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María Isabel tenía 15 años cuando desapareció. Una mañana de diciembre de 2001 salió de su casa para ir a trabajar y dos días después su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y violación. Cuando su madre denunció la desaparición, ninguna autoridad la quiso escuchar. Claudina Velásquez, una estudiante de derecho de 19 años, salió de fiesta una noche de agosto de 2015 y nunca regresó a casa. Sus restos fueron encontrados a unos kilómetros de distancia también con señales de violencia. Al denunciar la desaparición, la policía le restó importancia y comunicó a sus familiares que no se preocuparan, que su hija seguramente estaba pasando la borrachera con unas amigas.

Desde 2011, se ha producido un incremento significativo de la desaparición forzada de mujeres, que superan ya las de los hombres. En el primer semestre de 2022, se han activado 1.003 alertas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una cifra a la que se le suma las 3.667 alertas por desaparición de niñas y adolescentes, mayoritariamente de entre 13 y 18 años, de acuerdo con la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. Pese a estas cifras, durante años, en Guatemala, no se ha hablado de este tipo de desapariciones como un fenómeno persistente. Existe, pero se invisibiliza.

Frente a la gran problemática que vivía el país, el Gobierno se vio obligado a tomar medidas. El nombre de las dos mujeres citadas anteriormente representa dos de los casos que se mantienen vivos en la memoria del país, y que dieron nombre a la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo de búsqueda inmediato creado en el año 2016. Su antecedente directo es la alerta Alba-Keneth, originada en 2010 como mecanismo de búsqueda inmediata de niños y niñas.

Según datos del Ministerio Público —el único organismo que ofrece estos datos— el 82% son localizadas. Esa cifra, sin embargo, la cuestionan diversas organizaciones implicadas en la protección de las mujeres consultadas por este diario. Además, que reaparezca no quiere decir que a pesar de haber sido localizada no haya sido víctima de algún delito. Más allá del miedo a denunciar, existe una extendida desconfianza por parte de la población hacia el sistema judicial y los cuerpos policiales.

El 70% de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado y las maras

La guerra de Guatemala contra las mujeres

Los 36 años de conflicto armado interno dejaron un saldo de 45.000 personas desaparecidas, de los cuales aún no hay rastro alguno. Aunque esta práctica no se ha erradicado, sí que se ha producido un cambio destacado: ahora las principales víctimas son ellas. El país centroamericano cuenta además con una de las tasas de feminicidio más elevadas del mundo: 376 han sido asesinadas en los últimos seis meses, según datos del Observatorio de la Mujer. Asimismo, en 2021 la Fiscalía de la Mujer recibió 95.955 denuncias por delitos.

Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes, sostiene que una de las secuelas de la guerra civil ha sido la normalización de las conductas violentas como un mecanismo de control y de poder sobre ellas. Hernández recuerda uno de los casos que atendieron, cuando un miembro ya encarcelado de una mara mandó a asesinar a su pareja. La razón: ella se había negado a matar a una persona para entrar a la pandilla. Su cuerpo apareció en una maleta en el centro de la capital guatemalteca. Esteban Celada, abogado especializado en derechos humanos, cuenta que el 70% de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado y las maras. Sin embargo, sostiene que, aunque el autor sea un pandillero o un narco, el origen siempre está en la violencia patriarcal.

¿Por qué desaparecen?

Si bien es verdad que la gran mayoría de desapariciones forzadas son perpetradas por civiles, pandillas o grupos criminales, las fuerzas militares y cuerpos policiales en ocasiones también tienen una implicación directa, según las organizaciones consultadas. En muchos casos, la omisión de ayuda en la búsqueda y las irregularidades en la resolución de los casos los convierte en cómplices de estas desapariciones.

En otros casos, como afirma Celada, “ellos son los más señalados de cometer violencia sexual contra ellas, y sobre todo a mujeres indígenas”. Para la directora de Fundación Sobrevivientes, los grupos criminales y las estructuras de trata de personas en muchas ocasiones cuentan con la ayuda de los cuerpos de seguridad y otros aparatos del estado. “Hace poco se hizo una redada en un club nocturno donde encontraron a muchas con alertas activadas, que habían sido obligadas a prostituirse. El jefe de la Unidad de Trata de Personas de la Policía fue capturado como principal colaborador del grupo criminal”, denuncia.

Parte de las desapariciones son voluntarias, es decir, escapan de su entorno sin decir nada, ya que son víctimas de violencia intrafamiliar o de abusos, a menudo perpetrados por la pareja sentimental, el padre, un hermano o un tío. En estos casos también se activan las alertas. La migración forzada también se puede dar por la falta de oportunidades, tanto educativas como laborales.

Para Silvia Requena, coordinadora del Programa Mujer y Equidad de Género de Pastoral Social-Cáritas de Alta Verapaz, un departamento ubicado en el interior del país que tiene predominancia indígena, la violencia política es la razón principal de la desaparición de lideresas en defensa de la tierra y los derechos humanos. Tanto para Requena como para Celada, este es un mensaje simbólico para atemorizar a las activistas en contra del extractivismo. Mientras, las jóvenes, adolescentes y niñas corren el riesgo de ser secuestradas para la explotación sexual y la trata de personas.

Los departamentos con los números más elevados de desapariciones concuerdan con las zonas con mayor violencia machista.

Un porcentaje menor de las denuncias están relacionadas con una alteración banal de sus rutinas: llegan tarde a su lugar de destino por voluntad propia, no avisan a sus familiares de que se retrasan en su retorno, etc. Estos casos, que pueden ser atribuidos a errores, están ligados al contexto de violencia contra aquellas que viven el país y a la consecuente preocupación o alarma generalizada. Por este motivo, cuando una mujer rompe con su cotidianeidad, cualquier persona de su entorno que no consigue comunicarse con ella suele activar una alerta de desaparición, un mecanismo de búsqueda inmediata.

