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La obra de 30 artistas mexicanas viajará a España para exponer las “constantes batallas” de las mujeres. Una exposición organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de México reúne más de 40 piezas creadas por artistas como Helen Escobedo, Teresa Margolles, Mónica Mayer o Magalí Lara que denuncian la violencia machista o desafían los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Luchadoras: mujeres en la colección del MUAC pretende, además, visibilizar la heterogeneidad del arte hecho por mujeres. La muestra podrá verse desde el 24 de febrero hasta el 21 de mayo en la Casa de México en Madrid y también habrá recorridos virtuales.

El título de la exposición, Luchadoras, hace referencia a una serie fotográfica iniciada a principios de los ochenta por Lourdes Grobet. En ella, la artista documenta el universo de la lucha libre en México. Pero también hace referencia a las “constantes batallas” de las mujeres. “Las mujeres han tenido que luchar para construir un espacio social de visibilidad”, ha dicho este miércoles Amanda de la Garza, directora del MUAC, en la presentación en línea de la muestra. Actualmente, el 25% de los artistas de la colección del museo son mujeres, uno de los porcentajes más altos entre las instituciones mexicanas. Desde hace algunos años, el MUAC, que tiene la colección pública de arte contemporáneo más grande de Latinoamérica, ha hecho esfuerzos por sumar mujeres a sus acervos.

“La muestra aspira a mostrar la urgencia de modificar nuestras referencias culturales”, ha señalado Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Se trata de poner el mundo de cabezas”, ha agregado. La escritora ha aclarado que “no existe una visión estética ni metodológica que unifique las prácticas artísticas” de estas mujeres. “No se pretende demostrar que haya una forma de ver el mundo común, que haya un arte femenino. Lo que aparece es la heterogeneidad”, ha precisado. Dentro de la selección, que incluye exclusivamente piezas de la colección del MUAC, hay ejemplos de pintura, de fotografía, de video, de arte textil y de otros formatos que abordan temas diversos: algunas desafían roles de género, otras intentan construir identidad, otras denuncian la violencia…

Entre las 46 obras de la exposición se podrá ver, por ejemplo, El tendedero, de Mónica Mayer, que a finales de los años setenta invitó a 800 mujeres a que completaran la frase “Como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es…”. El resultado fue una estructura de metal de la que cuelgan papeles rosas y que abre un diálogo sobre la violencia que viven las mujeres en el espacio público. También estará Cascada, una instalación de gran formato de Marta Palau creada también a finales de los setenta. La escultura, que cuelga del techo, está formada por tubos traslúcidos que tienen en su interior pequeños nódulos afelpados y que reivindican el trabajo textil.

Hay también obras más recientes de artistas como Dulce Pinzón, que después de los atentados a las Torres Gemelas, en Nueva York, en 2001, empezó a crear la serie fotográfica La verdadera historia de los superhéroes. Las imágenes muestran a migrantes latinos en Estados Unidos disfrazados, por ejemplo, como la Mujer Maravilla en la lavandería o como Hulk descargando plátanos de un camión. También podrá verse la obra de Teresa Margolles Encobijados, compuesta por siete mantas utilizadas para envolver los cadáveres de víctimas de la delincuencia organizada en México. O Welcome to Lipstick, de Maya Gode, que documentó el trabajo sexual en Reynosa, Tamaulipas, entre 2009 y 2013. Hay, además, una obra de María José de la Macorra y otra de María Ezcurra que nunca han sido exhibidas todavía.

La “heterogeneidad” que evidencian las obras “da muestra de la actitud de las mujeres hacia el arte”, ha dicho Pilar García, curadora de la exposición. Las 30 piezas de la muestra fueron elegidas por la curadora por haber sido “clave” en la historia del arte contemporáneo. “Son piezas que en su momento estaban dando un paso más allá, que están cambiando el canon”, ha dicho. García ha advertido que “nuevas lecturas” como la que propone la muestra, se hacen “poco a poco”: “El cambio no se hace con una exposición. Las grandes exposiciones que ha habido [fuera de México] han sido de hombres creadores, pero estamos para remediar eso. Esta muestra es un tributo para darles [a las mujeres] el lugar que deben ocupar”.

Las mujeres siguen enfrentando barreras para entrar, permanecer y crecer en el mercado del trabajo. Pese a ello, recuperaron los empleos que perdieron por la pandemia y no sólo superaron las cifras de ocupación remunerada que tenían antes de la covid-19, sino en que en 2022 lograron cifras históricas de participación laboral.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la participación laboral femenina registró el año pasado un nivel promedio cercano a 45.0%, con un pico de 46.7% en noviembre, el dato mensual más alto desde que se comenzó a levantar esta medición en 2005, destacó el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).

De esta manera, más mujeres rompieron esa primera barrera para ingresar al mundo laboral. Muchas seguirán enfrentando la brecha salarial, la doble jornada de trabajo, el estancamiento en puestos medios, el acoso y el hostigamiento y otras circunstancias, pero su mayor presencia en la economía y los cambios que millones impulsan van dando resultados.

