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Google Research, la división de investigaciones del gigante tecnológico, realizó un estudio donde aplicó tecnología para medir la disparidad entre hombres y mujeres en las transmisiones de televisión.

Para realizar la investigación, que se hizo en conjunto con la organización de balance de género en la industria del entretenimiento Geena Davis Institute, los investigadores aplicaron una revisión a 440 horas de material de los programas populares de 2010 a 2021 en Estados Unidos.

La nueva tecnología que se aplicó para la revisión de los materiales permitió detectar en 12 millones de imágenes faciales la edad, la expresión de género, el tono de piel y el tiempo en pantalla.

Entre los hallazgos, sobresale que hubo un crecimiento del 7% entre 2010 y 2021 de la presencia de los personajes femeninos, con lo que se llegó a 41.8%, aunque la brecha se acrecienta mientras mayor es la edad del personaje femenino: a mayor edad del personaje femenino, menor es su tiempo en pantalla.

El mayor aumento de la visibilidad (3 puntos) se da entre los personajes femeninos cuya edad percibida está entre 18 y 33 años. Los de entre 33 y 60 años incrementaron 2 puntos su presencia, pero aún están muy por debajo en comparación con los masculinos de la misma edad. La brecha en este grupo es la más grande: 20 puntos (8% vs. 28.5%).

La tecnología también permitió detectar que los personajes masculinos mayores de 33 años tienen más tiempo de expresión verbal que las mujeres. Aquellos de más de 60 años hablan aproximadamente el 25% del tiempo que aparecen en pantalla, frente al 17% de los personajes femeninos de la misma edad. Para personajes mayores a 33 años, los masculinos hablan el 27% del tiempo que aparecen en pantalla, frente al 25% de los femeninos.

“Las historias de cine y televisión son contenidos donde se cristalizan representaciones que luego se expanden al resto de la sociedad. El uso de la tecnología de Google para identificar de manera muy eficiente dónde están esas brechas es fundamental para luego encarar los desafíos que tenemos por delante”, comentó Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica.

“Ver dónde están las disparidades es un importante primer paso. Ahora, resta dar el paso más difícil, que es terminar con ellas”, añadió.

El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen. Se lucha por hacer visibles los derechos de las mujeres, que son derechos humanos; se busca terminar con los acosos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.

Hasta hace poco, la expectativa impuesta sobre las mujeres era estar exclusivamente en el hogar al cuidado de la familia, lo cual las ponía en una situación de dependencia, realizando tareas no remuneradas, no reconocidas públicamente y que no les daban ningún tipo de autonomía económica. En la actualidad, se han ido insertando al mercado laboral y, en muchos casos, han tenido que ser las principales proveedoras del hogar, pero eso no les ha quitado la carga de cuidados.

El mundo laboral está todavía muy masculinizado, la inserción de las mujeres es muy lenta y muchas veces se enfrentan a condiciones precarias. En primer lugar, porque se encuentran más al margen del empleo formal que los hombres, esto porque muchas veces ellas mismas buscan trabajos flexibles que les permitan cumplir con su otra jornada (el trabajo del hogar), y eso hace que establecerse en un trabajo no sea sencillo. Hay millones de mujeres que trabajan en la informalidad, no por deseo o decisión, sino por falta de oportunidades y por sobrecarga de cuidados. Ellas dedican 50 horas al trabajo del hogar, 2.5 veces más que los hombres.

Debemos entender que la sobrecarga en el trabajo de cuidados no es algo natural, sino diseñado institucionalmente, no contamos con servicios públicos que respondan a las necesidades de los cuidados: los horarios escolares no coinciden con los horarios de trabajo, las guarderías tienen muchas barreras para recibir a los niños, no hay servicios de apoyo y acompañamiento a adultos con discapacidad, entre muchas otras deficiencias.

Si el trabajo de cuidados se dividiera entre los hombres, las mujeres, el Estado y las empresas, esas tareas se podrían repartir de una manera mucho más equitativa y no recaerían en su mayoría sobre las mujeres. De esta manera, ellas podrían tener un trabajo mejor remunerado y con mayor estabilidad.

Además de la amplia brecha salarial entre hombres y mujeres que esto provoca, las mujeres están expuestas a situaciones de acoso, hostigamiento y/o violencia en sus diferentes espacios de trabajo. No todas las mujeres experimentamos esta discriminación de la misma manera, hay mujeres que, por tener ciertas características, están todavía más expuestas, ya que los prejuicios y estereotipos contra ellas se encuentran institucionalizados y carecen de protección a su derecho a la igualdad. Ejemplo de ello son las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, lesbianas, si son muy jóvenes o mayores.

Es un tema complicado, porque al final es una violencia que no se reconoce y es una brecha que no se ve, pero ahí está. En un estudio que hicimos el año pasado en Oxfam México sobre redes de cuidados, documentamos lo que muchas ya saben por experiencia propia: que esas redes están construidas básicamente por mujeres, por niñas, que desde pequeñas están cargadas con las tareas de cuidados, que muchas veces tienen que abandonar sus hogares y sus trayectorias escolares para hacerse cargo de los parientes que les requieren.