Debido a la inexistencia de datos públicos que expliquen las causas de este fenómeno, se ha realizado un análisis territorial comparativo en relación con otros delitos cometidos contra ellas: feminicidios, violaciones y violencia, que incluye la física, la psicológica y la económica.

Hay muchos paralelismos entre mujeres desaparecidas, tasas de feminicidios y tasas de violencia contra la mujer (violencia física, psicológica y económica). Los departamentos con los números más elevados de desapariciones concuerdan con las zonas con mayor violencia machista. En el caso de las violaciones, se repite el mismo patrón en muchos departamentos, pero la relación causal no es tan significativa. Aunque este análisis muestre relaciones causales con otros delitos, no se pueden sacar conclusiones definitivas debido a las características propias de cada territorio.

Las organizaciones que fiscalizan la acción gubernamental denuncian que no existe un seguimiento de las que aparecieron, ni queda un registro de en qué estado se encuentran cuando son localizadas.

La vergüenza de ser víctima de la violencia

Una de las problemáticas a las que se enfrentan aquellas que consiguen regresar es al estigma comunitario. En este sentido, Silvia Requena, de la ONG Cáritas de Alta Verapaz, explica que muchas han tenido que migrar o cambiar de comunidad. “Pierden credibilidad y son estigmatizadas de por vida, tanto si decidieron marchar por obligación como si fue por coacción”.

La autoridades no entran en profundidad a la raíz del problema, la justicia es muy lenta y la única reparación que se prevé es una multa económica mínima para el agresor

Claudia Hernández, directora ejecutiva de Fundación Sobrevivientes

Más allá del miedo a denunciar, existe una extendida desconfianza por parte de la población hacia el sistema judicial y los cuerpos policiales. Esta desconfianza se agudiza en las zonas rurales de mayoría indígena, donde todavía siguen muy vivas las secuelas del conflicto armado y el papel que jugaron —y que aún lo hace— las autoridades públicas.

Las fuentes consultadas mantienen una visión crítica en relación con los sistemas de alerta como el Isabel-Claudina y coinciden en que estas limitan la efectividad de la búsqueda. Por un lado, uno de los problemas principales radica en que hay que esperar 72 horas para activar la alarma. “Durante esos tres días se puede trasladar a la persona a otro país e incluso se incrementa el riesgo de que esta sea asesinada, sobre todo en los casos de trata de personas”, reflexiona el abogado Esteban Celada. Por otro lado, para la población indígena es aún más complicado acceder a este sistema de alertas. “Si bien ha sido divulgada, en las comunidades del interior del país es muy complicado que se denuncien las desapariciones, ya que mucha gente no tiene acceso a teléfono, internet o a la información sobre el procedimiento a seguir” sostiene Silvia Requena.

El otro gran problema al que se enfrentan las víctimas es la justicia y la reparación digna. Las fuentes consultadas piensan que no existen ni la una ni la otra. “No entran en profundidad a la raíz del problema, la justicia es muy lenta y la única reparación que se prevé es una multa económica mínima para el agresor” se lamenta Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes.

Mientras tanto, la desaparición de las mujeres guatemaltecas sigue a la orden del día. O bien sus agresores las hacen desvanecer, o lo hacen ellas al huir de la violencia.

En los primeros 15 días de diciembre, seis mujeres fueron asesinadas violentamente en distintos municipios de Oaxaca; a cuatro, le dispararon a quemarropa y, a dos, les provocaron la muerte por golpes propinados con distintos objetos.

Los seis probables feminicidios, registrados uno, cada dos días, ocurren al arranque del sexenio de Salomón Jara Cruz, quien rindió protesta el pasado 1 de diciembre.

De acuerdo con la organización Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer), Oaxaca vive este 2022 uno de los años más violentos para las mujeres con 136 asesinatos de mujeres. 

En esta semana, el día 13 de diciembre, una ama de casa, identificada como Diana Edith G. H. de 49 años, fue agredida a balazos en el Fraccionamiento El Rosario, en el municipio conurbado de San Sebastián Tutla, perdió la vida por las heridas infligidas.

Su cuerpo quedó boca abajo, en medio de la calle de la zona habitacional; al parecer, la mujer fue atacada cuando se dirigió a tirar la basura.

Un día después, el miércoles 14, Adela C.V., de 17 años, fue encontrada sin vida en el paraje “La Salinera”, en Playa Brasil, en el municipio de Salina Cruz, tras 24 horas de búsqueda. El reporte policiaco adelantó que el cuerpo de la víctima presentaba impactos de bala.

Una semana antes, el día 2 de diciembre, el cuerpo sin vida de Adela M.A., de 58 años, fue encontrado en un barranco de la comunidad de San Juan Lachixila, municipio de Nejapa de Madero, en la región Sierra Sur. Al día siguiente, Yadira J.M. de 40 años, fue asesinada a balazos en Santos Reyes Nopala.

Al transcurrir de los días, se dio a conocer, el feminicidio de Antonia Sarahí R.N., de 20 años, de un disparo de arma de fuego, fue encontrada en un camino de terracería en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo.

En este mismo contexto violento, se confirmó el crimen de Ivette, de 36 años, asesinada por disparos de proyectil dentro de su domicilio en San Gabriel Mixtepec, en la región Costa.

La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género atrajo los casos bajo el protocolo ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio y con perspectiva de género, además que integró las carpetas de investigación correspondiente.

