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El papel de la mujer durante el 2018 fue relevante en varios ámbitos del escenario nacional e internacional. Nelly Lucero Lara Chávez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizó un recuento de los temas feministas más importantes que se desarrollaron en el año. Destacó el auge del movimiento #MeToo encaminado a la denuncia de los casos de violencia sexual en contra de las mujeres.

El movimiento, promovido por la activista afroamericana Tarana Burke, llegó a México gracias a los testimonios públicos de mujeres actrices, cuya difusión abrió la posibilidad de denuncias públicas. Además, mujeres que trabajan en los medios de comunicación (Carmen Aristegui) abrieron los micrófonos para que se conociera la situación que en materia de derechos de género se vive.

Asimismo, en nuestro país se ha discutido la viabilidad de la corresponsalía de género, figura que nació en España con el propósito de erradicar la desigualdad de género al interior de los medios de comunicación, y así, mejorar y planificar la cobertura actual.

Una figura con agencia que tenga la sensibilidad y la perspectiva de género para hacer contenidos diferenciados es muy importante. “En los medios abunda una mirada androcéntrica y debe haber una forma distinta de mirar el mundo, ya estamos acostumbrados a pensar que los hombres son los protagonistas en la construcción de la cultura y las mujeres pareciera que están en una condición mucho más pasiva”, explicó la experta.

Además, la matanza de estudiantes de Tlatelolco cumplió 50 años. En materia de feminismo, permite reconocer el papel de la mujer en los movimientos sociales, estudiantiles y su protagonismo en el escenario público.

El 2018 fue año electoral. En la contienda hubo una candidata a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, quien declinó. Asimismo, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales refirió que se cumplieron 60 años de reconocer el voto de la mujer a votar y ser votada.

“Derivado del proceso electoral, hoy se cuenta con dos mujeres gobernadoras en distintas entidades: Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Martha Érika Alonso en Puebla, un hecho histórico, además de reconocer la afluencia de mujeres que asistieron a votar el pasado 1 de julio”.

Por otro lado, Lara Chávez expresó que la violencia de género se presenta en distintos escenarios, en ese sentido, uno de los retos del nuevo gobierno tendrá que ver con la participación más activa de las mujeres para ayudar a desmontar la violencia que recae sobre ellas. Presentarse en todos los espacios políticos, académicos o en cualquiera donde pueda generarse algún tipo de modificación, “hay que llegar a los espacios y tomarlos, crear cambios sustanciales a nivel político, social y familiar para que la cultura se transforme en general”.

Un tema que causó polémica durante el 2018 fue la despenalización del aborto. Al respecto, Lara Chávez mencionó que un tema fundamental será erradicar cualquier lectura paternalista del Estado sobre el cuerpo de las mujeres. “El hecho de que se vaya transformando a nivel cultural y legislativo la lectura que se tiene sobre el aborto no como un asesinato, sino como una decisión que recae fundamentalmente sobre las mujeres será fundamental para transformar la situación ante la cual nos encontramos”, finalizó la experta.

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Desde hace una década la violencia contra las mujeres en la capital del país obligó al Estado a tomar acciones para salvaguardar sus vidas y evitar que las agresiones terminaran en feminicidio, por lo que se crearon las órdenes de protección, política que debe ser fortalecida.

El movimiento feminista advertía que la primera estrategia para prevenir el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas era brindarles protección, por lo que en 2008 plasmaron esta premisa en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la ley se establecieron las órdenes de protección, medidas diseñadas a fin de prevenir, interrumpir o impedir que se cometiera un crimen en el ámbito familiar. Las órdenes son acciones que van desde prohibir que el agresor se acerque a la víctima hasta otorgar protección policial a las mujeres.

También existen las órdenes de carácter civil para salvaguardar el patrimonio de las víctimas como suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas con sus hijos; prohibirle enajenar o hipotecar bienes que se tengan en concubinato, y obligarlo a dar alimentos a la familia.