Hasta diciembre de 2022, las mujeres representaban el 40% de la fuerza laboral total y los hombres, el 60 por ciento. Esto significa que el 100% de las trabajadoras que perdieron su empleo en abril de 2020 por la covid-19 lo recuperaron, apunta el Imco en su monitor Mujer en la economía.

En promedio, ellas ganan 87 pesos por cada 100 que gana un hombre. El ingreso mensual para los trabajadores es de poco más de 9,000 pesos, mientras que las trabajadoras reciben 7,837 pesos al mes, señala el organismo con base en la información de la ENOE. De acuerdo con Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), por cada hora trabajada, las mujeres ganan 49 pesos y los hombres 54.

A pesar de la desigualdad persistente, ha habido una mejoría. Con datos preliminares, la brecha salarial observada en 2022 fue de -13.4%, esto implica que por cada 100 pesos que perciben los hombres, las mujeres reciben un poco más de 86 pesos. Cuando empezó a levantarse la ENOE en 2005 este indicador era de -20.5 por ciento.

La Cámara de Diputados tiene congelado una minuta que busca atender tema, un paquete de reformas a 13 leyes federales para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El proyecto, aprobado en marzo de 2021 en el Senado, establece la obligación para las personas empleadoras de identificar e informar a las autoridades las acciones para eliminar cualquier diferencia injusta en las remuneraciones.

Dobles jornadas laborales

Si bien las mujeres que dejaron de laborar por la pandemia han vuelto a trabajar de manera remunerada, su regreso “ha sido más tardío que el de los hombres y han cambiado sus condiciones laborales”, señala el Imco.

El 35% de las mujeres empleadas están subocupadas. Esto quiere decir que tienen la necesidad de laborar más horas y, por lo tanto, ganar más dinero. Según datos de la ENOE recuperados por el instituto, el 53% de las trabajadoras por cuenta propia están en esa misma situación y 3.4% de quienes son empleadoras.

“En diciembre de 2022, 13% de las mujeres mayores de 15 años con posibilidad de incorporarse a la economía no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se les presentara la oportunidad”, destacó el organismo. En abril de 2020, al inicio de la pandemia, esta proporción era de 38 por ciento.

En el caso de las mujeres, uno de los principales motivos de subocupación y de no buscar activamente un trabajo tiene que ver con las tareas del hogar y de cuidados que realizan, pero sin generarles ingresos económicos.

El artista callejero Banksy ha desvelado este 14 de febrero, Día de San Valentín, un mural en la localidad costera de Margate, al sureste de Inglaterra, que muestra a una mujer con un ojo morado y que se ha interpretado como un alegato contra la violencia de género.

La obra del cotizado grafitero y activista, cuya identidad continúa rodeada de misterio, utilizaba un congelador abandonado para simular que la mujer del mural, a la que le falta un diente, había arrojado a un hombre dentro del electroméstico.

El congelador, sin embargo, fue retirado pocas horas después de que Banksy confirmara su autoría del trabajo publicando una fotografía de la obra en su cuenta de Instagram.

El mural había aparecido el lunes por la mañana en la parte trasera de un edificio de la calle Grosvenor Place, que va a dar a la playa de la localidad inglesa.

Mural de Banksy contra la violencia de género

La publicación de Banksy en la red social, que acumulaba más de un millón de “me gusta”, incluye un primer plano del rostro golpeado de la mujer, bajo el título “Máscara del Día de San Valentín”.

El grafitero ha pintado diversos murales en el condado inglés de Kent, cuyas costas son las más cercanas de la isla de Gran Bretaña al continente europeo.

En 2017, ejecutó una gran pintura en Dover en la que representó a un trabajador retirando una de las estrellas amarillas de la bandera de la Unión Europea (UE), en referencia al Brexit.

Algunos expertos llegaron a valorar aquel trabajo en un millón de libras (1,13 millones de euros), si bien dos años más tarde lo borraron con pintura blanca.

Hace unos meses, más de 100 obras originales de Banksy, entre ellas la “Chica con globo”, se presentaron en Bogotá por primera vez como parte la exhibición “Banksy: Genius or vandal?”.

En el mundo de la programación sigue existiendo “una hermandad excluyente hacia las mujeres” que se sustenta en el estereotipo de que ellas “no son tan buenas programando como los hombres”, una cultura ‘brogrammer’-acrónimo de “brother” (hermano) y “programmer” (programador)- que deja fuera de esta profesión “de presente y futuro” a la mitad de la población.

Así lo explica durante una entrevista con Efeminista la tecnóloga fundadora de Digital Fems, Thais Ruiz de Alba, para quien programar mejor o peor “no tienen nada que ver con el género.”

El término de ‘cultura brogrammer’ surgió en Silicon Valley para describir la hermandad entre los hombres que trabajan en el mundo de la tecnología. Aunque en sus inicios no tenía una connotación despectiva, ha evolucionado hacia un matiz crítico para reprochar que ese ambiente “menosprecia” y “expulsa a las mujeres de esta profesión de presente y de futuro“, explica la jurista de formación.

Existe una “cuestión cultural que históricamente ha enseñado que las ciencias son más para los chicos y las letras para las chicas”, coincide la co-fundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), Idoia Salazar.

