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Todos los días la familia de Cecilia Monzón lleva a su hija en la memoria. Hace siete meses que la abogada defensora de los derechos de las mujeres fue asesinada en Cholula, en el Estado de Puebla. Su muerte fue un mazazo no solo para un niño de cuatro años al que le arrebataron a su madre, también fue un golpe devastador para sus padres y su hermana que la amaban profundamente. Después de un feminicidio los familiares se convierten en víctimas indirectas de la violencia que asola el país, una violencia que desgarra la vida de las mujeres y que arrasa con todo un universo de afectos y relaciones.

Juan Andrés Monzón, Cecilia Pérez y Helena Monzón llegan a la cita una tarde de finales de verano en Barcelona dispuestos a contar cómo han sido estos meses de dolor y de duelo. Juan Andrés y Cecilia no suelen hablar con la prensa, han preferido que su hija menor, Helena, que también es abogada, sea la portavoz de la familia en estos momentos tan difíciles. La oportunidad de conocerles ayuda a entender mejor quién era Cecilia Monzón en boca de sus padres: “Ceci desde pequeña siempre defendía a sus compañeros”, dice su madre emocionada. El padre recuerda que su hija y él compartían el carácter. “Yo soy abierto con todo el mundo, igual que Cecilia hija”, dice Juan Andrés Monzón. “Y el niño es igual que ella, saluda a todo el mundo”, agrega la hermana.

La custodia del hijo de Monzón ha abierto otro frente legal porque el padre del niño, el expolítico priista Javier López Zavala, es también el principal sospechoso de su feminicidio. López Zavala fue vinculado a proceso y se encuentra a la espera de que dé comienzo el juicio en su contra. Junto a él también están vinculados su sobrino, Jair ‘N’, el artífice de los disparos Silvestre ‘N’ y el exsecretario del político, Santiago ‘N’. El pasado 21 de mayo Monzón fue asesinada a balazos por dos sujetos que viajaban en moto cuando circulaba en su camioneta. El ataque fue investigado por la Fiscalía de Puebla como un feminicidio.

Aunque los Monzón tengan la custodia provisional del niño, la patria potestad sigue perteneciéndole al padre, algo que la familia está buscando revertir. La abogada ya había denunciado a López Zavala por abandono del menor e impago de la pensión alimentaria. Solo un día antes de su asesinato denunciaba en redes sociales que el político ocultaba sus bienes para no pagar y que las autoridades habían dejado su caso en un cajón por las influencias que López Zavala tenía en la Fiscalía. Las denuncias que había interpuesto Monzón fueron clave para que las autoridades detuvieran al exdiputado el pasado mes de junio.

La violencia creciente en el Estado y las amenazas que recibió la familia cuando llegaron a Puebla fueron determinantes para pedir una medida cautelar en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla que permitiera que el niño viajase con su familia y viviera en España. Un día después de la detención de López Zavala, Helena Monzón denunció en redes sociales la persecución del coche en el que viajaba. “Nos están siguiendo en este momento, intentan probablemente asustarnos aunque probablemente se trate de algo más”, dijo entonces. Hasta ahora no se sabía, pero su madre viajaba en ese momento con ella. “Aquello fue terrible, pasamos mucha angustia”, dice Cecilia Pérez. “¿Cómo es posible que después de todo el dolor de haber perdido a una hija, te hagan todavía más presión? Es de bárbaros”, denuncia la mujer.

Desde entonces la familia se movió rápido y con el máximo sigilo, sin levantar sospechas y con el apoyo diplomático de la Embajada española en México. “De un día para otro tomamos el primer vuelo porque teníamos miedo de que la otra parte apelara”, señala Helena Monzón. “Teníamos que volar directos y no había plazas suficientes”, relata. “Nos fuimos con lo puesto y en vuelos diferentes”, agrega Juan Andrés Monzón.

Toda la familia tiene la doble nacionalidad: española y mexicana, lo mismo que el hijo de Monzón que también tiene pasaporte español. Helena Monzón, Cecilia Pérez y el pequeño volaron juntos a Madrid, mientras que Juan Andrés Monzón y dos de sus cuñadas lo hicieron horas después en otro vuelo a Barcelona. “Nos trajimos hasta la perrita de mi nieto”, dice Cecilia Pérez. “Donde va el niño, va la perrita y se tumba con él. Ella le protege”, dice el abuelo.

“Nuestro mayor miedo era que nos impidieran viajar porque en cualquier momento te pueden meter un pleito de sustracción internacional de menores, aunque nosotros teníamos una medida cautelar ganada en México, no se había puesto en conocimiento de las autoridades españolas. Llevábamos un montón de documentos certificados y el apoyo del consulado hasta el último momento”, explica Helena Monzón. “Pero hasta que no pasas el control de aquí [España] con el niño, realmente no estás tranquila”, responde la abuela. “Yo cuando abrí la puerta de mi casa, dije ‘Dios mío, gracias’. Fue una tortura mental y estuvimos con el corazón en un puño”, comenta el abuelo del niño.

