Grace es una enfermera que cuenta con una particularidad: es un robot. Fue desarrollada por la empresa de Hong Kong, Hanson Robotics, para atender a pacientes de la tercera edad durante el confinamiento por Covid-19. Mientras por un lado se puede aplaudir este avance en la ciencia y tecnología, surgen otras inquietudes, como la brecha de género que va a fomentar la tecnología e Inteligencia Artificial (IA).
Mujeres: las más afectadas por la Inteligencia Artificial (IA)
En 2019, elFondo Monetario Internacional estimó que 26 millones de trabajos realizados por mujeres en 30 países están en riesgo de desaparecer en las próximas dos décadas como consecuencia de la llegada de las nuevas tecnologías.
Esto porque 11% de los empleos ocupados por mujeres están en riesgo de automatización, en comparación con 9% de los hombres. Además, compartieron que las mujeres con bajos niveles educativos y de mayor edad serán las más afectadas.
Aunque este estudio se realizó antes de la pandemia y “la fiebre del oro por la IA” en las empresas, la UNESCO cuenta con datos más recientes en su estudio “The Effects of AI in the lives of Women”, elaborado en 2022, en el que desarrollan sobre cómo va a afectar la IA en las vidas de las mujeres.
La primera barrera que destacan es en el uso. A nivel mundial, 48.3% de las mujeres tienen acceso a internet, en contraste con 55.2% de los hombres.
“Sabemos que las mujeres, en general, se sienten menos cómodas utilizando tecnología y tienen menos habilidades digitales por ello”, compartió Lucía Ortiz, doctora y académica por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en ética y gobernanza de Inteligencia Artificial.
El segundo problema que resalta el estudio es la falta de participación de las mujeres en el desarrollo de IA.
Al frente de las empresas de Inteligencia Artificial y robótica siguen siendo predominante la presencia de los hombres. Desde Sam Altman, en OpenAI, hasta David Hanson, en Hanson Robotics, la falta de liderazgo de mujeres en las empresas que desarrollan estas tecnologías es un problema que las afecta.
Por ejemplo, de acuerdo con el Global AI Talent Report, en 2019, solo 18% de las conferencias sobre IA eran llevadas a cabo por mujeres y más de 80% de profesores en IA son hombres.
“Si no tenemos políticas que incentiven a que las mujeres se formen en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), van a tener menos acceso a los trabajos del futuro”, compartió Ortiz.
La tercera barrera que resalta son los trabajos de cuidados y los estereotipos de género, algo que los sistemas de IA siguen reforzando. ¿Por qué Grace es enfermera y no enfermero? Por otro lado, la misma empresa que desarrolló a Grace, también desarrolló a Philip K Dick, un robot hombre “investigador”.
Cómo mitigar la brecha laboral de género por la IA
El mismo estudio de la UNESCO ofrece soluciones a estos problemas y, como casi en todos los casos, el primer paso es fomentar la educación, desarrollo e investigación de las mujeres en carreras STEM.
Por otro lado, la UNESCO también recomienda seguir considerando la complejidad contextual y cultural que los sistemas de IA tienen en diferentes contextos y países. “Los diversos mercados laborales, las economías, las culturas y las normas de género influyen en la forma en que las trabajadoras experimentan los sistemas de IA (…) Estas complejidades contextuales y culturales deben abordarse de manera sistemática al diseñar e implementar sistemas de IA o al establecer políticas y regulaciones relacionadas con la IA”, se lee en el texto.
A su vez, sugieren aprovechar enfoques de múltiples actores: “Gobiernos, empresas del sector privado, comunidades técnicas, deben abordar estos problemas y asumir la responsabilidad del impacto de las herramientas y sistemas de IA”.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del cuarto trimestre de 2022 había 58.34 millones de personas ocupadas en el país. De esa suma, 34.69 millones son hombres y 23.65 millones son mujeres. Este dato pone de inmediato de relieve las desigualdades que persisten en el acceso de las mujeres al empleo, respecto de sus contrapartes masculinas pues, en términos relativos, del total de la población económicamente activa (PEA) ocupada, 59.46% son hombres y 40.6% son mujeres.
Del total de personas ocupadas en el territorio nacional, hay 3.27 millones que no reciben ingresos por el trabajo que desarrollan. Son generalmente mujeres adultas o niños y niñas empleados en negocios familiares. De esa cantidad, en 1.55 millones de casos las trabajadoras son mujeres, es decir, el 47.5% del total, mientras que 1.71 millones son hombres, es decir, el 52.5% del total.
Según los datos del Inegi, habría, además, 17.91 millones de personas que perciben hasta un salario mínimo mensual; de ellos, 8.74 millones son hombres (48.8% del total); mientras que 9.17 millones son mujeres, es decir, representando el 40.6% de la fuerza laboral, en ellas se concentra el 51.2% de quienes perciben hasta un salario mínimo por su trabajo. En el siguiente rango laboral, que va de uno y hasta dos salarios mínimos, hay 19.77 millones de personas; de ellas, 12.7 millones son hombres (64.3%) y 7.067 millones son mujeres (35.7%).
En contraste, en los estratos más altos de ingreso laboral, el Inegi identificó que habría sólo 890,731 personas que ganan cinco o más salarios mínimos mensuales; siendo 640,811 hombres (71.9%), mientras que 249,920 son mujeres, es decir, apenas el 28.1% del total nacional.
Lo que estos datos muestran es que la pobreza laboral afecta mayoritariamente a las mujeres, pues siguen teniendo menos acceso al trabajo y, cuando lo pueden hacer, siguen teniendo acceso a los puestos de menor relevancia jerárquica y de prestigio social.
Si bien es cierto que esta cuestión está determinada por la estructura económica general del país, hay medidas que podrían contribuir a generar mayores condiciones para la efectiva garantía del derecho a la igualdad en el país; además de que, al ser medidas sustentadas en una perspectiva de derechos, tendría un impacto positivo directo en otros grupos de población.
Por ejemplo, transitar a un sistema educativo nacional de cobertura universal, con horario de tiempo completo. Es decir, que todas las escuelas del país, en todos los niveles educativos, recibieran a las niñas y niños a las 7 de la mañana, y tuviesen como horario de salida las 17:00 horas.
Esta sola medida permitiría conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar; permitiría abatir los inmensos rezagos que mantenemos en aprendizajes y metodologías de trabajo; se emplearía a centenares de miles de personas; se reduciría drásticamente la mortalidad infantil por accidentes y omisión de cuidados; podría erradicarse el trabajo infantil; pero, además, se erradicaría el hambre, se reduciría la obesidad infantil y podría pensarse en el inicio de la reversión de las tendencias de obesidad y sobrepeso, así como de enfermedad por diabetes e hipertensión arterial.
Los costos de un sistema así podrían compensarse con la reducción de los gastos en el sistema de salud, pues las enfermedades mencionadas, además de otros tipos de cáncer asociados a la malnutrición, constituyen la mayor carga financiera presente y futura para el sistema de salud.