Los datos de la cultura ‘brogrammer’

La Unesco ha advertido en repetidas ocasiones que la presencia de niñas y mujeres en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a nivel internacional solo es del 35 % y de esas únicamente el 3 % se matriculan en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En el ámbito de la programación, las mujeres solamente representan el 11 % de las personas que programan código fuente (escribir software) y el 12 % de quienes participan en el desarrollo de innovaciones ligadas a la inteligencia artificial y el Machine Learning con capacidad de decisión de alto nivel, según el Instituto de las Mujeres.

Con el objetivo de averiguar por qué no hay mujeres, Thais Ruiz de Alba y la investigadora Tayrine Dias Dos Santos preguntaron a las tecnólogas en España sobre su situación profesional (qué barreras perciben, trabas al liderazgo y brecha salarial), las políticas de diversidad de la empresa en la que trabajaban o sus propuestas para mejorar la situación.

Espacios masculinizados

El informe resultante, presentado en noviembre de 2022, volvió a constatar la brecha de género: en España solo el 1,7 % de las mujeres ocupadas se dedican a la tecnología digital frente al 6,19 % de los hombres.

“Las mujeres se sienten abandonadas o no se sienten acompañadas en su trayectoria profesional dentro de las corporaciones tech”, critica Ruiz de Alba, para quien es especialmente preocupante el dato de que casi la mitad de las participantes en la encuesta (47,1 %) haya renunciado al menos una vez a su puesto de trabajo por falta de apoyo en la empresa.

Y las que no han abandonado (56,3 %), señala, “no ha tenido las mismas oportunidades de promoción que los hombres”.

Para la experta, la cultura brogrammer es eso: “la masculinización de los espacios”. Un problema añadido, explica, es que en esos entornos “se producen determinadas dinámicas” que “provocan el abandono de las mujeres” que han conseguido llegar, que no son muchas.

Acoso sexual

Estas dinámicas incluyen, en algunos casos, el acoso sexual. En el trabajo se producen el 17 % de los casos, según datos del Instituto de las Mujeres, “¿Qué pasa entonces en entornos masculinizados como el sector tech?”, plantea Ruiz de Alba.

El 22,7 % de las mujeres que trabajan en empresas de tecnología ha sufrido acoso sexual en el trabajo, señala, y seis de cada diez no saben si hay, o no conoce, los protocolos de la compañía para denunciar este tipo de situaciones.

Es “extremadamente grave” que, además de que se produzcan estas violencias, cuando ocurren, las trabajadoras “no saben qué hacer”. Esto, asevera, “es responsabilidad de las corporaciones”.

“No existe publicidad de estos protocolos, no hay información…”, señala, e insiste en que “es obligatorio tener protocolos y que sean correctamente comunicados”.

En España la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto 901/2020 obliga a las empresas y personas autónomas con empleados a sus cargo, independientemente de su tamaño, a constituir un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Según lo estipulado, el protocolo se debe divulgar compartiendo a la plantilla las normas, medidas y canales de denuncia para combatir el acoso laboral. Si las empresas no cuentan con este protocolo, la ley prevé multas desde 7.500 euros, para infracciones leves, hasta 225.018 euros, para infracciones muy graves.

Además, si la compañía tiene más de 50 personas en plantilla debe contar con un Plan de Igualdad.

Productos deficitarios y sesgados

Las consecuencias de la ‘cultura brogrammer’ y de que los puestos de trabajo estén copados por hombres también tiene efectos para la sociedad: productos deficitarios y sesgados.

“Nos faltan mas programadores con perspectiva de género porque esto lo que hace es que el producto no tenga sesgo, sea mas seguro, mas eficaz”, afirma la fundadora de Digital Fems.

La Inteligencia Artificial (IA) es una de esas áreas en las que la presencia de sesgos puede tener “consecuencias desastrosas” por la proyección de futuro que tiene, asegura Idoia Salazar, colaboradora de la Secretaría de Estado de digitalización e Inteligencia Artificial de España y miembro del equipo de expertos en IA del Parlamento Europeo.

Y por el momento los datos tampoco son buenos: menos del 25 % de las personas que se dedican a la investigación en IA son mujeres, y entre quienes lideran proyectos en el ámbito empresarial en este campo solo son 18 %, según el estudio “Mujeres y digitalización: de las brechas digitales a los algoritmos” del Instituto de las Mujeres.

“Para que realmente haya una inteligencia artificial útil para la sociedad y que no sea injusta, es necesario que el equipo que la crea tenga tanto perfiles de mujeres como de hombres”, explica la experta en IA, y añade que cada vez se están creando más aplicaciones capaces de extraer los sesgos de los datos.

Educación frente a la cultura ‘brogrammer’

Esto se consigue, dice, con más medidas por parte de las empresas para reducir la brecha de género. Pero también, transformando la educación, haciendo políticas e implementando más “programas específicos dentro de los colegios donde se incentive las ciencias y el mundo de la programación entre las niñas“.

“Es importante que se haga un esfuerzo en la Administración Pública” para conseguir la “interdisciplinariedad” que requieren las nuevas disciplinas tecnológicas, explica Salazar, que reconoce que en los últimos años se está avanzando.