La familia sigue exigiendo tanto a las autoridades como a la opinión pública que no cierren el caso porque los implicados estén en prisión preventiva. Todavía queda un largo recorrido en los tribunales para alcanzar la justicia. “Esto no está cerrado, lo que buscamos son sentencias máximas para los detenidos”, dice la hermana. Por otro lado denuncian que la madre de López Zavala esté reclamando visitas de patria potestad para poder ver al niño. “Pedir unas visitas solo porque tienes la patria potestad y tienes el derecho a pedirlas cuando nunca has ejercido esa paternidad y cuando tu madre ni siquiera conoce al niño, es temeridad procesal”, dice la abogada. “Las visitas de ese señor, siendo generosos solo duraban 15 minutos cada mucho tiempo. Nunca tuvo interés por el niño”, asegura.

Como reacción a la pelea en los tribunales por la custodia del pequeño, un grupo de legisladoras de Puebla propuso una nueva iniciativa para suspender primero la patria potestad a los supuestos feminicidas en el Estado de Puebla y de confirmarse la sentencia, retirársela definitivamente. La medida ha sido bautizada como la Ley Monzón y todavía espera a ser votada en pleno para su aprobación. “Es frustrante que no les quiten la patria potestad a esos hombres, tantas madres que sufren y pasan por esto. Ellos son los verdugos de las mamás de esos niños y es importantísimo que se cuide a los niños”, afirma Cecilia Pérez.

Ella decidió que su primera hija llevara su nombre y ahora, en honor a todo el trabajo que realizó, la familia ha decidido crear una fundación en nombre de Cecilia Monzón para apoyar a las mujeres víctimas de violencia machista en Puebla y en otros Estados de México. “Hemos naturalizado la violencia contra las mujeres y no podemos aceptar que maten a 11 mujeres cada día”, dice la madre. “Detrás de esas muertes se hace daño también a la sociedad porque se daña a sus hijos, a sus padres. Detrás de los feminicidios hay miles de familias deshechas”, dice Cecilia Pérez.

Recientemente el INEGI dio a conocer indicadores sobre el trabajo no remunerado en los hogares. Se estima que este tiene un valor de 6.8 billones de pesos, el 26.3% del PIB. Además, se calcula que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres es alrededor del 19.1% del PIB, mientras que el de los hombres es de solamente| 7.2 por ciento. Eso significa que no les pagamos a las mujeres por su trabajo alrededor de 4.6 billones de pesos, debido a que nuestra economías sigue sostenida por empleo no pagado y a que las mujeres realizan la mayor parte del mismo. Es decir, las actividades es como limpieza, cocina, compras y cuidados las realizan las mujeres en una relación de alrededor de tres a uno con respecto a los hombres. Se trata de una proporción que se ha mantenido en el tiempo, aunque en 2020 y 2021 el trabajo no remunerado, como proporción del PIB, aumentó, presumiblemente como resultado de la pandemia.

Ahora, precisamente como las mujeres tienen empleos más vulnerables y realizan la mayor parte del trabajo en el hogar, durante la crisis sanitaria se incrementó la brecha de género salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo, el estudio de las economistas Liliana Ruiz y Sandra Santana, publica la Cámara de Diputados, la tendencia de la diferencia de ingreso de las mujeres, con respecto al de los hombres, que había venido reduciéndose desde los año noventa, se revirtió durante la crisis del covid.

En el 2019 lo hombres ganamos 21.74% más que las mujeres, mientras que en el 2020 se incrementó a 24.72%, muy probablemente porque ellas tuvieron que hacerse cargo de labores no remuneradas, que se incrementaron en la pandemia, lo que les impidió realizar trabajos remunerados.

De acuerdo con el análisis de las autoras, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la razón por la que las mujeres que no participan de la Población Económicamente Activa quieren trabajar pero no lo hacen es en un 43% porque no tienen quien les ayude en la crianza de los hijos, pero solamente el 5% de los hombres afirman que esa es la razón por la que no trabajan.

En la ENOE se muestra que solamente en el tema de cuidados a niños o enfermos, las mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres, mientras que en el tema de quehaceres domésticos más del triple. Además, el ingreso promedio mensual de una mujer disminuye, después del segundo hijo, de 2,442 a 1,675 pesos. Es decir, la evidencia es clara en el sentido de que la carga de trabajo no remunerado repercute en contra de las posibilidades de ingreso de las mujeres.

Los 19 puntos de PIB, el trabajo no remunerado de las mujeres, es el equivalente a toda la recaudación del IVA, ISR, cuotas de la seguridad social, y los ingresos de CFE y Pemex. Si le quitamos la inversión y el costo de la deuda es equivalente a prácticamente todo el gasto público del pais. Es decir, necesitaríamos el presupuesto completo del país para pagarle a las mujeres el trabajo que realizan de manera gratuita.

Eso significa que es urgente avanzar en políticas públicas que ofrezcan alternativas para que las mujeres no sean las únicas encargadas del cuidado de los hijos, con mayor responsabilidad de los hombres, pero, sobre todo, con acciones del estado para garantizar esa posibilidad. Es también evidente que se puede hacer más para reconocer y pagar buena parte de las labores que las mujeres realizan actualmente de manera gratuita, con capacitación, certificación y profesionalización de actividades como la de cuidados. Los números son escandalosos y el avance todavía lento, especialmente en el tema laboral de genero.

Twitter: @vidallerenas

En contextos de crisis humanitaria y desplazamiento forzado, el riesgo de sufrir violencia de género (VG) se eleva significativamente, y afecta de manera desproporcionada a mujeres y adolescentes, según un estudio realizado por ACNUR e HIAS en siete países de América Latina. El estudio muestra que el riesgo de VG está presente a lo largo de todo el ciclo del desplazamiento forzado, en los países de origen, tránsito y destino.