Entonces, ¿qué se puede hacer? Se deben tomar medidas legislativas y presupuestales para lograr un sistema de cuidados. Actualmente, la reforma constitucional sobre cuidados que pasó por la Cámara de Diputados está detenida en el Senado, con la gran interrogante de cómo se pagaría un sistema de cuidados a la altura de las necesidades de las y los que habitamos en este país.

Pero me pregunto: ¿no es también importante cuantificar lo que cuesta no tener este sistema de cuidados? Debemos pensar en cuánto le cuesta a la sociedad mantener a las mujeres en trabajos precarios que no contribuyen a la economía al nivel que podrían hacerlo. Las mujeres son una fuerza laboral muy potente, pero las empresas y el gobierno no están tomando la responsabilidad de darle a las trabajadoras un sistema de apoyo para los cuidados.

El sector privado debería abrir guarderías y considerar licencias más equitativas, incluso de incentivos, para lograr que hombres y mujeres tomen responsabilidad de los cuidados por igual. Esto ya pasa en otros países, le dan incentivos a los hombres para que se tomen las licencias de paternidad. Hoy todo el mundo, todos y todas podemos contribuir realmente a construir este sistema.

Los empleadores, si quieren atraer talento, van a tener que tomar medidas y tener un sistema de cuidados. La cultura sí está cambiando, las personas valoran más el tiempo con sus familias. Con este cambio de mentalidad en las personas, se tendrá forzosamente que ir construyendo alternativas laborales que se adapten a las nuevas necesidades sociales y que transiten de un modelo muy patriarcal, muy basado en un salario para toda una familia, con el rol dividido entre hombres y mujeres, a una combinación de ingresos y una adaptación a familias diversas.

*La autora es Directora Ejecutiva de Oxfam México (@AlexandraHaas)

Queda mucho trecho por recorrer en la lucha por que más mujeres escalen a puestos de poder e influencia, pero estas seis economistas son algunas de las mujeres que han dejado ya su marca en América Latina.

Azucena Arbeleche

En diciembre de 2019, la economista y profesora universitaria Azucena Arbeleche se convirtió en la primera mujer ministra de Economía y Finanzas de Uruguay. No se imaginaba que le tocaría navegar una pandemia global con profundos estragos. Un país de 3,4 millones de personas, Uruguay ya destacaba en los primeros lugares en la región en indicadores como ingreso per cápita, así como por tener “uno de los sistemas de protección social más integral”, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para no ceder el terreno ganado, Arbeleche implementó una serie de medidas, entre ellas la extensión del seguro del desempleo y el de salud. También, el Gobierno creó el Fondo Coronavirus, a través del cual asignaron recursos para atender a la emergencia de manera transparente. El fondo fue financiado parcialmente por la reducción temporal de los salarios del presidente, ministros y funcionarios públicos con los sueldos más elevados.

Miembro de un partido de centroderecha, Arbeleche se define keynesiana. En 2020, dijo en una entrevista de radio: “Lo que resume un poco mi sentir y donde me ubico es en lo que dice Keynes. El problema de la humanidad es combinar tres elementos: la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual”.

Mercedes D’Alessandro

Mercedes D’Alessandro dejó huella en su natal Argentina al ser la primera directora de Economía, Igualdad y Género, parte de la cartera de Economía en el Gobierno nacional. En sus dos años de gestión, de enero de 2020 a marzo de 2022, la doctora en Economía aseguró que las mujeres alcanzaron niveles récord de actividad y empleo. Durante la pandemia, D’Alessandro colaboró con sus pares en la Administración para diseñar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Además, propuso una medición del Producto Interno Bruto (PIB) que considera el aporte de los cuidados — el 15,9% en Argentina— y estuvo involucrada en el diseño del “primer presupuesto con perspectiva de género”, según informó en su anuncio de salida del Ministerio. “Hoy el Ministerio de Economía de Argentina es orgullosamente feminista”, declaró.

D’Alessandro fue parte del equipo que negoció un acuerdo con el FMI, incidiendo en temas como el gasto social, las jubilaciones y género. También creó un grupo con más de 250 funcionarias llamado Mujeres Gobernando, en donde se impulsa la agenda de género en todos los organismos del Estado (y el cual, a pesar de su salida del Gobierno, sigue funcionando). En 2021, la revista Time la incluyó en su lista de las cien personas más influyentes del mundo.

Antes de su tiempo como funcionaria, D’Alessandro ya influía en el pensamiento económico en su país y en toda América Latina. Su libro Economía Feminista. Las mujeres, el trabajo y el amor, publicado en 2016 es lectura obligada de las feministas en la región, ha tenido cinco ediciones y una de bolsillo.

Ana María Ibáñez

La violencia de la Colombia de los ochenta y noventa desató un fenómeno de desplazamientos forzados dentro del país cuyo impacto en la pobreza y la calidad de vida es todavía visible. A finales de la primera de esas décadas, una joven Ana María Ibáñez ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Su trabajo, considerado un parteaguas en el tema de la desigualdad generada por este desplazamiento, la llevaría a incidir en la política del Gobierno en materia de tierras.

Durante sus estudios de maestría y doctorado, Ibáñez fue una de las primeras académicas en hacer encuestas a desplazados y reunir datos sobre cómo la pérdida de tierra generó pobreza, tuvo un impacto en los ingresos, la educación y en las oportunidades de las generaciones más jóvenes.