Estas medidas se solicitan y las emiten juzgados a la Procuraduría General de Justicia capitalina a través del Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (Cavi); sin embargo, lo que debería ser una acción rápida para salvaguardar la vida de las mujeres es una medida que muchas veces arriesga su seguridad.

Datos de la Dirección de Estadística del Tribunal, recopilada con base en información de los juzgados penales, indica que en 2015 ingresaron al Tribunal Superior de Justicia 2 mil 454 solicitudes de medidas de protección, de las cuales 85.6 por ciento fueron concedidas.

PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En principio las mujeres desconocen que tienen derecho a exigir protección, una vez que lo saben, desconocen a qué instancias ir y si ya están en el Ministerio Público por una denuncia de violencia familiar, allí comienzan los obstáculos, afirmó en entrevista la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

Ejemplo de ello es Gloria. Hace cinco años fue amenazada por su pareja. El padre de sus hijos le apuntó con un arma de fuego. No denunció porque tenía mucho miedo, así que optó por divorciarse pero él siguió violentándola.

El último incidente, contó en entrevista, fue en octubre pasado. Su ex pareja intentó atropellarla cuando recogió a su hija de ocho años de la escuela. Él le lanzó un ultimátum: “Vas a valer madres el fin de semana”. Gloria oprimió uno de los botones de pánico que se encuentran en los postes de las calles. No recibió respuesta.

Esa vez sintió que era hora de buscar protección y acudió al Ministerio Público (MP) de la alcaldía de Cuauhtémoc para denunciar violencia familiar y pedir una orden de restricción.

Acorde con la ley las órdenes de protección de emergencia son emitidas de forma inmediata, mientras las civiles las deben dictar los jueces dentro de las seis horas siguientes a partir de que son solicitadas.

Ambos tipos de órdenes tienen una temporalidad de 72 horas con la posibilidad de prorrogarse por otros 30 días y de no cesar la violencia pueden mantenerse con una revisión trimestral para sustentarlas, pero las autoridades no siempre actúan a tiempo para atender la urgencia.

En el caso de Gloria, cuando llegó al MP, en cinco ocasiones le hicieron repetir datos como domicilio y nombre del agresor. Cuando intentó explicarles que tenía 13 años de vivir violencia, la MP le dijo que los otros actos no eran importantes y “no todos cabían en la hoja de denuncia”.

Pese a su temor de perder la vida, le dijeron que regresara en una semana pues no había personal para emitir la orden de restricción de emergencia porque “estaban de vacaciones”. Tampoco le quisieron dar el Código Águila (patrullajes y rondines en su domicilio) porque consideraron que no estaba en riesgo suficiente.

Así le pasó aun cuando desde noviembre de 2011 la PGJDF firmó un acuerdo para regular el otorgamiento inmediato de las órdenes de protección.

Gloria regresó una semana después al MP como le ordenaron, al llegar le revelaron que no había carpeta de investigación de su caso, por lo que tuvo que contar otra vez todo para tener una denuncia y le dieran la protección que pidió y que no le dieron.

ANTE EMERGENCIA LARGOS PROCESOS

Casos como el de Gloria son comunes, señaló María de la Luz Estrada, quien explicó que cuando las mujeres solicitan estas medidas de protección las autoridades desestiman sus testimonios y no toman en cuenta su contexto o si éstas denunciaron previamente.

Cuando muestran agresiones recientes en su cuerpo o tienen evidencia como videos, audios u otros elementos, no son consideradas como víctimas, sino como “exageradas”, dijo Estrada.

Agregó que las mujeres que sí acceden a estas medidas de protección se enfrentan a procesos largos y engorrosos donde constantemente son violentadas y responsabilizadas de la violencia. A las mujeres se les acusa de “no salirse de sus casas o separarse de sus parejas”.

En este lapso, la notificación de la orden puede tardar un mes o dos en llegar al agresor, lo que las deja a ellas y a sus hijos en un riesgo mayor de ser atacados.