En sus países de origen, las mujeres refugiadas y desplazadas por la fuerza a menudo son objeto de violencia sexual, explotación y abuso, lo que las obliga a huir en busca de protección.

Durante su recorrido, la falta de documentación y recursos, y la restricción para cruzar regularmente las fronteras han obligado a las mujeres a utilizar rutas cada vez más peligrosas con presencia de grupos criminales y escasa respuesta institucional. El 76 por ciento de las mujeres desplazadas que llegaron al país de destino en la segunda mitad de 2021 se sintieron inseguras durante el viaje, una cifra significativamente más alta que las que cruzaron las fronteras hace cinco años (42 por ciento).

En un nuevo país, las mujeres desplazadas por la fuerza a menudo experimentan la pobreza extrema, la falta de redes de apoyo, la xenofobia, el impacto del desarraigo en la salud mental y las barreras para acceder al sistema de asilo u otros procedimientos de regularización. Estos factores, junto con la hipersexualización y cosificación de los cuerpos de las mujeres, aumentan su exposición a la VG. Una de cada tres mujeres encuestadas no se siente segura en su país de acogida, y tres de cada cinco sienten que la COVID-19 ha aumentado el riesgo de sufrir VBG.

Las sobrevivientes de violencia de género rara vez se acercan a los proveedores de servicios debido a la falta de confianza y el temor de ser revictimizadas, sufrir represalias por parte del perpetrador, ser detenidas o deportadas.

“Las sobrevivientes de violencia de género, en particular los grupos más vulnerables, como las mujeres indígenas, enfrentan una grave falta de acceso a los servicios de apoyo, incluidos espacios seguros para mujeres y niñas, vivienda segura y atención médica, así como barreras para acceder a la justicia y protección”, señaló Cristina García, Directora Regional de HIAS para América Latina y el Caribe. “Estas brechas en el acceso a mecanismos integrales de gestión de casos tienen un impacto negativo en la seguridad, atención y recuperación de las sobrevivientes”.

“Nuestro continente enfrenta una situación de desplazamiento sin precedentes, que afecta de manera desproporcionada a millones de mujeres y niñas víctimas de violencia, abuso y explotación”, comentó José Samaniego, Director Regional de ACNUR para las Américas. “Es fundamental prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género fortaleciendo la respuesta institucional y empoderando a las comunidades”.

El estudio concluye con varias recomendaciones a las autoridades de los países de acogida, las agencias de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los actores de la sociedad civil para fortalecer la prevención de la VG, la mitigación de riesgos y la respuesta para las mujeres desplazadas por la fuerza, incluido el apoyo para lograr la autonomía económica y el acceso al asilo y otras opciones de estancia regular.

Resumen ejecutivo e informe completo en https://segurasenmovilidad.org

El oficial a cargo de la oficina de ONU Mujeres, Gerardo Camarena, calificó de “alarmantes” las cifras de violencia contra las mujeres en México y particularmente en el ámbito digital o redes sociales, donde cuatro de cada 10 han sido amenazadas, acosadas y violentadas físicamente.

Aunado a que siete de cada 10 mujeres enfrentan o han enfrentado una forma de violencia por lo menos en el último año, destacó durante la inauguración del encuentro de periodistas para “Hacer periodismo con perspectiva de género”, que convocaron la Embajada de Suecia, ONU Mujeres, CIMAC e I(DH)EAS.

Sin embargo, hizo especial énfasis en la violencia en línea que ha crecido exponencialmente en los últimos dos años y que “es una combinación de varias cosas, puede ser acoso, abuso, amenaza que se comete en línea y va de la mano de otra serie de violaciones a la vida privada y su medio”.

Mencionó que ese tipo de violencia se traduce en campañas de desinformación, así como de desprestigio profesional y personal, en especial a defensoras, activistas y periodistas.

Desde que empezó la pandemia, dijo, 45% de las mujeres reporta haber vivido alguna forma de violencia o conocer a alguien que vivó alguna forma de violencia. Son cifras alarmantes, son cifras preocupantes y muchas de ellas son a las que tienen el uso de la voz pública”.

Un informe reveló que 73% de las mujeres periodistas consultadas refirieron haber sido víctimas de violencia en línea, 20% terminaron siendo agredidas físicamente ellas, sus hijos y su familia, y 25% reportaron haber recibido amenazas de muerte y de violencia sexual.

Sin embargo, 11% de ellas dijeron haber acudido a la policía y sólo 8% reportaron haber emprendido alguna acción legal por las amenazas en su contra.

Lo preocupante es que la impunidad prevalece, pues “nos enfrentamos en un 93% de impunidad en caso de mujeres”.

Aunque reconoció que “hemos avanzado, pero no es suficiente”, razón por la que confía en que con las alianzas y aliados que tiene ONU Mujeres se puede garantizar el derecho a la verdad.

El representante de ONU Mujeres reconoció que las defensoras y periodistas enfrentan día a día riesgos peligrosos para garantizar el derecho a la información y a la verdad.

Por lo pronto, dijo que “mantenemos los 16 días de activismos para terminar las violencias contra las mujeres y las niñas que terminarán en el Día Internacional de los Derechos Humanos”.

