. Su tormentosa relación se vio afectada por celos y traiciones. La mujer, entonces, debía responder con sumisión a las infidelidades de su marido. Pero Olin no lo hizo, algo que desencadenó violentos encuentros y denuncias que terminarían por acabar con la pareja, en medio de escándalos y chismes.
Ella, eventualmente, se fue a vivir sola y trabajó el resto de su vida como maestra de arte en escuelas públicas. Además, nunca dejó de modelar y pintar. En muchos de sus cuadros, ella se retrataba con sus distintas parejas y amantes, muchas veces desnuda. Con el paso del tiempo, Olin se alejó de la vida pública, pero siempre conservó su fuerte personalidad y el espíritu de su juventud que nunca dejó de causar habladurías.
Pero Nahui Olin escandalizó al mundo no sólo por sus relaciones con el Dr. Atl o con tantos otros, hombres y mujeres, lo hizo por la libertad que nunca perdió y que operó en muchos niveles de su vida, desde el personal hasta el artístico. Ella escribió poesía erótica y pintó cuadros sin temor a los juicios sociales. En una época en la que la belleza física era uno de los atributos principales de una mujer, ella redimió su mente, su talento y su creatividad por sobre todo lo demás, convirtiéndose en una deslumbrante visionaria y feminista.
En la última escena de la película Enamorada, filmada en 1946 por el Indio Fernández, se ve a una María Félix veinteañera decir adiós a su familia y renunciar a una vida propia para correr tras un Pedro Armendáriz que va montado a caballo y que no se detiene, pese a verla caminando pegada casi a la grupa de su animal. Pocos metros atrás, centenas de revolucionarios espolean a sus corceles al tiempo que otras tantas adelitas batallan para seguir a sus hombres a pie. Éste es uno de tantos cortes icónicos de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano seleccionados para integrar la puesta Arder. Seis intervenciones radicales a la memoria, que invita a reflexionar sobre cómo, culturalmente, hemos normalizado la violencia hacia la mujer.
“En cada una de las seis funciones a realizarse en el Museo del Chopo se nombrará a 100 desaparecidas —desde niñas y jóvenes hasta adultas y ancianas— mientras que, en cada ocasión, artistas de disciplinas y formaciones muy distintas exploran qué significa para ellos evocar a personas ausentes y la tragedia que tales faltas implican”, explica Hayde Lachino, autora y directora de esta pieza.
A decir de la también gestora cultural y filósofa, no cabe duda de que los filmes de la Época de Oro son cruciales en la educación emocional de los mexicanos, pues todos crecimos con las funciones sabatinas de Televicine Presenta en canal 2, alquilamos alguna cinta de Pedro Infante cuando había videoclubes o seguimos viendo algún largometraje de TinTán o de Cantinflas, aunque ahora por streaming.
“Arder es parte de un proyecto de investigación más amplio llamado Archivos y, para darle forma, pasé alrededor de cuatro horas diarias, durante más de medio año, en la Filmoteca de la UNAM. Ahí vi casi 200 películas de los años 40 y 50 y percibí una constante: las mujeres en estas producciones nunca son protagonistas, carecen de vida propia, son cosificadas y su existencia gira en torno a los hombres”
Para concretar su propuesta Lachino invitó a Yoatzin Balbuena, artista visual quien curó los fragmentos cinematográficos proyectados en la puesta; la rapera feminista Amenic Mc Poetika, autora de la música de acompañamiento, y la coreógrafa Rocío Gutiérrez. “Entre todas cruzamos saberes y los hicimos coincidir a fin de buscar respuesta a una pregunta inquietante: qué significa pensar, al día de hoy, en el cine mexicano en un contexto de violencia”.
Cien nombres para crear una nueva memoria
“Brenda Isabel Rodríguez Sosa: 14 años”, se alcanza a leer en una hoja en blanco sostenida por una de las artistas a mitad del foro, mientras en el fondo de la sala se proyectan imágenes de María Félix siguiendo a pie a un Pedro Armendáriz montado a caballo. Para Hayde Lachino esta escena retrata —de manera involuntaria, pero certera— a miles de mujeres que dejaron todo para seguir ciegamente a hombres implicados en la trata de blancas o en redes de prostitución. Muchas no volvieron a ser vistas y todo por estar, como avisa la cinta del Indio Fernández desde el título: enamoradas.