El grupo de trabajo que estudia la solicitud de Alerta de Violencia de Género para la capital del país detectó que las autoridades les piden a las propias víctimas entregar las órdenes al agresor tras argumentar que no cuentan con suficiente personal de apoyo para notificarlas y que los policías ministeriales no les dan seguimiento; o se condiciona el otorgamiento de éstas a la presentación de una denuncia.

El grupo de trabajo consideró necesario elaborar un protocolo para la emisión, implementación y seguimiento de las órdenes, el cual especifique que éstas deberán ser emitidas aunque no exista una denuncia previa.

Según registros de la PGJDF en promedio al día reciben alrededor de 50.3 casos de violencia familiar, de éstos se desconoce a cuántas mujeres se facilita una medida de protección, afirmó el Grupo de Trabajo.

En contraste la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación indica que, entre 2016 y 2018, 785 mujeres solicitaron medidas de protección, 702 de ellas fueron otorgadas, cifra muy baja si se compara con la tasa de feminicidio, opinó la investigadora Cecilia Toledo Escobar.

Toda la información e imágenes son de Milenio.
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En esta semana en que el trabajo del hogar remunerado ha merecido la atención de los tres poderes del Estado Mexicano y de la opinión pública, quiero hacer justicia a su historia de persistencia para disputarse su espacio como problema público.

Desde hace más de 40 años académicas y activistas feministas manifestaron masivamente que el trabajo doméstico como responsabilidad asignada exclusivamente a las mujeres, era una de las principales formas de opresión de nuestro género. Por años, esta denuncia olvidó tomar en cuenta a aquellas mujeres que se empleaban como trabajadoras remuneradas del hogar: mujeres que en su mayoría trabajan realizando las tareas “femeninas” dentro de los hogares bajo normalizadas condiciones de informalidad y salarios bajos, un empleo asociado a mujeres pobres, rurales e indígenas.

En México, desde hace casi dos décadas las trabajadoras del hogar se han organizado para desnormalizar esta situación de sus propias vidas y de la conciencia de las y los empleadores, de las feministas y de toda la sociedad. Gracias a su tenacidad, en los últimos años varias organizaciones y personas nos hemos unido a esta causa. En este trayecto las trabajadoras nos han enseñado a voltear a ver nuestros propios prejuicios y a identificar cómo la desigualdad de género y de clase está dentro de nuestras propias cocinas y habitaciones. Nos han ayudado a ver nuestros propios privilegios, a entender que podemos conciliar nuestra vida personal y laboral gracias a su trabajo y que esto sucede en muchas ocasiones a costa de que ellas tengan una precaria vida laboral y pobre vida personal.

Voluntades políticas alineadas

Después de años de trabajo conjunto entre organizaciones de trabajadoras, civiles y múltiples alianzas de la causa, esta semana el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo se han manifestado públicamente a favor de garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas.

El martes 4 de diciembre, legisladoras y legisladores de todas las fracciones parlamentarias presentaron una iniciativa para reformar las disposiciones discriminatorias que presenta la Ley Federal del Trabajo en perjuicio del sector; al día siguiente, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un amparo directo en el que declara discriminatorio excluir a las empleadas del hogar del régimen obligatorio de seguridad social y dicta al IMSS desarrollar un programa piloto que culmine en el diseño e implementación de un programa especial para el sector. Ese mismo día, Germán Martínez -nuevo titular del IMSS- y la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, dieron la bienvenida a la resolución de la Corte y declararon públicamente que comenzarán a trabajar para dar cumplimiento. Finalmente, el 7 de diciembre en su conferencia matutina, el presidente López Obrador celebró la disposición de la Corte de que se garanticen los todos derechos a las trabajadoras del hogar.

Parece que después de décadas de insistencia, por fin las voluntades políticas están alineadas, sin embargo no quitamos el dedo del renglón hasta ver materializados cambios sustantivos.