Destacó que “desde ONU Mujeres sabemos que para movernos a la igualdad de género es importante conjuntar los tipos que existen hoy en día de perpetuar la violencia contra las mujeres, el cambio social que necesitamos para llegar a una sociedad más igualitaria y eliminar de una vez por todas el machismo, que nos mantiene viviendo en una situación de violencia constante”.

“No se logrará sin la suma de esfuerzos y para ello el periodismo es una herramienta fundamental. Las alianzas con las periodistas son necesarias para lograr un cambio, pero también es importante sumar a los hombres en esta lucha”.

Mencionó que los ataques contra las periodistas no deben ser tolerados y se les debe garantizar en todo momento el acceso a la justicia y las medidas adecuadas de protección y la reparación integral del daño.

Finalmente, señaló que “las periodistas son aliadas fundamentales para construir sociedades basadas en la igualdad y la libertad, sin embargo, a pesar de sus aportes importantísimos y fundamentales para el desarrollo de nuestras democracias, siguen enfrentando riesgos y obstáculos por razones de género. En los escenarios de crisis y conflictos las periodistas son los principales objetivos de ataques, debido a su trabajo”.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humprey alertó sobre un aumento de la violencia política de género en todo el país y resistencias de partidos políticos e incluso instancias oficiales, como las fiscalías, para procesar y judicializar los casos que son denunciados y que difícilmente motivan carpetas de investigación, por lo que frente a los comicios de 2023 en el Estado de México y Coahuila reconoció que hay tareas pendientes por hacer.

En la presentación de una conferencia magistral en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sobre el tema, Humprey refirió que a poco más de dos años de la reforma del 13 de abril de 2020 para configurar la violencia política por razones de género, los casos van en aumento, por lo que sostuvo que el fenómeno debe combatirse con más acciones afirmativas en entidades como esta, donde habrá elecciones y no hay, dijo, “acciones afirmativas” sino sólo “recomendaciones a los partidos políticos”.

“Este binomio que parece que se está incrementando cada vez… a mayor participación de mujeres mayor violencia política, es algo que tenemos que combatir con acciones diarias y más en el Estado de  México, en el marco o casi ya en la entrada, en el inicio de un proceso electoral de las dimensiones que van a tener el año que entra”, señaló, para más adelante referir que la entidad tiene como pendiente diseñar acciones afirmativas, por lo que, dijo, aún se está a tiempo para implementarlas.

Luego de hacer un recuento de las formas más frecuentes de este tipo de violencia de género (como humillaciones, persecuciones, aislamiento, control, retención de recursos, etc), Humprey aseguró que las mujeres indígenas son hoy por hoy las más violentadas.

Refirió que de acuerdo con el registro nacional de agresores, de los 285 casos documentados, 70% están a nivel municipal, “por lo cual son las mujeres de pueblos y comunidades indígenas y a nivel de cargos municipales las que son más violentadas”; mientras que  las personas que más violentan, con arriba de 20%, son las y los presidentes municipales, pues también, señaló, las mujeres violentan políticamente a otras mujeres.

La consejera del INE recordó, asimismo, que quienes participen en una contienda tienen ya obligaciones muy claras para prevenir este tipo de agresiones.

“Quienes aspiren a cargos de elección popular tienen obligaciones en materia de violencia política en razón de género, tienen que abstenerse por supuesto de ejercer violencia política en razón de género, de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas también aspirantes a cargos, sean precandidatos, candidatas o instituciones públicas y no estar condenado por violencia política de género”, puntualizó.

En el caso de las fiscalías, admitió resistencias para avanzar en la investigación de los casos, documentarlos y abrir carpetas de investigación, pues en el caso del área especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) no hay un solo caso, mientras que a nivel de fiscalías estatales sólo está Hidalgo, con cuatro carpetas en proceso. No citó al Edomex.

Relató que del lado de los partidos políticos también hay resistencias para profundizar en el combate, sanción y prevención de este tipo de violencias contra las mujeres, pese a que tienen ya, por ley, diversas obligaciones orientadas sobre todo a abrir más espacios a la participación de las mujeres y contar con medidas claras para atacar la problemática si la detectan.

Humprey dijo que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la igualdad de condiciones en cargos internos, pero también que las mujeres puedan ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad respecto a los hombres.

Para ejemplificar las resistencias partidistas a la igualdad, la consejera del INE recordó que en noviembre del 2020 se establecieron distintas obligaciones a los partidos políticos para destinar el 40% de su presupuesto a candidatos para mujeres –y su capacitación– y 40% de los espacios en radio y Televisión.

Dijo que en el primer caso y en el primer año los partidos sólo cumplieron a nivel nacional, pero no a nivel local o estatal, mientras que en el tema de espacios para difusión, no hubo cumplimiento, aunque en este punto en el segundo año sí hubo al ceder el 50% de los espacios en televisión y radio.

La consejera del INE mencionó también que persiste la violencia política por razones de género al interior de los partidos políticos, además de un aumento en la violencia mediática y digital.

En el caso de este tipo de violencia partidista contra las mujeres, citó como casos más frecuentes postular a mujeres pero no darles los recursos económicos para desplegar sus campañas o realizar actividades y negarles difusión en sus espacios oficiales.

“¿Quién puede cometer violencia? Agentes estatales, superiores jerárquicos, dirigentes, militantes, simpatizantes, precandidatos, partidos, medios de comunicación e integrantes de grupos de persona”, sostuvo.