Lo que es evidente es que no puede mantenerse esta estructura de desigualdades; y tampoco puede pensarse que es sólo mediante la transferencia de recursos o la elevación del valor del salario mínimo como se resolverá estructuralmente el problema. De tal manera que, quien sea la o el nuevo titular del Ejecutivo federal en 2024 tendrá que entender que transformar el país requiere de tiempo, recursos, pero, sobre todo, de una gran audacia e imaginación para transformar al gobierno para que pueda liderar la transformación que le urge al país.
La titular de esta comisión, Fabiola Alanís Sámano, informó que entregó un informe al gobernador de dicho estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde se muestra este incremento, por lo que estos municipios deben realizar acciones específicas en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad.
Los municipios donde aumentaron las violencias contra las mujeres son: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Valle de Santiago y Villagrán.
La comisionada Fabiola Alanís subrayó que, una vez entregado este informe, el gobierno del estado cuenta con seis meses para dar cumplimiento a las 20 propuestas, y con ello evaluar su cumplimiento.
Asimismo, la recomendación general es que las acciones deben realizarse en los 17 municipios y las autoridades responsables presentarán el plan de trabajo para su implementación, así como la realización de informes mensuales de avances que deben presentarse ante la sociedad guanajuatense.
En un acto realizado en la capital de la entidad, Alanís Sámano, destacó que lo anterior es resultado de la investigación de un grupo de trabajo integrado por tres académicas originarias de Guanajuato, una representante del gobierno del estado, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como de la Conavim de acuerdo a lo que dispone la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, dijo que se requieren modificaciones urgentes para atender esta problemática, las cuales incluyan ajustes a los marcos normativos para institucionalizar, fortalecer la prevención y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Cifras oficiales de las autoridades mexicanas muestran un incremento exponencial de eventos de niñas, adolescentes y mujeres migrantes extracontinentales entre 2011 y 2022.
Según las cifras oficiales, presentadas en Movilidades, análisis de la movilidad humana, elaborado por la Coordinación del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), la presencia de mujeres, niñas y adolescentes muestran un aumento; pues en 2011 había 391 eventos que involucraba a este grupo etario y la cifra pasó, el año pasado, a 24,006 de estos.
La cantidad total entre dicho lapso fue de 58,483, siendo el 2022 cuando más eventos de este tipo sucedieron con 24,006; detrás se ubicaron, el 2021 con 10,831 eventos; el 2019, con 7,176; el 2016, con 6,285 y el 2015 con 3,495 eventos. Esto muestra que tres de los cinco años con más casos se presentaron en la actual administración.
De esta cantidad total de eventos, 86% correspondió a mujeres adultas involucradas en los mismos; mientras que en 14% restante estuvieron involucradas niñas y adolescentes.
Composición
El lugar de donde provinieron el mayor número de casos fue de la zona de El Caribe con 46,003 eventos (78.7%). Luego estuvo África, con 7,342 eventos (12.6%); Asia, con 3,398 (5.8%); Europa, con 1,718 (2.9%), y Oceanía con 22 eventos (0.04%).
“De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se tiene evidencia de que los traficantes de personas utilizan aeropuertos en África para el tránsito de personas provenientes de Asia con destino a América del Sur”, se lee el informe.
También, el documento indica que uno de los motivos que pudo generar el cambio en la composición de los flujos irregulares, es que a partir de 2018 empezaron a llegar a México las conocidas como caravanas.
En cuanto a países, Cuba, Haití, República Democrática del Congo, Camerún, República Dominicana, Angola, India, China, Rusia y Ghana, son los 10 países con más eventos de este grupo migratorio extracontinental.
“Estos flujos se caracterizan por ser mixtos, lo cual quiere decir que se integran por personas que utilizan las mismas rutas y medios de transporte, pero por razones diferentes. En este sentido, quienes viajan como parte de movimientos mixtos tienen múltiples necesidades y perfiles, y pueden incluirse en ellos a solicitantes de refugio, personas objeto de trata (u otros delitos, como el tráfico ilícito), niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados y personas migrantes en situación irregular”, sostuvo la publicación.
En el documento elaborado por la dependencia de la Segob, se indica que desde 2013 se ha observado una tendencia al alza de personas provenientes de otras partes del mundo, pues pasaron de representar 3.4% del total en 2013 a 16% durante el año pasado.
El concepto extracontinental se refiere a las personas cuyo país de origen se encuentra en el Caribe o en cualquier otro continente que no sea el americano.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes la llamada Ley 3 de 3 contra agresores de mujeres y deudores del pago de pensiones alimentarias, la cual impide a personas en esta situación acceder a cargos públicos y de elección popular.
“En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público”, precisó la Cámara de Diputados.
La ley, que entra en vigor mañana martes, establece ahora la suspensión de derechos a los violentadores de mujeres y deudores alimentarios.
Esta legislación aplicará a cualquier persona que tenga una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, la violencia familiar, la violencia familiar equiparada o doméstica, la violación a la intimidad sexual, o la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades.
La ley también también establece requisitos específicos para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo la ciudadanía mexicana por nacimiento, el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, tener al menos 35 años cumplidos en el momento de la designación y no haber sido condenado por delito doloso.
Ahora, será dentro de los próximos 180 días naturales, cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas deban realizar los ajustes necesarios en sus Constituciones y legislación correspondiente para cumplir con los lineamientos establecidos en esta ley.
Aunque no existe un registro oficial de las personas que están en esta situación en México, se estima que hasta un total de 35 millones son consideradas deudoras alimentarias morosas, según organizaciones civiles como la Red Nacional de Deudores Alimentarios.
La ley se publica mientras México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas al día.
Sin que parezca siquiera percibirlas, las moscas atestan sus pies descalzos. Inmóviles, como el resto de sus piernas, permanecen apoyados en unas sandalias de plástico. Hace casi tres meses que ‘Carolina’, a sus 27 años, no tiene movilidad en sus extremidades inferiores. Un día, trabajando en el campo, la sorprendió un dolor en la cintura hasta que ya no pudo levantarse. Sin seguro social, su esposo y su papá siguen trabajando prácticamente para pagar las cuentas médicas.
‘Carolina’ y su familia nuclear viven en un cuarto de dos por dos metros, en el último rincón de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa —a unos 40 minutos de Mazatlán—. Adentro solo hay un colchón, utensilios de cocina y un par de arpillas con algunos productos del campo, más unas cuantas sillas. En un metro cuadrado más, sin techo, está el baño. ‘Carolina’ bebe un poco de té y caldo en silencio, y espera con resignación.
Por el cuarto, un arrendatario que vive en Mazatlán les cobra 2 mil 500 pesos al mes. La cuenta del doctor particular, que no dio un diagnóstico certero ni mejoró el estado de ‘Carolina’, llegó a más de 8 mil pesos. También hay que pagarle 100 pesos diarios a un policía de tránsito para llegar al sitio donde su esposo y su papá encuentran a un empleador diferente cada día.
En la región sur de Sinaloa, a diferencia de otras sindicaturas cercanas a Culiacán, como Villa Juárez y El Dorado, así es la dinámica para trabajar en el campo: de entrada por salida, cada día “cachar” la mejor oferta entre los empleadores que se congregan muy temprano en el estacionamiento de un supermercado a la entrada del poblado, con la única expectativa de llenar seis o siete arpillas —a 25 pesos cada una—. Si les va bien, ganan 200 pesos por la jornada.