“Es la persona que ha hecho las investigaciones más rigurosas sobre la desigualdad en este país y esas investigaciones han determinado políticas públicas tanto de programas de gobierno para tratar de acortar esa desigualdad, como para tener indicadores fieles a la realidad y así hacer política de tierras”, dijo su colega de la Universidad de los Andes, en donde Ibáñez llegó a ser Decana de la Facultad de Economía, Lucas Ospino, de acuerdo con una publicación de la revista estudiantil El Uniandino.

Su influencia en la política económica se materializa hoy en el capítulo agrario del acuerdo de paz que el Gobierno firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los hallazgos de las investigaciones de Ibáñez y sus colegas fueron instrumentales en diseñar una política de tierras que regrese a los desplazados el acceso a la tierra, el cual pudiera impactar a 8,4 millones de colombianos.

Después de ser profesora visitante en las universidades de Yale y Princeton, en Estados Unidos, Ibáñez se unió al Banco Interamericano del Desarrollo (BID), en Washington, en donde hoy es investigadora.

Ifigenia Martínez

México no sería lo que es hoy si no fuera por Ifigenia Martínez. La primera mexicana en egresar de la Universidad de Harvard con maestría y doctorado, Martínez es economista, política, legisladora y diplomática. Además, como académica, fue directora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Entre sus alumnos estuvo el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, con su ayuda y orientación, también estudió en Harvard. Fue profesora e inspiración también de muchos otros quienes conformaron una primera generación de funcionarios en el Gobierno mexicano considerados como “tecnócratas”, por haber sido nombrados a su puesto por sus capacidades técnicas, y no por su ideología.

Si bien fue de enorme influencia en Salinas, quien firmó el primer tratado de libre comercio en México para pasar de ser una economía “mixta” a una abierta, Martínez es “portadora de convicciones ideológicas incuestionablemente nacionalistas”, según la describen los autores de un libro en su homenaje, Economía Política del México Contemporáneo. El suyo ha sido un fuerte contrapeso político e intelectual.

Como legisladora luchó porque los agricultores no se encontraran desprotegidos ante la competencia del extranjero. Entre sus propuestas estuvo, por ejemplo, revisar el acuerdo comercial, conocido como el TLC, para incluir cláusulas de protección a la agricultura.

Quienes la conocen saben que Martínez dice lo que piensa cuando cree que es necesario y sin importar a quién incomoda. Aliada declarada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Martínez no dejó pasar la oportunidad en 2022, cuando, al tomar el micrófono para agradecer el máximo galardón otorgado por el Congreso mexicano, sentenció: “El refrendo del respeto a la división de Poderes debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones”.

Stephany Griffith-Jones

Chilena, británica y checa, Stephany Griffith-Jones ha sonado las alarmas de los males que han aquejado al mundo desde el sistema financiero desde hace 50 años. Deuda excesiva y mal administrada, flujos de capitales volátiles y crisis financieras, esta doctora en Economía por la Universidad de Cambridge ha dejado su marca en toda la región y, en particular, en Chile, en donde fue asesora durante la campaña electoral del presidente Gabriel Boric.

Uno de sus múltiples libros, Deuda y crisis de desarrollo en América Latina: El fin de una ilusión, publicado en 1986, mostró con datos las terribles consecuencias de la crisis de la deuda latinoamericana de los ochenta en el desarrollo económico de la región. Afín al pensamiento social demócrata de izquierda, Griffith-Jones ha abogado por que la ayuda del FMI sea más rápida, con menos condiciones y mayor escala.

Es quizás la más feroz promotora de la banca del desarrollo, la cual ofrece tasas de interés y plazos más amigables a los países para proyectos y reformas que impulsan el desarrollo económico. Esta funciona también como una alternativa a la deuda de mercado que puede, por estar sujeta a la factores externos, fluctuar fuertemente, comprometiendo los presupuestos de los países. Durante su tiempo como asesora de Boric, propuso la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, el cual sería público, y tendría objetivos concretos de desarrollo.

Griffith-Jones fue incluida en la lista de los 100 economistas más influyentes del mundo por la revista especializada Richtopia. Fue profesora en la Universidad de Sussex y la Universidad de Columbia antes de ser nombrada miembro del Consejo del Banco Central de Chile en mayo del 2022, órgano de máxima autoridad dentro de la institución autónoma. Griffith-Jones es una de cinco integrantes con poder de decisión sobre la política monetaria y la regulación financiera.

Mariana Mazzucato

En una foto del 28 de octubre compartida en redes sociales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, posa junto con la economista italiana y estadounidense, Mariana Mazzucato. Boric sostiene tres libros, todos de la autoría de Mazzucato. Los ha leído todos.

Profesora en la escuela de Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London (UCL) Mazzucato es la gurú de los Gobiernos de izquierda en Sudamérica. Su visita en octubre no solo fue a Santiago de Chile, sino también a Buenos Aires y Bogotá, en donde se reunió con los presidentes en ambos países. Es considerada una de las economistas más influyentes de su generación por su visión de un capitalismo en el que el Estado invierte en la innovación para generar riqueza. No solo se trata de que el Estado deje a la iniciativa privada tomar riesgos e innovar, sostiene la académica, sino que el Estado innove también en donde la iniciativa privada no quiere o no puede.