Pendientes urgentes

De cara a los procesos electorales próximos, mencionó la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de la llamada “Tres de tres contra la violencia” en Edomex, pues si bien ya fue adoptada la medida, falta perfeccionarla con la implementación a nivel local del “registro de personas deudoras alimentarias morosas” y el “registro de personas que hayan cometido violencia sexual o violencia familiar”.

La consejera del INE dijo que de no contarse con estos registros, no hay manera de “avalar” o supervisar las llamadas “Tres de tres contra la violencia”, que presenten los aspirantes a un cargo.

De hecho, reveló que en 18 entidades apenas se están creando estos registros de agresores, estas son: Campeche, Chiapas, Chihuahua,  Colima, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

“Ya lo sabíamos, la importancia de trabajar en estados como el Estado de México, con más de 12.5 millones de personas en el padrón y con esta integración intercultural, tenemos que poner una lupa importante”, indicó.

Humprey refirió al final el hecho de que el IEEM ya cuente con una unidad de atención a la violencia política de género, pero al quedar sujeta a una dirección general «dejó poco margen de maniobra».

La amplia exposición de la consejera del INE fue comentada por la consejera electoral del IEEM Karina Vaquera, acompañada por la presidenta del organismo, Amalia Pulido.

La periodista deportiva, Marion Reimers, ha sido objeto de ataques misóginos en redes sociales desde que se convirtió en la mujer pionera en narrar partidos de futbol élite.

Al parecer, su reconocido trabajo como periodista deportiva causa molestia en la afición que se rehúsa a aceptar la incursión de las mujeres en el ámbito del deporte y más aún, si se trata de futbol.

“Que se calle”, “Que se duerma” o “Que le pongan mute”, son algunos de los insultos que más se pueden leer en su perfil de Twitter, según lo informó el analista de redes sociales Alberto Escorcia en un estudio publicado por El País.

son miles los mensajes de odio que recibe en Twitter | Instagram @lareimers

Misoginia contra Marion Reimers

Marion Reimers fue la primera mujer en comentar en español la final de la UEFA Champions League y como ésta, su trayectoria profesional está llena de incursiones, pues se ha encargado de abrir el camino a otras que también sueñan su sueño.

Pero ‘La Reimers’, como su cuenta de Twitter la presenta, también ha enfrentado violencia digital y misoginia, incluso, frente a las cámaras; fue a inicios de noviembre cuando Marion protagonizó un fuerte debate deportivo con su compañero de programa, acto que se convirtió en motivo de ataques cibernéticos.

El más polémico fue encabezado por el presentador de televisión Adrián Marcelo, quien tuiteó “Reimers despierta mis instintos más misóginos”, publicación que generó una cobertura de 179 notas en 11 días, el gran grueso sobre el desempeño de la periodista y no sobre la abierta misoginia del conductor.

Como el caso anterior, hay cerca de 2 mil 666 tuits más en la cuenta de Marion Reimers entre septiembre y noviembre de este año, según cifras de Alberto Escorcia, quien detalló que de las 53 mil respuestas que recibieron sus publicaciones en este deterioro, más de 2 mil provenían de bots para agredirla.

Se enfrenta a la misoginia abiertamente expresada en redes | Twitter @adrianm10

El análisis

Alberto Escorcia explicó que La Reimers tiene un promedio de 160 bots atacándola en Twitter, es decir, una cantidad alta de cuentas que funcionan de forma programada y automatizada con el fin de “callarla”, incluso, cuando no está comentando partidos de futbol.

Además, revela que el propósito de estos ataques es generar un ambiente tóxico que contagie a los usuarios reales con el fin de dar por aceptada la narrativa que, en este caso, es misoginia y violencia contra las mujeres.

Incluso, estimó que la inversión de quienes estén detrás de los ataques a Marion Reimers asciende entre 350 a 950 mil pesos, pues se necesitan cerca de 50 programadores para el nivel elevado de ataques que tiene su cuenta.

¿Quién es Marion Reimers?

Marion Reimers es una periodista deportiva, comunicóloga, maestra en periodismo, directora técnica por la Federación Mexicana de Futbol y es la primera mujer mexicana en ser nominada a un Emmy deportivo.

Reimers es embajadora de Buena Voluntad para ONU Mujeres México y fue acreedora de la medalla Hermilia Galindo por su trabajo en pro de las mujeres en el deporte. Además fundó la ONG Somos Versus, cuya función es eliminar la violencia contra las mujeres en el mundo deportivo.

Una joya de entrevista con mi queridísimo Toño De Valdés, donde platicamos de lo importante que es darse la oportunidad de evolucionar y ser pieza clave de los cambios https://t.co/zHk8minZVA pic.twitter.com/TJWIVnSXEH

— Reimers (@LaReimers) November 30, 2022

Para superar la brecha de participación económica entre mujeres y hombres, hay que generar estrategias “en torno al acceso a guarderías, flexibilización de tiempos de trabajo y reducción de la jornada laboral”, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Es lunes, el organismo presentó el Estudio diagnóstico del derecho al trabajo 2022. El análisis identifica las condiciones que determinan en la actualidad el acceso al empleo y propone formas de garantizarlo “en un contexto cambiante” originado por la reforma laboral, la pandemia de covid-19 y “la profundización” de las brechas de género y la informalidad laboral.