“Estamos trabajando y estamos comprando medicamentos; es mucho dinero, se ha gastado mucho. Aquí casi cada quien trabaja por su cuenta nada más… los tres o cuatro meses que estemos aquí, nada más un día con un empleador y otro día con otro”, dice ‘Arturo’, esposo de ‘Carolina’, cuyos nombres han sido cambiados porque prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.
Después de un rato, ella se anima a participar brevemente en la conversación. Desde los 16 años conoció el trabajo en el campo migrando junto con su familia. Ahora que enfermó, lo que más le duele son los pies y todavía no puede levantarse sola; su esposo y su papá le ayudan. No tiene mucha fuerza e incluso siente calambres cuando quiere pararse. Cuenta que un día, después de llegar del campo, ya no pudo caminar bien.
Su papá relata que incluso han tenido que pedir dinero prestado, y eso solo para pagar las cuentas. A sus 62 años, ha trabajado desde los 15 en el campo. Vive en una casa a pocos metros de distancia, donde habitan cuatro adultos y tres niños, por la que pagan 3 mil 500 pesos mensuales. Igual que ‘Carolina’ y ‘Arturo’, además hay que pagar los servicios y la “cuota” del policía de tránsito. Un lunes, mientras casi anochece, su esposa cocina solo con leña al aire libre.
Esa es la “mejor” vida que la familia fue a buscar a Sinaloa cuando decidió migrar desde Lindavista, municipio de Tlapa, en la montaña guerrerense, porque “allá no hay nada qué hacer”, dice ‘Arturo’. La migración desde las comunidades de Guerrero es familiar —cada temporada o algunas veces de manera definitiva, viajan padres, madres e hijos juntos—, pero el papel de las mujeres ha permanecido invisible por décadas.
En México, 17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, del Inegi. En Estados Unidos, llegan a representar hasta el 32%, de acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) —el único que sobrevive y destinado solamente a migración internacional—, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Para trabajar fuera del país, también son solo un 3% las que acceden a las visas de los programas temporales para trabajar en EU que tienen las mejores condiciones. Aun así, cuando las circunstancias lo permiten, son ellas quienes sostienen el trabajo de cuidados, construyen comunidad en los lugares de destino e incluso han sido pioneras en denunciar las violencias y la discriminación que enfrentan en el campo.
“Ese proceso de feminización de la agricultura es muy diferente, una porque las mujeres no trabajan sus propias tierras sino las de los agricultores que las contratan, y otra porque a pesar de que ellas lo hacen y les gusta ese acercamiento con el campo, hay un cúmulo de violencias laborales que incluso en algún momento se normalizan”, explica Leonor Tereso Ramírez, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que trabaja con mujeres trabajadoras agrícolas en la sindicatura de Villa Juárez.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 46.1% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de manera no remunerada, mientras que de cada 100 productores, solo 17 mujeres son responsables de manejo y toma de decisiones en unidades de producción.
De acuerdo con la experiencia de Leonor, las mujeres que llegan a darse cuenta de la violencia no pueden hacer mucho frente a ella en contextos de precariedad laboral, que son mucho más complejos para quienes migran. Sin embargo, algunas han logrado levantar la voz incluso a nivel internacional.
Maritza denuncia discriminación en el marco del T-MEC
Maritza es la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presenta una queja en contra del gobierno de EU, en el marco del T-MEC, por la discriminación de género en contra de las mujeres migrantes en programas de migración laboral temporal. La inconformidad se origina en la negación de trabajos, la asignación de roles con salarios más bajos y la exposición a violencias en sus lugares de trabajo.
Maritza, originaria de Veracruz, ha trabajado desde que tenía nueve años en diferentes empleos: niñera, trabajadora del hogar, comerciante o cualquier otro que se presentara para obtener algo de dinero. El 27 de mayo de 2018 fue la primera vez que salió del país para trabajar en el campo de manera temporal en EU. Fue por sus amigas que habían ido antes que contempló la posibilidad.
“Era pesada la labor de trabajar en campo, pero como yo estaba acostumbrada porque también he trabajado en fábricas… Al principio, no fue tan malo porque realmente donde vivo luego hago ese tipo de actividades, pero allá iba consciente de que iba a ser como nos dijeron ahí: 10 veces más trabajo, pero también mejor remunerado, aunque después me di cuenta que no era cierto”, cuenta en entrevista.
Unos minutos después, confiesa que la experiencia fue horrible desde el momento que pisó los ranchos de Alabama y Florida. “Llegamos, bajamos las maletas y nos dijeron ‘súbanse al camión porque ya vamos a empezar a trabajar’, todas emocionadas porque íbamos a empezar a facturar, como dice Shakira, íbamos a empezar a ganar dinero, pero ahí algo como que se quebró en el momento en que, ya arriba del autobús para irnos al trabajo, se sube un señor”, recuerda.
En el transporte, el hombre se presentó y les dijo que desde ese momento él era su patrón y el dueño de su vida y de todo lo que tuvieran. En ese punto, Maritza pensó que había ido a trabajar pero no a que la hicieran sentir como esclava. “Prácticamente nos esclavizó; en mi caso, por más de cinco meses”, lamenta. Maritza cumplió casi seis allá, en los que el sueño americano muy pronto se volvió pesadilla.
No había equipo de protección personal para andar en surcos encharcados pizcando calabaza, chile morrón, tomate y pepino. Había compañeras de ella que, con los pies lastimados, no podían trabajar, y entonces tampoco les querían dar de comer. Trabajaban no de sol a sol, aclara Maritza, sino muchas veces desde antes de que saliera, y regresaban apenas para dormir, a las 10:00 u 11:00 de la noche. A veces, cumplían jornadas de hasta 12 o 15 horas.
Las camas donde dormían tampoco estaban en buenas condiciones. Había un solo baño portátil, que lavaban prácticamente una vez al mes, además de que solo podían usarlo entre 12:00 y 1:00 de la tarde, la hora de la comida, nunca antes. Aunque a las 6:00 de la mañana ya estaban trabajando, les llevaban agua casi hasta las 10:00. La comida era mala pero no podían dejarla, porque el empleador la cobraba a 4.26 dólares la consumieran o no.
Algunas veces, ni siquiera les pagaban completo el sueldo, incluso una quinta parte de lo que realmente habían ganado. Con frecuencia, no entendían los recibos por completo, por las abreviaturas y las palabras en inglés. Maritza ganaba entre 150 y 240 dólares a la semana; trabajaba de lunes a domingo y frente a cualquier inclemencia del tiempo, incluso cuando les tocó un huracán.
Además de los problemas generalizados, Maritza recuerda que los salarios no eran iguales para hombres y mujeres. A ellas les pagaban la caja o la cubeta de calabaza a 60 centavos, pero a los hombres se les llegaba a dar hasta un dólar. La intención de la queja, explica, ha sido pelear para que se vigilen las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos que los contratistas prometen en México.