La opinión pública

En la opinión pública se reflejan algunas preocupaciones al respecto del tema: “yo tampoco tengo prestaciones laborales” o “ya no voy a poder pagarle” son los comentarios más frecuentes ante los cambios que esto representará sobre todo para quienes emplean trabajo del hogar.

¿Son las trabajadoras del hogar las únicas trabajadoras en esta situación de precariedad laboral? Por supuesto que no, la pérdida de prestaciones laborales es un grave problema en nuestro país. Todas las personas deberíamos poder acceder a estos derechos básicos que ellas demandan desde hace años, la diferencia con el caso de las trabajadoras del hogar es que la misma ley, por su profesión, les impide acceder a estos derechos, cuestión que no es lo mismo para todos los sectores de trabajadores y trabajadoras. Veamos a las trabajadoras del hogar como un sector organizando que reclama algo que todas deberíamos tener, aprendamos como ellas a desnormalizarnuestras situaciones de pérdida de derechos laborales.

¿Nuestro poder adquisitivo nos permitirá seguir contratando a una empleada del hogar? Depende. Depende de cómo se diseñen e implementen los mecanismos de afiliación a la seguridad social. En principio el mandato de la SCJN explica que el mecanismo debe ser accesible, claro y debe excusar a los patrones de estar inscritos al SAT. Depende también de los acuerdos a los que usted llegue con su trabajadora, es una oportunidad de dialogar sobre las necesidades y expectativas de la relación laboral, y no menos importante es también la oportunidad de preguntarse si realmente es necesario el trabajo doméstico remunerado en su casa, o quizá sea justo también pensar en redistribuir las tareas domésticas entre las y los integrantes de su hogar.

La transformación que sí necesitamos

“Todos los derechos para las trabajadoras del hogar” sí nos plantean una verdadera transformación social. En este momento en el que nos disputamos los discursos sobre lo que significa o no una transformación nacional, no nos debe quedar duda de que cambiar drásticamente las relaciones de desigualdad social y de género que se reproducen de manera casi invisible en millones de hogares en México, es una verdadera transformación que ataca directamente el clasismo, racismo y machismo más rancio de nuestra historia; significa atacar directamente una de las más profundas relaciones de desigualdad.

Estamos y hemos estado para señalar y acompañar el tránsito que deben dar las instituciones para garantizar derechos a este sector fuertemente feminizado, derechos que queremos ver convertidos en salarios dignos, prestaciones labores y la posibilidad de que millones de mujeres y familias en México puedan imaginar y desarrollar los proyectos de vida que deseen. Así es el país que queremos.

* Christian Mendoza Galán es Coordinadora del programa de Género y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del @ISBeauvoir.

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Con diversos motivos pero con las mismos ideales y fuerza en su espíritu, las mujeres se han erigido a lo largo de 2018 en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos, impulsadas por su voluntad de resistencia a las numerosas injusticias de las que siguen siendo objeto en todo el mundo, tal como destaca el informe anual de Amnistía Internacional que se centra en repasar su doble vertiente de víctimas y luchadoras por la igualdad.

Y pese a su renovada capacidad de movilización, las mujeres siguen siendo en gran medida, víctimas de la vulneración de los derechos humanos, que justo este año cumplen 70 años de su formalización en la Declaración de 1948. «Donde más ruidosa y visible ha sido la lucha por la igualdad este año ha sido en la lucha por los derechos de las mujeres», asegura el informe, publicado en el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y que muestra como las movilizaciones lideradas e impulsadas por mujeres se han extendido por todo el globo.

Triunfos importantes
Así, Amnistía Internacional recuerda desde el activismo en Arabia Saudí, donde las mujeres han logrado que se les permita conducir, hasta la lucha por la despenalización del aborto en Argentina, pese a que el Senado acabó rechazando la iniciativa y sin embargo, fue una especie de liberalización de las conciencias ya que fue la que más lejos llegó en el Parlamento de ese país.