Para la directora de Arder, nombrar a un centenar de mujeres desaparecidas en cada sesión no es sólo una manera de enunciar lo ausente, sino de reestructurar nuestra memoria, pues recuperar el pasado y observarlo con los ojos críticos del presente es una forma de aprender y, lo más importante, de evolucionar como sociedad.
Ejemplo de ello es la lectura que podemos hacer, ya desde el siglo XXI, de la película Los tres huastecos(de 1948), donde un Pedro Infante con sotana y voz meliflua alecciona a Blanca Estela Pavón diciéndole: “Es lo natural en la mujer querer ser madre, por eso Dios las ha hecho abnegadas, sufridas y por eso ha hecho el corazón de ustedes, las mujeres, de un barro muy distinto al de los hombres”.
Fragmentos como éste hacen a Hayde Lachino asegurar que “en el cine mexicano priva la idea de que la mujer debe renunciar a todo por amor y que sólo puede representar los papeles de mamá sacrificada, de novia inmaculada y digna de ser amada en tanto no tenga tacha alguna y, de no ceñirse a estos patrones, sólo le queda ser puta o cabaretera. Fuera de tales estereotipos no puede ser protagonista o relevante en ninguna historia. Ésa es la construcción que hace el cine mexicano y ésas son las cosas que debemos ir modificando”.
Seis experiencias únicas en un mismo foro
Hayde Lachino sostiene, junto con Gramsci, que toda violencia estructural, como la ejercida contra las mujeres, se sostiene en un andamiaje cultural ideado para apuntalar y servir de megáfono al discurso de la clase dominante, y en esta lógica el arte es uno de los mejores difusores de los mensajes de la hegemonía. Eso pasó en México con el cine de la Época de Oro y por ello la directora propone usar al arte, pero ahora para visibilizar y desmontar tales estructuras.
Así, en Arder. Seis intervenciones radicales a la memoria, creadores de distintas disciplinas aportan su muy particular manera de decodificar el mundo, como la pianista Deborah Silberer, acostumbrada a musicalizar cintas silentes; la bailarina Nayeli Benhumea, quien hará un performance, o la colombiana Sandra Milena Gómez, quien apelará a los estados alterados de su anatomía para denunciar la violencia contra las mujeres y sus desapariciones.
También estará el escenógrafo Alain Kerriou, quien experimentará con la tecnología mientras se proyectan las imágenes de celuloide; la poeta Jimena González, que propondrá un trabajo de escritura con los nombres de 100 mujeres evocadas, e Indira Pensado, quien echará mano de todas las posibilidades sonoras del cuerpo humano.
“Que esta pieza se llame Arder no es casual, pues ante esta naturalización de la violencia que cada vez indigna menos la apuesta aquí es generar experiencias y espacios para compartir la furia, a sabiendas de que el arte, por el hecho de convocar a la rabia, está cumpliendo su función, si es que alguna función social tiene el arte”.
Arder. Seis intervenciones radicales a la memoria se presentará en el Museo Universitario del Chopo el jueves 25 de abril y los viernes 26 y 3 de mayo a las 20 horas; los sábados 27 de abril y 4 de mayo a las siete de la noche, y el domingo 28 de abril a las seis de la tarde. El costo de la entrada es de 100 pesos, con 50 por ciento de descuento para profesores, estudiantes, personas de la tercera edad y toda la comunidad.
Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó que hasta el 31 de marzo de este año se reportaron un total de 209 mil 353 casos de aborto y refirió que existen “cero muertes maternas en los servicios públicos”; esto a 12 años de la despenalización de la interrupción del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Durante su participación en la Jornada por el Derecho a Decidir de las Mujeres, organizada por la Comisión de Derechos Humanos local, la funcionaria resaltó que de este total, 27.5% de los casos fueron provenientes de Puebla, Hidalgo y Estado de México, segunda entidad con más intervenciones pues reportó 55 mil 233 casos.
Añadió que desde el 2017, el 5.6% del total de atenciones fue para menores de 18 años, mientras que un 83% llegó a los 35 años.