El Coneval destaca varios logros en materia laboral de la actual administración. Sin embargo, señala que la informalidad sigue siendo quizá el mayor reto. “Tan sólo entre 2009 y 2020, la informalidad laboral en México ha registrado porcentajes cercanos al 60% de la población ocupada”, destaca.

Los empleos informales están ocupados principalmente por jornaleras y jornaleros (87%), población con menor escolaridad (80%), personas adultas mayores (76%) y jóvenes (59%).

Para remediar esta situación, el organismo recomienda “una política integral” que ponga atención en todas las personas trabajadoras informales, pero con especial foco “en los grupos y sectores más afectados por la informalidad”.

En octubre pasado, más de 32.4 millones de personas trabajaban en la informalidad, es decir, el 55.4 % de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Las consecuencias de tener un trabajo informal en México van desde la falta de seguridad social, poca estabilidad laboral y, ante la falta de vigilancia, menor probabilidad de contar con prestaciones de ley y flexibilidad laboral. Por otro lado, más posibilidades de tener bajos salarios y jornadas de trabajo más largas.

De acuerdo con los resultados de la ENOE, las mujeres tienen una mayor tasa de informalidad laboral que los hombres. Para octubre pasado, el 55% de ellos estaba ocupado en un empleo informal, y el 56% de las trabajadoras estaba en esa condición.

El beneficio de jornadas más cortas

La falta de apoyo para el trabajo de cuidados y del hogar no remunerado y “el restringido acceso a guarderías” impiden la participación laboral total o parcial de las mujeres, señala el Coneval.

El acceso a guarderías es un derecho garantizado en la Ley de Seguridad Social (LSS), aclara el organismo. Sin embargo, en México el acceso a la seguridad social sigue estando estrechamente ligado al empleo formal.

Es necesario, agrega el Coneval en el documento, “reducir el desigual reparto del trabajo de cuidados” a través, por ejemplo, de campañas de concientización. “Además, se requiere atender esta problemática para trabajadoras informales o disponibles para trabajar”.

Sin embargo, si bien estas medidas son necesarias, también son insuficientes “para posibilitar una mayor participación económica”. Estas estrategias deben ir acompañadas “de la reducción de la jornada laboral y la flexibilidad del tiempo de trabajo a favor de las y los trabajadores, sin que implique pérdida de ingresos, son necesarios para favorecer el trabajo de la mujer”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instancias podrían coordinar dicha estrategia, propone. La STPS podría “generar espacios para discutir diferentes alternativas para la reducción de la jornada laboral y esquemas de jornadas flexibles que mejoren el equilibrio entre trabajo y familia”.

Mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Bienestar, agrega el organismo, podrían participar “para adoptar medidas para garantizar el acceso al servicio de guarderías para las hijas e hijos de las mujeres que trabajan o están dispuestas a hacerlo”.

Actualmente en el Senado y en la Cámara de Diputados hay iniciativas para reducir la jornada laboral. Aunque en realidad los proyectos no tienen un enfoque de género, bajar el número de días obligatorios o las horas semanales que deben ser laboradas podría ayudar a las mujeres, de acuerdo con lo expuesto por el Coneval.

Blanca Juárez

México cierra el año con la terrible cifra de dque no han vuelto a casa, de acuerdo con cifras oficiales. En el marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, y en un país con una crisis en materia de desapariciones, se debe visibilizar aquellas causas y problemáticas que específicamente se relacionan con la desaparición de mujeres y niñas, así como diferenciar las estrategias con enfoque de género que el Estado debe implementar para frenar la violencia y las violaciones a derechos humanos hacia todas.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el principal rango de edad se encuentra entre los 15 y 19 años de edad y, en entidades como el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Quintana Roo existe un porcentaje mayor de mujeres desaparecidas que de hombres.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en su informe de su visita a México de 2021 señaló que las desapariciones de mujeres y niñas han ido en aumento, y que algunos casos correspondían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar); a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio y, otros, a la trata de personas y explotación sexual (párrafo 14). Mientras que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales sobre México, mencionó su “profunda preocupación” por la persistencia de patrones generalizados de violencia contra las mujeres, incluyendo el aumento de desapariciones, para lo cual reiteró sus recomendaciones sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes, combatir la violencia armada, la delincuencia organizada, los estereotipos, la pobreza y marginación.

Sin embargo, lejos de cumplir con las recomendaciones internacionales, el escenario de violencia extrema contra las mujeres se ha mantenido y agravado. Por ejemplo, se ha profundizado la militarización, mediante la emisión de acuerdos presidenciales  y reformas legislativas que hacen extensiva la intervención de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública. Como hemos sostenido diversas organizaciones de derechos humanos, la militarización de la seguridad no ha contribuido a reducir la violencia;  incluso, la evidencia sugiere que en algunos contextos regionales este despliegue la incrementa y a quienes más afecta es a niñas, adolescentes y mujeres.

Además, la estrategia de seguridad no ha priorizado el fortalecimiento y destino de recursos para atender la problemática, tomando en cuenta las características y contextos específicos en cada entidad. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, ha llamado reiteradamente al Estado Mexicano a revisar los planes de seguridad para garantizar la adopción de medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hasta hoy, eso no ha ocurrido.