El Gobierno capitalino publicó el decreto para incluir la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual se aprobó en el Congreso local.

La adición a la fracción X al artículo 6 de la Ley indica que la violencia vicaria es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer.

Lo anterior a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor.

Violencia vicaria: grave cuando instituciones no la reconocen

Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con relación afectiva de quien comete este tipo de violencia y es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez.

Cabe mencionar que el decreto fue publicado en una edición Bis en la Gaceta Oficial de este 12 de diciembre, y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

“Para aquellos que pese a todo, aún creen en la paz”, dicen las bolsas en las que el emprendimiento colombiano de ropa Manifiesta Hecha en Colombia entrega sus prendas a los clientes; y nada que refleje más el espíritu de este proyecto que esta poderosa frase.

Manifiesta no es una marca de ropa cualquiera, es una apuesta por la moda incluyente, que nace de la alianza entre jóvenes mujeres de la sociedad civil y firmantes del Acuerdo de Paz.

“Usamos la moda para exigir la implementación del Acuerdo y como mecanismo para apoyar económicamente a excombatientes”, dice Ángela María Herrera Puyana, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y fundadora del proyecto, en conversación con Noticias ONU.

Las prendas son inconfundibles. Cada una lleva un mensaje o cuenta una historia estampados en llamativas camisetas, pantalones o vistosas pañoletas:

• «A la guerra no le camino»
• «La moda es un tema político»
• «Esta no es una prenda cualquiera: es un acto de paz»
• «Hoy es un día perfecto para acabar con el patriarcado»

“Queremos demostrar en cada prenda que estamos generando empleo. Que hay un impacto real mejorando los ingresos y calidad de vida de los firmantes” de los Acuerdos de Paz, dice Ángela.

Manifiesta Archive

Las prendas de Manifiesta son inconfundibles. Cada una lleva un mensaje o cuenta una historia

Las excombatientes, en el centro

El proyecto se creó hace casi cuatro años. Un grupo de jovencitas emprendedoras quiso crear una línea de ropa con sentido social, que ayudara a emplear a mujeres firmantes del Acuerdo.

Empezaron con cuatro excombatientes y hoy ya son más de 14 en el llamado Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación del municipio de Icononzo, en departamento de Tolima.

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación fueron creados en virtud del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado ahora hace seis años.

“La parte más importante de nuestra cadena y por la cual existimos son las firmantes de paz. Por eso en nuestro proyecto les reconocemos lo justo, valoramos su trabajo. Intentamos reconocer siempre su labor y no paramos de mostrar quiénes están detrás de cada prenda. Le ponemos rostro y sentido humano al negocio”, agrega Ángela.

En Manifiesta las mujeres son el hilo principal en cada una de las líneas de producción de la marca. El diseño, la confección, la distibución y la pasarela o ‘paz-arela’, como prefieren decirle sus creadoras, son liderados por mujeres.

Algunas son firmantes de los Acuerdos de Paz, otras víctimas, esposas de militares muertos en conflicto, y otras jóvenes que creen en la importancia del proceso de reincorporación y en la necesidad de tejer puentes y conversaciones aunque sean dolorosas.

Moda para todos

Como explica esta politóloga y activista, la apuesta de Manifiesta por la moda sostenible no es solo en temas ambientales sino también de derechos laborales, y su intención es mostrar y hacer un homenaje a todas las mujeres que están detrás de sus prendas mientras contribuyen a la reinserción social.

“Colombia necesitaba una marca que uniera la moda con la política y reivindicara los derechos laborales de quienes intervienen en toda la cadena. Esta es una industria difícil y en muchos casos se vulneran los derechos laborales. Manifiesta va en contra de esto”, agrega Ángela.

Todo en Manifiesta es disruptivo. Hasta sus pasarelas marcan la diferencia. Sus desfiles siempre son en plaza pública, yendo a contravía de la exclusividad que por lo general rodea al mundo de la moda.

“Las pasarelas suelen ser espacios delimitados de disfrute, por eso desde nuestra primera ‘paz-arela’, hemos querido juntar a la sociedad civil con los firmantes” de los Acuerdos de Paz, explica Ángela, quien ha organizado enormes desfiles en la Plaza de Bolívar, el Congreso de la República y hasta parques, porque “la moda debe ser para todos”, agrega.

“Nuestras modelos son orgánicas, firmantes del Acuerdo y mujeres de las organizaciones sociales. Es un mensaje poderoso el que enviamos”, dice Ángela.

Su primera ‘Paz-arela’ fue en 2019 y hoy han estado presentes hasta en el Colombia Moda, el evento de moda más importante del país.

“La ONU ha sido un aliado trasversal para apoyar los proyectos de reincorporación, y fue gracias a ellos que logramos participar en Colombia Moda”, agrega Ángela.

Manifiesta Archive/Revista Cromo

Utilizamos la moda para exigir la aplicación del Acuerdo y como mecanismo de apoyo financiero a los excombatientes.

Proyección internacional gracias a la ONU

“La Misión de Naciones Unidas en Colombia nos permitió llegar a ese escenario y gracias esto, se nos abrieron infinidad de puertas, no solo dentro de Colombia, sino en el exterior. Manifiesta ya está saliendo de Colombia”, explica.

El sueño de Ángela y de todas las que hacen parte de Manifiesta es que sus prendas inunden las pasarelas internacionales y Colombia sea reconocida como el país en el que la moda es inclusiva y símbolo de resiliencia.

Sale erguida del Senado, con traje de marca y tacones, escoltada por su equipo, en el que está su mamá y su hermano, le piden una foto y sonríe, un video para una fan y sonríe, sus pendientes de Saturno centellean con el sol mientras posa para los retratos como si eso es lo que hubiera hecho desde siempre. Hay una nueva estrella que camina por el Paseo de la Reforma y no es actriz ni cantante: es astronauta.