Esta apuesta política y educativa, dice, “es vital si realmente queremos una sociedad suficientemente formada para vivir de manera justa y y positiva dentro de este mundo de los datos”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la medida de protección a las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México que establece que los agresores deberán entregar los pasaportes de los hijos menores de 18 años para que permanezcan en resguardo mientras un juez familiar determine quién tendrá la guarda y custodia de los hijos y cómo se llevarán a cabo las visitas y convivencias.

La medida fue añadida en el año 2020 mediante una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la CDMX, como parte de las órdenes de protección en materia penal a favor de las mujeres víctimas de violencia.

Durante la sesión de este martes, la mayoría de los integrantes del Pleno avalaron la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró que esta medida no es inconstitucional al no estar regida exclusivamente por la ley procesal penal, en la que sólo el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar.

“Contrario a lo que alega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se invade la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal (…) ya que las medidas de protección reguladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la realización de cualquier conducta que implique una situación de violencia contra las niñas y mujeres”, señaló la ministra.

Añadió que la Ley General en la materia habilita a las autoridades jurisdiccionales competentes, federales y locales, para valorar las medidas de protección que consideren necesarias.

Posteriormente, la Corte inició el análisis de la impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX contra esta reforma y otras modificaciones en la materia, en la que se estableció la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

La ministra Esquivel propuso avalar la reforma pero hasta ahora cinco integrantes del Pleno ya se pronunciaron en contra.

La Corte no concluyó la discusión del asunto, por lo que será retomado el próximo jueves 16 de febrero.

Era final de mayo y hacía horas que el termómetro superaba los 30 grados. Inmensas filas de vehículos esperaban bajo el sol en un punto llamado Retorno, a la altura de la colonia Paso Limonero, a unos 10 kilómetros de Acapulco de Juárez, en Guerrero. Ese fin de semana se celebraba el tianguis turístico y la ciudad costera esperaba abarrotarse. Pero desde primera hora de la mañana nadie podía pasar. Varios grupos de manifestantes habían cortado todos los accesos desde Ciudad de México: no habría tráfico hasta que las autoridades no encontraran a Yoseline Patricio Vendrel.

A Yoseline, de 16 años, la habían secuestrado el día anterior, a las 6.30 horas, cuando iba a la escuela, acompañada de su novio, en el pueblito de San Agustín. Llegó un vehículo con hombres armados, dos se bajaron, golpearon al chico y se la llevaron a ella. Así de rápido, de sencillo, llevarse a una mujer. Su madre Belén movilizó a toda la comunidad para protestar y pedir a las fuerzas de seguridad que la encontraran. El primer bloqueo fue disuelto muy rápido por la Guardia Nacional, pero para el segundo estaban preparados para el calor y los gritos. Entendían, decían, que tener atorados a los autobuses y a cientos de coches era molesto para los afectados, pero era peor que Yoseline no apareciera, como no aparecen tantas, y que todo siguiera como si no pasara nada.

Al plantón llegaron la fiscal y varios secretarios de Gobierno, no lo hizo Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Trataron de negociar, pero el pueblo estaba firme: sin la niña no se iban. Unas 24 horas después, el Gobierno anunciaba triunfante: Yoseline estaba de vuelta en su casa. Llevaba todavía el uniforme escolar con el que se la llevaron. Los senadores reconocieron más tarde que el de Yoseline era un probable caso de trata de mujeres, ella fue otra joven secuestrada por grupos criminales para la explotación sexual, pero la salvaron a tiempo.

En México, hay más 110.000 personas desaparecidas, de ellas, 28.000 son mujeres. Los casos se acumulan en las mesas de unas autoridades desbordadas: a las comisiones de búsqueda les faltan los recursos, el personal, la capacidad operativa; las fiscalías están sepultadas en un país en el que cada día 10 mujeres son asesinadas y siete desaparecidas, el doble de estas cifras se registra para varones. Ante el derrame imparable de la tragedia, las autoridades se han atrincherado tras muros de burocracia. Para abrir grietas y acceder a la justicia, algunas familias optan por cortar las principales carreteras, generando retrasos de horas y caos en el asfalto.

El pasado viernes, cuando comenzaba el puente de vacaciones, la familia de Carolina Islas bloqueó la carretera de México hacia Cuernavaca. Retuvieron el tráfico durante nueve horas. Algunos conductores terminaron bajándose de sus coches para enfrentarse a golpes con la familia de la joven. Aquel día hacía una semana que Carolina estaba desaparecida, hoy han pasado dos. Caro —como la llaman— salió a un bar del centro histórico de Ciudad de México, el Mr. Duck, muy conocido por su ambiente de fiestas de reguetón, con su pareja Iván Guadarrama, con quien llevaba saliendo dos años. “Sabemos que salieron del bar, pero de ahí no sabemos nada más”, dice a EL PAÍS Lucía Franco, prima de la joven.