Aunque con miedo, está convencida de hay que atreverse a denunciar cuando hay maltrato y discriminación. Estando allá, confiesa, también vivió acoso. “Lo único que me faltaba era que me violaran o me mataran, porque a ese grado llegó este señor, de llegar a amenazarme con nuestras familias aquí en México, con tal de que nosotras no dijéramos nada. Era trabajo forzado, no nos pagaban, no nos daban de comer; de todo lo malo, imagínese lo peor”, dice Maritza.
A lo largo de su vida, ha vivido situaciones que, luego de callar, han terminado repitiéndose. En EU, un día finalmente pensó: “Esto no es normal”. “Yo sabía que iba a una chinga y a una friega, pero que por lo menos me la iban a pagar en 800 dólares a la semana… Hubo veces en que no pagaban; yo, a pesar de no haber tenido experiencia de lleno en el campo, me convertí en una de las mejores empacadoras y sembradoras”, cuenta.
Cuando tomó la decisión de ir al trabajo temporal en EU, fue porque las oportunidades laborales en su entidad eran muy mal remuneradas. La posibilidad de hacer un trabajo pesado pero transitar de pesos mexicanos a dólares fue una de sus principales motivaciones, pero la experiencia terminó definitivamente con cualquier ánimo de volver. De regreso en Veracruz, ahora se dedica a su hogar y al comercio.
“Llegamos a renunciar también, para que nos regresaran a México, y no nos aceptó la renuncia, nos dijo que no. Entonces, ya prácticamente a partir de ahí si ya estabas esclavizada, date por enterada que realmente estás en esas condiciones. Cuando una amiga me dijo que tenía un número (para denunciar), me acordé que estando en Matamoros, un señor me dio unos trípticos y me dijo que llevara un diario de todo lo que viviera, y eso hice. Cuando me decido a hablar, con miedo, es porque ya no aguantaba la situación”, relata Maritza.
Aunque inicialmente esa llamada quedó en un número de folio, después se convirtió en la queja que aún está a la espera de alguna respuesta. El documento describe que a las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola en EU, solo alcanzan un 3% de las visas H2A.
“La exclusión y discriminación son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2 son con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B, que no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita o servicios legales financiados con fondos federales”, denuncia la queja.
Desde 2016, el Centro de los Derechos del Migrante, a partir de la documentación de años de discriminación hacia mujeres migrantes en programas de trabajo temporal —que se extiende a todas las industrias y tipos de visa—, había presentado una queja en el marco del TLCAN. Por mucho tiempo no hubo respuesta, sino hasta un día antes de que entrara en vigor el T-MEC, y era solo un reporte que afirmaba que el gobierno estadounidense contaba con medidas para protegerlas de la discriminación.
Ese fue el impulso para presentar la queja que hoy sigue vigente. A diferencia del tratado anterior, ahora el tema laboral está incorporado dentro del T-MEC, y se menciona explícitamente la protección de personas trabajadoras migrantes y los derechos de las mujeres. Su importancia radica en que es un antecedente para establecer que el tema se está tratando con la seriedad con la que ambos gobiernos han prometido que se va a tratar, explica Evy Peña, directora de campañas del CDM.
Los hijos sepultados en el campo que no se cuentan
De vuelta en el campo mexicano, además de las mismas y peores condiciones y carencias que viven en EU, las trabajadoras agrícolas se enfrentan también a la posibilidad de que sus hijos mueran por enfermedad o accidente. Los recientes casos de 11 menores de edad hospitalizados y siete fallecidos en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, son solo la cara más visible de un fenómeno que con frecuencia queda oculto.
En Villa Unión, Mazatlán, los propios trabajadores han sabido de cuatro niños que fallecieron de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que solo se identifican por el vómito y la diarrea. Uno de ellos es el nieto de ‘Arturo’. Un día ya no pudo respirar bien. Según cuenta su abuelo, lo atendieron primero en Villa Unión y después lo llevaron a Mazatlán; más tarde, incluso a Culiacán. “No pudieron hacer nada”, lamenta.
‘Arturo’ lo llevó de regreso a Villa Unión —cuando no tenía dinero ni para trasladarlo—, solo para enfrentar el problema de encontrar un lugar para enterrarlo y poder asumir el costo. Llevarlo de regreso a Guerrero era un gasto aún más alto. Por menos de un metro, pagó cerca de 3 mil pesos para enterrarlo en Sinaloa, a unos kilómetros del cuarto que renta con ‘Carolina’ temporalmente. El bebé de siete meses falleció en febrero.
“Por la enfermedad y porque lo operaron, le pusieron la manguera aquí —señala su cuello— y le dieron una inyección de 24 horas para revivirlo; no pudieron y ahí se fue”, dice ‘Arturo’. Es el segundo bebé que se le muere a su hijo de 21 años: el año pasado, otro de apenas un mes falleció, por enfermedad, en un campo en Río Florido, Zacatecas, a donde también han ido a trabajar temporalmente.
A finales de abril de este año, en la zona de El Dorado, a unos 30 minutos de Culiacán, en las viviendas que están en el interior de uno de los campos, una niña enfermó y falleció más tarde en el hospital. En ese mismo lugar, varios menores de edad han padecido diarrea y vómito —representantes de la empresa y trabajadores asumen que se trata de un rotavirus—, mientras que otra permanece hospitalizada. Ahí al menos hay seguro social.
En otros casos, aunque los niños supuestamente ya no trabajan, mueren en las conocidas como “cuarterías”, conjuntos de pequeños cuartos de dos por dos metros; en cada cuarto, una familia completa. La mayoría tiene apenas un colchón, algunos utensilios de cocina con una pequeña parrilla y, a veces, una televisión. De Guasave al Dorado y a Villa Unión, el problema es que están ubicadas fuera de los campos y pertenecen a particulares.
Autoridades del trabajo en Culiacán han admitido que la falta de regulación y el vacío de responsabilidad son un problema para evitar el fallecimiento de niños. Hasta ahora, tampoco estas tienen atribuciones para tomar medidas en esos lugares de vivienda. Dicen tener la expectativa puesta en que un posible acuerdo previsto para los próximos meses entre los gobiernos de Guerrero y Sinaloa pueda cambiar los marcos regulatorios.
Un lunes a finales de marzo, en Tlapa, corazón de la montaña guerrerense, Paulino Rodríguez Reyes habla sobre su labor de atención y acompañamiento a la población jornalera agrícola que migra de un estado a otro, y a otros países, en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Acaba de colgar una llamada con ‘Arturo’. Adelanta la historia del fallecimiento de su nieto y la imposibilidad de trasladarlo para sepultarlo en Tlapa, que él confirmaría después de viva voz en Sinaloa.
Otro niño —dice— falleció también apenas un día antes de la conversación. En suma, de enero a marzo, Tlachinollan registró tres muertes infantiles. “Sobre todo ha estado sucediendo en esas zonas agrícolas, donde la familia llega a un lugar donde no hay guardería, albergue para las niñas y niños, tienen que rentar las casas particulares en malas condiciones, y tienen que llevar a sus hijas y a sus hijos a los surcos porque no hay dónde dejarlos; esa es una de las situaciones que hemos documentado que es constante”, señala.