A partir de su visita a Latinoamérica, Mazzucato escribió en este diario que la solución a los problemas de pobreza, baja productividad y dependencia de los recursos naturales “demanda una gobernanza progresista y el énfasis en objetivos económicos claros”. “Los gobiernos necesitarán una narrativa nueva que ponga en primer plano el crecimiento impulsado por la innovación. No se trata de que los países de Latinoamérica necesiten innovaciones disruptivas (como las que vemos en Silicon Valley), sino innovación con propósitos específicos, para la solución de problemas concretos, como la creciente brecha digital y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, escribió.

ISABELLA COTA

Solo durante la actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión, que inició el 1 de septiembre de 2021, en las cámaras de Senadores y de Diputados hay más de 500 iniciativas promovidas por legisladores de los ocho partidos políticos representados en su seno, y sin partido, pendiente de concreción para frenar algún tipo de violencia contra las mujeres.

En la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara alta, las iniciativas de reformas en la materia a distintas leyes suman 464, entre las que se encuentran algunas ya aprobadas pero cuyo trámite legislativo aún no concluye porque toca revisarlas a la Cámara baja y aquellas que, por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado, se consideró concluido su desahogo al haber pasado mucho tiempo sin ser dictaminadas.

Suman 77 las iniciativas del tipo que se encuentran pendientes de discusión en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

La Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia define que violencia contra las mujeres es: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Durante la sesión ordinaria del pleno cameral de ayer 8 de marzo, en el Senado, los morenistas Blanca Piña y José Narro, Patricia Mercado (MC), Martha Márquez (PT), María Gaitán (PVEM), Nuvia Mayorga (PRI) y Nancy de la Sierra (sin partido) coincidieron en urgir, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a que “más allá de los discursos” se generen los acuerdos que permitan “sacar de la congeladora” las iniciativas pendientes de concretar para “cumplir con las demandas de las mujeres en las calles”.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, propuso reformar la Constitución a fin de elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, con el propósito de obligar “a acelerar el paso y a homologar, de una vez y por todas, el feminicidio y los delitos en razón de género en todo el país y que nos permita atender los vacíos legales que dan paso a la impunidad; porque la ley no puede seguir siendo pretexto para que las mujeres no reciban justicia”.

La iniciativa del priista ya forma parte de los pendientes en la materia.

Congeladora legislativa

Forma parte de los temas pendientes de concreción la propuesta de la senadora Guadalupe Covarrubias (Morena) para reformar los artículos 85 y 325 del Código Penal Federal; sugiere incluir en el catálogo de delitos el tipo penal denominado “Feminicidio a mujeres menores de dieciocho años” e imponer a quien lo cometa prisión de 55 a 60 años y de 1,000 a 1,500 días multa.

Sus correligionarias Olga Sánchez Cordero y Gabriela López promueven enmendar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de reestructurar el tipo penal de feminicidio, mediante la implementación de nuevas penas y sanciones a quienes cometan el delito.

En la congeladora legislativa está también la iniciativa del senador perredista Miguel Ángel Mancera por la que propone reformar los artículos 15 y 309 del Código Penal Federal; 10, del Código Nacional de Procedimientos Penales y adicionar un artículo 6 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para excluir del delito repeler una agresión continuada o permanente en protección de bienes jurídicos propios o ajenos siempre que medie necesidad de la defensa. La causa de exclusión será aplicable cuando la víctima prive de la vida a la persona agresora.

Esther Mandujano Tinajero, diputado federal del PAN, propuso desde octubre del año pasado reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para agregar un capítulo denominado “De la violencia en el noviazgo”, que incluya su definición y consideraciones a aplicar por parte de la Federación, entidades federativas y municipios.

Ilustración: Kathia Recio

Marzo ha llegado y, mientras que gran parte de la Ciudad de México comienza a pintarse de morado por las jacarandas, todo el país se pinta de morado por los miles de mujeres que saldremos a marchar por nuestros derechos. El 8M es un día en el que las mujeres alzamos la voz y tomamos las calles para protestar contra las injusticias que vivimos día a día. Salarios más bajos, despidos injustificados por embarazo, lugares donde se nos sigue criminalizando por abortar y, por si fuera poco, el número creciente de feminicidios. Este es el pan de cada día para las mujeres de este país. Sin embargo, todas estas injusticias se agravan en contra de algunas en específico: mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas y mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, por mencionar solo a algunas. La discriminación y la opresión que vivimos las mujeres no es igual para todas. Factores como el color de piel, los recursos económicos o la diversidad funcional ocasionan que algunas mujeres enfrenten mayores obstáculos al momento de ejercer sus derechos.

En este artículo me enfocaré en un grupo de mujeres que viven una situación especialmente vulnerable: aquellas que viven con una u otra discapacidad. En particular, quisiera prestar atención a la violencia sexual que viven estas las mujeres, así como en las formas en las que nuestro sistema de justicia las ha olvidado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 vivían en  6.2 millones de personas con una u otra discapacidad, de las cuales 53 % —unos 3.2 millones— son mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), mientras que 66.7 % de las mujeres mayores de quince años que no viven con discapacidades han sufrido, la cifra equivalente para aquellas que sí viven con discapacidades es de 72.6 %, una diferencia de seis puntos porcentuales.  Al revisar el tipo específico de violencia que aqueja a las mujeres con discapacidades, descubrimos que 58.2 % había sufrido violencia psicológica; 44.6 %, violencia física;  48.7 %, violencia sexual; y 34.9 %, violencia económica o patrimonial. Estos datos son alarmantes, pues demuestran que la violencia es común en la vida de las niñas y mujeres con discapacidad.