Katya Echazarreta (Guadalajara, 27 años) saltó a los focos hace solo unos meses cuando se convirtió en la primera mexicana en ir al espacio, también fue la mujer más joven en hacerlo. Esta ingeniera de la NASA fue elegida por la organización Space For Humanity entre 7.000 candidatos para un pequeño vuelo de 10 minutos que sobrepasó la frontera terrestre. Y eso, que podría ser la meta, se convirtió solo en el disparo de salida. Ahora ha dejado su trabajo en la agencia espacial norteamericana para apostar por la de México. ¿Dónde está su futuro? “Definitivamente quiero regresar al espacio, quiero llegar a la Luna, pero quiero llegar con México”. Y lo dice tan segura que parece posible.

La historia de Katya es improbable. Con siete años, se mudó con su familia de Guadalajara a San Diego. Su hermana había sufrido una meningitis que le había dejado una parálisis como secuela y en la capital jalisciense no encontraban una escuela adaptada para ella. Cruzaron la frontera. De esos primeros años recuerda la dificultad: “Claro que los niños se burlan de ti, no te dejan entrar en sus círculos, especialmente porque no te puedes comunicar, no hablas el idioma”.

En 2012 decidió estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles. Menciona el año exacto porque fue el momento en el que la NASA apagó su programa de transbordadores, los que llevaban tripulantes al espacio. “Cuando lo cierran nadie sabía cuál sería el futuro de la agencia, no sabíamos si íbamos a seguir hacia la Luna. Los sueños que tenemos actualmente para la industria espacial no se veían como posibles en ese momento”, dice, “y es entonces cuando yo decido que es eso lo que yo quiero hacer, que si, por ejemplo, la NASA solo iba a contratar a cinco personas, yo iba a ser una de esas cinco”.

La predicción se hace realidad unos años más tarde cuando entra la agencia nortemaericana como becaria, para terminar en un puesto fijo. En este tiempo ha participado en cinco misiones, una de ellas la del robot Perseverance, pionero en la exploración de Marte. Atreverse a todos los nuevos retos y la constancia cree que son sus puntos fuertes como ingeniera: “Me proponían un proyecto sobre algo que yo no había hecho nunca y decía ‘dámelo’. Eso me ayudó a llegar a puestos importantes en mi primer año como ingeniera”.

Un espacio dominado por hombres

La carrera espacial ha sido siempre un entorno dominado por ellos. La NASA canceló por sexismo en 1960 su programa femenino de astronautas: superaron en pruebas a los hombres y aún así, las excluyeron. Hasta 2013 no se logró en la agencia americana una promoción paritaria. En Europa, actualmente solo hay una cosmonauta en activo. Todavía ahora, 50 años después de que el Apolo 17 llegara la Luna, se sigue buscando el hueco para que la pise una mujer. En ese panorama fue Katya Echazarreta, con entonces 26 años, al espacio.

En junio, la joven voló junto a otros cinco tripulantes en un cohete de Blue Origin, la empresa del magnate de Amazon, Jeff Bezos, en un experimento que busca que ciudadanos puedan llegar al espacio y cambiar su perspectiva. Había superado con éxito un entrenamiento durísimo y antes había sido elegida por delante de otras 7.000 personas. Cumplía la promesa que se hizo con siete años, cuando ya andaba obsesionada con lo que había allá arriba. Pero entonces le dijeron que estaba robando el asiento a un hombre “que se lo merecía”. Ella contesta tranquila: “No se le puede quitar a alguien lo que es suyo e ir al espacio siempre fue mío”.

Después de aquello protagonizó portadas de revista, le llegaron los mensajes de decenas de niñas que querían hacer lo mismo que ella. “Yo siempre he creído que no puedes ser lo que no puedes ver”, dice sobre la importancia de la representación. Además, sin modificar lo que ya era. “No estoy cambiando mi feminidad a cambio de lograr un puesto así. Estoy dando a conocer una versión de una mujer que sí es ingeniera, que le interesa la ciencia, y que no cumple con los estereotipos de cómo debe verse un ingeniero”, dice con la purpurina perfectamente colocada en los párpados. “Creo que me he pasado la vida rompiendo estereotipos, desde niña siempre fui una persona muy fuerte, mi mamá siempre me motivó y me dijo: ‘Lo que tú quieras hacer, tú puedes”, apunta y después dice, firme, sin dudas: “He conseguido todo lo que he querido y he dedicado tiempo”.

Con esa determinación imbatible se maneja ahora Katya en los pasillos del Senado y el Congreso mexicano, a donde ha venido para tratar de convencer a los legisladores de hacer un cambio en los artículos 28 y 73 de la Constitución para otorgar más recursos a la industria espacial mexicana. En una maniobra arriesgada, Echazarreta ha abanadonado un futuro prometedor en la NASA para ayudar a abrir las puertas del espacio a su país. “Yo hubiera podido subir de puesto, crecer como ingeniera, eventualmente aplicar para un programa de astronautas americanos, hubiera sido muchísimo más fácil así, claro, pero para mí no era suficiente. Porque yo entiendo que esas oportunidades para mi país no están y yo quiero crear esas oportunidades en México”, afirma.