Hace un año, la organización también registró varios casos por homicidio en zonas agrícolas —principalmente donde se paga al día, con diferentes empleadores— de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, donde además opera el crimen organizado. El Estado debería garantizar los derechos laborales y la seguridad, subraya Paulino; cuando no lo hace, los dueños de las empresas abusan y explotan a las familias jornaleras, y ofertan condiciones que, ya estando en el terreno, resultan distintas.
Nada habla más de la impunidad de años en el fallecimiento de menores de edad que la historia de don Cruz y Agustina, originarios de Ayotzinapa, municipio de Tlapa. Ahora de 68 y 61 años, respectivamente, trabajaron por más de 20 en el campo. Hoy viven de manera definitiva en una casa de dos niveles en su comunidad de origen. Están sentados uno a cada lado de la ventana en el segundo piso; Agustina teje sombreros de paja, mientras don Cruz recuerda de manera pausada la historia que marcó a su familia 16 años atrás.
Cuando empezaron a migrar a Sinaloa, su hijo Silvestre apenas gateaba; ahora tiene 23 años. Comenzaron en el corte de tomate, pepino y chile morrón, principalmente. El 6 de enero de 2007, llevaban también a su hijo David, de nueve años. Andaba con ellos recolectando jitomate en los surcos, porque en ese tiempo, “si aguantaban el balde, le entraban al trabajo”. Tropezó y el chofer de un tractor lo atropelló y falleció ahí mismo.
Al principio, la solución de la empresa fue que la pareja regresara a sepultar a su hijo en su comunidad de origen, incluso los llevaron. Les ofrecieron regresar una vez que levantaran la cruz. Estuvieron poco más de una semana en Ayotzinapa despidiéndose del niño, fueron de nuevo a Sinaloa y la empresa los volvió a regresar.
Después, aun con miedo, decidieron demandar. Por un tiempo, don Cruz siguió migrando, pero en otra empresa, la de “los chinos”, como se le conoce a Buen Año. Aquella donde ocurrió el accidente nunca reconoció los errores del chofer. Con el tiempo, don Cruz y Agustina llegaron a tener siete hijos, y cada vez era más difícil llevarlos a todos a la temporada agrícola. Tampoco había con quién dejarlos, así que ella decidió quedarse en su comunidad.
A sus gemelos más pequeños, de 14 años, prefirió meterlos a la escuela para darles otras posibilidades lejos del campo. “Ahorita no saben qué es el trabajo a donde van los jornaleros, no saben porque no han ido. Ellos no saben cómo se trabaja allá, cómo está allá en Sinaloa, cómo se sufre o qué es lo que hacen en el campo. Ellos no saben, nunca han ido, están estudiando”, dice Agustina.
El resto de sus hijos sigue yendo a Guanajuato y Sinaloa, por temporadas o de manera más definitiva. “Yo quisiera que no fueran, pero la cosa es que aquí no hay trabajo; uno tiene hijos y para salir adelante tiene que ir a trabajar porque aquí no hay. Ellos todavía tienen valor, y ganas, y están bien sanos”, dice Agustina. A ella y a su esposo, además, ya no los aceptarían por la edad.
En Ayotzinapa, siembran para su propia familia, pero no ganan nada. En tiempos más secos, Agustina teje los sombreros, pero advierte que no salen dos docenas por día, sino una o dos unidades. En su casa viven mejor. Uno de los aspectos que más recuerdan del campo es el hacinamiento de las familias en las viviendas. De la demanda, nunca supieron nada más. La empresa primero ofreció dinero, pero lo que ellos querían era el reconocimiento y la sanción de los hechos.
Agustina le dice ahora a sus hijos gemelos: “Ustedes estudien, porque no creas que vas a ir allá (al campo) y no vas a trabajar, allá vas a sufrir porque desde temprano, a las 4:00 de la mañana, te tienes que levantar, y a estas horas no tienes tu salida, hasta las 7:00, 8:00 de la noche apenas, sol a sol. Ahora para que vayas y vengas, ya es noche; allá tienes que trabajar para que tengas, allá se sufre más, ustedes sabrán”.
Para Margarita Nemesio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), esas historias de vida marcan, pero también reflejan la fuerza de las mujeres al tomar decisiones como la de Agustina: “Ahora ellos son los que toman la batuta, de alguna manera moderada, en su comunidad… Es muy importante cómo se construye el tejido a partir de esas decisiones, pero también de vivencias que les han hecho enfrentar cosas que a veces son impensables, y que marcan, sobre todo cuando la justicia nunca les llegó”.
Las mujeres que viven dificultades y violencias en el campo, cargando además con las tareas de cuidado y la búsqueda de justicia, lo hacen en un contexto general en el que los programas sociales destinados a este sector benefician a pocos trabajadores agrícolas —y a muchas menos cuando se trata de ellas—, las autoridades no verifican las condiciones laborales de las empresas y el abandono de sus comunidades de origen se perpetúa desde hace décadas.
Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.
El objetivo es mostrar al público visitante los diferentes temas desde la construcción social y de identidades
La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), llevaron a cabo la visita guiada con enfoque de género, donde se abordaron tres obras de la colección desde la temática Género e identidad.
El recorrido estuvo a cargo de Elizabeth Trejo, del área Munal + Educa, y de los expositores Erick Ramos Lara y Sergio Campos Cruz, quienes durante la visita explicaron las obras: Dos mujeres en ocre y rojo, de Manuel Rodríguez; Retrato de María Asúnsolo en rosa, de Juan Soriano, y Autorretrato, de Abraham Ángel, con las cuales se abordaron temas como identidad, género, construcción social, mujeres, desigualdad, poder y superioridad a partir de la construcción de identidades.
En la pieza de Manuel Rodríguez los expositores invitaron al público a apreciar la obra, en la cual se observa a dos mujeres con rasgos indígenas, cuya vestimenta es en tonos claros, además se encuentran en un entorno de clima cálido.
Señalaron, a manera de análisis, que la población indígena está sujeta a una considerable pobreza, la falta de tierra, la desnutrición y desplazamiento dentro de la sociedad. Las mujeres afrontan múltiples formas de discriminación debido a su cultura, clase y género.
En ese sentido, expresaron que la construcción de identidades viene muchas veces desde una mirada masculina, por ejemplo, en el cuadro Retrato deMaría Asúnsolo en rosa, realizado en 1942, se percibe un rostro severo e incluso arrogante y los colores más vibrantes de la pintura son los tonos rosas que abarcan desde la pared hasta la vestimenta, destacando su imagen.
Por lo que respecta al Autorretrato de Abraham Ángel, realizado en 1923, coincidieron que se refleja frescura en su obra, existe un encanto tímido e inocente, es un personaje de tez morena, rasgos indígenas, cabello abundante y labios gruesos.
El recorrido y la introducción de bienvenida permitieron a los visitantes poco a poco interactuar con los expositores, quienes con preguntas y anécdotas de las obras explicaron los conceptos de género e identidad.