Se explicó que existe una relación entre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y los casos de embarazo en menores, el cual “se considera un problema de salud pública al ser un grupo social con mayores desventajas en el acceso a consejería, métodos anticonceptivos y educación sexual integral”, se destacó el comunicado.
Asimismo, Olivia López resaltó la efectividad del programa, el cual se lleva a cabo desde el año 2007 en hospitales y 13 unidades de atención ambulatoria de la Secretaría de Salud local de forma gratuita y libre de discriminación, lo que “fortalece la decisión de las mujeres en torno a su cuerpo”.
Se puntualizó que el programa estaba diseñado, originalmente, para que dicho procedimiento médico se realizara dentro de la red hospitalaria, pero la creciente demanda lo ha trasladado al primer nivel de atención, así como que en la actualidad, el 80% de los pacientes acude a los centros de salud, pues les brindan mayor comodidad y privacidad.
Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH local, reafirmó su compromiso en materia de garantizar dichos servicios con un trato digno para las mujeres y agradeció el esfuerzo de la administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, al enfocarse en un modelo que “considere la perspectiva de las mujeres capitalinas”.
Denunciar acoso en México es un camino lleno de obstáculos y barreras. En 2017 solo se denunció el 10.4% de los delitos, según la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción (Envipe). Las principales razones para no denunciar fueron que se consideró una pérdida de tiempo, hay desconfianza a la autoridad, trámites largos, complicados y actitud hostil de la autoridad.
A ello se suma que solo nueve personas fueron sentenciadas por acoso y hostigamiento sexual en el país, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018; y que las mujeres que denuncian hostigamiento y acoso sexual no sólo se enfrentan a un panorama de impunidad, sino de revictimización en donde los agentes del Ministerio Público minimizan la violencia y las culpan por lo ocurrido, al preguntarles sobre la ropa que usaban, si consumieron alcohol previo al ataque, o la edad de su primera relación sexual.
Pero existen algunas vías a las que la víctima puede acudir para realizar una demanda sin tener que vivir la revictimización que es común en un juzgado. La primera de ellas es no acudir a una Fiscalía en una primera instancia.
Surya Palacios, abogada de Posetto Palacios, comentó a Animal Político que es recomendable que las víctimas de hostigamiento y acoso sexual acudan primero con un abogado para que con su asesoría realice por escrito una denuncia de hechos constitutivos del delito. En la denuncia, la víctima debe narrar de manera detallada y de ser posible, documentar, el acoso sexual que sufrió.
El abogado puede ser privado o de alguna organización de la sociedad civil que acompaña casos de violencia. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, ofrece asesoría y acompañamiento legal gratuito.
La ventaja de optar por esta vía, según la abogada, es que la víctima podrá narrar con calma los hechos de violencia, hostigamiento y acoso sexual. Frente al abogado, la víctima se encontrará en un ambiente de mayor tranquilidad para recordar los sucesos y detallarlos punto por punto. Con la narración de la víctima, el abogado podrá priorizar los elementos que pueden acreditar que la persona realizó un delito al acosar sexualmente.
De lo contrario, si la víctima acude directamente al Ministerio Público, los funcionarios plasmarán en la denuncia lo que consideren conveniente según sus criterios. Las denuncias pueden ser más fuertes y efectivas si son redactadas por un asesor jurídico.
Si además del acoso y hostigamiento hay amenazas que ponen en riesgo la integridad o riesgo de la víctima, se puede acudir a un refugio. La Red Nacional de Refugiosagrupa refugios privados y públicos de todas las entidades para mujeres y niños en situación de riesgo por violencia familiar, sexual, de género y trata.
El documento redactado junto con un abogado debe presentarse ante la Oficialía de Partes de la fiscalía o procuraduría estatal de justicia correspondiente. La víctima recibirá una copia de la denuncia sellada y con fecha.
Una vez ingresada la denuncia, la víctima será notificada en qué Ministerio Público debe ratificar. La víctima puede dar seguimiento a la denuncia con el número de folio para conocer en qué parte del proceso se encuentra su denuncia antes de llegar al Ministerio Público.
En la ratificación en el Ministerio, la víctima debe procurar estar acompañada del abogado. De acuerdo con Palacios, los Ministerios Públicos tienden negar a las denunciantes estar acompañadas de un abogado. Sin embargo, no existe ninguna ley que lo prohíba. Bajo el principio de derecho, quien puede lo más, puede lo menos, si un presunto delincuente tiene el derecho de tener un abogado cuando realiza una declaración, una víctima también.