La industria espacial mexicana es débil, al servicio de su gigante vecina. Por ejemplo, para 2020 la NASA recibió alrededor de 22.600 millones de dólares; la de China, unos 11.000 millones de dólares, la Agencia Espacial Europea tiene para gastar casi 8.000, y la mexicana, creada apenas hace 10 años, destinó tres. No hay forma de competir, de ahí que hace un par de años se planteara apostar por una agencia espacial latinoaméricana. Además, Echazarreta apunta a que desde México se están dando los proyectos espaciales a empresas extranajeras, en vez de a las propias, porque ya cuentan con la infraestructura. “Lo ven mucho más fácil, pero lo que no se dan cuenta es que están gastando muchísimo más pagándole a otro país que ni siquiera nos toma como prioridad, que nos da la información que estamos comprando como su última opción. Cuando podríamos invertir en nuestra nuestra propia industria, en nuestras propias empresas, en que sea gente mexicana la que desarrolle tecnología espacial, y a largo plazo va a ser más fácil, más barato, y va a ser nuestro”, reflexiona.

La joven ha querido aprovechar la visibilidad que tiene ahora para poner el dedo en el renglón: la oportunidad de México es ya, después no habrá manera de sumarse a la carrera. “Quiero ayudar a que México pueda ser un jugador internacional en la industria espacial”, insiste. Para 2025 está planteada la misión que vuelva a llevar a humanos a la Luna. Medio siglo después de la primera llegada, seis potencias mundiales se han lanzado al mismo objetivo: mostrar músculo tecnológico, explorar las enormes reservas minerales de la Luna, montar una base y convertirla en una estación intermedia para llegar al objetivo final, Marte.

“El espacio ya no es algo del futuro, ya está aquí. En los próximos 10 años vamos a poder estar en el espacio, se van a necesitar personas que puedan trabajar con especialidades diferentes, no solo científicos o ingenieros”, propone optimista, “si México no empieza ahora a impulsar los temas espaciales, se va a quedar atrás”. Para ayudar a eso la astronauta está montando una fundación para apoyar económicamente a los estudiantes y empresas mexicanas que quieran formarse, crear tecnología o investigar temas relacionados con el desarrollo espacial. Tiene previsto que los fondos para esas ayudas provengan de otras compañías más grandes a las que les interesa que México tenga estas capacidades. La Agencia Espacial Mexicana ya ha anunciado su colaboración con Echazarreta. “A mí me encantaría ver una misión al espacio de mexicanos, seleccionados y entrenados en México. Que ya no tengamos que pedir información o esperar a ver que nos den algo para usarlo, y yo quisiera ver verme a mí como la persona que está impulsando esto”, dice, espera y afirma, rotunda: “Yo veo mi futuro como el futuro del espacio en México”.

Desde hace unos años se habla en América Latina del “boom de las autoras latinoamericanas”, equiparando el éxito editorial que tuvieron hace décadas Vargas Llosa o García Márquez al que tienen hoy escritoras como Mariana Enríquez o Pilar Quintana. Pero cuando se mira el fenómeno con microscopio, si bien un grupo de escritoras han recibido considerable reconocimiento internacional, otras cifras indican que es apresurado cantar victoria. El camino por la paridad de género, en la literatura, aún tiene camino por recorrer.

El debate en Colombia lo volvió a abrir recientemente Vanessa Londoño (Bogotá, 1985), novelista cuyo manuscrito El Asedio Animal ganó en 2017 el premio Aura Estrada, de México, que se fundó para apoyar a autoras jóvenes. Este año el libro, publicado en Colombia por Editorial Planeta, fue finalista al Premio Nacional de Novela Publicada. No ganó, y Londoño miró las cifras de ganadores con desgano. “Cinco de las cinco ediciones que ha tenido el Premio fallado bianualmente por el Ministerio de Cultura desde 2014, han sido otorgadas a hombres; y solo 4 de los 25 libros finalistas en toda la historia, fueron escritos por mujeres”, escribió en sus redes sociales. Que solo el 16% de los finalistas son mujeres no refleja el celebrado boom.

Londoño cuenta a El PAÍS que recibió unos pocos comentarios de resistencia diciendo cosas como “ahora las mujeres quieren cuotas para todo” o “no se premia el género ni la raza, sino la mejor novela”. “Creo que tenemos derecho a cuestionar qué está pasando porque hay unas cifras dicientes, como que solo cuatro mujeres seamos finalistas, y yo creo que es una radiografía de un problema histórico, y estructural, que quizás va más allá de los jurados de turno, que pueden tener un sesgo inconsciente, para que siempre se premie a unos hombres de cierta edad”, dice Londoño. “Claro que se debe premiar la mejor novela, pero parece que siempre prevalecen solo unos lugares de enunciación”.

En su denuncia en redes, Londoño dice que quizás sea resultado de que las mujeres publiquen menos que los hombres. Algunas cifras parecen darle la razón. El Ministerio de Cultura envió a El PAÍS los datos de las novelas que participaron este año en el el premio: 40 eran de hombres, y sólo 13 eran de mujeres. Menos de un 25% eran de escritoras.

Las cifras de disparidad también existen cuando se mira cuántos libros de mujeres publican las editoriales en Colombia y la región, pero han ido cambiando. Ana Gallego es profesora de la Universidad de Granada, España, y ha hecho investigación sobre la disparidad de género en el ámbito editorial de Iberoamérica. En una investigación que publicará el próximo año, encuentra que 56% de lo publicado en los catálogos de 350 editoriales independientes hispanoamericanas es de autoras. “En los últimos 10 años ese porcentaje no llegaba a 30%”, dice a El PAÍS.