El Colectivo 10 de Marzo lanzó un llamado a los líderes de los cárteles mexicanos para establecer un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz.
Por medio de un documento, piden que la desaparición de personas sea eliminada del territorio nacional tanto por particulares, como por las fuerzas armadas, por lo que piden ayuda y colaboración, de los grupos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Del Golfo, Del Nortes, Zetas, Vieja Escuela, Los Salazar, Ciudad Juárez, Tijuana, Beltrán Leyva, Caballeros Michoacanos y Caballeros Templarios.
Delia Quiroa Flores, titular del Colectivo Diez de Marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, por medio de un video en redes sociales, denunció que las personas desaparecidas en el país son imposibles de contabilizar y aunque la Comisión Nacional de Búsqueda estima que son 110 mil 673 personas, ellas estiman que esa cifra es tres veces mayor.
«Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen, vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada y es por lo que necesitamos de su ayuda y colaboración. El día de hoy, yo, Delia hermana de Roberto desaparecido el 10 de Marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas, he decidido hablarles directamente mediante este documento y recordarles su origen y que de ser posible, lleguemos a un acuerdo de paz y erradicación de la desaparición forzada de personas».
Quiroa expresa que los líderes e integrantes del narcotráfico, tienen toda una cultura en México, son famosos en el mundo por su forma de ser y que eran vistos como héroes del pueblo porque enfrentaron los abusos de autoridad.
«A lo largo de mi vida entre Sinaloa y Tamaulipas, fui testigo de que muchos, sino es que la gran mayoría de ustedes ingresan a la actividad del narcotráfico por el hambre, la discriminación y la falta de oportunidades que les impide salir adelante y ser personas de bien ante la sociedad. Nuestras autoridades se han empecinado en actuar de forma omisa y negligente hacia el pueblo mexicano, su atención se centra en crear empresas con prestanombres para simular servicios, pero es una cortina de humo para robar. Ustedes pueden contribuir a que pare la violencia para evitar que sigan echándole la culpa a ustedes, cuando fue el Gobierno quien infectó a los cárteles con la práctica de la desaparición forzada al vender los 37 Gafes al Cartel del Golfo en tiempos de Oziel Cárdenas», destaca la activista.
Asegura Delia Quiroa Flores que el Gobierno en sus abusos de autoridad en cateos y detenciones, los ha obligado a exhibir su fuerza de fuego y combate, pero también ha utilizado esto para justificar una guerra que no debería existir en México.
«¿Qué ganan con matarse entre ustedes cuando es bien sabido que la unión hace la fuerza? Ustedes como muchos mexicanos y mexicanas rinden culto a sus madres, hemos visto que el 10 de mayo dan obsequios a madres de escasos recursos que ni conocen, pues en este sentido, todos en México rendimos culto a nuestros muertos cada 2 de noviembre y que quienes tenemos un desaparecido no podemos practicar. Lo único que queremos es saber qué le pasó a nuestros familiares y en caso que hayan fallecido, tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida».
Por todo lo anterior refiere, les propone la firma de un pacto para que exista una reconciliación social para detener las desapariciones, por lo que pide a los líderes de los cárteles, subir un video con el pacto impreso y firmado a redes sociales con lo cual se comprometen a dar un sepulcro digno para personas fallecidas para erradicar la desaparición de personas en México, respetar la vida y el libre tránsito de las madres, familiares y colectivos de víctimas durante la búsqueda de sus familiares en cualquier parte del territorio, así como el cese a los conflictos armados a menos que sea en el ejercicio del uso del derecho constitucional a la legítima defensa.
Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, con el objetivo de reafirmar el derecho a la salud de las mujeres como derecho humano. Se trata de sensibilizar sobre el cuidado y la protección de la salud, el derecho a vivir una vida digna con igualdad de oportunidades y sin violencias.
¿Cuál es el origen del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer?
“Mayo 28 ha sido conmemorado por activistas defensoras de la salud y los derechos de las mujeres desde 1987, cuando durante la Conferencia Internacional de la Salud de las Mujeres en Costa Rica, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) propuso establecer el 28 de mayo de cada año como el Día Internacional de Acción para la Salud de la Mujer. Liderando el movimiento, la RSMLAC tomó la responsabilidad de promover y coordinar las acciones regionales en torno al día desde ese entonces”, indica el sitio web oficial de Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
“Esto implica el resguardo de la salud de la mujer de forma integral a lo largo de toda su vida; implica gozar del óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar”, agrega.
Las mujeres científicas y en la academia por fin están obteniendo lo que les corresponde. La clave para las vacunas de ARNm —que ayudaron a llevar las vacunas de covid-19 al mercado con tanta rapidez— provino del laboratorio de Katalin Karikó, de 65 años. Rochelle Walensky dirige los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y este otoño, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y seis de las ocho universidades de la Ivy League estarán dirigidas por mujeres presidentas.
Si bien las oportunidades para las mujeres en la academia y las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) tienen un largo camino por recorrer, la situación ha mejorado significativamente, y eso es el resultado de un esfuerzo grupal sin precedentes de 16 mujeres, miembros de la facultad del MIT, para generar cambio.
CORREGIR LA BRECHA DE GÉNERO
Su labor resultó en una admisión revolucionaria por parte de la escuela de un patrón de marginación de su cuerpo docente femenino, en 1999. Como resultado del reporte, las filas de mujeres docentes titulares en el MIT aumentaron significativamente: las universidades de todo el país comenzaron a corregir la brecha de género en los salarios, que muchos llamaron “aumentos de Nancy Hopkins” en honor a la lideresa del grupo del MIT.
El programa ADVANCE de la Fundación Nacional de Ciencias invirtió 365 millones de dólares durante los siguientes 25 años en todo el país para establecer programas para identificar y abordar las disparidades de género, así como muchas otras desigualdades. La historia de Nancy Hopkins y cómo ella y sus 15 colegas lucharon por un trato justo se cuenta en The Exceptions (publicado por Scribner en febrero), de la periodista ganadora del premio Pulitzer Kate Zernike. En el siguiente extracto de su libro, Zernike comparte el origen de cómo acabó investigando este triunfo.
16 MUJERES CIENTÍFICAS EN LUCHA
En marzo de 1999, una historia en la primera plana del periódico Boston Sunday Globe informó que el Instituto de Tecnología de Massachusetts había reconocido la prolongada discriminación contra las mujeres en su facultad de ciencias. Fue “una admisión extraordinaria”, como lo llamó un artículo en la portada de The New York Times dos días después, para cuando la noticia ya había viajado por todo el mundo por radio, televisión y un frenesí de correos electrónicos entre mujeres científicas que hacía tiempo que sabían que no se les valoraba tanto como a los hombres, pero solo hablaban de ello entre ellas, si acaso.
Y, ahora, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, sinónimo de excelencia científica. La discriminación no ocurrió en una era oscura, sino en la década de 1990, el amanecer de un nuevo milenio, décadas después de que la legislación y el movimiento feminista abrieran las puertas a la oportunidad.