El papel del abogado en la rectificación es recordar los derechos de la víctima —establecidos en el artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— y la posibilidad de fincar responsabilidades o inhabilitar al funcionario por ignorar los derechos de las víctimas.
En la Ciudad de México, el acoso sexual tiene una pena de hasta tres años de prisión. Cuando el acoso se deriva de relaciones laborales, la pena es de un año cuatro meses hasta cuatro años de prisión, depende de la gravedad de la conducta.
De acuerdo con el artículo 994 de la Ley Federal de Trabajo, se impondrá una sanción de 250 a 5000 veces el salario mínimo general (entre 25 mil 670 pesos y 513 mil 400 pesos), si un patrón realiza actos de hostigamiento sexual o permite actos del mismo tipo contra sus trabajadores. Si la institución o empresa encubre o tolera una agresión o acoso sexual, la víctima puede acudir a la Procuraduría federal del trabajo (Profedet). La víctima también puede acudir a la Profedet si fue despedida tras denunciar acoso sexual.
Asociaciones que ofrecen asesoría legal a víctimas de acoso sexual:
Asociación para el desarrollo integral de mujeres violadas (ADIVAC): Brinda asesoría legal y psicológica para víctimas de violencia sexual e imparten cursos para la prevención del delito.
Católicas por el Derecho a Decidir: Además de defender los derechos sexuales y reproductivos, la organización cuenta con una área jurídica para atender violencia contra mujeres que ofrece asesoría jurídica previa.
Coordinadora Nacional de Ayuda a Mujeres Indígenas.: La organización está especializada en la atención a mujeres indígenas en la Ciudad de México.También atienden a trabajadoras del hogar que son acosadas por sus patrones.
Casa Gaviota: La asociación ofrece grupos de reflexión sobre violencia, terapia psicológica y asesoría jurídica.
Con el auge del #MeToo en redes sociales para denunciar el acoso sexual en distintos ámbitos —literario, académico, periodístico, musical, entre otros—, una colectiva de alumnas de la Universidad de Guanajuato impulsa a estudiantes de otras universidades para que denuncien a sus agresores. Ellas, que ya tienen un camino recorrido tras su denuncia pública de 2018.
“¡Fuerza a todas las compañeras de la UdeG, que están alzando la voz! ¡Somos más!”, se lee en una publicación de Facebook de la Colectiva Alumnas UG en Sororidad, cuyas integrantes alzaron la voz el 14 de agosto de 2018, en una conferencia de prensa, para hacer público el acoso del que fueron víctimas por parte de profesores de la Universidad de Guanajuato.
Información: Carlos Carabaña / Diseño: Daniela Guadarrama y Adán Vega
2018, el año en que alzaron la voz
Después de la denuncia pública que 17 estudiantes realizaron en la conferencia de agosto de 2018, se sumaron otros casos para un total de 22 alumnasque acusaron haber sufrido acoso sexual por parte de sus maestros de licenciatura de la Universidad de Guanajuato. Todos con grado de estudios de doctorado e integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La Universidad de Guanajuato cuenta con más de 42 mil estudiantes, tiene 4 campus universitarios y un colegio de nivel medio superior con 11 escuelas, según su sitio web. Ocupa el lugar 12 en un listado de las Mejores Universidades de México de 2017 y es la octava universidad que más investigadores aporta al SNI. Tan solo en 2016, aportó 461 académicos, de acuerdo con una lista publicada por el periódico Reforma.
Para este grupo de alumnas, alzar la voz sí surtió efectos. La Comisión de Honor y Justicia de la universidad atendió todos los casos, después de que tuvieron el acompañamiento de Verónica Cruz, directora de Las Libres —una asociación civil feminista— y quien ha sido reconocida por organizaciones como Human Rights Watch.
Información: Carlos Carabaña / Diseño: Daniela Guadarrama y Adán Vega
Contaron con el apoyo de Las Libres tanto en la preparación para la conferencia de prensa como en el seguimiento de todas las denuncias.