Resulta especialmente grave que casi la mitad de las mujeres que viven con discapacidad en México haya experimentado violencia sexual. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las niñas y los niños con discapacidad tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de violencia en comparación con las que no y casi tres veces mayor probabilidad de sufrir algún tipo de violencia sexual. El riesgo aumenta en el caso de las niñas con discapacidad, quienes constantemente se encuentran en riesgo de sufrir víctimas de violencia sexual en todos los ámbitos: familiar, comunitario o institucional. Dentro de esta última categoría cabe resaltar la prevalencia de la violencia obstétrica: en 2015 las organizaciones no-gubernamentales Disability Rights International y Colectivo Chuhcan publicaron un informe que concluyó que 43 % de las mujeres que viven con discapacidades que participaron en el estudio había sufrido algún tipo de abuso al visitar a un ginecólogo; de estas, la mitad expresó haber sufrido abuso sexual.

Todas estas cifras son preocupantes, pero es casi una certeza que se quedan cortas: muchos de estos casos de violencia sexual no son denunciados ni visibilizados. Más grave todavía es que diversas figuras de autoridad, en lugar de investigar y sancionar los actos de violencia sexual contra de niñas y mujeres con discapacidad, han optado por implementar medidas que afectan los derechos humanos de estas personas. El informe citado menciona que en algunos casos los y las tutoras de estas niñas y mujeres vulnerables, así como el personal médico que las atiende, han optado por la esterilización y anticoncepción forzada como una medida para proteger a estas personas; todo para que no puedan quedar embarazadas en caso de que sean víctimas de una violación. Estas medidas resultan reveladoras: en lugar de prevenir la violencia sexual, atentan en contra de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Tal discriminación existe también en el Poder Judicial. Cuando estos casos son llevados ante la justicia, los diversos actores del sistema con frecuencia revictimizan y vuelven a vulnerar los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven con discapacidades. La organización no-gubernamental Equis Justicia para las Mujeres, por ejemplo, documentó y acompañó el caso de Leti, una mujer indígena con discapacidad intelectual de Yucatán, quien a los 19 años fue víctima de una violación, resultó embarazada y fue amenazada por su agresor para que no dijera nada sobre lo sucedido. En 2014 Leti comenzó un proceso penal en contra de su agresor, pero, el juez encargado del caso no hizo otra cosa que vulnerar de nuevo los derechos humanos de Leti. El juez consideró que, debido a la discapacidad de Leti, ella carecía de autonomía y voluntad, “lo cual permitió que se consumara la violación de la que fue víctima”. Además, el juez expresó que la discapacidad de Leti le impedía “tomar decisiones, en razón de que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo opuesto, por lo que carece de capacidad para decidir sobre su sexualidad”. Lo anterior es una muestra de un sistema de justicia basado en prácticas estigmatizantes y discriminatorias en contra de las personas con discapacidad y, en especial, contra las mujeres con discapacidad.

El caso de Leti demuestra que muchos actores de nuestro sistema judicial no saben juzgar con perspectiva de género, mucho menos con perspectiva de discapacidad. Desafortunadamente, este no es un caso aislado: los distintos poderes judiciales han llevado a cabo pocos o nulos esfuerzos para capacitar y sensibilizar a su personal sobre cómo juzgar con perspectiva de derechos humanos en un caso que involucre a una persona con discapacidad. Equis Justicia para las Mujeres documentó que, entre 2008 y 2017, el gasto a nivel nacional en capacitación judicial ascendió a más de 600 millones de pesos. Sin embargo, sólo el 0.13 % fue utilizado para la capacitación sobre derechos humanos de las personas con discapacidad. En este periodo de diez años, entidades como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas no destinaron ni un peso de su presupuesto para capacitar a sus poderes judiciales en materia de discapacidad.

El resultado es que, si una persona tapatía con discapacidad acudió a la justicia entre 2008 y 2017, es muy probable que se haya encontrado con personas juzgadoras mal equipadas para resolver su caso desde una perspectiva de derechos humanos. Si agregamos a la ecuación la variable del género, la situación es aún más preocupante: entre 2008 y 2017 sólo dos tribunales superiores de justicia capacitaron a su personal sobre temas de género, derechos de las personas con discapacidad y acceso a la justicia.

Esta  evidencia refleja un hecho preocupante: los poderes judiciales de México por lo general no están preparados para proteger los derechos de las personas con discapacidad, menos aún de las mujeres y niñas que viven con discapacidad. Al contrario: pareciera que la regla es que estos casos son juzgados de forma discriminatoria y estigmatizante, además de sexista. El resultado es que, cuando una mujer con discapacidad busca justicia, el sistema le da la espalda.