La mayoría de las mujeres que comenzaban sus carreras en ese momento no pensaron que los prejuicios las bloquearían. Las mujeres que se quejaron de discriminación generalmente terminaban en el callejón sin salida de “su palabra contra la de un hombre”. Ahora, el presidente del MIT estaba diciendo que la discriminación era verdadera.
Esa admisión se produjo no por una demanda o denuncia formal, sino por el esfuerzo de 16 mujeres que comenzaron como desconocidas, trabajando en secreto, y recopilaron su caso tan metódicamente —como las mujeres científicas que eran— que el MIT no pudo ignorarlas.
UN CAMBIO DE CLIMA
También contravinieron las suposiciones habituales sobre por qué había tan pocas mujeres en ciencias y matemáticas y desataron un ajuste de cuentas, ya que otras universidades, organizaciones filantrópicas y agencias gubernamentales se apresuraron a abordar el sesgo y las disparidades que habían puesto en desventaja a las mujeres durante décadas. “Un cambio de clima en toda la academia”, como lo llamó un astrónomo del Instituto de Tecnología de California, Caltech.
Yo fui la reportera que escribió la historia en el Globe. Me di cuenta de que podría resonar —aunque no podía predecir cuánto— gracias a mi padre, un físico que llegó a Estados Unidos en 1956 para trabajar en una pequeña empresa de ingeniería en Cambridge llena de graduados y consultores del MIT.
Mis padres se mudaron antes de que yo naciera, pero mi papá me visitaba a menudo en Boston cuando se dirigía a ver a sus colaboradores en el Laboratorio Lincoln, un centro de investigación del MIT, y me sugirió que investigara el trabajo que una física llamada Millie Dresselhaus en MIT —conocida como la “Reina del Carbono”— estaba haciendo para alentar a más mujeres a ingresar en la profesión.
Lo ignoré, hasta que escuché acerca de las mujeres en el MIT. Me hicieron pensar en mi madre, que tenía más o menos la misma edad que la mayor de ellas. Mi madre quería ir a la facultad de derecho cuando se graduó de la universidad, en 1954, pero su padre encuestó a sus amigos abogados en Toronto y le dijo que nadie la contrataría.
“TAN INTELIGENTES COMO LOS NIÑOS”
Así que, en lugar de eso, fue a la escuela de negocios, cerca del MIT, y se inscribió en el Programa de Administración de Empresas Harvard-Radcliffe, que era la única forma en la que las mujeres podían asistir a la Escuela de Negocios de Harvard. Ese año, The Wall Street Journal informó sobre el programa en la columna central de su portada, reservada para reportajes poco convencionales o “ligeros”. Citó a líderes empresariales que se maravillaban de que las niñas Radcliffe fueran “tan inteligentes como los niños”, pero lamentaban que “demasiadas se casaran muy pronto”. (“Son demasiado guapas, tienen la edad justa y en el banco hay demasiados hombres”).
Mi madre trabajó en un banco después de terminar, renunció para casarse y crio a tres hijos, pero siempre lamentó no haber ido a la facultad de derecho. Su decisión de ir cuando yo tenía siete años (yo fui la menor de sus tres hijos) se convirtió en el evento que definió mi infancia. Investigó asistir a Yale, donde un hombre le dijo: “No dejaría que mi esposa fuera a la facultad de derecho”. En cambio, terminó en la Universidad Pace.
Uno o dos años después de graduarse, estaba en la biblioteca de derecho allí y decidió buscarse en el directorio de exalumnos de Harvard. Encontró su nombre seguido de una serie de siglas: BA, MBA, JD, W/M. Al no reconocer las últimas, fue a la clave y descubrió que era “esposa y madre” (según sus siglas en inglés).
Harry Zernike, autora del libro ‘The Exceptions’. (Especial)
¡W DIAGONAL M!
En ese entonces mi madre viajaba tres horas al día a su trabajo en un bufete de abogados en el sur de Manhattan y todavía preparaba la cena la mayoría de las noches. Yo tenía unos 12 años y no entendía del todo su furia cuando salió corriendo de la biblioteca de derecho, donde yo estaba sentada en los escalones.
Condujo a casa despotricando: “¡W diagonal M! ¿W diagonal M?” Con el tiempo se convirtió en una broma familiar. Pero no puedo decir que comprendía, incluso cuando comencé mi propia carrera en Boston. Al otro lado del río, Cambridge ya no era la ciudad donde mis padres tenían su primer departamento; ahora eran los restaurantes elegantes y los precios inmobiliarios fuera de alcance. Veinticinco años después de la coeducación, supuse que la experiencia de mi madre estaba en el pasado.
Las mujeres del MIT me hicieron ver que no lo era, al menos no en la ciencia. Habían identificado la nueva forma de discriminación de género, más sutil, pero todavía omnipresente. Me impresionó su ingenio y cómo habían ilustrado a los hombres que dirigían la universidad.
Su experiencia se convirtió en un parámetro de cómo pensar sobre mi propia vida y las preguntas y debates sobre las mujeres sobre los que escribiría. Con el tiempo, lo que las mujeres del MIT habían descrito empezó a parecer menos lejano, más relevante. Mucho había cambiado.
MÁS PRAGMÁTICAS QUE REVOLUCIONARIAS
Entonces, como ahora, vi la historia como una de notable persistencia y valentía por parte de 16 mujeres que no se consideraban activistas. Dirigidas por una feminista reticente, eran más pragmáticas que revolucionarias. No estaban interesadas en la publicidad; solo querían seguir con su trabajo.
Mientras exploraba su historia, y la historia de las mujeres en la ciencia antes y después de ellas, la palabra que seguía apareciendo, en diferentes conjugaciones, era “excepción”. Las mujeres que tenían éxito en la ciencia eran llamadas excepcionales, como si fuera inusual que fueran tan brillantes.
Fueron excepcionales no porque pudieran tener éxito en la ciencia, sino por todo lo que lograron a pesar de los obstáculos. Muchas habían superado la discriminación durante años al excusar situaciones o incidentes particulares como excepcionales, explicados no por los prejuicios, sino por las circunstancias. No fue sino hasta que se juntaron que las mujeres del MIT vieron el patrón. Ese reconocimiento por sí solo las hizo excepcionales también.
Conocí a Nancy Hopkins, la bióloga molecular que llegó a liderarlas, por 20 años antes de darme cuenta de que había comenzado su vida como Nancy Doe. Como John Doe o Jane Doe, la mujer común y corriente cuyo ejemplo cuenta la historia más grande. La excepción que probó la regla.
—¿Por qué escribir el libro The Exceptions? ¿Por qué ahora?
—Empecé a pensar en hacer este libro en enero de 2018, justo cuando estaba surgiendo el movimiento #MeToo. Esos casos atroces me hicieron reflexionar sobre el tipo de discriminación del que hablaron las mujeres del MIT en 1999: las formas sutiles en las que se margina a las mujeres en el lugar de trabajo, especialmente a medida que envejecen. Creo que es más generalizado y más insidioso. La gran idea de las mujeres del MIT fue que no bastaba con abrir las puertas a las mujeres, había que asegurarse de valorarlas y tratarlas por igual en sus carreras.