En el Centro Prodh, a partir del  Taller Nacional de Herramientas para Familiares en Búsqueda de Mujeres y Niñas Desaparecidas, el trabajo con colectivos de familiares, así como el acompañamiento y orientación jurídica, hemos identificado la reiterada aplicación de estereotipos de género en las investigaciones y acciones de búsqueda por parte de fiscalías y comisiones de búsqueda estatales. Las autoridades aún se niegan a implementar acciones de búsqueda inmediata, a partir de aseveraciones basadas en prejuicios de género como “seguro, se fue con el novio” o “se fue de fiesta y mañana regresa”, con ello se minimiza la desaparición y obstruye la búsqueda en las primeras horas que son claves para localizar con vida a las mujeres.

Además, las autoridades continúan sin construir líneas de investigación que realmente apliquen la perspectiva de género como una herramienta que contribuya a esclarecer los hechos. Muestra de ello es la omisión de investigar a personas que tenían antecedentes de haber ejercido violencia familiar en contra de las mujeres previo a su desaparición, o la incorporación de análisis de contexto en regiones en donde se encuentren identificadas otras dinámicas de violencias relacionadas con la trata de personas o el narcotráfico, lo que provoca que se pierda la oportunidad de avanzar en las indagatorias.

También hemos atestiguado impactos diferenciados para las familias de personas desaparecidas: abuelos, abuelas, tíos o tías se hacen cargo de las hijas e hijos de quienes no han vuelto a casa y asumen el rol de cuidado y manutención, disminuyendo la posibilidad de que se involucren en la búsqueda de las mujeres.

En un país con miles mujeres desaparecidas o no localizadas, la perspectiva de género debe utilizarse más allá de los discursos oficialistas, y debe más bien aplicarse como una herramienta real, atravesando las investigaciones, búsquedas y la política de seguridad no militarizada. En estos 16 días de activismo, recordamos la necesidad de enfocar los esfuerzos, a partir de medidas concretas dirigidas a contextos diferenciados, para erradicar esta forma de violencia contra las mujeres y niñas, garantizar los derechos humanos y proteger la integridad de todas.

@CentroProdh

El año 2022 fue el más letal para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos al reportarse 14 feminicidios y 2 transfeminicidios en contra de este sector, de acuerdo con el informe Datos y tendencias del registro de agresiones a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, periodo 2020–2022.

Este texto, elaborado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, también registró en este periodo un intento de feminicidio y uno de transfeminicidio, más 53 casos de detenciones arbitrarias.

Asimismo, detalla que en 2021 hubo tres casos de feminicidio y uno de transfeminicidio; un intento de feminicidio y 107 casos de detenciones arbitrarias. En 2020, contabilizó 5 feminicidios y 4 transfeminicidios y 5 intentos de feminicidio; un intento de transfeminicidio y 89 casos de detenciones arbitrarias.

Por otro lado, el Registro de Agresiones a Mujeres Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos destaca que al corte con fecha 28 de noviembre, hubo mil 318 agresiones contra 296 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México.

En comparación a 2020 y 2021, periodo de confinamiento por la contingencia sanitaria de Covid 19, la Red, enumeró un volumen considerable de agresiones con mil 701 ataques a 392 periodistas y defensoras, en 2020, y mil 574 actos en contra de 373 mujeres de ambos sectores, en 2021.

Las expertas de la red enlistaron que el tipo de agresiones cometidas de forma recurrente en 2022, son: en primer lugar, amenazas; segundo, violencia física y tercero, limitación, impedimentos y ataques por comunicar y/o recibir información.

Luego, hostigamiento y finalmente limitación, impedimentos y ataques por manifestarse.

Entre otros ataques, que fueron cometidos durante los dos años de confinamiento, se encuentran: campañas de desprestigio, cuestionamientos o puestas en duda del liderazgo y credibilidad de la defensora o periodista y, detención arbitraria e inicio de causas o juicios penales, fiscales o administrativos.

La compilación de datos también identifica a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones cometidas pues señala que quienes encabezan la lista de perpetradores son en su mayoría autoridades públicas de distintos niveles de gobierno.

En primer lugar, se encuentran autoridades públicas: federales, nacional o central/estatales o provinciales/municipales/comunitarias; en segundo lugar, Policía: federales, nacional o central/estatales o provinciales/municipales/comunitarias y en tercer lugar desconocidos.

Luego, usuarios virtuales desconocidos y finalmente partidos políticos o sus integrantes.

Las entidades federativas en donde los agresores perpetraron el mayor número de actos en contra de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos durante 2022, son: Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Nuevo León.

Otros estados peligrosos para que las mujeres ejerzan su profesión son Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato.

Al respecto, Aurora de la Riva, codirectora de Incidencia de la RNDDHM, atribuyó el aumento de la violencia en contra de las profesionales en comunicación y defensoría de derechos humanos a que de por sí una mujer en la normalidad ya es sujeto de agresiones y el alzar su voz para denunciar denuncias, la triplica.

“Una mujer que se apropia de su voz, que se reúne con otras mujeres para hacer denuncias, desafiar intereses y denunciar ilícitos es mayor blanco de actos violentos por parte de una sociedad machista y ya la violenta desde el aspecto familiar”, dijo.

“Las empresas tienen un nuevo problema de tubería. Las mujeres líderes están dejando sus empresas a la tasa más alta que jamás hayamos visto, y a una tasa mucho más alta que los líderes hombres”, advierte la consultora McKinsey en un nuevo informe. De acuerdo con la investigación de la firma, dos mujeres en puesto de liderazgo renuncian por cada una que logra ascender a ese nivel.