Esa buena noticia cambia cuando se mira las obras de mujeres que ponen en circulación cuatro grandes sellos que tienen mayor músculo comercial para que los libros se lean: Seix Barral, Alfaguara, Random House, Anagrama. En sus catálogos de 2022, alrededor del 38% eran libros de mujeres. Gallego miró datos de Colombia para 2020, en otra de sus investigaciones, y encontró que las editoriales pequeñas intentan publicar casi el mismo número de mujeres que de hombres (49%) pero en las editoriales medianas fue solo el 14% —muy por debajo de Argentina (50%), Chile (54%), España (53%) o México (62%).

“Creo que lo que ha venido pasando es que los sellos independientes son los que impulsan a las autoras a las grandes instancias de forma paulatina”, dice Gallego. La escritora Londoño sería un símbolo de eso: tras ganar el premio Aura Estrada, fue la editorial independiente y mexicana Almadía la que publicó primero su libro.

Un asunto más espinoso es saber si los jurados de estos premios tienen un sesgo implícito. La participación de mujeres ha aumentado en estos, lo que ha enriquecido las deliberaciones de género. Eliana Hernández es una poeta que ganó en 2021 el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura por su libro La Mata. Fue la segunda autora en ganarlo después de la poeta Martha Carolina Dávila en 2010.

“Creo que sí puede tener que ver con los jurados, que normalmente son hombres mayores. En mi caso sé que había mujeres jóvenes en el jurado como [la poeta] Tania Ganitsky, y eso permite que haya una visión más novedosa de lo que puede ser la poesía”, dice a El PAÍS. Hernández ha intentado sentarse en la otra silla, la de jurado. Recientemente lo fue del concurso de poesía distrital María Mercedes Carranza, otorgado por primera vez, y que ganó otra mujer: Laura Garzón con su poemario Pan Piedra.

“Creo que las mujeres jóvenes no tememos premiar propuestas riesgosas, y en este caso pudimos darle espacio a alguien que hacía algo disruptivo, independientemente de que sea hombre o mujer”, dice Hernández, aclarando que en el momento de deliberar el jurado no sabe quién es mujer, porque no se conocen los nombres de los autores. “No sabes quién está detrás, pero leyendo la obra se puede ver qué tipo de propuesta es, y las mujeres como jurado somos muy conscientes de la tradición literaria hiper-patriarcal”.

María Orlanda Aristizábal es coordinadora del grupo de literatura en el Ministerio de Cultura, la institución que organiza estos premios nacionales. Explica que en el jurado del Premio de Novela Publicada 2022 hubo dos mujeres: las escritoras Martha Canfield y Fanny Buitrago. El tercer jurado fue el crítico literario Luis Fernando Afanador, el único hombre. Así que no hubo disparidad de género. “Nosotros, como Ministerio, no podemos apelar la decisión de ese jurado”, dice Aristizábal.

“No estoy de acuerdo con las críticas de Vanessa [sobre los jurados], pero sí me parece muy dicientes las cifras, claro: que hayan participado menos mujeres en el concurso que hombres. Pero eso es algo que no determina el Ministerio de Cultura”, dice, aclarando que los que presentan las obras al Ministerio son las editoriales o los autores. El Ministerio, añade Aristizábal, ha intentado tomar la bandera ante esa desigualdad de género con otras iniciativas, como publicar este año la Biblioteca de Escritoras Colombianas olvidadas por la historia (iniciativa que lideró la novelista Pilar Quintana), o inaugurando en 2021 el primer Premio Nacional de Novela Escrita por Mujeres (que ganó Samaria Márquez, con Ojos de Gata Ciega).

Juan David Correa es director literario del grupo Planeta en Colombia. Fue editor del libro de Vanessa Londoño y también del ganador, titulado Lo que no fue dicho de José Zuleta Ortiz.

“Primero diría que sí hay una queja legítima de Vanessa; me parece bien que las autoras eleven su voz ante evidencias como estas: 5 versiones que solo ganan hombres”, dice Correa. “Pero hay varios matices que hay que ver con cuidado”. Uno es que se presentaron más hombres que mujeres, lo que habla más de la industria editorial que de los jurados. Otro es que había dos mujeres en el jurado, “que no hacen parte de ningún establecimiento, no representan el poder en la industria del libro de América Latina, y no creo que haya tomado esa decisión a la ligera”, dice Correa. Uno más es que, aunque hay más trabajo por hacer, cada vez hay más conciencia en las editoriales grandes por incluir a más autoras.

“Este año, en mi catálogo de Planeta Colombia, publicamos a 70 mujeres y 71 hombres”, dice Correa, aclarando que no son solo novelas sino también ensayos, memorias o crónicas. “No puedo hablar de otros sellos editoriales. De nuevo, creo que es legítimo señalar lo que ocurre con los premios, pero también es importante ver los matices en esta discusión y entender que en algo sí se ha avanzado”.

Hay un hito fundamental en este debate. En 2017 el Gobierno escogió un grupo de solo hombres para representar a la literatura colombiana en un evento cultural en Francia. Las escritoras colombianas se unieron en protesta —hicieron un video contando todos sus libros publicados y premiados― y la disparidad tan evidente cambió algo en editores y escritoras. “¿Hemos avanzado desde lo que pasó en 2017 o seguimos en las mismas?”, le preguntó recientemente la periodista María Jimena Duzán a la escritora Sara Jaramillo Klinkert, autora del libro Cómo Maté a Mi padre. “Yo creo que sí nos están publicando mucho más que hace 5 o 10 años. ¿Que todavía falta? Falta”, responde Jaramillo. “Yo creo que las cosas han cambiado y evidentemente pueden cambiar mucho más. Está en manos nuestras seguir publicando, seguir insistiendo, porque las grandes luchas no se consiguen de la noche a la mañana”. En esta batalla por la equidad de género en la literatura quizás ya no es la noche. Pero no es todavía la mañana.