Y esto toma importancia ya que «el 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países en los que el aborto sigue estando estrictamente restringido, y alrededor de 225 millones de mujeres no tienen acceso a métodos violencia contra las mujeres, después de que su Tribunal Constitucional lo declarase ‘inconstitucional’».

«Una de cada 10 niñas en el mundo sufre una agresión sexual antes de los 20 años, mientras que sólo un tercio de los países de la Unión Europea reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación», denuncia la organización, que señala como la violencia sexual se agudiza en las regiones en conflicto, como Nigeria, Irak, Sudán del Sur y Myanmar.

Por ello, Amnistía Internacional reclama que los gobiernos se comprometan «realmente» para defender los derechos de las mujeres y garanticen «que no sufren discriminación ni violencia». En este sentido, recuerda que «la Convención sobre la Mujer es el segundo tratado de derechos humanos más ratificado, con 189 Estados partes. Pero los gobiernos deben dejar de apoyar los derechos de las mujeres sólo de palabra».

Son consideradas como una amenaza
El informe también denuncia como ese protagonismo de las mujeres ha generado una reacción contraria, que en Latinoamérica y Europa se revela acusando a «feministas y activistas LGBTI de ‘impulsores de una ideología de género’ que, según ellos, representa una amenaza existencia para el ‘matrimonio y los valores de la familia’».

Sin embargo, para Amnistía Internacional no es más que un intento de silenciar a las mujeres y a otros colectivos: «Las personas de todos los géneros que luchan contra la desigualdad de género libran también la batalla adicional de defender su derecho a alzar la voz», asegura.

En este ámbito, la organización advierte como las plataformas de redes sociales son «al mismo tiempo una bendición y una maldición», puesto que permiten organizarse y compartir problemas comunes, pero también amplifican las campañas contra ellas de los grupos que tratan de apagar sus voces.

«Empresas y gobiernos han fallado estrepitosamente a la hora de proteger a las usuarias de una avalancha de conductas abusivas en Internet, lo que ha hecho que muchas mujeres, en concreto, se autocensuren», lamenta el informe, que carga especialmente contra Twitter y su inacción ante los comportamientos violentos de algunos de sus usuarios.

En resumen, “las mujeres han estado en primera línea de los movimientos por el cambio en los derechos humanos en 2018. En todo el mundo, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos han defendido los derechos de las mujeres y de los grupos marginados, exponiéndose a menudo a situaciones de peligro para hacerse oír. Son los verdaderos héroes y heroínas de 2018”, concluye el informe.

Las mujeres han estado en primera línea de los movimientos por el cambio en los #ddhh en 2018

En ocho historias de impacto, celebramos las victorias cosechadas en el último año #DerechosHoy https://t.co/O7TA3S16j3 #DiaDeLosDerechosHumanos #HumanRightsDay2018

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) December 11, 2018

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Es un libro que dice mucho más de lo estrictamente contenido en sus palabras. Su cometido es iniciar una nueva historiografía del cuento mexicano escrito por mujeres, pero al cabo exhibe el reino del heteropatriarcado en la literatura mexicana a lo largo del siglo XX y cómo la República de las Letras más bien debería llamarse Ciudad de México de las Letras.

Historia secreta de cuento mexicano: 1910-2017 (UANL, 2018; descarga gratuita editorialuniversitaria.uanl.mx) es el resultado de una amplia investigación en la cual Liliana Pedroza revisó acervos de los 31 estados del país y exploró archivos de bibliotecas en España, Francia y Estados Unidos, con un objetivo doble: hallar cuentos escritos por mujeres, y de edición limitada.