Islas tiene 29 años, es madre de tres niños pequeños, trabaja de mesera, es tranquila, reservada y familiar. Su novio ha pasado de estar en las fichas de búsqueda como desaparecido con ella a ser el principal sospechoso. “Los buscamos a los dos, porque llegando a él, llegamos a Carolina. Creemos que él la tiene”, explica Franco. Los días antes del bloqueo no recibieron ninguna información, solo podían esperar. Trataron de hacer un par de manifestaciones en el de Viaducto, pero no tuvieron el eco. El viernes “sí fue un gran cambio”: consiguieron que los recibiera la fiscal Ernestina Godoy y que se comprometieran a darles un informe diario de cómo van las investigaciones. Además, han hecho búsquedas en el terreno en varios puntos de Tlalpan de donde era originaria la joven, de momento sin éxito. Su familia insiste: “Queremos a Caro con vida”.

Los cortes ocurren con frecuencia, casi de forma diaria, algunos con más impacto mediático que otros. A final de junio sucedió en la México-Puebla para que apareciera Alondra Soledad Axalco, de 18 años, en Tlahuapan, y lo hizo; en diciembre en Acapulco para localizar a la estudiante de derecho Leslie Berenice y se hizo; en enero en Ciudad de México para que encontraran a María Angela Olguín, de 16 años, y lo hicieron. Sin embargo, en un país de impunidad y fosas, los bloqueos no siempre son sinónimo de éxito: nada se sabe todavía de Alicia Ramos Juárez, desaparecida el 13 de diciembre en Acapulco; a Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez la encontraron sepultada debajo de una maderería en Tlanepantla dos semanas después de que su familia colapsara la México-Querétaro.

Las familias, solas ante la desaparición forzada

En muchas ocasiones, las familias buscan solas a sus desaparecidos, un camino tortuoso y plagado de dificultades técnicas. Por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador jurídico de la organización de derechos humanos IDHEAS, explica que si una niña desaparece en el metro de Ciudad de México y la madre trata de revisar las cámaras de seguridad, la van a mandar a la Fiscalía de la delegación correspondiente para pedir el permiso, allí —después del traslado y la espera— la van a derivar a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, y será en este último donde podrá poner la denuncia, pero después tendrá que ir a la Comisión de Búsqueda para levantar la ficha de desaparición: “¿Cuántas horas habrán pasado ya sin la niña? ¿24? Y todavía nadie ha empezado a buscarla. Cuando desaparece una niña, una mujer, hay que reaccionar de manera inmediata”.

El experto señala que el país cuenta con “el marco jurídico adecuado” que marca las obligaciones del Estado en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas: “Sin embargo, nos movemos en cómo debería ser y en cómo realmente es”. Desde su asociación han publicado una guía de qué hacer en las primeras 24, 48 y 72 horas de desaparición de una persona, porque son “cruciales”.

Después de 20 años trabajando en temas de desapariciones, Gutiérrez Contreras es muy crítico con la manera de enfrentar esta crisis por parte de las autoridades: “Son ineficientes. La Comisión de Búsqueda de Ciudad de México, por ejemplo, no tiene capacidad para buscar a nadie. Además, es absurdo, y lo hemos dicho muchas veces, que en este país la búsqueda y la investigación del caso vayan por separado”. Además de las “omisiones o negligencias de las autoridades”, el experto menciona a otros actores: “La falta de solidaridad de la sociedad mexicana que no aporta las imágenes de sus cámaras privadas o de las empresas Telcel o Movistar, que es importante involucrarlas en el tema para que den información sobre los teléfonos de las víctimas de desaparición”.

En conclusión, Gutiérrez Contreras dibuja “una situación estructural de impunidad” que orilla a algunas familias de desaparecidos a la protesta. “Algunas personas deciden bloquear las calles para que actúe inmediatamente el Ministerio Público, y otras dejan pasar el tiempo esperando resultados, después cuando no ven absolutamente ninguna diligencia, se lanzan a protestar. Nosotros no estamos en lo absoluto opuestos a que la gente ejerza actos de desobediencia justificada”.

Yadira García pidió en junio disculpas a todos los que les afectó el bloqueo de la carretera federal 150, que va de Orizaba a Tehuacán, y que fue cortada a la altura de Nogales, donde desapareció su hija, de 21 años, Paola Itatí Hernández. “Somos ignorados, tenemos que hacer algo para que la gente voltee, tenemos que hacer este tipo de cosas porque si no las autoridades no me dan cuenta de nada”, dijo entonces, cuando llevaba ya cinco días sin su hija, cinco días en los que no había recibido ninguna llamada de la Fiscalía, ni siquiera sabía si estaban investigando para encontrarla: “Sé que de alguna manera se incomoda la sociedad, quizá nunca ha pasado por lo que yo estoy pasando”. Encontraron a Paola dos días después del bloqueo, ya sin vida.

Mujeres entre 26 y 50 años son las más vulnerables ante la violencia digital. Este es uno de los datos que se ha puesto de manifiesto en la II edición de LIDEResA, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de valorar el talento de las mujeres y su liderazgo en todas sus vertientes, así como visibilizar aquellas situaciones que dificultan la consecución de una igualdad de género real y efectiva en la sociedad.

En la última jornada, celebrada en el espacio Talent Garden de Madrid, se ha puesto el foco en el potencial de las nuevas tecnologías para cometer conductas delictivas contra las mujeres, aunque se ha precisado que «el problema no son las nuevas tecnologías, sino los agresores».