Impulsado por EE UU, el Consejo Económico y Social de la ONU ha expulsado este miércoles a Irán de uno de sus organismos de defensa de los derechos de la mujer, como consecuencia de la ola de represión del régimen iraní durante las protestas que recorren el país desde hace tres meses. La decisión de vetar a Irán de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer ha sido aprobada con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones. México ha sido uno de los países que ha optado por abstenerse durante la votación.

Entre los votos en contra se encuentran países como China, Rusia y Nicaragua. Mientras que en el grupo de abstenciones México se sumó a Congo, India o Tailandia. La cancillería mexicana emitió un comunicado por la tarde explicando que “México se abstuvo porque consideramos que el retiro de un Estado miembro de un foro multilateral no contribuye al diálogo ni a la cooperación internacional, esenciales en este caso concreto para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.

Del mismo modo, la cancillería quiso subrayar su preocupación por “el deterioro documentando de la situación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Irán”. A la vez que enfatizó su condena a los “actos de represión, así como el uso desproporcionado de la fuerza contra las mujeres y la población civil en general”.

El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, comenzó hace más de un mes las gestiones encaminadas a sacar a Irán del organismo. “Como anunció recientemente la vicepresidenta Kamala Harris, Estados Unidos está trabajando con otras naciones para eliminar a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Es importante que la comunidad internacional trabaje conjuntamente para garantizar los derechos de las mujeres”.

La comunidad internacional ha ido elevando el tono a medida que escalaba la represión y el abuso a los derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. La UE aumentó este lunes la presión sobre Teherán. Los ministros de Exteriores de los Veintisiete aprobaron añadir 20 personas más a la lista de sancionados iraníes que verán sus bienes en los países de la UE congelados y tendrán prohibido viajar a territorio comunitario.

Los sancionados, según la UE, han tenido un papel destacado en la respuesta violenta a las manifestaciones: la mayoría son altos cargos de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar que supervisa las estrictas leyes del país. También se han añadido cuatro entidades a la lista, entre ellas una cadena de televisión estatal que el régimen de Teherán usa como altavoz.

El mismo lunes que la UE elevo la sanciones Irán ejecutaba a un segundo detenido en las manifestaciones. Majid Reza Rahnavard, de 23 años, murió ahorcado en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán, en la que ha sido la primera ejecución en público de un manifestante detenido en las actuales protestas.

David Marcial Pérez

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que, en cuatro años, se han atendido a 1 millón 251 mil 241 mujeres, combatiendo todas las modalidades de violencia que sufren.

La dependencia señaló que se han gestionado la inversión de tres mil 500 millones de pesos que se han destinado en programas de atención a mujeres víctimas de violencia.

Refirió que en lo que va de esta administración, se han invertido 3 mil 512 millones de pesos en los principales programas de atención especializada para mujeres, como los Centros de Justicia para las Mujeres, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), refugios y apoyos para acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género (AVG).

“El presupuesto global para los programas que promueven la atención especializada a mujeres víctimas de violencia ha crecido 47 por ciento en estos cuatro años, a diferencia de lo invertido en el mismo periodo en la administración pasada. Por ello, hemos podido atender a 1 millón 251 mil 241 mujeres en este periodo, es decir un promedio de 896 mujeres por día en todo el país”, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim.

Alanís Sámano expuso, que, desde el arribo de la Cuarta Transformación en el 2018, se logró aumentar la capacidad de atención a mujeres víctimas de violencia de género, a través de programas operados con recursos federales, en una tasa de 27 por ciento.

“Dicho incremento se explica por el funcionamiento de 101 refugios y centros de atención externa, de más de 480 unidades locales de atención y de los 61 Centros de Justicia para las Mujeres”, recalcó la titular de la Conavim.

Editado por:  José Carlos Aguado Carmona 

Tras 20 años de trabajo, las indígenas consiguieron que el Comité para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) respalde «su lucha por la igualdad y la eliminación del racismo» en un contexto de «violencia interseccional» que provoca que «las mujeres y las niñas indígenas terminen quedándose siempre en el último eslabón».

Así lo explica en una entrevista con EFE la directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Teresa Zapeta, quien celebra esta reciente decisión del Comité de la Cedaw que obliga a los Estados que han ratificado la Convención a aprobar políticas integrales que protejan los derechos individuales y colectivos de las mujeres y niñas indígenas del mundo.

«Nos sentimos muy satisfechas del camino recorrido y sentimos que toda esa lucha no se quedó en el vacío», señala Zapeta, indígena maya de Guatemala que lidera una red global de organizaciones de mujeres indígenas líderes y activistas por los derechos humanos de Asia, África, Pacífico, Ártico y las Américas.

Según el Comité para la Cedaw, conformado por 23 expertas independientes que supervisan la aplicación de la Convención, hay alrededor de 238 millones de mujeres indígenas en el mundo y la discriminación y la violencia son fenómenos recurrentes en la vida de muchas de ellas que viven en zonas rurales, remotas y urbanas.

«Las estadísticas disponibles indican que las indígenas tienen más probabilidades de sufrir violaciones que las mujeres no indígenas. Se estima que una de cada tres indígenas es violada durante su vida», afirma el Comité.

Por eso, dice Zapeta, esta recomendación es muy importante. «Si uno va desglosando dentro de los pueblos indígenas se va encontrando con que la brecha es mayor en las mujeres y en las niñas indígenas en temas como la educación. También por los altos niveles de violencia que se viven por las industrias extractivas, por la misma violencia intrafamiliar y el racismo».