Por octavo año consecutivo, la investigación de la firma muestra que las empresas mantienen un peldaño roto que impide a las mujeres ascender a los puestos gerenciales. Por cada 100 hombres que son promovidos a un nivel de entrada en posiciones gerenciales, sólo 87 mujeres logran estos ascensos. Pero este año, las compañías tienen un nuevo desafío: la permanencia de las trabajadoras que lograron romper con el techo de cristal.

Fátima Masse, coordinadora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), considera que esta fuga de talento femenino en puestos de liderazgo se vincula con el diseño de las posiciones, es decir, los trabajos en estos niveles no suelen estar diseñados para las mujeres.

“No es como que los puestos deban tener un perfil muy adecuado, pero hay una razón por las que muchas mujeres se ven desalentadas de tomar promociones o de trabajar en ciertas ocupaciones y es que son incompatibles con la realidad que viven y no es falta de aspiración, sino una incompatibilidad real. Esto se combina con esta mayor necesidad de bienestar que nos quedó después de la pandemia”, expone la especialista.

A principios de este año, un estudio de Qualtrics alertó sobre este fenómeno. El reporte de Tendencias en la experiencia del empleado 2022 evidenció una disminución en el interés de las mujeres en puestos de toma de decisiones en permanecer en sus empresas.

Aunque el análisis de McKinsey está acotado al mercado laboral de Estados Unidos. Para Fátima Masse, la falta de posiciones directivas diseñadas para el talento femenino es un fenómeno que también se observa en nuestro país.

De acuerdo con la investigación de la firma, la fuerza laboral femenina en puestos de liderazgo renuncia por factores como las microagresiones (más tendencia a percibir que no están calificadas para el puesto, por ejemplo), las sobrecargas de trabajo y el bajo reconocimiento, así como por un deseo de flexibilidad laboral y compromiso con el bienestar de los empleados.

“La permanencia es clave en toda la estructura, porque si quieres pensar en la posibilidad de que las mujeres vayan creciendo, es importante que se considere desde el punto de entrada, donde vemos que en su mayoría hay paridad”, apunta Fátima Masse.

Para Aideé Zamorano, fundadora de Mamá Godín, el gran desafío en México sigue focalizado en la incorporación de mujeres al mercado laboral. Sin embargo, el estudio Women in the Workplace 2022 de McKinsey muestra que hasta en las economías más avanzadas, la fuerza laboral femenina no ha superado las barreras tanto para el ingreso como para la permanencia en las empresas.

“En México nuestras propias leyes nos ponen el piso muy disparejo a las mujeres, sobre todo cuando decidimos convertirnos en mamás. Una de las soluciones que veo es la falta de un sistema nacional de cuidados para que todas las personas participemos en los cuidados de infancia, personas adultas mayores o con discapacidad, porque si revisamos la historia, estas tareas de cuidado son las que han caído en las mujeres y las que no permiten participar en el mundo laboral”, señala la especialista.

Los datos del ranking de Mamá Godín 2022 evidencian que sólo el 8% de las empresas en México tiene al menos el 50% de representación femenina en puestos de liderazgo. “Las mujeres se quedan en la entrada, te abren la puerta, pero te quedas en el pasillo, en las posiciones de staff o de contribución personal, pero cuando analizas los organigramas de las empresas que están en la lista, ves cómo va cayendo la representación de las mujeres en los niveles más altos”, comparte.

¿Cuáles son las tareas pendientes?

McKinsey les recomienda a las empresas fortalecer pilares como el trabajo remoto, el desarrollo de líderes que promuevan el respeto y la inclusión, e implementar beneficios y políticas que fomenten tanto el ingreso como la permanencia de las mujeres en el mercado laboral.

“Para lograr un progreso significativo y sostenible hacia la igualdad de género, las empresas deben considerar centrarse en dos objetivos generales: lograr que más mujeres ocupen puestos de liderazgo y retener a las mujeres líderes que ya tienen. Eso requerirá ir más allá de las prácticas comunes. Las empresas con una mejor representación de mujeres, especialmente mujeres de color, van más allá”, subraya la firma en su investigación.

Desde la perspectiva de Fátima Masse, un punto importante que se debe fortalecer es que los empleadores vean el beneficio de sumar a más mujeres. “Hoy se ve como una agenda a la que ceden por presiones, pero se asume como un tema de responsabilidad social y se hacen cosas para dar un palomeo”.

Pese a que la capacitación en materia de género es importante, no son acciones suficientes, señala la especialista. “Pero si estás convencido de que te conviene tener a más mujeres en la toma de decisiones, lo que necesitas es entender primero cómo estás. Si el nivel gerencial es la principal coladera y sabes qué sucede por la maternidad, por ejemplo, entonces tienes qué reflexionar en qué se puede hacer”.

En la opinión de Aideé Zamorano, el sistema nacional de cuidados y el incremento en los permisos de paternidad intransferibles son acciones que pueden impulsar la incorporación y permanencia de más talento femenino en las empresas.

Por otra parte, los centros de trabajo tienen que innovar, considera la especialista. “Se vale ir más allá de lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, que hoy tiene muchos huecos. Se vale que desde el sector privado también innovemos y pensemos en qué prestaciones se les puede ofrecer a sus empleadas y empleados que les permitan participar en la escalera corporativa, pero también combinar el trabajo con la esfera personal”.

Gerardo Hernández