Como resultado, encontró que a principios del siglo XX una autora como Dolores Bolio tenía que firmar sus cuentos como Luis Avellaneda, Catalina Dulché Escalante como Catalina D’Erzell, Laura Méndez Cuenca como Stella, María Enriqueta Camarillo Roda de Pereira como Iván Moszkowski, y que Judith Martínez Ortega de Van Beuren retiró sus apellidos y adoptó los de su esposo. María Elvira Nájera publicó bajo los nombres de Indiana Nájera o Marcelo Durán, etcétera. ¿Qué situación habrían enfrentado si hubieran publicado con sus nombres? Eso, en caso de que tal cosa fuera posible.

De 1910 a 1949, la participación de las mujeres en este género literario fue escasa, documenta Pedroza. No destaca sino hasta mediados y finales de los 50 y logra una constante en los 60 y 70. En esto pudo influir la aparición de las revistas Rueca (1940) y El Rehilete (1960), dirigidas exclusivamente por mujeres.

Prueba de esto es el surgimiento de Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo, Julieta Campos o Beatriz Espejo. Pero también de autoras que desarrollaron su obra, ya en los 70 y 80, como Elena Garro, María Elvira Bermúdez, Margarita Michelena, Emma Dolujanoff, Elena Poniatowska, María Luisa Mendoza, Margo Glantz o Aline Patterson. Y un poco más tarde, Brianda Domecq, Adela Fernández, María Luisa Puga, Silvia Molina, María Luisa Erreguerena, Ángeles Mastreta, Bernarda Solís, Ethel Krauze o Beatriz Escalante, sólo por nombrar a algunas de ellas.

Tal cosa, sin embargo, significó que “esa época quedó eclipsada con estereotipos fabricados por unas cuantas escritoras mediatizadas: sagas familiares con heroínas que se enfrentan a los esquemas masculinos y a su vez protagonizan historias de amor romántico”, escribe la autora Liliana Pedroza.

A esto se suma la desproporción de las publicaciones entre la Ciudad de México y el resto del país: hasta 1990, década en que surgen los institutos estatales de cultura y las editoriales universitarias, publicar fuera de la capital del país era condenarse al olvido eterno.

En este marco, al pasar del XX al XXI, las temáticas varían y se multiplican. Quedan atrás los temas de mujeres, y las autoras se adentran en exploraciones de toda índole. Además, ganan presencia en revistas y antologías.

Qué bien, diríamos. Sin embargo, Pedroza muestra que “aunque haya más antologías con presencia de escritoras, el número de mujeres compiladas en cada antología no guarda proporción con la producción reciente, lo que genera más bien un simulacro de representatividad en las prácticas culturales que un cambio social real”.

Si registrar 521 autoras, 856 libros y 312 antologías es ya una enorme proeza, este libro se desborda a sí mismo y exhibe cómo el heteropatriarcado y la centralización de la literatura mexicana han reinado en la producción cuentística del último siglo.

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Amnistía Internacional (AI) criticó que en la frontera de Estados Unidos con México, las crueles políticas de tolerancia cero del presidente Donald Trump han pasado “una elevada factura” a familias migrantes que buscan protección frente a la persecución y la violencia.

Al difundir este domingo su Informe Global Violencia de Género 2018, en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la organización detalló que a pesar de la política antimigrante de Donald Tump, las mujeres en Estados Unidos han salido a las calles para solidarizarse con las familias migrantes.

“En todo el país [Estados Unidos], las mujeres han hecho saber que no se las iba a silenciar, haciéndose presentes en las calles y en las salas del Congreso, y asumiendo papeles de liderazgo en sus comunidades en cuestiones como la violencia con armas de fuego, mostrando apoyo para recibir en sus vecindarios a personas refugiadas y alzando la voz contra la separación de familias”.

Amnistía aseguró que en Estados Unidos, las personas que se dedican al activismo medioambiental “han demostrado una valentía ejemplar” frente a las continuas amenazas y actos de violencia, porque se atreven a alzar la voz para denunciar el daño al medio ambiente provocado por intereses económicos.