Representantes de organismos oficiales que trabajan en la prevención y atención de la Violencia de Género Digital, sociólogas y comunicadoras expertas en género y creadoras de contenido digital que han sufrido en primera persona esta situación se reunieron para hablar de un fenómeno creciente y tremendamente preocupante en nuestro país como es la Violencia de Género Digital.

Esta consiste en daños o sufrimiento de índole física, mental o sexual, ciberamenazas, coacciones y otras formas de privación de libertad digital contra las mujeres a través de la tecnología con la finalidad de dominación e intromisión sin consentimiento a su privacidad como forma de control.

Los ponentes han puesto el foco en el problema de impunidad para los agresores «a cuya situación contribuye las particularidades que tiene el medio digital, especialmente las redes sociales, donde existe ausencia de contacto directo con la víctima, se permite el anonimato y hay escasez de vigilancia.

Así lo manifestaron Beatriz Bonete, socióloga e investigadora, experta en género y co-fundadora de NosotrAs Estudio; y María Garzón, Socia Fundadora de iMades Communication y Responsable de Marca Personal, Mujer y Liderazgo. Esta última comentó que «la tecnología avanza sin tener en cuenta las cuestiones éticas y las connotaciones machistas, y la gran mayoría de las veces, la tecnología avanza más rápidamente que la ley».

Por su parte, Bonete explicó cómo «la violencia digital es una extensión de la violencia machista, solo que el medio digital la amplifica, modifica y se vuelve más virulenta con los agravantes que ello causa en las víctimas».

UN FENÓMENO INVISIBLE QUE CRECE IMPARABLE

De las dimensiones que adquiere la violencia de género digital en España se habló en una primera mesa de debate en la que intervinieron representantes de instituciones que trabajan en la prevención y persecución de este tipo de violencia.

En ella participaron la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer Teresa Peramato quien ha asegurado que «desde la Fiscalía se observa que los delitos relacionados con el acoso, con el derecho a la intimidad, a la integridad moral y a la libertad sexual son los que menos se denuncian», un hecho que cree que puede achacarse a que las mujeres no son conscientes de la violencia que sufren o porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y tienen miedo a hacerlo.

Otra barrera que lastra el trabajo en la materia es, como reconocieron desde las instituciones, que la realidad de la violencia de género digital va a una velocidad mucho mayor que la legislación. Los ponentes han destacado que se han producido avances legislativos importantes en los últimos años, como la Ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, aunque han apuntado que son necesarias normas penales que incluyan esas conductas como delito para proteger a las víctimas y evitar que haya espacios de impunidad para los agresores.

Al respecto, el teniente Daniel Moreno detalló que en 2022 se crearon los equipos de violencia de género, equipos VioGén, para ofrecer atención especializada a las mujeres. A día de hoy, hay 635 agentes que pertenecen a estos equipos y 235 equipos VioGén por todo el territorio nacional, un número que ha crecido en los últimos meses. Del mismo modo, los EMUMES (Equipo de Mujer- Menor) son punto de atención especializada y hay 730 especialistas que están repartidos en 270 equipos.

Por su parte, Sindy Takanashi, comunicadora contra las violencias machistas y presentadora del podcast ‘Queridas Hermanas’, centró su discurso en las devastadoras consecuencias que genera este tipo de violencia para las víctimas, pues muchas de ellas se ven obligadas a abandonar el entorno digital, a «morir digitalmente», lo que genera graves secuelas psicológicas, sociales y económicas que impactan en todas las esferas de su vida.

En la misma línea se mostró María Sánchez, ‘Miare’, creadora de contenido digital y directora de producción, quien compartió su testimonio y denunció que, «en la actualidad, la ausencia de información sobre Violencia de Género Digital es en realidad falta de interés». Ella ha sufrido violencia de género digital y comentó que «entre las creadoras de contenido está interiorizado el que utilizar los canales digitales de forma profesional conlleve un riesgo, cuando nunca esto debería justificar cometer este delito».

El presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI), Salvador Samper, aportó cifras para conocer la tipología de delitos más frecuente, siendo el software espía, las amenazas, las coacciones y el acoso algunos de ellos, mientras que WhatsApp es el canal más empleado por los agresores. En cuanto al perfil de las víctimas, las mujeres de entre 26 y 50 años son más vulnerables en el entorno digital, si bien afecta a todo rango de edad y se produce de forma continua.

También detalló la labor de prevención que realizan desde el organismo que preside, cuyo objetivo es atender a las víctimas de manera temprana, escucharlas y asesorarlas, por ejemplo, en las unidades de Atención Temprana a las Víctimas (ATV).

Para dar un paso más en el camino que queda por delante cree que «hay que crear un comité ético por parte del tercer sector, de la sociedad, para poder sentarnos con las compañías tecnológicas y con los órganos decisores de las empresas para que conozcan la situación».

Pese a que hace cuatro años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por el caso de tortura sexual sufrida en 2006 por 11 mujeres de San Salvador Atenco por parte de policías federales y mexiquenses, las representantes de las víctimas acusan “falta de voluntad política” del gobierno lopezobradorista –pese a las promesas del jefe del Ejecutivo– para acatar la resolución y ofrecer justicia.