«Las mujeres somos iguales en derechos, pero en condiciones y realidades no. Entonces no podemos responder de la misma manera a las necesidades y al ejercicio de los derechos de mujeres indígenas que no saben leer y escribir que a las (necesidades de) mujeres no indígenas que han logrado hacer una maestría, un doctorado», explica.

«Son realidades, necesidades diferentes, por lo tanto las políticas tienen que ser diferenciadas y responder a estas realidades», defiende la directora ejecutiva de FIMI.

EL PODER DE LA RECOMENDACIÓN

La Cedaw es la «carta fundamental de derechos de las mujeres» que fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Su cumplimiento es obligatorio para los países que la ratifican.

La Convención otorga al Comité la facultad de aclarar e interpretar su contenido por medio de recomendaciones generales y esta, la número 39 que se aprueba, reconoce el derecho de las mujeres y niñas indígenas a la nacionalidad, la educación, el trabajo, la salud, a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares, a la cultura, la tierra, los territorios y los recursos naturales.

También reconoce su derecho a la protección social y a los recursos económicos, a la alimentación, al agua y un ambiente saludable, libre de violencia y sustentable.

Si bien los derechos de los pueblos indígenas ya han sido reconocidos en otros tratados internacionales, son «violados constantemente» y el alcance de algunos de los derechos no incluye las formas particulares en las que ellas experimentan menoscabo, aseguran las organizaciones de mujeres indígenas.

«Los Estados parte tendrán que rendir cuentas en sus informes periódicos sobre las medidas concretas puestas en marcha para dar respuesta a lo establecido en la Recomendación General en cuanto a los derechos de las mujeres y niñas indígenas», explica ONU Mujeres en un documento informativo.

TRABAJO EN DOS VÍAS

Sin embargo, Zapeta reconoce que lo aprobado no les «viene a resolver la vida», pues los Estados «no van a asumir esta recomendación por voluntad propia». «No hay ningún Estado que hasta ahora haya tenido esa experiencia», agrega. Por eso, dice, se están preparando para hacer incidencia.

De ahora en adelante, el trabajo será en dos vías. La primera de forma local y la segunda más enfocada en elaborar informes para que la ONU pida cuentas a los países.

«Nosotras nos tenemos que convertir en garantes, ser las abogadas permanentes y estar vigilantes para decir: ‘No ha cumplido con la información’, ‘Esto es lo que no ha hecho o esto lo que ha provocado retroceso’», explica.

Admite que el reto más grande es que las indígenas en los territorios conozcan esta herramienta y la utilicen a su favor. Por eso, buscarán incidir en congresos y parlamentos locales y nacionales para que se reconozcan sus derechos.

«Hay un retroceso en las democracias de nuestros países y este es un aliciente para nosotras. Tener una recomendación nos da un empuje, nos motiva a seguir luchando. Tenemos una herramienta que estamos dispuestas a usarla, a divulgarla y a no dejarla engavetada. Vamos a hacer todo lo posible para que este documento sea vivo», concluye.

Cristina Bazán

(c) Agencia EFE

La violencia es relacionada automáticamente con maltrato físico o verbal, pero pocas veces pensamos que también son formas de violencia el ciberacoso, el ciberbullying o la violencia sexual digital, hoy tan comunes en las redes sociales.

Basten unos botones de muestra para identificar algunos tipos de violencia digital:

Doxxing. Modalidad de ciberacoso que consiste en la recopilación y difusión en internet de información privada de una persona sin su consentimiento.

Stalking. Son actos de hostigamiento intenso en todos los sentidos y repetidos a través de redes, e-mails, mensajes, comentarios o llamadas telefónicas para amenazar o intimidar.

Zoombombing. Usuarios no invitados entran a videollamadas para interrumpir encuentros o conversaciones compartiendo contenido inapropiado. Los hackers coordinan estos ataques para transmitir mensajes de índole racista o sexista en espacios que deberían ser seguros, como un salón de clases o una junta de trabajo.

Ciberbullying. Dinámica de abuso, generalmente dentro de un contexto escolar. Consiste en molestar e intimidar a las víctimas mediante el envío de mensajes y la publicación de fotos o videos vergonzosos. Incluye la difusión de rumores a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o correos electrónicos.

Tipos de violencia contra mujeres

La violencia sexual en internet está dirigida contra ambos géneros, pero son las mujeres las víctimas principales. Las formas de violencia sexual contra ellas son las siguientes:

Grooming. Es utilizada principalmente por abusadores sexuales. Consiste en contactar a las víctimas con una identidad falsa para ganarse su confianza y conseguir imágenes íntimas, tener conversaciones de contenido sexual u obtener información comprometida con el fin de amenazarlas con la difusión de este tipo de contenidos.

Difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Se trata de todo contenido íntimo, sobre todo derivado del sexting, que se comparte sin consentimiento por las redes sociales, grupos de WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma.

Trata virtual. Consiste en la creación, producción y difusión de contenido íntimo sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas. Se toman imágenes o videos a través de hackers o cámaras escondidas en hoteles o en otros lugares y se comparten y comercializan de forma masiva en grupos en línea, plataformas y redes sociales.

Cuidado al compartir

Es muy importante tener cuidado con quién compartimos contenidos porque hay muchas maneras en las que quedamos expuestos.

En el caso del sexting, se recomienda no realizarlo mientras se está conectado a una red Wi-Fi abierta y nunca mostrar el rostro. Tampoco se deben descuidar las contraseñas de nuestros dispositivos.

Hay que tener siempre por escrito el acuerdo de intercambio y realizar screen shots de nuestra conversación, porque puede funcionar como prueba a nuestro favor.

En general, es importante recordar que hay una policía cibernética y que muchos delitos, sobre todo sexuales, están tipificados en algunas ciudades.