Así, es urgente que el sistema de justicia considere con seriedad su labor en defensa de las personas —y en especial de las mujeres y niñas— con discapacidad. Resulta fundamental que las personas con discapacidad sean consultadas antes de llevar a cabo acciones de política pública o cambios legales que puedan afectarles de forma directa o indirecta; que las autoridades escuchen sus deseos y necesidades. En el marco de este 8M,  es pertinente que las mujeres nos pongamos los lentes de la interseccionalidad y analicemos los distintos tipos de opresiones que diferentes mujeres vivimos. Es claro que una mujer blanca y sin discapacidades con recursos económicos no vivirá la misma opresión que una mujer racializada que vive con discapacidad. Hagámonos cargo de nuestros privilegios desde el feminismo y recordemos la valiosa frase de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

Diana García
Licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

En inglés lo llaman ghosting, y en español, a falta de un término equivalente, también. Es la magia de esfumarse, de dejar “en visto” un mensaje en redes, de desaparecer abruptamente con la inestimable ayuda de la tecnología. Así ghosting y ghostear han entrado por la puerta grande en nuestro léxico sentimental.

El ghosting, una práctica lamentable, pero conveniente, es ya la norma, indisoluble a la búsqueda de pareja en apps que propician el volumen de las interacciones y aniquilan la singularidad del objeto de deseo. Todos somos sustituibles y desechables. Eso dicen los académicos que observan el fenómeno en varias universidades del mundo. Si estás buscando pareja te tocará tarde o temprano, esfumarte, o ser la víctima de alguien que se disuelve abruptamente y sin dar explicaciones. Todo a la vez en todas partes, como la candidata a los Oscar.

EL PAÍS ha hablado con académicos que investigan el asunto y revisado los estudios publicados sobre esta estrategia de fuga y esto es lo que hemos sacado en claro:

Es más doloroso que ser rechazado abiertamente

Este es el hallazgo de una investigación de la Universidad de Georgia. “En nuestro estudio, dos de cada tres participantes, todos adultos jóvenes, habían hecho ghosting y también habían sido víctimas de esta práctica en repetidas ocasiones. La mayoría lo consideraba una estrategia ventajosa porque era fácil, evitaba la confrontación y les parecía más educado que un rechazo duro y frontal”, cuenta Christina Leckfor, autora principal del trabajo. Sin embargo, las conclusiones de su estudio mostraron que la huella del ghosting sobre la salud mental es más profunda que la del rechazo abierto. “Al cabo del tiempo el recuerdo de haber sufrido ghosting era más doloroso que el de una ruptura directa. Es muy posible que los que optan por esta salida no sean muy conscientes del daño que provocan a la otra parte”, dice Leckfor, que califica la práctica de “estrategia dolorosa de ruptura”.

¿Quiénes son más proclives a ejercer ‘ghosting’?

Los académicos han intentado trazar un perfil de asiduos a esta práctica, aun cuando reconocen que está muy generalizada. En el estudio de la Universidad de Georgia, el resultado fue verdaderamente curioso: los que más sufrían por el ghosting eran también los que con más frecuencia lo ejercían. “Suelen ser personas con una gran necesidad de cerrar puertas y pasar página, con poca tolerancia a la incertidumbre”, define Leckfor, y añade: “Necesitan respuestas firmes, no importa si son o no correctas, para evitar situaciones inciertas. Y aunque el ghosting puede dejar una relación en la ambigüedad, quien lo ejerce pone un sonoro punto final”.

Es un perfil que se apresura y se esfuma dejando al otro colgado. Cuando le hacen lo mismo, sufre amargamente, mucho más que los que no tienen la necesidad urgente de cierre. Esta circunstancia dejó perplejos a los investigadores.

En esta investigación de 2019, los autores identificaron que las personas con fuertes creencias en el destino, aquellos que confían en que en algún lugar del mundo les está esperando su media naranja para completarlos, solían disolver sus relaciones con esta estrategia, una vez que decidían que no estaban ante la persona adecuada. Este trabajo apunta que muchas personas optan por el ghosting cuando deciden que una relación está condenada y ya no hay nada que hacer para salvarla.

Razones para hacer ‘ghosting’

En la misma investigación dirigida por Gili Freedman, investigadora del Dartmouth College y Darsey Powell, del Roanoke College, algunos participantes reconocieron carecer de “habilidades comunicativas para tener una conversación honesta, ya fuera cara a cara, por mensajes o por email”. Dar la cara les generaba “ansiedad social”, refirieron. Otros preferían esfumarse porque creían que un encuentro físico podría llevar la relación sexual y emocional “al siguiente nivel”, y ellos no estaban interesados.

Muchas mujeres adujeron “razones de seguridad”. El 45% dijo que con el ghosting probablemente se habían evitado “situaciones incómodas y tóxicas”. “Es muy fácil chatear con absolutos desconocidos, desaparecer es una manera de protegerse cuando un tío pide cosas raras, por ejemplo, una foto desnuda”, confesó una chica de 19 años. Otra razón que se aduce es “proteger los sentimientos del otro” porque se asume erróneamente que desaparecer sin avisar es más cortés que el rechazo frontal.

Hacer ghosting después del sexo mereció una categoría aparte en este trabajo. Los participantes consideraron “normal” en el contexto de la cultura del hook up (sexo casual) que si una de las partes solo buscaba sexo, desapareciera una vez que lo ha conseguido. “Después de todo, seguir hablando con esa persona podría mandar la señal equivocada de que se busca más intimidad emocional”, dijo un participante.