“Las mujeres desempeñan un papel crucial como valientes defensoras de derechos. Se enfrentan a riesgos, tanto por sus actividades como por poner en entredicho los papeles tradicionales que la sociedad les ha asignado. A estas mujeres se las margina, intimida, amenaza, somete a desaparición forzada e incluso asesina”, indicó AI.

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Para aminorar la carga económica que padecen las familias que acogen a los menores de edad hijos de mujeres víctimas de feminicidio, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) organizó una posada para darles regalos de donadores, informó Guadalupe Ramos Ponce, integrante de la organización.

«Desde el año pasado decidimos hacer la colecta con gente cercana para dar a conocer un poco la situación de los niños y niñas huérfanos del feminicidio y sus familias en las navidades, para darles juguetes y ropa».

Ramos Ponce relató que cuando ocurre un feminicidio, generalmente los hijos de la víctima se van con familiares, como tíos o abuelos, muchos de los cuales viven en condiciones precarias. Y hay veces cuando los niños que deben acoger son dos, tres o cuatro.

«Tenemos un caso de una de las hermanas que tenía tres hijos, y de pronto se queda con cuatro más de su hermana asesinada». Además, los niños en este año ya son el doble que los del año pasado.

En esta ocasión, la posada será el 15 de diciembre con todas las familias que recibieron a los niños víctimas del feminicidio. «Pedimos el apoyo y la cooperación de la ciudadanía que nos pudieran apoyar con un cambio de ropa para cada niño y niña y algún regalo, algún juguete».

Los obsequios se reciben en el Colegio de Notarios, en el 2138 de la calle Lerdo de Tejada, en la colonia Obrera, en Guadalajara, donde deben preguntar por Moisés Catedral.

Se recibirán los donativos hasta el 13 de diciembre, y las personas que deseen donar pueden llamar al 33 1444 0596, donde recibirán información sobre los nombres de los niños que aún no reciben regalos, tal como tallas de ropas y  juguetes que le gustaría tener. Por ejemplo, a Perla, de cuatro años, le gusta Mimí.

Las personas que no puedan acudir pueden también depositar donativos a la cuenta de Banco Santander 5579070054600492, a nombre de Antonia Hernández Cruz.

«Es una alegría inmensa, para nosotros los adultos eran muchas emociones encontradas, aguantarnos el llanto en realidad porque estar en ese momento y verles sus caritas de alegría y emoción», recordó Ramos Ponce la entrega de la Navidad pasada.

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Ishtar Rizzo cofundadora de la empresa LIZA, explicó que representa a una startup que pretende contribuir a mejorar la salud sexual.

Originaria de Orizaba, Veracruz, Ishtar, quien es una de los 35 jóvenes seleccionados para ser galardonados por MIT Technology Review, mencionó que busca con este dispositivo ofrecer a la población la posibilidad de una prueba rápida para detectar las ITS de manera no invasiva.

Indicó que el diagnóstico de la infección por clamidia es relativamente sencillo, pero invasivo y en ocasiones doloroso, pues suele requerir obtener una muestra del epitelio del interior de las vías genitales.

“El dispositivo de LIZA presenta un innovador diseño que le permite recolectar cómodamente la fracción inicial de la orina y descartar el resto, sin necesidad de interrumpir la micción ni otras molestias”, dijo.

Agregó que esta muestra pasa en el propio dispositivo por varias membranas que logran concentrar las células epiteliales que hayan sido arrastradas junto con la orina, disgregarlas y detectar en su interior la presencia de la bacteria causante de la enfermedad.

Mencionó que la intención es que este dispositivo pueda comprarse en todas las farmacias, tal como se hace con una prueba de embarazo, de forma que la persona pueda tener un diagnóstico de forma rápida, indolora y sobre todo de manera privada.

Consideró que el uso de dispositivos personales como LIZA podría eliminar la barrera que impide a los pacientes ir a realizarse un examen para detectar enfermedades de transmisión sexual por miedo al estigma social.

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