Sin embargo, la Comisión de Honor y Justicia de la universidad incurrió en actos de revictimización hacia las denunciantes durante las audiencias en la forma de tratarlas, después de que ya habían sido víctimas de acoso, explica Verónica Cruz a mexico.com.
La revictimización consistió en el tono de las preguntas que realizaba el personal universitario, así como en el contenido de estas. “¿Te tocó?, ¿te besó?, ¿tenían una relación?”.
Por ello, la asociación solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) para que el personal universitario recibiera capacitación y, entonces sí, atendiera las denuncias de las alumnas con perspectiva de género y de derechos humanos.
Tanto la organización civil como las alumnas consideraron que la mejor opción era recurrir a la denuncia por la vía administrativa, con instancias de la Universidad de Guanajuato, y no a la vía penal.
“Haber hecho la conferencia de prensa, pero no solo eso, dar los nombres de los profesores; yo creo que ahí ya hubo una sanción social que por supuesto que quisieron revertirnos en todo el proceso, quisieron alegar que no fue debido proceso, que fue violada su presunción de inocencia.
mexico.com solicitó a la Colectiva Alumnas UG en Sororidad entrevistas para conocer testimonios y puntos de vista de las estudiantes que han sido víctimas de acoso, pero el grupo respondió que tanto los nombres como los testimonios de las afectadas son “completamente confidenciales” y que uno de sus compromisos es “mantener anónimos los casos”.
Los maestros que sí fueron sancionados
En el caso de las 22 estudiantes que denunciaron en 2018, después de la capacitación que la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos impartió a personal universitario, la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato determinó aplicar sanciones a 7 de los 13 profesores señalados de acoso.
Las sanciones fueron en dos modalidades, según el reglamento de la institución: amonestación o suspensión. La primera consiste en un llamado de atención al profesor por parte de autoridades de la universidad y la segunda es una suspensión por 8 días hábiles sin goce de sueldo y pueden ser acumulativas, es decir, un profesor puede recibir varias suspensiones.
El criterio inicial durante los procedimientos se basó en valorar los testimonios escritos de las alumnas, firmados por ellas, y que incluían datos de tiempo, modo y lugar del acoso. El tipo de pruebas que se valoraron fueron las conversaciones por WhatsApp, por Facebook y otras redes sociales, así como los testimonios de profesores y estudiantes, cuando los había.
El resultado fue el siguiente:
Con sanción
7 profesores fueron sancionados
Uno recibió tres suspensiones por la denuncia de tres alumnas
Otro más recibió una amonestación y una suspensión por el señalamiento de dos alumnas
Un maestro fue suspendido por la acusación de una estudiante
Otro más también recibió una suspensión por la denuncia de una alumna
Un profesor recibió una suspensión por el señalamiento de una estudiante
Otro recibió tres amonestaciones por las denuncias de tres estudiantes
Uno más recibió una amonestación por la denuncia de una alumna
Sin sanción
En otros casos, la Comisión de Honor y Justicia determinó no aplicar sanciones:
Seis estudiantes acusaron de acoso a un profesor y se determinó la no responsabilidad del docente porque no había pruebas suficientes. Los testimonios de las alumnas y del maestro no acreditaron las supuestas agresiones
Los procesos contra cuatro profesores quedaron sin efecto —sobreseyeron—: tres debido a que ya no trabajaban en la universidad y uno más porque era un académico invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
En el caso de un maestro acusado por una maestra, se determinó la no responsabilidad. La comisión concluyó que se trataba de un caso de mobbing o acoso laboral y esta falta no se pudo comprobar
Un maestro acusó a una estudiante de acoso, pero se determinó la no responsabilidad.
Información: Carlos Carabaña / Diseño: Daniela Guadarrama y Adán Vega
Años antes de esta denuncia colectiva, hubo un caso que dejó un precedente en la Universidad de Guanajuato. Durante un viaje de trabajo en Aguascalientes,un profesor cometió acoso sexual contra una becaria que laboraba con él, cuando la llamó a su habitación de hotel para hacerle una insinuación sexual.
El suceso ocurrió en 2015 y, tras la denuncia de la víctima en 2016, la noticia se difundió en medios de comunicación de Guanajuato y nacionales. Ella primero le contó lo sucedido a una de sus mejores amigas, tres días después de la agresión, pero denunció seis meses después porque hasta entonces se sintió lista para hacerlo.