Una encuesta de la app de citas Bumble entre usuarios de Singapur reveló que la razón principal para el ghosting era “la falta de conexión”, la mayoría de las mujeres dijeron que habían decidido esfumarse después de que en una primera cita se hubiera dicho algo “repugnante”. Otros motivos alegados fueron “estar muy ocupados” y “evitar una conversación desagradable para poner fin a la relación”.

Los mileniales, más de ‘ghosting’ que la Generación Zeta

En la encuesta de Bumble los miembros de la Generación Zeta mostraron una fuerte postura antighosting. El 69% dijo que era “una práctica inadecuada”. En cambio, el 60% de los mileniales no tenía ningún inconveniente en disolver unilateralmente una conexión sin dar explicaciones si no había química en el primer encuentro. El 38% creía que era “un fenómeno normal”. Solo el 20% de los mileniales pensaba lo mismo.

Los amigos también hacen ‘ghosting’, y es casi peor

Cuenta Christina Leckfor que ella y su equipo centraron su trabajo en el ghosting como estrategia de cierre de relaciones o citas románticas. Sin embargo, más de la mitad de las personas investigadas contó espontáneamente una experiencia de una amistad rota con un episodio de esta naturaleza. “Para nuestra sorpresa en los adultos jóvenes no había diferencias, dolía tanto que una pareja o una cita romántica se esfumara cerrando todas las vías de contacto como que lo hiciera un amigo”. Otro ámbito inesperado donde el ghosting campa a sus anchas es la selección de personal y las entrevistas de trabajo. Después de una o dos entrevistas, muchos reclutadores desaparecen y dejan en ascuas al que ya se consideraba candidato. Una circunstancia que el equipo de Leckfor se propone estudiar, pero que ya puede avanzar que es mucho más dañino que el típico email de rechazo.

¿Quién lo pasa peor?

La respuesta puede parecer obvia, pero los investigadores quisieron confirmarla. En el estudio de Bumble, aquellos que habían sufrido uno o más episodios de ghosting se mostraron desalentados (42%), desconfiados (38%) y recelosos (34%) en su siguiente cita. En particular, los hombres tenían menos confianza en que las cosas fueran a ir mejor en su próximo intento. El estudio cualitativo Disappearing in the Age of Hypervisibility: Definition, Context and Perceived Psychological Consequences of Social Media Ghosting también constata las consecuencias negativas de esta estrategia.

A corto plazo, los que la habían sufrido sentían confusión y “un rechazo abrumador”, todo mezclado con baja autoestima. Parte del problema era “la falta de claridad, no entender por qué la relación se había cortado abruptamente”, dicen los autores, que describieron ciertos rasgos de paranoia cuando el afectado intentaba buscarle un sentido a la situación. A largo plazo estas personas, dice el estudio, desarrollaron una desconfianza que llevaron a sus próximas relaciones.

¿Y los que ejercen ghosting qué sienten? Pues, según este trabajo, la mitad tuvo cierto remordimiento y algo de culpa, el resto no reportó ninguna emoción. Una conclusión que a los investigadores les parece coherente con otros trabajos que han demostrado que quien inicia una ruptura experimenta menos malestar que la otra parte. Estos fueron los primeros autores que pusieron por escrito que el ghosting ya era un hábito.

¿Por qué duele tanto que alguien desaparezca por donde llegó: una ‘app’?

Según Christina Leckfor, la tecnología amplifica nuestra disponibilidad del otro, y con ello la ilusión de haber encontrado a alguien, pero, cuando se esfuma, hace muy evidente su volatilidad. “Es fácil escribir o llamar a un amigo, o a una pareja romántica, no importa lo lejos que esté. Somos tan accesibles y es tan fácil dar con nosotros que, cuando alguien decide desaparecer, es desgarrador. La mayoría de las personas lleva el teléfono encima todo el tiempo, cuando alguien sufre ghosting, le es muy fácil imaginar cómo del otro lado alguien ve sus mensajes y los ignora deliberadamente”. En la era de la hipervisibilidad que no te vean es un golpe bajo.

Casi dos de cada tres mujeres, el 63 % del total, se sienten inseguras en México, y menos de la mitad considera tener las mismas oportunidades que los hombres, según reveló este miércoles (08.03.2023) una encuesta de la agencia Poligrama en el Día Internacional de la Mujer.

El lugar en el que las mexicanas perciben mayor inseguridad es en la calle, con 38 % del total que lo considera así, seguida por el transporte público, con 32 %, según detalló el sondeo. La lista la completan el trabajo (9 %), la casa (4 %), la escuela (2 %), y otros lugares no especificados (15 %).

Encuesta POLIGRAMA ®️ Día Internacional de la Mujer 8M

🟪 6 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en México.
🟪 ¿Dónde es mayor la sensación de inseguridad? En la calle y en el transporte público.

Descubre más información aquí ☝🏻#Marcha8M #8DeMarzo… pic.twitter.com/9aJ6Agowv9

— Poligrama MX (@poligrama_mx) March 8, 2023

El estudio de la casa encuestadora Poligrama se realizó el 5 y 6 de marzo a 1.000 mujeres mayores de 15 años a nivel nacional vía telefónica, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 %.

Por otra parte, el sondeo descubrió que sólo el 48 % de las encuestadas piensa que «en México las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para acceder a un empleo». Aun así, el 47 % coincide que en los últimos tres años han «mejorado» las oportunidades de empleo para las mujeres, mientras que 41 % piensa que «siguen igual» y 12 % que han «empeorado».