“Me llamó la atención que los problemas que enfrentan las mujeres en la ciencia plasman el problema más general, que es que todavía no tomamos a las mujeres tan en serio en ambientes intelectuales y profesionales. Esta historia es aún más relevante ahora, ya que el país nuevamente debate sobre si aún necesitamos una acción afirmativa. Estas mujeres confiaban en que la ciencia, con su énfasis en datos y hechos, sería una meritocracia pura. Descubrieron que no existe tal cosa”.
La historia de Nancy Hopkins y cómo ella y sus 15 colegas lucharon por un trato justo se cuenta en esta obra. (Scribner)
“AHORA LA UNIVERSIDAD ESTÁ DIRIGIDA POR MUJERES”
—Los esfuerzos de Nancy Hopkins y sus colegas condujeron a avances en las ciencias académicas. ¿Esto se tradujo a otras áreas de la academia y, más ampliamente, a carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)?
—Cuando salió el Informe del MIT, nunca había habido una sola jefa de departamento en el MIT. Ahora la universidad está dirigida por mujeres, desde el consejo de administración hasta la oficina del presidente y el decano de ciencias. (También lo es el estado de Massachusetts y la ciudad de Boston). Había una presidenta de la Ivy League en ese momento. Este otoño, seis de esas ocho instituciones estarán dirigidas por mujeres. Ese es un subconjunto pequeño y de élite, pero esas universidades pueden marcar tendencias.
“Hay otros cambios sutiles: cuando las mujeres del MIT comenzaron a investigar el problema, ninguna profesora tomaba licencia por maternidad debido al estigma. Ahora, las mujeres científicas en muchos campus dicen que ya no es la excepción ver a sus colegas dejar a sus hijos en las guarderías del campus (muchas de las cuales no existían en 1999). Es usual que las universidades pausen el reloj de las plazas académicas permanentes para las mujeres (y hombres) cuando tienen hijos. El presidente de la Academia Nacional de Ciencias y los tres principales asesores científicos del presidente Biden son mujeres, al igual que las personas que lideraron el desarrollo de vacunas mientras el mundo luchaba contra la pandemia de covid-19.
“Aún así, muy pocas mujeres ganan premios Nobel en ciencia, lo que nos recuerda que tenemos un largo camino por recorrer para apoyar y valorar las contribuciones de las mujeres”.
“LAS MUJERES TODAVÍA GANAN MENOS”
—Dada la disparidad salarial entre mujeres y hombres en trabajos STEM hoy en día, ¿qué tan importante fue el grupo del MIT? ¿Cuál es el siguiente paso?
—En la mayoría de los campos las mujeres todavía ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Cambiar eso no puede recaer en un grupo de mujeres en una universidad, depende de los hombres y mujeres que lideran empresas y universidades. Las mujeres del MIT ni siquiera pensaron que el informe sería leído más allá de su propio campus.
“Pero la publicidad en torno a su historia llevó a otras universidades a realizar auditorías similares. También llevó a la Fundación Nacional de Ciencias a establecer un programa que aborda el trato diferencial en las asignaciones docentes, la concesión de subvenciones y el sesgo en la contratación.
“La tasa de deserción de mujeres en las escuelas de ciencias e ingeniería sigue siendo desproporcionadamente alta. Y un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, en 2018, encontró que aproximadamente la mitad de todas las mujeres en esas facultades experimentan acoso sexual. Un pequeño porcentaje de esos casos involucró coerción sexual. El mayor problema, por mucho, era lo que las mujeres del MIT habían identificado, lo que el informe llamó ‘acoso de género’.
“Son las críticas sexistas sobre las mujeres en la ciencia, los comentarios vulgares que tienen el efecto de hacer que las mujeres sientan que no son bienvenidas en estos entornos. Esto es especialmente cierto para las mujeres que están doblemente marginadas: mujeres de color, mujeres lesbianas o aquellas que tradicionalmente consideramos masculinas en apariencia o comportamiento”.
“Tenemos un largo camino por recorrer para apoyar y valorar las contribuciones de las mujeres”. (Especial)
IDEAS DEL SIGLO PASADO
—Cuando el entonces presidente de Harvard, Larry Summers, comentó sobre los “problemas de aptitud intrínseca” de las mujeres, desató otra tormenta de debate sobre el tema. ¿El éxito de las mujeres en el campo sigue siendo visto como “una excepción” para muchos?
—Seguí esa historia bastante de cerca en 2005, pero todavía me sorprendió cuando volví a ver la avalancha de artículos defendiendo a Larry Summers en ese momento, aún a pesar de que había mucha investigación para refutar lo que dijo. Algunas de sus ideas, no solo que las mujeres carecían de aptitudes intrínsecas, sino que no querían trabajar 80 horas a la semana, existen desde principios del siglo pasado.
“Creo que ahora hay más conciencia. El libro Las excepciones también se refiere a la manera en que estas mujeres justificaban las pequeñas formas en las que eran discriminadas; asumían que tenía que ver con circunstancias particulares, o se culpaban a sí mismas. Creo que ahora entendemos mejor el sesgo sistémico”.
—El informe de Nancy nunca se ha hecho público. ¿Por qué? ¿Crees que la información que contiene podría ayudar a la causa de las mujeres actuales y futuras que buscan romper el techo de cristal?
—El MIT no publicó el informe completo porque contenía historias de o sobre profesoras que fueron contadas con la promesa de confidencialidad. No podrías hacer anónimas esas historias; incluso decir “un miembro de la facultad júnior en matemáticas” identificaría a la mujer porque solo había una o dos. Las historias están en el libro, y creo que ilustran las creencias y patrones contra los que las mujeres todavía tienen que trabajar, los riesgos que deben evitar.
“NO HACEMOS NADA”
—¿Qué fue lo más sorprendente que aprendiste al investigar este libro?
—No debería sorprenderme a mí, ni a nosotros, pero recordé cuánto tiempo hemos estado hablando de los mismos problemas, e incluso buscando soluciones, pero sin hacer nada. La Comisión de Mujeres del presidente Kennedy en 1963 recomendó la licencia de maternidad remunerada; se necesitaron décadas para conseguirlo.
“La investigación en la década de 1970 mostró que todos nosotros, mujeres y hombres, valoramos menos el mismo currículum si tiene el nombre de una mujer en lugar del de un hombre. Me recordó que cada generación piensa que ha resuelto el problema, tan solo para que la siguiente generación lo descubra de nuevo”.
—¿Cuál es la clave para brindar igualdad de oportunidades a niñas y mujeres en las ciencias?
—Cambiar las actitudes es clave, mientras que las instituciones contratan y hablamos sobre quién está haciendo el trabajo más importante en la ciencia. ¿En quién pensamos cuando escuchamos la palabra “genio”? Las investigaciones nos muestran que tienden a ser hombres.
“En el MIT, la Escuela de Ingeniería tuvo un éxito notable al contratar a más mujeres después de este reporte, debido a que un decano se negó a aceptar, cuando los comités de búsqueda regresaban —como tantas veces lo habían hecho— diciendo que no había ninguna mujer calificada para contratar. Él dijo: busquen mejor”. N
(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek).