Pero el profesor quedó absuelto durante el proceso judicial y la universidad determinó no sancionarlo. En 2018, fue nombrado coordinador de un programa de posgrado y actualmente mantiene ese cargo, según el directorio de la institución.
“Él es muy amigo del rector, muy, muy amigo de Luis Felipe Guerrero Agripino, entonces, la cuestión es que él lo invitó a trabajar, le dio su plaza, él fue muchos años su coordinador de asesores”, relata Isabel Puente, la víctima, en entrevista.
Isabel estaba a punto de iniciar una maestría y de obtener un nuevo puesto de trabajo en la universidad cuando ocurrió la agresión, sin embargo, se vio obligada a abandonar ambos caminos, el académico y el laboral. Semanas después del incidente se fue a vivir fuera del estado de Guanajuato porque sentía amenazada su seguridad personal.
“Yo he escuchado, a mí nadie me lo va a contar, yo he escuchado hablar a (mi agresor) (…), a amigos que tiene en cosas policiales para mandar a golpear gente, cosas así. Teniendo idea de estos antecedentes, dime cómo no me iba a preocupar mi integridad física, mi vida”, explica.
Este episodio cambió el panorama de vida de Isabel, pero también afectó el vínculo con su familia por la cercanía que mantiene con autoridades de la universidad.
“Yo hace mucho tiempo, incluso no me consideraba feminista, y yo ya sabía que mi familia era muy machista. Claro, con esta situación sí hubo un distanciamiento importante porque obviamente no le convenía. Mi familia trabaja con el rector, entonces, claro, a nadie le convenía esa mala publicidad, digámoslo así. Hay una frase que dice: ‘primero los dientes y luego los parientes’, y a mí me tocó vivirla”.
Además, gente cercana al rector, Luis Felipe Guerrero Agripino, le decía que la agresión sexual había sido culpa de ella y que “parecía sirvienta” quejándose.
“Me decían que mejor siguiera cobrando, pero que ya no fuera a trabajar, que eso había sido mi culpa”, relata.
Pero el apoyo que sí recibió fue el de la comunidad estudiantil. Alumnos y profesores firmaron peticiones para que se hiciera justicia y los estudiantes realizaron protestas con pancartas en febrero y junio de 2016.
Información: Carlos Carabaña / Diseño: Daniela Guadarrama y Adán Vega
El mural borrado
El 27 de noviembre de 2018, dos días después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Colectiva Alumnas UG en Sororidad inició la elaboración de un mural en una pared de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del campus León de la Universidad de Guanajuato, con la colaboración de estudiantes de diferentes licenciaturas, bajo el lema “El arte es resistencia”.
Esta obra se realizó tras un acuerdo de la colectiva con el director de la división, Álex Ricardo Caldera, y con el secretario académico de la universidad, Sergio Antonio Silva, se describe en una publicación de Facebook del grupo de estudiantes. Pero el mural fue borrado durante las vacaciones de diciembre.
Colectiva Alumnas UG en Sororidad / Facebook
“Interpretamos lo sucedido como una muestra de la violencia simbólica que se vive en la División de Ciencias Sociales y Humanidades del campus León, por lo que rechazamos esta forma represión y censura”, se indica en un post de la colectiva del 8 de enero de 2019.
La razón por la que el mural fue borrado no se debió a una “instrucción directa”, de acuerdo con Álex Ricardo Caldera.
“El edificio no depende todo de la división, sino es dividido con la rectoría del campus y, en el escenario de la salida de vacaciones y en el mantenimiento que se le tiene que dar semestralmente previo a un nuevo inicio de semestre, y en esa instrucción de dejar listo el inmueble por parte de la Secretaría Académica, la parte operativa entendió incluso que el mural había que ser borrado. No es que haya habido una instrucción directa. Así se entendió por la parte operativa, y se borró”, explica el académico a mexico.com.
Caldera afirma que después del incidente las autoridades del plantel se comprometieron con la Colectiva Alumnas UG en Sororidad a definir un espacio para que las estudiantes pinten un nuevo mural.
“Ellas van a decidir qué pintar. Ya sea repetir el mismo o hacer otra cosa, pero que ellas mismas decidan”.