Sobre política, más de ocho de cada 10 mexicanas, el 81 %, opina que «México está listo para ser gobernado por una mujer». Pero menos de dos tercios de las mujeres, el 62 %, cree que «las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para acceder a puestos de Gobierno como alcaldesas, diputadas y gobernadoras».

ama (efe, forbes)

Aunque para garantizar que las mujeres y los hombres vivan en condiciones de igualdad todavía falta un camino largo, lo cierto es que la lucha de las mujeres por sus derechos ha conseguido dar pasos importantes.

En México, las mujeres tienen una participación activa fundamental en el sector educativo, la salud, los cuidados, el mercado laboral, las tareas del hogar, la ciencia y tecnología y, por su puesto, el mercado laboral.

Aquí 10 gráficos sobre las mujeres mexicanas y su participación socioeconómica:

1. Mujeres que trabajan

La mitad de las mujeres en México forman parte de la fuerza laboral. Al corte del cuatro trimestre del 2022 se registró una tasa de participación femenina de 45.6%, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi.

Este nivel de participación laboral refleja una reintegración consolidada de las mujeres a sus empleos, después de la crisis de trabajo provocada por la Covid-19.

Pese a la recuperación pospandemia, las cifras muestran un estancamiento importante: en 10 años, la tasa de participación femenina no ha logrado incrementar apenas dos puntos. Esto podría explicarse debido a que muchas mujeres no tienen acceso efectivo a derechos básicos como la educación o el desarrollo profesional, además de que destinan mucho más tiempo que los hombres a las tareas del hogar.

2. Mujeres que cuidan, limpian y organizan

Históricamente el trabajo del hogar ha sido minimizado e invisibilizado, aún siendo una de las actividades fundamentales en el funcionamiento de la sociedad y la economía. Y pese a que la lucha de las mujeres —que son quienes desproporcionalmente realizan este trabajo— ha conseguido revolarizarlo, todavía existe una profunda desigualdad.

Hay dos tipos de trabajo del hogar: el que se realiza en el hogar propio y el que se realiza como empleo en otros hogares de manera remunerada.

En México, las mujeres realizan el 74% de las tareas de limpieza, organización y cuidados dentro de sus hogares, de acuerdo con cifras del Inegi. Y representan el 91% del total de trabajadores remunerados del hogar.

3. Mujeres en cargos directivos

La discriminación y los estigmas de género son una realidad que deja a las mujeres en desigualdad de oportunidades laborales respecto de sus pares hombres. La brecha de desigualdad se amplía conforme más alto es el rango del puesto.

Por ejemplo, en México, las mujeres representan el 63.9% de los trabajadores de la educación y el 55.7% de los oficinistas, pero si se consideran los funcionarios y directivos las mujeres son apenas el 39.2% del total, según las más recientes cifras de la ENOE.

8. Mujeres haciendo ciencia y tecnología

La investigación científica es uno de los rubros en los que las mujeres y sus aportes han sido más invisibilizados históricamente. Esta situación ha cambiado en los años recientes, pero va a paso lento.

Por eso, es importantísimo abrir espacios que reconozcan el trabajo de las mujeres que hacen ciencia. En México, las mujeres representan cerca del 38% del total de investigadores en el SNI (Sistema Nacional de Investigadores) del Conacyt.

Las ciencias sociales y de humanidades son las principales áreas de estudio de las investigadoras, pero un 17.3% se encuentran haciendo ciencia biológica y química, un 8.8% se especializa en física, matemáticas y ciencias de la tierra y otro 8.5% en las ingenierías.

9. Mujeres jefas de hogar y sus ingresos

Los ingresos por trabajo representan apenas la mitad de los ingresos totales en hogares dirigidos por una mujer, el 50% restante se divide entre transferencias de otras personas o del gobierno, alquiler de vivienda o rentas de otras propiedades, de acuerdo con cifras de la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) del Inegi.

Esto es importante porque refleja que la mitad del dinero que tienen las familias con jefatura de una mujer no dependen sólo de su trabajo; son ingresos inciertos. Esta vulnerabilidad puede profundizarse si se considera a la población más pobre o rural.

10. Mujeres jefas de hogar y sus gastos

Las familias con una jefa mujer gastan 4 de cada 10 pesos que tienen (37.9%) sólo en alimentación del hogar, su principal destino de gasto.

Otro 17.4% se va gastos en transporte público o privado, un 12.0% a la vivienda y los servicios básicos como agua, gas y luz y el 8.5% a artículos de higiene y cuidado personal.

Esto refleja que, en total, los hogares con jefatura de una mujer destinan 76 de cada 100 pesos que ingresan sólo a bienes y servicios de la canasta mínima. Esto implica que si una familia de este grupo ingresa 1,000 pesos a la semana sólo tendría 240 disponibles para utilizar en educación, salud, entretenimiento o cultura.

Todavía hay camino por recorrer

La participación de las mujeres en la sociedad y economía es enorme, pero las condiciones en las que viven, estudian, trabajan y se desarrollan todavía son profundamente desiguales. Adicionalmente, hay mujeres significativamente más vulnerables que otras. El camino para garantizar igualdad de oportunidades todavía es largo, pero es importante visibilizar los pasos avanzados.

Ana Karen García