A más de cuatro años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó a México por la tortura sexual cometida contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por agentes de seguridad pública del Estado de México y de la extinta Policía Federal, en mayo de 2006, representantes de las víctimas alertan por la “falta de voluntad política” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acatar

Pese a que en un primer momento López Obrador se comprometió a atender la sentencia, dada a conocer días después de que tomó posesión, en diciembre de 2018, hasta ahora “la gran mayoría de las medidas de reparación de daño y medidas de no repetición se encuentra parcialmente cumplidas o totalmente incumplidas”, sostiene Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las 11 mujeres de Atenco que decidieron acudir al tribunal regional en busca de la justicia que hasta ahora se les ha negado en México.

No se trata únicamente de la impunidad en que se encuentra el caso, después de más de 16 años de ocurridos los hechos o la desatención en temas de salud de las víctimas, sino que por parte del gobierno en turno hay una “resistencia absoluta” en cumplir con medidas estructurales, como lo es la creación de un observatorio independiente de supervisión en materia de uso legítimo de la fuerza para la policía del Estado de México y la Guardia Nacional (GN, ante la desaparición de la Policía Federal), mientras que no termina de cuajar la operación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres,

“Creemos que es momento de hacer uso de todos los mecanismos de supervisión de la Coidh; en las observaciones que hacemos al informe de seguimiento de la sentencia del Estado mexicano, estamos pidiendo a la Corte que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento”, sostiene la abogada en entrevista con Proceso.

De la revisión del documento de seguimiento del caso presentado por el gobierno de López Obrador, del 7 de diciembre, a través de la embajadora en Costa Rica, Roselia Barajas, y en las observaciones de las organizaciones que defienden a las víctimas, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), fechado el 9 de enero, se advierten las omisiones, contradicciones y deficiencias para acatar la sentencia de la Coidh, de cumplimiento obligatorio para México.

Tras considerar que la falta de cumplimiento de la sentencia se deriva de “la falta de coordinación institucional y del deficiente seguimiento concreto de los diversos acuerdos y compromisos asumidos por el Estado”, las organizaciones que representan a las víctimas hacen un recuento del diálogo sostenido con autoridades para dar seguimiento a la sentencia, concretándose únicamente tres reuniones de alto nivel con el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas.

No al observatorio

Entre las omisiones más graves, destaca lo relativo al observatorio de monitoreo del uso de la fuerza de las corporaciones estatal y federal, que si bien está enlistada entre los temas a supervisar por la Coidh, sólo se presenta un reporte de cursos de capacitación en materia de género, derechos humanos y la sentencia del Caso Atenco, a más de 14 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, sin hacer mención a la Guardia Nacional.

En su valoración ante la Coidh, en su documento las organizaciones consideran que el incumplimiento de la creación del mecanismo de monitoreo y fiscalización de uso de la fuerza para la Guardia Nacional y la policía del Estado de México, es “muestra de un claro desacato”, ya que “no solamente no existen avances ni información novedosa en este aspecto, sino que el Estado ha adoptado anteriormente como postura que la creación de un observatorio independiente no es necesario en tanto se cuenta con órganos internos de control”.

Al insistir en que el incumplimiento de esta medida “da cuenta de una falta de voluntad del Estado mexicano en su totalidad de cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas del fallo”, toda vez que el plazo para atenderla venció hace dos años, las organizaciones recuerdan que en julio de 2021 entregaron a la Secretaría de Gobernación el documento Bases para el diseño del observatorio independiente de la efectividad de las políticas e instituciones de rendición de cuentas y monitoreo del uso de fuerza, sin que hasta enero de 2023 hayan recibido respuesta.

Para las víctimas y sus representantes, es fundamental implementar la medida de no repetición ante evidencias de la persistencia de la tortura sexual contra mujeres, mientras que la Guardia Nacional actúa con opacidad.

Como ejemplo, citan datos del Informe anual de actividades 2021 de la Guardia Nacional, en el que se sostiene que 125 veces sus efectivos hicieron uso de la fuerza legal con arma de fuego y sólo en uno se concluyó que hubo exceso de uso de fuerza, sin señalar los criterios para determinarlo; que en sus operativos 65 personas civiles fallecieron y 20 más resultaron heridas, sin que se mencionen “las circunstancias y razones que se tuvieron para emplear las armas de fuego”.

A ello se suma la resistencia de la GN para acatar un resolutivo de septiembre de 2021 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de elaborar versiones públicas de los informes sobre uso de la fuerza.

“Aunque la GN ha reportado casi 300 eventos en 2020 y 2021 en los que usó la fuerza y armas de fuego, hasta el mes de mayo de 2022, después de un largo litigio ante la instancia de transparencia impulsado por el Centro Prodh, la institución sólo había publicitado seis informes”, notifican los representantes de las mujeres de Atenco a la Coidh.

En cuanto al Mecanismo de Seguimiento a Tortura Sexual cometida contra Mujeres, en su informe el Estado refiere que los “Lineamientos para la Organización del Grupo de Apoyo Técnico”, del instrumento están en proceso de análisis por parte de instituciones que participarían en él y que “se implementan acciones para la atención de 39 casos de mujeres que refieren haber sido víctimas de tortura sexual” por parte de dependencias de la Secretaría de Gobernación.