Protocolo UGénero y restricción de chats
La Universidad de Guanajuato cuenta con un protocolo para atender denuncias de acoso sexual, que incluye la “Ventanilla UGénero”, a través de la cual las víctimas o personas cercanas a ellas pueden presentar sus casos mediante un formulario digital o físico.
En el formato se deben precisar datos como: tipo de violencia, lugar donde se produce, fecha en que ocurrieron los hechos, consecuencias emocionales en la víctima, así como los datos del agresor.
“Ahí deben de tener el acompañamiento social, jurídico y emocional. El procedimiento ya está pavimentado, la Comisión de Honor y Justicia es quien conoce de estos asuntos de género, ya les sirvió en 22 casos”, señala la activista Verónica Cruz, quien ha trabajado de cerca con las víctimas.
Sin embargo, el mecanismo aún es perfectible, afirma Álex Ricardo Caldera, y por ello en la división que dirige, la de Ciencias Sociales y Humanidades, implementó restricciones a profesores en la comunicación que mantienen con estudiantes.
“(La prohibición implica) no utilizar correos, por ejemplo, redes sociales comerciales, no utilizar Whatsapp, no utilizar Messenger de Facebook. La comunicación tiene que ser a través del correo institucional” y de herramientas que corresponden a las redes institucionales, explica el investigador.
Ambiente de violencia contra las mujeres
Ni siquiera el día en el que hicieron públicas las denuncias contra sus acosadores en 2018, después de tres meses de prepararse, las alumnas pudieron hacerlo con toda libertad.
Esa mañana, durante la conferencia de prensa en el fórum cultural de la Universidad de Guanajuato campus León (minuto 16:19 del video de YouTube), se escuchó un chirrido de fondo, el sonido de una máquina, que las obligó a hablar más fuerte. Y solo pudieron hablar con normalidad hasta que alguien fue a pedirle a los trabajadores que callaran el ruido.
Entre esa violencia —quizá sutil— y la sexual, las alumnas de la Universidad de Guanajuato enfrentan un entorno dominado por hombres, quienes ostentan los altos mandos de la institución.
Los cuatro cargos principales (rectoría, secretaría general, secretaría académica y secretaría de gestión y desarrollo) son ocupados por hombres, y ocho de once integrantes de la Junta Directiva de la universidad también son hombres.
“De alguna manera las prácticas machistas, patriarcales, (están) arraigadas culturalmente en toda la sociedad y en todos los integrantes de la comunidad universitaria, o en una buena parte de los maestros”, reconoce Álex Ricardo Caldera.
‘Si me volviera a pasar…’
A casi cuatro años de lo ocurrido y a pesar de que las sanciones contra los maestros agresores ya comenzaron a hacerse efectivas en la Universidad de Guanajuato, Isabel Puente no considera la posibilidad de acudir de nuevo a la institución para que se juzgue su caso según los criterios universitarios.
“Por iniciativa propia yo ya no le movería. La verdad es que es muy pesado, fue muy desgastante, es luchar con muchas personas, que me pregunten si no me gustaba ni tantito, si él y yo no salíamos de repente al cine.
“Ser víctima de un delito te cambia totalmente la visión que uno tiene sobre la vida, la perspectiva sobre las cosas. Padeces ansiedad, depresión, cansancio, enojo, pasas por muchas cosas. Mira, si me volviera a pasar lo haría (denunciaría), y ya tendría una experiencia”.
Isabel considera que en la universidad no se reconoce a la violencia como tal y en consecuencia se minimizan las quejas y denuncias.
“Es una violencia que ‘no es violencia’, o sea, (dicen que) estamos locas, eso no pasa, los maestros son unas personas intachables, incorruptibles. Lo primero es que siempre se sordean (se hacen los desentendidos) ante cualquier denuncia, crítica, queja…
“Cuando no es así, tratan de desestimarlo y yo sé que ahora tratan, igual las chicas que denuncian, a mí me escriben todavía estudiantes de la universidad, para comentarme… que culpan a las víctimas, como si estuvieran haciendo eso por una calificación, porque les gustan los maestros o porque tratan de tachar su moral sexual, y aquí el punto es que hay una relación de poderes entre los profesores con las alumnas”, afirma.