A ello, las representantes de las víctimas alertan que desde 2019 no se han llevado a cabo reuniones del mecanismo, por lo que los casos mencionados “no fueron revisados en sesión formal del Mecanismo con participación de las instituciones ni mediante la emisión de dictámenes, mucho menos con participación o conocimiento de esta representación”.

Las organizaciones que representan a las mujeres de Atenco consideran que el reconocimiento de la persistencia de la tortura sexual, “no ha derivado en acciones por parte del Estado para atenderla como parte de una política estatal que involucre a las diferentes instancias vinculadas con el tema y pertenecientes al mecanismo”.

Y es que el informe del Estado mexicano incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra Mujeres Privadas en Libertad en México, presentado el 27 de junio de 2022 en la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento a uno de los resolutivos de la sentencia.

Entre los datos relevantes derivados de consultar a mil 280 mujeres privadas de libertad, se destaca que 70% fueron detenidas con violencia; 30% vivió tortura sexual por parte de agentes estatales y municipales; entre 2006 y 2021 se presentaron 10 mil 678 denuncias por tortura en órganos de procuración de justicia, siendo 221 por tortura sexual; que en ese mismo periodo, en organismos públicos de derechos humanos se presentaron 11 mil 949 quejas por tortura, 316 por tortura sexual emitiéndose 59 recomendaciones, en tanto que en ese periodo sólo se emitieron siete sentencias por tortura sexual, siendo conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos casos, en los que no han sido procesados los responsables.

En materia de acceso a la justicia, las representantes de las mujeres de Atenco se quejan ante la Coidh de la falta de coordinación institucional y de no dar cuenta al tribunal regional del litigio en el fuero interno que llevan a cabo las mujeres.

“No existe ninguna sentencia en contra de las autoridades que cometieron o fueron omisas frente a la tortura sexual sobrevivida por las 11 mujeres, así como tampoco de ningún otro delito relacionado con los hechos”, mientras que las investigaciones continúan fragmentadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pese a que la instancia federal solicitó la atracción del caso.

Ante la resistencia de FGJEM por entregar a Fevimtra su expediente, las mujeres de Atenco solicitaron un amparo, siendo beneficiarias por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el 26 de agosto de 2022.

El amparo considera que es indispensable que sea la autoridad quien se haga cargo de la investigación para que se cumpla la sentencia de la Coidh, para que se analicen “en conjunto la totalidad de los hechos, así como la responsabilidad de todos los perpetradores de los distintos niveles y corporaciones, y la cadena de mando”, reconociendo las facultades del Ministerio Público Federal para esclarecer “delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, como ocurre en este caso”.

En el escrito ante el tribunal regional, se resalta que el 14 de septiembre de 2022 la FGJEM interpuso un recurso de revisión contra el amparo, argumentando “razones procesales”, contra la que los representantes presentaron un recurso de revisión -adhesiva el 23 de septiembre, litigio que está en curso en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

En el escrito enviado a la Coidh las organizaciones se quejan de la pasividad de la Fevimtra por no tener “una actitud proactiva para que se atienda la solicitud de atracción que emitió, dejando la carga e impulso procesal a las mujeres y su representación”, sin contar que no ha presentado a las víctimas un plan de investigación ni un cronograma de actuaciones ni mucho menos ha dado respuesta a las aportaciones que ha hecho la representación legal a la averiguación previa abierta.

Ivette Galván acota que, para colmo, en el litigio “nos llamó mucho la atención que el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado presentó alegatos en contra de la sentencia que resultó favorable para las mujeres”.

Tras advertir que “los alegatos del agente del Ministerio Público Federal pueden o no ser tomados en cuenta dentro del recurso”, Galván destaca que ese hecho “habla de la disparidad de criterios de la misma institución, cuando fue una sentencia promovida por la misma FGR a través de Fevimtra”.

La abogada del Centro Prodh insiste: “Consideramos que es indispensable una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia, porque si bien se han hecho esfuerzos importantes por parte del Estado mexicano para atender varias medidas, la verdad es que la mayoría se encuentran en un nivel de incumplimiento parcial o total de las mismas, sobre todo lo relacionado con la instalación del observatorio de monitoreo y fiscalización del uso de la fuerza de la Guardia Nacional y el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura sexual contra Mujeres”.

Como era una costumbre desde hace 20 años el mes de febrero tiene un fin de semana reservado para el arte contemporáneo en Ciudad de México, Material, Salón Acme y la feria que lo iniciara todo, Zona Maco abren sus puertas con más de 100 galerías, artistas de más de 20 nacionalidades y una mención especial a los temas que marcan la actualidad mundial. El feminismo, la violencia en América Latina, los conflictos sociales tienen ya un espacio asegurado en estas muestras de arte, pero este año se les suman un nuevo tema en común, el coronavirus, ese mal que unificó al mundo en una misma crisis, que también fue inspiración de muchos autores que llegan con sus obras a lo que llaman la semana del arte.